La capital del Atlántico hoy se mueve al ritmo del Bando y la puesta en escena que liderará la reina de la fiesta, Michelle Char, ante más de 18.000 carnavaleros que lleguen esta noche al estadio Romelio Martínes.Para esta Lectura del Bando, el primer gran evento de los precarnavales, las autoridades diseñaron un plan de seguridad que incluye la presencia de 600 policías dentro y fuera del Romelio. Así lo informó el secretario de Seguridad del Distrito, Yesid Turbay.“aquí estamos trabajando 24 horas, tenemos preparado un evento muy especial para que nuestra ciudadanía disfrute desde el mismo momento del ingreso donde contamos con tres anillos de seguridad que nos van a permitir tener el mejor de los operativos, desde el primer momento la gente va a tener que estar con su boleta en la mano para poder ir pasando lo del tercero al segundo y al primer anillo”.El Secretario de seguridad también precisó sobre varios cierres viales que irán desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la medianoche: en la calle 74 entre carreras 43 y 46, carrera 44 entre calles 74 y 75 y carrera 45 entre calles 74 y 75, además de la circulación en sentido sur-norte en la calle 75 desde la carrera 43 hasta la carrera 48.Igualmente, un Puesto de Mando Unificado se instalará a las 3:00 de la tarde, posterior a una visita de verificación en el estadio, cuyas puertas se abrirán a las 4:00 p.m.Este año La Lectura del Bando rendirá un homenaje a la base cultural del Carnaval, en una puesta en escena titulada ‘Raíz Negra’, que contará con la participación de más de 700 artistas y un despliegue técnico y tecnológico que incluye video mapping, drones, pantallas LED de gran formato y sonido envolvente.La Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, acompañada del Rey Momo, Adolfo Maury Cabrera, y de los Reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, será la encargada de decretar oficialmente el goce del Carnaval hasta el Miércoles de Ceniza, en este importante acto simbólico que marca el inicio de la fiesta.“Invito a todos los barranquilleros y visitantes a que me acompañen en la Lectura del Bando 2026, para dar inicio a la fiesta más grande de Colombia. Estoy muy feliz y emocionada de celebrar nuestras raíces, nuestra historia y dar el inicio oficial a la fiesta más grande de Colombia”, expresó la Reina del Carnaval.La puesta en escena titulada ‘Raíz Negra’, bajo la dirección de Pedro Díaz, tendrá cinco escenas unidas por un hilo conductor representado por elementos como el tambor, el turbante y las cuerdas, que buscan evocar la memoria y la resistencia de la diáspora africana,dándole vida a los ritmos de las Antillas, Palenque y otras manifestaciones propias del Carnaval de Barranquilla.El evento contará con el cierre musical de Grupo Niche, Iván Villazón, Chelito de Castro y los champeteros J Black, Cofee el Cafetero, Jader Tremendo y Luister La Voz.
En el municipio de Juárez, en México, fue encontrado con vida Leonardo Ariel Escobar Barrio, el docente barranquillero, de 42 años, del que no se tenían rastros de vida desde el pasado 2 de enero cuando había sido detenido en el aeropuerto de ese país por presuntas faltas “faltas administrativas”.La noticia fue confirmada tanto por familiares como por la Fiscalía de Nuevo León, la cual en sus redes sociales escribió que el hallazgo se debió gracias “a los esfuerzos coordinados de las autoridades de seguridad del estado y la federación”.Escobar Barrio trabaja en la Universidad Iberoamericana Puebla, pero fue retenido dos días en Monterrey, cuando regresaba en un vuelo directo de Bogotá, donde estuvo pasando vacaciones con su familia.El caso tuvo gran relevancia tanto en Colombia como en tierras mexicanas, por lo que abogados del Sistema Universitario Jesuita, al que pertenece la institución en la que trabaja, están solicitando detalles exactos de lo que fue su retención.Elvira Romero Escobar, prima del profesor, contó hace unos días a Blu Radio que al parecer tuvo un problema con Migración al llegar al aeropuerto, pero nadie daba razón de él.“Leonardo estuvo en diciembre acá en vacaciones, no llegó a Barranquilla, solo en Bogotá, pues estaba departiendo con su papá, mi tío. Como él regresaba el 30 (de diciembre) pues Leonardo se devuelve esa misma fecha para México”, dijo inicialmente.“Al parecer ocurre algo, no sé, como un tema de migración, y a Leonardo en un filtro lo detienen. Posteriormente manifiestan que lo liberan el día dos de enero, esa misma fecha se comunica con Lina, su hermana y también me deja unos audios en donde decía lo que pasó. Me decía que le contestara, pero a Lina si le dijo que lo había liberado”, agregó especificando que esa fue la última conversación que habían tenido.
Tanto el presidente Gustavo Petro como el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, confirmaron la suspensión de los traslados que se preparaban para Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias 'Castor', y varios integrantes de Los Costeños hacia Barranquilla, debido a las denuncias de falta de garantías en estos penales.Precisamente, Verano aprovechó para reunirse privadamente este viernes con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, y aclararle que antes de eso debe haber un sistema institucional sólido y un buen acompañamiento de la Procuraduría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo.“Evidentemente creemos que si nosotros vamos a hacer escenario, como el que se está solicitando, de conversaciones de paz entre una serie de organizaciones delictivas, pues sería importante que también hubiese paralelamente la construcción de un sistema institucional muy sólido de parte del Gobierno Nacional. Una conversaciones deben tener presencia de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría del Pueblo para poder tener realmente posibilidades de llevarlas a cabo”, dijo inicialmente.“Estaríamos de pronto abriendo las puertas de unas conversaciones que no solamente dificultan la seguridad, sino que tendríamos acá la invasión —por decirlo de alguna manera— de una serie de organizaciones delictivas en nuestras cárceles que no están preparadas. No tienen cámaras de seguridad, ni sistemas de seguridad internos, por lo que pensamos primero en lo que se requiere para poder hacer la propuesta del Comisionado de Paz”, agregó.En la cita no se tomaron decisiones concretas, sin embargo, agendará Verano una segunda reunión para analizar el balance de la tregua entre 'Pepes' y 'Costeños'.Otty Patiño quiso reunirse también con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para hablar sobre este tema, aunque hasta el momento eso no ha sido posible. Asimismo, el barranquillero ha sido uno de los principales contradictores de esta medida.Del mismo modo, la suspensión del traslado también fue confirmado por el mismo presidente Gustavo Petro, quien en sus redes sociales escribió que primero se debe profundizar en el “compromiso con la paz de estas personas".Terminó diciendo que la mediación quedará en manos de Cyrillus Swinne, más conocido como el padre Cirilo, y que hasta ahora el proceso de desactivación ha logrado una caída sustancial de la tasa de homicidios en Barranquilla.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, declaró este viernes desde Barranquilla que le solicitó a Ecopetrol e Indumil iniciar nuevamente la verificación de una posible compra de la empresa Monómeros; esto teniendo en cuenta la toma que Estados Unidos realizó en los primeros días del año sobre Venezuela.El jefe de esta cartera afirmó ante los medios de comunicación que el primer paso será determinar cuánto cuesta la importante petroquímica con sede en la capital del Atlántico."Le he pedido a Ecopetrol e Indumil, que eran las dos empresas públicas interesadas, iniciar nuevamente en este contexto el estudio de la valoración de lo que consideramos cuesta la compañía para mirar si transitamos, así como lo ha querido el presidente Gustavo Petro, a que Monómero sea adquirida por una empresa nacional", fueron sus palabras.Jocosamente el primero en contestarle fue el gobernador Eduardo Verano: “¿Y por qué no se la entrega a la Gobernación del Atlántico?”, a lo que Palma respondió entre risas que debían ir conversando.Recordemos que Monómeros siempre ha sido un deseo para el actual Gobierno nacional, aunque una eventual compra se ha dificultado a causa de las sanciones de la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.En los últimos avances que se tuvieron, hubo gestiones con el embajador en Washington para que la administración estadounidense permitiera una extensión o reactivación de licencias especiales que diera pie a una compra sin violar normativas internacionales.De hecho, se alcanzó a hablar de una firma de acuerdo de confidencialidad, en el que se permitiría intercambiar información con la que actualmente es propiedad de Pequiven, filial de PDVSA (Venezuela), y cuyo valor estimado oscila entre los 70 y 350 millones de dólares.Monómeros ha sido vista como una empresa estratégica para Colombia, para el agro, para los alimentos y para los campesinos, al ser una de las principales proveedoras de fertilizantes del país.
En las últimas horas de este viernes fue publicado un video que revelaría detalles inéditos del rescate de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, luego de salir de Venezuela en medio de un aparatoso operativo que la condujo fuera del país. Las imágenes fueron difundidas por Rogan Michael John O’Handley, conocido profesionalmente como DC Draino, y posteriormente corroboradas por la organización Grey Bull Rescue.El material audiovisual muestra los minutos previos y posteriores a la salida de Machado, en lo que habría sido un complejo trayecto marítimo con destino inicial a Curazao, desde donde continuaría su viaje hacia Europa para recoger el premio Nobel en Oslo. En el video se observa la embarcación utilizada para su traslado, así como parte del recorrido realizado bajo estrictas medidas de seguridad.En las imágenes aparece Bryan Stern, director de Grey Bull Rescue, una organización de rescate sin ánimo de lucro, quien relata los momentos de tensión previos al encuentro con Machado y la prolongada espera en un punto estratégico hasta lograr recogerla. Stern describe la operación como un proceso delicado, marcado por la incertidumbre y la necesidad de mantener absoluto sigilo.Este es el video no antes visto del rescate de María Corina MachadoUno de los momentos más impactantes del video ocurre cuando Machado, ya a salvo, se dirige a la cámara y afirma: “Soy María Corina Machado. Estoy viva y a salvo y muy agradecida”.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.
La Contraloría General lanzó una advertencia por los riesgos que rodean la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes, tras revisar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 que entraría en marcha el 1 de abril de este año.El principal problema identificado es la falta de una planeación financiera clara: no existe una proyección completa de costos por vigencia que permita saber cuánto costará realmente el servicio ni si el Fondo Rotatorio de la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo. Esta ausencia de un modelo financiero integral, según el ente de control, abre la puerta a sobrecostos que terminarían afectando el patrimonio público.Otro de los puntos críticos tiene que ver con cambios estructurales en la forma de producir los pasaportes. El nuevo esquema pasa de un sistema basado en la demanda real a uno con cantidades mínimas anuales, sin que esté garantizado el suministro adicional si se requiere.Además, varios costos que antes estaban incluidos ahora quedan por fuera, como el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas e incluso intereses que no se cobraban en el modelo anterior. A esto se suma que los valores del servicio están fijados en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario sin que exista un estudio que evalúe cómo cubrirlo.Finalmente, la Contraloría advierte que los retrasos y la falta de definiciones claras ponen en riesgo la entrada en operación del nuevo modelo dentro de los plazos previstos. El incumplimiento de las fechas podría derivar no solo en sanciones económicas, sino también en afectaciones directas al servicio de expedición de pasaportes.Por eso, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a revisar el esquema y tomar correctivos antes de que estos riesgos se materialicen y generen un impacto fiscal y operativo mayor
Un violento asalto se registró en las últimas horas sobre la vía que comunica a Popayán con Cali, a la altura de la variante del puente peatonal, en el departamento del Cauca. En ese punto, dos vehículos tipo niñeras que transportaban un total de 17 automotores fueron interceptados por un grupo armado y despojados de la carga que movilizaban hacia el sur del país.De acuerdo con la Policía, los camiones cubrían la ruta Cartagena–Pasto (Nariño) cuando fueron abordados por cerca de 15 hombres armados, quienes, mediante amenazas con armas de fuego, obligaron a los conductores a detener la marcha. Aunque los delincuentes se llevaron los vehículos transportados, los tractocamiones no fueron hurtados.Horas después del ataque, los dos camiones fueron ubicados en buen estado, al igual que sus conductores, quienes resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro. Tras el hecho, las autoridades les brindaron acompañamiento mientras avanzan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.Tras conocerse el robo, se activó un operativo especial en el que participaron unidades de la Policía, las Fuerzas Militares, apoyo aéreo y equipos de investigación e inteligencia. Estas acciones permitieron establecer una posible ubicación de los automotores robados en una zona limítrofe entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.El caso es materia de investigación y se desarrolla en un corredor donde las autoridades han advertido la presencia e injerencia de estructuras armadas organizadas, entre ellas el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En esta región, la fuerza pública mantiene operaciones sostenidas ante el accionar de estos grupos, señalados de múltiples hechos violentos y delictivos.Mientras avanzan las labores de búsqueda y judicialización, las autoridades reiteraron que continuarán los operativos en el suroccidente del país para enfrentar este tipo de acciones criminales que afectan la seguridad vial y el transporte de carga en uno de los principales corredores del país.
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
La actuación de la jueza Carmen Luisa Terán en torno a la decisión de darle libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López el pasado 29 de diciembre, por supuestamente presentar buena conducta y estar estudiando y trabajando mientras cumplía con su medida en prisión, está siendo revisada.De acuerdo con la Comisión Judicial de Disciplina, es necesario investigar la conducta de la funcionaria, para lo que solicitaron que el caso sea sometido a reparto “lo más pronto posible en la primera instancia disciplinaria”.Según resume este tribunal, la jueza ha estado asociada desde su despacho del juzgado sexto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Barranquilla a varias decisiones. Inicialmente le redujo la condena de 39 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir a 29 años.Además, posteriormente le dio la libertad condicional, lo que fue revertido por orden de un segundo juzgado, lo que lo llevó a regresar a la Penitenciaría El Bosque.“Aunque la decisión judicial adoptada antes de finalizar 2025 estaría soportada bajo argumentos de buen comportamiento, arraigo familiar, trabajo y estudio en prisión, la Comisión de Disciplina Judicial considera que hay méritos para revisar esa actuación”.
Hay expectativa en Barranquilla porque en la tarde de este viernes se estará reuniendo el alto comisionado para la paz Otty Patiño con el alcalde Alejandro Char y el gobernador Eduardo Verano para buscar un acuerdo en torno a los traslados de algunos miembros de ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ a centros carcelarios de la capital del Atlántico antes del 20 de enero.Para esto, el funcionario del Gobierno nacional solicitó durante la semana las citas para estos encuentros que realizará por separado; primero con el alcalde y luego con el gobernador.Al respecto, Blu Radio conoció que ya el gobernador Eduardo Verano confirmó el encuentro, sin embargo, no está confirmado si el alcalde Alejandro Char, uno de los más críticos a estos traslados, lo recibirá en su despacho. Patiño buscará acercarse a las autoridades locales del Atlántico, luego de los reclamos que se produjeron el pasado fin de semana porque no había sido socializada la intención de trasladar a líderes como 'Castor', 'El Negro Ober', entre otros, a cárceles de Barranquilla, lo que para el alcalde Alejandro Char dejaba expuesta a la ciudad. "En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente", manifestó el alcalde a través de su cuenta de X el pasado lunes. Patiño explicaría a los mandatarios el objetivo de estos traslados y buscaría realizar acuerdos para involucrarlos en el proceso de diálogo y acercamiento que lidera el Gobierno con estos grupos delincuenciales que operan en la zona urbana de Barranquilla y su área metropolitana.
La calidad del servicio de energía en la región Caribe mostró un cambio durante 2025. Atlántico, Magdalena y La Guajira registraron el mejor desempeño de los últimos años en los indicadores que miden las interrupciones del suministro eléctrico, un avance que impactó de manera directa a más de cinco millones de usuarios entre hogares, comercios e industrias atendidos por Air-e Intervenida.De acuerdo con las cifras consolidadas de la compañía, en promedio la luz se fue 38,21 horas durante todo 2025 en estos tres departamentos. Este dato, medido a través del indicador SAIDI, representa una reducción del 36,6 % frente a 2024, cuando el promedio anual era de 60,33 horas sin servicio. En términos prácticos, los usuarios pasaron menos tiempo a oscuras, una de las principales quejas en esta zona del país.Por otro lado, el indicador SAIFI, que mide cuántas veces se interrumpe el servicio en el año, bajó de 31,58 a 29,96 interrupciones, lo que equivale a una reducción del 5,12 %. Aunque el número de cortes sigue siendo un reto, la tendencia descendente confirma una mayor estabilidad en la operación del sistema eléctrico.A este avance en calidad se suma la estabilidad de la tarifa, anunciada como parte del esfuerzo por aliviar el impacto económico en los usuarios y recuperar la confianza ciudadana. De cara a 2026, la empresa aseguró que continuará ejecutando obras priorizadas, gestionando nuevos recursos con el apoyo del Gobierno y promoviendo una cultura de corresponsabilidad, en la que el pago oportuno y el uso adecuado del servicio sean claves para mantener y mejorar el suministro eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Hacia un centro penitenciario en Barranquilla será trasladado Álvaro Felipe Rivera Ramírez tras la medida de aseguramiento de detención preventiva que le ordenó el Juzgado 07 Penal Municipal por ser el presunto autor material del feminicidio agravado contra su expareja Valentina Cepeda Rodríguez, luego de su hallazgo en un apartamento en abril de 2024.El togado se acogió a la solicitud de medida de aseguramiento de la Fiscalía, aunque aclaró que esta no es una condena anticipada, pues solo busca proteger los fines de orden constitucional y el avance de las investigaciones. Además, aclaró que en el juicio el procesado podrá utilizar todas sus pruebas para defenderse.“Imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario en contra de Álvaro Felipe Rivera Ramírez, acorde al artículo 307 de la Ley 906 de 2004, como presunto autor material a título de dolo de la conducta punible de feminicidio agravado. Contra la presente decisión proceden los recursos de ley”, expresó durante la audiencia.En medio de la diligencia, el juzgado especificó como clave el dictamen emitido por Medicina Legal en el que no se evidencia ninguna marca en el cuello de Valentina, proveniente del columpio de Aeroyoga aparentemente utilizado.“¿Y qué traduce esto? Que fue una fuerza extrínseca, una fuerza externa de tal magnitud la que ocasionó la lesión a la laringe. Es decir, que no fue el producto de un ahorcamiento en el columpio de aeroyoga, sino de una fuerza externa de digitopresión. Es decir, que en el caso concreto la versión de la defensa se va difuminando”, añadió.La decisión fue apelada por la defensa de Álvaro Felipe Rivera Ramírez.Recordemos que Valentina Cepeda, en su tiempo, fue llevada hacia la clínica Portoazul en Puerto Colombia. La explicación que entregó su pareja es que le tomó una foto pensando que estaba molestando y minutos después se percató que no respiraba.El fiscal Nicolás Busto señaló que contra la víctima se ejercía violencia económica y física. Del mismo modo, declaró que, al parecer, la controlaba como hombre dominador a través de llaves de jiu-jitsu, un deporte de arte marcial desarrollado en Brasil en el que se busca inmovilizar cuerpos por medio de derribos y estrangulamientos.
Antes de convertirse en un sello de Barranquilla, Curramba fue una solución periodística. Surgió de la necesidad de comunicar con claridad y de evitar confusiones en una época en la que las abreviaturas eran parte esencial del ejercicio informativo. Detrás de esa palabra estuvo el periodista barranquillero Juan Eugenio Cañavera, y hoy, décadas después, su legado encuentra continuidad en una nueva generación que apuesta por contar esa historia más allá de las fronteras.¿Quién era Juan Eugenio Cañavera?Trabajó en medios escritos y radiales en tiempos en los que la precisión del lenguaje era determinante. En ese contexto, era frecuente la confusión entre Barranquilla y Barrancabermeja, ciudades cuyos nombres se abreviaban de forma similar en los sistemas telegráficos y periodísticos. Mientras Barrancabermeja se identificaba como Barranca, Barranquilla aparecía abreviada como Barranq. Para evitar errores, el periodista recurrió a un recurso muy propio del habla barranquillera: invertir las palabras. Así, Barranq pasó a leerse como Qrramba, término que con el tiempo evolucionó a Curramba y terminó instalándose en el lenguaje cotidiano.Lo que comenzó como una solución práctica se transformó en identidad. Curramba dejó de ser una abreviatura invertida para convertirse en una forma de nombrar a la ciudad y a su gente, cargada de sentido de pertenencia, orgullo y carácter caribe. Una palabra que hoy sigue viva en el habla popular y en la memoria colectiva.Legado periodístico a través de su sobrina Daniela Castillo CañaveraEse legado periodístico marcó profundamente la historia profesional de su sobrina, Daniela Castillo Cañavera, una comunicadora social y periodista barranquillera, con más de 15 años de experiencia en el gremio, decidió desde muy joven seguir el camino del periodismo, convirtiéndose en la única integrante de la familia Cañavera que continuó esa vocación de manera profesional. Su cercanía con Juan Eugenio Cañavera, hermano mayor de su abuelo, y las historias escuchadas desde la infancia, sembraron en ella la convicción de que las palabras tienen poder y que la narrativa construye identidad.A lo largo de su carrera, Daniela ha trabajado en importantes casas periodísticas y en el campo de la comunicación estratégica y las relaciones públicas, consolidando un perfil marcado por la narrativa, el análisis y la construcción de mensajes con impacto social. Su trayectoria le ha permitido entender el periodismo no solo como un ejercicio informativo, sino como una herramienta para preservar memoria, conectar comunidades y generar sentido colectivo.Ella asegura que su propósito se mantiene intacto, cuando se decidió por continuar el legado periodístico de su tío y aseguró que su más grande anhelo es seguir contando historias que expliquen quiénes somos. En ese camino, ha asumido la tarea de documentar y proyectar el origen de "Curramba", no como un ejercicio nostálgico, sino como una apuesta cultural hacia el futuro.Para reconstruir esa historia, Castillo ha recopilado información y testimonios colegas, amigos y familiares, entre ellos los relatos conservados por su prima Martha Aimée Cañavera, guardiana de múltiples anécdotas sobre la vida y obra de Juan Eugenio. Ese ejercicio de documentación busca darle rigor y contexto a una palabra que hoy muchos usan, pero pocos conocen en su origen.Llevar el nombre de "Curramba" más allá de Barranquilla Daniela pretende reforzar, especialmente entre las nuevas generaciones, el valor del lenguaje, del dialecto y de la jerga como expresiones de identidad.“Como barranquilleros, es importante apropiarnos de nuestras raíces, de nuestro dialecto y de nuestra idiosincrasia. Cuando conocemos el origen de las palabras que usamos, entendemos su valor y fortalecemos nuestra identidad”, señaló.Desde la comunicación, los espacios culturales y el ejercicio permanente del periodismo, Daniela Castillo Cañavera, trabaja por extender ese legado y demostrar que una palabra nacida del ingenio periodístico puede seguir creciendo y dialogando con el mundo.“Barranquilla es una ciudad hermosa , llena de tanta historia, y como barranquillera me siento orgullosa que parte de esa historia venga de mi familia”, expresó Daniela.Finalmente, hay que decir que Curramba nació de una inversión de letras, pero se sostuvo gracias a una inversión emocional profunda en la ciudad y su gente. Hoy, esa historia continúa escribiéndose a través de nuevas voces que entienden que el periodismo, cuando se ejerce con conciencia y pasión, puede trascender generaciones y fronteras.
Desde el 20 de diciembre, 440.000 afiliados de la Nueva EPS en el Atlántico enfrentan la interrupción en la entrega de medicamentos, situación que ha encendido una alerta sanitaria en el departamento. La entidad atribuye la crisis a problemas de liquidez y embargos judiciales, que generaron una deuda cercana a $75.000 millones con el gestor farmacéutico Éticos, quién terminó cerrando todos los puntos de dispensación de medicamentos.El impacto es mayor en pacientes crónicos y de alto riesgo, como Aida Luz Madero, trasplantada de riñón. La crisis de salud que afecta al sistema, la tiene enfrentando una batalla con su cuerpo, sus finanzas y Cafam, el gestor farmacéutico alterno de Nueva EPS, el cual desde hace cuatro meses no le responde por los medicamentos que, mal contados, le cuestan mensualmente $2.600.000 pesos si los asume de su bolsillo.“Hace casi 4 meses que no me entregan la medicación. Tengo pendientes para reclamar y algunos ya se consideran vencidos. Entonces, son medicamentos que prácticamente no vamos a obtener y a otras instancias como la Supersalud, tenemos tutela, tenemos desacatos, pero nada de eso ha sido suficiente para la entrega de medicamento”, expresó en una entrevista con medios de comunicación.Por el momento, Nueva EPS informó que se encuentra en proceso de contratación de un nuevo gestor farmacéutico de Sincelejo, el cual cuenta con 48 puntos de atención. Sin embargo, sigue la preocupación para la Secretaría de Salud dado que no hay claridad sobre la presencia de este gestor en los 22 municipios del departamento.Ante esto, la Nueva EPS planteó realizar "entregatones" masivas y el uso de un link virtual para la captura de fórmulas, una vez se designe el nuevo gestor, a fin de cumplir con los requerimientos de los pacientes.
Hay alerta en Barranquilla, luego del ataque a bala en el que murieron Andrés Manuel Jimenez De La Hoz, de 35 años, y Antonio David Severiche Fruto, de 29, hechos ocurridos en la urbanización Las Gardenias y en los que también resultó gravemente herido Antonio David Moreno Polo, de 48 años.De acuerdo al reporte de las autoridades, estos se encontraban en un punto de mototaxistas, cuando fueron abordados por un desconocido vestido con camisa blanca y bermuda que repentinamente les disparó en varias ocasiones.Las víctimas quedaron en el suelo y el agresor logró escapar en una motocicleta que lo esperaba más adelante.“Lo mató, lo mató, ayudénlo, ayudénlo, llevénlo a una clínica”, fueron las palabras que se pudieron escuchar de la comunidad que salió al instante hacia el sitio para socorrer a los baleados.Gracias a los reportes de la Policía Metropolitana, Blu Radio conoció que los hechos estarían presuntamente relacionados con una venganza por el homicidio registrado en horas de la mañana de Yessid Geovanni Catalán Mantilla, en el barrio Villa Lozano, del municipio de Soledad.Al parecer, Yessid Geovanni Catalán era escolta de alias 'Marlon', quien, según las autoridades, sería el encargado del tráfico de estupefacientes en el conjunto número 7 de Las Gardenias.El caso fue asumido por agentes del CTI de la Fiscalía, los cuales reportaron que Andrés Manuel Jiménez, una de las víctimas de esta doble matanza, registraba una anotación judicial por el delito de homicidio en 2022.Cabe resaltar que en el área metropolitana de Barranquilla, puntualmente en el barrio La Alboraya, también se registró un ataque recientemente en el que resultaron heridos José Gabriel Ramos Solano, de 26 años y Cristian Antonio Orozco Mena, de 41, tras la interceptación a un vehículo Suzuki de placas NER 747.De José Gabriel Ramos Solano se sabe que recibió al menos tres balazos, uno de ellos en la parte derecha de su abdomen, y que tiene seis anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre esos el de fuga de presos.Del mismo modo, en agosto del año 2025, también había sido víctima de un atentado del que logró mantenerse con vida.
Los casos de violencia intrafamiliar siguen generando alertas en el departamento de Bolívar, en donde, en lo corrido de este 2026, ya se han registrado seis capturas por este delito.Precisamente, uno de los casos que más ha generado conmoción entre las organizaciones y redes de mujeres, es el de una mujer en el municipio de Magangué, cuya expareja intentó prenderle fuego a la vivienda en la que ella se encontraba junto a su pequeño hijo.De acuerdo al reporte de la Policía de Bolívar, el agresor llegó en horas de la madruga a la vivienda e intentó incendiarla desde la puerta.“En horas de la madrugada, el hombre habría llegado hasta la vivienda donde residía la víctima junto a su hijo, menor de edad y, de manera violenta, roció gasolina en la entrada del inmueble y prendió fuego, ocasionando un principio de incendio que puso en grave riesgo la vida de ambos. Gracias a la rápida reacción de la víctima, quien logró percatarse de las llamas y apagar el fuego, se evitó una tragedia mayor”, explicó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, subcomandante de la Policía de Bolívar.Esta no habría sido la primera agresión que sufrió la mujer y su hijo, pues días antes, según la denuncia, esta persona la habría golpeado en plena vía pública.“Ante la gravedad de los hechos, la denuncia fue instaurada de inmediato y se adelantaron las labores investigativas correspondientes, permitiendo a la Fiscalía solicitar ante un juez de control de garantías la orden de captura, al considerar que el indiciado representaba un peligro inminente para la vida e integridad de la víctima y su hijo”, detalló el oficial.Tras su captura, el agresor fue enviado a la cárcel por el delito de violencia intrafamiliar violencia intrafamiliar agravada.
La crisis del sector salud golpea a Orleth Flórez y a su hijo Eddwin Torres, madre e hijo barranquilleros, quienes en la mañana de este jueves 15 de enero fueron retirados de la sala de urgencias del Hospital Mental de la red hospitalaria del Atlántico ante la falta de respuestas de la EPS Familiar de Colombia, a la cual le solicitaron desde hace una semana el traslado del paciente a un centro psiquiátrico.Según le manifestó la psiquiatra en turno a Flórez, estos debían irse, porque ya no podían esperar más por la llegada de una ambulancia. La mujer cuenta que suplicó para que no los retiraran, pues, incluso, manifestó que teme ser agredida por su hijo, quien en los últimos días hasta le prohibió el ingreso a su propia casa, pero lo que recibió de respuesta fueron las pertenencias de su hijo, empacadas en una bolsa, para que se retiraran del sitio.EPS no responde“Los psiquiatras dicen que tienen que dar la salida. Que como están llamando a la EPS y no responde, entonces dijeron que se fuera. Él se me va, se me va para el mar. La última vez estaba en el puente Pumarejo. Tengo miedo de llevármelo. Él no me deja llegar a mi casa. Puede intentar agredirme en medio de esta crisis. La EPS Familiar de Colombia no responde. Ellos no llaman ni nada”, contó la madre del hombre.Pese a que la Personería de Barranquilla intervino para que la EPS Familiar de Colombia enviara una ambulancia, la mujer y su hijo completan varias horas, sentados con sus pertenencias en mano, a las afueras del hospital mental porque fueron retirados.
Hay indignación en el corregimiento de La Loma de Calentura, jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar, donde de acuerdo a las autoridades competentes un hombre de 27 años asesinó a machetazos a su propio padre tras una fuerte discusión entre ambos.Los hechos sucedieron en la madrugada de este domingo, más específicamente cuando el reloj marcaba las 4:30 de la mañana, cuando agentes encontraron sin vida a Jhon Jairo Oliveros Beleño, de 43 años, con heridas en diferentes partes del cuerpo, luego del llamado urgente de los vecinos en el barrio Santo Templo alertados por los gritos.Por ello, inmediatamente fue capturado en flagrancia su hijo por el delito de homicidio y quien fue identificado preliminarmente como Jhon Ángel Olivero Brocheta.La víctima fatal, al parecer, se ganaba la vida transportando mercancías informalmente, mientras que la comunidad no dejó que su hijo se quitara la vida.Hasta el momento no se saben las razones que desencadenaron la discusión ni los detalles de por qué escaló hasta la violencia; sin embargo, los hechos son materia de investigación para las autoridades.
Cerca de 200.000 estudiantes hoy se encuentran afectados en el departamento de Córdoba por la suspensión del Programa de Alimentación Escolar (PAE), la cual según el Ministerio de Educación se debe a una falta de planificación de su Gobernación pese a tener los recursos necesarios desde el Gobierno nacional.Según el Ministerio, a la fecha la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar ha transferido $24.000 millones a la cuenta maestra correspondiente, garantizando los recursos necesarios para la prestación del servicio. Un esfuerzo nacional, que según dicen, contrasta con la falta de gestión efectiva a nivel territorial.“Durante una reunión con el director de la UApA, Sebastián Rivera Ariza, la Gobernación de Córdoba asumió dos compromisos fundamentales que siguen sin cumplirse: el primero es diligenciar correctamente el Plan Financiero Territorial (PFT), herramienta clave para la planeación y asignación eficiente de los recursos. La falta de información adecuada en este instrumento ha obstaculizado la estructuración de proyectos viables”, indicaron inicialmente en un comunicado.“El segundo fue radicar el proyecto para su financiación con recursos de regalías. Aunque este fue presentado en abril, no cumplió con los requisitos. El 15 de mayo se entregó una nueva versión para revisión”, agregaron.El Gobierno nacional incrementó la inversión nacional en alimentación escolar en Córdoba, pasando de $38.000 millones en 2022 a $47.000 millones proyectados para 2025. En contraste, el aporte departamental se redujo de $77.000 millones en 2024 a $63.000 millones en 2025, lo que representa una disminución de $14.000 millones.La situación se agravó a comienzos de este año con la falta de operación del PAE en 27 municipios no certificados, lo que impactó a más de 30.000 estudiantes que dependen del complemento como principal fuente de alimentación.“Aunque para el 31 de diciembre de 2024 se tenían $5.000 millones disponibles en cuentas de los 27 municipios, el servicio no se puso en marcha”, siguieron diciendo.La cartera apunta que actualmente nueve municipios aún no han iniciado la operación del Programa de Alimentación Escolar, a pesar de contar con $11.000 millones del Sistema General de Participaciones (SGP) sin ejecutar. En 2024, el programa solo funcionó durante 151 días del calendario escolar. En 2025, comenzó con una postergación de 15 días y actualmente permanece suspendido.
En el municipio de San Juan Nepomuceno, en Bolívar, se registró en las últimas horas el fallecimiento de Cristian David Medina Orozco, uno de los cuatro adolescentes que se encontraba desaparecido desde el pasado domingo 18 de mayo en el municipio de Malambo, tras salir de su hogar para un partido de fútbol agendado.El menor de 16 años perdió la vida, al parecer, tras caer de un camión en movimiento cuando aspiraba a regresar a casa junto con sus amigos Omar Andrés Suárez y Santiago Marchena Mantilla.Según se conoció recientemente, estos decidieron viajar a Bogotá como polizones para conocer la ciudad al lado de Duván Marchena Mantilla, de 17 años, quien ya se había reportado a su casa en la mañana de este viernes 23 de mayo explicando lo sucedido a su familia y dando calma por el estadoMarchena Mantilla pidió detener la búsqueda con las autoridades y sostuvo que llegó antes por montarse en otro vehículo a la altura de Santa Marta, donde menciona que se había encontrado con una fuerte congestión vial.Por ello, hay luto en estos momentos en el municipio por lo que la Alcaldía escribió en medio de un comunicado: “Nuestra más sinceras condolencias a su familia, que en este difícil momento, Dios les dé fortaleza para sobrevivir con la ausencia física de su ser amado, nuestra oración con ustedes”.
Hace solo un par de horas la Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de pliego de cargos contra el expresidente de la Cámara de Comercio de Montería, Córdoba, Jorge Eliecer Doria Corrales (2016 - 2020), por presuntamente omitir la aprobación de la reforma de los estatutos con la que se modificaba la facultad que le permitía aprobar el Manual de contratación, compra y suministro, así como sus modificaciones y actualizaciones.En otras palabras, al parecer decidió no aprobar una reforma a los estatutos que le iba a quitar el poder exclusivo para decidir sobre contratos, compras y suministros en dicha corporación.La Procuraduría Regional de Instrucción de Sucre señaló que “el entonces directivo también habría pasado por alto incluir en el documento un sistema de selección para la contratación que brindara garantías al cumplimiento de los principios de selección objetiva, transparencia, igualdad, imparcialidad y pluralidad de oferentes, para evitar la discrecionalidad de quien ocupe la presidencia de la entidad”.Por otro lado, el ente de control también indicó que “Dorias Corrales no tuvo en cuenta que se trataba de una discusión en la que se aludía al manejo de recursos públicos, pese a lo cual, al parecer, se negó a aprobarla sin ninguna justificación”.Por los mismos hechos, la entidad profirió cargos a quien fungía en el mismo periodo como vicepresidente de la corporación, Álvaro Segrith Sepúlveda Salgado, y los entonces vocales Gloria Inés Díaz Tapia y Mario Fidel Díaz Ibáñez, quienes con su posible actuación se apartaron del cumplimiento de las obligaciones que rigen la función pública.La Procuraduría sostuvo que los disciplinables sabían que al no adoptar la reforma propuesta se perpetuaría en la entidad la selección y “adjudicación de los contratos a las mismas sociedades comerciales que los obtuvieron durante los últimos años”.Finalmente, la PGN adujo que por el supuesto bloqueo del mecanismo que se intentaba reformar, que impidió hacer más eficiente y transparente el manejo de los recursos, los cinco servidores pudieron quebrantar el principio de moralidad, por lo que de manera provisional calificó la conducta como gravísima cometida a título de dolo.
Para el segundo semestre de este año 2025 está prevista la demolición de los deteriorados edificios del conjunto residencial Privilegios, en el norte de Barranquilla, donde una de sus torres colapsó en noviembre de 2024 y provocó una tragedia que dejó a una mujer muerta y a cuatro niños heridos.Las obras de demolición de este conjunto, construido hace más de 20 años en un terreno que no resultó estar apto para su urbanización, tardarían dos meses según el proceso contractual que adelanta la Alcaldía de Barranquilla para elegir a la firma que realizará estos trabajos.En el proceso están participando ocho firmas, entre las cuales el Distrito estaría seleccionando un contratista el próximo 30 de mayo para firmar el contrato en los primeros días de junio por un valor superior a los 1.400 millones de pesos.De esta manera parece resuelto el futuro de Privilegios, pero el destino sigue siendo incierto para los propietarios y residentes de los apartamentos de este conjunto residencial, a quienes evacuaron por precaución el mismo día de la tragedia.Decenas de personas debieron salir de casa y dejar sus pertenencias en el conjunto, eso sí, bajo la custodia de las autoridades que acordonaron el sitio de inmediato. Sin embargo, al volver por sus enseres encontraron que el lugar había sido saqueado y todavía hoy nadie les responde a estas familias.“Dejamos eso ahí. Creíamos que, de verdad, eso no lo iban a cuidar y después cuando fui a buscarlas me tuvieron que llevar a la clínica porque se me subió la presión luego de ver cómo perdí todas mis cosas”, dijo a Rosiris Ariza Algarín, una de las mujeres de 60 años afectadas tras la emergencia.“La Alcaldía no nos respondió nada, se me perdieron todas mis cosas. Mis camas, mis abanicos, mis televisores. Todo completamente me lo destruyeron, se me perdió”, agregó a Blu Radio.Sobre el conjunto Privilegios pesaba una orden de desalojo hacía 14 años, debido a las visibles fallas estructurales que presentaban los edificios y que advertían un colapso inminente. No obstante, hasta el día de la tragedia vivían 58 personas entre las paredes agrietadas.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se refirió a su tensa relación con el Gobierno nacional y los pocos recursos que recibe de este, reconociendo esto como una situación que, lejos de afectar a la ciudad, más bien la fortalece."Digamos, si hay un Gobierno nacional que es amigo o no es amigo, o no es de la corriente política nuestra, nos hace fuertes. Nos ha hecho muy fuertes", expresó el mandatario en medio de un conversatorio al cierre del 8vo Encuentro y Feria Renovables, realizado en la capital del Atlántico.Agregó que, en medio de todo, entiende que "hoy hay una situación fiscal muy difícil a nivel nacional"."Cuando se baja el impuesto de renta en 36 billones, que es lo que le está pasando a la Nación, por supuesto, no hay cómo acompañar a las ciudades, pero nosotros hemos entendido las dificultades y nos hemos hecho fuertes, muy fuertes", agregó.