Cinco personas muertas y otras dos heridas fue el resultado de los ataques criminales que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla, por lo que las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para encontrar a los responsables de cada episodio.En el primero de esos casos fue baleado Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, momentos en los que departía junto con Josué David Martínez Altamar e Iván Antonio Hernández, de 36 y 39 años respectivamente, resultando ambos también heridos en el suceso.Tanto el fallecido como los dos heridos cuentan según la Policía Metropolitana con anotaciones judiciales, mientras que el sitio en el que ocurrió el atentado tiene injerencia de Los Costeños.Luis Padilla registra anotación judicial por el delito de estafa; Josué David Martínez Altamar por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado e Iván Antonio Hernández Ortega por acto sexual con menor de 14 años.Por otro lado, en la tercera etapa del barrio Nueva Esperanza de Soledad fue ultimado Andrés Felipe Coronado Caballero, a manos de sicarios en moto. Informaron las autoridades que tenía una anotación judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos. En ese sector también hay injerencia de la banda Los Costeños.La violencia llegó hasta el barrio Las Nieves de Barranquilla, donde Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años fue víctima de un atentado criminal en el que le propinaron cinco impactos de bala, uno de ellos en su cabeza.Las autoridades hablan de que esta persona sería presunto integrante de Los Costeños y que justamente era familiar de Michael Yordan Márquez Rosillo, quien perdió la vida en otro ataque ocurrido en ese mismo sector.Las balas se extendieron hacia los barrios Ciudadela 20 de Julio y San Luis, donde fueron asesinados Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, y Auber Fernando Lora Cárdenas, de 45.Pérez Pedraza estaba haciendo sus labores de vigilante informal cuando lo sorprendieron unos criminales en una moto. Registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.Asimismo, en la calle 92 con carrera 2C, fue interceptado cuando se bajaba de una motocicleta Lora Cárdenas. Tenía cinco anotaciones judiciales, entre las que destacan delitos como rebelión, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.
“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
El Ministerio de Educación Nacional aseguró que acatará el fallo que ordena el restablecimiento de José Ismael Peña, como rector de la Universidad Nacional de Colombia, sin embargo, señaló que no está de acuerdo con esta decisión y que desde la entidad defienden la autonomía universitaria.El pronunciamiento se da en medio de la controversia jurídica e institucional que rodea la elección del rector de la principal universidad pública del país, una disputa que ha generado interpretaciones encontradas entre el Gobierno, la comunidad académica y los organismos judiciales.El Ministerio anunció que, aunque esté acatando el fallo, le solicitó a la Corte Constitucional que revise el caso y brinde claridad jurídica sobre el alcance de la decisión, con el fin de garantizar seguridad institucional y evitar interpretaciones contradictorias frente a la autonomía universitaria.Estos hechos se presentan luego de la determinación por parte de la sala tercera de decisión laboral del Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba al Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia que antes de las 4 de la tarde del jueves, 19 de febrero, fuera reintegrado José Ismael Peña como rector de la institución.Desde la entidad reiteraron que el Gobierno continuará actuando conforme a la Constitución y a la autonomía universitaria, al tiempo que insistieron en que el debate sobre la rectoría debe resolverse respetando los principios democráticos y la participación de la comunidad académica.
El precandidato presidencial Aníbal Gaviria afirmó que quienes promueven la abstención “le tienen miedo a la democracia”, durante una entrevista en Recap de Blu Radio. El aspirante sostuvo que invitar a no participar en mecanismos ciudadanos es deslegitimar el voto. Gaviria cuestionó además el rumbo del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que “está dedicado a la campaña política” y que gobernar sería su “tercer objetivo”. También criticó lo que calificó como falta de autocrítica del mandatario. “Un gobernante tiene que aceptar la crítica”, expresó.Sobre la posibilidad de una Asamblea Constituyente, el candidato la consideró innecesaria y contradictoria. “(El presidente Petro) Le prometió al país que no haría eso”, afirmó, y aseguró que se trataría de una estrategia electoral. En su concepto, Colombia necesita estabilidad institucional y acuerdos amplios.En materia de seguridad, calificó la política de “paz total” como un “fracaso absoluto”. Anunció que priorizará el fortalecimiento presupuestal de la fuerza pública. “Si no hay seguridad, los demás derechos se alejan”, advirtió.Frente a la reforma a la salud, defendió cambios estructurales, pero con diálogo y equilibrio. “Una reforma sí había que hacerla, pero no a las patadas”, dijo, al proponer un sistema mixto que construya sobre lo ya existente. Insistió en evitar la politización del debate.También planteó que las EPS deben ser financieramente sólidas y mejorar la atención al usuario. “Se acaban las filas de seis horas… tendrán máximo una hora para atender”, prometió. Señaló que la eficiencia en el servicio será un eje central de su propuesta.En el plano económico, sostuvo que el país debe replantear su mirada sobre la informalidad. “El informal es un héroe”, afirmó, al indicar que el Estado debe adaptarse para facilitar crecimiento y emprendimiento. Prometió aumentar el salario mínimo sin generar efectos negativos en el empleo.Finalmente, Gaviria resaltó el papel del deporte como herramienta social y recordó su cercanía con figuras como Mariana Pajón, Egan Bernal, Rigoberto Urán y Nairo Quintana. “En nuestro Gobierno va a haber un tremendo apoyo al deporte”, aseguró. Destacó que esta política serviría como antídoto frente a la violencia y las drogas.
El nuevo Gobierno de transición de Perú, que debe presidir el legislador izquierdista José Balcázar hasta el próximo 28 de julio, anunció este viernes que no tiene programado otorgar gracias presidenciales, ni indultos, un día después que el exgobernante encarcelado Pedro Castillo (2021-2022) presentara una solicitud en ese sentido."Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la República de Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada", señaló un comunicado oficial.La Presidencia agregó que hace esa aclaración "con el fin de evitar interpretaciones tergiversadas respecto del mandato constitucional asumido" por Balcázar cuando juró como nuevo presidente de transición, el pasado miércoles, en reemplazo del también legislador derechista José Jerí, quien fue destituido por el Congreso."Nuestra gestión estará exclusivamente orientada a garantizar la seguridad nacional, la realización de elecciones libres, limpias y transparentes, así como la estabilidad económica del país. ¡Nada más!", enfatizó la comunicación difundida por las redes sociales oficiales del Ejecutivo.El expresidente Castillo solicitó este jueves el indulto a Balcázar, quien también es congresista del partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones presidenciales de 2021.La solicitud de indulto fue remitida a la oficina presidencial con la firma de Castillo y tramitada por su exministro de Defensa y abogado, Walter Ayala, "bajo el principio de humanidad" y para honrar "la palabra empeñada" por Balcázar, que antes de ser escogido como gobernante por el Congreso había deslizado la posibilidad de conceder el indulto al exmandatario.En diciembre pasado, Castillo fue condenado a 11 años y 5 meses de cárcel por el delito de rebelión al haber protagonizado un fallido golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, en el que dio un mensaje a la nación ordenando la disolución del Parlamento, la intervención de la Judicatura y un gobierno por decretos.Lo hizo para evitar una eventual destitución por parte del Congreso, tras salir a la luz indicios de presunta corrupción en su Administración que lo involucraban directamente a él.Durante el juicio en su contra, Castillo ha rechazado las acusaciones y se ha declarado víctima de una persecución política, al incidir en que fue detenido cuando todavía ejercía la jefatura del Estado y contaba con la inmunidad del cargo.
La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir un proceso penal contra las congresistas Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo y Katherine Miranda, como lo había pedido el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de una querella o queja.El alto funcionario las acusaba de injuria y calumnia por una carta pública en la que los parlamentarios cuestionaron su eventual nombramiento como ministro del Interior, nombramiento que se terminó concretando.Fue el 24 de febrero de 2025, cuando las congresistas enviaron una carta al presidente Gustavo Petro rechazando la posible designación de Benedetti, decisión que calificaron como “inaceptable” y “deplorable”, al considerar que una persona señalada por presuntas violencias de género no debía ocupar ese cargo pues, entre muchas labores, iba a tener comunicación directa con las mujeres en el Legislativo.En esa carta, recordaron además las investigaciones por presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito vigentes contra Benedetti y por eso pedían no continuar con el nombramiento.Ante esto, Armando Benedetti sostuvo que esas afirmaciones eran infundadas y lesionaban su honra y buen nombre, pues no no existían condenas judiciales en su contra y debía prevalecer su presunción de inocencia. Y para defenderse, acudió a la Corte Suprema.Sin embargo, tras estudiar el caso, el alto tribunal concluyó que no se configuraba un delito teniendo en cuenta que las representantes cumplieron con una de sus funciones esenciales, que es la del control político y eso incluye cuestionar decisiones y nombramientos del Ejecutivo.En esa línea, la Corte recordó que los congresistas no pueden ser investigados por las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo ya que cuentan con la garantía de inviolabilidad parlamentaria y esto ampara el oponerse a un nombramiento ministerial.La Corte también determinó que no se acreditó una intención deliberada de ofender o deshonrar y que el propósito de las representantes fue participar en un debate de interés público y no realizar un ataque personal, todo con denuncias que habían sido objeto de amplia difusión y en investigaciones existentes.“....que los episodios de violencia de género que se alegan versan sobre dos eventos, principalmente. El primero, ocurrido en la ciudad de Madrid, cuando se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde presuntamente agredió a su esposa, Adelina Guerrero. Ello, como se encuentra probado en estas diligencias, fue ampliamente noticiado por los medios de comunicación, según consta en el informe de policía judicial”, dice la Corte en su decisión.Finalmente, en el documento le recuerdan a Benedetti y a otros funcionarios que quienes ejercen o aspiran a cargos de alta relevancia están sometidos a un mayor nivel de escrutinio público.
Hablar de música colombiana y no mencionar a Juan Esteban Aristizábal Vásquez, conocido como Juanes, sería casi algo irrespetuoso. A inicios de los 2000s, la industria comenzó a vivir una transformación y, allí, desde las calles de Medellín la 'Camisa Negra' puso a cantar con una guitarra a todo el planeta.A sus 53 años, el paisa ha construido una carrera admirable con grandes momentos para convertirse en un referente global para la música colombiana y, este 2026, volverá de gira por el mundo en donde, por supuesto, tendrá una parada obligatoria en Bogotá en el Movistar Arena el 20 de noviembre con una única fecha disponible."Cuando no conocía al mundo llegué a Bogotá, alucinado porque estaba en la capital. Caminaba por estas calles y decía: 'Wow, he triunfado'. Soñé y soñé muchísimo, yo vivo enamorado y para mí siempre será un honor inmenso regresar, vernos y celebrar. Así que aquí estamos Bogotá, los amo", fueron las palabras del paisa tras anunciar esta nueva fecha en la capital colombiana. En el 'Corazón de Bogotá', Juanes dará un show histórico en un recorrido entre todas sus canciones, desde las más antiguas cuando estaba como vocalista de Ekhymosis hasta su éxito como solista que lo llevó a recorrer todo el planeta con sus propias creaciones.Estos son los precios de su concierto en BogotáTribuna Fan SurPrecio + servicio: $449.000 + $80.200Aforo: 155Platea (102)Precio + servicio: $399.000 + $71.300Aforo: 440Platea (101 & 103)Precio + servicio: $359.000 + $64.100Aforo: 1.092Piso 2 (202 - 205 & 215 - 218)Precio + servicio: $299.000 + $53.400Aforo: 2.008Piso 2 (206 - 207 & 213 - 214)Precio + servicio: $279.000 + $49.900Aforo: 948Platea (104 - 106)Precio + servicio: $249.000 + $44.500Aforo: 748Piso 2 (208 - 212)Precio + servicio: $229.000 + $40.900Aforo: 691Piso 3 (307 - 313)Precio + servicio: $209.000 + $37.400Aforo: 1.230Piso 3 (305 - 306 & 314 - 315)Precio + servicio: $189.000 + $33.800Aforo: 1.234Piso 3 (302 - 304 & 316 - 318)Precio + servicio: $155.000 + $27.700Aforo: 1.99
El paro de la comunidad de Curumaní, que reclama mejoras en el servicio eléctrico, afecta a esta hora el tránsito de miles de camiones de carga que van desde el interior del país hacia la zona costera. Se estima que el trancón se extiende por más de 20 kilómetros.La situación se da por un grupo de alrededor de 30 personas que bloqueó desde la mañana del pasado miércoles 23 de julio la vía nacional La Mata – San Roque, a la altura del kilómetro 78, en el perímetro urbano de Curumaní, Cesar, para exigir soluciones inmediatas frente a la intermitencia en el servicio de energía que afecta a gran parte del municipio y que, especialmente en las horas de más calor, cuando el termómetro marca los 39,8 grados de temperatura, se sobrecarga.Ante esto, la empresa Afinia, encargada de prestar el servicio en la región, reconoció los continuos apagones, pero explicaron que estos se estaban dando porque en los últimos días se ha presentado un aumento del 10 % en la demanda de energía, debido al uso intensivo de aires acondicionados, ventiladores y otros electrodomésticos, por lo que se satura la red y se desconecta.Jorge Rivero, jefe territorial de Afinia en el departamento del Cesar, asegura que es la única solución es que la comunidad disminuya el consumo del servicio, en horas pico, para evitar que se siga interrumpiendo el servicio.Entre tanto, la comunidad señala que las fallas constantes en el suministro eléctrico se han intensificado con la reciente ola de calor que azota al departamento del Cesar. Por lo que piden que sean concertados los cortes, como si se tratara de racionamientos, pues dicen que es imposible controlar que la gente apague los abanicos cuando todos están sudando.Como los manifestantes, habitantes del sector, utilizaron palos y llantas para cerrar el paso en la salida del municipio han generado un represamiento considerable de vehículos, especialmente de carga pesada, lo que ha ocasionado retrasos logísticos y pérdidas para el gremio camionero que transita por esta importante vía del corredor Caribe.
La disputa a sangre y fuego por el control territorial que mantienen 'Los Costeños' y 'Los Pepes' en Barranquilla y su área metropolitana, cobró esta vez la vida de un adolescente de 17 años, que según informó la Policía estaba vinculado a una de las dos estructuras criminales.El hecho ocurrió la noche del miércoles en el barrio La Esmeralda. Allí dos hombres armados llegaron disparando contra un grupo de personas que estaban en un sector enmontado. En el sitio perdió la vida el adolescente de 17 años y salieron heridos otros dos hombres identificados como Jesús David Méndez Maldonado, de 30 años y Jerbi Luis Altamar Valdés, de 34.Por este hecho, la Policía atrapó a los presuntos sicarios, a quienes les incautaron dos pistolas que tenían sus proveedores descargados.Uno de estos es un adolescente de apenas 15 años, señalado por la Policía de ser miembro de la banda ‘Los Costeños’. Su presunto cómplice capturado es un joven de 22 años identificado como Octavio Enrique Noriega Ortiz, quién ya estaba siendo buscado por autoridades por el homicidio de otra persona.“Dos presuntos integrantes de ‘los Costeños’ fueron capturados, dentro de estos se encuentra alias ‘Jonás’, quien ya poseía una orden de captura por el delito de homicidio en hechos ocurridos este mismo año en otro sector de la ciudad. En este procedimiento también se produce la incautación de dos armas de fuego las cuales fueron utilizadas para quitarle la vida a un menor de edad y heridas a dos personas más”, informó el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana.De acuerdo con información de la Policía, tanto el adolescente asesinado, como los dos adultos heridos formarían parte de la bandas delincuencial ‘Los Pepes’.
"No más engaños. Licencia ambiental ya". Con esta frase, pintada en un amplio lienzo, la comunidad de Juan de Acosta, Atlántico, protesta con bloqueos en la vía al Mar, que comunica a Barranquilla con Cartagena, para pedir a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que firme los permisos para que se puedan construir obras de protección costera que frenen la pérdida de playas. El mar, con cada ola, se adentra más y más a los kioscos y restaurantes que están sobre la playa, lo que afecta la comodidad de los turistas y, por consiguiente, la economía de los comerciantes de la zona, quienes ven reducidos sus ingresos por el inconformismo de los visitantes. Estos dicen estar en crisis, pues en zonas como el balneario de Santa Verónica, prácticamente no hay playa para caminar y disfrutar. César de la Asunción Molina, líder del sector, afirma que mientras la situación es cada vez es más crítica, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no da vía libre a la ejecución de obras de protección costera que podrían mitigar la emergencia, con la intervención, por ejemplo, de espolones, lo que son estructuras de piedras que van desde la playa hasta cierto punto, dentro del mar, para romper las olas y mitigar el avance del mar. "Estamos afectados todos tanto los dueños de negocios como empleados, porque la gente que llega se nos va porque el mar está metido dentro de los kioskos y al gente no tienen donde disfrutar en la arena. La gobernación ya ha hecho todas sus gestiones y ahora falta que se haga la parte desde el gobierno nacional", indicó el líder. Molina asegura que el bloqueo, que inició a las 8:30 de la mañana de este jueves, se mantendrán ahí, sobre la Vía al Mar, hasta que un representante del Gobierno los atienda y les garantice pronta solución a esta problemática.
Hasta su vivienda en el corregimiento de La Marizosa, en zona rural de Santa Rosa del Sur, llegaron por lo menos diez hombres fuertemente armados para secuestrar al líder social Luis Eduardo Bohórquez durante la mañana de este martes, 22 de julio.Bohórquez, quien actualmente es el presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de La Marizosa, es conocido por su trabajo en defensa de comunidades agromineras de esta región, y su activismo en favor de protección y conservación de la serranía de San Lucas.Desde que se conoció la retención forzosa de líder social, autoridades locales y organizaciones sociales han exigido su liberación.“Ciudadanos nos informaron de la retención en horas de la tarde y de inmediato se notificó a la Policía y el Ejército que activaron los respectivos protocolos. Desde la Gobernación de Bolívar rechazamos toda actuación violenta en contra de la población civil y exigimos que el señor Luis Eduardo sea reunido de nuevo con su familia”, señaló el secretario de seguridad de Bolívar, Manuel Berrio.La Defensoría del Pueblo condenó la acción violenta en contra del líder social, y también pidió su liberación inmediata.“Por más de ocho años, ha sido un actor clave en los diálogos comunitarios con Parques Nacionales para la protección de la Serranía de San Lucas. Este acto constituye una agresión contra la permanencia de las comunidades en el territorio y la labor de quienes construyen la paz”, indicaron.El Ministerio de Agricultura, por su parte, exigió a los grupos armados respeto por la vida y la integridad de Bohórquez.“Rechazamos con firmeza las acciones de violencia que involucran a población civil en el conflicto armado, en contra vía del derecho internacional humanitario, y hacemos un llamado urgente para que cesen estos hechos que ponen en riesgo a quienes defienden la vida, la tierra, y los derechos de sus comunidades”, añadieron.
Destitución e inhabilidad general para el ejercicio de cualquier cargo público por el término de 14 años es la sanción que impuso la Procuraduría General de la Nación al profesor Ismael Felipe Jiménez Riaño, por haber sostenido relaciones sexuales con estudiante menor de 14 años.El ente de control sostuvo que el docente incurrió en una “falta disciplinaria gravísima”, relacionada con acceso carnal abusivo y pornografía infantil, “al haber filmado el encuentro sexual sostenido con la estudiante en las instalaciones del colegio”, así como el abuso cometido “en un motel ubicado en el municipio de Soledad”, este último ocurrido el 28 de octubre de 2023.La Procuradora Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 1 confirmó el fallo de primera instancia proferido contra Jiménez Riaño, quien para la época de los hechos se desempeñaba como docente de una Institución Educativa Técnica.De esta manera, la Procuraduría califico la conducta de este profesor como falta gravísima a título de dolo.Otro caso similar en BarranquillaLa sanción de este profesor recuerda al caso reciente registrado en Barranquilla, donde el coordinador de un colegio fue enviado a la cárcel por abusar de una estudiante de 13 años, a la que accedió carnalmente con la complicidad de la abuela de la menor.El maestro, de 67 años, es señalado de valerse de su condición de directivo docente para presuntamente ofrecerle dinero a la familiar de la niña de 13 años, a cambio de sostener encuentros sexuales con la menor, abusos que se habrían repetido una y otra vez, entre diciembre de 2024 y febrero de este año, en la misma casa del docente.Este medio conoció que incluso en una ocasión, la abuela de la niña habría recibido un pago de 1 millón de pesos por permitir los encuentros sexuales con su nieta.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.