Cinco personas muertas y otras dos heridas fue el resultado de los ataques criminales que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla, por lo que las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para encontrar a los responsables de cada episodio.En el primero de esos casos fue baleado Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, momentos en los que departía junto con Josué David Martínez Altamar e Iván Antonio Hernández, de 36 y 39 años respectivamente, resultando ambos también heridos en el suceso.Tanto el fallecido como los dos heridos cuentan según la Policía Metropolitana con anotaciones judiciales, mientras que el sitio en el que ocurrió el atentado tiene injerencia de Los Costeños.Luis Padilla registra anotación judicial por el delito de estafa; Josué David Martínez Altamar por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado e Iván Antonio Hernández Ortega por acto sexual con menor de 14 años.Por otro lado, en la tercera etapa del barrio Nueva Esperanza de Soledad fue ultimado Andrés Felipe Coronado Caballero, a manos de sicarios en moto. Informaron las autoridades que tenía una anotación judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos. En ese sector también hay injerencia de la banda Los Costeños.La violencia llegó hasta el barrio Las Nieves de Barranquilla, donde Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años fue víctima de un atentado criminal en el que le propinaron cinco impactos de bala, uno de ellos en su cabeza.Las autoridades hablan de que esta persona sería presunto integrante de Los Costeños y que justamente era familiar de Michael Yordan Márquez Rosillo, quien perdió la vida en otro ataque ocurrido en ese mismo sector.Las balas se extendieron hacia los barrios Ciudadela 20 de Julio y San Luis, donde fueron asesinados Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, y Auber Fernando Lora Cárdenas, de 45.Pérez Pedraza estaba haciendo sus labores de vigilante informal cuando lo sorprendieron unos criminales en una moto. Registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.Asimismo, en la calle 92 con carrera 2C, fue interceptado cuando se bajaba de una motocicleta Lora Cárdenas. Tenía cinco anotaciones judiciales, entre las que destacan delitos como rebelión, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.
“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Una densa columna de humo que se elevó sobre el noroccidente de la capital encendió las alarmas en la tarde de este viernes 20 de febrero. El origen de la emergencia fue el reconocido restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense, ubicado en la calle 71A con carrera 30, en la localidad de Barrios Unidos, donde se registró un incendio estructural que obligó a la rápida intervención de los organismos de socorro.De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, las llamas comenzaron en el sistema de ductos del establecimiento, especialmente en la zona de cocina. Desde el primer momento, los equipos realizaron un ataque directo al fuego y aplicaron ventilación mecánica para evacuar el humo acumulado en el interior del local.La magnitud de la humareda generó preocupación entre residentes y comerciantes del sector, quienes compartieron videos en redes sociales donde se observa la espesa nube gris saliendo del inmueble. Sin embargo, pese a lo aparatoso de la escena, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni durante el incendio ni en las labores posteriores de control.Para atender la emergencia fue necesaria la movilización de tres máquinas y 25 unidades del cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron de manera coordinada para evitar que el fuego se propagara a construcciones vecinas. La rápida reacción fue clave para contener la conflagración en el punto de origen y minimizar los daños.Horas después, los Bomberos difundieron nuevas imágenes del interior del restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense. En las fotografías se aprecia a los uniformados inspeccionando los ductos y las áreas de preparación de alimentos, mientras utensilios y superficies aparecen cubiertos de hollín y residuos producto de la combustión. A pesar del impacto visual, la estructura general del establecimiento no presenta afectaciones de gran magnitud.En su balance final, la entidad reiteró que la situación fue controlada sin víctimas y destacó el compromiso institucional con la protección de la vida, el ambiente y el patrimonio de los ciudadanos. El caso ahora queda en manos de las autoridades competentes para establecer con precisión las causas que desencadenaron el incendio en el sistema de extracción.
Siguen las emergencias por lluvias en Antioquia en medio del complejo panorama que ya dejan más de 13 familias damnificadas, especialmente en la subregión de Urabá. Sin embargo, la más reciente se produjo en el Suroeste.Las intensas precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de varias quebradas y el colapso de buena parte de la red de alcantarillado en zona urbana produciendo inundaciones en viviendas y vías públicas de barrios como Moravia, La Plazuela, El Aleu y Buenos Aires.En este último sector también cedió un muro de la base militar. El capitán Julián Durango, comandante del Cuerpo de Bomberos de Urrao, indicó que cerca de 14 unidades atendieron la situación priorizando los puntos más críticos."Hemos priorizado los puntos más críticos, donde se genera, digamos estas emergencias, donde debe de ser priorizada la acción. Entiendo que todo el mundo necesita también la atención oportuna. Y también tenemos desplegados unas estrategias de monitoreo constante en algunos afluentes donde se nos están presentando crecientes súbitas", añadió Durango.Por su parte, el alcalde Nilson Barrera, solicitó a la ciudadanía mayor responsabilidad con la disposición de basuras y el cuidado de las zonas de drenaje de aguas en zonas comunes."Cuidar las alcantarillas, mantenerlas limpias, no arrojar basuras en la calle, porque miren que esto puede colapsar también el sistema de alcantarillado de un municipio. Entonces es cuidarnos entre todos. Vamos a estar muy atentos. El Comité Municipal del Riesgo está activo", señaló el mandatario.Tras la atención prioritaria de la emergencia, se espera que en las próximas horas se consolide el registro de damnificados y daños estructurales, así como las acciones a implementar para mitigar los impactos por la situación.
Como José Janir Escobar Bastidas fue identificado el labriego de 41 años que murió cuando ayudaba en las labores para apagar un voraz incendio de cobertura vegetal que amenaza importantes zonas de reserva y cultivos en el sector La Loma, del centro poblado de Maito, zona rural de Tarqui, Huila.El campesino, quien era habitante de la zona, falleció cuando, al parecer, en medio de las labores de extinción del fuego, cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea.“Lastimosamente, en la tarde de ayer (viernes) se presentó un incendio forestal en el centro poblado de Maito, zona rural del municipio de Tarqui. Era un incendio que amenazaba una zona de importancia. La comunidad inició labores de control y extinción mientras llegaba el personal de Bomberos y, en esa maniobra, lastimosamente una persona del sector que estaba vinculada a las labores de extinción cayó a un precipicio, perdiendo la vida de manera instantánea en el sitio”, confirmó el capitán Édison Fernández, delegado departamental de Bomberos Huila.Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Tarqui y del municipio de Timaná, que se sumaron a las labores de extinción y contención del incendio. Con apoyo de la comunidad, lograron ubicar el cuerpo, extraerlo y trasladarlo al centro poblado.“Es una noticia que enluta al departamento, una situación muy compleja. Es una persona que deja dos menores de edad huérfanos, y son situaciones que pueden presentarse por la complejidad de este tipo de eventos”, señaló el delegado departamental de Bomberos Huila.Ante esta lamentable situación, que deja una persona fallecida, los organismos de socorro reiteran que las quemas para la preparación de cultivos están prohibidas en el departamento.“El llamado a la comunidad es a evitar realizar quemas a cielo abierto. Recuerden que las quemas están prohibidas, pues situaciones como esta generan riesgos graves. Igualmente, pedimos a la comunidad que se abstenga de realizar este tipo de acciones y que, cuando apoyen en labores de extinción, prioricen siempre su seguridad para evitar que hechos como este se repitan en el departamento”, puntualizó.Este incendio forestal, que fue controlado por personal de bomberos con el apoyo de la comunidad, arrasó más de 10 hectáreas de cultivos y vegetación.
En Colombia, la cuota alimentaria no es un tema opcional ni depende de la buena voluntad. Es una obligación legal que deben asumir, sin excepción, padres y madres que no viven con sus hijos tras una separación.Ahora, un baldado de agua fría cayó para quienes pretendan evadir su responsabilidad, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejó claro que no habrá espacio para excusas ni dilaciones cuando se trate del bienestar de los menores.Ante ello, se aclara que la cuota alimentaria debe fijarse, preferiblemente mediante un acuerdo en la comisaría de familia del lugar donde reside el menor de edad. Allí se establecerá el valor mensual que uno de los progenitores debe consignar al otro para cubrir las necesidades del hijo.¿Qué debe incluir la cuota alimentaria en Colombia?No se trata únicamente de alimentación. El monto se define según los ingresos del padre o madre obligado y los gastos reales del menor. Dentro de la cuota se evalúan aspectos como:Alimentación.Servicios públicos.Arriendo, cuando aplique.Educación.Recreación y demás necesidades básicas.Pero no es lo único, pues existen gastos extraordinarios que deben asumirse por partes iguales entre ambos padres, como:Matrícula escolar.Uniformes y útiles.Gastos médicos ocasionales.El valor acordado también se ajusta anualmente conforme a lo pactado en el acta de conciliación, ya sea con base en el incremento del salario mínimo o en el IPC.ICBF ordena cuánto deben pagar si padre y madre no concilianCuando no existe acuerdo entre las partes, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar interviene. Si el progenitor citado se niega a conciliar o no asiste a la audiencia, el defensor de familia puede fijar una cuota provisional, incluso sin su consentimiento.Además, la norma contempla un escenario frecuente: cuando el padre o madre afirma que no trabaja. En ese caso, el ICBF presume que percibe al menos un salario mínimo legal vigente y con base en ello calcula el monto correspondiente.Con esto se busca que los menores no queden desprotegidos por maniobras dilatorias o excusas sin sustento. La cuota es un derecho del niño o la niña, no una negociación para favorecer a uno de los padres.Se acabaron las excusas para no responder por los hijosEl mensaje es claro: quiera o no, el padre o la madre debe asumir su responsabilidad. La intervención del ICBF refuerza la obligación legal y garantiza que, aun sin acuerdo, exista una cifra definida para proteger los derechos del menor.Más allá del trámite jurídico, el fondo del asunto es el bienestar de los hijos. La ley respalda ese principio y ahora las autoridades endurecen su postura frente a quienes intenten eludirlo.
La Justicia de Venezuela acordó las primeras 379 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía, anunció el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento y cumplimiento de la legislación.En una entrevista disponible este sábado en la web del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Arreaza indicó que la Fiscalía General introdujo las 379 solicitudes de amnistía ante los "tribunales competentes" para otorgarlas, y afirmó que los amnistiados debían ser excarcelados entre la noche del viernes y la mañana de este sábado."Así va a ser la dinámica en los próximos días", señaló.Según precisó, de las 379 solicitudes de amnistía, 371 son en Caracas, cinco en el estado Barinas (oeste), dos en Portuguesa (oeste) y una en Monagas (este).Gonzalo Himiob, director vicepresidente de la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, informó en X que su organización está verificando desde la madrugada de este sábado las primeras excarcelaciones derivadas de la legislación.La ley cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero específica 13 coyunturas políticas arrancando en 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 del los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.Este viernes se instaló en el Parlamento la comisión especial que dirige Arreaza para garantizar el cumplimiento de la amnistía.La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación en el Parlamento y pidió "celeridad" a esta comisión para revisar los casos "no contemplados" en la legislación.Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 detenidos por estos motivos podrían estar excluidos de la medida e informó que entregará a la comisión especial una primera lista para la revisión de 232 casos.Según sus registros, en Venezuela hay más de 600 presos políticos detenidos, tras la excarcelación de 448 personas desde el pasado 8 de enero.
Barranquilla también conmemoró los 215 años de la Independencia de Colombia en la tarde de este domingo con un gran desfile militar del que hicieron parte más de 1.600 hombres y mujeres que desfilaron por todo el Malecón del Río ante la mirada de cientos de barranquilleros y turistas.Entre los asistentes estuvo el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien habló de la necesidad de seguir haciendo todo lo posible por apoyar a las fuerzas militares en lo que necesiten.“Por eso es que hemos apoyado la realización de este gran evento militar en nuestro territorio, para que la gente sienta ese orgullo por nuestra patria, que vean que estamos debidamente protegidos a través de unas fuerzas militares que cada vez se especializan y se organizan mejor. Nosotros obviamente hacemos todo lo posible para que a ellos no les falte nada”, le declaró a Blu Radio.Desde vehículos, veteranos, carabineros, aviones y hasta caninos hicieron parte de esta cita que ya suma seis ediciones en la capital del Atlántico con la presencia del Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aeroespacial Colombiana y Policía NacionalDe hecho, el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó el desfile como una motivación para seguir trabajando por la ciudad.“Como particularidad tuvimos un acompañamiento muy importante de la comunidad y para nosotros es un factor muy motivante saber que la gente aún continúa confiando en la institucionalidad y eso nos impulsa cada día a seguir trabajando por ellos”, dijo inicialmente.“Seguiremos luchando contra las diferentes manifestaciones de criminalidad y la articulación será un eje fundamental para poderlo lograr. Pondremos todas nuestras capacidades para trabajar por Barranquilla y los municipios que son parte del área metropolitana. Fortaleceremos la investigación criminal para debilitar a estas estructuras que nos vienen afectando de manera importante a la ciudad”, finalizó.Cabe destacar que para este desfile hubo un cierre total de la avenida del Río, sector Gran Malecón, desde la rotonda del Corredor Portuario hasta el sector Puerta de Oro.
Con las autoridades haciendo una exhaustiva revisión piso a piso y los dueños de los apartamentos siendo entrevistados para realizar un censo de personas afectadas se encuentra en estos momentos el conjunto residencial que en Barranquilla fue epicentro de un incendio que acabó con la vida de tres personas y obligó al traslado a centros asistenciales de otras 45.Hasta allí llegó el secretario de gobierno del Distrito, Nelson Patrón, para confirmar que fueron 12 máquinas y 45 unidades del Cuerpo de Bomberos las utilizadas para esta emergencia en la que se evacuaron aproximadamente a 586 personas de 175 apartamentos.“La situación ha sido controlada. Sin embargo, los miembros del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla continúan haciendo seguimiento, revisando piso por piso y en espera de que los vapores minimicen y estén en las condiciones seguras para dar ingreso a cada uno de los propietarios a sus apartamentos”, dijo en un video a los medios.“La conflagración inició en la subestación eléctrica del edificio y logró afectar 16 vehículos, haciendo crecer las proporciones del siniestro. Desde la Oficina de Gestión del Riesgo, un equipo técnico está adelantando el censo de familias afectadas”, fue también lo que se afirmó desde un comunicado de la Alcaldía.Tanto residentes como autoridades dieron a conocer que las torres más afectadas por las llamas fueron las A y B, por lo que la recomendación es que por esta noche nadie duerma en dicho lugar, puesto que aún falta que la Oficina de Gestión del Riesgo del Distrito haga un informe de los daños internos.“Me avisan e inmediatamente bajé a donde estaba el incendio. Intenté manipular la cuestión con un extintor, quitar las tapas de los contadores, pero eso ya estaba caliente y yo no tenía herramientas ni nada. No pude hacer mucho. Se activaron las alarmas y demás, entonces tocó ayudar a evacuar a la gente hasta que llegaron los bomberos para hacer su trabajo”, dijo inicialmente a Blu Radio Joe Ramírez, miembro de la administración del conjunto residencial Flores del Recreo.“Ahora mismo están haciendo un censo de las personas por lo que todavía no se puede ingresar a las torres, obviamente quedaron con un olor a humo y están calientes. No habrá pase hasta que todo se calme, así que se autorizará el ingreso de una persona para sacar ropa y cosas personales, porque se cortó el agua, el gas, entonces queda un poco difícil quedarse en los apartamentos”, agregó.De igual manera, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, lamentó la tragedia por sus redes sociales y envió un mensaje de condolencias a las familias afectadas.
Un nuevo hecho de sicariato causa conmoción y alertas en la ciudad de Cartagena. Un conocido líder comunal fue asesinado en las últimas horas en zonas rural de la capital de Bolívar.Willy David Pérez Quiroz, de 45 años, quien actualmente se desempeñaba como presidente del sector Zarabamba del barrio Olaya Herrera, fue asesinado a tiros por un sujeto armado que lo abordó a plena luz del día en una vía de la vereda La Concordia en el corregimiento de Pasacaballos.De acuerdo al reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, Pérez Quiroz recibió un disparo en la axila derecha, y fue encontrado muerto en el lugar de los hechos.Tras conocerse el asesinato de Pérez Quiroz, otros líderes de la ciudad han condenado la acción criminal y piden a las autoridades dar con los responsables lo más pronto posible.“No podemos dejar de pronunciarnos y rechazar vilmente el asesinato del líder Willy Pérez, un excelente amigo, una persona preocupada por los temas de comunidad, una persona que lideró la afectación del relleno sanitario ‘Los cocos’ y que se perfilaba como representante del consejo comunitario; por eso le solicitamos al Gobierno nacional, a las autoridades, que capturen y judicialicen a los responsables, estas personas cobardes que hoy con las armas le quitan la vida a los líderes que solamente utilizan las ideas y sus manos para hacer las gestiones por la comunidad”, señaló a través de sus redes sociales el veedor ciudadano, Erick Urueta.Las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre los móviles detrás del asesinato del dirigente comunal.
Hay preocupación en Barranquilla por lo que fue un fuerte incendio que en las últimas horas se tomó dos de los bloques de un conjunto residencial llamado Flores del Recreo, y en el que tres personas terminaron perdiendo la vida, así como otras 45 más fueron trasladadas hasta diferentes centros asistenciales por inhalación de humo.De esa manera fue confirmado por el subcomandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, César Fonseca, quien además destacó que al tiempo de apaciguar el fuego se enfrentaron al reto de evacuar a cerca de 500 residentes.“Fueron alrededor de nueve vehículos de bomberos los que están trabajando acá desde las diferentes estaciones, ya que el motivo más fuerte para nosotros, además de la extinción de las llamas, es el propósito de evacuar a todo el personal. Son alrededor de 500 personas las que viven aquí en estos conjuntos, repartidas en 170 apartamentos”, declaró a los medios de comunicación.Blu Radio conoció que las víctimas fatales fueron identificadas como Wilson Mandón Castro, de 60 años, Yony De Jesús Espitia Jiménez y otra mujer al parecer llamada Giovana Rodríguez, de quienes aún no se tienen muchos datos.De igual manera, los reportes preliminares indican que las llamas se habrían derivado de un cortocircuito en una planta eléctrica que llegó inicialmente hasta un parqueadero en el que 15 automóviles quedaron bajo el fuego hasta alcanzar límites con los apartamentos.Las autoridades intentaron sacar a todo el personal al tiempo que controlaban la emergencia, pero terminó siendo más útil, según relatos, llevarlos hasta la azotea para controlar las llamas con mayor rapidez.Las personas trasladadas hoy se encuentran en las clínicas la Asunción, General del Norte, La Merced, San Martín y Portoazul, esta última ubicada en la frontera con el municipio de Puerto Colombia.
En medio del doloroso caso que conmociona a San Andrés, nuevas preguntas surgen en torno al hotel Portobelo Convention, donde fallecieron Tito Nelson Martínez Hernández, su esposa Viviana Andrea Canro Zuluaga y su hijo Matías, de cuatro años.Al respecto, hay quienes se preguntan si las reseñas públicas sobre el establecimiento ofrecían señales tempranas de los problemas que podrían haber contribuido a la tragedia.El pasado 11 de julio, los tres miembros de esta familia perdieron la vida en la habitación 404. Aunque las causas exactas están en investigación, se presume que una posible intoxicación por gases podría estar detrás del desenlace fatal.En ese contexto, cobran relevancia varios comentarios dejados por turistas en plataformas como Booking, TripAdvisor y Google.Estas son las reseñas del hotelEn Booking, por ejemplo, el hotel mantiene una calificación promedio de 6.6 sobre 10. Si bien algunos destacan su cercanía a la playa y zonas comerciales, otros critican aspectos como la limpieza, el estado de las instalaciones y, en particular, olores persistentes en las habitaciones.Un huésped señaló en noviembre de 2024: “Buena ubicación, pero las habitaciones tienen un olor a humedad que no desaparece”.Ese tipo de observaciones cobra un nuevo significado tras conocerse que Viviana Canro, antes de fallecer, habría enviado un audio en el que manifestaba su preocupación por un fuerte olor similar al moho. Solicitó el cambio de habitación, pero no fue posible debido a la alta ocupación del hotel.El establecimiento, por su parte, emitió un comunicado aclarando que las reservas fueron hechas en dos momentos distintos y ubicadas en edificios diferentes: los padres de Viviana se hospedaron en el hotel Tone II, mientras que ella, su esposo y el niño se alojaron en Portobelo Convention.También se confirmó que días antes del suceso, el hotel había sido fumigado. Esta información ha llevado a las autoridades a investigar a la empresa encargada del proceso, así como los productos utilizados, en busca de posibles vínculos con la causa de muerte.Autoridades continúan con las investigaciones para determinar la verdadera causa de esta tragedia que acabó con la vida de una familia.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.