La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió, el 18 de febrero, la resolución que autoriza la operación aduanera internacional en el Aeropuerto Los Garzones de Montería, un requisito indispensable para habilitar vuelos desde y hacia el exterior.Con esta decisión, la capital de Córdoba entra en una nueva etapa para concretar la apertura de rutas internacionales, en el marco de la estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer la conectividad aérea regional y ampliar las oportunidades económicas en el Caribe colombiano.A partir de esta decisión, el proceso para internacionalizar Los Garzones se enfocará en la asignación de trayectos y en los ajustes técnicos necesarios para cumplir con los estándares exigidos para vuelos internacionales.La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que se trata de un paso clave para la región: “Montería da hoy un paso firme hacia su conexión internacional. La autorización aduanera era un requisito clave y lo estamos cumpliendo con hechos. Seguimos avanzando para que Córdoba tenga rutas internacionales que impulsen el turismo, el comercio y la generación de empleo en toda la región”.En paralelo, la Aeronáutica Civil continúa el trabajo técnico para la asignación de rutas internacionales y el acompañamiento a las aerolíneas interesadas. También se adelantan adecuaciones operativas dentro del aeropuerto, entre ellas la habilitación de espacios para Migración Colombia, la implementación de circuitos diferenciados para pasajeros nacionales e internacionales y ajustes en protocolos y equipamiento.Este avance se suma a la reciente modernización del aeropuerto, que tuvo una inversión cercana a $4.350 millones en infraestructura y equipos necesarios para cumplir con los requisitos de internacionalización.Con la resolución aduanera ya expedida y, de concretarse las rutas, Montería se sumaría al grupo de ciudades intermedias con operación internacional directa del país.
Cinco personas muertas y otras dos heridas fue el resultado de los ataques criminales que se registraron en las últimas horas en el área metropolitana de Barranquilla, por lo que las autoridades ya iniciaron las respectivas investigaciones para encontrar a los responsables de cada episodio.En el primero de esos casos fue baleado Luis Fermín Padilla Alfaro, de 25 años, momentos en los que departía junto con Josué David Martínez Altamar e Iván Antonio Hernández, de 36 y 39 años respectivamente, resultando ambos también heridos en el suceso.Tanto el fallecido como los dos heridos cuentan según la Policía Metropolitana con anotaciones judiciales, mientras que el sitio en el que ocurrió el atentado tiene injerencia de Los Costeños.Luis Padilla registra anotación judicial por el delito de estafa; Josué David Martínez Altamar por porte ilegal de armas de fuego, hurto, amenazas, homicidio y hurto calificado e Iván Antonio Hernández Ortega por acto sexual con menor de 14 años.Por otro lado, en la tercera etapa del barrio Nueva Esperanza de Soledad fue ultimado Andrés Felipe Coronado Caballero, a manos de sicarios en moto. Informaron las autoridades que tenía una anotación judicial por el delito de aprovechamiento ilícito de recursos. En ese sector también hay injerencia de la banda Los Costeños.La violencia llegó hasta el barrio Las Nieves de Barranquilla, donde Alberto Mario Rosillo Pestaña, de 56 años fue víctima de un atentado criminal en el que le propinaron cinco impactos de bala, uno de ellos en su cabeza.Las autoridades hablan de que esta persona sería presunto integrante de Los Costeños y que justamente era familiar de Michael Yordan Márquez Rosillo, quien perdió la vida en otro ataque ocurrido en ese mismo sector.Las balas se extendieron hacia los barrios Ciudadela 20 de Julio y San Luis, donde fueron asesinados Óscar Wilson Pérez Pedraza, de 51 años, y Auber Fernando Lora Cárdenas, de 45.Pérez Pedraza estaba haciendo sus labores de vigilante informal cuando lo sorprendieron unos criminales en una moto. Registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar.Asimismo, en la calle 92 con carrera 2C, fue interceptado cuando se bajaba de una motocicleta Lora Cárdenas. Tenía cinco anotaciones judiciales, entre las que destacan delitos como rebelión, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y uso de documento falso.
“El campo colombiano no puede seguir siendo víctima de la violencia”, fueron las palabras con las que la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó a través de sus redes sociales el secuestro del ganadero Eli Plutarco Santamaría en zona rural de La Jagua de Ibirico, Cesar.Desde la Federación exigieron acciones inmediatas para su regreso sano y salvo, mientras que las autoridades competentes están verificando las posibles rutas de escape que tomaron sus captores.“Se trata del reconocido productor Eli Plutarco Santamaría , quien fue sacado por la fuerza de su finca ubicada en zona rural del municipio de la Jagua de Ibirico. Rechazamos y repudiamos de manera contundente este tipo de delitos que siguen golpeando al campo colombiano. No perdemos la esperanza de que la seguridad regrese a las zonas rurales y de que no tengamos que seguir informando hechos tan dolorosos para una familia y para el país. Lo necesitamos libre ya”, citaron en un comunicado.Por su parte, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, volvió a hablar sobre lo ocurrido:“Están desplegadas todas las tropas en lo que tiene que ver con La Jagua de Ibirico, Curumaní, Chiriguaná, y cercanías a Santa Isabel. Al parecer el vehículo en el cual se llevaron a este ganadero fue abandonado entre Curumaní y Chiriguaná. Fue abandonado zona rural obviamente”, declaró a medios de comunicación.Recordemos que cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.
Hasta en un 13 % se están incrementando los precios de los productos que desde Córdoba son enviados a la Gran Central de Abastos del Caribe, Granabastos, donde reportan con preocupación que el inusual frente frío que golpeó el Caribe durante el mes de febrero está teniendo un impacto directo en la calidad de los cargamentos que llegan hasta sus instalaciones por estos días.Comenta la gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, que las dificultades no solo son de recolección, sino también de transporte y distribución, por lo que, junto con los comerciantes, están haciendo un gran esfuerzo para mitigar el impacto al consumidor.“Hemos notado que los productos procedentes de Montería y de Córdoba han tenido unas afectaciones, como el plátano, la yuca y la mazorca, que, a pesar de la calidad que traían, se han disminuido también. Esto se nota por esa ola invernal que está padeciendo, lamentablemente, nuestro departamento de Córdoba”, dijo a Blu Radio la gerente.“Las condiciones derivadas de esta situación han impactado la oferta, generando ajustes en el mercado mayorista. No obstante, los comerciantes continúan realizando esfuerzos para garantizar el abastecimiento y mitigar el impacto en el consumidor final, manteniendo la dinámica comercial propia de la temporada”, agregó la entidad en un comunicado.Los productos provenientes de Córdoba no son los únicos afectados, pues la remolacha, el repollo, el pepino cohombro y la habichuela también tienen incrementos en sus precios por el clima que afectó en estos días a los Santanderes.La Gran Central de Abastos del Caribe cerró 2025 con un incremento del 17 % en su abastecimiento, por lo que logró articular gestiones para el envío de ayudas humanitarias a los campesinos en Córdoba.La gerente general de Granabastos, Esther Fabiola Elías, sostuvo que los incrementos en los precios no solo se deben a las consecuencias del clima en las diferentes regiones, sino también a la temporada de cosecha que terminó para varios de estos productos. Los ingresos de carga, mencionó, están funcionando de manera normal, pues para este fin de semana se reportó la llegada de aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.
El chance Sinuano Día continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y consultados en la región Caribe de Colombia. Su presencia en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico lo ha consolidado como una alternativa confiable para miles de apostadores que diariamente revisan los resultados oficiales con la ilusión de ganar.Número ganador del Sinuano Día hoy, sábado 21 de febrero de 2026El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 21 de febrero de 2026 es el 1742 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.Número ganador: 1742Dos últimas cifras: 42Tres últimas cifras: 742La quinta: 4Hora del sorteo del Sinuano DíaEl Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos fines de semana y festivos, lo que permite a los participantes tener oportunidades constantes de ganar.Los resultados oficiales se publican después de las 2:30 p. m., momento en el que los jugadores pueden comprobar si su número fue favorecido. La puntualidad en la publicación de resultados ha sido clave para fortalecer la credibilidad del sorteo.Modalidades de apuesta del Sinuano DíaEste chance ofrece diversas modalidades de juego, diseñadas para adaptarse a diferentes presupuestos y preferencias:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Esta variedad facilita la participación tanto de jugadores frecuentes como de quienes apuestan ocasionalmente.Cuánto cuesta jugar el Sinuano DíaEl valor de las apuestas es accesible y flexible, con montos que van desde $500 hasta $25.000 pesos colombianos. Esta característica permite que personas con diferentes presupuestos puedan participar.La facilidad de acceso ha sido un factor clave para mantener la vigencia del sorteo en la región Caribe y en otras zonas del país.Cómo reclamar un premio del Sinuano DíaPara cobrar un premio, los ganadores deben acudir a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Dependiendo del monto del premio, pueden solicitarse requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT diligenciado.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles.El Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más confiables y consultados del Caribe colombiano. Sus procesos regulados, horarios definidos y facilidad de participación refuerzan la confianza de miles de personas que revisan diariamente los resultados con la expectativa de ganar.
La Alcaldía de Bogotá decidió objetar por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad el Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, conocido como “Ruta por la Vida”, aprobado por el Concejo de la ciudad el pasado 5 de febrero. En consecuencia, el Distrito no sancionó la iniciativa y devolvió el texto a la corporación.La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a la secretaria general del Concejo, en la que la administración distrital argumenta que el proyecto va en contravía de disposiciones constitucionales y legales. La objeción se fundamenta en el artículo 23 del Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico de Bogotá, y en normas del reglamento interno del Concejo.El proyecto proponía crear una ruta dirigida a mujeres gestantes, lactantes y “la vida por nacer”. Su aprobación generó una fuerte controversia, especialmente por su posible impacto en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), despenalizada en Colombia hasta la semana 24 por decisión de la Corte Constitucional.En su concepto de no viabilidad, la Secretaría Distrital de la Mujer señaló que varias disposiciones del proyecto resultan incompatibles con el estándar constitucional sobre el derecho fundamental a la salud plena, los derechos sexuales y reproductivos y la autonomía reproductiva.Uno de los puntos centrales es el uso de la expresión “alternativas a la IVE”. Según la Secretaría, aunque esa frase aparece en la Sentencia C-055 de 2022, la Corte la utiliza para señalar que la penalización no es la única vía para proteger derechos y que deben existir políticas públicas integrales.Sin embargo, advierte que emplear esa expresión de manera aislada “rompe el enfoque integral del derecho a la salud plena y no satisface el estándar constitucional de protección de los derechos sexuales y reproductivos”.La entidad también subrayó que las y los funcionarios públicos tienen el deber de garantizar información completa, objetiva y basada en criterios técnicos y jurídicos vigentes, sin interferencias indebidas en las decisiones reproductivas de las mujeres. Favorecer enfoques parciales, advierte el concepto, “puede convertirse en una barrera para el ejercicio efectivo de los derechos, lo que no está permitido por la Corte Constitucional”.Otro de los argumentos expuestos por la Alcaldía es la falta de competencia del Distrito para regular aspectos relacionados con la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Según la Sentencia C-055 de 2022, la definición de la política pública en esta materia corresponde al Gobierno Nacional y al Congreso de la República.Esta decisión de la Alcaldía se conoce en el marco de la conmemoración de los cuatro años de la despenalización del aborto hasta la semana 24 en Colombia.Con la objeción formal, el proyecto deberá surtir el trámite correspondiente en el Concejo, mientras continúa la discusión jurídica y política sobre su alcance y viabilidad.
Estos menores entre los 14 y 17 años de edad lograron escapar del centro de entrenamiento que las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’ tienen en el sector del Naya, zona rural de Jamundí. Tras un recorrido de más de ocho días, lograron bajar de las montañas y encontrarse con el puesto del Ejército ubicado en el puente Valencia, que conecta a los departamentos de Valle y Cauca.Los jóvenes pidieron la ayuda de los soldados, asegurando que habían sido reclutados desde hacía más de un año, y que decidieron escapar cuando les anunciaron que serían enviados al Guaviare para apoyar a los frentes disidentes de esa región.Tres de estos menores fueron reclutados en Cali, y el cuarto fue sacado de una comunidad indígena del departamento del Cauca, con falsas promesas, donde les aseguraban iban a ganar hasta cinco millones de pesos. Sin embargo, al llegar al Naya, les quitaban los celulares y por varios días los dejaban sin comer."Inicialmente ellos vienen en buen estado de salud, ya nosotros los dejamos a disposición del Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia que son las entidades encargadas de restablecer sus derechos. Ya están haciéndoles los chequeos médicos", señaló general Hernando Africano, comandante de la Tercera División del Ejército.La Fuerza Pública en el suroccidente se encuentra en alerta ante el incremento de menores reclutados por las disidencias de mordisco, según el Ejército, el 70% de estos jóvenes provienen de las zonas vulnerables de Cali como el oriente y la ladera, además de Popayán, Jamundí y Suárez."Desafortunadamente esta estructura no limita región para el reclutamiento de menores, lo hace con niños en el Cauca, lo hace en el Valle, especialmente sobre el sector del Naya", añadió el general Africano.
Hay consternación en el corregimiento de San Cristóbal tras el macabro hallazgo en las últimas horas del cuerpo de una persona al interior de un costal.Los hechos ocurrieron en un sector del barrio La Loma conocido como ‘La Y de los Locos’, sobre la antigua vía al mar, donde ciudadanos reportaron a las autoridades el avistamiento de este contenedor.Según el informe oficial, tras la inspección policial a la zona, se identificó el costal blanco y con rastros de sangre que quedó en poder de las autoridades judiciales y forenses para determinar el sexo y la plena identidad de la víctima.No se descarta que este tipo de acciones estén relacionadas con casos de ajuste de cuentas entre grupos criminales, una de las hipótesis en la que ya trabajan las respectivas entidades para esclarecer lo ocurrido.Con este caso ya son 35 las muertes violentas en lo corrido del año en Medellín, un caso menos que durante el mismo periodo de 2025. De ese total, dos hechos se han registrado en el corregimiento de San Cristóbal.De igual manera, se trata de al menos el quinto caso de cuerpos sin vida hallados en algún tipo de contenedor durante lo que va del año en Antioquia. Los primeros cuatro se habían reportado a inicios de enero en municipios como Bello, Támesis y Copacabana.
El Dorado Tarde se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su cobertura nacional y la confianza que ha construido entre los jugadores lo han posicionado como una de las alternativas favoritas para quienes prueban su suerte diariamente.Número ganador del Dorado Tarde hoy, sábado 21 de febrero de 2026El número ganador del chance Dorado Tarde de este sábado 21 de febrero de 2026 es el 8365 - 9 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 8365Dos últimas cifras: 65Tres últimas: 365La quinta: 9Últimos sorteos de Dorado TardeSorteoFechaResultadoDorado Tarde20 febrero 20266059 - 8Dorado Tarde19 febrero 20268046 - 0Dorado Tarde18 febrero 20262148 - 3Dorado Tarde17 febrero 20261606 - 5Dorado Tarde16 febrero 20260973 - 5Dorado Tarde14 febrero 20262071 - 9Dorado Tarde13 febrero 20262700 - 0Dorado Tarde12 febrero 20264181 - 5Dorado Tarde11 febrero 20265369 - 2Dorado Tarde10 febrero 20266084 - 4Dorado Tarde9 febrero 20263703 - 6Modalidades de juego y plan de premiosEl Dorado Tarde ofrece varias opciones de apuesta que se adaptan a diferentes estrategias y presupuestos. El monto del premio depende del tipo de acierto y del valor apostado.De acuerdo con el plan oficial, por cada peso apostado se puede ganar:4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, lo que amplió las posibilidades de ganar premios adicionales y aumentó el interés de los participantes.Cómo reclamar un premio del Dorado TardeEl proceso de reclamación está diseñado para garantizar seguridad y transparencia. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben cobrarse en puntos autorizados.Para reclamar el premio, el ganador debe cumplir con estos requisitos:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de manera ágil y confiable.
La tarde de este viernes en una clínica Reina Catalina del municipio de Baranoa falleció Leisy Solvera Manotas, la mujer de 39 años que permanecía herida tras el ataque a bala cometido por hombres armados que ingresaron a una vivienda en el municipio de Ponedera el pasado miércoles de ceniza.Con esta muerte ya son tres las víctimas de este ataque criminal en el que también perdieron la vida un niño de solo dos años y otra mujer que respondía al nombre de Constanza Isabel Rivera Salas.El general Willia Rincón, director de la Policía Nacional, lamentó lo ocurrido e informó que fueron tres los delincuentes que ingresaron al inmueble y cometieron este múltiple homicidio. El oficial enfatizó que un equipo especial de la institución está designado para esclarecer este hecho."Allí se trató de tres sujetos que llegaron en una motocicleta, una casa, una vivienda con un fin criminal de asesinar a una persona. Cuando esta persona abre la puerta de su casa, le disparan, hacen varios disparos, uno de ellos termina herida, otra persona termina muerta y de igual manera el niño de 2 años también termina asesinado. Por supuesto, hemos dispuesto todas nuestras capacidades de inteligencia, policía judicial con nuestra Fiscalía General de la Nación, no solamente para identificar estos sujetos, sino también para judicializarlos y, por supuesto, llevarlos a buen recaudo de las autoridades", precisó el alto oficial. Del mismo modo, el ministro de defensa, Pedro Sánchez expresó su rechazo sus condolencias por este hecho y afirmó que detrás estarían carteles de narcotráfico."Es un dolor muy profundo, que muestra también una realidad de unas personas que ya tienen una degradación demasiado alta, son carteles de narcotráfico, que no les interesa la vida, no les importa la vida", indicó el ministro.Entre tanto, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, reiteró la recompensa de hasta 30 millones de pesos a quién dé información que permita capturar a los responsables.
Tras un consejo de seguridad que se realizó en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el ministro de Defensa Pedro Sánchez anunció que se intensificará la persecusión contra los cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, quienes estarían dinamizando delitos como la extorsión, el homicidio y el tráfico de drogas en todo el departamento.El ministro indicó que si estos delincuentes no se desmovilizan caerá sobre ellos todo el paso del Estado que irá detrás de estos criminales por quienes están ofreciendo recompensas de entre 64 y 140 millones de pesos."Es evidente que iremos detrás de los cabecillas, de los principales criminales. Por alias 'Carlos Muleta', del GDO Los costeños, una recompensa de hasta 140 millones de pesos; por a alias 'Ricostilla', segundo cabecilla de GDO Los Costenos, hasta 64 millones de pesos; por alias 'Caín', cabecilla visible del GDO Los Pepes, hasta 140 millones de pesos; por alias 'Flubio', del GDO Los Pepes, hasta 64 millones de pesos. Si tiene información, llame al 157, el Estado colombiano, todo el Estado, todo lo que sea necesario, lo emplearemos para neutralizar estas amenazas. Atlántico no está solo, toda la fuerza pública está con ellos", puntualizó Sánchez. El ministro indicó que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, implementaron el Plan Cazador, una estrategia dirigida a desarticular estructuras delictivas que están disparando algunos delitos en el Atlántico y de manera complementaria, se presentó el Plan Escudo Territorial por la Vida, enfocado en intervenir los municipios con incrementos en homicidios y hurtos.Así mismo señalaron que una parte significativa de la extorsión y otros delitos se origina desde centros de reclusión. Por ello, junto con el Ministerio de Justicia y el INPEC afirmó que se adelantan acciones para evitar que cárceles y centros de detención se conviertan en dinamizadores o “escuelas del crimen”.“Debe revisarse muy bien cómo está el hacinamiento en las cárceles, que ya se hizo un análisis para que se resocialice y los privados de la libertad no salgan peor de lo que ingresaron”, expresó.
El ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció sobre la investigación que derivó en la destitución del general de la Policía Edwin Urrego, señalando que la seguridad del presidente Gustavo Petro es una prioridad nacional y que se están empleando todas las capacidades institucionales para garantizarla. En este sentido, el jefe de la cartera explicó que, en el marco del proceso investigativo, fue convocada una junta de inteligencia, cuyas conclusiones tienen carácter reservado y serán presentadas directamente al presidente Petro en un Consejo de Seguridad y Paz que se realizará próximamente.El ministro insistió en que las pesquisas están siendo adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, al tiempo en que invitó a la comunidad a que cualquier información que tengan al respecto la den a conocer a las autoridades bajo absoluta reserva.“Las investigaciones las está adelantando la Fiscalía General de la Nación y aquí es importantísimo conocer qué pasó, quiénes están detrás de todo ello. Por ello los invito a todos los colombianos, a quienes lleguen a conocer absolutamente algo de eso, que no duden en informarme, que llamen al 157. Hay absoluta reserva, pero absoluta reserva es absoluta. Eso es un tema supremamente serio, delicado que necesitamos llegar a fondo”, enfatizó. Finalmente, subrayó que se trata de un asunto “sumamente serio y delicado” que exige llegar al fondo de lo ocurrido para proteger la seguridad institucional y la estabilidad del país.
Tras conocerse la decisión por parte del Gobierno nacional que ordenó el cierre indefinido del Parque Nacional Natural Tayrona al igual que la prohibición del ingreso de visitantes por condiciones de riesgo público, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales le pide al Gobierno soluciones urgentes de reapertura pues la economía y el turismo local podría verse afectado.Por medio de un comunicado Asocapitales aseguró que esta medida tiene un fuerte impacto en la economía, el turismo y las comunidades de Santa Marta, pues solo en 2024 este parque recibió más de 500.000 visitantes y además es considerado como uno de los principales destinos naturales que tiene el país.Aunque la asociación reconoce que garantizar la seguridad es una prioridad, el cierre prolongado de este espacio afecta el empleo, el comercio y la confianza internacional en Colombia como destino turístico.Es por esto por lo que le pide al Gobierno nacional agilizar los mecanismos de concertación, garantizar las condiciones de seguridad y proteger la economía local, además, de manifestar su disposición para acompañar institucionalmente las acciones necesarias para recuperar la normalidad y salvaguardar este parque estratégico a nivel nacional.¿Cuáles son las situaciones que llevaron al cierre del parque?El cierre temporal del Parque Nacional Natural de Tayrona responde a una medida preventiva adoptada desde el gobierno para proteger la vida y la integridad de los visitantes, comunidades y funcionarios.Esto debido a varias situaciones recientes registradas en los accesos y sectores de esta área protegida. El pasado 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, adelantaron una intervención orientada al cumplimiento de medidas preventivas frente a ocupaciones y construcciones no autorizadas dentro de la zona. Situación que desencadeno en una serie de amenazas por medio de redes sociales contra el personal del parque, así como algunos actos de intimidación en los accesos.Además, el lunes 16 de febrero, se registraron bloqueos en el ingreso de El Zaino y en los accesos como Neguanje.Por esta razón, para elGgobierno esta medida es indispensable para priorizar la protección de los derechos fundamentales de esta comunidad.
Unidades de la Décima Brigada del Ejército Nacional y el Gaula de la Policía están tras la pista en estos momentos de los responsables del secuestro de un conocido ganadero llamado Plutarco Santamaría, a quien sorprendieron en su propia finca ubicada en zona rural de La Jagua de Ibirico, en Cesar.Al parecer, cuatro hombres armados ingresaron a su finca y lo sacaron de allí dentro de su propio vehículo, aunque este fue abandonado en esa misma jurisdicción. El primero en hablar al respecto fue el alcalde Leonardo Hernández Cataño, a través de sus redes sociales.“Rechazo el secuestro del señor Plutarco Santamaría Guarín. Pedimos a los captores respetar la vida de un ciudadano de bien y devolverlo a su familia. Solicito al Gaula y al Ejército una acción inmediata frente a este hecho de inseguridad”, fueron sus palabras en la plataforma de X.La Gobernación del Cesar fue la siguiente en pronunciarse, exigiendo respeto por su integridad física: “A través de un Puesto de Mando Unificado permanente, en articulación con la fuerza pública y el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, hacemos frente al secuestro del que resultó víctima Plutarco Santamaría. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan rechaza este acto contra la libertad y exige el respeto por la integridad del ciudadano. Al mismo tiempo, se mantiene contacto con la familia del secuestrado”.Precisamente, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, habló con medios de comunicación sobre este caso. Apuntó que, hasta el momento, no tienen indicios de cuál pudo ser el grupo criminal que adelantó su secuestro.“Tenemos que rechazar muy fuerte, de parte de la Gobernación del Cesar, un secuestro que se presentó anoche. Nos acabamos de enterar. Cuatro hombres fuertemente armados entran a la finca del ganadero y lo llevan en su propio vehículo. Posteriormente, se ha encontrado abandonado el vehículo en la misma jurisdicción de ese sector”, dijo inicialmente.“Estamos rodeando a todos los familiares del ganadero Plutarco Santamaría, su esposa está con el alcalde Leonardo Hernández. Coordinamos su búsqueda en la parte rural de todo ese sector.No sabemos qué grupo sea el que haya privado, coartado la libertad de la víctima. Nos encontramos en esta etapa pendiente de que ellos nos puedan dar más información”, concluyó.
El presidente Gustavo Petro oficializó este miércoles el nombramiento de Ingris Padilla como gobernadora encargada del Magdalena, luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Rafael Martínez. La decisión quedó en firme con el Decreto 0923 del 20 de agosto de 2025, que establece que Padilla estará al frente de la administración departamental hasta que se convoquen y realicen elecciones atípicas.Padilla, quien integraba la terna enviada por el movimiento político Fuerza Ciudadana, fue seleccionada entre las tres opciones presentadas al jefe de Estado tras el fallo judicial. Con este encargo, el Gobierno Nacional garantiza la continuidad administrativa en el departamento, en medio de la incertidumbre política que dejó la salida de Martínez.La designación se produce apenas unos días después de que la colectividad naranja presentara los nombres de Ingris Padilla, Jorge Bolaños y Efraín Vargas como sus candidatos para la terna, en un proceso que generó expectativa en el escenario político regional.El nombramiento de Ingris Padilla representa un triunfo para Fuerza Ciudadana, movimiento que mantiene el control de la Gobernación pese a la anulación de la elección de su líder, Rafael Martínez. Para la colectividad fundada por el exalcalde Carlos Caicedo, la decisión presidencial no solo asegura la continuidad de su proyecto político en el Magdalena, sino que también le otorga margen de maniobra para reorganizar sus fuerzas de cara a las elecciones atípicas.En términos prácticos, el encargo de Padilla le permite al movimiento conservar gobernabilidad y capacidad de gestión en el corto plazo, enviando un mensaje de cohesión interna frente a la crisis. Sin embargo, también abre un nuevo escenario de competencia política en el departamento, donde otros sectores buscarán capitalizar el desgaste de Fuerza Ciudadana para disputarle el poder en las urnas.Con este decreto, el presidente Petro evita un vacío institucional y, al mismo tiempo, reconoce el peso político de la colectividad, que hoy sigue siendo determinante en la vida pública del Magdalena.
Este domingo, 24 de agosto, 98.687 personas finalmente podrán presentar sus pruebas escritas para aspirar a los 4.000 empleos que está ofertando la Fiscalía General de la Nación a través de un concurso de méritos.Hasta hace unas horas, la realización del examen estaba en veremos por la suspensión provisional que había ordenado la jueza Novena Laboral del Circuito de Barranquilla, Amalia Rondón, en respuesta a una tutela presentada por el ciudadano Nelson Uribe Martínez, quien aspira al proceso, pero no fue aceptado para presentar la prueba, debido a que la Universidad Libre, que es el operador a cargo de la organización del concurso, consideró que él no tenía la experiencia laboral que se solicitaba para el cargo.Sin embargo, en una nueva decisión tomada este miércoles, la misma jueza Rondón levantó la suspensión y dio vía libre a la aplicación de las pruebas a nivel nacional este domingo, eso sí, antes “ordena a la Fiscalía General de la Nación y a la Universidad Libre que garanticen la participación del señor Nelson Uribe Martínez en el examen programado para el día 24 de agosto de 2025”.Además, en su decisión la jueza advierte “a las partes intervinientes que la participación del accionante en la prueba referida, así como en las fases subsiguientes del concurso, tendrá un carácter estrictamente provisional. La consolidación y validez de sus resultados estarán supeditadas a la decisión definitiva que se adopte en la presente acción de tutela”.Desde la Fiscalía celebran esta decisión, teniendo en cuenta que la sola organización de las pruebas, que se adelantarán en las 32 ciudades capitales del país, ha requerido la inversión de $5 mil millones de pesos."Para la Fiscalía, la modulación concedida ofrece un punto de equilibrio entre la garantía del derecho individual del accionante y la necesidad de preservar los principios de mérito, igualdad y economía que orientan los concursos públicos. De esta forma, se evitó que la tutela, en lugar de proteger, generara efectos desproporcionados que afectaban a los miles de aspirantes a ocupar los cargos de carrera en la Fiscalía General de la Nación, se preservó la validez técnica de la prueba y se impidieron perjuicios económicos y logísticos de gran magnitud al Estado", dijo la entidad.La jueza había sido ampliamente cuestionada por la suspensión provisional que había ordenado inicialmente, pues se conoció que ella también se inscribió al concurso, pero, al igual que el tutelante, también fue inadmitida por no tener el total de los requisitos de la experiencia laboral. Desde la Fiscalía, inclusive, habían considerado que una decisión en sentido favorable podría "conllevar directamente a un interés particular”, pues ella se vería beneficiada y podría acceder a la convocatoria.A su vez, desde la Comisión Nacional de Disciplina Judicial evalúan el caso y será la magistrada Yessica Paola Guerrero García, quien decidirá si hay apertura formal de investigación disciplinaria.
La Sala Especial de la Corte Constitucional, que le hace seguimiento a la sentencia T-302, que busca garantizar la vida de la población wayúu de La Guajira, le hizo reparos por bajo cumplimento a las acciones del gobierno para garantizar la seguridad alimentaria de la niñez guajira."Muy pero muy corto, no han cumplido, esa es la palabra, no ha cumplido el Gobierno nacional, no ha solucionado el tema alimentario de fondo, los niños se siguen muriendo por desnutrición y el abandono sigue, es decir, le ha quedado corto al Estado esta problemática de la sentencia T-302", dijo Eudes Romero, líder social de la comunidad Villa Fátima, ubicada en zona rural de Riohacha.Lo que dice la CorteSegún la Corte Constitucional, hay desequilibrio entre las acciones del Gobierno nacional y los municipios para garantizar la seguridad alimentaria. No hay un plan para superar el asistencialismo y las inversiones hasta ahora reportadas no han garantizado la seguridad alimentaria de los niños."No es mentira que nuestros niños cada día se mueren de hambre y sed por el abandono estatal, no es mentira cuando la Corte Constitucional determina que estamos en una crisis humanitaria", explicó José Silva, director de la ONG de Derechos Humanos 'Nación Wayúu'.El gobernador de La Guajira creó el fondo de seguridad alimentaria con el que han entregado más 400 toneladas de alimentos en la alta Guajira, pero dice que necesita más apoyo del Gobierno nacional."El llamado es clave, es avanzar en temas estructurales, la importancia de las vías y fortalecer el fondo de seguridad alimentaria que el año pasado logramos constituir en el departamento, los esfuerzos son necesarios para atender en el menor tiempo posible las necesidades de nuestra gente", dijo Jairo Aguilar Deluque, gobernador de La Guajira.La Sala de la Corte calificó de "inadmisible" que, tras siete años de notificada la sentencia, todavía la cifras de niños con desnutrición y de mortalidad infantil no hayan cedido considerablemente.
Un preocupante caso de fraude en el sistema de salud fue denunciado ante la Fiscalía por la EPS Cajacopi, quién detectó que una de sus afiliadas intentó adquirir medicamentos de alto valor sin que estos fueran prescritos por un médico.El hecho ocurrió en el municipio de Soledad, Atlántico, y ha encendido las alarmas sobre un posible cartel dedicado a cometer fraudes con la falsificación de fórmulas médicas en otras regiones del país.Según la EPS, la mujer con el documento falso, solicitó la entrega de 270 esporas de bacillus, las cuales son utilizadas para restaurar la flora intestinal en pacientes con alteraciones gastrointestinales, cuyo valor oscila entre los $6 millones de pesos. Millonario valor del medicamentoAdemás buscaba que le entregaran cuatro jeringas de etanercept, un medicamento inmunosupresor indicado para enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. El valor de las cuatro jeringas está alrededor de los 12 millones de pesos.El gerente general de Cajacopi EPS, Roberto Solano Navarra, indicó que la mujer falsificó la fórmula médica para hacer creer que había sido atendida el 7 de junio pasado en su IPS local ordenándose los medicamentos."El intento de fraude fue detectado gracias a la verificación conjunta entre nuestro operador farmacéutico y el equipo técnico de Caja Coppel EPS que contrastó la información con la institución de salud supuestamente emisora de la orden médica. La investigación confirmó que la consulta y la prescripción nunca ocurrieron, lo que evidencia un intento de engaño al sistema", informó Solano. Cajacopi EPS interpuso denuncia formal por los presuntos delitos de falsedad en documento privado, estafa agravada y concierto para delinquir, solicitando que se investigue a fondo y se identifique a todos los responsables.En respuesta al caso, la EPS anunció que implementará la presentación obligatoria del documento de identidad original como nuevo requisito para la entrega de medicamentos en toda su red. Esta medida busca prevenir la suplantación de identidad y evitar que fármacos lleguen a personas no autorizadas o con fórmulas falsas.
Los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta –Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo– encendieron las alarmas tras la decisión del Consejo de Estado de declarar la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma que había ampliado y precisado la llamada ‘Línea Negra’, el sistema de 348 sitios sagrados que delimitan su territorio ancestral alrededor de la Sierra.El alto tribunal tumbó el decreto al resolver una demanda de nulidad y considerar que la norma presentaba vicios en su expedición, entre ellos la falta de garantías suficientes de participación para otros actores del territorio y cuestionamientos sobre sus soportes técnicos y cartográficos. La decisión implica, en la práctica, la caída de la figura jurídica que reconocía esos espacios sagrados como un sistema integrado de protección espiritual y ambiental.Desde la Sierra, la lideresa indígena Margarita Villafañe dijo que la noticia fue recibida “con mucha preocupación”, porque –asegura– la nulidad del decreto “atenta contra nuestra cultura y nuestro territorio ancestral y espiritual, que es lo que le da vida en el tiempo”. Para ella, el fallo “es una manera de barrer históricamente a los cuatro pueblos descendientes de los tayrona” y supone un retroceso que los devuelve “a la época de la Colonia”.La Línea Negra es, para estos pueblos, mucho más que un límite en el mapa: es la delimitación espiritual que conecta la Sierra, los ríos, la franja costera y 348 puntos sagrados que, según su cosmovisión, unen el mundo material con el espiritual. En esos lugares se realizan pagamentos espirituales, rituales y prácticas que, explican, sostienen el equilibrio del territorio que ellos llaman el ‘Corazón del Mundo’.Los líderes indígenas no se oponen a que se revisen los procedimientos del decreto, pero piden que cualquier decisión tenga en cuenta su voz y sus derechos. Por eso, Villafañe hizo un llamado al Gobierno nacional y a las altas cortes para que se reabra la discusión con enfoque intercultural y de protección reforzada.“Lo mínimo es que se revise esta decisión y se nos escuche. La Línea Negra no es un capricho, es la base de nuestra existencia como pueblos”, insistió.Organizaciones indígenas y de derechos humanos han advertido que la nulidad del Decreto 1500 podría debilitar la protección de estos espacios frente a proyectos turísticos, extractivos o de infraestructura, y reclaman que el Estado garantice que, más allá de los debates jurídicos, se mantengan mecanismos claros para salvaguardar los lugares sagrados y la autonomía territorial de los pueblos de la Sierra Nevada.
En el marco del Espacio de Conversación Sociojurídico, el Gobierno nacional y la estructura armada definieron una hoja de ruta para disminuir homicidios, frenar el reclutamiento de menores y evitar que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada interfieran en programas y proyectos oficiales. Sobre el papel, se trata de un paso clave hacia la desescalada del conflicto en la región Caribe. Pero en el territorio la lectura es más cautelosa.“Es importante que haya avances y mecanismos de pacificación; cualquier cosa que disminuya la violencia será bien recibida”, reconoce el defensor de derechos humanos Lerber Dimas. Sin embargo, asegura que el problema no está en lo que se firma, sino en lo que no se verifica. Recuerda que ya hubo anuncios previos de las ACSN, como el compromiso de crear entornos protectores para niños, niñas y adolescentes y la promesa de no reclutarlos, así como una declaratoria de tres meses sin cobro de extorsiones en Santa Marta y otros municipios.“Esos acuerdos nunca tuvieron un mecanismo serio de monitoreo. No hubo seguimiento ni evaluación, ni un documento técnico que dijera si se cumplieron total o parcialmente. Por eso hoy estamos firmando de nuevo cosas que ya se habían anunciado antes”, cuestiona Dimas, quien insiste en que cualquier nuevo pacto debe ir acompañado de indicadores claros, mediciones periódicas y participación de la sociedad civil en la veeduría.El defensor también pone sobre la mesa una lectura incómoda: la reducción de homicidios en Santa Marta, Ciénaga y Palomino no necesariamente significa paz, sino que, en su concepto, refleja la consolidación de un solo actor armado con control territorial. “Cuando no hay disputa entre grupos, bajan los homicidios, pero se disparan delitos como la extorsión. Eso también hay que medirlo y ponerlo dentro del análisis de estos acuerdos”, advierte.Desde otra orilla, pero en la misma línea de preocupación, el ambientalista y defensor de derechos humanos Luis Miguel Moisés celebra que se empiece a hablar de un “verdadero proceso de sometimiento” de las ACSN, pero lanza una exigencia directa: sin monitoreo en terreno y sin freno a la extorsión, no habrá cambios de fondo.“Celebro que se aterrice un proceso que permita a este grupo someterse a la ley, pero tiene que haber monitoreo de la sociedad civil. Aquí hay liderazgos y plataformas de derechos humanos que han estudiado el conflicto y deben ser parte del seguimiento”, señala. Y envía un mensaje frontal a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra: “Deben dejar de extorsionar. En los comunicados dicen que no lo hacen, pero todos en Santa Marta saben que cobran, desde el mototaxista y el vendedor de carretilla hasta los restaurantes y grandes negocios”.Para Moisés, cada peso que pasa “de la legalidad a la ilegalidad” alimenta el conflicto y vacía de contenido cualquier apuesta de paz. Por eso, tanto él como otros defensores piden que el Gobierno nacional, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y los acompañantes internacionales del proceso garanticen que habrá verificación independiente, participación comunitaria y consecuencias claras en caso de incumplimiento.
Bomberos Dibulla y de Santa Marta tratan de controlar un incendio reportado en el interior de un hotel en zona turística de Mendihuaca, Magdalena.Aunque permanecen en el sitio de la emergencia, en las imágenes compartidas por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia a través de X se observa cómo las llamas consumieron establecimientos de alojamientos de varios pisos. Preliminarmente, según ha podido conocer Blu Radio, las pérdidas ascenderían a los mil millones de pesos.Cabe resaltar también que, de momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni muertas. Tampoco se han entregado versiones preliminares sobre qué pudo haber ocasionado la conflagración.Nueva emergencia en Santa MartaEsta emergencia se produce, además, en medio de la desconexión vial que afrontan, hace más de tres semanas, precisamente los departamentos de Magdalena y La Guajira, luego de lo que fue la caída del Puente Mendihuaca, que también ha generado reducciones en el turismo.En este caso se espera que, en al menos una semana, se pueda reestablecer el paso, de manera controalda, luego de que autoridades realicen la instalación de un puente provisional cuya construcción que comenzó el pasado domingo y la cual tardaría 8 días aproximadamente.
El predio Doble Cero, de 370 hectáreas, y un bien rural de otras 109 hectáreas ubicados en Montería, que en el pasado fueron propiedad de los hermanos Fidel y Vicente Castaño Gil, fundadores de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, pasarán a manos de familias campesinas que lo perdieron todo debido a las recientes inundaciones en Córdoba.Estos predios, ubicados en las veredas Jaraquiel y El Guineo y que tras un proceso en el Tribunal de Justicia y Paz fueron entregados por alias ‘Mono Leche’ para la reparación de víctimas, fueron recuperados por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “para que estos suelos de alta aptitud productiva se conviertan en el nuevo hogar de familias campesinas damnificadas”.Los estudios técnicos de la ANT confirman que “el bien Doble Cero cuenta con una fertilidad óptima (97 % de capacidad agrológica)".Le puede interesar: Gobierno dice que no necesita ayuda internacional para superar emergencia en Córdoba"Su suelo es altamente apto para cultivos de alto rendimiento, como cacao, y para proyectos de avicultura y piscicultura, lo que garantiza que las familias reubicadas no solo tengan un techo seguro, sino también una base sólida para la soberanía alimentaria”.De otra parte, la ANT trabaja con comunidades en la identificación de puntos críticos en ciénagas para atender la actual emergencia que se registra por inundaciones.
Desde la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) advierten que, pese a lo “compleja y costosa” que resulta esta labor, la entidad cada vez está más “sometida a limitaciones presupuestales muy grandes que hacen muy difícil tener los recursos logísticos, tecnológicos y de personal para atender todas las necesidades de la búsqueda”.Desde la rendición de cuentas liderada este viernes en Barranquilla, la directora general de la UBPD, Luz Janeth Forero, reconoció que el primer reto que afronta la entidad es precisamente el gran universo de personas que hay que buscar y que resultan “demasiadas para una capacidad institucional relativamente limitada”."La entidad tiene asignados alrededor de 200.000 millones, pero del anteproyecto que pasamos, tanto a Planeación como al Ministerio de Hacienda, siempre tenemos un déficit al año de $25.000.000 a $30.000.000 millones que nos dejan de dar de acuerdo con nuestro presupuesto. Ya la entidad acumula un déficit histórico que puede estar alrededor de los 200 mil millones de pesos", indicó Forero.La funcionaria destaca que la UBPD ha elevado al 75% la efectividad de recuperación de cuerpos; sin embargo, son muchos los retos que enfrenta la entidad para hacer su labor, como los contextos mismos en los que se ha dado la desaparición, la cual varía con los años; la conectividad con los territorios distantes y, por supuesto, la violencia liderada por grupos armados que dificultan la labor, pues toca hacer el trabajo humanitario en medio de confrontaciones y eso pone en riesgo al personal.¿Cómo avanza la búsqueda de desaparecidos en el Caribe?En la región Caribe, existe un universo de 18.882 personas desaparecidas, siendo el departamento de Cesar el que mayor número de desapariciones reporta a la fecha. En el departamento del Atlántico, el universo en este momento es de 1.436 personas, sin embargo, la búsqueda se extiende al Magdalena, indicó la directora territorial de la UBPD, Carmelis Arrieta."Es importante mencionar que el Atlántico tiene un plan regional de búsqueda que no solo involucra al departamento, sino también a los municipios que están en la ribera del Magdalena, como Sitionuevo, Remolino, El Piñón y Pivijay, que permiten entender la dinámica de la desaparición en esta zona del país, específicamente en el Atlántico y la relación que ha tenido históricamente con la margen del río Magdalena", explicó Arrieta.Agregó que en una reciente intervención realizada por la Unidad de Búsqueda se lograron recuperar 13 cuerpos el cementerio Calancala de Barranquilla y la labor continúa este año en ese mismo camposanto, donde “según las investigaciones hay un gran número de cuerpos no identificados que también corresponden a la dinámica de desaparición forzada en esta zona”.Sin embargo, hay que resaltar que en medio de esta ardua tarea en el Caribe se ha logrado hallar con vida a 40 personas que habían sido dadas por desaparecidas, una de ellas fue encontraba en Barranquilla.
Una suspensión por 90 días fue la que ordenó la Procuraduría General de la Nación en contra de Julio César De Los Reyes Cabarcas, exgerente del Hospital de Ponedera, Atlántico, como sanción disciplinaria “por ordenar el embargo y la retención de recursos de la Empresa Promotora de Salud (EPS), Coosalud, sin tener competencia para adelantar este procedimiento”.El ente de control informó que De Los Reyes, quien fungió como gerente en el periodo comprendido entre 2020 y 2023, realizó un cobro coactivo por 998.423.011 millones de pesos, “desconociendo las normas que rigen el Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente el principio de inembargabilidad de sus recursos”.En el fallo emitido en segunda instancia, la Procuraduría dejó claro que “las Empresas Sociales del Estado no están habilitadas para ejercer cobro coactivo en el marco de sus relaciones comerciales, por lo que deben acudir ante la jurisdicción competente”.De esta manera, “la falta del exfuncionario fue calificada como grave a título de culpa grave y la sanción fue convertida en salarios, por cuanto ya no ejerce función pública”, precisó el ente de control.