Recientemente se conoció que Andrés Vásquez, candidato al Senado de la República por el Partido Conservador, se encuentra desaparecido en el municipio de Pelaya, al sur del Cesar.Según lo revelado hasta ahora, el aspirante político, procedente de Bucaramanga, estaba en el municipio de Pelaya visitando a su padre. Sobre las seis de la mañana del miércoles 25 de febrero, cuando se disponía a viajar a Aguachica para una reunión, sus familiares notaron que el vehículo seguía estacionado y, al verificar la situación, hallaron las pertenencias del candidato y las puertas del vehículo abiertas.Así mismo, el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel, señaló que la situación es analizada en conjunto con la Policía Nacional y el Ejército Nacional en la zona, para establecer si tendría relación con un posible secuestro.De hecho, el medio El Heraldo informó que el Gaula de la Policía Nacional indicó que no hay testigos de la presunta desaparición o rapto, pues nadie vio al candidato salir de su vivienda.Esta desaparición se reporta apenas una semana después del secuestro del reconocido ganadero Elí Plutarco Santamaría, también en el Cesar, donde la Gobernación y la Alcaldía de La Jagua de Ibirico han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos para dar con el paradero de este último.Ante esta situación, el Partido Conservador manifestó su rechazo frente a la desaparición del candidato.Partido Conservador rechaza desaparición de Andrés VásquezFrente al presunto rapto del candidato al Senado Andrés Vásquez, el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece, publicó en su cuenta de X un mensaje de rechazo por lo ocurrido."Rechazamos y condenamos la desaparición de nuestro candidato al Senado Andrés Vásquez, quien, de acuerdo con información oficial, se encontraba en Pelaya y desapareció luego de salir hacia Aguachica para una reunión".Además, solicitaron a las autoridades activar todos los protocolos y medidas necesarias para dar con su paradero: "Su vehículo fue hallado junto a las pertenencias del candidato. Pedimos a las autoridades activar todos los protocolos para su ubicación, al tiempo que reclamamos del Gobierno Nacional protección y seguridad para los candidatos".De momento, las autoridades no han entregado más información sobre el caso. Tanto el Partido Conservador como sus familiares esperan que se logre establecer el paradero de Andrés Vásquez lo más pronto posible, en un hecho que ocurre a pocos días de las elecciones legislativas en Colombia.
A 13 se elevó la cifra de mujeres asesinadas este año en el Atlántico, tras los recientes ataques a bala de los que fueron víctimas dos jóvenes en el área metropolitana de Barranquilla.Por un lado, en el municipio de Soledad, asesinaron a Glenis Patricia Rodríguez Ariza, una joven de 18 años a la que recientemente habían declarado objetivo militar por parte de la estructura delincuencial de ‘Los Costeños’.La madre de la víctima confirmó a la Policía que su familia había sido amenazada por la mencionada banda, por lo que todo apunta a que este crimen, ocurrido en el barrio Villa Paraíso, habría sido el cumplimiento de la advertencia.El reporte preliminar de las autoridades también indica que, según los testimonios de habitantes del sector, la víctima y su familia harían parte de la banda delincuencial ‘Los Pepes’, enemigos de ‘Los Costeños’.Así las cosas, la guerra entre estas organizaciones criminales también tiene bajo sangre y fuego a las mujeres, sin que haya un plan de acción de las autoridades que las proteja y aleje de estos entornos, como lo manifiesta la psicóloga Ruth Pareja, miembro del Movimiento Amplio de Mujeres."Las mujeres cada vez están siendo objeto de estas bandas delincuenciales, pero ningún gobierno ha venido trabajando de una manera estructural para intervenir estos casos, porque cada caso tiene una historia de vida, cómo llegan a esto, ya sea por involucrarse con una pareja que esté en la delincuencia o por esa falta de oportunidades", expresó Pareja.Horas después de la muerte de Glenis, se reportó el crimen de Luzdaris Maickell Guerrero Corro, una adolescente de 17 años a la que ultimaron a tiros en el sector de Bajo Carrizal, en el sur de Barranquilla.Testigos contaron a la policía que hombres armados llegaron a su vivienda, golpearon la puerta y al entrar le dispararon directo a la menor hasta dejarla sin vida.Los móviles son motivo de investigación, pero se ha podido determinar que hace cinco días, la adolescente habría sostenido una riña con un habitante del sector, conocido con el alias de ‘Javi’.
Desde la Alcaldía de Barranquilla expresaron su preocupación por la falta de respuesta formal por parte de la Aeronáutica Civil frente a la solicitud enviada hace dos meses para asumir la operación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, infraestructura que, según el Distrito, no está a la altura del crecimiento turístico y empresarial.La gerente de ciudad, Ana María Eljure, aseguró que el aeropuerto “no está a la altura de la transformación y la dinámica que lleva Barranquilla”, y señaló que esta situación requiere acciones inmediatas para que no se siga afectando la competitividad de la capital del Atlántico."Cada día hemos venido trabajando por atraer más turismo, porque llegue mucha más gente a la ciudad y lo que estamos viendo es que desafortunadamente los viajeros prefieren llegar por Cartagena o por Santa Marta, porque no encuentran aquí en nuestra ciudad un aeropuerto que tenga las amenidades básicas y mínimas que se requiere para una experiencia del turista", expresó la funcionaria.Aljure confirmó que, hasta el momento, la Alcaldía no ha recibido comunicación formal por parte de la Aerocivil respecto a la solicitud presentada por el alcalde para que el Distrito asuma la operación de la terminal aérea. Ante esto, la funcionaria agregó que en una visita recientemente realizada verificaron que las obras actuales tendrían apenas un avance del 6 %, pese a tratarse de un contrato cercano a los 34.000 millones de pesos."Pero acá hay una situación y es que ya llevamos cuatro directores de la Aeronáutica. Entonces, no hay una estabilidad jurídica o laboral que a nosotros nos permita tener una tranquilidad de que efectivamente las obras sí se van a cumplir", dijo, advirtiendo así sobre posibles riesgos financieros en la ejecución contractual.
En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se refirió a los propósitos generales y a las reglas de conversación que debemos tener en la sociedad para poder tramitar las diferencias.“¿Cómo es posible que no hayamos podido ponernos de acuerdo alrededor de la paz? Es decir, ¿Colombia quería o no quiere tener paz? Uno pensaría que sí, pero evidentemente hubo gente que, y lo vimos aquí, hubo gente que además tenía dolores adentro, que no había sanado y que no había, de alguna forma, superado y que no le permitió, digamos, de alguna forma actuar, y hubo gente que lo utilizó también en contra para hacer campañas políticas, hubo de todo”, empezó señalando Mac Master.El presidente de la ANDI entregó las declaraciones en el foro ‘Para la polarización, la conversación’, un espacio para hablar sobre la manera en la que los diferentes sectores de la sociedad deben tramitar las diferencias.“Pero dicho eso, uno lo que sí se encuentra es que tendríamos que tener ese ejemplo de propósito general, ese ejemplo de reglas para la conversación, ese ejemplo de reglas para el respeto por el otro que nos permitirá a nosotros realmente poder tramitar las diferencias que las tenemos”, agregó Mac Master.En el mismo foro con Mac Master estuvo María Lorena Gutiérrez, la presidenta del Grupo Aval, quien se refirió al aporte que hacen los empresarios a la sociedad.“El empresariado colombiano, pymes, grandes empresarios, somos los que invertimos, generamos empleo, hacemos inversión social. Y creo que ese es el rol del empresariado. Como estamos hablando de conversaciones, de una vez contesto otra pregunta, pero me parece interesante mencionarla ya. Y es no caer en las conversaciones de la incertidumbre y el corto plazo, porque me parece que le hacemos juego a unas conversaciones que pierden el foco de lo que hacen los empresarios. Lo que hacemos en las empresas es invertir, generar empleo, generar confianza sobre el país, pero si nos metemos en estas discusiones en las que nos meten del cortoplacismo, de los odios, pues estamos perdiendo el foco de lo que somos como empresarios”, agregó Gutiérrez.
Más de 10 horas se completan por el accidente que involucró un camión cisterna que derramó 2.300 galones de gasolina y 800 de ACPM sobre la vía Cajicá - Zipaquirá, tras volcarse en la curva de entrada a la rotonda que queda al lado del campus de la Universidad Militar, por un aparente microsueño del conductor. Por este siniestro, hay alerta de contaminación de las corrientes hídricas desde la Quebrada de la Cruz, en Cajicá, hasta la desembocadura del río Bogotá.Ante esto, fuentes en la CAR le confirmaron a Blu Radio que ya comenzó el proceso de investigación para determinar las causas reales del accidente, pero, asimismo, están a la espera de los resultados de laboratorio para determinar qué tan grave es el daño ambiental por el derramamiento de combustible en la vía. Por esto mismo, desde la Alcaldía de Cajicá persiste la alerta, ya que su mandataria, Fabiola Jácome, asegura que el clima puede provocar más afectaciones tras el accidente.“Y la verdad pues es muy complejo lo que se nos está presentando, en razón a que el combustible está sobre la vía, es peligroso. Si llueve, pues el combustible va a ser arrastrado hacia la quebrada La Cruz, que está muy cerca al sitio, o si el sol hace pues de la combustión que genera con el sol es muy preocupante por los olores que comienzan a darse en el sector. Así que pues estamos pidiendo a todos que nos colaboren. Es muy importante darle una solución”, concluyó la mandataria local.Así las cosas, mientras se levanta el camión cisterna, las autoridades del municipio recomiendan a quienes viven cerca a las zonas de derramamiento utilizar tapabocas, mantener puertas y ventanas cerradas para evitar filtraciones de olores y, asimismo, en caso de tener síntomas como dolor de cabeza o mareo, comunicarse inmediatamente con las áreas de salud.
En lo corrido de 2026, las autoridades en Bucaramanga ha expulsado a 16 ciudadanos extranjeros que registraban alertas enlazadas con Interpol, según confirmó el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali.El funcionario explicó que estas expulsiones hacen parte de un trabajo permanente de control migratorio y seguridad que se adelanta en la ciudad. “Es un tema diario. Todos los días los operativos que lideramos van con acompañamiento de Migración”, señaló.Entre los casos, Pinto mencionó la expulsión de un estadounidense con alerta del sistema ‘Ángel Watch’, relacionada con delitos sexuales en su país. En este caso, la medida también implicó la salida del país de su hijo quien lo estaba acompañando. Asimismo, indicó que varios de los expulsados tenían alertas por hurto agravado y calificado y otros delitos contra la convivencia.El secretario precisó que la caracterización de los ciudadanos intervenidos permite establecer cuántos contaban con estas alertas: en enero fueron nueve y en febrero siete.De acuerdo con el balance entregado, en lo que va del año se han realizado casi 70 operativos de control en diferentes puntos de Bucaramanga, lo que ha permitido detectar ciudadanos con antecedentes o alertas internacionales. En promedio, la ciudad está registrando una expulsión cada tres días.Finalmente, el funcionario reiteró que continuarán los controles para garantizar que la migración en la ciudad sea regularizada y caracterizada."Bucaramanga y Santander históricamente han sido territorios abiertos a la migración que aporta al desarrollo regional. Todo extranjero que venga a hacer cosas buenas y aportar a la ciudad es bienvenido”, afirmó. Sin embargo, advirtió que quienes tengan anotaciones judiciales o atenten contra la convivencia deberán regresar a su país de origen o responder ante la justicia colombiana.
El general en retiro y exvicepresidente, Óscar Naranjo, ofreció en Mañanas Blu, un análisis profundo sobre la actual crisis de seguridad que atraviesa México tras la caída de alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según Naranjo, quien fue asesor del gobierno mexicano, el país enfrenta un "acumulado de fuerza narcotraficante" que ha pasado de ser un problema episódico a uno estructural.El fracaso de la política de apaciguamientoPara el exdirector de la Policía Nacional, la situación actual es el resultado directo de lo que denomina una política de apaciguamiento. “México está enfrentando un acumulado de fuerza narcotraficante en función de lo que significó una política de apaciguamiento de ‘abrazos, no balazos’. Eso significó el aumento de territorios controlados, el aumento de efectivos criminales y nuevas capacidades para desafiar la institucionalidad”, afirmó Naranjo.Este fortalecimiento ha permitido a los cárteles desarrollar una "gobernanza criminal", mediante la cual imponen reglas de comportamiento, controlan territorios y buscan legitimidad social para penetrar comunidades.El impacto de la muerte de ‘El Mencho’Naranjo destacó que el golpe contra alias 'El Mencho' no tiene precedentes, comparándolo incluso con figuras históricas del narcotráfico. “Pablo Escobar acumuló en esa época 3,000 millones de dólares. Alrededor del Mencho se habla de 50,000 millones de dólares, mucho más poderoso que el Chapo Guzmán, mucho más poderoso que cualquier capo”, señaló.A pesar de la importancia del golpe, el experto advirtió que las reacciones violentas de los cárteles —como bloqueos e incendios de vehículos— son una señal de fuerza hacia el Estado y sus rivales, así como un tributo al cabecilla. Sin embargo, considera que estas manifestaciones no son sostenibles en el tiempo.Incertidumbre mundialista y seguridad deportivaUno de los temas más preocupantes es la seguridad de cara al Mundial de 2026. Aunque Naranjo cree que los cárteles podrían evitar ataques directos al evento para no perder la "aceptación social" que buscan, el nivel de incertidumbre es alarmante. “Yo realmente no quisiera estar en los zapatos de las autoridades mexicanas hoy frente a un nivel de incertidumbre tan grande como el que genera la amenaza de que estos grupos afecten ese evento deportivo”, confesó.Cooperación internacional El General subrayó que el narcotráfico es un fenómeno transnacional que no puede combatirse con políticas nacionalistas aisladas. Instó al gobierno de Claudia Sheinbaum a fortalecer la cooperación con Estados Unidos, especialmente en inteligencia. “Invocar políticas nacionalistas pensando que un país es autónomo y suficiente para enfrentar ese fenómeno es un gran error... la palanca más poderosa para enfrentar, para prevenir y desmantelar el crimen es la inteligencia”, explicó.Finalmente, comparó la situación de México con la de Colombia, señalando que, aunque México tiene un volumen mucho mayor de hombres en armas (138,000 frente a los 22,000 en Colombia), ambos países comparten la tendencia de expansión del crimen organizado y la lucha por el control territorial. “Compartimos las mismas preocupaciones, México y Colombia”, concluyó.Escuche aquí la entrevista:
La comunidad del municipio de Palmira, Valle del Cauca, se encuentra consternada por el asesinato de un estudiante de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso ubicada en el barrio Plaza Campestre.El joven de 17 años se encontraba saliendo de la jornada de clases junto a varios compañeros, cuando a las afueras del colegio fue atacado a disparos por sujetos a bordo de una motocicleta, aunque fue auxiliado por la comunidad y llevado a un centro asistencial, la gravedad de sus heridas le provocaron la muerte."En el sector hay una disputa entre bandas criminales, el homidio del menor se registró en ese lugar, donde está esa disputa entre los del 20 de Julio y los conocidos como los 300 que son las dos bandas que delinquen en la comuna dos de Palmira", explicó el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policia Valle.Las autoridades han desplegado un equipo especial de investigadores para esclarecer este hecho y dar con la captura de los responsables.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.
Santa Marta completa más de 20 días con una de sus principales conexiones rurales cerrada. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca dejó incomunicada a buena parte de la zona rural y afectó el tránsito hacia La Guajira, en un corredor clave para el turismo y el comercio local.Lo que comenzó como una emergencia vial hoy es también una crisis económica para comunidades como Guachaca, Puerto Nuevo y Palomino, donde muchas familias dependen de la venta de víveres a viajeros y de la dinámica turística.Jimmy Díaz, habitante de Puerto Nuevo Guachaca, resume el impacto en pocas palabras:“Desde que el puente colapsó, la economía colapsó también”, dijo.Cuenta que apenas se conoció la caída de la estructura, el turismo disminuyó de manera drástica. "La gente tiene miedo de cruzar y en redes dijeron que el puente se iba a caer del todo. Eso hizo que muchos dejaran de venir”, explicó.Mientras tanto, algunos vendedores se han trasladado hasta inmediaciones del puente para intentar sostener sus ingresos. Es el caso de Betty Castro, comerciante de la zona, quien asegura que el cierre los obligó a desplazarse para poder vender algo.“Esto es un desplazamiento laboral de nosotros. Nos movemos para buscar el dinerito, pero no hemos visto que el Gobierno se haga presente para ayudarnos”, señaló. También advierte que los transbordos y el aumento en los costos de transporte están reduciendo aún más las ganancias.A la dificultad económica se suma ahora el clima. Las lluvias de los últimos días afectaron el paso alterno en el que trabajaba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo que prolonga la solución definitiva a la emergencia vial.Por ahora, la comunidad espera que tanto el Gobierno nacional como el local aceleren las obras y contemplen ayudas para quienes hoy sienten que, además del puente, también se vino abajo su sustento.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informó que el oleaje y la intensidad del viento en el sector insular del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, han aumentado considerablemente, debido a la incidencia de un frente frío que se aproxima desde el Golfo de México.Autoridades reportan que los vientos han alcanzado velocidades entre 16 y 24 nudos, es decir, entre 30 a 44 kilómetros por hora, mientras que las olas han superado los 3 metros. Aunque este panorama se presenta desde el martes, se espera que hacia la tarde de este miércoles 25 de febrero empiecen a mejorar las condiciones de forma gradual.“Debido a la influencia del frente frío sobre el Caribe, se presentan condiciones meteorológicas adversas con aumento del oleaje y variaciones importantes en la intensidad y dirección del viento. Frente a estas condiciones se han impuesto restricciones temporales para las actividades marítimas negativas y la operación de embarcaciones menores en zonas expuestas como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar”, puntualizó el teniente de Navío, Jorge Arteaga Cabrera, Jefe de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de San Andrés.Las autoridades recomiendan seguir las directrices oficiales y consultar la actualización de las condiciones meteomarinas a través del sitio web oficial de Dimar.
Luego de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) expidió un documento que da vía libre a trabajos para frenar el recurrente problema de erosión costera sobre el mar Caribe, concretamente en jurisdicción de Santa Verónica; la Gobernación del Atlántico anunció que acelerará el proceso para contratar las obras de mitigación, de modo que estas inicien en los próximos días para rescatar cuanto antes las playas de este balneario.Sobre los trabajos que se requieren en esta zona y cuya inversión será de 90.000 millones de pesos, habló el gobernador Eduardo Verano De la Rosa, recordando que ya el punto fue objeto de previos estudios.“En Santa Verónica hay que construir una serie de espolones que fueron estudiados de una manera ordenada y científica por parte de la Universidad del Magdalena, la cual hizo una serie de aportes muy importantes. Para poder construir todos esos espolones se requiere de un permiso o licencia ambiental, que es lo que hemos recibido ya por parte de la Anla”, dijo recientemente.Sin embargo, la autoridad ambiental aclaró que lo que se aplica es una medida excepcional para proceder a la ejecución de obras puntuales que se requieren con urgencia dada la situación del sector costero del corregimiento, pero que el proceso de la licencia ambiental como tal hay que continuarlo.Frente a este compromiso, el gobernador Verano sostuvo que su administración seguirá trabajando con la Anla en dicha licencia ambiental que permita avanzar hacia una solución definitiva.“Seguiremos insistiendo y sumando esfuerzos para lograrlo, porque Santa Verónica merece ser un destino protegido y cada vez más atractivo”, sostuvo.En cuanto a las obras tipo espolones, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) explicó que estas “buscan reducir la energía del oleaje incidente, favorecer la sedimentación en los puntos de mayor vulnerabilidad y regenerar el perfil de playa afectado por el proceso de erosión costera, el cual ha puesto en riesgo la infraestructura turística, viviendas y medios de vida de la población”.
Siete personas capturadas y dos notificadas en sus respectivos centros carcelarios dejó un gran operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que desarticuló a una subestructura al servicio de la banda 'Los Costeños', la cual financiaba sus operaciones delictivas a través del tráfico de drogas y los préstamos informales como cobradiarios.La cita fue llevada a cabo por la Policía en coordinación con unidades de la Seccional de Investigación Judicial, Grupo GOES, la Seccional de Protección y Servicios Especiales, SIART y el grupo K9, avanzando en nueve diligencias de allanamiento y registro en los barrios 7 de Abril, Santamaría y Santo Domingo de la ciudad de Barranquilla, así como en el barrio Los Almendros, en Soledad.De acuerdo al general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, los capturados estarían al servicio de la organización criminal 'Los Costeños' y entre todos, acumulan más de veinte anotaciones judiciales por delitos como homicidio, tráfico de estupefacientes, amenazas y concierto para delinquir.Esta estructura delictiva, informó la autoridad, financiaba sus operaciones mediante el tráfico de drogas y préstamos informales tipo “gota a gota”, utilizando como fachada una supuesta empresa denominada Inversiones Costa Sur 777, que generaba aproximadamente 111 millones de pesos mensuales en rentas criminales.Uno de los capturados estaría presuntamente vinculado al homicidio ocurrido el pasado 6 de marzo de 2024 en la vía Cordialidad, donde fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre.Asimismo, las autoridades establecieron que el vehículo incautado habría sido adquirido mediante una falsa denuncia de hurto ante una aseguradora, y actualmente estaba siendo utilizado por la organización criminal para el cobro de extorsiones y el transporte de armas de fuego.Durante los allanamientos, fueron incautadas dos armas de fuego (una pistola calibre 9 mm y una escopeta calibre 12 mm), un proveedor de fusil, 35 cartuchos calibre 5.56 mm, 36 cartuchos calibre 9 mm, un vehículo marca Ford de placas MUL 781, $11.568.000 en efectivo, 150 tarjetas de cobro diario, ocho libretas con registros contables y seis teléfonos celulares.Finalmente, a estas personas se les imputan delitos relacionados con concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes, extorsión y porte ilegal de armas.
Justo en un sector conocido como Polvorín, ubicado en la vía que conecta a los municipios de Manaure y Uribia, en La Guajira, fue reportado en las últimas horas el hallazgo de un hombre sin vida, que estaba amarrado y presentaba claros signos de violencia en el baúl de una camioneta blanca marca Toyota, de placas BEE-498.El reporte fue realizado por la misma comunidad hacia las 6:30 de la mañana de este sábado 26 de julio, lo que obligó al inmediato desplazamiento de unidades policiales hasta el kilómetro 4 del trayecto mencionado.La víctima fue identificada por las autoridades como Héctor Mejía Lareal, también conocido con el alias de 'Tatilo', por lo que se procedió a realizar las respectivas labores forenses. No obstante, en el lugar hicieron presencia los familiares de esta persona, quienes, basándose en sus usos y costumbres, se llevaron tanto el cuerpo como la camioneta.“Llegaron unos ciudadanos manifestando que eran familiares y, haciendo uso de sus derechos y costumbres, se llevan el cuerpo y la camioneta”, se puede leer en el informe de la Policía en La Guajira.En consecuencia, informó esta institución armada que no fue posible determinar los móviles del hecho, ya que los allegados se negaron a brindar información. Al mismo tiempo, los videos de la escena, en los que se puede apreciar que el fallecido vestía suéter y pantaloneta roja, ya fueron difundidos por redes sociales.En el Atlántico, específicamente en el municipio de Soledad, se registró otro homicidio en el barrio Villa Estadio. En esta ocasión, la víctima fue un hombre de 25 años llamado Sebastián Guerrero Lenis, quien recibió al menos cinco impactos de bala por parte de sicarios que se movilizaban en una motocicleta.Tras ser atacado en la carrera 14A con calle 67, Guerrero Lenis fue trasladado de urgencia al hospital Juan Domínguez Romero, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas. Este caso también quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector.
La denuncia de la madre de tres menores que estarían siendo víctimas de abuso sexual por parte de un entrenador de fútbol, permitió la captura de este presunto abusador en el municipio de Magangué, Bolívar.Según revelaron las autoridades, el hombre conocido como ‘el bonice’, habría agredido sexualmente por lo menos a cuatro niños, entre 7 y 13 años, a través de amenazas y regalos como guayos, celulares y hasta bicicletas.“El pasado 24 de junio de este año, la madre de tres de las víctimas, descubrió el momento en el que este entrenador, sometía a sus hijos y a su sobrino a realizarle tocamientos mientras los amenazaba con un arma cortopunzante tipo navaja. Y además, para consumar el hecho, les ofreció a los niños guayos, celular, tablet y hasta bicicletas”, señaló el teniente coronel John Correal , comandante encargado de la Policía de Bolívar.Tras su captura, el entrenador fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de acto sexual con menor de 14 años. Las autoridades confirmaron que le registra una anotación judicial por este mismo delito en 2022."No escatimamos esfuerzos para ver tras las rejas a todos aquellos que arremetan contra la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso seguimos invitando a los padres de familia a que estén más pendientes de sus hijos, que actúen cuando noten un comportamiento extraño en ellos. El silencio, la soledad y aislarse de la sociedad, son algunas de las señales que indican que están siendo víctimas de acoso sexual", sostuvo el comandante de la Policía Bolívar.
Son inquietantes las imágenes que se han hecho virales por las redes sociales en las que un avión de Satena, cuyas matrículas son HK-4806, tiene que luchar contra los fuertes vientos que azotan la isla de Providencia esta semana para poder aterrizar, en medio de un nuevo frente frío que llega hasta el Caribe. Los pilotos necesitaron tres intentos para poder descender con todas las medidas de seguridad hacia la pista de aterrizaje, aunque el miedo abordó a los varios pasajeros, quienes indicaron que lo que pronosticaban como un viaje de solo 17 minutos terminó siendo un susto que duró más de media hora. Blu Radio pudo conocer el testimonio de Jeimy De Ávila Watson, una de las pasajeras que estuvo en ese vuelo junto con su hijo de solo 11 años, describiendo ambos que es la primera vez que pasan por algo similar. “Unos no hablaban y otros estaban desesperados, pero afortunadamente aterrizamos bien. Gracias a Dios. Hay personas que les ha tocado devolverse a San Andrés, el avión le ha tocado devolverse con pasajeros. La verdad, el día está un poquito gris, espero que los de hoy no vivan esa experiencia porque no se la recomiendo a nadie Uno está allá arriba y no sabe qué va a pasar”, fueron sus primeras palabras. Recordó Jeimy que durante mucho tiempo ha escuchado las experiencias de otro, pero en esta ocasión le tocó vivirlas en carne propia.“Hace un mes se cayó un avión de Satena, hace como 15 días a otro le tocó volver a San Andrés por cuestiones vientos, son pensamientos negativos lo invaden a uno. Dan miedo, comienza entonces a pedirle a Dios que guíe a los pilotos, que lleguemos sanos y salvos. Él es grande y nos dio fortaleza. Después del tercer intento, aterrizamos”, dijo.“El piloto se comunicó desde cabina y dijo que era el último intento. Si no se lograba aterrizar, nos devolvemos para San Andrés. Gracias a Dios por la tripulación, la azafata fue muy amable. Nos tranquilizó y dijo que estaba atenta a cualquier cosa”, agregó.Al mismo tiempo, contó que su hijo vivió el momento con mucho más miedo, le palpitaba el corazón bastante fuerte, aunque pudo calmarlo conforme pasaban los minutos.Vea el video aquí:
Dos jóvenes con apariencia de ser menores de edad serían los autores del asesinado de un trabajador de la empresa Cootransoriente registrado la mañana de este miércoles. La víctima es Rafael Ángel Osorio Peralta.El hombre fue atacado cuando se encontraba en su puesto de trabajo en la carrera 38 con calle 38, barrio San Roque de Barranquilla, despachando los buses que cubren los municipios ubicados sobre la vía Oriental.Testigos afirman que el sicario y su cómplice se le acercó caminando al trabajador y le propinó un solo disparo que lo impactó en el cuello. Mal herido, Osorio fue subido a un bicitaxi y llevado de urgencias al Hospital Barranquilla, ubicado a solo unas cuadras, sin embargo poco después se produjo su deceso.El atentado perpetrado en una zona donde opera una terminal de buses que viajan hacia municipios del centro y sur del Atlántico, generó zozobra entre el gremio transportador, pues no se descarta que este hecho pueda estar relacionado con cobro de extorsiones a las empresas de buses.Aunque la Policía y la empresa Cootransoriente aún no han emitido ningún pronunciamiento sobre el reciente ataque, este hecho trae a la luz otro atentado cometido contra funcionarios de la empresa transportadora.En el año 2023 sicarios asesinaron de varios disparos al entonces gerente de la compañía Jorge Meriño Mercado. En el mismo atentado perpetrado a las afueras de la empresa Cootransoriente, en el municipio de Santo Tomás, resultó herido Omar Almanza Martínez, presidente de la junta directiva de la compañía.En su momento el comandante de la Policía del Atlántico informó que el gerente de Cootransoriente, una de las empresas de buses intermunicipales más grande del Atlántico, había denunciado extorsiones, pero por recomendación de los abogados, desistieron de la investigación.El alto oficial reveló que el transportador había recibido un panfleto amenazante en días pasados.
En video quedó registrada la fuerte molestia que se generó entre los asistentes que no lograron ingresar al evento de instalación de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.Entre gritos y discusiones, los asistentes a los que no les dieron acceso ni siquiera a los pasillos contiguos al auditorio Getsemaní reclamaron que no pudieron estar presente en el evento que era presidido por el presidente Gustavo Petro en compañía de sus ministros y delegaciones de más de 50 países.“Para qué nos invitaron sino nos dejan entrar”, se escuchaba a las afueras del auditorio, mientras integrantes de la organización del evento intentaban explicar que se trataban de determinaciones de la seguridad presidencial y el cumplimiento del aforo en el lugar.En las imágenes también se observa como algunos asistentes criticaron que no se dispusiera de un espacio con más capacidad.“Siempre van a decir que la culpa es de la Casa Militar. La culpa es del Ministerio de Agricultura , para qué registraron tanta gente, para qué registraron más gente de la que podían recibir”.Entretanto, Jaime Alberto Arias, integrante del Comité de Reforma Agraria del Valle del Cauca, cuestionó la logística del evento, que asegura, habría dejado por fuera, incluso a representantes de delegaciones internacionales.“Pues yo creo que en esta en esta logística tuvo que ver mucho la seguridad, y nos dejaron por fuera, pero no es justo porque están quedando no sólo representantes de los territorios de Colombia, de los corregimientos y municipios y departamentos, sino delegados internacionales, entonces me preocupa esa situación porque no tuvieron en cuenta delegados que estaban haciendo otro evento con nosotros muy importante”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.A su vez, el representante de Valle del Cauca pidió que se tengan en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo del evento internacional que apenas empieza.“La verdad vemos como una falta de logística, una falta de organización, porque nosotros tenemos la escalapera, o sea, estamos invitados, estamos contados dentro de todos los que íbamos a estar dentro del evento”, sostuvo.Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO).
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
Controles más estrictos, en los que inclusive prime la revisión de antecedentes judiciales, es lo que están exigiendo los taxistas en Barranquilla para aquellos conductores que deseen sumarse al gremio.Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxis, asegura que las autoridades deben ser más exigentes a la hora de otorgar permisos para conducir vehículos de servicio público, pues ello evitaría que delincuentes se valgan de dicho medio de transporte para atrapar víctimas, robarlas, drogarlas y someterlas a todo tipo de vejámenes.Insiste en que la licencia de conducción, aun cuando tenga la categoría correspondiente, no basta para obtener pase libre para conducir taxi."Debido a este caso ocurrido en Bogotá con la joven Diana Ospina y a muchas otras situaciones que han pasado, exigimos que cambien las reglas de juego para la contratación o expedición de tarjetón para un nuevo taxista, que los antecedentes se exijan y que el taxista no reciba el tarjetón inmediatamente, sino a los dos, tres o cuatro días, cuando se verifiquen los antecedentes de esta persona", sugirió Guerrero. "No es mentira, el gremio del taxismo está permeado por la delincuencia", sostuvo.Al respecto, Gustavo Santos, subdirector de transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, aseguró que esta entidad “ejerce inspección, vigilancia y control para que estos vehículos porten los documentos que sustente la operación”. Agregó, no obstante, que las empresas también deben valorar los antecedentes de los conductores."Las empresas de transporte público individual también tienen sus propias competencias, como es la expedición de la tarjeta de control, lo que comúnmente conocemos como el tarjetón, y vincular a los vehículos, los propietarios y sus conductores para el ejercicio de esta actividad, debiendo verificar los antecedentes de cada uno de ellos", dijo.
Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.