Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.
El abogado Alejandro Carranza, quién ejerce la defensa de Nicolás Petro en el juicio que se le adelanta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pidió que el juez reconsidere la utilización del testimonio del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien para el año 2022 era el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.Para el abogado, este testimonio que inicialmente fue rechazado por el juez Hugo Carbonó para ser usado en el juicio oral, es relevante porque le permitiría explicar si Nicolás Petro recaudó o no dineros para la campaña presidencial.“Entonces yo sí le pido en este momento que reponga esa decisión de negarme el testimonio del doctor Ricardo Roa. La defensa solicitó su testimonio y declaración con la finalidad de aportar un contexto verificable sobre la estructura administrativa y los elementos de trazabilidad de ingresos según el planteamiento defensivo que hace menos probable la teoría de la fiscalía. El doctor Roa era el gerente de la campaña y él podrá explicarle en juicio si efectivamente Nicolás participaba o no participaba del recaudo de dineros de forma oficial a la campaña, si tenía un encargo, si tenía una misión, si hacía parte del organigrama, si efectivamente recaudó, si efectivamente entregó”, detalló.En este mismo sentido, también reclamó el uso de los certificados expedidos por la Casa de Nariño con los que busca demostrar que no hubo tráfico de influencias.“Le interpongo recursos, reposición y apelación frente a las certificaciones de la casa de Nariño, que es un bloque completo que esta defensa formuló en el cual su señoría se le sustentó de forma debida a su pertinencia al indicarle que eran elementos que demostrarían que el señor Nicolás Fernando Petro jamás intentó ninguna clase de actividad fraudulenta, de tráfico de influencias o de obtención de favores, porque en la conducta que se le endilga en juicio es la de enriquecimiento de servidor público”, expresó.Argumenta Carranza que con ese documento expondrá que Nicolás Petroa a pesar de ser el hijo del presidente y haber sido diputado del Atlántico, no intervino con ningún miembro de la casa de Nariño para tener prebendasAsí mismo solicitó que reconsidere la utilización en el juicio de una denuncia que instauró Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca ante la fiscalía contra Daysuris Vázquez por sus declaraciones a medios afirmando que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022. También pidió que se incluya varias entrevistas publicadas en medios.
Una denuncia que desde 2023 enfrenta el concejal barranquillero Alexis Castillo por presunta violencia intrafamiliar, llevó al cabildante a tener que entregarse voluntariamente en la mañana de este martes ante la Fiscalía seccional Atlántico, para atender la orden de captura que la semana pasada emitió un juez de control de garantías en su contra. De acuerdo, con lo que señaló el concejal en un comunicado que compartió en sus redes sociales, la orden de captura obedeció a una solicitud del fiscal del caso porque este no se presentó a una audiencia programada para el mes de noviembre, la cual iba a consistir en el traslado del escrito de acusación, lo que fue interpretado como posible obstrucción al proceso. Sin embargo, al respecto no se tienen más detalles por parte del ente acusador sobre el detalle del avance del proceso. Al respecto, trascendió que el concejal llego con su abogado para que se adelantara el trámite de legalización de captura. En 2023 se conoció que la ex pareja sentimental de Castillo demandó al concejal por presunta violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Entre otros detalles, la mujer reveló fotografías que daban cuenta de las agresiones sufridas, lo que le dejó marcas visibles en la piel. Sin embargo, todo esto es materia de investigación en el proceso.
Lo que cientos de viajeros esperaban que el pasado sábado a las 9 de la noche fuera un viaje tranquilo entre Cartagena y Madrid, a bordo de un avion Plus Ultra, se convirtió en una pesadilla luego de que escucharan una explosión en una de las partes de la aeronave al momento del despegue, lo que no permitió que este alcanzara suficiente altura. De acuerdo con el relato de familiares de los viajeros, "todo el mundo empezó a gritar" mientras el piloto realizaba una rápida maniobra para aterrizar de nuevo en la pista del aeropuerto Rafael Nuñez. "Fueron momentos de pánico. Sé que todos gritaban. Eso fue horrible porque el avión se fue como de nariz. El avión intentó despegar y al alzar la nariz sufrió un golpe y el avion no estaba en condiciones de volar. Fue un desperfecto mecánico", contó Alejandro Vásquez, quien es hijo de uno de los viajeros afectados. Por esto les asignaron un siguiente vuelo para el domingo a las 2 de la tarde, sin embargo, este vuelo tampoco pudo realizarse. La situación generó molestias y reclamos por parte de los pasajeros afectados, quienes pedían explicaciones ante lo que sucedía. No obstante la respuesta final que lograron darle a estas personas era que debían esperar y que mientras tanto les iban a compensar alimentación y hospedaje. Finalmente, el avión solo hasta las 3 de la mañana de este martes 24 de febrero pudieron despegar desde Cartagena estos cientos de viajeros hacia España, sin embargo, a los pasajeros no les quedó claro si lo hicieron en el mismo avión del daño o si era una segunda aeronave. "De acuerdo con la Aeronáutica Civil debe indemnizar por parte de la aerolínea por la cantidad de horas, el retraso, a parte de la distancia del vuelo y una compensación de 600 euros. Esto si o si debe ser obligatorio. Además, por la cantidad de horas que tiene el vuelo, tiene que devolver el dinero del billete, porque se perdieron dos vuelos de Madrid a Barcelona", señaló Alejandro.
La polémica por una eventual modificación en la asignación de slots en el aeropuerto El Dorado sumó un nuevo capítulo. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, aseguró que no existe ningún borrador para cambiar la reglamentación y negó que la entidad haya anunciado oficialmente una reasignación.“Este borrador no lo tenemos aún listo. (…) el borrador no existe en el momento”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la supuesta reforma para redistribuir los espacios de despegue y aterrizaje entre las aerolíneas.La discusión se da en medio de cuestionamientos de compañías como Avianca y LATAM, así como pronunciamientos de gremios y organismos internacionales, tras versiones sobre un posible ajuste para “equilibrar” la distribución de slots, especialmente ante las obras de modernización de El Dorado.¿Aerocivil cambiará slots en El Dorado?Aunque en repetidas ocasiones el director insistió en que no existe un documento formal, también reconoció que al interior de la entidad podrían adelantarse estudios.“Estamos haciendo lo pertinente (…) no hemos dicho que vamos a cambiar ningún slot ni nada por el estilo”, sostuvo. Sin embargo, añadió que “la idea de equilibrar (…) lo vamos a trabajar con base al equilibrio que se existe”.Sin embargo, no se entienden las declaraciones previas del secretario de la Autoridad Aeronáutica, Edgar Rivera, quien semanas atrás había señalado también en Mañanas 10:30 que se trabajaba en un cambio normativo para hacer más equitativa la asignación.Frente a eso, Martínez respondió: “Yo soy el director de la Aeronáutica Civil y en ningún momento me ha llegado un borrador con base a eso”. También señaló que cualquier documento deberá contar con su visto bueno antes de hacerse público.Las declaraciones generaron inquietud, dado que existen comunicados públicos de aerolíneas y de la IATA expresando preocupación por un eventual cambio en el régimen de slots.Al ser interrogado sobre por qué hay pronunciamientos si —según él— no existe borrador, respondió: “Los comunicados se tienen que hacer con base a un tema evidente y no lo conozco”.Finalmente, aunque reiteró que no hay un documento formal, dejó abierta la puerta a una futura discusión técnica: “Si sacamos el documento para discutirle, ustedes estarán también ahí presentes”.Por ahora, la Aerocivil sostiene que no hay una decisión adoptada ni un borrador oficial sobre la mesa.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Gobernación del Tolima, en cabeza de Adriana Magali Matiz Vargas, en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional, anunció una recompensa de $200 millones por ‘Chapolo’, $50 millones por ‘El Enfermero’ y $40 millones por ‘Marcos’, señalados como presuntos responsables de acciones armadas y extorsivas en el sur y suroccidente del departamento.La medida busca fortalecer las labores de inteligencia y facilitar la captura de estos cabecillas, vinculados a estructuras del GAO-r que operan en distintas zonas del Tolima, priorizadas por su impacto en la seguridad regional y la economía rural.El comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, coronel Arnold Esneider Pérez Linares, afirmó en Blu Radio que las tropas mantienen operaciones permanentes para lograr su captura, mediante despliegues sostenidos en áreas rurales estratégicas.“El Ejército Nacional da a conocer los perfiles de estos cabecillas por quienes se ofrece recompensa. ‘Chapolo’ y ‘El Enfermero’ delinquen en el sur del Tolima, mientras ‘Marcos’ actúa en el suroccidente. La Sexta Brigada ratifica las acciones operacionales para neutralizar estas amenazas”, señaló el oficial.‘Chapolo’ es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Ismael Ruiz. Según inteligencia militar, desde 2022 habría desarrollado actividades de inteligencia delictiva contra la Fuerza Pública y coordinado cobros extorsivos en Planadas, Chaparral y Rioblanco.Entre los hechos atribuidos se destacan combates contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 18 en Campoalegre y Puerto Saldaña (2023), así como la retención con fines extorsivos de un vehículo de transporte público en Rioblanco, en febrero de 2024.También se le señalan hostigamientos armados contra tropas en La Lindosa y presunta participación en homicidios en San Antonio. Cuenta con orden de captura emitida por la Fiscalía contra organizaciones criminales.Por su parte, ‘El Enfermero’ es identificado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Gerónimo Galeano. En 2024 habría participado en homicidios, incluido el asesinato de un líder social en el corregimiento El Limón, en Chaparral.Asimismo, se le atribuyen combates contra el Ejército en la vereda Los Andes, en Chaparral, y liderazgo armado en San Antonio, Chaparral y Rioblanco durante 2025. Tiene orden de captura del distrito judicial de Antioquia por concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio y terrorismo.En cuanto a ‘Marcos’, es señalado como presunto cabecilla del GAO-r Frente Joaquín González. Sería integrante de la facción de alias ‘Calarcá’ y habría llegado recientemente al Tolima para ejecutar cobros extorsivos y amenazas contra la población rural.Opera en Ibagué, Rovira y Roncesvalles, municipios donde, según las autoridades, los golpes operacionales han reducido su capacidad de expansión en el suroccidente del departamento.La Sexta Brigada pidió urgentemente a la ciudadanía suministrar información que permita ubicar a estos cabecillas a través de las líneas 147 del Gaula Militar Tolima y 107, línea antiterrorismo. Las autoridades garantizan absoluta reserva.La Fuerza Pública considera prioritario neutralizar estas estructuras armadas para proteger la seguridad, la economía regional y la vida de las comunidades rurales del Tolima.
La crisis en Bancolombia continúa y la incertidumbre no deja de crecer. La entidad financiera confirmó que todavía no puede normalizar completamente sus canales de atención, tras las fallas registradas desde el 22 de febrero, afectando a miles de clientes en todo el país.Lo que genera aún más preocupación es que, según un comunicado del banco, algunos movimientos identificados como “Cuenta Ahorro Nacional”, “Cuenta Ahorro Internacional” o “Retiro ATM” podrían corresponder a retiros o compras en cajeros que no fueron avalados por los usuarios, lo que pone en alerta la seguridad de los fondos. Ante esto, la entidad insta a los clientes a comunicarse de inmediato con la Sucursal Telefónica (604) 5109000 para reportar cualquier irregularidad.Mientras tanto, Bancolombia ha habilitado medidas temporales para permitir operaciones básicas. Por la aplicación Mi Bancolombia, los usuarios pueden hacer transferencias a cuentas inscritas por hasta 30 millones de pesos y a cuentas no inscritas hasta 3 millones. También es posible consultar saldos, movimientos y estado de cuentas.Las sucursales físicas permanecen abiertas para trámites presenciales, como retiros de dinero, pagos de cheques, consignaciones, cancelación de CDT y pagos de intereses. Sin embargo, no se ha definido una fecha para la normalización total, dejando a los clientes en una situación de incertidumbre que genera preocupación sobre la seguridad y disponibilidad de sus recursos.La recomendación también es estar atentos a movimientos sospechosos y reportarlos de inmediato para minimizar riesgos de fraude.
La solicitud fue presentada ante las autoridades competentes y dirigida al partido político responsable de las inscripciones. Bustos recordó que la senadora Berenice Bedoya fue denunciada desde comienzos de la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia por presuntos hechos de corrupción y abuso de poder.Las denuncias incluyen nombramientos irregulares de familiares, adjudicación directa de contratos, entre ellos el del acueducto de Yarumal por cerca de $10 mil millones, y cobro de comisiones ilegales a sus dependientes en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).El veedor insistió en que tanto Bedoya como su fórmula, Juan David Flórez, conocido como “El Itaguaseño”, deben ser retirados de las listas como una sanción ética y política, en tanto avanzan las investigaciones judiciales.
Polémica ha generado en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, el caso de un motociclista luego de que otro conductor, al parecer, se pasara un semáforo en rojo y estuviera a punto de ocasionar un grave accidente, además de que transitaba con una mujer sin casco.El hecho quedó registrado en una cámara de 360° instalada en su motocicleta, donde se muestra incluso que al reclamarle al otro ciudadano su comportamiento, este reaccionó de manera agresiva, lanzando insultos y amenazas, asegurando pertenecer a “los muchachos del barrio”. Además, habría sacado un arma cortopunzante con la que intentó agredirlo e intimidarlo.En medio de la situación, el motociclista buscó ayuda de agentes de tránsito que pasaban por el lugar, por estos lejos de prestarle apoyo en el caso, no habrían impuesto comparendos ni actuado frente a la presunta agresión, a la par que uno de ellos incluso le recomendó retirarse del sitio.Por los hechos, aunque la ley indica que la Policía puede mediar en situaciones de convivencia derivados de accidentes de tránsito, en el sitio no se hicieron presentes uniformados ya que no fueron alertados, ni por parte de los agentes de tránsito ni del ciudadano víctima de la intimidación.Por lo pronto, la Alcaldía de Bello indicó a través de un comunicado que indagará la actuación de los funcionarios de la Secretaría de Movilidad que estuvieron en el procedimiento, mientras que evaluará si hay alguna falta disciplinaria. Ante las dudas que quedan sobre el altercado, Blu Radio se comunicó con la administración municipal y está indicó a través de su equipo de comunicaciones que todo es materia de investigación, pero que de momento se puede afirmar que el motociclista víctima de amenazas no cometió ninguna infracción de tránsito.
En Sucre están las alertas encendidas por el hallazgo sin vida de tres cobradiarios que habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes, mientras continúa la búsqueda de un cuarto del que aún se desconoce su paradero.De acuerdo con la Policía, el primer hallazgo se registró el 22 de febrero de 2026, a las 6:10 de la mañana, en zona rural del municipio de Sincelejo, donde fue encontrado el cuerpo deEl primer cuerpo en ser encontrado fue el de Camilo Andrés Villegas Ramírez. Su cadáver fue abandonado en un sector conocido como Las Huertas, en zona rural de Sincelejo la mañana del pasado domingo. Su cuerpo tenía una herida de arma blanca en el abdomen y marcas en el cuello que indicarían que fue asfixiado.La búsqueda de las autoridades continuó y hacia el mediodía del lunes, en la vía que conduce al corregimiento de Guaimí, municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, encontraron a otra de las víctimas. Se trata de David Esteban Bohórquez Franco, cuñado de Camilo.La tercera víctima encontrada fue Jhonatan Villegas Ramírez, hermano de Camilo. Su cuerpo fue abandonado en el municipio de San Andrés de Sotavento, en Córdoba.Según información preliminar, las víctimas habrían desaparecido en el municipio de Tuchín, Córdoba. Las autoridades informaron que un cuarto cobradiario continúa desaparecido, por lo que se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Se trata de Jesús David Anaya GuevaraEl caso está siendo investigado por un equipo especial integrado por unidades de Policía Judicial, Inteligencia y GAULA, orientado a identificar, ubicar y capturar a los responsables. También se han fortalecido las capacidades operativas y de control en los sectores afectados.Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la investigación a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva.Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el móvil de este homicidio. Llama la atención el hecho de que los cuerpos fueron abandonados en sitios diferentes entre los departamentos de Sucre y Córdoba.
La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
En Santa Marta, un nuevo hecho de robo desata quejas y críticas por el aumento de la inseguridad en la ciudad. Esta vez, a plena luz del día, un hombre fue atracado a mano armada cuando se movilizaba en motocicleta junto a su hijo menor de edad. El hecho ocurrió en la calle 22 con la avenida de Los Estudiantes, un corredor de alto flujo vehicular de la capital del Magdalena.En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa cómo dos sujetos, en otra motocicleta, se acercan a la víctima. El parrillero baja sin titubeos, lo encañona y lo obliga a descender del vehículo en medio de un forcejeo. El hombre termina en el suelo y, en segundos, entrega sus pertenencias, mientras su hijo permanece cerca, en un momento de evidente tensión e indignación.La escena ocurre rápidamente: amenaza, caída y huida. Los delincuentes se llevan lo que encuentran y se marchan del lugar, mientras los presentes solo gritan y piden ayuda.Otro detalle que ha llamado la atención es que la motocicleta utilizada por los asaltantes no tendría placa visible, según lo que se alcanza a apreciar en el video.Hasta ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre este caso. Entre tanto, el video sigue circulando en redes y alimenta el reclamo de los samarios por más controles y mayor presencia policial en este sector de la ciudad.
La violencia en Colombia no da tregua, ni siquiera mientras se ve un partido de fútbol desde la comodidad de la casa o en un bar, situación que ocurrió con un joven de 22 años en el barrio Villa Muvdi, en Soledad.Resulta que, sobre las 5:12 de la tarde del pasado domingo 22 de febrero, el joven se encontraba viendo el duelo entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, juego que se disputaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, cuando fue sorprendido.La víctima, identificada como Mayquel Alexander Tamara Madrid, estaba viendo el duelo en “Cambalache Bar”, acompañado por su cuñado, cuando de un momento a otro fue atacado.Joven perdió la vida tras recibir dos disparosDe acuerdo con el reporte oficial, un hombre llegó caminando hasta el lugar y, sin preguntar ni mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra Mayquel. El joven recibió múltiples impactos y perdió la vida en el sitio.En el ataque también resultó herido su cuñado, Yilson Manuel Villarreal Lader, de 35 años, quien fue auxiliado por vecinos y luego trasladado al Hospital Universidad del Norte. El hombre permanece bajo pronóstico reservado tras recibir una herida en el tórax.Según lo revelado por las autoridades, el atentado ocurrió en el establecimiento comercial, pero el agresor huyó en motocicleta. Aparentemente no se presentó advertencia ni discusión previa antes del homicidio y, de hecho, los familiares reportan que no se conocían amenazas en contra de Mayquel.La tenebrosa escena dejó consternados a los presentes, quienes pasaron en cuestión de segundos de la emoción del partido al terror por los disparos.Autoridades buscan al homicida en Soledad, AtlánticoLa Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del ataque.Las autoridades revelaron que Mayquel no figuraba como integrante de grupos ilegales ni tenía reportes de amenazas, pero en el sector hay injerencia del grupo criminal conocido como ‘Los Pepes’ y su líder, alias ‘Fulvio’, lo que hace parte de las hipótesis que investigan las autoridades.
En una nueva jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la defensa presentó varios recursos de apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.En la diligencia, el abogado de Petro Burgos rechazó que el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, y el representante a la Cámara Agmeth Escaf hayan sido admitidos como testigos de la Fiscalía en el juicio contra el exdiputado del Atlántico.El abogado Alejandro Carranza sostuvo que, así como a la defensa no le permitirán llevar como testigo al exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, por no ser este tema político objeto de debate, los testimonios de Benedetti y Escaf tampoco deben ser aceptados por la misma razón.Carranza también pidió que se reevalúe la decisión del juez que dejó por fuera del juicio la declaración de renta de Gabriel Hilsaca y, en cambio, solicitó admitirla, teniendo en cuenta que, según la teoría del caso, él entregó dinero al hijo mayor del presidente y el documento podría servir de prueba sobre el origen de los recursos.A su vez, el abogado apeló la decisión del juez que rechazó como testigo a Juan Camilo Pachón, representante legal de la empresa Brands and Business, y solicitó tenerlo en cuenta al considerar que su testimonio en el juicio “es importante porque hizo entrega de dinero a Nicolás en representación de esa compañía”. “Permítame, señor juez, explicar quién dio la plata y para qué la dio”, pidió la defensa.Para la defensa de Nicolás Petro, el operativo de captura del exdiputado y el allanamiento practicado en su vivienda, en 2023, fueron ilegales y, por consiguiente, solicitó que el teléfono que le fue incautado a su pareja, Laura Ojeda, en ese procedimiento no sea tenido en cuenta como prueba en el juicio.Insistió en que este teléfono debe ser excluido del juicio, máxime cuando el mismo juez ha considerado que hubo vulneración de derechos en ese operativo y hasta compulsó copias por esas presuntas irregularidades.Carranza también expuso que, así como fue rechazado el interrogatorio que rindió Nicolás Petro ante la Fiscalía, también sea inadmitida la declaración del acusado en medios de comunicación que guarda relación con dicho interrogatorio.Del mismo modo, pidió la admisión de un documento sobre la Fundación Conciencia Social, que en su momento fue pedido por la Fiscalía, pero luego esta prefirió no usarlo. El abogado afirma que a la defensa sí le puede ser útil esta prueba.
Francisco es uno de los 51 beneficiarios que recibieron unidades productivas en Barrancabermeja por parte de la Unidad para las Víctimas."Me entregan un emprendimiento, que es un proyecto de comida rápida, para yo iniciar como tal mi emprendimiento. Es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo y, gracias a Dios, hoy se hizo realidad. Bueno, pues más de 20 años", afirma Francisco Navarro, víctima del conflicto armado.La entidad asegura que las entregas a víctimas del conflicto incluyeron herramientas e insumos para negocios como cafeterías, papelerías, tiendas de abarrotes, panaderías, peluquerías, confecciones y restaurantes."Esta es una actividad muy importante para nosotros, las víctimas, ya que estas unidades productivas hacen parte también de ese globo de nuestra reparación integral", asegura Jesús Rodríguez Bustos, coordinador de la Mesa de Víctimas en Barrancabermeja.Adicionalmente, en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, la Unidad entregó 100 kits de ropa nueva a integrantes de la Asociación de Desplazados. Allí, además, se abrió un espacio de diálogo con líderes sociales y autoridades locales sobre los retos que persisten en el municipio."Somos municipio receptor. (…) Vamos a seguir trabajando; desde la alcaldía tenemos la disponibilidad para los 26 proyectos que formulamos. Esperamos que salgan la mayoría, para el beneficio de todas las víctimas de nuestro municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, y también para todo el sur de Bolívar, porque nosotros somos municipio receptor", subrayó Milton Doraya, alcalde del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) denunció públicamente presuntos hechos reiterados de acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional en la Regional Atlántico de la entidad, los cuales habrían afectado la salud física y emocional de varias trabajadoras.Uno de los casos más complejos, según la denuncia, involucra a la funcionaria Martha de la Cruz, quien es contratista de la institución y tiene cinco meses de embarazo. La mujer se encuentra hospitalizada en grave estado de salud por una situación que estaría asociada a presunta violencia y acoso laboral que padeció durante meses.Ana Fuentes, vocera del sindicato, expresó que han conocido más de 10 denuncias por acoso laboral, especialmente contra mujeres en la Regional Atlántico.Para el sindicato es preocupante que, desde la posesión de la actual defensora regional, Carolina Gómez, quien asumió el cargo en abril de 2025, se hayan acumulado en un corto periodo un número significativo de señalamientos por presunto acoso laboral y tratos denigrantes.La denuncia fue escalada a la defensora nacional del Pueblo, quien, a través de su cuenta de X, emitió un comunicado manifestando su preocupación y reconociendo la gravedad de la situación denunciada.Afirman que ya fueron desplegadas acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional ante los presuntos casos de acoso laboral, para adoptar las medidas a que haya lugar.
Este lunes, a las 9:00 de la mañana, se retomaron las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La diligencia está programada para desarrollarse este 23, 24 y 26 de febrero, inició con la intervención del abogado Alejandro Carranza, quien representa la defensa del hijo del presidente.Durante su intervención, el abogado apeló la admisión en el juicio de varios elementos a los que el juez Hugo Carbonó le dio cabida.El primero de estos fue el teléfono celular de Daysuris Vásquez. Consideró que este equipo de comunicación no debería ser aceptado en el juicio oral, por ser, a su juicio, una prueba ilegalmente obtenida, al no realizarle una audiencia de control posterior y pone entre dicho que Daysuris Vásquez lo haya entregado de forma voluntaria a la fiscalía dado que la información extraída del equipo, la terminó“Como usted pudo observar, tampoco fue llevado al juez para un control de garantías posterior ni hubo un control previo para esta diligencia. Además, el teléfono celular fue obtenido en esa diligencia, manipulado delante del perito y fue indicado a la señora Daysuris del Carmen que se le devolvería tan pronto se hiciera la extracción y la extracción se hizo, pero luego llegó otro fiscal, el del grupo de tareas especiales,el señor Mario Andrés Burgos Patiño, que hace una nueva extracción idéntica a la que había hecho el otro fisca y él va y hace un control posterior de esa extracción reteniendo el teléfono que no debían tampoco por qué retener”, expresó el abogado.La defensa de Nicolás cuestionó la aceptación de informes de policía judicial en los que se habla de información obtenida de una fuente no formal.Para el abogado, esta persona que entregó información a la Fiscalía debió ser llevada a juicio como testigo para ser interrogada, dado que sus declaraciones dieron origen al allanamiento de la casa del exdiputado del Atlántico, su posterior captura e incautación del teléfono de Laura Ojeda, su actual esposa.Cuestionó el abogado que no se demostró que esa fuente no formal estuviera amenazada.“Hago parte de esta alegación de reposición y apelación. Los informes de investigador no son prueba, no pueden ser llevados como prueba. Su señoría, las voces de los investigadores van a hablar de terceros que debían estar en juicio. Es decir, el investigador Víctor Romero le va a hablar de lo que le dijo una fuente que debía venir aquí con el cuentico de que es que la seguridad premio o privilegia sobre este asunto se cae por sí solo por una razón. ¿Y dónde están las denuncias que le ha mostrado la Fiscalía sobre denuncias o sobre situaciones que hubieran puesto en riesgo esa fuente de su señoría en esa época?”, detalló.
Desde la Asociación de Portuarios del Caribe (Asoportuaria) defienden la gestión realizada para la salida de un buque con combustible que fue interceptado por la Marina de Estados Unidos en el Caribe, por presuntamente dirigirse hacia Cuba, país que está bajo bloqueo para la venta de petróleo y derivados del mismo. Al respecto, el director de Asoportuaria, Lucas Ariza, afirmó que el buque que zarpó iba con cargamento de fibroil y que mostró su documentación al día para llegar a un puerto de República Dominicana. La operación comercial se realizó bajo la modalidad FOB (Free On Board), lo que significa que la empresa vendedora colombiana se comprometió a entregar el producto en el puerto de origen, mientras que el comprador asumió la responsabilidad del transporte y el destino final de la carga, lo que deslinda cualquier responsabilidad del puerto de Palermo frente a lo que pudo suceder en la trayectoria del mismo. No obstante, defiende que al final el barco llegó a Haití, país ubicado en la misma isla que República Dominicana, por lo que consideró que las versiones que lo vinculan con un supuesto destino a Cuba “entran en el terreno de la especulación”."Porque el barco termina en Haití no se sabe si ese fue un destino nuevo o si por las interceptaciones. Nada dice o de ahí en adelante que el producto iba para Cuab. Pero son negocios entre particulares y ahí la responsabilidad la lleva el comprador del producto", explicó.
Como Marcos Antonio Guevara Jusayu, de 21 años de edad, fue identificado en las últimas horas el joven que fue capturado en el barrio El Manantial de Riohacha, en el departamento de La Guajira, por incendiar una casa en la que minutos antes había llegado, según él, pidiendo $2.000 pesos para consumir drogas.De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, el hecho sucedió a la altura de la calle 14K con la carrera 27, del barrio mencionado, en horas de la tarde de este sábado 17 de mayo.Al parecer, la persona se molestó cuando fue negada su solicitud y aprovechó una desatención de los dueños del domicilio para entrar. Buscando cosas, encontró un bolso y empezó a guardar ropa de uno de los residentes, mientras que al salir utilizó una mechera para prender fuego a las sabanas que estaban en uno de los cuartos con la intención de distraer a la comunidad y borrar sus huellas.Sin embargo, gracias a la rápida reacción tanto de la Policía, comunidad como bomberos, se logró apaciguar las llamas y encontrar al responsable metros más adelante, portando un bolso marrón que en su interior tenía dos pares de zapatos, camisas y pantalones que no era de su propiedad.“Yo tengo un problema de drogas y antes de meterme yo le pedí 2.000 a la esposa, era para eso. Utilicé una mechera”, fueron las palabras que mencionó Guevara Jusayu cuando la Policía lo salvó de ser golpeado por la comunidad.La persona fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras que las llamas fueron controladas por los bomberos.
Luego de dos días de que Dayana Jassir De La Hoz fuera condenada por el homicidio del entonces director de la Regional Norte de Medicina Legal, Eduardo Pinto, después de una sentencia de segunda instancia que revocó el fallo que la declaraba inocente, se confirmó que será buscada en Barranquilla para que cumpla con la misma. Tras una mesa técnica de trabajo adelantada por la Policía y la Fiscalía, el operativo para encontrarla quedó a cargo de agentes del CTI.Las autoridades no han estipulado una recompensa para recibir información, sin embargo Blu Radio conoció que se espera que esta semana sea localizada para que cumpla su condena de 57 años y 6 meses de prisión, ya sea en su residencia o en su lugar de trabajo. Al tiempo de esta operación, el magistrado Jorge Eliécer Cabrera Jiménez ordenó iniciar una investigación contra la jueza que en primera instancia había declarado inocente a Dayana Jassir, de quien dijo que había “testimonios contundentes para declararla como determinadora del crimen".Jassir fue hallada "como determinadora de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas agravado y hurto calificado y agravado", es decir que según el magistrado, fue la autora intelectual del asesinato de su entonces pareja sentimental.Vale decir que, pese a la decisión que tomó esta semana el magistrado ponente, será la Corte la encargada de dar la decisión final frente a la culpabilidad o inocencia de la esposa de quien era el director de la regional norte de Medicina Legal.
Desde las 8:00 de la mañana se abrieron las urnas en el municipio de La Jagua del Pilar en La Guajira, donde en estas elecciones atípicas se busca escoger un nuevo alcalde tras la sentencia que destituyó al mandatario José Amiro Morón Núñez por doble militancia, luego de apoyar públicamente a Wilmer Torres Nieves, quien era de un colectivo diferente al suyo.La Registraduría Nacional informó que son 4.473 los ciudadanos habilitados para votar en los dos puestos de votación instalados, uno en la cabecera municipal y otro en el corregimiento El Plan, integrados por 12 mesas. De dichos votantes, 2.073 son mujeres y 2.400 son hombres.De igual manera, 88 jurados de votación (72 titulares y 16 remanentes) fueron designados para prestar su servicio durante el desarrollo de esta jornada democrática.Antes de iniciar, la secretaría de Gobierno Municipal, Jaleidis Morón Pinto, envió un mensaje de tranquilidad diciendo que hay más de 300 policías dispuestos para garantizar la seguridad.“Contamos con la presencia de más de 300 uniformados entre Ejército Nacional y Policía para garantizar que este proceso electoral se lleve a feliz término. Confiamos en que todas las instituciones se han desplazado para el municipio con el fin de que esta fiesta se lleve con la transparencia que requiere”, dijo inicialmente.“La comunidad debe estar tranquila de que toda la institucionalidad está aquí para garantizar un proceso transparente”, añadió.La jornada electoral se realizará con base en el Decreto 0166 del 18 de marzo de 2025, expedido por el gobernador de La Guajira, así como al tiempo hay elecciones atípicas en Coyaima (Tolima) y Oiba (Santander).
Tras confirmarse que el cabildo popular convocado por el presidente Gustavo Petro fue aplazado para el día martes 20 de mayo en Barranquilla, debido a compromisos del jefe de Estado en Roma, la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (Asocentro) tomó la decisión de tener una jornada especial de 8:00 de la mañana a 12 del mediodía.Inicialmente, se pensaba no abrir al público por la concentración; sin embargo, estos pagaron cerca de 10 millones de pesos para comprar madera que sirva para tapar sus locales en el punto evitando daños por desmanes y la Policía Metropolitana de Barranquilla prometió acompañamiento durante la mañana.La noticia fue confirmada a Blu Radio por parte de Gabriel Navarro, director Asociación de Comerciantes del Centro de la capital del Atlántico, quien además pidió un buen comportamiento de los asistentes.“Tomamos medidas como implementar más seguridad en los centros comerciales, tapar un poco la fachada con bloques de madera y, por eso, invitamos a toda la comunidad que va a participar de esta concentración para que lo hagan de manera pacífica”, dijo inicialmente.“Estos no son gastos previstos para los comerciantes, cuyo valor asciende a la suma de 10 millones de pesos aproximadamente y las pérdidas que va a generar este día también son bastante altas. Estaríamos hablando de más de 100 millones de pesos”, agregó Navarro.El cabildo popular fue convocado para las 3:00 de la tarde; sin embargo, se espera que una gran cantidad de personas llegue al sitio desde mucho antes.
El cabildo abierto convocado para este lunes 19 de mayo en el Paseo Bolívar de Barranquilla fue aplazado en las últimas horas debido a los compromisos del presidente Gustavo Petro en el Vaticano, en Roma, por lo que no estaba garantizada su presencia.De esa manera lo informó inicialmente la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) por medio de un comunicado a los medios.“La Asociación de Educadores del Atlántico convoca al magisterio del departamento del Atlántico, distrito de Barranquilla y municipios certificados de Soledad y Malambo, a participar activa y masivamente en el cabildo abierto con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la ciudad de Barranquilla”, dice inicialmente.“Se modifica la fecha para garantizar la presencia del presidente de la República, quien será recibido por el papa León XIV en la ciudad de Roma”, agrega.Por su parte, Andrea Vargas, secretaria general del movimiento Colombia Humana, declaró que esperan una masiva asistencia.“Con la intención de desatar la más amplia y contundente movilización el día martes, ese 20 de mayo nos encontraremos en el primer cabildo, y el que queremos que sea el más grande del país, con más de 30.000 asistentes que creen en el proyecto progresista y apoyan al Gobierno del cambio”, finalizó.Así las cosas, es posible que el martes no haya normalidad académica al 100 %, pues la Asociación de Educadores del Atlántico ya está informando a sus docentes sindicalizados que pueden asistir a la concentración prevista.Aclaran que, aunque esto implique ausentarse de los salones de clase, los manifestantes estarán amparados en su derecho a Día Sindical.
El 29 de diciembre de 2024 un crimen atroz conmocionó al país cuando unos sicarios entraron en un restaurante de Aguachica, César, y en cuestión de segundos dispararon contra una familia que acababa de salir del culto en una iglesia cristiana.En plena luz del día fueron asesinados Marlon, Yurlay, Santiago y Natalia Lora Rincón, personas sin enemigos, sin antecedentes judiciales ni problemas con nadie.Meses después, tras revisar 86 cámaras de seguridad y más de 70 horas de grabación, la Fiscalía concluyó que los Lora fueron víctimas de una confusión, ya que el verdadero objetivo era alias "La Diabla", quien logró huir segundos antes del ataque.Así era la casa de la familia de pastores masacrados en Aguachica En un reportaje de Los Informantes, de Caracol Televisión, Ángela Barrera, madre de Marlon, describió a su hijo como un hombre humilde y sin lujos.La familia vivía en una humilde casa que estaba ubicada al lado de la iglesia Príncipe de Paz, que dirigía el pastor Marlon. La vivienda era modesta , sin lujos y fue construida con techo de zinc y paredes de cemento sin pintar. Contaba con un pequeño cuarto para Ángela y Santiago, una habitación principal con cama doble para los pastores, y un área al fondo, con una mesa de plástico.La familia se había mudado allí hace pocos días y estaban contentos a pesar de las condiciones."No tuvo caminonetas de alta gama, ni casas lujosas, ni dinero, ni nada. Absolutamente nada", dijo su mamá. Familia Lora RincónMarlon pintaba casas para sostener a su familia y los fines de semana recorría las veredas del sur del César evangelizando, además de dirigir su iglesia.“Iba sin miedo, tranquilo, porque no le debía nada a nadie. Su único nexo era con Dios”, recordó Ángela.En Villa Paraguay, la iglesia sigue en pie y cada domingo continúa la prédica. Mientras tanto, en la vieja casa su familia recuerda a los Lora con profundo dolor.