Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.
El abogado Alejandro Carranza, quién ejerce la defensa de Nicolás Petro en el juicio que se le adelanta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pidió que el juez reconsidere la utilización del testimonio del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien para el año 2022 era el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.Para el abogado, este testimonio que inicialmente fue rechazado por el juez Hugo Carbonó para ser usado en el juicio oral, es relevante porque le permitiría explicar si Nicolás Petro recaudó o no dineros para la campaña presidencial.“Entonces yo sí le pido en este momento que reponga esa decisión de negarme el testimonio del doctor Ricardo Roa. La defensa solicitó su testimonio y declaración con la finalidad de aportar un contexto verificable sobre la estructura administrativa y los elementos de trazabilidad de ingresos según el planteamiento defensivo que hace menos probable la teoría de la fiscalía. El doctor Roa era el gerente de la campaña y él podrá explicarle en juicio si efectivamente Nicolás participaba o no participaba del recaudo de dineros de forma oficial a la campaña, si tenía un encargo, si tenía una misión, si hacía parte del organigrama, si efectivamente recaudó, si efectivamente entregó”, detalló.En este mismo sentido, también reclamó el uso de los certificados expedidos por la Casa de Nariño con los que busca demostrar que no hubo tráfico de influencias.“Le interpongo recursos, reposición y apelación frente a las certificaciones de la casa de Nariño, que es un bloque completo que esta defensa formuló en el cual su señoría se le sustentó de forma debida a su pertinencia al indicarle que eran elementos que demostrarían que el señor Nicolás Fernando Petro jamás intentó ninguna clase de actividad fraudulenta, de tráfico de influencias o de obtención de favores, porque en la conducta que se le endilga en juicio es la de enriquecimiento de servidor público”, expresó.Argumenta Carranza que con ese documento expondrá que Nicolás Petroa a pesar de ser el hijo del presidente y haber sido diputado del Atlántico, no intervino con ningún miembro de la casa de Nariño para tener prebendasAsí mismo solicitó que reconsidere la utilización en el juicio de una denuncia que instauró Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca ante la fiscalía contra Daysuris Vázquez por sus declaraciones a medios afirmando que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022. También pidió que se incluya varias entrevistas publicadas en medios.
Una denuncia que desde 2023 enfrenta el concejal barranquillero Alexis Castillo por presunta violencia intrafamiliar, llevó al cabildante a tener que entregarse voluntariamente en la mañana de este martes ante la Fiscalía seccional Atlántico, para atender la orden de captura que la semana pasada emitió un juez de control de garantías en su contra. De acuerdo, con lo que señaló el concejal en un comunicado que compartió en sus redes sociales, la orden de captura obedeció a una solicitud del fiscal del caso porque este no se presentó a una audiencia programada para el mes de noviembre, la cual iba a consistir en el traslado del escrito de acusación, lo que fue interpretado como posible obstrucción al proceso. Sin embargo, al respecto no se tienen más detalles por parte del ente acusador sobre el detalle del avance del proceso. Al respecto, trascendió que el concejal llego con su abogado para que se adelantara el trámite de legalización de captura. En 2023 se conoció que la ex pareja sentimental de Castillo demandó al concejal por presunta violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica. Entre otros detalles, la mujer reveló fotografías que daban cuenta de las agresiones sufridas, lo que le dejó marcas visibles en la piel. Sin embargo, todo esto es materia de investigación en el proceso.
Lo que cientos de viajeros esperaban que el pasado sábado a las 9 de la noche fuera un viaje tranquilo entre Cartagena y Madrid, a bordo de un avion Plus Ultra, se convirtió en una pesadilla luego de que escucharan una explosión en una de las partes de la aeronave al momento del despegue, lo que no permitió que este alcanzara suficiente altura. De acuerdo con el relato de familiares de los viajeros, "todo el mundo empezó a gritar" mientras el piloto realizaba una rápida maniobra para aterrizar de nuevo en la pista del aeropuerto Rafael Nuñez. "Fueron momentos de pánico. Sé que todos gritaban. Eso fue horrible porque el avión se fue como de nariz. El avión intentó despegar y al alzar la nariz sufrió un golpe y el avion no estaba en condiciones de volar. Fue un desperfecto mecánico", contó Alejandro Vásquez, quien es hijo de uno de los viajeros afectados. Por esto les asignaron un siguiente vuelo para el domingo a las 2 de la tarde, sin embargo, este vuelo tampoco pudo realizarse. La situación generó molestias y reclamos por parte de los pasajeros afectados, quienes pedían explicaciones ante lo que sucedía. No obstante la respuesta final que lograron darle a estas personas era que debían esperar y que mientras tanto les iban a compensar alimentación y hospedaje. Finalmente, el avión solo hasta las 3 de la mañana de este martes 24 de febrero pudieron despegar desde Cartagena estos cientos de viajeros hacia España, sin embargo, a los pasajeros no les quedó claro si lo hicieron en el mismo avión del daño o si era una segunda aeronave. "De acuerdo con la Aeronáutica Civil debe indemnizar por parte de la aerolínea por la cantidad de horas, el retraso, a parte de la distancia del vuelo y una compensación de 600 euros. Esto si o si debe ser obligatorio. Además, por la cantidad de horas que tiene el vuelo, tiene que devolver el dinero del billete, porque se perdieron dos vuelos de Madrid a Barcelona", señaló Alejandro.
A través de un video en Instagram, el Ministerio de Comunicación indicó que comenzaron los trabajos para que los espacios de esta cárcel se conviertan en un "centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas a este recinto", tal como ordenó la presidenta encargada Delcy Rodríguez.En el video, el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez, indicó que el proyecto fue aprobado tras una consulta a los residentes cercanos a la cárcel, así como a los funcionarios policiales."Nos comprometemos a cumplir la palabra empeñada de nuestra presidenta, la doctora Delcy Rodríguez", agregó, sin ofrecer más detalles de este proyecto que ya empezó la fase de ejecución.Por su parte, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos aseguró este lunes, en rueda de prensa, que todavía hay detenidos en El Helicoide, por lo que dijo que es falso que hayan comenzado trabajos para reestructurar el centro carcelario.Andreína Baduel, integrante de la ONG, sostuvo que un lugar que encierra "tanto dolor y tanta tortura" no puede ser un centro de recreación por lo que lucharán para que se convierta en un museo histórico de lo que "no tiene que repetirse nunca más en Venezuela".El pasado 30 de enero, Rodríguez pidió convertir El Helicoide en un centro social y deportivo, en medio de su propuesta de una ley de amnistía para los presos políticos desde 1999 hasta la actualidad que fue aprobada el pasado jueves por el Parlamento, controlado por el chavismo.La propuesta sobre El Helicoide la dio a conocer semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien el Gobierno encargado mantiene acercamientos, hablara del cierre de una "cámara de torturas" en la capital venezolana.El Helicoide, una estructura inconclusa de la década de 1950, que fue concebida originalmente como centro comercial, pasó luego a convertirse en la sede del Sebin y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).La sede ha sido señalada como un centro de "torturas" por opositores y activistas defensores de derechos humanos, mientras que la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha documentado casos de torturas y abusos.El Gobierno venezolano, en tanto, siempre ha negado estos señalamientos.La ONG Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la Ley de Amnistía, mientras que contabiliza más de 600 detenidos por estos motivos que siguen encarcelados.El Gobierno niega que en Venezuela haya personas detenidas por motivos políticos y asegura que cometieron delitos, una afirmación rechazada por la dirigencia opositora y varias ONG.
La llegada del colombiano Luis Díaz al fútbol alemán con el Bayern Múnich no solo ha representado un gran salto deportivo para el guajiro, y es que sus buenos números lo han posicionado como el mejor extremo del mundo, según el portal Whoscored, superando a figuras como Lamine Yamal del Barcelona y Vinicius Jr. del Real Madrid.Sin embargo, el desafío de Lucho no ha estado solo en la cancha, pues tiene otras obligaciones que debe cumplir o podría enfrentar una dura reducción salarial debido a una estricta cláusula que le impuso el cuadro bávaro.¿Cuál es la cláusula que debe enfrentar Luis Díaz en el Bayern Múnich?De acuerdo con lo revelado por el portal alemán Bild, uno de los más importantes del país europeo, ‘Lucho’ debe participar en dos o tres sesiones semanales para aprender el idioma alemán, organizadas por el propio club. Las clases no son un simple trámite, ya que Díaz es evaluado periódicamente mediante pruebas para medir su progreso. El objetivo no es solo que entienda alemán, sino que el conjunto bávaro espera que el colombiano esté completamente integrado tanto en el interior como fuera del campo.Pero la cláusula no se limita a la cantidad de clases semanales que debe cumplir. La estructura alemana es clara: si no demuestra avances suficientes, el Bayern impondría sanciones económicas que van desde los 5.000 hasta los 50.000 euros, los cuales serían descontados directamente de su salario.Más que un castigo, la política busca acelerar la adaptación cultural. Dominar el idioma le permitiría a Lucho entender con mayor facilidad las indicaciones tácticas, comunicarse mejor con sus compañeros y relacionarse con la afición y los medios.Si el colombiano logra una formación óptima en el idioma y mantiene su rendimiento, sin duda abre el camino para convertirse en referente del club. Si bien Lucho es conocido por su carácter trabajador y resiliente, el reto perfila su mentalidad para consolidarse como una de las figuras más importantes del equipo bávaro.¿Cómo va Luis Díaz en el Bayern Múnich?Desde su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz ha dado de qué hablar por sus altos números en el campo. Su disposición a la hora de asistir, anotar y defender ha sido clave para que los dirigidos por Vincent Kompany se perfilen como el mejor equipo de la temporada en la Bundesliga.Con 60 puntos tras 23 juegos, el Bayern comanda como líder solitario de la tabla, y el trabajo del colombiano lo ubica en la segunda casilla de goleadores con 13 tantos, solo por debajo de Harry Kane, su compañero en ataque, quien suma 28 anotaciones.Sin embargo, su aporte al club no se limita a los goles, pues con 9 asistencias también se encuentra en la segunda casilla, solo por debajo de Michael Olise, igualmente del Bayern Múnich. Ante esto, Lucho Díaz es, sin duda, una de las figuras más completas del equipo actualmente, ya que no solo anota, sino que también contribuye al juego, siendo su desequilibrio y picardía los elementos que más inquietan a la defensa rival.
Cambiar la cuenta de nómina en Colombia es un trámite sencillo y respaldado por la jurisprudencia constitucional. Los trabajadores tienen derecho a elegir el banco donde desean recibir su salario, sin imposiciones del empleador.La base legal está en la Sentencia C-041 de 2000 de la Corte Constitucional, que dejó claro que ninguna empresa puede obligar a sus empleados a abrir o mantener una cuenta en una entidad financiera específica para el pago del salario.¿Tiene derecho a elegir el banco donde recibe su salario?Sí. La Corte Constitucional fue enfática en que el empleador no puede imponer una institución financiera determinada ni condicionar el pago del salario a la apertura de una cuenta específica.Aunque el fallo analizó normas sobre cheques cruzados y pagos “para abono en cuenta”, precisó que, tratándose de remuneraciones laborales, el trabajador conserva su libertad para decidir dónde recibir su dinero. Cualquier restricción injustificada podría vulnerar derechos fundamentales.Cómo cambiar la cuenta de nómina paso a paso1. Abrir una nueva cuenta bancaria: el primer paso es acudir al banco de su preferencia y solicitar la apertura de una cuenta. La entidad le pedirá documento de identidad, datos personales e información laboral. Al finalizar el proceso, le entregarán los datos de la nueva cuenta.2. Solicitar certificado de titularidad: luego debe pedir un certificado de titularidad bancaria. Este documento acredita que usted es el titular e incluye nombre completo, número de documento, número y tipo de cuenta. En muchos casos puede descargarse desde la banca virtual.3. Notificar formalmente al empleador: presente el certificado ante el área de recursos humanos o nómina e informe por escrito —correo electrónico o carta— que desea que su salario sea consignado en la nueva cuenta. Esto deja constancia formal de la solicitud.¿Puede el empleador negarse?En principio, no. La jurisprudencia constitucional establece que el empleador no puede imponer una entidad financiera ni exigir que el trabajador permanezca en determinado banco.Sin embargo, pueden existir tiempos administrativos razonables para aplicar el cambio, por ejemplo, a partir del siguiente ciclo de pago.Recomendaciones para evitar inconvenientesNo cierre la cuenta anterior hasta confirmar que el primer pago ya fue consignado en la nueva. Revise las fechas de corte de nómina para evitar retrasos y conserve copia del certificado y del correo enviado.En conclusión, cambiar la cuenta de nómina es un procedimiento simple y protegido por la ley: abrir una nueva cuenta, solicitar el certificado y notificar al empleador. La elección del banco es un derecho del trabajador.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 23 de febrero de 2026:Antonio Morales, alcalde de Tapalpa, Jalisco, habló de la escalada violenta tras la muerte de Nemesio ´El Mencho´ Oseguera, líder del Cártel de Jalisco.David Saucedo, especialista en seguridad pública de México, se refirió del abatimiento de Nemesio ´El Mencho´ Oseguera, líder del Cártel de Jalisco en México.El general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División del Ejército, habló acerca del enfrentamiento con disidencias de ´Calarcá´ en Guaviare.Wber Orlando Ríos, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Antioquia, se refirió de la construcción de una Planta de Medicamentos Esenciales.José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la MOE UE en Colombia 2026, habló de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las elecciones que se avecinan en el país.Diana Pava, directora del Instituto Nacional de Salud, comentó sobre el caso de sarampión en Bogotá.Escuche el programa completo aquí:
El sector asegurador colombiano cerró el 2025 con cifras que reflejan tanto crecimiento como desafíos críticos. Durante el año pasado, las compañías de seguros desembolsaron 27,6 billones de pesos en reclamaciones, cubriendo accidentes, enfermedades, fallecimientos y otros siniestros.“Las emergencias derivadas de la temporada de lluvias, el sismo de Paratebueno, los accidentes viales, las afectaciones al agro y las atenciones en salud, entre otras contingencias, evidencian que el seguro no es un gasto opcional. Es una herramienta de protección que debe adquirirse de manera oportuna y que resulta fundamental para sostener las actividades económicas, no solo de las personas, sino también de las empresas”, señaló Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.Uno de los segmentos que más destacó fue el de seguros de salud, cuyas primas crecieron 21 %, alcanzando 871 mil millones de pesos. Las aseguradoras pagaron 3,3 billones en servicios médicos, un reflejo de las dificultades que enfrenta el sistema público de salud y del creciente interés de los colombianos por asegurar su bienestar.Hoy, 1,8 millones de personas cuentan con cobertura privada, 200.000 más que en 2024. En respuesta, Fasecolda creó la Cámara Técnica de Seguros de Salud, con el objetivo de fortalecer el acceso a servicios y articular esfuerzos entre el Estado, prestadores y aseguradoras.Los seguros de vida también mostraron un crecimiento sólido. Las primas de vida individual aumentaron 14%, hasta 1,8 billones de pesos, reflejando la intención de muchas familias de proteger su respaldo económico frente a cambios demográficos y necesidades emergentes. Según Gustavo Morales, presidente de Fasecolda, este fenómeno responde a la transición poblacional y a la necesidad de soluciones de aseguramiento adaptadas a la realidad colombiana.En cuanto a seguridad social y rentas vitalicias, cerca de 8,2 millones de personas estuvieron cubiertas por seguros de invalidez y sobrevivencia. Durante el año, se registraron 12.075 reclamaciones por 4,3 billones, y las mesadas de rentas vitalicias alcanzaron 2 billones de pesos. Además, el sector constituyó reservas matemáticas históricas por 17 billones, elevando el stock total a 58,7 billones.Por otra parte, los seguros para autos subieron 5,1%, con 2,48 millones de vehículos protegidos, mientras que los pagos por siniestros alcanzaron 3,48 billones, un leve descenso respecto a 2024 debido a la menor gravedad de los accidentes. No obstante, 8.697 muertes y 1,27 millones de víctimas por siniestros viales resaltan la urgencia de fortalecer la seguridad vial y combatir el fraude al SOAT.Los seguros de propiedad cobraron relevancia ante eventos extremos, como el sismo de 6,5 grados en Paratebueno, que generó pagos por 62.100 millones de pesos. Con 2,6 millones de propiedades aseguradas, el valor asegurado alcanzó 2,432 billones, equivalente a casi 1,5 veces el PIB de 2024.Por último, el seguro agropecuario confirmó su papel como herramienta estratégica de política pública. A pesar de una disminución en primas del 18,1%, los pagos cubrieron pérdidas por fenómenos climáticos, beneficiando a 75.419 productores, principalmente pequeños agricultores. Los incentivos del ISA priorizaron a los sectores más vulnerables, reforzando la protección del ingreso rural y la sostenibilidad del campo colombiano.
En Sucre están las alertas encendidas por el hallazgo sin vida de tres cobradiarios que habían sido reportados como desaparecidos desde el viernes, mientras continúa la búsqueda de un cuarto del que aún se desconoce su paradero.De acuerdo con la Policía, el primer hallazgo se registró el 22 de febrero de 2026, a las 6:10 de la mañana, en zona rural del municipio de Sincelejo, donde fue encontrado el cuerpo deEl primer cuerpo en ser encontrado fue el de Camilo Andrés Villegas Ramírez. Su cadáver fue abandonado en un sector conocido como Las Huertas, en zona rural de Sincelejo la mañana del pasado domingo. Su cuerpo tenía una herida de arma blanca en el abdomen y marcas en el cuello que indicarían que fue asfixiado.La búsqueda de las autoridades continuó y hacia el mediodía del lunes, en la vía que conduce al corregimiento de Guaimí, municipio de San Antonio de Palmito, en Sucre, encontraron a otra de las víctimas. Se trata de David Esteban Bohórquez Franco, cuñado de Camilo.La tercera víctima encontrada fue Jhonatan Villegas Ramírez, hermano de Camilo. Su cuerpo fue abandonado en el municipio de San Andrés de Sotavento, en Córdoba.Según información preliminar, las víctimas habrían desaparecido en el municipio de Tuchín, Córdoba. Las autoridades informaron que un cuarto cobradiario continúa desaparecido, por lo que se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente. Se trata de Jesús David Anaya GuevaraEl caso está siendo investigado por un equipo especial integrado por unidades de Policía Judicial, Inteligencia y GAULA, orientado a identificar, ubicar y capturar a los responsables. También se han fortalecido las capacidades operativas y de control en los sectores afectados.Las autoridades invitaron a la ciudadanía a suministrar información que permita avanzar en la investigación a través de la línea 123, garantizando absoluta reserva.Por el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el móvil de este homicidio. Llama la atención el hecho de que los cuerpos fueron abandonados en sitios diferentes entre los departamentos de Sucre y Córdoba.
La precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, Paloma Valencia, estuvo este lunes en Barranquilla como parte de su correría política por las regiones y, previo a su discurso público en el parque Sagrado Corazón, se refirió a las advertencias que ha venido lanzando el presidente Gustavo Petro sobre el presunto fraude electoral que se daría en los próximos comicios."El fraude no se comete en la Registraduría, se comete con los fusiles por parte de grupos ilegales y Petro está negociando con ellos. Aquí al que mataron fue a Miguel Uribe, que era de este partido; a los que están persiguiendo y a los que amenazan son a los del Centro Democrático", dijo.Agregó que lo primero que se debería hacer para que haya garantías electorales es que terminen las mesas de diálogo con los grupos armados."Que rompan todas esas mesas de diálogo y les den protección a los candidatos y garantías. ¿Cómo se va a hacer política con las amenazas encima de la gente y con los atentados? Es que así es muy difícil hacer política", cuestionó.Sobre la llegada de la misión de observación electoral de la Unión Europea para acompañar las votaciones, Valencia aseguró que es "importante" por todo "lo que está pasando en el país, que es grave”.“Hay un presidente que se la pasa criticando a la Registraduría, pero no dice nada de que declaren objetivo militar a mi candidato a la Cámara en el Cauca o que destruyan la sede del Centro Democrático en el Huila, no dice nada de que haya pancartas que ordenan que no podamos entrar a los departamentos, que no hay garantías electorales”, dijo.
En Santa Marta, un nuevo hecho de robo desata quejas y críticas por el aumento de la inseguridad en la ciudad. Esta vez, a plena luz del día, un hombre fue atracado a mano armada cuando se movilizaba en motocicleta junto a su hijo menor de edad. El hecho ocurrió en la calle 22 con la avenida de Los Estudiantes, un corredor de alto flujo vehicular de la capital del Magdalena.En las imágenes, que ya circulan en redes sociales, se observa cómo dos sujetos, en otra motocicleta, se acercan a la víctima. El parrillero baja sin titubeos, lo encañona y lo obliga a descender del vehículo en medio de un forcejeo. El hombre termina en el suelo y, en segundos, entrega sus pertenencias, mientras su hijo permanece cerca, en un momento de evidente tensión e indignación.La escena ocurre rápidamente: amenaza, caída y huida. Los delincuentes se llevan lo que encuentran y se marchan del lugar, mientras los presentes solo gritan y piden ayuda.Otro detalle que ha llamado la atención es que la motocicleta utilizada por los asaltantes no tendría placa visible, según lo que se alcanza a apreciar en el video.Hasta ahora, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre este caso. Entre tanto, el video sigue circulando en redes y alimenta el reclamo de los samarios por más controles y mayor presencia policial en este sector de la ciudad.
La violencia en Colombia no da tregua, ni siquiera mientras se ve un partido de fútbol desde la comodidad de la casa o en un bar, situación que ocurrió con un joven de 22 años en el barrio Villa Muvdi, en Soledad.Resulta que, sobre las 5:12 de la tarde del pasado domingo 22 de febrero, el joven se encontraba viendo el duelo entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, juego que se disputaba en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, cuando fue sorprendido.La víctima, identificada como Mayquel Alexander Tamara Madrid, estaba viendo el duelo en “Cambalache Bar”, acompañado por su cuñado, cuando de un momento a otro fue atacado.Joven perdió la vida tras recibir dos disparosDe acuerdo con el reporte oficial, un hombre llegó caminando hasta el lugar y, sin preguntar ni mediar palabra, disparó en varias ocasiones contra Mayquel. El joven recibió múltiples impactos y perdió la vida en el sitio.En el ataque también resultó herido su cuñado, Yilson Manuel Villarreal Lader, de 35 años, quien fue auxiliado por vecinos y luego trasladado al Hospital Universidad del Norte. El hombre permanece bajo pronóstico reservado tras recibir una herida en el tórax.Según lo revelado por las autoridades, el atentado ocurrió en el establecimiento comercial, pero el agresor huyó en motocicleta. Aparentemente no se presentó advertencia ni discusión previa antes del homicidio y, de hecho, los familiares reportan que no se conocían amenazas en contra de Mayquel.La tenebrosa escena dejó consternados a los presentes, quienes pasaron en cuestión de segundos de la emoción del partido al terror por los disparos.Autoridades buscan al homicida en Soledad, AtlánticoLa Policía Metropolitana de Barranquilla inició las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el responsable. Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del ataque.Las autoridades revelaron que Mayquel no figuraba como integrante de grupos ilegales ni tenía reportes de amenazas, pero en el sector hay injerencia del grupo criminal conocido como ‘Los Pepes’ y su líder, alias ‘Fulvio’, lo que hace parte de las hipótesis que investigan las autoridades.
En una nueva jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro Burgos por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la defensa presentó varios recursos de apelación frente a las pruebas admitidas y rechazadas por el juez del caso, Hugo Carbonó.En la diligencia, el abogado de Petro Burgos rechazó que el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, y el representante a la Cámara Agmeth Escaf hayan sido admitidos como testigos de la Fiscalía en el juicio contra el exdiputado del Atlántico.El abogado Alejandro Carranza sostuvo que, así como a la defensa no le permitirán llevar como testigo al exgerente de la campaña Petro Presidente, Ricardo Roa, por no ser este tema político objeto de debate, los testimonios de Benedetti y Escaf tampoco deben ser aceptados por la misma razón.Carranza también pidió que se reevalúe la decisión del juez que dejó por fuera del juicio la declaración de renta de Gabriel Hilsaca y, en cambio, solicitó admitirla, teniendo en cuenta que, según la teoría del caso, él entregó dinero al hijo mayor del presidente y el documento podría servir de prueba sobre el origen de los recursos.A su vez, el abogado apeló la decisión del juez que rechazó como testigo a Juan Camilo Pachón, representante legal de la empresa Brands and Business, y solicitó tenerlo en cuenta al considerar que su testimonio en el juicio “es importante porque hizo entrega de dinero a Nicolás en representación de esa compañía”. “Permítame, señor juez, explicar quién dio la plata y para qué la dio”, pidió la defensa.Para la defensa de Nicolás Petro, el operativo de captura del exdiputado y el allanamiento practicado en su vivienda, en 2023, fueron ilegales y, por consiguiente, solicitó que el teléfono que le fue incautado a su pareja, Laura Ojeda, en ese procedimiento no sea tenido en cuenta como prueba en el juicio.Insistió en que este teléfono debe ser excluido del juicio, máxime cuando el mismo juez ha considerado que hubo vulneración de derechos en ese operativo y hasta compulsó copias por esas presuntas irregularidades.Carranza también expuso que, así como fue rechazado el interrogatorio que rindió Nicolás Petro ante la Fiscalía, también sea inadmitida la declaración del acusado en medios de comunicación que guarda relación con dicho interrogatorio.Del mismo modo, pidió la admisión de un documento sobre la Fundación Conciencia Social, que en su momento fue pedido por la Fiscalía, pero luego esta prefirió no usarlo. El abogado afirma que a la defensa sí le puede ser útil esta prueba.
Francisco es uno de los 51 beneficiarios que recibieron unidades productivas en Barrancabermeja por parte de la Unidad para las Víctimas."Me entregan un emprendimiento, que es un proyecto de comida rápida, para yo iniciar como tal mi emprendimiento. Es un proyecto que venía desde hace mucho tiempo y, gracias a Dios, hoy se hizo realidad. Bueno, pues más de 20 años", afirma Francisco Navarro, víctima del conflicto armado.La entidad asegura que las entregas a víctimas del conflicto incluyeron herramientas e insumos para negocios como cafeterías, papelerías, tiendas de abarrotes, panaderías, peluquerías, confecciones y restaurantes."Esta es una actividad muy importante para nosotros, las víctimas, ya que estas unidades productivas hacen parte también de ese globo de nuestra reparación integral", asegura Jesús Rodríguez Bustos, coordinador de la Mesa de Víctimas en Barrancabermeja.Adicionalmente, en Santa Rosa del Sur, en Bolívar, la Unidad entregó 100 kits de ropa nueva a integrantes de la Asociación de Desplazados. Allí, además, se abrió un espacio de diálogo con líderes sociales y autoridades locales sobre los retos que persisten en el municipio."Somos municipio receptor. (…) Vamos a seguir trabajando; desde la alcaldía tenemos la disponibilidad para los 26 proyectos que formulamos. Esperamos que salgan la mayoría, para el beneficio de todas las víctimas de nuestro municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, y también para todo el sur de Bolívar, porque nosotros somos municipio receptor", subrayó Milton Doraya, alcalde del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar.
El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (SINDHEP) denunció públicamente presuntos hechos reiterados de acoso laboral, violencia psicológica y negligencia institucional en la Regional Atlántico de la entidad, los cuales habrían afectado la salud física y emocional de varias trabajadoras.Uno de los casos más complejos, según la denuncia, involucra a la funcionaria Martha de la Cruz, quien es contratista de la institución y tiene cinco meses de embarazo. La mujer se encuentra hospitalizada en grave estado de salud por una situación que estaría asociada a presunta violencia y acoso laboral que padeció durante meses.Ana Fuentes, vocera del sindicato, expresó que han conocido más de 10 denuncias por acoso laboral, especialmente contra mujeres en la Regional Atlántico.Para el sindicato es preocupante que, desde la posesión de la actual defensora regional, Carolina Gómez, quien asumió el cargo en abril de 2025, se hayan acumulado en un corto periodo un número significativo de señalamientos por presunto acoso laboral y tratos denigrantes.La denuncia fue escalada a la defensora nacional del Pueblo, quien, a través de su cuenta de X, emitió un comunicado manifestando su preocupación y reconociendo la gravedad de la situación denunciada.Afirman que ya fueron desplegadas acciones de verificación, investigación y acompañamiento institucional ante los presuntos casos de acoso laboral, para adoptar las medidas a que haya lugar.
Este lunes, a las 9:00 de la mañana, se retomaron las audiencias preparatorias del juicio contra Nicolás Petro por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La diligencia está programada para desarrollarse este 23, 24 y 26 de febrero, inició con la intervención del abogado Alejandro Carranza, quien representa la defensa del hijo del presidente.Durante su intervención, el abogado apeló la admisión en el juicio de varios elementos a los que el juez Hugo Carbonó le dio cabida.El primero de estos fue el teléfono celular de Daysuris Vásquez. Consideró que este equipo de comunicación no debería ser aceptado en el juicio oral, por ser, a su juicio, una prueba ilegalmente obtenida, al no realizarle una audiencia de control posterior y pone entre dicho que Daysuris Vásquez lo haya entregado de forma voluntaria a la fiscalía dado que la información extraída del equipo, la terminó“Como usted pudo observar, tampoco fue llevado al juez para un control de garantías posterior ni hubo un control previo para esta diligencia. Además, el teléfono celular fue obtenido en esa diligencia, manipulado delante del perito y fue indicado a la señora Daysuris del Carmen que se le devolvería tan pronto se hiciera la extracción y la extracción se hizo, pero luego llegó otro fiscal, el del grupo de tareas especiales,el señor Mario Andrés Burgos Patiño, que hace una nueva extracción idéntica a la que había hecho el otro fisca y él va y hace un control posterior de esa extracción reteniendo el teléfono que no debían tampoco por qué retener”, expresó el abogado.La defensa de Nicolás cuestionó la aceptación de informes de policía judicial en los que se habla de información obtenida de una fuente no formal.Para el abogado, esta persona que entregó información a la Fiscalía debió ser llevada a juicio como testigo para ser interrogada, dado que sus declaraciones dieron origen al allanamiento de la casa del exdiputado del Atlántico, su posterior captura e incautación del teléfono de Laura Ojeda, su actual esposa.Cuestionó el abogado que no se demostró que esa fuente no formal estuviera amenazada.“Hago parte de esta alegación de reposición y apelación. Los informes de investigador no son prueba, no pueden ser llevados como prueba. Su señoría, las voces de los investigadores van a hablar de terceros que debían estar en juicio. Es decir, el investigador Víctor Romero le va a hablar de lo que le dijo una fuente que debía venir aquí con el cuentico de que es que la seguridad premio o privilegia sobre este asunto se cae por sí solo por una razón. ¿Y dónde están las denuncias que le ha mostrado la Fiscalía sobre denuncias o sobre situaciones que hubieran puesto en riesgo esa fuente de su señoría en esa época?”, detalló.
Desde la Asociación de Portuarios del Caribe (Asoportuaria) defienden la gestión realizada para la salida de un buque con combustible que fue interceptado por la Marina de Estados Unidos en el Caribe, por presuntamente dirigirse hacia Cuba, país que está bajo bloqueo para la venta de petróleo y derivados del mismo. Al respecto, el director de Asoportuaria, Lucas Ariza, afirmó que el buque que zarpó iba con cargamento de fibroil y que mostró su documentación al día para llegar a un puerto de República Dominicana. La operación comercial se realizó bajo la modalidad FOB (Free On Board), lo que significa que la empresa vendedora colombiana se comprometió a entregar el producto en el puerto de origen, mientras que el comprador asumió la responsabilidad del transporte y el destino final de la carga, lo que deslinda cualquier responsabilidad del puerto de Palermo frente a lo que pudo suceder en la trayectoria del mismo. No obstante, defiende que al final el barco llegó a Haití, país ubicado en la misma isla que República Dominicana, por lo que consideró que las versiones que lo vinculan con un supuesto destino a Cuba “entran en el terreno de la especulación”."Porque el barco termina en Haití no se sabe si ese fue un destino nuevo o si por las interceptaciones. Nada dice o de ahí en adelante que el producto iba para Cuab. Pero son negocios entre particulares y ahí la responsabilidad la lleva el comprador del producto", explicó.
Luego de la alteración de orden público a las afueras de la Universidad del Atlántico en las últimas horas, en la que presuntos mototaxistas tiraron piedras y amenazaron a un grupo de estudiantes que protestaban contra la reelección del rector, el Ministerio de Educación salió a rechazar lo sucedido pidiendo, además, que se inicie una “investigación inmediata”.“Expresamos nuestra profunda preocupación ante las recientes alertas sobre la llegada de personas externas a la Universidad del Atlántico con la intención de atentar contra los y las estudiantes”, escribieron inicialmente.“Ante esta grave situación, hacemos un llamado a las autoridades de la Universidad del Atlántico, al gobierno territorial y los entes de control a determinar la responsabilidad frente a las denuncias de estudiantes sobre amenazas y agresiones sufridas al interior del campus. Hechos que serán puestos también en conocimiento de la Defensoría y Fiscalía General de la Nación”, agregó.Mineducación lamentó “profundamente estos acontecimientos y rechazó categóricamente cualquier tipo de intervención violenta que pretenda vulnerar la integridad física de la comunidad estudiantil o interferir en los procesos democráticos institucionales”.Además, expresó su rechazo a las acciones violentas presentadas en diferentes campus del país. “Consideramos que reivindicar la vida y la dignidad de los estudiantes implica, ante todo, rechazar toda forma de violencia. La memoria de quienes han caído no puede convertirse en una justificación para replicar aquello mismo que se denuncia, por el contrario, su legado debe ser la inspiración de transformación social a través del diálogo, la movilización pacífica y la participación en respeto por la diferencia”, sostuvo.“Desde el sector educativo reafirmamos nuestro compromiso con la promoción de una cultura de paz en las instituciones de educación superior y en todos los espacios de formación. También reconocemos el papel histórico del movimiento estudiantil en la defensa de la educación pública, de los derechos humanos y de la democracia”, se puede leer en el comunicado.“Expresamos nuestra total solidaridad con la comunidad educativa de la Universidad del Atlántico y con la sociedad civil afectada por estos actos violentos. Reiteramos el llamado de nuestro gobierno a proteger el derecho a la protesta pacífica y la construcción de paz”, finalizaron.La violenta escena en Barranquilla dejó varios vidrios de carros afectados.
Como Harold Joven Atencio, Hernan Dario Jaramillo, Norys Maria Devoz, Judith Vaquero y Rosmelia Vizcaíno fueron identificadas por las autoridades competentes cinco de las al menos 15 personas que fueron rescatadas tras el volcamiento de un bus de servicio especial en el suroccidente de la capital del Atlántico.Joven Atencio, de 37 años, presenta fracturas en miembros inferiores, trauma de Tórax, y trauma craneoencefálico, por lo que fue ingresado a cirugía en la clínica Santa Mónica; mismo caso de Hernan Dario, quien es operado por las mismas cosas y en el centro asistencial mencionado.Por otro lado, Norys es otra de las personas que están más graves por fracturas en miembros inferiores, fractura maxilofacial, trauma de tórax y trauma craneoencefálico, teniendo pronóstico reservado.Tanto Judith Vaquero como Rosmelia Vizcaíno siguen siendo valoradas por sus heridas en la clínica San Vicente del área metropolitana de Barranquilla.El accidente se produjo exactamente en la carrera 21 con calle 78, donde el bus, de placas TQC 781, descendió a toda velocidad, chocó contra una terraza, se llevó por delante un árbol de mango y terminó volcado en plena carretera.El capitán Alexis Ospina, comandante de la Policía de Tránsito de Barranquilla, precisó que los heridos provenían de un funeral.Las autoridades y organismos de socorro debieron acordonar la zona, debido a que se derramó combustible en la vía y cables de alta tensión quedaron en el pavimento, representando un riesgo para la ciudadanía.
Una visita del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, Óscar Javier Torres Yarzagaray, en el puente socavado que hoy mantiene cerrada una parte de la concurrida Vía al Mar, fue suficiente para confirmar en las últimas horas que desde el próximo 1 de junio será habilitado el paso por uno de sus carriles.La decisión fue tomada para reducir el alto flujo de vehículos en las vías alternas, luego de realizarse una junta con la concesión Ruta Costera, encargada de adelantar las obras y quien también confirmó que el colapso se dio por el aumento del cauce en el arroyo del municipio de Juan de Acosta.“Así reafirmamos nuestro compromiso con los colombianos para que las concesiones cumplan con vías en óptimas condiciones”, escribió la agencia desde sus redes sociales.“Luego de inspeccionar estos trabajos que avanzan a buen ritmo hemos acordado que la fecha del primero de junio se dará apertura en un carril de la vía, de manera que los vehículos puedan pasar de manera alternada en doble sentido”, fueron las palabras de Óscar JavierEn esa línea, las obras actualmente tienen tres frentes: la construcción de un muro profundo en el lecho del arroyo para contener el flujo de agua, el reforzamiento estructural del puente y la reconstrucción de la rampa de acceso con materiales especializados que impidan la penetración de humedad.En el muro de protección se instalaron elementos de protección provisionales y se ha preparado el terreno para las obras definitivas, mientras tanto, en el reforzamiento del puente se realizaron inspecciones técnicas para definir su estabilidad.Por su parte, el paso se permitirá, ya que culminó la excavación de la zona afectada por la pérdida de banca."Hemos dispuesto todos los recursos necesarios para trabajar de manera ágil y garantizar la movilidad. Estas obras nos permitirán reforzar la infraestructura y dar una solución definitiva, estable, duradera y segura para los usuarios y comunidades aledañas", afirmó Natalia Abello, gerente General de Ruta Costera.Entre tanto la Gobernación del Atlántico a través de su director del riesgo dijo que de manera coordinada con las autoridades locales y ambientales van a realizar las gestiones para adelantar las intervenciones para la rectificación del cauce del Arroyo. Para ello ya se decretó la calamidad pública.
De lado, sobre el pavimento y prácticamente destruido quedó un bus de servicio especial que se volcó la tarde de este viernes en la llamada loma de La Manga, en el suroccidente de Barranquilla, donde el conductor habría perdido el control del vehículo cuando descendía por esta transitada vía.El accidente se produjo exactamente en la carrera 21 con calle 78, donde el bus, de placas TQC 781, descendió a toda velocidad, chocó contra una terraza, se llevó por delante un árbol de mango y terminó volcado en plena carretera.El conductor y los pasajeros están siendo trasladados a varios centros asistenciales cercanos, como el Camino La Manga, mientras la Policía mantiene acordonada la zona, debido a que hay combustible en la vía y cables de alta tensión en el pavimento que representan un riesgo para la ciudadanía.En este sentido, se adelantan trabajos para retirar el bus y dichos elementos de la carretera, incluido el árbol que quedó enredado en el vehículo.Hasta el momento se desconoce el número exacto de personas a bordo, pero la Policía de Tránsito precisó que serían alrededor de 20 heridos los que habría dejado este accidente. Las causas del accidente son materia de investigación, pero la principal hipótesis de las autoridades es que el bus se habría quedado sin frenos y así el conductor habría perdido el control del vehículo.
Un hombre fue asesinado a tiros al interior de la sede de primaria de la Institución Educativa Soledad Acosta de Samper, en el barrio El Socorro, al sur de esta ciudad.La víctima, identificada como Jairo Manuel Pérez Torres, fue abordada por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta cuando se disponía a dejar a su pequeña hija en la institución educativa.Según testigos del hecho, el hombre, al intentar huir de sus agresores, corrió al interior del colegio, donde fue atacado con varios impactos de bala.El general Gelver Yecid Peña, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, explicó que se dispuso un grupo especializado para identificar y capturar a los autores de este hecho, que ha encendido nuevamente las alarmas por la alta cifra de sicariatos en la ciudad.“Lo que se ha podido evidenciar hasta el momento es que la persona que pierde la vida venía por este sector, y una motocicleta con dos individuos lo sigue. Él ingresa al colegio y es ultimado a cuatro metros de la entrada. Se está haciendo toda la investigación pertinente, revisando todas las cámaras que se tienen con Distriseguridad y la Policía Nacional, y se ha destacado un grupo especializado del CTI y de la Policía Judicial para dar con la captura de estos asesinos que no respetan ni la integridad de una institución escolar ni la tranquilidad de los niños que estaban ingresando o saliendo de su jornada escolar”, señaló el oficial.Por su parte, el secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez, confirmó que la víctima era el padre de una estudiante de segundo grado, y pidió reforzar la seguridad en las inmediaciones de los colegios.“Hay conmoción en nuestra comunidad. Por fortuna, no hubo hechos que lamentar entre nuestros estudiantes, pero esta consternación nos impulsa a pedirle a las autoridades el máximo nivel de seguridad alrededor de nuestras escuelas. Los colegios son lugares de paz, de diálogo, de reencuentro. No toleramos hechos de sangre de ninguna naturaleza. Por eso, estamos solicitando a nuestras autoridades, con el respaldo de la Secretaría del Interior y la Dirección General de la Policía, realizar mesas de trabajo para prevenir situaciones que puedan alterar la tranquilidad de nuestras instituciones educativas”, sostuvo el funcionario.Se conoció que la víctima se desempeñaba como conductor de plataformas de transporte.En lo corrido del año, en Cartagena se han registrado 116 homicidios, de los cuales 81 corresponden a sicariatos, 21 a riñas y cinco en medio de asaltos.
Hasta el barrio Arizona de la localidad de Usme en Bogotá llegaron unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla para capturar a Erick Antonio Rada Mendoza, alias “Erick Chupeta”, temible cabecilla de la banda Los Pepes que coordinaba extorsiones en el Atlántico.Según reportes del Gaula, era el encargado de dirigir estas intimidaciones a través de videollamadas, mensajes de texto y llamadas vía WhatsApp para comerciantes y repartidores de la modalidad “tienda a tienda”, así como pedía dejar panfletos en diversos barrios en Malambo.Además, la Policía informó que alias “Erick Chupeta” ordenaba hurtos y atentados contra las víctimas que se negaban a pagar las extorsiones y estaría supuestamente vinculado a la compra y venta de armas de fuego y drogas.Finalmente, alias “Erick Chupeta” presenta dos anotaciones por el delito de homicidio.