En medio del recrudecimiento de la violencia y los homicidios en este inicio del 2026, sobre todo luego del fin de la tregua entre Pepes y Costeños el pasado mes de enero, para este viernes 27 de febrero, desde las 8:30 de la mañana, fue agendada una reunión por parte del Gobierno Nacional en pro de escuchar a las víctimas de estas bandas criminales y establecer una hoja de ruta que permita avanzar hacia el proceso de paz urbana que han querido instalar.La cita será liderada por el facilitador de este proceso, Camilo Pineda, quien declaró que la mano del Gobierno sigue extendida y que la intención es que los próximos pasos dentro de la mesa representen el deseo de la comunidad.“Lo que se busca es liberar un espacio de articulación con la comunidad, con los líderes políticos, con las autoridades cívicas, militares, de manera que podamos conocer su voz o quizás saber en boca de ellos directamente cuáles son sus expectativas con relación a un proceso de paz, que ha tenido sus altos y sus bajos, pero que sigue abierto”, dijo inicialmente a Blu Radio.Mientras se determina qué acciones concretas deben realizar las bandas para su desescalamiento, en las localidades suroccidente y suroriente de la capital del Atlántico habrá activaciones de paz en el mes de marzo junto con el padre Cirilo Swinne, con el fin dice Pineda de involucrar más a los que han sido golpeados por la violencia.Al mismo tiempo, la tarea pendiente es definir lo que pasará con los traslados de cabecillas de Pepes y Costeños hacia Barranquilla, en este caso Digno Palomino y Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias 'Castor'. Indicó el facilitador que es una tarea de la que ya se apropió el Comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con la Fiscalía con el fin de reestructurar la estrategia jurídica a utilizarse.“El Comisionado de Paz (Otty Patiño) viene adelantando algunas conversaciones con la Fiscalía General de la Nación para definir cuál va a ser la estrategia jurídica en el marco de este, digamos, primer intento que se realizó durante el mes de de enero, para la instalación del espacio de diálogo de servicios jurídicos”, agregó.Por ahora, la idea del Gobierno solo es ajustarse a las intenciones de paz entre Pepes y Costeños. De lograr un buen resultado, no se descarta que una eventual mesa se extienda hacia más grupos criminales del Atlántico.
A los cordobeses este martes les llovió tanto que la resignación les volvió a mojar los pies. Fueron al menos diez horas de un aguacero que afectó a Montería y a unos nueve municipios, donde las quebradas volvieron a desbordarse con corrientes de agua que venían a buscar los pocos animales que quedaron vivos, mientras en el embalse de Urrá luchaban por controlar a un imbatible que en menos de 12 horas triplicó su cauce. Al menos la contención ayudó a que las inundaciones fueran menores ante los 113.7 milímetros de lluvia que cayeron, siendo esta la descarga más intensa de todo el mes.Pero la vuelta del agua también arrastró la ilusión de los habitantes de la vereda Nueva Colombia donde más de 200 hombres fueron voluntarios durante los últimos 13 días para construir un dique artesanal con ‘ingeniería ancestral’, para contener al río Sinú, porque con las inundaciones se rompió un boquete que alcanzó los 650 metros, a tal punto que la corriente se unió con la Ciénaga de Bañó, toda el área se convirtió en agua y no quedó ni un solo acceso para trasladar maquinaria vía terrestre.De allí la necesidad de la gente de resolver con sus propias manos la crisis en la que los tiene sumergidos el río, según cuenta el alcalde de Lorica Carlos Mario Manzur.Pero anoche, cuando al fin cerraron la estructura de madera, llegó una creciente que mostró que había pilares que aún estaban débiles. El alcalde motivó a la comunidad para ir a dormir con la tranquilidad de que hoy reforzarían la estructura, pero lo que encontraron esta mañana fue un nuevo boquete en su dique de casi 25 metros.A pesar de la desolación, los hombres volvieron con sus martillos y con sacos de tierra al hombro a completar los 25 mil que deben ser colocados para cerrar el boquete. El trabajo sigue, como un reinicio que no puede frenarse, pues el agua no puede llevarse también la esperanza.
Santa Marta completa más de 20 días con una de sus principales conexiones rurales cerrada. El colapso del puente sobre el río Mendihuaca dejó incomunicada a buena parte de la zona rural y afectó el tránsito hacia La Guajira, en un corredor clave para el turismo y el comercio local.Lo que comenzó como una emergencia vial hoy es también una crisis económica para comunidades como Guachaca, Puerto Nuevo y Palomino, donde muchas familias dependen de la venta de víveres a viajeros y de la dinámica turística.Jimmy Díaz, habitante de Puerto Nuevo Guachaca, resume el impacto en pocas palabras:“Desde que el puente colapsó, la economía colapsó también”, dijo.Cuenta que apenas se conoció la caída de la estructura, el turismo disminuyó de manera drástica. "La gente tiene miedo de cruzar y en redes dijeron que el puente se iba a caer del todo. Eso hizo que muchos dejaran de venir”, explicó.Mientras tanto, algunos vendedores se han trasladado hasta inmediaciones del puente para intentar sostener sus ingresos. Es el caso de Betty Castro, comerciante de la zona, quien asegura que el cierre los obligó a desplazarse para poder vender algo.“Esto es un desplazamiento laboral de nosotros. Nos movemos para buscar el dinerito, pero no hemos visto que el Gobierno se haga presente para ayudarnos”, señaló. También advierte que los transbordos y el aumento en los costos de transporte están reduciendo aún más las ganancias.A la dificultad económica se suma ahora el clima. Las lluvias de los últimos días afectaron el paso alterno en el que trabajaba la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, lo que prolonga la solución definitiva a la emergencia vial.Por ahora, la comunidad espera que tanto el Gobierno nacional como el local aceleren las obras y contemplen ayudas para quienes hoy sienten que, además del puente, también se vino abajo su sustento.
En Santa Marta fue lanzado el programa Eleva 500+, una iniciativa de la Alcaldía municipal, la Fundación Con.Ciencia y Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, con la que se busca beneficiar a más de 4.000 personas de 3.000 emprendimientos, con capacitación, acompañamiento y apoyo en innovación para fortalecer sus negocios.Para este objetivo fue firmado un Memorando de Entendimiento entre Cenit y la Alcaldía de Santa Marta en el segundo semestre del 2024 y estará vigente hasta noviembre de 2027.“Eleva 500+ se configura como un ejemplo tangible de generación de valor para las comunidades de Santa Marta, al demostrar la importancia de los convenios interinstitucionales con objetivos comunes para el desarrollo de los territorios en donde la compañía tiene presencia”, indicó Alexander Cadena, presidente de Cenit.Carlos Pinedo Cuello, Alcalde de Santa Marta, dijo que “la ciudad tomó la decisión de fortalecer su base productiva con hechos y no solamente con palabras. Eleva 500+ significa acompañamiento serio, acceso a mercados y fortalecimiento empresarial”.Del mismo modo, en Eleva 500+ se desarrollarán proyectos de inversión socioambiental, cooperación y fortalecimiento institucional “para contribuir al desarrollo sostenible, económico y social de los territorios”.Entre la iniciativa se esperan mejorar las condiciones de los emprendimientos tradicionales y la economía popular, desplegar una estrategia comercial a través de mercados, vitrinas y capitalización; e incentivar la internacionalización para movilizar la economía local, entre muchas otras.“Cenit y la Alcaldía Distrital de Santa Marta avanzan en el fortalecimiento del desarrollo sostenible de las comunidades en la ciudad, mediante la promoción de un equilibrio entre la continuidad operativa y el fortalecimiento de los territorios”, concluyeron en un comunicado.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que el impuesto al patrimonio para empresas que decretará el Gobierno en el marco de la emergencia por inundaciones tendrá una tarifa diferencial para el sector financiero y minero energético. “Hemos establecido el impuesto al patrimonio del 0.5 % para los sectores de personas jurídicas y particularmente para el sector financiero y mineroenergético del 1.6 %”, dijo.El ministro agregó que este impuesto se va a declarar y pagar en dos cuotas. El 50 % de esta tarifa debe cancelarse el 1 de abril de 2026 y el otro 50 % el 4 de mayo. “Muchos de estos recursos van a ser necesarios para intervenciones de una escala significativa en materia agraria y de infraestructura, por eso hay plazos cortos”, agregó.Cabe mencionar que este impuesto no será para todas las empresas; es para las que tienen mayor patrimonio. Se cobraría a partir de 10.000 millones de patrimonio líquido hasta $31.000.El jefe de la cartera de hacienda también habló de la reunión con el sector bancario que se realizó ayer, en la que los bancos propusieron un periodo de gracia de hasta 12 meses para las deudas en las zonas afectadas por las inundaciones.“No se causarían intereses, y habría suspensión de cobros para créditos y un modelo de atención en campaña de educación financiera”, dijo el ministro de Hacienda, Germán Ávila, diciendo que ven con buenos ojos la medida. El Gobierno Nacional, por su parte, insistió en bajar las tasas de interés.
Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, aseguró que es igual de grave el presunto insulto homofóbico que el racista del jugador argentino del Benfica Gianluca Prestianni hacia el brasileño Vinícius Junior, y mostró confianza "al cien por cien" en su compañero, que, en "miles de batallas en el campo", nunca había denunciado, como lo hizo en Lisboa, a un rival."Me parece igual de grave si son insultos homofóbicos. He visto las imágenes de la grada durante el partido y es deporable ver eso en un estadio. Te puede caer mejor o peor un jugador, pero hacer eso (gestos de mono) es lamentable. No sé si el Benfica lo ha lamentado o no. Ha dicho que va a perseguir a los aficionados que hicieron gestos de mono, pero creo que hay muchas cosas que no se han hecho bien", lamentó Courtois en rueda de prensa."Tanto el racismo como la homofobia no podemos aceptarlo nunca. Es igual de fuerte el insulto. Si al decir eso Prestianni no se tapó la boca, tapándosela creo que sí lo dijo", añadió en referencia a unas imágenes iniciales en la celebración de Vinícius en la que el jugador del Benfica le llame presuntamente "maricón", antes de taparse la boca con la camiseta y realizar los descalificativos que activaron el protocolo antiracismo.Courtois respondió a las palabras del presidente Rui Costa, que defendió a su jugador al asegurar que está siendo "crucificado como una persona racista y es todo menos racista". Crítico con el Benfica, por la denuncia de una acción del juego de Fede Valverde que no ha sido sancionada, respaldó a Vinícius."Usar lo de Fede no tiene nada que ver, son lances del juego y no tenía intención de golpear a un rival. Al quitarte a alguien de encima lo quieres empujar. Lo de Prestianni es difícil porque es palabra contra palabra. Ellos van a creer lo que dice su jugador y nosotros estamos al cien por cien con Vini", explicó."Ha hecho miles de batallas en el campo, con defensas rivales ha tenido muchos piques y jamás ha dicho algo así. Creo en Vini al cien por cien pero como se ha tapado la boca con la camiseta nunca lo podremos saber. El Benfica defiende a su jugador y mucho más no podemos hacer nosotros. Será la UEFA la que decida", añadió.Como también hizo su entrenador, Álvaro Arbeloa, el portero belga pidió mano dura a UEFA para atajar con sanciones ejemplares cualquier actitud racista que se produzca en un partido, en el terreno de juego o en la grada."Estamos ante un gran momento para el fútbol de acabar con estas cosas. En el vestuario sabemos lo que nos ha contado Vinícius y tampoco quiero generalizar, pero esto ha pasado en muchos momentos en campos y en estadios. Hay que acabar ya con esto. La UEFA decide lo que tiene que decidir, los jugadores no importamos en eso, pero es un mensaje bueno", calificó tras la decisión de impedir a Prestianni jugar en el Bernabéu.Si prosperase el recurso presentado por el Benfica, Courtois admitió que no han hablado dentro del vestuario si saludarían a Prestianni en el pasamanos previo al inicio del partido. "No lo hemos hablado los jugadores, veremos lo que decidiremos como equipo si ocurre".El belga entiende la dificultad de prohibir a los deportistas comunicarse tapándose la boca, porque defendió que en ocasiones se hace para comunicarse con un compañero con privacidad, pero aseguró que será "bienvenido" si sirviese "para acabar con insultos racistas".Por último, Courtois piensa que se está avanzando en la lucha contra el racismo con nuevas normas y sanciones ejemplares. "Cada vez son mejores, pero podemos mejorar y, como sociedad, hay que dejar de ser tan tontos. Lo que pasó en la grada es para parar un partido y echar a esa gente. Tiene que haber un responsable que tienen que actuar, llamar a las autoridades".
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Recientemente se desarrolló una nueva sesión de la audiencia de acusación, en el que esta vez la defensa del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, solicitó ante la juez de conocimiento la nulidad de la imputación de cargos adelantada por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción, en el escándalo por el lote de Aguas Vivas en el barrio El Poblado, sur de la ciudad.La solicitud se realizó en medio de esta audiencia, luego de que otros dos defensores argumentaran deficiencias en la imputación de cargos por parte de la fiscal Yarlecy Mena.Según los juristas, la representante del ente acusador no cumplió con el requisito legal de explicar de manera detallada y comprensible los hechos específicos que constituyen los delitos imputados.Así como lo había planteado la abogada Astrid Carvajal, Luis Arturo Hernández, defensor del exalcalde Quintero, solicitó, además, que se repita la audiencia de imputación que se había realizado ante el juez de control de garantías, a su criterio por encontrarse “vicios de fondo”."La única decisión jurídicamente válida y respetuosa del debido proceso en el presente caso, señora juez, es declarar la nulidad audiencia de formulación de imputación y ordenar su repetición o, mejor aún, que archive la investigación", sostuvo.Hernández agregó que hay un daño en la imagen de los involucrados en el caso: "Ya etiquetados injustamente de ladrones y que están pagando caro. Esta persecución insensata de la Fiscalía General de la Nación robaron a Medellín. Lo dije y lo repito y termino, señora juez: aquí Medellín no pagó un solo peso por Aguas Vivas".Por su parte, el abogado Santiago Trespalacios, quien representa a por lo menos a cuatro de los imputados por este caso, expuso las fallas que según él tuvo la fiscal Mena determinando en qué medida habría cometido los delitos cada uno de los señalados y argumentó que este recurso no es una maniobra para dilatar el proceso."La Fiscalía considera que no anular esto sería algo que la beneficiaría. Creo que lo único que estaría haciendo o lo único que estaríamos haciendo, si me permite el plural, su señoría, es prorrogar la crónica de una nulidad anunciada, nulidad además, su señoría, que no se propone como una táctica aleatoria ni más faltaba", advirtió Trespalacios.Vale la pena mencionar que la solicitud de nulidad, que harán también otros dos abogados, pone en pausa el avance hacia el juicio oral. Con todos los elementos, la jueza de conocimiento deberá evaluar si la Fiscalía efectivamente falló en su deber de comunicación o si, por el contrario, los hechos están lo suficientemente claros para continuar con la lectura del escrito de acusación. La fiscal refutó que se estén exponiendo otros elementos, al parecer, personales, en los argumentos que sustentan la nulidad."Le solicito que dichas intervenciones se realicen conforme a los criterios objetivos previsto por la ley y la jurisprudencia, y no a partir de interpretaciones personales o apreciaciones subjetivas hacia esta delegada. Escuché a lo largo de la intervención donde se afirmó que la fiscal fue escogida para la imputación. Permítame precisar, este proceso fue asignado a este despacho y los procesos no pertenecen al fiscal individual, sino a la Fiscalía como institución", dijo.Tras dos horas de la diligencia, los otros dos abogados defensores que faltan por participar con sus argumentos, indicaron a la jueza no tener suficiente tiempo para hacer sus exposiciones y solicitaron su intervención en las audiencias posteriores.Recordemos que el caso del lote de Aguas Vivas comenzó en el año 2019, cuando un grupo de constructores entregó a la Alcaldía de Medellín un terreno de 147.000 metros cuadrados. Esta entrega se hizo sin costo alguno para la ciudad, cumpliendo con las llamadas "obligaciones urbanísticas". En ese momento, el lote pasó a ser propiedad de todos los ciudadanos de manera gratuita.Sin embargo, durante la administración de Daniel Quintero, el proceso dio un giro sospechoso. Según las investigaciones, la Alcaldía intentó que el Distrito le pagara más de $40.500 millones a varios particulares por ese terreno. Al no lograr este pago directo, la administración optó por devolverle el predio a los particulares, a pesar de que los funcionarios sabían perfectamente que el lote ya era un bien legalmente incorporado al patrimonio de la ciudad.La audiencia continuará el próximo 17 de marzo a las 8:30 de la mañana, se anuló la fecha del 31 de marzo por ser Semana Santa y se coordinaron dos fechas más los mes de mayo y junio.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 24 de febrero de 2026:Un alcalde local resultó herido en un intento de atraco en el barrio El Recuerdo, en la localidad de Teusaquillo, en medio de alteraciones de orden público en Bogotá.Autoridades investigan el secuestro y paseo millonario contra Diana Ospina, de 35 años, quien fue raptada en una discoteca de Bogotá y liberada horas después en la vía a Choachí.El presidente Gustavo Petro lidera un consejo de ministros en Cartagena para definir medidas frente a la nueva emergencia económica.Dos vías nacionales permanecen cerradas en Antioquia por derrumbes e inundaciones.La Defensoría del Pueblo pidió a las entidades públicas reforzar la comunicación con las comunidades ante el recrudecimiento de las lluvias.Escuche el programa completo aquí:
Luz Ana Camacho habla con la voz apretada de quien ya aprendió a vivir con miedo, pero sin darse el permiso de parar. Dice que está sola, que no tiene un esquema de seguridad y que cada vez que sale de su casa lo hace dejando a alguien pendiente de sus hijos, mientras ella —“encomendándose a Dios”— vuelve a recorrer veredas y municipios donde están las víctimas que espera representar en el Congreso.La líder social, hoy candidata a una curul de paz por la CITREP 12, denuncia que fue amenazada nuevamente y que, con este episodio, ya no se trata de una advertencia aislada: asegura que es una cadena que viene desde el año pasado. “Vengo siendo amenazada desde 2024, por el tema de que siempre estoy denunciando, siempre he venido acompañando a las comunidades”, relató en diálogo con Blu Radio.Según su testimonio, la situación más reciente ocurrió el sábado pasado, cuando recibió una llamada en la que, asegura, le pidieron un “aporte” y se identificaron como “paramilitares”. Ella se negó, colgó y bloqueó el número. Pero —dice— la presión continuó. “Me siguieron escribiendo por WhatsApp… que si no les hacía caso, entonces se meterían con un ser querido”, contó.Camacho afirma que después vinieron más llamadas desde números desconocidos. Y en una de esas llamadas, asegura, el mensaje fue directo: debía retirarse de la contienda o habría consecuencias contra su familia. “Me decían que si no me retiraba… se iban a meter con mi hija. Ya saben que solo tengo una hija”, afirmó.La candidata sostiene que ha presentado denuncias y que ha enviado comunicaciones a distintas entidades, incluso internacionales, pero que sigue sin respaldo efectivo. “He estado escribiendo a la ONU, a todas las entidades, y hasta el momento no he recibido apoyo como debe ser ni de la UNP ni de ningún ente al que le corresponda la seguridad”, señaló.En su llamado, Camacho pide que el Estado no normalice este tipo de intimidaciones, especialmente contra quienes buscan representar a las víctimas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. “Nosotros… nos encontramos en completo abandono. Estamos en nuestros territorios haciendo nuestra campaña sin apoyo, sin acompañamiento de seguridad. No nos han tenido en cuenta para nada”, dijo.Y remató con una frase que, en su caso, no suena a discurso: suena a urgencia. “Estoy temiendo por mi vida y por la de mi familia… Tengo que salir de mi casa porque no puedo dejar el proceso tirado”, expresó.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado oficialmente sobre esta denuncia. Mientras tanto, la candidata insiste en que seguirá caminando el territorio, pero pide garantías antes de que el país tenga que lamentar otra tragedia anunciada.
La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), informó que el oleaje y la intensidad del viento en el sector insular del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina e Islas Cayos del Norte, han aumentado considerablemente, debido a la incidencia de un frente frío que se aproxima desde el Golfo de México.Autoridades reportan que los vientos han alcanzado velocidades entre 16 y 24 nudos, es decir, entre 30 a 44 kilómetros por hora, mientras que las olas han superado los 3 metros. Aunque este panorama se presenta desde el martes, se espera que hacia la tarde de este miércoles 25 de febrero empiecen a mejorar las condiciones de forma gradual.“Debido a la influencia del frente frío sobre el Caribe, se presentan condiciones meteorológicas adversas con aumento del oleaje y variaciones importantes en la intensidad y dirección del viento. Frente a estas condiciones se han impuesto restricciones temporales para las actividades marítimas negativas y la operación de embarcaciones menores en zonas expuestas como medida preventiva para proteger la vida humana en el mar”, puntualizó el teniente de Navío, Jorge Arteaga Cabrera, Jefe de Marina Mercante de la Capitanía de Puerto de San Andrés.Las autoridades recomiendan seguir las directrices oficiales y consultar la actualización de las condiciones meteomarinas a través del sitio web oficial de Dimar.
Son inquietantes las imágenes que se han hecho virales por las redes sociales en las que un avión de Satena, cuyas matrículas son HK-4806, tiene que luchar contra los fuertes vientos que azotan la isla de Providencia esta semana para poder aterrizar, en medio de un nuevo frente frío que llega hasta el Caribe. Los pilotos necesitaron tres intentos para poder descender con todas las medidas de seguridad hacia la pista de aterrizaje, aunque el miedo abordó a los varios pasajeros, quienes indicaron que lo que pronosticaban como un viaje de solo 17 minutos terminó siendo un susto que duró más de media hora. Blu Radio pudo conocer el testimonio de Jeimy De Ávila Watson, una de las pasajeras que estuvo en ese vuelo junto con su hijo de solo 11 años, describiendo ambos que es la primera vez que pasan por algo similar. “Unos no hablaban y otros estaban desesperados, pero afortunadamente aterrizamos bien. Gracias a Dios. Hay personas que les ha tocado devolverse a San Andrés, el avión le ha tocado devolverse con pasajeros. La verdad, el día está un poquito gris, espero que los de hoy no vivan esa experiencia porque no se la recomiendo a nadie Uno está allá arriba y no sabe qué va a pasar”, fueron sus primeras palabras. Recordó Jeimy que durante mucho tiempo ha escuchado las experiencias de otro, pero en esta ocasión le tocó vivirlas en carne propia.“Hace un mes se cayó un avión de Satena, hace como 15 días a otro le tocó volver a San Andrés por cuestiones vientos, son pensamientos negativos lo invaden a uno. Dan miedo, comienza entonces a pedirle a Dios que guíe a los pilotos, que lleguemos sanos y salvos. Él es grande y nos dio fortaleza. Después del tercer intento, aterrizamos”, dijo.“El piloto se comunicó desde cabina y dijo que era el último intento. Si no se lograba aterrizar, nos devolvemos para San Andrés. Gracias a Dios por la tripulación, la azafata fue muy amable. Nos tranquilizó y dijo que estaba atenta a cualquier cosa”, agregó.Al mismo tiempo, contó que su hijo vivió el momento con mucho más miedo, le palpitaba el corazón bastante fuerte, aunque pudo calmarlo conforme pasaban los minutos.Vea el video aquí:
Dos jóvenes con apariencia de ser menores de edad serían los autores del asesinado de un trabajador de la empresa Cootransoriente registrado la mañana de este miércoles. La víctima es Rafael Ángel Osorio Peralta.El hombre fue atacado cuando se encontraba en su puesto de trabajo en la carrera 38 con calle 38, barrio San Roque de Barranquilla, despachando los buses que cubren los municipios ubicados sobre la vía Oriental.Testigos afirman que el sicario y su cómplice se le acercó caminando al trabajador y le propinó un solo disparo que lo impactó en el cuello. Mal herido, Osorio fue subido a un bicitaxi y llevado de urgencias al Hospital Barranquilla, ubicado a solo unas cuadras, sin embargo poco después se produjo su deceso.El atentado perpetrado en una zona donde opera una terminal de buses que viajan hacia municipios del centro y sur del Atlántico, generó zozobra entre el gremio transportador, pues no se descarta que este hecho pueda estar relacionado con cobro de extorsiones a las empresas de buses.Aunque la Policía y la empresa Cootransoriente aún no han emitido ningún pronunciamiento sobre el reciente ataque, este hecho trae a la luz otro atentado cometido contra funcionarios de la empresa transportadora.En el año 2023 sicarios asesinaron de varios disparos al entonces gerente de la compañía Jorge Meriño Mercado. En el mismo atentado perpetrado a las afueras de la empresa Cootransoriente, en el municipio de Santo Tomás, resultó herido Omar Almanza Martínez, presidente de la junta directiva de la compañía.En su momento el comandante de la Policía del Atlántico informó que el gerente de Cootransoriente, una de las empresas de buses intermunicipales más grande del Atlántico, había denunciado extorsiones, pero por recomendación de los abogados, desistieron de la investigación.El alto oficial reveló que el transportador había recibido un panfleto amenazante en días pasados.
En video quedó registrada la fuerte molestia que se generó entre los asistentes que no lograron ingresar al evento de instalación de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), que se realiza en el Centro de Convenciones de la ciudad de Cartagena.Entre gritos y discusiones, los asistentes a los que no les dieron acceso ni siquiera a los pasillos contiguos al auditorio Getsemaní reclamaron que no pudieron estar presente en el evento que era presidido por el presidente Gustavo Petro en compañía de sus ministros y delegaciones de más de 50 países.“Para qué nos invitaron sino nos dejan entrar”, se escuchaba a las afueras del auditorio, mientras integrantes de la organización del evento intentaban explicar que se trataban de determinaciones de la seguridad presidencial y el cumplimiento del aforo en el lugar.En las imágenes también se observa como algunos asistentes criticaron que no se dispusiera de un espacio con más capacidad.“Siempre van a decir que la culpa es de la Casa Militar. La culpa es del Ministerio de Agricultura , para qué registraron tanta gente, para qué registraron más gente de la que podían recibir”.Entretanto, Jaime Alberto Arias, integrante del Comité de Reforma Agraria del Valle del Cauca, cuestionó la logística del evento, que asegura, habría dejado por fuera, incluso a representantes de delegaciones internacionales.“Pues yo creo que en esta en esta logística tuvo que ver mucho la seguridad, y nos dejaron por fuera, pero no es justo porque están quedando no sólo representantes de los territorios de Colombia, de los corregimientos y municipios y departamentos, sino delegados internacionales, entonces me preocupa esa situación porque no tuvieron en cuenta delegados que estaban haciendo otro evento con nosotros muy importante”, dijo en declaraciones a medios de comunicación.A su vez, el representante de Valle del Cauca pidió que se tengan en cuenta todos estos aspectos para el desarrollo del evento internacional que apenas empieza.“La verdad vemos como una falta de logística, una falta de organización, porque nosotros tenemos la escalapera, o sea, estamos invitados, estamos contados dentro de todos los que íbamos a estar dentro del evento”, sostuvo.Colombia es desde este martes y hasta el 28 de febrero, anfitriona de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, un foro global que cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura (FAO).
Bajo alerta naranja emitida por el Ideam se encuentra todo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, debido a la llegada de un nuevo frente frío que está provocando vientos de hasta 45 km/h y olas en el mar que alcanzan entre los 2.3 y 3 metros de altura.Dadas las condiciones climáticas, la Gobernación y la Armada Nacional están haciendo recorridos por todas las islas para advertir a bañistas y operadores turísticos sobre este fenómeno, prepararlos ante el azote de los fuertes vientos y el mar de leva, y actuar a tiempo frente a cualquier emergencia.Como parte de las estrategias para enfrentar estos embates del clima, las autoridades también están haciendo una evaluación de los refugios existentes en el archipiélago para constatar que sean seguros y estén en condiciones de habitabilidad para alojar a personas que así lo requieran.Así lo informó la ingeniera Luisa Acevedo, del Área de Reducción del Riesgo de San Andrés, quien explicó que la idea es prepararse de cara a la próxima temporada de huracanes."Estamos realizando la visita de inspección de los refugios oficiales departamentales que se encuentran en la isla de San Andrés, para ver cuál es su nivel, su condición en los aspectos estructurales y de servicios para la futura temporada huracanes que inicia a partir del mes de junio", manifestó.Por lo pronto, la autoridad marítima también hace campañas de prevención en los muelles de embarque a turistas y residentes para que estén alerta ante el frente frío.
Controles más estrictos, en los que inclusive prime la revisión de antecedentes judiciales, es lo que están exigiendo los taxistas en Barranquilla para aquellos conductores que deseen sumarse al gremio.Jorge Guerrero, presidente de Sinchotaxis, asegura que las autoridades deben ser más exigentes a la hora de otorgar permisos para conducir vehículos de servicio público, pues ello evitaría que delincuentes se valgan de dicho medio de transporte para atrapar víctimas, robarlas, drogarlas y someterlas a todo tipo de vejámenes.Insiste en que la licencia de conducción, aun cuando tenga la categoría correspondiente, no basta para obtener pase libre para conducir taxi."Debido a este caso ocurrido en Bogotá con la joven Diana Ospina y a muchas otras situaciones que han pasado, exigimos que cambien las reglas de juego para la contratación o expedición de tarjetón para un nuevo taxista, que los antecedentes se exijan y que el taxista no reciba el tarjetón inmediatamente, sino a los dos, tres o cuatro días, cuando se verifiquen los antecedentes de esta persona", sugirió Guerrero. "No es mentira, el gremio del taxismo está permeado por la delincuencia", sostuvo.Al respecto, Gustavo Santos, subdirector de transporte del Área Metropolitana de Barranquilla, aseguró que esta entidad “ejerce inspección, vigilancia y control para que estos vehículos porten los documentos que sustente la operación”. Agregó, no obstante, que las empresas también deben valorar los antecedentes de los conductores."Las empresas de transporte público individual también tienen sus propias competencias, como es la expedición de la tarjeta de control, lo que comúnmente conocemos como el tarjetón, y vincular a los vehículos, los propietarios y sus conductores para el ejercicio de esta actividad, debiendo verificar los antecedentes de cada uno de ellos", dijo.
Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.
El abogado Alejandro Carranza, quién ejerce la defensa de Nicolás Petro en el juicio que se le adelanta por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pidió que el juez reconsidere la utilización del testimonio del presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, quien para el año 2022 era el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.Para el abogado, este testimonio que inicialmente fue rechazado por el juez Hugo Carbonó para ser usado en el juicio oral, es relevante porque le permitiría explicar si Nicolás Petro recaudó o no dineros para la campaña presidencial.“Entonces yo sí le pido en este momento que reponga esa decisión de negarme el testimonio del doctor Ricardo Roa. La defensa solicitó su testimonio y declaración con la finalidad de aportar un contexto verificable sobre la estructura administrativa y los elementos de trazabilidad de ingresos según el planteamiento defensivo que hace menos probable la teoría de la fiscalía. El doctor Roa era el gerente de la campaña y él podrá explicarle en juicio si efectivamente Nicolás participaba o no participaba del recaudo de dineros de forma oficial a la campaña, si tenía un encargo, si tenía una misión, si hacía parte del organigrama, si efectivamente recaudó, si efectivamente entregó”, detalló.En este mismo sentido, también reclamó el uso de los certificados expedidos por la Casa de Nariño con los que busca demostrar que no hubo tráfico de influencias.“Le interpongo recursos, reposición y apelación frente a las certificaciones de la casa de Nariño, que es un bloque completo que esta defensa formuló en el cual su señoría se le sustentó de forma debida a su pertinencia al indicarle que eran elementos que demostrarían que el señor Nicolás Fernando Petro jamás intentó ninguna clase de actividad fraudulenta, de tráfico de influencias o de obtención de favores, porque en la conducta que se le endilga en juicio es la de enriquecimiento de servidor público”, expresó.Argumenta Carranza que con ese documento expondrá que Nicolás Petroa a pesar de ser el hijo del presidente y haber sido diputado del Atlántico, no intervino con ningún miembro de la casa de Nariño para tener prebendasAsí mismo solicitó que reconsidere la utilización en el juicio de una denuncia que instauró Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca ante la fiscalía contra Daysuris Vázquez por sus declaraciones a medios afirmando que el empresario supuestamente financió la campaña presidencial 2022. También pidió que se incluya varias entrevistas publicadas en medios.
En Barranquilla solo hay buenos recuerdos de lo que fue la visita del recién elegido sumo pontífice de la iglesia Católica León XIV, cuando fungía como prior general de la Orden de Agustinianos, cargo que ocupó durante 12 años, desde 2001 hasta 2012, pues hacía parte de su plan misional compartir con las comunidades de la orden en las casas establecidas en Colombia. En medio de las diferentes visitas, el padre fray Ronald Antívar Muriel, vicario provincial de los Agustinianos en Colombia y rector del colegio Liceo de Cervantes de Barranquilla, lo recuerda como un hombre humilde, afable y risueño, que siempre decía sentirse como en casa cuando estaba en Colombia. "Tuvimos la oportunidad de haber compartido con él. Él estuvo en Barranquilla, en nuestro colegio Liceo de Cervantes. Estuvo visitándonos y la parroquia San Nicolás. Esta es una parroquia agustiniana. Nuestra misión y nuestro ser misionero tiene que ver también con la fundación de Barranquilla y de mucha parte de la región Caribe", cuenta el sacerdote. La designación del obispo Robert Prevost como máximo líder de la iglesia católica, lo considera como un "regalo de Dios" para la orden y para los feligreses católicos, por lo que dice que es algo que llenó de alegría a la comunidad. "Él es un hombre que se considera muy latino. Estuvo trabajando 20 años en el Perú. Él es muy nuestro. Él se sentía aquí como en casa porque trabajar tanto tiempo como misionero en el Perú era un hombre con el que se podía saludar y tratar de manera abierta y sencilla", comenta el también rector. Entre tanto, desde la Arquidiócesis de Barranquilla, fue recibido con regocijo este nombramiento, a lo que monseñor Édgar Mejía, obispo auxiliar de la arquidiócesis, señaló que en 2024 tuvo la oportunidad de conocerlo como prefecto del Dicasterio para los Obispos en el curso de obispos en 2024. "Percibí a una persona muy humilde, muy sencilla, con un sentido pastoral muy amplio, lo cual pude confirmar con sus primeras palabras como Papa. Ese sentido de unidad, de eclesialidad, de diálogo, de seguir en el camino de la senilidad, sin lugar a dudas va a ser continuidad de la labor hecha por el papa Francisco. Al final, la Iglesia es una y su misión es siempre la misma. Que el Señor acompañe al papa León XIV en esta nueva misión”, indicó monseñor Mejía.
El Comité Intergremial del Atlántico se sumó con sus apreciaciones a las revisiones que la comisión V de la Cámara de Representantes realiza a una posible modificación de la tarifa del transporte de gas, de cara a la escasez que afrontan varios departamentos como Cundinamarca, Villavicencio, Valle del Cauca, entre otros; si bien el gas del Caribe sería un jugador estratégico en esta crisis, las medidas que esto acarreará podrían afectar la economía regional.Es por esto que piden que sea desestimado el uso de una tarifa única nacional, tal y como lo plantea implementar la Creg, lo que daría una reducción hasta de un 50% en los costos de transporte para el interior del país, pero llevaría a la Costa a enfrentar alzas hasta por un 76%, lo que implicaría afectaciones económicas a todo nivel. Así lo indica Efraín Cepeda, presidente de Intergremial Atlántico. "Esto sería un duro golpe para la región, para el valor del gas para los hogares, pero también para la industria. Esto expondría aún más a la región a niveles inequitativos en el acceso a la energía", expresó. En consecuencia, piden que se implemente una tarifa regional que responda a las condiciones de cada territorio, si bien esto sólo daría una reducción del 8% al interior del país, proporciona una mayor estabilidad al sistema, debido a que se garantiza estabilidad en los precios y se anularían las afectaciones inflacionarias para el mercado Caribe."La aprobación de tarifas regionales disminuiría el costo de transporte para el interior frente a las tarifas actuales, sin afectar el mercado del Caribe. Como se evidencia a continuación, Bogotá obtendría una reducción del 8% en los costos de transporte, con un ahorro significativo del 20% para el gas natural puesto en Ballena, en La Guajira, punto de interconexión con el interior, mientras que la región Caribe mantendría estables sus tarifas, favoreciendo así la competitividad del país", indicó el comité en la carta enviada al Congreso.
En medio de la puesta en marcha de paneles solares en tiendas del municipio de Soledad, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, se refirió a la crisis de la intervenida empresa Air-e, asegurando que aquí se necesita un diálogo y una "unidad de la clase política regional y del sector empresarial".En ese sentido, anunció que justamente este jueves hay una reunión en la Superintendencia de Servicios Públicos con el Departamento Nacional de Planeación, en la que se buscan caminos que conduzcan a la salida de esta crítica situación.Eso sí, Palma aseguró que el servicio "está garantizado", porque hasta este momento "no ha pasado nada"."Son deudas billonarias, obviamente es un tema de liquidez, que requiere recursos y obviamente hay una conversación interinstitucional en estos momentos para allanarnos a los cumplimientos posteriores a la intervención", dijo.A propósito de diálogo, el ministro Palma invitó al gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, convocar una reunión en los próximos días para buscar solución frente a los problemas que afronta la empresa Air-e.Discusión sobre la tasa de seguridadEl ministro de Minas dejó claro que la tasa de seguridad no es un tema que dependa de él, pues es una discusión regional. No obstante, previamente en su discurso en Soledad, se mostró de acuerdo con la decisión de la intervenida empresa Air-e de separar el cobro de este impuesto en la factura de energía.Minutos antes, el gobernador Verano también le había pedido al ministro que se reanuden las mesas de diálogo entre Air-e Intervenida y la administración departamental para consensuar y garantizar el recaudo de la tasa de seguridad.En medio de su discurso, el gobernador aseguró que no se puede permitir que las deudas de Air-e se conviertan en un apagón, porque "cuando esto ocurre, no solo se apagan las luces, sino también las cámaras de seguridad".Así, Verano dejó claro que cualquier decisión que se tome en materia de energía también puede afectar la seguridad ciudadana.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cinco antiguos integrantes del Bloque Caribe (BCAR) de las extintas Farc-EP por más de 800 secuestros cometidos en los departamentos de Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla, incluyendo el de la exministra de Cultura Consuelo ‘La Cacica’ Araújo.En este caso, los imputados fueron Abelardo Colorado, conocido en las extintas Farc-EP como 'Solís Almeida’; Osmany Landero, llamado en la guerrilla ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo, conocido como ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Cuadras Solórzano, quien se hacía llamar ‘Leonardo Guerra’ o ‘Leonardo Muñoz’; y Uriel Oviedo, conocido como ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’.Asimismo, la JEP informó que los frentes de esta estructura se ubicaron en dos subregiones del norte del país: en primer lugar, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá, que tiene frontera con Venezuela, y, en segundo lugar, los Montes de María y La Mojana.Para imputar a los máximos responsables de los secuestros y otros crímenes en el marco del cautiverio en el Caribe colombiano, la Sala de Reconocimiento de Verdad realizó una minuciosa contrastación. Este proceso incluyó el análisis de informes de la Fiscalía, de las víctimas y de organizaciones civiles. Además, se examinaron las versiones escritas y orales de 72 comparecientes de esta estructura de las extintas Farc-EP, así como las observaciones que realizaron 56 víctimas sobre las versiones de los excombatientes ante la JEP y sobre el auto No. 19 de 2021, en el que se imputó a siete antiguos integrantes del secretariado por secuestroAbelardo Caicedo fue miembro principal del Estado Mayor del Bloque Caribe (órgano de más autoridad debajo del Secretariado de las Farc-EP) y comandó los frentes 41 y 19; Osmany Landero (Hernando González) fue miembro principal del Estado Mayor del Bloque y comandó el Frente 35.Gilberto de Jesús Giraldo (Aldemar Altamiranda): Fue miembro principal y suplente del Estado Mayor del Bloque Caribe. Además, comandó el Frente 41; y Luis Cuadras (Leonardo Guerra) fue miembro principal del Estado Mayor del Bloque y comandó el Frente 59.Se cree que estos cinco imputados por los secuestros del Bloque Caribe de las Farc-EP también tenían mando para ejecutar planes del secretariado, ejercer control sobre su tropa y disciplinar a sus subalternos.La Sala de Reconocimiento de Verdad también los halló responsables de otros crímenes que, en medio de los secuestros, cometieron guerrilleros bajo su mando tales como desaparición, homicidio, desplazamiento, tortura y violencia sexual.Así las cosas, entre los secuestros del Bloque Caribe para forzar al Estado Colombiano el intercambio por guerrilleros presos estuvieron el de la exministra de Cultura Consuelo ‘La Cacica Araújo’ asesinada por la guerrilla en 2001, y también el exministro Fernando Araújo, quien sobrevivió a 6 años de cautiverio.
El Juzgado Primero Especializado de Valledupar confirmó una sentencia de 60 años para Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado por ser los responsables de la muerte de la auxiliar administrativa Duperly Arévalo Carrascal, quien quedó atrapada en un incendio provocado por manifestantes en octubre de 2023 en la Registraduría de Gamarra, Cesar, hechos que también dejaron otras seis personas heridas.El fallo que los declaró responsables de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas, e incendio; adicionalmente les impone una multa equivalente a 210 salarios mínimos mensuales legales vigentes y dispone que la pena debe hacerse efectiva en establecimiento carcelario.En otras palabras, estas personas no tendrán beneficios como suspensión de pena o prisión domiciliaria y, además, tendrán una sanción de 20 años sin poder ejercer funciones públicas.Como ya se mencionó, la Fiscalía recordó en audiencias que, en medio de una manifestación que rechazaba la inhabilidad de un candidato a la alcaldía de ese municipio, varios ciudadanos ingresaron violentamente a la sede de la Registraduría de Gamarra y le prendieron fuego.En ese sentido, se estableció que Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlis Bermúdez Rubiano, ocultaron y trasladaron una pimpina de gasolina en un coche de bebé. Por su parte, William Castro Torrado y otros dos hombres recibieron el combustible que fue utilizado para incendiar el inmueble.La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Unos 16 niños y niñas que hacen parte de la escuela ubicada en la vereda El Salobre en el municipio de Río de Oro en el Cesar, resultaron intoxicados tras consumir alimentos que les fueron suministrados en el restaurante escolar.Los síntomas se presentaron cuando los niños y niñas retornaron a sus casas después de una jornada escolar. Algunos presentaron mareos, otros dolor de cabeza, y un grupo menor presentó síntomas de intoxicación en la piel.De inmediato fueron trasladados a centros asistenciales ubicados en los municipios de Río de Oro en el Cesar y Ocaña en el departamento Norte de Santander.Las autoridades indagan para conocer qué tipo de alimento consumieron y si se encontraban o no en buen estado.