Un ataque contra la estación de policía del municipio de Suárez interrumpió la tranquilidad de la comunidad durante la tarde del pasado domingo, dejando un saldo de un civil herido. El incidente ocurrió entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, mientras se desarrollaba un campeonato anual de fútbol interbarrios en el que participaban equipos de "rodillones" y de categoría libre.El hostigamiento, atribuido a grupos de disidencias que operan en la región, se realizó mediante varias ráfagas de disparos que no fueron continuas, sino separadas en el tiempo. Según explicó el alcalde de Suárez, César Cerón, la ubicación geográfica de la cabecera municipal, situada en una zona baja, facilitó que el ataque se perpetrara desde la parte alta y desde el otro lado del río Cauca.Población civil en medio del fuego cruzadoLa cancha de fútbol donde se encontraba reunida la comunidad está ubicada a escasos 300 metros de la estación de policía, lo que provocó que los asistentes quedaran atrapados en medio del conflicto."Se desarrollaba un campeonato que se hace anualmente, donde juegan los rodillones, como llamamos popularmente, y el equipo libre. Estando allí la comunidad reunida se da un ataque contra la estación de policía, quedando en medio del fuego cruzado toda la comunidad. Fueron varias ráfagas en un tiempo separado, tanto del grupo armado como de la Fuerza Pública defendiéndose. Nunca nos había pasado un evento como esto y eso lo que único que hace es poner en riesgo mucho más a la población civil. Esto es, entre otras muchas, violación del derecho internacional humanitario", afirmó el mandatario. Le puede interesar: Pánico en Suárez, Cauca, por ataque guerrillero durante encuentro deportivo y familiarComo resultado del cruce de disparos entre el grupo armado y la fuerza pública, un joven de 23 años resultó herido en una de sus extremidades superiores. El herido fue trasladado a una clínica en Cali, donde se encuentra en estado estable.El alcalde Cerón denunció que, tras los disparos, se produjo una estampida humana, lo que aumentó el riesgo para los habitantes. Llamado urgente al Gobierno nacionalEl alcalde expresó su rechazo absoluto a la violencia, señalando que la comunidad de Suárez no debe estar sometida a un conflicto que "no les pertenece"."No es posible que nosotros tengamos que vivir sometidos a toda esa clase de situaciones que no son las mejores para nosotros. Pedimos al Gobierno nacional que revise la situación que estamos viviendo y a los grupos al margen de la ley, que nos dejen tranquilos, finalizó.Escuche la entrevista aquí:
El secuestro de 18 militares del Ejército en un resguardo indígena del Chocó dejó en evidencia la compleja relación entre algunas comunidades y la Fuerza Pública en esta zona del país. Los uniformados fueron retenidos el pasado domingo cuando realizaban una operación contra el ELN, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien calificó lo ocurrido como un “secuestro” y aseguró que los soldados fueron rodeados por más de 200 personas y trasladados por la fuerza hasta un resguardo indígena.Ante este hecho, el general William Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército, entregó detalles de lo ocurrido y confirmó que los militares se encuentran con vida. “Básicamente sabemos que están bien. Hemos tenido contacto con la comunidad indígena directamente con el suboficial comandante de la unidad”, explicó el oficial.Comunidades indígenas impidieron operación militar en ChocóSegún lo revelado por el general Caicedo en entrevista con Mañanas Blu, la retención ocurrió cuando una unidad se encontraba en el resguardo La Puria, perteneciente a la comunidad indígena de Río Claro, en el municipio de Carmen de Atrato. “Fueron rodeados por aproximadamente entre 200 y 220 personas y, bajo presión, llevados hasta la escuela de la comunidad indígena, lugar donde se encuentran desde el día anterior”, señaló.Así mismo, Caicedo reiteró que el Ejército no requiere autorización para operar en el territorio nacional. “Usualmente nosotros hacemos las operaciones militares en todo el territorio nacional sin necesidad de autorización alguna”, afirmó. No obstante, reconoció que en varios casos se busca concertar el ingreso con las comunidades, algo que en esta ocasión no fue posible debido a la presencia del ELN en la zona.Ejército señala presencia activa del ELN en la zonaEl objetivo del operativo era una estructura del ELN que, de acuerdo con el Ejército, continúa operando en el área. “Había una estructura del ELN que aún permanece allí, de aproximadamente 16 hombres en armas, con alias Ramiro, cabecilla de comisión, el tercero del Frente Manuel Hernández El Boche”, explicó Caicedo. Según el oficial, este grupo estaría vinculado a extorsiones, quema de vehículos y constreñimientos armados en vías del Chocó.Para el general, la actuación de algunos integrantes de la comunidad resulta contradictoria. “No debería ser así, es todo lo contrario. Deberían capturar, si tienen una guardia indígena, a los miembros de cualquier estructura armada ilegal, porque la legalidad es lo que debe prevalecer”, sostuvo.Caicedo advirtió además que las comunidades estarían siendo instrumentalizadas por el ELN. Recordó que en operaciones recientes se han registrado capturas y muertes en combate, incluso de integrantes de comunidades indígenas. “Sí están siendo instrumentalizados. También se está presentando mucho el delito de reclutamiento ilegal de menores”, denunció.Sobre el armamento de los soldados retenidos, el general aclaró que permanece bajo control militar. “El armamento estaba ubicado a un lado de donde estaban ellos, pero el control lo tenía la unidad”, dijo, explicando que la decisión de desarmarse se tomó para evitar una tragedia. “Eran 500 indígenas contra 18 soldados”, agregó.Mientras avanzan las gestiones de la Gobernación, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo para lograr la liberación, el Ejército insistió en que no suspenderá sus operaciones. “No vamos a frenar, las operaciones se van a seguir desarrollando”, advirtió Caicedo, quien concluyó con una reflexión: “Cuando se piden garantías de seguridad, pero no se permite que la Fuerza Pública se desplace, se abre el camino para que los grupos armados ilegales ingresen al territorio”.
En respuesta a la crítica situación de seguridad que atraviesa la ciudad, Cali recibió un refuerzo de 400 policías que permanecerán de manera definitiva, la Policía Metropolitana completa 6.800 uniformados en servicio en la capital vallecaucana y su área metropolitana. A este pie de fuerza se sumará, en los próximos días, el apoyo temporal de 800 policías adicionales para el plan de seguridad de la Feria de Cali.Según la institución, los nuevos agentes serán desplegados en microterritorios priorizados por su alta incidencia delictiva, mientras que otro grupo fortalecerá unidades especializadas.El alcalde Alejandro Eder reiteró que la ciudad necesita respaldo tecnológico por parte del Gobierno nacional para enfrentar amenazas emergentes.“Reconozco el envío de estos policías, pero requerimos capacidades como sistemas antidrones para proteger a la ciudadanía y a los mismos uniformados”, sostuvo el mandatario.Eder recordó que este año la Alcaldía ha entregado 300 motocicletas y 60 vehículos a la fuerza pública para reforzar las labores de patrullaje y reacción.
En desarrollo de las operaciones contra los grupos armados ilegales que operan en el Pacífico colombiano, la Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, incautó material de guerra, recuperó a dos menores de edad y capturó a un hombre señalado de pertenecer al GAOR Jaime Martínez, en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.La acción fue realizada por tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 y uniformados de la Policía Nacional, quienes llevaron a cabo un allanamiento en el sector conocido como La Esperanza. En el lugar fue capturado un sujeto, se recuperaron dos menores y se incautaron dos fusiles, dos pistolas, cuatro artefactos explosivos improvisados, detonadores eléctricos, proveedores, 275 cartuchos de diferentes calibres, prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.Según las autoridades, este material presuntamente iba a ser utilizado para realizar ataques contra la fuerza pública y la población civil, poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de las comunidades de la región."De acuerdo con las investigaciones preliminares, el capturado, conocido como alias 'Danilo Gutiérrez', estaría involucrado en actividades como el uso de menores de edad para acciones criminales, la adecuación de drones, la instalación de explosivos, el cobro de extorsiones y labores de inteligencia ilegal en esta zona del Pacífico" dijo la Armada.El capturado, los menores recuperados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y garantizar la protección y restitución de los derechos de los menores.
La eventual consulta para unificar a la oposición de cara a las elecciones presidenciales de 2026 sigue tomando forma y sumando interrogantes. Uno de los nombres que ahora entra con fuerza en la conversación es el de la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien confirmó que ve con buenos ojos participar en ese mecanismo, aunque dejó claro que la decisión no depende únicamente de ella.En entrevista en Sala de Prensa, Valencia explicó que recientemente sostuvo un encuentro con varios líderes de la centroderecha y sectores afines, en el que se discutió la necesidad de construir una propuesta unificada para enfrentar lo que considera un momento crítico para el país. Según la senadora, el Gobierno del presidente Gustavo Petro representa “un riesgo para la democracia”, no solo por su relación con grupos armados en el marco de la llamada “paz total”, sino también por lo que califica como una tendencia autoritaria y estatizadora.“Hay demasiadas cosas graves en este país que implican que tenemos que tener una unidad frente a lo que viene”, afirmó Valencia, al insistir en que el tiempo para corregir el rumbo económico y social de Colombia se está agotando. En ese contexto, la consulta aparece como una alternativa para definir una candidatura sólida y competitiva.Sin embargo, la dirigente uribista fue enfática en señalar que no puede tomar una decisión de manera individual. Como candidata del Centro Democrático, cualquier paso debe ser consultado con su partido, su bancada y, especialmente, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. “Uno no se manda solo. Yo tengo el nombre y la cara, pero el trabajo es de todos”, aseguró, subrayando que el liderazgo político implica escuchar y construir consensos.Valencia reveló que, antes de iniciar consultas internas, quiso tener claridad sobre si su nombre sería aceptado dentro de esa eventual consulta opositora. La respuesta, según dijo, fue positiva, lo que abre la puerta a que en las próximas horas se adelante una discusión formal dentro del Centro Democrático. Incluso, advirtió que el plazo para tomar una decisión es corto y que en uno o dos días podría haber definiciones.Otro de los puntos sensibles es la amplitud de la consulta. La senadora reiteró que no es partidaria de vetos y que la idea es permitir la participación del mayor número posible de aspirantes, entre ellos Juan Carlos Pinzón. No obstante, reconoció que existen tensiones internas, especialmente frente a posibles alianzas con figuras que no generan consenso en todos los sectores.Sobre una eventual ampliación hacia otros espectros políticos, Valencia fue cauta. Aunque habló de “caminar juntos en medio de la diferencia”, dejó claro que hay límites ideológicos. Por ejemplo, descartó con franqueza una alianza con figuras que apoyaron y celebraron la llegada de Petro al poder, al considerar que ese respaldo tuvo consecuencias graves para el país.Más allá de la mecánica electoral, la senadora insistió en que el centro del debate debe ser el modelo de país. Seguridad, lucha contra el narcotráfico, fortalecimiento de la fuerza pública, crecimiento económico, educación y reducción de la pobreza fueron algunos de los ejes que planteó como indispensables para cualquier proyecto de unidad.
Expertos antiexplosivos del Ejército y de la Policía desactivaron de manera controlada un vehículo tipo camioneta platón que había sido cargada con más de 200 kilos de explosivos de alto poder destructivo en el municipio de Belén de los Andaquíes en el sur del Caquetá.El gobernador de ese departamento Luis Francisco Ruiz Aguilar, rechazó el frustrado atentado terrorista y expresó que teniendo en cuenta la cantidad de explosivos acondicionados en el automotor el daño habría sido “catastrófico” y había podido afectar tres cuadras a la redonda.Por su parte el general Sergio Guzmán Jaimes, comandante de la Décimo Segunda Brigada del Ejército Nacional, no descartó que esta acción terrorista haya sido autoría de los grupos armados organizados que delinquen el sur del país.“Afortunadamente en un trabajo coordinado entre el Ejército y nuestra Policía logramos neutralizar una acción terrorista que en estos momentos estuviera enlutando al pueblo caqueteños, con esta acción terrorista los diferentes grupos armados que delinquen en la región no les importa los daños colaterales, si, este carrobomba hubiera estallado, el efecto había sido devastador en un municipio tan pequeño como es Belén de los Andaquíes”, dijo el comandante de la unidad militar.Asimismo, la Policía anunció que ya se dispuso de un equipo especializado coordinado con la Fiscalía para adelantar las investigaciones pertinentes, mientras, que la Gobernación del Caquetá ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quien brinde información de los responsables que dejaron abandonado el carrobomba.
No paran los casos de personas borrachas conduciendo su vehículo, una problemática social que durante todo el año ha sido una de las principales infracciones al código de tránsito en Medellín. Las autoridades advierten que durante la época de fin de año este fenómeno tiende a aumentar el número de casos.De acuerdo con el más reciente reporte entregado por la Secretaría de Movilidad, en materia de personas que cometen el acto irresponsable de conducir bajo los efectos del alcohol, la cifra habla de un total de 707 comparendos impuestos por esta mala práctica, en lo que va corrido del año, dejando un total de 702 vehículos inmovilizados.Estas cifras en inmovilizaciones de vehículos y comparendos por conducir en estado de embriaguez se han impuesto a lo largo del año en un total de 125 operativos de control realizados por agentes de tránsito en diferentes puntos estratégicos de la ciudad como el Centro, Laureles y El Poblado, en los que se practicaron un total de 29.000 pruebas de alcoholemia, así lo explicó el Secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz."La campaña Te Queremos Vivo nos ha permitido, comparativamente este año con el año anterior, tener una reducción del 11 %, que corresponde a 32 vidas salvadas este año en las vías con relación al año anterior", afirmó Pablo Ruiz, secretario de Movilidad de Medellín.En Colombia, de acuerdo con el Código de Tránsito, las multas por conducir en estado de ebriedad van aumentando de acuerdo al grado de alcoholemia, del 0 al 3, y la reincidencia del infractor; desde el grado 0 comienza con un comparendo por primera vez de $3,100.000.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Hato Corozal, Casanare, Darío Yesid García Barray, por un presunto incumplimiento en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la vigencia 2022.De acuerdo con la investigación, el servicio de alimentación dirigido a los estudiantes de las instituciones educativas del área urbana del municipio no se habría iniciado desde el comienzo del calendario académico, como lo establecen las normas que regulan el programa.Según el ente de control, el PAE únicamente se habría prestado durante seis jornadas escolares en octubre y 17 en noviembre, lo que indica que su ejecución se concentró en la parte final del año escolar, afectando el acceso oportuno de los estudiantes a este beneficio.La Procuraduría señaló que el suministro de la alimentación escolar debía garantizarse desde el primer día de clases, con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa.Por estos hechos, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare calificó provisionalmente la conducta como falta grave cometida a título de culpa gravísima, y continuará el proceso disciplinario para determinar la eventual responsabilidad del exmandatario municipal.
Este domingo 21 de diciembre, en Sala de Prensa cierra el año con un análisis amplio que cruza política, relaciones internacionales y cultura, en un episodio marcado por balances y proyecciones.María Margarita “Paca” Zuleta: analiza la coyuntura nacional, cuestionando la falta de transparencia del decreto de emergencia económica y la baja eficiencia del gasto público. Examina el escenario electoral hacia 2026 y el peso de la experiencia administrativa. Reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación y recomienda lecturas clave para cerrar el año.Juan Carlos Flores: hace un balance crítico del cierre político, señalando el vacío de propuestas atractivas desde la oposición. Explica los alcances reales de la inteligencia artificial como herramienta, pero no como conciencia creadora. Advierte que el futuro electoral dependerá de ideas que movilicen talento y esperanza.Juan Camilo Merlano: desde Washington, reporta la postura de Estados Unidos frente a Colombia y Venezuela tras declaraciones del senador Marco Rubio. Analiza la estrategia de presión internacional contra el régimen de Maduro. Concluye que no se vislumbra un cambio de poder inmediato en Caracas.Paloma Valencia: expone su visión política y su acercamiento a la coalición de centroderecha de cara a una posible consulta. Defiende una agenda centrada en seguridad, lucha contra el narcotráfico y educación. Insiste en que la oposición debe ofrecer soluciones más allá del antipetrismo.Luis Carlos Rueda: presenta los estrenos destacados de la temporada, con foco en la nueva entrega de Avatar y su impacto visual. Analiza sus mensajes sobre medioambiente, migración y resistencia cultural. Invita a disfrutar también del cine popular con la octava entrega de El Paseo.Escuche el programa completo aquí:
Son 30 los vallecaucanos lesionados con pólvora en el Valle del Cauca, 12 de ellos menores de edad. Es por este motivo que desde el Gobierno departamental se reitera el llamado para que los ciudadanos eviten el uso inadecuado de estos artefactos que afectan la integridad física de las personas.“La recomendación sigue siendo: no use pólvora, si van a quemar pólvora, que lo hagan los expertos. Recuerde que la pólvora afecta la vida de las personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente los niños, adultos mayores, aquellas personas que tienen problema de enfermedad mental, las personas en condición de discapacidad, la fauna y la flora”, detalló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.Buga, Buenaventura, Tuluá y Florida, son los municipios que mayor número de casos registran a la fecha. “Este año seamos generosos y tengamos una fiesta tranquila. Vivamos nuestro 24 de diciembre lleno de ilusión y de esperanza, en familia y sin pólvora”, agregó Lesmes.Las quemaduras en miembros superiores, seguidas por lesiones en cara, cuello, cabeza y miembros inferiores, son las más frecuentes en este tipo de consultas.
Hace pocos minutos, las autoridades confirmaron que unidades antiexplosivos de la Policía realizaron la detonación controlada de un cilindro que había sido cargado con explosivos en el sector de Las Piñas, específicamente en la vía que comunica a Cali con el municipio de Buenaventura.De acuerdo con información preliminar, hombres desconocidos habrían dejado este artefacto en plena carretera, un corredor vial de gran importancia para el suroccidente del país.Por este motivo, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía durante varios minutos, con el fin de prevenir cualquier tipo de tragedia mientras se adelantaban las labores de verificación y manejo del riesgo.Conductores que se movilizaban por esta ruta reportaron, a través de las redes sociales, una fuerte congestión vehicular y largos tiempos de espera debido a la restricción del paso.A esta hora, la circulación ya fue restablecida y se registra un flujo normal de vehículos en el sector. Sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen declaraciones oficiales para conocer más detalles sobre este hecho y avanzar en las investigaciones que permitan establecer quiénes serían los responsables.
En un operativo conjunto de las autoridades contra grupos criminales que operan en el suroccidente del país, fue capturado en la frontera con Ecuador alias ‘Caleño’, señalado integrante del Clan del Golfo y requerido por Interpol mediante circular azul.La captura se logró gracias a un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de Colombia y otros países, lo que permitió ubicar y detener a este hombre, considerado una pieza importante dentro de esta organización ilegal.Según explicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, alias ‘Caleño’ cumplía un papel clave al servicio del Ejército Gaitanista de Colombia. Desde municipios como Riofrío y Trujillo, se encargaba de observar y reportar los movimientos de la Fuerza Pública, información que luego era usada por los jefes del grupo para planear traslados de armas, municiones y personas, así como para cometer asesinatos.“Su función era alertar sobre la presencia de las autoridades para facilitar las acciones criminales de la organización”, señaló la mandataria, al destacar la importancia de esta captura para la seguridad del departamento.Las autoridades indicaron que alias ‘Caleño’ hacía parte del cartel de los más buscados en el Valle del Cauca. Por información que ayudara a dar con su paradero, la Gobernación ofrecía una recompensa superior a los 50 millones de pesos.La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, afirmó que esta captura representa un golpe significativo a la estructura del Clan del Golfo, especialmente en su red de apoyo logístico y armado en el suroccidente del país.Tras el operativo, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ahora se encargará de adelantar el proceso judicial correspondiente.
Luego de varios intentos fallidos y de reiteradas solicitudes a través de cartas y mesas de diálogo con el Gobierno nacional, integrantes del comité del paro cívico de Buenaventura decidieron tomarse las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional en Bogotá, con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos pactados.De acuerdo con Miyela Riascos, vocera del comité, los estudiantes, tanto de la zona urbana como rural, actualmente no cuentan con condiciones adecuadas para el desarrollo de sus jornadas educativas.“En términos de infraestructura educativa, no tenemos condiciones habitacionales saludables. No hay confort climático, hay humedad, calor excesivo y salones que no están adecuados. Además, no solo se requieren aulas para recibir clases, sino también espacios como laboratorios”, explicó Riascos.En el mismo sentido, el sacerdote Jhon Reyna Ramírez, integrante de la pastoral de Buenaventura y miembro del comité del paro cívico que permanece en Bogotá, aseguró que no regresarán al Valle del Cauca hasta obtener una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional.“Estamos aquí desde el lunes en la noche y hemos continuado trabajando durante el martes y el miércoles. Hoy estamos haciendo un recorrido por todo el tema de infraestructura educativa. La idea es salir con soluciones concretas y no nos moveremos hasta terminar este ejercicio y tener luz verde tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Hacienda”, manifestó el sacerdote.Otros de los motivos que respaldan la protesta están relacionados con la falta de acceso permanente al agua potable, deficiencias en la atención en salud y la necesidad de garantizar soberanía alimentaria para las comunidades del distrito.
Claudia Calao, hermana de Gilberto Jesús Calao, abogado y director seccional de la DIAN en el municipio de Tuluá, quien fue asesinado en las últimas horas se pronunció. La familiar aseguró que las investigaciones avanzan de manera constante para esclarecer la muerte de su hermano.La mujer señaló que una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a la participación de mafias dedicadas a operaciones ilegales. Según indicó, meses atrás Gilberto Calao ya había denunciado un caso relacionado con este tipo de actividades, lo que refuerza la posibilidad de que el crimen esté vinculado con su labor en la entidad.“No tanto amenazas porque pues él siempre se transportaba en su vehículo , él puso unas denuncias en temas de cobro y la puso en conocimiento en la fiscalía y la llevó a nivel central, incluso estuvo en Bogotá haciendo las denuncias y contándole a la DIAN”, indicó Claudia Calao.Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de este asesinato. Aunque la investigación continúa en curso, las autoridades ya tendrían algunas pistas sobre los agresores, quienes, según las primeras indagaciones, habrían llegado desde la ciudad de Cali para cometer el crimen.“Lo que nos dijo la fiscalía es que los sicarias venían de cali , aparecen en las cámaras a las 4 de la mañana, venían en moto y en carro le estaban haciendo el seguimiento “ expresó.Entretanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, también se pronunció sobre el asesinato del director seccional de la DIAN en Tuluá. El mandatario aseguró que bandas dedicadas al contrabando estarían directamente relacionadas con el homicidio y advirtió que este tipo de organizaciones criminales buscan intimidar al Estado.
Sigue en aumento la tensión entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, la cual inició esta semana, cuando Toro le reclamó a Petro, por la falta de apoyo y recorte presupuestal a la Fuerza Pública en medio de la crítica situación de orden público que está viviendo la región.Reclamo al que el presidente Petro le respondió que la violencia en el Valle del Cauca es generada "por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico", acusando directamente a la gobernadora de tener este tipo de relaciones.Las palabras del mandatario nacional fueron calificadas por Dilian Francisca Toro como una bajeza cobarde, en su intervención invitó a Petro a pasar menos tiempo en redes sociales y visitar más los territorios."Son calumnias que además no solamente me están afectando a mí sino a nuestro departamento, yo lo único que le digo es que venga a trabajar con nosotros, que deje de trinar tanto y más bien venga trabaje con nosotros por la seguridad del departamento", dijo la gobernadora del Valle.Nuevamente el presidente Petro le respondió a la gobernadora diciendo que lo que origina la violencia en el Valle del Cauca es la relación mafia - política, denunciando que contrabandistas estarían usando la zona franca de Palmaseca, el aeropuerto de Cali y el puerto de Buenaventura, para ingresar mercancía de contrabando, "comprado policías, funcionarios, investigadores, políticos les ayudan y han amenazado y asesinado funcionarios de la DIAN en Tuluá", indicó Petro a través de X.
La oportuna información de habitantes de Popayán, Cauca, permitió la rápida reacción de la Policía, que frustró un nuevo ataque terrorista y evitó una tragedia en el sur de esa ciudad.Una camioneta cargada con cinco cilindros con explosivos fue descubierta antes de ser activada contra la estación sur de la Policía Metropolitana, ubicada en el barrio Vásquez Cobo, cerca del centro histórico de Popayán.La Policía confirmó que pasadas las 5 de la mañana, la comunidad denunció un desplazamiento sospechoso de una camioneta de alta gama, que se dirigía directamente hacia la estación, ignorando las vallas de seguridad instaladas en el lugar.Los explosivos fueron detonados de manera controlada. Luego de esa detonación, autoridades se encuentran verificando cámaras de seguridad para identificar a los terroristas.
Después de un consejo de seguridad que se llevó a cabo en el municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca, las autoridades decidieron ofrecer una millonaria recompensa por información que permita ubicar a los responsables de asesinar a Gilberto Jesús Calao, director seccional de la DIAN en Tuluá.La víctima, oriunda del departamento de Córdoba, fue asesinada cuando hombres armados lo abordaron y le dispararon en varias ocasiones en el barrio El Jazmín de ese municipio vallecaucano, lo que le produjo la muerte al funcionario público.“Hemos evaluado las primeras indagaciones que se han realizado por el vil asesinato del director seccional aquí en el municipio de Tuluá y que no había ninguna denuncia formal por ningún medio de este funcionario que nos permitiera establecer que tenía amenazas o algo parecido y nuestra policía judicial avanza para establecer los autores materiales de este hecho, por eso la recompensa es de hasta $50 millones”, dijo Guillermo Londoño, secretario de Seguridad y Convivencia del Valle.Sobre este hecho, que conmocionó al país, el presidente Gustavo Petro manifestó que la mafia que hoy lava dinero, principalmente, a través del contrabando ha amenazado a varios funcionarios de la entidad.“El contrabando es siempre el lavado de dólares de la cocaina. La mafia de la cocaina hoy lava dinero principalmente a través del contrabando y del oro, entonces esta mafia ha amenazado a funcionarios de la DIAN en Tuluá y probablemente sea el autor del asesinato del señor Gilberto Calao”, expresó Gustavo Petro, presidente de Colombia.Por otro lado, el director de la DIAN, Carlos Galeano, señaló que esas mafias, con procedimientos irregulares de impuestos, podrían estar relacionadas con el asesinato.“Al parecer, mafias asociadas al tema de las importaciones ficticias tendrían que ve con el infortunado caso de asesinato de nuestro director de aduanas esta mañana en Tuluá, entonces eso es un tema de lavado de la DIAN porque además esto genera unas devoluciones importantes“, explicó Galeano.Con un equipo especial de la Policía y mediante diferentes actividades, se busca a los responsables de este hecho, mientras las autoridades, a través de videos de cámaras de seguridad, tratan de establecer la ruta que usaron los sicarios para cometer el crimen.
Luego de tres días de la toma armada perpetrada por disidencias de las Farc en el municipio de Buenos Aires, en el norte del departamento del Cauca, las autoridades explicaron las razones por las cuales no fue posible brindar apoyo oportuno al personal de la Policía durante los hechos.Las explicaciones se entregaron durante un consejo de seguridad realizado este jueves en Popayán. Allí, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante del Ejército Nacional, señaló que las dificultades de acceso terrestre y aéreo fueron determinantes.“Los grupos armados ilegales bloquearon todas las vías de comunicación hacia Buenos Aires con vehículos y artefactos explosivos, lo que impidió el ingreso por tierra. A esto se sumaron las malas condiciones climáticas que limitaron el apoyo aéreo. Inicialmente, salió un avión de la Fuerza Aérea, un C-47, hacia las 7:00 de la mañana, pero no pudo ingresar por mal tiempo", dijo."Posteriormente, los Super Tucano intentaron entrar, pero las condiciones no mejoraron. Las limitaciones del apoyo aéreo están directamente relacionadas con el clima”, explicó el general Cardozo.Durante el mismo consejo de seguridad, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, solicitó al Gobierno nacional fortalecer la infraestructura de las estaciones de Policía en municipios críticos como Jambaló, Buenos Aires, Patía y Almaguer.“Ha sido un espacio de diálogo franco en el que reiteramos que el Cauca requiere de manera inmediata fortalecer su capacidad de respuesta y contención frente a las acciones armadas. La seguridad debe ser una política sostenida, eficaz y anticipada”, manifestó el mandatario departamental.Asimismo, las autoridades solicitaron respaldo tecnológico y logístico para la Vía Panamericana, corredor estratégico que ha sido blanco frecuente de atentados y se anunció el refuerzo de la seguridad con 300 hombres de la Fuerza Pública, quienes serán desplegados en municipios priorizados hasta el mes de enero. Además, se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita identificar a los responsables del ataque en Buenos Aires.