Un intento de hurto en inmediaciones del barrio El Trébol finalizó en un enfrentamiento entre la Policía y un grupo de ladrones, situación que generó pánico entre la comunidad del oriente de Cali. Los hechos ocurrieron en un reconocido supermercado ubicado sobre la autopista Suroriental entre las calles 58 y 59, hasta este lugar llegaron varios hombres armados que intimidaron a las personas que estaban haciendo sus compras, exigiéndoles la entrega de sus pertenencias.Uno de los vecinos logró avisarle a las autoridades, por lo que rápidamente el lugar fue acordonado, teniendo incluso apoyo del helicóptero Halcón de la Policía, con el fin de evitar que los sujetos lograran escapar."Eso había un poco de gente, patrullas, ambulancias, antimotines, el helicóptero, mejor dicho. Ahorita salieron dos esposados y la Policía estaba corriendo a la gente, un poco de carros parqueados", indicó una testigo del hecho.Según los habitantes del sector, se lograron escuchar por lo menos diez disparos, en el enfrentamiento entre las autoridades y los presuntos delincuentes. Algunos sujetos intentaron huir, pero fueron interceptados metros más adelante."Había personas vestidas de civil pero con chalecos antibalas persiguiendo a los ladrones y ahí fue que empezó la balacera. Después de eso, viene uno de los tipos y corre hacia los lados del motel del lado, vuelve para el supermercado y vuelven a disparar", narró otro vecino del lugar.Esta es la tercera balacera registra en Cali en menos de 48 horas, una situación que enciende las alarmas de la comunidad, la cual exige el refuerzo de la seguridad en la ciudad para evitar estos episodios. Según el primer reporte de la Policía, tras el incidente cinco personas fueron capturadas, una de ellas resultó levemente herida en medio del enfrentamiento.
Un trágico hecho ocurrido en Estados Unidos mantiene de luto a una familia caleña y ha generado conmoción tanto en Colombia como en la comunidad latina en el exterior. Se trata del asesinato de Johan David Adarve, un joven de 17 años, quien fue atacado con arma de fuego cuando salía de su jornada académica en la ciudad de Chicago, estado de Illinois.De acuerdo con la información conocida, el menor residía junto a su familia en Estados Unidos desde hacía aproximadamente cuatro años. El crimen se registró cuando Johan David se disponía a regresar a su vivienda, luego de salir del colegio, en compañía de su pareja sentimental, quien también es menor de edad y su primo, que también fue agredido.En ese momento, el joven habría sido abordado por uno de sus compañeros de institución, quien presuntamente le disparó en repetidas ocasiones. Aunque varias personas intentaron auxiliarlo de inmediato y alertaron a los servicios de emergencia, el adolescente falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.Keila Adarve, tía del joven, manifestó que la familia solicitó acompañamiento y medidas de protección, al advertir que el adolescente era objeto de burlas, intimidaciones y amenazas por parte de algunos compañeros. Sin embargo, sostienen que no recibieron una respuesta efectiva que permitiera prevenir una situación de riesgo."Johan venía presentando problemas de acoso escolar, el cual se reportó a la escuela, pero la escuela nunca tomó medidas acerca de esto. El niño que disparó el arma de fuego estaba afuera, lo estaba esperando junto a otras personas, cuando lo vieron, se fueron detrás de mi sobrino, le dispararon en dos ocasiones, una en el pecho y otra en el pie", manifestó la tía.Los familiares también expresaron su preocupación por la seguridad de otros jóvenes cercanos a Johan David, quienes, según indican, continúan siendo víctimas de acoso, por lo que temen que se presenten nuevos hechos de violencia si no se adoptan acciones oportunas.Las autoridades locales iniciaron una investigación penal para esclarecer las circunstancias del homicidio, identificar a los responsables y establecer si existían antecedentes que permitan determinar responsabilidades adicionales. En el proceso se adelantan labores de recolección de testimonios y análisis de material audiovisual de la zona donde ocurrió el ataque.Por su parte, la institución educativa a la que asistía el menor emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo sucedido y aseguró que se encuentra colaborando con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.Entre tanto, familiares, amigos y miembros de la comunidad han realizado manifestaciones y actos simbólicos en memoria de Johan David Adarve, exigiendo justicia y medidas que garanticen la protección de los estudiantes, especialmente frente a situaciones de acoso escolar y violencia juvenil.
El pasado jueves 14 de enero, en horas de la noche, se registró el homicidio de un menor de 17 años en el barrio Barberena, comuna 12, en el oriente de Cali, hecho que generó un amplio despliegue de las autoridades en esta zona de la ciudad.Tras conocerse el crimen, unidades de la Policía Metropolitana de Cali activaron de manera inmediata un plan candado con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables. Durante el procedimiento, los presuntos implicados, al notar la presencia de los uniformados y verse acorralados, abrieron fuego contra las patrullas policiales, lo que obligó a los agentes a reaccionar con sus armas de dotación.En medio del intercambio de disparos, los dos hombres resultaron heridos y, posteriormente, fueron capturados por las autoridades. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial, donde permanecen bajo custodia policial.El coronel Andrés Arias, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que los detenidos presentan antecedentes judiciales y entregó detalles del operativo.“Luego del cruce de disparos, los dos hombres salieron lesionados y, actualmente, se encuentran bajo custodia en un centro hospitalario. Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego y una motocicleta en la que se movilizaban. Los capturados, de 18 y 21 años, registran anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y receptación”, precisó el oficial.Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles de este homicidio y establecer si estaría relacionado con disputas por el control territorial, conocidas como fronteras invisibles, o si existen otras causas detrás de este hecho violento. Asimismo, se busca determinar la plena responsabilidad de los capturados en el asesinato del menor.
Una vez más, el oriente de Cali fue escenario de un enfrentamiento violento entre jóvenes de distintos barrios de la ciudad. La riña, que se prolongó durante varios minutos, se presentó en las afueras de la estación del MIO de Aguablanca.De acuerdo con la información preliminar, en el hecho habrían participado pandillas juveniles de los barrios Mojica y Bonilla Aragón. En videos difundidos en redes sociales quedaron registrados los momentos de tensión y la magnitud del enfrentamiento, que se desarrolló en plena vía pública.La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes denunciaron afectaciones a viviendas y riesgos para personas ajenas al conflicto. David Moreno, residente de la zona, expresó su rechazo a estos hechos y pidió una intervención urgente por parte de las autoridades.“Es muy triste porque se dañan las casas, los vidrios, y también se afecta a personas que no tienen nada que ver con esto. De todo corazón, le pedimos a las autoridades que hagan presencia, que nos den soluciones y que nos brinden seguridad a la comunidad”, señaló Moreno.Ante la situación, unidades de la Policía Metropolitana de Cali llegaron hasta el lugar, lograron dispersar a los involucrados, y restablecer el orden en el sector.Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad y Justicia manifestaron que este tipo de enfrentamientos, conocidos como ‘Guireo’ o ‘Chacaleo’, están asociados a conflictos por fronteras invisibles entre barrios. La entidad aseguró que se adelantan acciones de prevención e intervención para evitar que estos hechos se sigan presentando en la ciudad.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación disciplinaria contra los fiscales 9 y 11 Delegados ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta responsabilidad en demoras injustificadas dentro del proceso penal que se adelanta contra Carlos Ramón González Merchán, señalado como uno de los principales articuladores del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Según el documento oficial del alto órgano disciplinario, se ordenó abrir investigación contra “los doctores María Cristina Patiño González y Gabriel Sandoval Vargas, fiscales 9° y 11° delegados ante la Corte Suprema de Justicia, respectivamente”, tras advertirse posibles irregularidades en la conducción del proceso. La decisión se produjo a partir de una denuncia presentada por el abogado Pablo Bustos, quien cuestionó la actuación de los funcionarios judiciales.De acuerdo con el denunciante, los fiscales habrían incurrido en una “mora injustificada y deliberada” al retardar actuaciones clave dentro del proceso penal contra González Merchán. En particular, señaló demoras en la formulación de imputación, en la solicitud de medida de aseguramiento y en la gestión de la circular roja de Interpol, pese a que, según su criterio, desde el año 2024 existían suficientes elementos de juicio para avanzar de manera oportuna en estas diligencias dentro del caso de corrupción de la UNGRD.La controversia alrededor del proceso se intensificó recientemente luego de que Carlos Ramón González, prófugo de la justicia colombiana, fuera visto el jueves 11 de diciembre bailando y disfrutando de una fiesta vallenata en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Nicaragua. La imagen del exalto funcionario en un evento público generó fuertes cuestionamientos sobre la efectividad de las acciones judiciales para asegurar su comparecencia ante las autoridades colombianas.González Merchán fue exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y durante años fue considerado uno de los políticos más cercanos al presidente Gustavo Petro. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, habría actuado como coordinador del esquema de corrupción en la UNGRD, mediante el cual se habrían destinado recursos públicos para sobornar a congresistas a cambio de apoyo a las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.Desde el 5 de noviembre de 2024, González se encuentra en Nicaragua. Posteriormente, el 16 de diciembre de ese mismo año, le fue expedida una cédula de residencia en ese país, con vigencia hasta el 14 de junio de 2025. No obstante, tras la imputación en su contra por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, el encargado de negocios de la embajada envió una nota verbal solicitando la renovación de su estatus migratorio, en medio del proceso penal que se adelanta en Colombia.Pese a que existe una solicitud de orden de captura en su contra, se conoció que González ya recibió asilo político en Nicaragua, una situación que ha dificultado su judicialización y que ha generado críticas sobre la respuesta institucional frente a uno de los casos de corrupción más importantes del actual gobierno.
La Asamblea Departamental aprobó vigencias futuras excepcionales por 1.7 billones de pesos para construir el primer tramo Bello y Barbosa. La Gobernación espera que el proyecto se logre extender hasta el Magdalena Medio antioqueño.La Asamblea de Antioquia aprobó en las últimas horas las vigencias futuras excepcionales para que la Gobernación retome el proyecto del ferrocarril departamental que en una primera etapa irá desde Bello hasta Barbosa en el Valle de Aburrá en una obra de cerca de 30 kilómetros de extensión.Los recursos aprobados son por 1.7 billones de pesos conectará al Metro de Medellín con la parte más alejada del Norte del Área Metropolitana aprovechando la infraestructura férrea que ya existe y modernizándolo para implementar un sistema ferroviario departamental.El secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, no ocultó su felicidad por la aprobación de los recursos y aseguró que la verdadera intención es poder conectar al Valle de Aburrá con el Magdalena Medio antioqueño.“Para construir el tren multipropósito de Antioquia en una primera fase que va desde el municipio de Bello hasta el municipio de Barbosa. Por primera vez vamos a tener transporte masivo desde el norte del Valle de Aburrá, desde Bello hasta Barbosa”, aseguró el secretario Gallón.Hay que mencionar que el Ferrocarril de Antioquia tendrá estaciones en los municipios de Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa y que se espera que otros dos tramos se construyan en total cerca de 20 estaciones desde Caldas hasta Puerto Berrío, con una extensión de 190 kilómetros y tres infraestructuras de carga en diferentes puntos del departamento.Finalmente, cabe recordar que el proyecto está pensado para que sea un transporte de personas y carga que podría maximizar la economía regional con un fortalecimiento logístico y reducción de algunos costos de transporte para ciertos sectores productivos de Antioquia.
Rechazo causó en el centro del Huila el asesinato de Angie Carolina Rivera, una joven de 28 años, quien, de acuerdo con versiones oficiales, habría sido atacada con arma blanca en un sector de la variante sobre la vía que comunica Garzón con el municipio de Gigante.El secretario de Gobierno del municipio de Garzón, Elkin Lloreda, dijo a Blu Radio que, según las evidencias recaudadas por las autoridades, ya tienen pistas del posible responsable del crimen y se espera que sea ubicado y capturado para que responda ante la justicia.“Desde la administración municipal rechazamos y condenamos el asesinato de la señora Angie Carolina Rivera. Según la información que me han suministrado, las autoridades vienen trabajando en la ubicación del agresor, quien al parecer ya se encuentra plenamente identificado. Además, en redes sociales también señalan a un sujeto; sin embargo, es importante esperar los resultados que arroje la Policía de las investigaciones”, expresó Lloreda.Asimismo, la Gobernación del Huila, a través de la Secretaría de la Mujer y Asuntos Sociales, Natalia Alejandra Ortiz, lamentó y rechazó el asesinato de la joven madre Angie Carolina, quien deja huérfanos a dos hijos menores de edad.“Desde la Secretaría de la Mujer del Huila expresamos nuestra solidaridad con la familia de la víctima, Angie Carolina Rivera Garibello, de 28 años, especialmente con sus hijos, y reiteramos nuestro compromiso de acompañamiento institucional. En este sentido, se activa de manera inmediata el mecanismo articulador interinstitucional, con el fin de hacer seguimiento permanente al caso, garantizar la atención integral a las víctimas indirectas y contribuir a que el proceso avance con enfoque de género y sin impunidad”, indicó Natalia Alejandra Ortiz, jefe de esta dependencia.Cabe recordar que, según datos oficiales, en el año 2025 al menos once mujeres fueron asesinadas en el Huila. Algunos de estos casos han sido esclarecidos por las autoridades, y otros aún se encuentran en proceso de investigación. Neiva registra seis casos; también se presentaron homicidios de mujeres en los municipios de Algeciras, Timaná y Acevedo.
Una de las preguntas recurrentes entre millones de familias que viven en propiedad horizontal en Colombia es si las cuotas de administración de edificios y conjuntos residenciales deben subir en la misma proporción que el salario mínimo. Sobre este tema se pronunció la viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bello, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.¿Cuota de administración sube igual que el salario mínimo?De acuerdo con la funcionaria, no existe una regla automática que obligue a que las cuotas de administración se incrementen en el mismo porcentaje del salario mínimo. “Depende de los costos y del presupuesto que tenga el edificio”, explicó Marsiglia, al señalar que cada copropiedad debe proyectar sus gastos reales antes de definir cualquier ajuste.La viceministra precisó que, si bien el salario mínimo es un factor relevante —especialmente por su impacto en el pago de personal como vigilantes, conserjes o personal de aseo—, no es el único elemento que incide en el cálculo de la cuota. “Además del salario están los servicios públicos, están los insumos, está otra cantidad de factores que se deben tener en cuenta para proyectar ese aumento de cuota”, afirmó.En ese sentido, Marsiglia insistió en que no se puede hablar de una indexación directa entre la cuota de administración y el salario mínimo. “No es que la cuota esté automáticamente indexada al salario mínimo”, subrayó. ¿De quién depende aumento de administración?Según explicó, el incremento depende del presupuesto anual que se apruebe con base en los costos específicos de cada copropiedad.La viceministra también recordó que la decisión final no recae en el Gobierno ni en una norma general, sino en los mismos propietarios. “Es una decisión de la asamblea de propietarios, es una decisión autónoma”, señaló, dejando claro que son los copropietarios quienes, reunidos en asamblea, definen el presupuesto y, por ende, el valor de la cuota.Otro punto clave que destacó la funcionaria es que no todas las propiedades horizontales enfrentan las mismas condiciones. “No es lo mismo un edificio de 20 apartamentos a un conjunto de 800 apartamentos”, explicó. En conjuntos más grandes, dijo, los costos de servicios como vigilancia y aseo pueden distribuirse entre un mayor número de unidades, lo que puede moderar el impacto individual del aumento.En contraste, en edificios pequeños, el mismo tipo de gastos debe repartirse entre menos propietarios, lo que puede hacer más visible cualquier incremento. Por eso, según Marsiglia, el comportamiento de las cuotas es “muy variable” y está directamente relacionado con el tamaño del conjunto, el número de trabajadores, el consumo de servicios y otros costos operativos.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a la cabeza de Cielo Rusinque, se refirió al control de precios en el país tras el reciente aumento del salario mínimo. En diálogo con Mañanas Blu, la funcionaria enfatizó que la labor de la entidad no es fijar precios de manera arbitraria, sino ejercer la inspección, vigilancia y control que le otorga el marco constitucional y legal. Vigilancia sin fijación de preciosAnte la inquietud de si la SIC se convertirá en una "policía de precios", Rusinque aseguró que la entidad no tiene la facultad de establecer cuánto debe costar un producto. "Nosotros no fijamos precios. Nosotros vigilamos que no se infrinja el régimen en materia de libre competencia, de derechos del consumidor y en la especulación eventual", afirmó la superintendente. Según explicó, el objetivo es evitar que se presenten acuerdos de cartelización o aprovechamientos ilegales que distorsionen el mercado bajo la excusa del aumento salarial.¿Qué define un aumento "irracional"?Uno de los puntos de mayor debate fue la definición de un aumento de precios irracional. Rusinque aclaró que un incremento se considera así "cuando no corresponde a los costos de producción de los bienes y servicios". Para determinar esto, la SIC cuenta con equipos interdisciplinarios de economistas, abogados y contadores que realizan monitoreos e investigaciones técnicas basadas en material probatorio, y no en decisiones personales o arbitrarias.La funcionaria sostuvo que, según cifras del DANE, los costos de producción cerraron el año anterior con una tendencia a la baja (-2.6%), a pesar de aumentos históricos previos en el salario mínimo,. Por ello, argumenta que no hay una justificación técnica para que el reajuste salarial se traslade automáticamente a los precios al consumidor.Lupa sobre el sector construcción y viviendaUno de los temas abordados fue el de la Vivienda de Interés Social (VIS). La SIC y el Ministerio de Vivienda emitieron una circular que prohíbe pactar precios en salarios mínimos, exigiendo que se establezcan en pesos colombianos para brindar claridad al consumidor. "Tenemos en este momento investigaciones en curso preliminares de constructoras que no estaban dando cumplimiento a esa normativa", reveló Rusinque, subrayando que estas indagaciones buscan resarcir tanto el interés particular de los afectados como el interés general.Escuche aquí la entrevista:
Aunque los homicidios y enfrentamientos entre las bandas criminales en Buenaventura se han reducido en las últimas semanas, en la realidad la comunidad continúa siendo intimidada y amenazada por los integrantes de estos grupos.La situación más preocupante la viven los comerciantes bonaverenses quienes todos los días se ven obligados a pagar altas sumas de dinero a integrantes de estas bandas, para evitar ataques a sus negocios y a sus trabajadores. Esto ha obligado en las últimas horas a dos reconocidos establecimientos de comidas del distrito, a realizar su cierre definitivo, pues se ha vuelto insostenible."Este es un fenómeno que ha existido siempre y ahorita con lo que estamos viviendo, el anuncio de muchos negocios que cierran. Parte del sector pesquero también ya lo están pensando, hablan de seis u ocho negocios que cierran las puertas. Entonces eso es complicado, estamos mirando cómo buscamos de reunirnos con esas personas.", señaló Emiliano Muñoz, presidente de la Agremiación de Comerciantes de Buenaventura.Por su parte, el personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, hizo un llamado a las autoridades locales a garantizar la tranquilidad de los bonaverenses, teniendo en cuenta que si bien los enfrentamientos entre bandas criminales se han reducido, otras conductas delictivas como las extorsiones, el reclutamiento de menores, entre otros, aún siguen activas."Efectivamente, esa es la gran preocupación que tenemos, que lo que sucedió en 2025 no se vuelva a presentar, cuando más de 200 comerciantes solicitaron traslado de sus negocios. Estamos en 2026, justamente queremos minimizar ese riesgo de que la gente por falta de seguridad tome la decisión de cerrar su negocio", añadió el personero.
En una reciente entrevista, la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, detalló la crítica situación que atraviesa el departamento tras un ataque terrorista perpetrado en la vereda Alto del Oso, en el municipio de San José del Palmar. El atentado, dirigido contra tropas de la Decimoquinta Brigada del Ejército Nacional, dejó un saldo de diez uniformados heridos (nueve soldados y un suboficial) debido a esquirlas producidas por un artefacto explosivo artesanal.Innovación técnica del terrorismo y posibles responsables Lo más alarmante del suceso es la metodología empleada: el uso de drones cargados con explosivos, una técnica que la gobernadora calificó como "cobarde" y violatoria del Derecho Internacional Humanitario. Aunque no hubo una acción directa que permitiera la identificación de insignias, el Ejército presume que el responsable es el ELN, grupo que ejerce control territorial en la zona. Se maneja la hipótesis de que este ataque es una retaliación por golpes operacionales recientes, como la muerte de 'Santiago', un cabecilla clave de la estructura del Pacífico colombiano.El reto de la modernización tecnológica La gobernadora Córdoba enfatizó la necesidad de una inversión tecnológica urgente para contrarrestar estas nuevas formas de terrorismo. A diferencia de departamentos con mayores recursos, el Chocó no tiene la capacidad financiera propia para adquirir sistemas antidrones. Sin embargo, se ha estructurado un proyecto por 5.000 millones de pesos provenientes de regalías para fortalecer a la Fuerza Pública y la Fiscalía con equipos que incluyen drones y otros insumos de seguridad. La mandataria señaló que estos recursos, usualmente destinados a infraestructura o educación, han tenido que ser reorientados ante la gravedad de la amenaza.Bloqueos viales y presión sobre las comunidades A la situación de orden público se suma una complicación logística y social: el cierre de las vías Quibdó-Medellín y Quibdó-Pereira por parte de algunas comunidades indígenas del Alto Andágueda. La gobernadora expresó su temor de que el ELN esté utilizando o presionando a estas comunidades para generar bloqueos administrativos en momentos de alta tensión militar, lo que dificulta el control territorial y la movilidad en un departamento que depende críticamente de estas dos arterias viales. Actualmente, la prioridad de las autoridades es garantizar la atención médica de los militares heridos, cuya evacuación se ha visto dificultada por las adversas condiciones climáticas en la zona.Escuche aquí la entrevista:
Un hostigamiento armado contra la fuerza pública se registró en la tarde de este miércoles en el municipio de Suárez, departamento del Cauca, luego de que grupos armados al margen de la ley atacaran la estación de Policía de esta localidad.Según información preliminar entregada por las autoridades, los hechos ocurrieron hacia las 6:50 de la tarde, cuando se reportaron disparos esporádicos contra las instalaciones policiales. De manera inmediata, unidades de la Policía Nacional reaccionaron para repeler el ataque, el cual habría sido perpetrado por disidencias de las Farc.A través de un comunicado oficial, las autoridades informaron que durante el hostigamiento un dron cayó en las afueras de la estación, motivo por el cual se activaron los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.En el mismo pronunciamiento, se indicó que la Policía Nacional y el Ejército Nacional respondieron a las agresiones con el fin de proteger la infraestructura y salvaguardar a la comunidad.Las autoridades confirmaron que, hasta el momento, no se reportan uniformados ni civiles lesionados como consecuencia de estos hechos.Actualmente, unidades del Ejército y de la Policía mantienen presencia en la zona para garantizar la seguridad de los habitantes del municipio y prevenir nuevas acciones por parte de este grupo armado ilegal.
El sueño de obtener un título en el área de la belleza se vio frustrado para varios estudiantes, luego de que la academia en la que se estaban formando, ubicada en el sur de Cali, cerrara de manera repentina y sin ofrecer explicación alguna.Desde entonces, los afectados han intentado comunicarse con la institución para conocer qué ocurrió con sus procesos académicos y el dinero invertido, pero aseguran que no han recibido ningún tipo de respuesta.Así lo denunció Lina Oliveros, una de las estudiantes afectadas, quien aseguró que, tras el cierre del lugar, no ha sido posible establecer contacto con los responsables de la academia.“Hasta el momento, la señora no se ha comunicado con absolutamente nadie. Nosotras empezamos a indagar y nos encontramos con que la misma situación se estaría presentando en Bogotá y Medellín. Son demasiadas las jóvenes que fuimos presuntamente estafadas, alrededor de 700 personas, o incluso más”, indicó.Blu Radio pudo establecer que este no sería un caso aislado. De manera preliminar, se conoció que estudiantes en otras ciudades del país, como Medellín y Bogotá, también habrían sido afectados, ya que la academia tendría sedes en estas capitales.En Bogotá, Rocío Gómez, madre de una estudiante, relató que su hija inició el curso en agosto del año pasado, luego de realizar un pago cercano a los 3 millones 800.000 pesos, y que semanas después fueron notificadas del cierre de la sede.“Hicimos un pago de 3 millones 800 mil pesos y mi hija comenzó el curso en agosto de 2025. Al alcanzar a tomar seis clases, nos enviaron un comunicado por WhatsApp informando que la sede iba a cerrar. Supuestamente, nos dijeron que era por una remodelación y que a las alumnas les harían la devolución de parte del dinero. Intentamos comunicarnos nuevamente, pero dejaron de responder, nos bloquearon y no volvieron a dar información. La última comunicación que recibí fue en noviembre, cuando nos aseguraron que harían una devolución, pero después de eso no volvieron a contestar”, aseguró.Las autoridades ya tienen conocimiento de esta situación y adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido, mientras cientos de estudiantes permanecen a la espera de respuestas frente a lo que consideran un proyecto de vida truncado.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro llegó este miércoles a Buenaventura, para adelantar varios recorridos en los barrios del distrito verificando la realidad que viven sus habitantes en materia de seguridad, bienestar, desarrollo económico entre otros. En medio de esta jornada, la mandataria entregó oficialmente los dispositivos antidrones a la Armada además de otros equipos tecnológicos, con el fin de reforzar la seguridad en el Pacífico y así combatir los ataques aéreos por parte de grupos armados ilegales, contra la Fuerza Pública.Esta intervención social tiene el objetivo de hacerle frente a la criminalidad con nuevas oportunidades para la comunidad, acciones que están acompañadas de mayor seguridad, principalmente en la zona del río Naya, considerado un corredor estratégico de los grupos armados para el narcotráfico."Ya adquirimos un antidrón, ya se lo dimos a la Armada. En la próxima venida vamos a ir hasta Málaga porque el antidrón lo colocaron fijo en el buque, porque allí es donde más nos atacan. Hace unos días hablé con el ministro de Defensa, nosotros hemos venido proponiendo que se haga expersión con drones", indicó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.En medio de esta 'megatoma' fue capturado alias 'El Búho', el hombre que se desempeñaba como puente entre una de las bandas criminales que delinque en la zona urbana del distrito y las disidencias de las Farc, para coordinar ataques contra la fuerza pública.Se trata del actor criminal de 'Los Espartanos' Arley Gómez, conocido como alias 'El Búho', con una trayectoria de más de nueve años, en varios de los grupos delincuenciales de Buenaventura.
Desde la mañana de este miércoles, decenas de madres, cuidadoras y acudientes de niños discapacitados en Cali se encuentran a las afueras de la sede regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, protestando por el cambio del operador que contrata al personal que atiende a estos menores en los centros educativos de la entidad.Estas mujeres aseguran que está en riesgo el proceso académico de más de 400 niños y, además, dejaría sin trabajo a aproximadamente 110 educadoras que hoy piden claridad de cómo se adelantó el proceso para seleccionar al nuevo personal."No cuentan con experiencia comprobada en la atención a personas con discapacidad, no conocemos su ubicación, no sabemos si tienen instalaciones, equipos o programas adecuados. Lo más grave es que no están garantizando los cupos de nuestros hijos", señaló Reineris Samboni, una de las manifestantes.Las manifestantes adelantan bloqueos bloqueos intermitentes en la avenida 2da norte con calle 34, en inmediaciones al parque del Avión, por lo que las autoridades de movilidad recomiendan tomar rutas alternas, debido a la gran congestión vehicular que actualmente hay en la zona."Realmente no tenemos claridad de cuál fue el proceso y los criterios que tuvieron en cuenta para poder escoger a las entidades que pasaron la oferta y que hoy están en operación. Es una situación que nos parece muy grave porque se interrumpen los procesos que se han venido desarrollando con esta población", aseguró Vanessa Pedroza, gestora pedagógica.
Una operación naval en el Pacífico Sur permitió interceptar una embarcación rápida que transportaba cerca de dos toneladas de cocaína, un cargamento que, de haber llegado a su destino, habría alimentado el crimen transnacional con alrededor de 32 millones de dosis. El operativo se desarrolló en medio de labores de control marítimo y dejó al descubierto una nueva ruta usada por organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.La acción se produjo tras la detección y persecución, por parte de unidades de la Estación de Guardacostas de Tumaco, de una lancha tipo go fast, equipada con cuatro motores y tripulada por tres personas, que intentaba evadir los controles en aguas del Pacífico. La operación fue posible gracias a la coordinación entre distintas autoridades y al apoyo de cooperación internacional, lo que permitió cerrar el cerco y detener la embarcación en plena navegación.Durante el procedimiento fueron incautados 66 bultos grandes y dos pequeños con la sustancia ilícita, mientras que los tres tripulantes quedaron a disposición de las autoridades. De inmediato se activaron los actos urgentes con el CTI de la Fiscalía para garantizar el debido proceso y la legalidad de la incautación, así como el avance de las investigaciones judiciales.Este golpe representa, según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, una afectación directa a las finanzas de las redes criminales que operan en el Pacífico, al interrumpir una de sus rutas marítimas estratégicas y reducir los recursos con los que sostienen estructuras de violencia, corrupción y expansión territorial. Cada cargamento que no llega a su destino, coinciden las autoridades, significa menos poder para el narcotráfico y mayor impacto en la seguridad regional.
Como Jhan Carlos Grajales Gutiérrez fue identificado el hombre asesinado este martes en inmediaciones de la sede de Medicina Legal, ubicada en el barrio Nuevo del municipio de Palmira. En el mismo hecho resultó lesionado Sebastián Jiménez Álvarez, quien fue trasladado al hospital Raúl Orejuela Bueno, donde permanece bajo observación médica.El ataque ocurrió cuando las víctimas se movilizaban en un Chevrolet Spark de color rojo, solicitado a través de una plataforma de transporte, con destino a Medicina Legal de Palmira. En el trayecto fueron interceptadas por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones.“La Policía Nacional se permite informar que frente al caso de homicidio presentado hoy, un hombre de aproximadamente 25 años fue abordado por unos sujetos que le ocasionaron varias heridas con arma de fuego. Fue trasladado de manera inmediata a un centro asistencial, donde lamentablemente falleció”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca.De acuerdo con las autoridades, la víctima fatal y el hombre herido se dirigían a recoger el cuerpo de Leidy Calderón en Medicina Legal. La mujer había sido asesinada el día anterior en el corregimiento de Villagorgona, municipio de Candelaria.“Esta persona sería familiar, al parecer hermano, de una mujer de 29 años que el día anterior, en el municipio de Candelaria, fue víctima de un atentado sicarial junto a otro sujeto en un establecimiento comercial. Su cuerpo había sido trasladado a la morgue de Palmira y por eso es que unidades de la Policía de Cali y Valle adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos”, manifestó la oficial.Finalmente, las autoridades informaron que Leidy Calderón, hermana del hombre fallecido, presuntamente estaría vinculada a actividades de préstamos informales de dinero, conocidos como 'gota a gota', y propietaria de un establecimiento comercial en Villagorgona, además de tener conocimiento de amenazas y posibles hechos de extorsión de su hermano, quien presuntamente pertenecía a una banda delincuencial.
Varios usuarios de la EPS SOS llegaron en la mañana de este martes a las afueras de la sede administrativa de la entidad, ubicada en el sur de Cali, para protestar por las fallas en la prestación de los servicios de salud y las deficiencias en la atención de pacientes con tratamientos especializados.Entre los principales reclamos se encuentran la no entrega oportuna de medicamentos y las dificultades para acceder a los servicios de cuidado en casa. Durante varias horas, los manifestantes expresaron su inconformidad frente a esta situación.“En este momento no tienen la capacidad instalada para responder a la atención de más de 150.000 pacientes. Están entregando fichas, apenas 50 por persona, lo cual no alcanza para una demanda tan alta. Antes el servicio lo prestaba Comfandi, pero por decisiones internas de la EPS SOS se dejó de contratar con ellos. Ahora han vinculado otros prestadores que no han cumplido ni con la calidad ni con la oportunidad que requieren los pacientes. Esto está deteriorando la calidad de vida de las personas”, dijo Fernando Palau, vocero de los usuarios.Tras conocerse la protesta, directivos de la EPS SOS abrieron un espacio de diálogo con los manifestantes, con el objetivo de escuchar sus quejas y presentar una hoja de ruta que permita mejorar la atención a los usuarios. “A finales del año pasado tuvimos inconvenientes con los medicamentos, por lo que de manera inmediata contratamos a un nuevo prestador. Actualmente estamos haciendo ajustes para garantizar la entrega tanto de los medicamentos corrientes como de aquellos que el prestador anterior dejó pendientes. Además, estamos en un proceso de articulación con el prestador Farma para la red de urgencias. Contamos con varias clínicas, según el nivel de complejidad de los usuarios, y con IPS de nivel dos y tres tanto en el norte como en el sur de la ciudad”, afirmó Francia Nieto, directora de Salud de la EPS SOS.Cabe recordar que, ante las reiteradas protestas de usuarios de entidades como la Nueva EPS, Emssanar y ahora la EPS SOS, la Secretaría de Salud de Cali ha hecho un llamado a la Superintendencia Nacional de Salud para que intervenga y atienda esta situación, teniendo en cuenta que estas EPS se encuentran actualmente bajo intervención.