En respuesta a la crítica situación de seguridad que atraviesa la ciudad, Cali recibió un refuerzo de 400 policías que permanecerán de manera definitiva, la Policía Metropolitana completa 6.800 uniformados en servicio en la capital vallecaucana y su área metropolitana. A este pie de fuerza se sumará, en los próximos días, el apoyo temporal de 800 policías adicionales para el plan de seguridad de la Feria de Cali.Según la institución, los nuevos agentes serán desplegados en microterritorios priorizados por su alta incidencia delictiva, mientras que otro grupo fortalecerá unidades especializadas.El alcalde Alejandro Eder reiteró que la ciudad necesita respaldo tecnológico por parte del Gobierno nacional para enfrentar amenazas emergentes.“Reconozco el envío de estos policías, pero requerimos capacidades como sistemas antidrones para proteger a la ciudadanía y a los mismos uniformados”, sostuvo el mandatario.Eder recordó que este año la Alcaldía ha entregado 300 motocicletas y 60 vehículos a la fuerza pública para reforzar las labores de patrullaje y reacción.
En desarrollo de las operaciones contra los grupos armados ilegales que operan en el Pacífico colombiano, la Armada de Colombia, en coordinación con la Policía Nacional, incautó material de guerra, recuperó a dos menores de edad y capturó a un hombre señalado de pertenecer al GAOR Jaime Martínez, en zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca.La acción fue realizada por tropas de la Brigada de Infantería de Marina No. 2 y uniformados de la Policía Nacional, quienes llevaron a cabo un allanamiento en el sector conocido como La Esperanza. En el lugar fue capturado un sujeto, se recuperaron dos menores y se incautaron dos fusiles, dos pistolas, cuatro artefactos explosivos improvisados, detonadores eléctricos, proveedores, 275 cartuchos de diferentes calibres, prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.Según las autoridades, este material presuntamente iba a ser utilizado para realizar ataques contra la fuerza pública y la población civil, poniendo en riesgo la seguridad y tranquilidad de las comunidades de la región."De acuerdo con las investigaciones preliminares, el capturado, conocido como alias 'Danilo Gutiérrez', estaría involucrado en actividades como el uso de menores de edad para acciones criminales, la adecuación de drones, la instalación de explosivos, el cobro de extorsiones y labores de inteligencia ilegal en esta zona del Pacífico" dijo la Armada.El capturado, los menores recuperados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y garantizar la protección y restitución de los derechos de los menores.
Son 30 los vallecaucanos lesionados con pólvora en el Valle del Cauca, 12 de ellos menores de edad. Es por este motivo que desde el Gobierno departamental se reitera el llamado para que los ciudadanos eviten el uso inadecuado de estos artefactos que afectan la integridad física de las personas.“La recomendación sigue siendo: no use pólvora, si van a quemar pólvora, que lo hagan los expertos. Recuerde que la pólvora afecta la vida de las personas en condiciones de vulnerabilidad, especialmente los niños, adultos mayores, aquellas personas que tienen problema de enfermedad mental, las personas en condición de discapacidad, la fauna y la flora”, detalló María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.Buga, Buenaventura, Tuluá y Florida, son los municipios que mayor número de casos registran a la fecha. “Este año seamos generosos y tengamos una fiesta tranquila. Vivamos nuestro 24 de diciembre lleno de ilusión y de esperanza, en familia y sin pólvora”, agregó Lesmes.Las quemaduras en miembros superiores, seguidas por lesiones en cara, cuello, cabeza y miembros inferiores, son las más frecuentes en este tipo de consultas.
Hace pocos minutos, las autoridades confirmaron que unidades antiexplosivos de la Policía realizaron la detonación controlada de un cilindro que había sido cargado con explosivos en el sector de Las Piñas, específicamente en la vía que comunica a Cali con el municipio de Buenaventura.De acuerdo con información preliminar, hombres desconocidos habrían dejado este artefacto en plena carretera, un corredor vial de gran importancia para el suroccidente del país.Por este motivo, las autoridades ordenaron el cierre total de la vía durante varios minutos, con el fin de prevenir cualquier tipo de tragedia mientras se adelantaban las labores de verificación y manejo del riesgo.Conductores que se movilizaban por esta ruta reportaron, a través de las redes sociales, una fuerte congestión vehicular y largos tiempos de espera debido a la restricción del paso.A esta hora, la circulación ya fue restablecida y se registra un flujo normal de vehículos en el sector. Sin embargo, se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen declaraciones oficiales para conocer más detalles sobre este hecho y avanzar en las investigaciones que permitan establecer quiénes serían los responsables.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.
El choque entre dos buses de pasajeros en la carretera Panamericana, en la región Áncash, en la costa norte de Perú, dejó este sábado 28 heridos, incluidos tres menores, pero sin fallecidos, según informó la Policía Nacional del Perú a los medios locales.Un bus de la empresa Oltursa, que se dirigía a Lima, chocó con la parte posterior de un ómnibus de la empresa El Peruanito, que estaba estacionado en plena carretera por desperfectos mecánicos, a la altura del balneario de Tortugas, en la provincia de Casma.El bus de Oltursa quedó parcialmente destruido por la colisión y, tanto policías como personal de seguridad de Casma, participaron en el rescate de los heridos que quedaron atrapados al interior del vehículo.Los bomberos y personal de salud ofrecieron los primeros auxilios y trasladaron a los heridos al Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma y otros centros de salud.Asimismo, los heridos con fracturas expuestas y traumatismos severos fueron enviados al Hospital Regional de Nuevo Chimbote para su atención especializada y observación médica.Los accidentes en las carreteras de Perú son frecuentes por las malas condiciones de las vías y el exceso de horas frente al volante de los conductores de las empresas de transporte de pasajeros, lo cual se incrementa por las fiestas de fin de año que movilizan a miles de personas.
El Radar del sábado 20 de diciembre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, habló sobre la ofensiva terrorista del ELN.El exsenador Roy Barreras comentó sobre su candidatura a la presidencia.Clara Borda, docente y Crystal Kreider, Coach en Programa de Inmersión Dual, enfatizaron sobre la enseñanza del idioma y la cultura de Colombia para los niños en Estados Unidos. Mauricio Amaya, gerente general de STS, señaló las recomendaciones para evitar ser víctima de fraude y suplantación digital. Escuche el programa completo aquí:
El fútbol ecuatoriano sigue conmocionado tras el asesinato del defensor Mario Pineida, jugador del Barcelona Sporting Club, en un ataque armado registrado en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió el miércoles 17 de diciembre en el sector de Samanes, cuando el futbolista, de 33 años, fue interceptado por hombres armados mientras se encontraba en una carnicería de la zona.En medio del atentado, Pineida perdió la vida y su madre resultó herida, por lo que fue trasladada a un centro asistencial. El crimen generó rechazo e indignación tanto en el ámbito deportivo como en la opinión pública.Mario Pineida, conocido como ‘El Pitbull’, era uno de los referentes del club ‘torero’. Durante su carrera profesional disputó más de 200 partidos oficiales con Barcelona SC en dos etapas distintas. Su trayectoria comenzó en 2010 con Independiente del Valle y posteriormente pasó por el Fluminense de Brasil, además de convocatorias a la selección de Ecuador para Eliminatorias y Copa América.Tras el crimen, la familia del jugador decidió realizar las honras fúnebres en el Parque de la Paz Aurora, en el cantón Daule, y declinó el ofrecimiento del club para llevar a cabo las exequias en el estadio Monumental, según confirmaron fuentes locales.El asesinato de Pineida se suma a otros casos recientes de violencia que han afectado a deportistas en la región. En las horas posteriores al crimen, se difundió información errónea en redes sociales sobre la presunta muerte de la esposa del futbolista. Frente a ello, Ana Aguilar, esposa de Pineida y madre de sus tres hijos, emitió un comunicado público en el que desmintió esas versiones.“Ante los comentarios e imágenes que indican que la esposa de Mario Pineida también fue asesinada, aclaro de manera respetuosa y contundente que esa información es completamente falsa”, señaló. Aguilar confirmó que se encuentra con vida y pidió respeto por el duelo de su familia: “Solicito encarecidamente que no se sigan difundiendo rumores, imágenes o comentarios falsos que aumentan nuestro sufrimiento, especialmente el de nuestros hijos”.
En la tarde del miércoles, Esneider Gómez fue víctima de un ataque armado cuando se desplazaba del municipio de Piendamó hacia Popayán, a la altura del sector conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío. Según el reporte, el vehículo en el que se movilizaba fue impactado por disparos, aunque afortunadamente no se registraron heridas ni afectaciones a su integridad física.Desde la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca se rechazaron los hechos violentos y se expresó solidaridad con el líder indígena, quien ha desarrollado un trabajo comunitario reconocido en defensa de los derechos de las víctimas y los pueblos ancestrales del norte del Cauca.La organización instó a las autoridades competentes a investigar y esclarecer los hechos, identificar a los responsables materiales e intelectuales, y a que la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección (UNP) brinden las garantías necesarias para salvaguardar su vida y permitir el ejercicio pleno de su liderazgo social y político.Desde distintos espacios de la sociedad civil, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), también se hizo un llamado urgente al ministro del Interior, Armando Benedetti, para que el Gobierno actúe con celeridad frente a las advertencias sobre riesgo electoral en los territorios.“Ministro Benedetti, la Alerta Temprana Electoral no es un trámite más: es una advertencia seria sobre riesgos reales. Si el Estado la ignora o la minimiza, cada día estaremos viendo cómo se consuma lo que la alerta ya había anunciado. Las señales están ahí; lo responsable es actuar antes de lamentar”, advirtió Indepaz.El atentado contra Esneider Gómez se suma a una serie de hechos violentos que vienen afectando a líderes sociales, candidatos y comunidades en zonas PDET, en medio del avance del proceso electoral y de las persistentes disputas armadas por el control territorial en el departamento del Cauca.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció frente a la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente, señalando que no está de acuerdo con esa iniciativa, especialmente cuando faltan solo diez meses para que termine el actual gobierno.“No estoy de acuerdo con una constituyente, mucho menos faltando 10 meses para que se acabe el gobierno”, afirmó Eder, en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien aseguró que no buscará impulsar una reforma de este tipo.El mandatario caleño agregó que, el Gobierno Nacional, debería centrar sus esfuerzos en una administración responsable del país durante el tiempo que le resta.“En estos 10 meses que le quedan de gobierno, el presidente debe enfocarse en administrar responsablemente nuestro país. Eso significa más recursos para la seguridad, fortalecer las relaciones bilaterales especialmente con Estados Unidos, y perseguir, capturar y erradicar a los grupos ilegales y narcoterroristas que están golpeando a los colombianos”, expresó Eder.El alcalde también subrayó la necesidad de mejorar las condiciones económicas para que más empresas puedan crecer y generar empleo en el país, como una forma de fortalecer el desarrollo nacional.
Alejandro Sánchez, coordinador de la Misión de Observación Electoral (MOE) en el Valle del Cauca, advirtió que el suroccidente colombiano atraviesa una situación compleja que podría afectar el desarrollo normal de las próximas elecciones de la consulta popular que define candidatos de la izquierda a la Presidencia de la República y al Congreso de la República.Sánchez señaló que las zonas que generan mayor preocupación son la parte alta de Jamundí, que conecta con el río Naya hacia Buenaventura, y los municipios de Suárez y El Tambo, en el Cauca. También mencionó a Pradera y Florida, donde recientemente se han presentado hechos de violencia “muy relevantes”."En el departamento del Cauca existe el riesgo de que grupos armados ilegales interfieran en el proceso electoral, lo que ha elevado las alertas en varios municipios. El Chocó también enfrenta una situación similar, según las advertencias de la Defensoría del Pueblo y la MOE", dijo Sánchez. En la región operan organizaciones armadas como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, además de bandas delincuenciales como La Inmaculada, que actúa en el centro del Valle. Sánchez recordó que esta última tuvo un papel violento durante las elecciones locales anteriores y expresó su preocupación por el impacto que podría tener nuevamente en este proceso.Finalmente, la MOE reconoció que en algunas zonas apartadas del suroccidente el derecho al voto continúa restringido.
Luego de que el gobierno de los Estados Unidos confirmará el bombardeo y la destrucción de dos lanchas en aguas del Pacífico, los pescadores de Buenaventura, Valle del Cauca, encendieron las alarmas por lo que pueda pasar en la zona donde adelantan sus faenas de pesca.Manuel Bedoya, presidente de la Asociación de Pescadores de Buenaventura, explicó que las pequeñas embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal no ingresan a las aguas internacionales. Sin embargo, dijo que en el pasado algunos pescadores han sido obligados, por grupos armados, a transportar cocaína por esas zonas del Pacífico.“La gente saca su coca por Buenaventura, eso es cierto porque por aquí sacan la coca, pero el pescador no se le mide a eso porque el riesgo es alto. Lo otro es que lo obligan a que lleven eso” comentó Bedoya.El líder de los pescadores aseguró que el Gobierno de Donald Trump tiene la capacidad, la inteligencia y la tecnología para adelantar operaciones de interdicción marítima para prevenir y controlar el tráfico de drogas en el Pacífico, como se hacía en el pasado.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, junto con los alcaldes de Cali y Jamundí, hicieron un llamado urgente al Gobierno nacional para que priorice la firma del convenio de cofinanciación del Tren de Cercanías, una gestión esencial para asegurar los recursos del primer tramo entre Jamundí y Cali.La petición, enviada a través de una carta dirigida al presidente de la República y al Departamento Nacional de Planeación (DNP), busca garantizar la viabilidad definitiva del proyecto y avanzar en una obra clave para la movilidad sostenible y la competitividad regional.“La región ya cumplió: aportamos los recursos y completamos la estructuración técnica del proyecto. Ahora esperamos la firma del Gobierno nacional antes del 8 de noviembre para acceder al 70% de cofinanciación”, dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del departamento.Los mandatarios vallecaucanos, indicaron que si el convenio no se concreta antes del 8 de noviembre, la iniciativa deberá aplazarse hasta mediados de 2026, una vez finalice la vigencia de la Ley de Garantías."Solo falta el aval técnico de Mintransporte, el aval fiscal de MinHacienda y un Cómpes de planeación Nacional y esto debe ocurrir rápido por que de lo contrario todo el proceso del tren se puede atrasar hasta junio del año entrante. Nosotros desde Cali y El Valle reiteramos nuestro compromiso con este proyecto, es un proyecto que llevamos 10 años estructurando en nuestra región y en este momento pues estamos a la espera del gobierno nacional y esperamos que se mueva rápido", expresó Alejandro Eder, alcalde de Cali.El Tren de Cercanías durante su construcción generará más de 14.000 empleos y el proyecto hace parte de la estrategia nacional de reactivación ferroviaria, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026.
En un operativo conjunto de las autoridades contra grupos criminales que operan en el suroccidente del país, fue capturado en la frontera con Ecuador alias ‘Caleño’, señalado integrante del Clan del Golfo y requerido por Interpol mediante circular azul.La captura se logró gracias a un trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad de Colombia y otros países, lo que permitió ubicar y detener a este hombre, considerado una pieza importante dentro de esta organización ilegal.Según explicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, alias ‘Caleño’ cumplía un papel clave al servicio del Ejército Gaitanista de Colombia. Desde municipios como Riofrío y Trujillo, se encargaba de observar y reportar los movimientos de la Fuerza Pública, información que luego era usada por los jefes del grupo para planear traslados de armas, municiones y personas, así como para cometer asesinatos.“Su función era alertar sobre la presencia de las autoridades para facilitar las acciones criminales de la organización”, señaló la mandataria, al destacar la importancia de esta captura para la seguridad del departamento.Las autoridades indicaron que alias ‘Caleño’ hacía parte del cartel de los más buscados en el Valle del Cauca. Por información que ayudara a dar con su paradero, la Gobernación ofrecía una recompensa superior a los 50 millones de pesos.La general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Valle, afirmó que esta captura representa un golpe significativo a la estructura del Clan del Golfo, especialmente en su red de apoyo logístico y armado en el suroccidente del país.Tras el operativo, el capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que ahora se encargará de adelantar el proceso judicial correspondiente.
Luego de varios intentos fallidos y de reiteradas solicitudes a través de cartas y mesas de diálogo con el Gobierno nacional, integrantes del comité del paro cívico de Buenaventura decidieron tomarse las instalaciones del Ministerio de Educación Nacional en Bogotá, con el fin de exigir el cumplimiento de los compromisos pactados.De acuerdo con Miyela Riascos, vocera del comité, los estudiantes, tanto de la zona urbana como rural, actualmente no cuentan con condiciones adecuadas para el desarrollo de sus jornadas educativas.“En términos de infraestructura educativa, no tenemos condiciones habitacionales saludables. No hay confort climático, hay humedad, calor excesivo y salones que no están adecuados. Además, no solo se requieren aulas para recibir clases, sino también espacios como laboratorios”, explicó Riascos.En el mismo sentido, el sacerdote Jhon Reyna Ramírez, integrante de la pastoral de Buenaventura y miembro del comité del paro cívico que permanece en Bogotá, aseguró que no regresarán al Valle del Cauca hasta obtener una respuesta concreta por parte del Gobierno Nacional.“Estamos aquí desde el lunes en la noche y hemos continuado trabajando durante el martes y el miércoles. Hoy estamos haciendo un recorrido por todo el tema de infraestructura educativa. La idea es salir con soluciones concretas y no nos moveremos hasta terminar este ejercicio y tener luz verde tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Hacienda”, manifestó el sacerdote.Otros de los motivos que respaldan la protesta están relacionados con la falta de acceso permanente al agua potable, deficiencias en la atención en salud y la necesidad de garantizar soberanía alimentaria para las comunidades del distrito.
Claudia Calao, hermana de Gilberto Jesús Calao, abogado y director seccional de la DIAN en el municipio de Tuluá, quien fue asesinado en las últimas horas se pronunció. La familiar aseguró que las investigaciones avanzan de manera constante para esclarecer la muerte de su hermano.La mujer señaló que una de las principales hipótesis que manejan las autoridades apunta a la participación de mafias dedicadas a operaciones ilegales. Según indicó, meses atrás Gilberto Calao ya había denunciado un caso relacionado con este tipo de actividades, lo que refuerza la posibilidad de que el crimen esté vinculado con su labor en la entidad.“No tanto amenazas porque pues él siempre se transportaba en su vehículo , él puso unas denuncias en temas de cobro y la puso en conocimiento en la fiscalía y la llevó a nivel central, incluso estuvo en Bogotá haciendo las denuncias y contándole a la DIAN”, indicó Claudia Calao.Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables de este asesinato. Aunque la investigación continúa en curso, las autoridades ya tendrían algunas pistas sobre los agresores, quienes, según las primeras indagaciones, habrían llegado desde la ciudad de Cali para cometer el crimen.“Lo que nos dijo la fiscalía es que los sicarias venían de cali , aparecen en las cámaras a las 4 de la mañana, venían en moto y en carro le estaban haciendo el seguimiento “ expresó.Entretanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, también se pronunció sobre el asesinato del director seccional de la DIAN en Tuluá. El mandatario aseguró que bandas dedicadas al contrabando estarían directamente relacionadas con el homicidio y advirtió que este tipo de organizaciones criminales buscan intimidar al Estado.
Sigue en aumento la tensión entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro, la cual inició esta semana, cuando Toro le reclamó a Petro, por la falta de apoyo y recorte presupuestal a la Fuerza Pública en medio de la crítica situación de orden público que está viviendo la región.Reclamo al que el presidente Petro le respondió que la violencia en el Valle del Cauca es generada "por la cercanía de algunos poderosos políticos con poder regional al narcotráfico", acusando directamente a la gobernadora de tener este tipo de relaciones.Las palabras del mandatario nacional fueron calificadas por Dilian Francisca Toro como una bajeza cobarde, en su intervención invitó a Petro a pasar menos tiempo en redes sociales y visitar más los territorios."Son calumnias que además no solamente me están afectando a mí sino a nuestro departamento, yo lo único que le digo es que venga a trabajar con nosotros, que deje de trinar tanto y más bien venga trabaje con nosotros por la seguridad del departamento", dijo la gobernadora del Valle.Nuevamente el presidente Petro le respondió a la gobernadora diciendo que lo que origina la violencia en el Valle del Cauca es la relación mafia - política, denunciando que contrabandistas estarían usando la zona franca de Palmaseca, el aeropuerto de Cali y el puerto de Buenaventura, para ingresar mercancía de contrabando, "comprado policías, funcionarios, investigadores, políticos les ayudan y han amenazado y asesinado funcionarios de la DIAN en Tuluá", indicó Petro a través de X.