Una situación de alteración de orden público se presentó en el municipio de Villa Rica, al norte del departamento del Cauca, en las últimas horas, luego de que un grupo de ciudadanos increpara a un uniformado de la Policía, a quien señalaron verbalmente como presunto responsable del asesinato de una persona, hecho donde también resultó lesionada otra persona.En un video grabado por uno de los ciudadanos se observa y se escuchan los reclamos dirigidos al policía, a quien acusan de que el supuesto homicidio habría sido cometido con un arma particular y no con su arma de dotación. En las imágenes también se aprecia cómo varios ciudadanos persiguen al agente durante algunos metros mientras le lanzan insultos y amenazas.“Se presenta una confrontación que deja como resultado una persona fallecida. En este momento la fuerza pública y el comandante de la Policía del Cauca se encuentran en la zona realizando las verificaciones correspondientes del caso”, dijo Maribel Perafán, secretaria de Gobierno del Cauca.Más adelante, el video muestra el momento en el que el agente ingresa a las instalaciones del CAI de la Policía, mientras que dos de sus compañeras permanecen en la parte externa. Es entonces cuando varios ciudadanos atacan físicamente a las uniformadas. De manera extraoficial, se ha indicado que una de ellas habría sido despojada de su arma de dotación y, tras la agresión, las patrulleras logran ingresar a la estación.“Todo esto se da por un caso de intolerancia ocurrido en un espacio público de convivencia. Se presenta una riña con la participación de más de 100 personas; llega la Policía para cumplir con su labor y, en lugar de apoyar el control de la situación, algunos ciudadanos arremeten contra los uniformados, lo que desencadena estos hechos”, explicó la funcionaria.Posteriormente, las imágenes evidencian cómo varios ciudadanos atacan la infraestructura del CAI, causando daños en paredes, ventanas y puertas. Minutos después, un uniformado sale de las instalaciones para enfrentar a los manifestantes y es en ese momento cuando, según se observa y se escucha en los videos, se registra un intercambio de disparos entre el policía y algunos ciudadanos.
Este lunes, 22 de diciembre, fueron dejados en libertad los 18 militares que había sido secuestrados en Carmen de Atrato, Chocó, por comunidades indígenas instrumentalizadas por el ELN.Estos miembros de la fuerza pública estuvieron privados de su libertad durante cerca de 48 horas en zona rural de ese municipio tras una asonada protagonizada por comunidades indígenas que, según el Ministerio de Defensa, habrían sido instrumentalizadas por el ELN mientras los militares adelantaban operaciones contra esa guerrilla en el resguardo La Puria. El secuestro ocurrió cuando "una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena", señaló el domingo la XV Brigada del Ejército en un comunicado.Blu Radio pudo confirmar que los militares fueron entregados a una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo.El secuestro o retención de militares por parte de civiles se ha vuelto frecuente en los últimos meses en el país porque, según las autoridades, los habitantes de zonas remotas son "instrumentalizados" por guerrilleros o narcotraficantes para que impidan las operaciones en su contra.Los casos más recientes ocurrieron en agosto pasado en el departamento del Guaviare, donde 34 militares fueron secuestrados por campesinos, y en septiembre, cuando otros 45 corrieron la misma suerte en el Cauca. En ambos casos, todos fueron liberados días después con la mediación de misiones humanitarias.El secuestro de los 18 militares en el Chocó se produjo el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas y de fin de año, una decisión que contrasta con la escalada de ataques y de intimidación de los últimos días en distintas regiones del país.El cese al fuego comenzará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo al respecto que, por parte del Gobierno, "no existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección del pueblo colombiano".
Con el objetivo de garantizar la seguridad de propios y visitantes durante la temporada decembrina y en el desarrollo de la versión número 68 de la Feria de Cali, la Policía Metropolitana anunció la implementación de un robusto dispositivo de seguridad que contará con más de 1.200 uniformados desplegados en distintos puntos de la capital vallecaucana.Según las autoridades, se estima que cerca de 140.000 personas llegarán a la ciudad para participar en los eventos culturales, musicales y gastronómicos que hacen parte de la tradicional Feria de Cali. El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Edwin Urrego, confirmó que los uniformados estarán enfocados en la ejecución de diversas estrategias preventivas y de control, entre ellas la instalación de puestos de control en las principales vías de acceso, así como presencia permanente en centros comerciales y zonas de alta afluencia."Estaremos desarrollando planes como puestos de control y presencia en centros comerciales y en el sector gastronómico, teniendo en cuenta la llegada de cerca de 140.000 personas a la feria. Por esta razón, hemos reforzado el personal en sitios turísticos y comerciales. Además, se adelantarán operativos de revisión a vehículos de servicio público y presencia en establecimientos nocturnos, ya que no solo garantizamos la seguridad de los más de 50 eventos de la feria, sino también de toda la ciudad", explicó el general Urrego.Como parte del dispositivo, la Policía Metropolitana dispondrá del helicóptero ‘Halcón’ para labores de vigilancia aérea, además del uso de drones que realizarán recorridos estratégicos en zonas priorizadas. Estas acciones se complementarán con el monitoreo permanente a través de las cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores de Cali."Vamos a tener puestos de control para blindar la ciudad en los puntos de ingreso, pero también contaremos con controles internos móviles, realizando requisas a vehículos y garantizando que las personas se movilicen sin portar armas, evitando así cualquier situación que pueda vulnerar la seguridad de la ciudad", señaló el comandante de la Policía Metropolitana.A este despliegue se suman los constantes operativos contra el licor adulterado que se adelantan en la ciudad. El más reciente dejó como resultado la incautación de 580 botellas que, según las autoridades, pretendían ser distribuidas durante los eventos de la Feria de Cali. Estos operativos se realizaron en los barrios Obrero y Santa Elena.
Se cumplen cinco días del secuestro de dos personas vinculadas a una firma contratista de la compañía Energética de Occidente, quienes fueron retenidas contra su voluntad mientras adelantaban actividades operativas en el municipio de Corinto, en el norte del departamento del CaucaCauca.El secuestro ocurrió el pasado 18 de diciembre en zona rural de ese municipio, cuando los trabajadores fueron abordados por sujetos desconocidos que los obligaron a desplazarse con rumbo desconocido. Posteriormente, el grupo armado que se los llevó exigió a las directivas de la empresa una alta suma de dinero a cambio de su libertad."Ellos estaban realizando unas labores ni siquiera tan técnicas, sino relacionadas con el cumplimiento de un tema de legislación ambiental. Empezamos a gestionar con la comunidad si era posible su regreso, su retorno a casa, pero nos dicen que no porque ya están en manos de un grupo al margen de la ley. Posteriormente, recibimos del contratista la información de que se está solicitando una cantidad, una suma de dinero, para que ellos puedan ser devueltos a la libertad", dijo Paola Ramos Caicedo, gerente de Asuntos Corporativos de CEO.En este momento, las autoridades adelantan labores de búsqueda para dar con el paradero de los secuestrados, mientras que la empresa decidió suspender temporalmente las operaciones en la zona hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad necesarias para proteger la integridad del personal y según lo denunciado por la misma empresa, los responsables del secuestro estarían solicitando más de 200 millones de pesos por su liberación."Estos hechos representan un grave riesgo para la seguridad de quienes trabajan diariamente en la misión de garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico en el territorio. Rechazamos de manera categórica estos actos que atentan contra la vida, el bienestar de los trabajadores y contratistas, y que afectan la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica", señala un comunicado emitido por la compañía. Además, advierten que durante este año se han registrado 54 incidentes graves, de los cuales 22 comprometen directamente a la compañía y 32 a contratistas, incluyendo este secuestro. A esto se suma que, en lo corrido de 2025, varios vehículos han sido robados, razón por la cual solicitan mayores garantías de seguridad a las autoridades competentes para el ejercicio de su labor en el Cauca.
Justo el día que los recicladores están realizando protestas en Bogotá, mostrando su inconformidad por un decreto, se conoció un auto de la Corte Constitucional que protege a esta población.En su decisión, el alto tribunal amparó los derechos a la dignidad humana, la igualdad, el trabajo y el mínimo vital, al concluir que varias entidades del Distrito incurrieron en omisiones que afectan de manera directa las condiciones de vida y laborales de los recicladores.En ese sentido, la Corte le pidió a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expedir, a más tardar el 25 de enero de 2026, un acto administrativo de carácter transitorio para proteger los derechos de la población recicladora de oficio, mientras se define y adopta el marco regulatorio y contractual definitivo para la prestación del servicio público de aseo en Bogotá.Incluso, la Corte Constitucional también exigió que las políticas públicas relacionadas con la gestión de residuos incorporen un enfoque diferencial, reconociendo el rol social, económico y ambiental que cumplen los recicladores, y evitando su tratamiento como trabajadores informales o marginales.En su cascada de órdenes, la Corte también le pidió a la Procuraduría estar vigilante del cumplimiento de estas órdenes.
Las celebraciones de fin de año en los hogares colombianos suelen venir acompañadas de comidas abundantes, consumo de alcohol por encima de lo esperado y cambios en los horarios habituales. Aunque el ambiente invita a compartir y disfrutar con los seres queridos, el cuerpo suele resentir esos excesos.El sistema digestivo es uno de los más afectados. De hecho, el intestino es de los primeros en verse impactado cuando hay mayor consumo de alcohol, grasas y desórdenes alimenticios, por lo que cuidarlo se vuelve clave para darle la bienvenida al año nuevo sin malestares.Pilas con los excesos de diciembre: así se afecta la microbiota intestinalEl intestino alberga millones de microorganismos que cumplen funciones esenciales para la digestión y la defensa del organismo. Esta comunidad, conocida como microbiota intestinal, es especialmente sensible a los cambios bruscos de rutina, muy comunes entre diciembre y enero. El aumento del consumo de alimentos fuera de casa, más azúcar y alcohol, además de viajes a lugares con dietas diferentes, puede alterar su equilibrio.Según explicó Ramiro Cubillos, gerente médico de La Santé, “en diciembre hay comidas a deshoras y alimentos más pesados. El aumento de azúcares, alcohol y carbohidratos, junto con los viajes que exponen a nuevas dietas, genera irritación intestinal”. Esta alteración puede manifestarse en distensión abdominal, gases, diarrea o estreñimiento, síntomas frecuentes en esta época.Cuidar la microbiota es fundamental porque cumple una función protectora. “Sirve como un blindaje inmunológico con origen gastrointestinal, que ayuda a responder frente a microorganismos hostiles y a mantener el equilibrio de las funciones digestivas”, añadió el especialista.Señales de alerta tras los excesos de comida y alcoholEl cuerpo suele enviar avisos claros cuando el intestino está sobrecargado. Prestar atención a estas señales permite actuar a tiempo y evitar que el malestar arruine las celebraciones:Distensión o dolor abdominal persistente.Cambios en la consistencia, color u olor de las heces.Aumento de gases o eructos.Alteraciones en la regularidad intestinal.Malestar digestivo tras el consumo de alcohol o comidas muy pesadas.Estos signos indican que el intestino necesita apoyo para recuperar su equilibrio.En una temporada donde los excesos son frecuentes, una de las opciones complementarias es el consumo de probióticos. Sin embargo, estos no reemplazan una consulta médica ni corrigen por sí solos los problemas digestivos asociados a una alimentación desordenada.“El punto clave es que no todos los probióticos sirven para lo mismo”, aclaró Cubillos. “Cepas como Saccharomyces boulardii se han estudiado para diarreas asociadas a antibióticos, mientras que Bacillus clausii se utiliza para ayudar a recuperar el equilibrio gastrointestinal”.A estas medidas se suman recomendaciones prácticas como moderar el alcohol, mantenerse bien hidratado, evitar la automedicación y conservar horarios relativamente estables. Con hábitos conscientes y un cuidado básico del intestino, es posible disfrutar las fiestas sin que los excesos pasen factura y comenzar el nuevo año con mayor bienestar.Recomendaciones para disfrutar fin de año sin malestarModerar el consumo de alcohol y comidas muy condimentadas o abundantes.Mantener horarios relativamente estables, incluso durante las celebraciones.Evitar la automedicación, especialmente de antiácidos y antibióticos.Hidratarse adecuadamente, sobre todo en viajes o climas cálidos.Incorporar probióticos como apoyo cuando existan antecedentes digestivos o cambios bruscos en la alimentación.
En el marco de la campaña Viaje Seguro en esta Navidad, la Novena Brigada del Ejército Nacional instaló 21 puestos de control en los corredores viales del Huila para acompañar y garantizar la seguridad a propios y turistas durante la celebración de las fiestas navideñas y de fin de año.Asimismo, en los municipios, en las principales vías y en los lugares turísticos hay presencia de 2.900 soldados y también del Gaula Militar, brindando orientación sobre eventuales casos de secuestro y extorsión a viajeros y conductores que por estos días visitan y salen del departamento.“En el marco de esta estrategia, tenemos instalados 21 puestos de control en los principales corredores viales del departamento en los que más de 720 soldados, articulados en 30 pelotones, se encuentran desplegados apoyando a los viajeros, en acciones de prevención, así como de reacción ante cualquier situación que pueda afectar la movilidad o la tranquilidad en la carretera”, dijo el coronel César Augusto Suárez Giraldo, comandante de la Novena Brigada.Agregó el oficial del Ejército Nacional que más de 1.000 hombres en 38 pelotones realizan patrullajes continuos y operaciones de control en áreas rurales en aquellas zonas, donde se han presentado problemas de orden público o casos de extorsión contra gremios de la región.Es importante mencionar que la dirección nacional de la Policía también envío 90 patrulleros hombres y mujeres que estarán fortaleciendo las estaciones de policía en los 37 municipios del Huila.
El exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Alejandro Linares cuestionó la declaratoria de emergencia económica decretada por el Gobierno nacional y aseguró que, a su juicio, no se cumplen los requisitos constitucionales para acudir a este estado de excepción.En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Linares explicó que el debate va mucho más allá de una discusión económica. Según dijo, lo que está en juego es el sistema de frenos y contrapesos y el principio democrático de separación de poderes. “Lo que estamos discutiendo es si cuando el Congreso niega una reforma tributaria, el Gobierno la puede adoptar por decreto”, señaló.El exmagistrado recordó que la Constitución consagra el principio de que no puede haber tributación sin representación, es decir, que los impuestos deben ser aprobados por el órgano democrático por excelencia, el Congreso de la República. En ese sentido, afirmó que el hecho de que el Legislativo haya negado una reforma tributaria no constituye, por sí mismo, una razón válida para declarar una emergencia económica.¿Es viable decretar emergencia económica?Para Linares, el punto central es determinar si existen hechos sobrevinientes o una calamidad pública que justifiquen la medida. “Yo no veo cuáles son los hechos sobrevinientes”, afirmó de manera enfática.Consultado sobre si identificaba algún hecho nuevo distinto a la negativa del Congreso, Linares mencionó únicamente la reciente operación de crédito público realizada por el Gobierno. Según explicó, el viernes pasado se emitieron cerca de 6.000 millones de dólares, lo que representaría el ingreso de aproximadamente 24 billones de pesos a las finanzas públicas. “Esa cifra es muy superior a los 16 billones que se pretenden recaudar con los nuevos impuestos”, señaló, agregando que pensó que con esa operación desaparecía la necesidad de la emergencia económica.Sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional, Linares recordó que, con base en el artículo 215 de la Constitución, la Corte ha sido clara en exigir un hecho sobreviniente o una calamidad pública para justificar una emergencia. Puso como ejemplo la emergencia económica decretada para La Guajira, en la que la Corte fue flexible, pero limitó los efectos de la declaratoria exclusivamente a medidas relacionadas con el acceso al agua. En contraste, insistió en que la negativa del Congreso a aprobar una reforma tributaria “no es un hecho sobreviniente”.Durante la entrevista también se abordó la posibilidad de que la Corte Constitucional actúe durante la vacancia judicial. Linares consideró que la Constitución no puede “irse de vacaciones” y afirmó que el presidente de la Corte tiene la facultad de convocar una Sala Plena extraordinaria para repartir el decreto de emergencia una vez llegue al alto tribunal. Según explicó, esto podría hacerse incluso de manera virtual.Frente a la opción de una suspensión provisional del decreto, el exmagistrado señaló que sería una figura inédita en este tipo de casos, pero no descartó que la Corte pueda “estrenarla” si considera que existe una violación flagrante de la Constitución. A su juicio, así como el Gobierno está innovando al acudir a la emergencia económica, la Corte podría responder con medidas igualmente extraordinarias.Finalmente, al referirse a las posibles mayorías dentro de la Corte Constitucional, Linares dijo no tener “bola de cristal”, pero sostuvo que los magistrados son serios e institucionales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
El juez segundo de familia de oralidad de Cali, Sebastián Evelio Mora Cuesta, fue herido a disparos en la mañana de este miércoles 1 de octubre de 2025. Las autoridades investigan si el hecho estaría relacionado con su función judicial o si se trató de un intento de atraco.El caso ha generado conmoción en la Rama Judicial del Valle del Cauca. A través de un comunicado, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali expresó su rechazo a este acto de violencia y envió un mensaje de respaldo al funcionario.“Expresamos todo nuestro apoyo y solidaridad al doctor Sebastián Evelio Mora Cuesta, extensivo a su esposa, hijos, madre, demás familiares y a su equipo de trabajo, tras los lamentables hechos ocurridos en la mañana de hoy”, indicó la presidenta de la Sala de Familia, Claudia Consuelo García Reyes.El documento también condena los ataques contra servidores judiciales y pidió por la pronta recuperación del juez. “Reiteramos nuestro compañerismo en estos difíciles momentos y rogamos por su pronta recuperación”, añade el comunicado.De acuerdo con versiones preliminares, las autoridades analizan dos hipótesis: un atentado relacionado con las decisiones que ha tomado en su rol de juez de familia o un intento de hurto.El hecho es materia de investigación por parte de la Policía y la Fiscalía, mientras la Rama Judicial pide mayores garantías de seguridad para sus funcionarios en Cali y en todo el país.
Un militar y dos civiles continúan hospitalizados luego de que este martes, disidencias de las Farc atacaran a la Fuerza Pública en el Valle del Cauca, esta vez, en el corregimiento del Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, con drones lanzaron explosivos contra una unidad militar de la Brigada de Infantería de Marina No. 21.En medio de este ataque resultaron heridos un tripulante de la Brigada y dos mujeres de la población civil. El militar fue trasladado a una clínica de la ciudad de Cali, debido a que fue quien sufrió mayor impacto en el ataque."Las dos civiles heridas están en el hospital Luis Ablanque de la Plata en Buenaventura, una ya está estable y tranquila, la otra está en observación, le hicieron el examen y están esperando el resultado para poder intervenirla", señaló Liliana Vivas, secretaria de Gobierno de Buenaventura.La situación actualmente es de completa zozobra para más de 300 familias que residen en el Bajo Calima, pues hay que señalar que hace pocos meses habían retornado a sus territorios tras varios años desplazados.Las autoridades confirman que el despliegue de las tropas se mantendrá en esta zona de Buenaventura, para contrarrestar el accionar del grupo armado contra la población civil.Cabe recordar que este reciente hecho violento contra la fuerza pública fue atribuido al Grupo Armado Organizado Residual – GAOr “Jaime Martínez”. Por medio de un comunicado, autoridades señalaron que este acto terrorista "va en contra del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos (y que) por tal motivo se interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente".
En el marco de la Semana de la Biodiversidad en Cali, la ministra de Ambiente, Irene Vélez, generó una polémica cuando, durante una intervención pública, aseguró que hay unas élites que en el Valle del Cauca que se apoderaron de la tierra fértil para el monocultivo de la caña de azúcar, desplazando a las comunidades campesinas a las montañas.La ministra señaló, además, que los ingenios azucareros están agotando y contaminando las aguas subterráneas. Estas declaraciones generaron múltiples voces de rechazo, siendo la más reciente la de Asocaña, el gremio de la agroindustria más grande de la región.La respuesta a la ministra la hizo la misma presidente del gremio, Claudia Calero, quien aclaró que esta industria es motor de progreso, empleo y sostenibilidad en los departamentos de Cauca, Valle, Risaralda y Caldas, en los cuales cuentan con un total de 6.4 millones de hectáreas de las que sólo el 4 % comprenden sembrados de caña."En el Valle del Cauca, solo se aprovecha el 48 % del área cultivable y a pesar de esto, este departamento es líder en producción de naranja, uva, lulo, pepino, entre otros. También es importante aclarar que el 75 % de esas 239 mil hectáreas son de más de 12 mil familias que han elegido sembrar caña, porque aquí encuentran contratos estables, asistencia técnica y un mercado asegurado.", indicó la presidente Claudia Calero.En cuanto al agua, Calero aseguró que la industria no está acabando con el agua subterránea como lo manifestó la ministra pues, solo el 23% de este recurso en el departamento se usa para el riego de todos los cultivos, no solo el de la caña."Contamos con riego tecnificado y hoy usamos 50 % menos agua en los cultivos y en las fábricas hemos reducido el consumo en un 30 %. Tampoco estamos contaminando el agua con glifosato. Es importante aclarar que este sector, desde hace muchos años, dejó de usar este producto", añadió.La presidente de Asocaña aseguró que esta industria le está generando empleo formal a más de 280 mil personas en toda la región y que uno de sus principales objetivos es cuidad los recursos naturales de los que depende el proceso productivo de la caña.Los sindicatos de trabajadores de la agroindustria de la caña de azúcar, a través de un comunicado, también rechazaron las declaraciones de la ministra de Ambiente y cualquier intento de estigmatizar una actividad productiva que genera más de 280.000 empleos formales en esta región.
Las autoridades en Buenaventura, Valle confirmaron que en operaciones de registro y control, una unidad militar perteneciente al Batallón de Infantería de Marina No. 21, fue atacada en zona rural del corregimiento del Bajo Calima.En un comunicado indicaron que el hecho fue atribuido al Grupo Armado Organizado Residual – GAOr “Jaime Martínez”, y que en el ataque usaron granadas que fueron lanzadas por drones.“Como resultado del ataque terrorista, un tripulante de la Institución Naval resultó herido. Recibió primeros auxilios en el lugar y posteriormente fue evacuado a la ciudad de Cali, donde recibe atención médica especializada. Actualmente, se encuentra fuera de peligro.”, dice el comunicado.En este hecho la comunidad del Bajo Calima también resultó lesionada con dos personas que tuvieron que ser trasladadas hasta el hospital Luis Ablanque de la Plata, el ataque se registró muy cerca de una Instucion educativa.“La Armada Nacional rechaza categóricamente este ataque terrorista que va en contra del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, por tal motivo se interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente”, puntualiza el documento.Por fortuna esta situación no dejó personas fallecidas, sin embargo, si se registraron algunas viviendas afectadas por la onda explosiva.
Todo un misterio rodea la captura de cuatro colombianos en el estado de Tepetlaoxtoc, en México. Tres de ellos oriundos de Cartago y uno de Obando. Sus familiares aseguran que desde el pasado 24 de septiembre no se tiene comunicación con los vallecaucanos. Junto a ellos también fueron detenidos otros dos ciudadanos mexicanos.Los capturados colombianos son Yuli Catherine Felicidad Zapata, Yonier Alexander Mantilla Gómez, Samuel Leandro Quintero Ruiz y Juan Fernando Córdoba Rendón, y los mexicanos Luis Alberto Rojas Venado y Jorge de la Cruz. Según las denuncias de sus familiares, habrían sido retenidos por las autoridades mexicanas, presuntamente por estar vinculados con la muerte de los artistas Bayron Sánchez Salazar (B-King) y Juan Luis Herrera (Regio Clawn), hallados sin vida en Cocotitlán el pasado 17 de septiembre.“Lo que yo hice fue escribir a la Cancillería y empezaron a llegarme mensajes de que mi hermano estaba desaparecido. Hoy me respondieron que está con las otras personas en un reclusorio en El Cerezo, en Texcoco. No sabemos por qué dicen que está relacionado con la muerte del cantante y el DJ. Lo único que nos han dicho es que la camioneta y una motocicleta donde ellos trabajaban y se movilizaban fueron encontradas en el lugar donde aparecieron los cuerpos, pero eso no tiene relación”, señaló Katterine Correa Rendón, hermana de Juan Fernando Córdoba Rendón.Con el paso de las horas, la angustia crece entre las familias en el Valle del Cauca, que desconocen las razones de la detención y aseguran que desde hace más de una semana no han podido comunicarse con sus seres queridos.“Estamos muy preocupados porque es la única versión hasta ahora. Desde la Cancillería nos dijeron que aún no nos pueden decir por qué están retenidos. Esto no nos ha dejado dormir ni comer; han sido noches muy difíciles. La última vez que hablé con mi hermano fue el martes 23 de septiembre y al día siguiente ya no respondió las llamadas”, explicó Correa.Por esta razón, las familias piden a las autoridades colombianas y mexicanas investigar a fondo el caso y esclarecer los motivos de la captura. Además, denuncian que, según allegados en México de los colombianos les informaron que durante los procedimientos hubo exceso de fuerza por parte de las autoridades Mexicanas.
Faltan pocos días para que inicie la Feria de Cali y ya hay decenas de eventos preparados para que miles de propios y turistas se gocen los días más festivos en la capital del Valle del Cauca.Uno de ellos es ‘Brisas Caleñas’, un festival alternativo con una rica programación de música en vivo que se tomará el Parque Uribe, diagonal a la tradicional iglesia La Ermita en el centro de la ciudad.El festival se realizará del 25 al 30 de diciembre donde también hay experiencias urbanas y actividades abiertas al público, conectando la identidad de la ciudad con sonidos del Pacífico, escenas urbanas contemporáneas, propuestas tropicales alternativas, rock independiente y los ritmos tradicionales que marcan el cierre del año en el país.La programación musical reúne artistas de distintas generaciones y regiones, reflejando la diversidad sonora que atraviesa a Cali y al suroccidente colombiano.El cartel incluye a Herencia de Timbiquí, Kronos y Julio Victoria Live Band, junto a propuestas como Element Black, Venesti, Branbel, Últimos Nietos, Tropicana Club, Los Borbotones, More, Polo y Teban, Maikcel, Mangle Sonoro, Juanito Alimaña, Emberatriz y Carmela de Buxiraco. La experiencia se amplía con los sets de Prieto Riddiman, DJ Wins, DJ Animal, Molano, Marton Selektor, Caramelo Difícil, Darkfox, Los Indajaus y Chonta DJ, que conectan distintos públicos y escenas musicales. Más allá de los conciertos, Brisas Caleñas plantea una experiencia de ciudad.El festival es presentado por La Divina, cuenta con el patrocinio de BBC y el apoyo de Corfecali, y se integra a la Feria de Cali como una apuesta complementaria que busca descentralizar la experiencia y ofrecer nuevos puntos de encuentro durante la temporada.“Brisas Caleñas nace de la necesidad de mostrar que Cali tiene mucho más que decir. Aquí celebramos la música, las tradiciones y el encuentro, y proponemos que la ciudad se convierta en un gran escenario abierto durante diciembre”, indicó Jaramillo, director de La Divina.Durante los seis días del festival se desarrollará una agenda paralela de actividades culturales y comunitarias que buscan promover la apropiación del espacio público y la participación ciudadana. Entre ellas se encuentran jam poético, podcast en vivo, caminatas urbanas, recorridos por el centro de la ciudad, jornadas de limpieza del río Cali y espacios de juego y encuentro como canchas de tejo. Estas iniciativas amplían el alcance del festival y refuerzan su carácter social y cultural.
Un ataque contra la estación de policía del municipio de Suárez interrumpió la tranquilidad de la comunidad durante la tarde del pasado domingo, dejando un saldo de un civil herido. El incidente ocurrió entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, mientras se desarrollaba un campeonato anual de fútbol interbarrios en el que participaban equipos de "rodillones" y de categoría libre.El hostigamiento, atribuido a grupos de disidencias que operan en la región, se realizó mediante varias ráfagas de disparos que no fueron continuas, sino separadas en el tiempo. Según explicó el alcalde de Suárez, César Cerón, la ubicación geográfica de la cabecera municipal, situada en una zona baja, facilitó que el ataque se perpetrara desde la parte alta y desde el otro lado del río Cauca.Población civil en medio del fuego cruzadoLa cancha de fútbol donde se encontraba reunida la comunidad está ubicada a escasos 300 metros de la estación de policía, lo que provocó que los asistentes quedaran atrapados en medio del conflicto."Se desarrollaba un campeonato que se hace anualmente, donde juegan los rodillones, como llamamos popularmente, y el equipo libre. Estando allí la comunidad reunida se da un ataque contra la estación de policía, quedando en medio del fuego cruzado toda la comunidad. Fueron varias ráfagas en un tiempo separado, tanto del grupo armado como de la Fuerza Pública defendiéndose. Nunca nos había pasado un evento como esto y eso lo que único que hace es poner en riesgo mucho más a la población civil. Esto es, entre otras muchas, violación del derecho internacional humanitario", afirmó el mandatario. Le puede interesar: Pánico en Suárez, Cauca, por ataque guerrillero durante encuentro deportivo y familiarComo resultado del cruce de disparos entre el grupo armado y la fuerza pública, un joven de 23 años resultó herido en una de sus extremidades superiores. El herido fue trasladado a una clínica en Cali, donde se encuentra en estado estable.El alcalde Cerón denunció que, tras los disparos, se produjo una estampida humana, lo que aumentó el riesgo para los habitantes. Llamado urgente al Gobierno nacionalEl alcalde expresó su rechazo absoluto a la violencia, señalando que la comunidad de Suárez no debe estar sometida a un conflicto que "no les pertenece"."No es posible que nosotros tengamos que vivir sometidos a toda esa clase de situaciones que no son las mejores para nosotros. Pedimos al Gobierno nacional que revise la situación que estamos viviendo y a los grupos al margen de la ley, que nos dejen tranquilos, finalizó.Escuche la entrevista aquí:
El secuestro de 18 militares del Ejército en un resguardo indígena del Chocó dejó en evidencia la compleja relación entre algunas comunidades y la Fuerza Pública en esta zona del país. Los uniformados fueron retenidos el pasado domingo cuando realizaban una operación contra el ELN, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien calificó lo ocurrido como un “secuestro” y aseguró que los soldados fueron rodeados por más de 200 personas y trasladados por la fuerza hasta un resguardo indígena.Ante este hecho, el general William Caicedo, comandante de la Brigada 15 del Ejército, entregó detalles de lo ocurrido y confirmó que los militares se encuentran con vida. “Básicamente sabemos que están bien. Hemos tenido contacto con la comunidad indígena directamente con el suboficial comandante de la unidad”, explicó el oficial.Comunidades indígenas impidieron operación militar en ChocóSegún lo revelado por el general Caicedo en entrevista con Mañanas Blu, la retención ocurrió cuando una unidad se encontraba en el resguardo La Puria, perteneciente a la comunidad indígena de Río Claro, en el municipio de Carmen de Atrato. “Fueron rodeados por aproximadamente entre 200 y 220 personas y, bajo presión, llevados hasta la escuela de la comunidad indígena, lugar donde se encuentran desde el día anterior”, señaló.Así mismo, Caicedo reiteró que el Ejército no requiere autorización para operar en el territorio nacional. “Usualmente nosotros hacemos las operaciones militares en todo el territorio nacional sin necesidad de autorización alguna”, afirmó. No obstante, reconoció que en varios casos se busca concertar el ingreso con las comunidades, algo que en esta ocasión no fue posible debido a la presencia del ELN en la zona.Ejército señala presencia activa del ELN en la zonaEl objetivo del operativo era una estructura del ELN que, de acuerdo con el Ejército, continúa operando en el área. “Había una estructura del ELN que aún permanece allí, de aproximadamente 16 hombres en armas, con alias Ramiro, cabecilla de comisión, el tercero del Frente Manuel Hernández El Boche”, explicó Caicedo. Según el oficial, este grupo estaría vinculado a extorsiones, quema de vehículos y constreñimientos armados en vías del Chocó.Para el general, la actuación de algunos integrantes de la comunidad resulta contradictoria. “No debería ser así, es todo lo contrario. Deberían capturar, si tienen una guardia indígena, a los miembros de cualquier estructura armada ilegal, porque la legalidad es lo que debe prevalecer”, sostuvo.Caicedo advirtió además que las comunidades estarían siendo instrumentalizadas por el ELN. Recordó que en operaciones recientes se han registrado capturas y muertes en combate, incluso de integrantes de comunidades indígenas. “Sí están siendo instrumentalizados. También se está presentando mucho el delito de reclutamiento ilegal de menores”, denunció.Sobre el armamento de los soldados retenidos, el general aclaró que permanece bajo control militar. “El armamento estaba ubicado a un lado de donde estaban ellos, pero el control lo tenía la unidad”, dijo, explicando que la decisión de desarmarse se tomó para evitar una tragedia. “Eran 500 indígenas contra 18 soldados”, agregó.Mientras avanzan las gestiones de la Gobernación, la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo para lograr la liberación, el Ejército insistió en que no suspenderá sus operaciones. “No vamos a frenar, las operaciones se van a seguir desarrollando”, advirtió Caicedo, quien concluyó con una reflexión: “Cuando se piden garantías de seguridad, pero no se permite que la Fuerza Pública se desplace, se abre el camino para que los grupos armados ilegales ingresen al territorio”.
En respuesta a la crítica situación de seguridad que atraviesa la ciudad, Cali recibió un refuerzo de 400 policías que permanecerán de manera definitiva, la Policía Metropolitana completa 6.800 uniformados en servicio en la capital vallecaucana y su área metropolitana. A este pie de fuerza se sumará, en los próximos días, el apoyo temporal de 800 policías adicionales para el plan de seguridad de la Feria de Cali.Según la institución, los nuevos agentes serán desplegados en microterritorios priorizados por su alta incidencia delictiva, mientras que otro grupo fortalecerá unidades especializadas.El alcalde Alejandro Eder reiteró que la ciudad necesita respaldo tecnológico por parte del Gobierno nacional para enfrentar amenazas emergentes.“Reconozco el envío de estos policías, pero requerimos capacidades como sistemas antidrones para proteger a la ciudadanía y a los mismos uniformados”, sostuvo el mandatario.Eder recordó que este año la Alcaldía ha entregado 300 motocicletas y 60 vehículos a la fuerza pública para reforzar las labores de patrullaje y reacción.