La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que actualmente el país vive una emergencia humanitaria y sanitaria peor que la del COVID-19, por culpa de la crisis del sistema de salud, situación por la cual le pidió al procurador y al contralor de la República que convoque al Gobierno nacional a una mesa técnica para que se garantice la atención de los pacientes.La mandataria también se refirió al caso de la muerte del niño Kevin Acosta, que padecía hemofilia, asegurando que como él, son miles los pacientes que hay en el país con su vida en riesgo, por la no entrega de medicamentos y las barreras para la continuidad de tratamientos.“Hay muchos Kevin en este país que están muriendo por la falta de atención en salud en varias EPS, que, además, están intervenidas por el Gobierno. Tenemos que lograr la solidaridad de todos los colombianos porque lo más importante es la salud y la vida de las personas y lo que nos toca a nosotros es ayudar a preservarla, porque han crecido las barreras de atención, la mortalidad ha crecido”, indicó la mandataria vallecaucana.Por otra parte, recientemente se conoció un fallo del Tribunal Superior de Buga, dando respuesta a una tutela interpuesta por Diana Katherine García Chávez, a quien la Nueva EPS no le autorizó los procedimientos para tratar su hipertensión intra craneal.En el fallo, además de ordenar el restablecimiento del derecho a la salud de la paciente en menos de 48 horas, el tribunal también indicó que esta EPS "ha abandonado a sus usuarios", teniendo en cuenta que en el último año se han atendido más de 140 casos donde la nueva EPS fue sancionada por incumplir los fallos de tutela.Según el Tribunal Superior de Buga, además de la vulneración al derecho a la salud de los pacientes, la falta de respuesta de la Nueva EPS a las tutelas está generando una considerable congestión judicial.La postura del tribunal fue respaldada por la Asociación de Usuarios de la Nueva EPS en el Valle, que sostiene que en la actualidad no se está garantizando una buena atención a los pacientes."No tenemos cómo garantizar ni a la corte de alto costo ni a la población de las redes primarias, una integralidad de servicios como lo merecen los pacientes. Se dejan de entregar algunas moléculas a pacientes con hipertensión, pacientes diabéticos se están presentando dificultades, los pacientes con enfermedad de alto costo, pacientes con enfermedad huérfana", aseguró Sandra Martínez, presidente de la Asociación.La representante de los usuarios de la Nueva EPS asegura que la mayor complicación está para los pacientes con enfermedades de alto costo, pues deben ser atendidos en clínicas de alta complejidad, las cuales actualmente no les están prestando servicios.
Empresas Municipales de Cali está solicitando al Gobierno Nacional la aprobación para asumir la operación de aseo en la ciudad. El gerente general de la entidad, Roger Mina, aseguró que todo está listo para Emcali se encargue de garantizar el barrido de las calles y la recolección de basuras en todos los barrios.Cabe recordar que el contrato para la recolección de basuras en la capital vallecaucana entre la Superintendencia de Servicios Públicos y los operadores privados de aseo finalizó hace unas tres semanas, y desde entonces en la ciudad se ha aplicado un modelo de libre competencia.Sin embargo, Emcali busca cambiar esa situación, al asegurar que cuenta con las capacidades para asumir el control de la recolección de basuras, pues cuenta con la habilidad en sus estatutos, además de apostar por la modernización del modelo."Le envié una carta a la Superintendencia diciéndole que Emcali está en capacidad de recuperar ese catastro de usuarios que perdió Emsirva, y se debe pasar ese patrimonio público a Emcali. Las Empresas Municipales deben liderar el esquema de prestación de aseo. y como estamos en un esquema de libre competencia, es necesario que se solicite al Gobierno nacional el establecimiento de unas áreas de servicio exclusivo, que pueda implementar un nuevo modelo donde Emcali sea protagonista", señaló el gerente, Roger Mina.Por otra parte, el gerente de Emcali también habló del proceso de modernización del alumbrado público, señalando que la segunda fase iniciará en este primer trimestre del año, con una licitación pública, y tendrá un costo superior a los 400 millones de pesos, aseguró que la meta es lograr la reposición de 101.000 luminarias, y aunque se ha avanzado en este proceso, aún es un reto por completar."Esto aún es insuficiente, porque 55.000 luminarias son algo más del 30% del total del alumbrado público de la ciudad. Por es, lo que nosotros estamos planteando es que haya un plan agresivo de inversión para que el alumbrado público esté a tono con el impuesto que se cobra y para que, además, tecnológicamente funcione como tiene que funcionar. El alumbrado hoy es un alumbrado que no funciona como debe funcionar y, por eso, ahora encontramos tantos problemas en barrios, en parques, canchas y avenidas", finalizó Mina.
Al finalizar la reunión con el Ministerio de Minas y Energía y los representantes de los sindicatos, el gremio azucarero del país manifestó su preocupación por la persistencia de la crisis del etanol. Esto, debido a que en el encuentro no se definió una solución inmediata a la sobre producción que actualmente tiene la industria, con más de 50 millones de litros de este biocombustible almacenados.Aunque el gremio resaltó la buena disposición del gobierno nacional para iniciar una mesa de concertación, lo que se logró en la reunión es que el Ministerio se comprometiera principalmente a realizar mayor control y vigilancia a la calidad del etanol, y acelerar el proceso de expedición de las resoluciones de precios y abastecimiento."No se logró una solución inmediata a la crisis que hoy enfrentamos con el etanol producido en Colombia. Hoy tenemos inventarios cumulados de etanol nacional, porque no se está comprando el producto nacional. Hoy estamos produciendo para no vender. Un producto que genera más de 28.000 empleos directos y que hace parte de la cadena de la caña de azúcar que en total genera 286.000 empleo.", Claudia Calero, presidente de Asocaña.Desde el sector agroindustrial de la caña se indicó que la falta de una hoja de ruta para liberar los tanques de etanol que actualmente están colapsados, obliga a la industria a detener el funcionamiento de las plantas la próxima semana."Estamos a una semana de parar las plantas de etanol y por ende, de parar también las plantas de azúcar, porque éstas tienen una producción simultánea y esto pone en riesgo el empleo formal y los ingresos de miles de familias. Hacemos un llamado a los distribuidores mayoristas a que sean una parte activa de este diálogo y que entre todos podamos encontrar consensos y soluciones, que permitan superar esta crisis lo antes posible.", añadió Calero.Escuche aquí la entrevista:
Poco a poco Cali supera las emergencias registradas por las fuertes lluvias ocurridas entre la tarde y la noche de este jueves, las cuales generaron graves afectaciones en el norte, el oeste y el centro de la ciudad.En varios sectores se reportó caída de granizo, mientras que en vías principales como la Avenida Sexta, en inmediaciones del sector de Chipichape, hubo inundaciones por el colapso del alcantarillado. Los bomberos atendieron la caída de once árboles en diferentes calles, en algunos de estas atenciones se rescataron personas que quedaron atrapadas dentro de los vehículos.Entre las situaciones atendidas por los organismos de socorro, hubo varias casas destechadas en los barrios Nacional, Brisas de Mayo y Terrón Colorado, en este último además se rescataron dos personas que habían sido arrastradas por la creciente de una quebrada. Mientras que en zona rural, en el corregimiento de Montebello, el desbordamiento del río Aguacatal inundó varias casas inundadas."Atendimos la rotura de un ventanal por caída de una valla, por los fuertes vientos en un cuarto piso de edificación. También tenemos otras múltiples viviendas, las cuales por efecto del viento sus techos han salido desprendidos y sus ventanales. Y así mismo estamos haciendo evaluación de la salida de una quebrada en la vía Montebello", explicó el bombero Jefferson Agudelo, Coordinador del centro de Telemática de bomberos Cali.Cabe recordar que en el resto del Valle del Cauca otros once municipios también han tenido afectaciones por las fuertes lluvias, durante esta semana. Por lo que más de la mitad del departamento está en alerta.
En el municipio de La Ceja, en el Oriente de Antioquia, inició la implementación del decreto que regula el uso de dispositivos móviles en colegios públicos y privados. La medida fue ampliamente respaldada por los padres de familia.La decisión se tomó luego de una encuesta de la que participaron más de 4.200 padres de familia de las seis instituciones educativas oficial y centros educativos rurales del municipio en la que respondieron al uso del celular y otros dispositivos móviles por parte de los estudiantes dentro del aula.Los resultados de esta encuesta arrojaron que el 55.9 % de padres considera el celular como un factor de distracción y el 26.3 % de ellos consideró que los mismos no aportan al proceso de aprendizaje.Además de las cifras, el secretario de educación del municipio, Mario Velásquez, detalló algunos de los motivos que llevaron al municipio a la implementación del decreto."Nosotros queremos que los estudiantes estén más conectados a la realidad y menos a la virtualidad porque hemos perdido la cercanía, hemos perdido también la concentración. Estudios nos han mostrado que cuando un niño coge el celular se demora cerca de minuto y medio para volver a concentrarse en lo que está haciendo", señaló Velásquez.El decreto, cabe recordar, establece una restricción total del uso de dispositivos electrónicos personales desde el grado preescolar hasta octavo durante toda la jornada escolar, además del uso regulado para los grados noveno, décimo y once, a los cuales se les permitirá el uso únicamente con autorización expresa del docente, fines pedagógicos y supervisión directa.
Las dificultades que atraviesa el sistema de salud actualmente en el territorio nacional no conoce de creencias ni regiones, comunidades indígenas con asentamientos en el Urabá antioqueño denuncian que el sistema de salud los tiene abandonados y buscando como suplir sus dificultades de salud a través de otros medios.Una de las comunidades indígenas más importantes de este país es el Pueblo Zenú, quienes tienen un asentamiento en el municipio de Necoclí. Ellos denuncian que su los miembros de su comunidad están afiliados en su mayoría a la Nueva EPS y Savia Salud, y a causa de la intervención del Gobierno nacional también están sufriendo las consecuencias.Pacientes con patologías como diabetes, cáncer e hipertensión no han recibido sus medicamentos en lo que va corrido de este año, una situación que tiene preocupados a los líderes de su comunidad. "No estamos siendo atendidos, los medicamentos no llegan a los territorios, sobre todo en la zona norte de Urabá. Toda la que tienen atenciones primordiales, diabetes, las personas que tienen de pronto hipertensión, hay personas que necesitan otro tipo de atención, que tienen unas enfermedades graves, no las han atendidas", aseguró Sandra Milena Flores, líder del resguardo indígena Zenú de Necoclí.Esta situación que viven estos resguardos indígenas se concentran en otras zonas del territorio antioqueño, donde la comunidad Zenú también tiene presencia, en municipios como Frontino hay más de 5.000 indígenas que tienen problemas con su sistema de salud, y en Urrao hay más de 4.000 personas de esta comunidad con la misma problemática."Más de 25.000 indígenas, necesitamos primero una buena atención y que la administradora que ingrese nos pueda garantizar eso que tanto solicitamos. La entrega de medicamentos ha sido leve, no quieren ingresar a los territorios, dicen que no hay suministro, hay desabastecimiento y toca esperar mucho tiempo para que puedan ser entregadas", manifestó Flores.Esta problemática de salud que hoy viven más de 27 mil indígenas de la comunidad Zenú en el Urabá antioqueño es expuesta en la primera asamblea departamental de autoridades indígenas del departamento. Con la participación de representantes de más de 120 cabildos.
Tropas del Ejército Nacional de Colombia evitaron la comercialización de más de un millón de dosis de cocaína en los Estados Unidos, tras ubicar y destruir un complejo cocalero en zona rural de Sabana de Torres, Santander.La operación se desarrolló en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho Plus 2023-2026, bajo el concepto de acción unificada, y fue liderada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Policía Nacional.El laboratorio fue hallado en la vereda Bella Vista y, según información oficial, haría parte de las finanzas ilícitas del grupo armado organizado Clan del Golfo, específicamente de la subestructura Édgar Madrid Benjumea.De acuerdo con el reporte militar, el complejo estaba conformado por cuatro estructuras con capacidad para producir hasta dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron encontrados 1.026 kilogramos de esta sustancia, avaluados en aproximadamente 151.000 millones de pesos.La infraestructura destruida tendría un valor cercano a los 700 millones de pesos. Las autoridades indicaron que, gracias a labores de inteligencia militar, se estableció que esta organización estaría buscando expandir sus rutas de narcotráfico hacia países de Centroamérica y los Estados Unidos, utilizando corredores costeros y marítimos en el mar Caribe.
El periodista Ignacio Gómez, miembro del comité de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), calificó como un caso de “censura” la orden judicial que obligó al medio CasaMacondo a retirar una investigación periodística de todas sus plataformas digitales. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Gómez afirmó que la decisión judicial constituye un precedente preocupante para el ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión en Colombia.“En primer lugar, porque es una censura, porque es la despublicación de una publicación que ya se había hecho”, señaló Gómez al explicar por qué la orden judicial no puede considerarse una simple rectificación. Según el periodista, el problema central radica en que la decisión no se fundamenta en la falsedad del contenido, sino en una interpretación judicial que cuestiona la legitimidad de la publicación misma.Gómez enfatizó que el material periodístico no contenía información falsa ni engañosa. “No hay información falsa, engañosa o errada en la información que se pide borrar, sino que se hace para proteger supuestamente la falta a un pacto de confidencialidad inexistente entre el periodista y su fuente”, afirmó. Según explicó, el fallo judicial interpreta erróneamente la naturaleza de una entrevista periodística, especialmente cuando se trata de un ejercicio de contraste con una figura pública de alto nivel.El periodista también aclaró que este caso no corresponde a una situación en la que un medio haya cometido un error informativo. “Cuando una información es errada o equivocada, lo que hay es que reconocer el error y publicar la información correcta, pero sobre la base del reconocimiento del error”, explicó. Sin embargo, insistió en que esa no es la situación actual, pues los hechos relatados en la investigación corresponden a un proceso judicial real y documentado.Gómez detalló algunos de los elementos que, según él, refuerzan la relevancia pública del caso. “El magistrado tuvo un hijo, el magistrado negó la paternidad de ese hijo, el hijo lo demandó, las pruebas dentro del proceso reconocieron la filiación genética en un 99% del magistrado con su hijo”, afirmó. También señaló como relevante la desaparición del expediente antes de que el proceso concluyera formalmente.Desde su perspectiva, el fallo judicial presenta errores graves en su interpretación del ejercicio periodístico. “Hay varios que se podrían llamar yerros en la sentencia de la juez censora”, afirmó. Entre ellos, mencionó la confusión entre una fuente confidencial y una entrevista directa, así como la falta de reconocimiento del interés público en los hechos investigados. “La desaparición de expedientes, la negación de paternidad y otros hechos irregulares alrededor de este proceso […] son un asunto de interés público”, sostuvo.El periodista advirtió además sobre el contexto institucional en el que se produce la decisión, señalando que el caso involucra a un alto funcionario judicial. Esto, según Gómez, agrava el impacto del precedente, especialmente cuando la Corte Constitucional es la instancia encargada de proteger los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión.Finalmente, Gómez expresó preocupación por lo que considera un cierre anticipado de las posibilidades de revisión dentro del país. “Eso prácticamente es un prejuzgamiento que ya deja sin ninguna corte posible este caso en Colombia. Ya solamente puede responderlo una instancia internacional”, afirmó.El caso de CasaMacondo ha reavivado el debate sobre los límites entre la protección de los derechos individuales y la libertad de prensa, así como sobre el papel de la justicia frente a la publicación de información de interés público relacionada con altos funcionarios del Estado. Mientras el medio afectado anunció que solicitará la revisión del fallo, organizaciones y periodistas advierten que lo ocurrido podría marcar un precedente decisivo para el futuro del periodismo en Colombia.
En medio de una prolongada crisis política, con cambios frecuentes de presidentes y alta rotación de autoridades, Perú ha logrado mantener una estabilidad macroeconómica que llama la atención en la región.Para explicar ese fenómeno, el exministro de Finanzas Luis Miguel Castilla aseguró en Mañanas Blu 10:30 que la clave ha estado en la fortaleza institucional del Banco Central y en el rechazo ciudadano a la inflación.“Creo que ustedes le han dado al clavo porque la estabilidad en el Banco Central es que ya tenemos el presidente que tenemos ya hace 20 años. Ha sido lo que ha permitido, digamos, lidiar con estas aguas tumultuosas políticas que no se ven. Entonces, la independencia y la continuidad y el manejo meritocrático de la política monetaria ha sido clave en el país”, afirmó.¿Cómo lo han logrado?Castilla señaló que existen dos factores determinantes. El primero, la autonomía constitucional del Banco Central, que —según explicó— ha “blindado al Banco Central del poder político”. El segundo, un consenso social amplio en torno a la estabilidad de precios. “La población no tolera la inflación y eso ha percolado a la clase política”, dijo.Esa combinación ha permitido que presidentes de distintas corrientes ideológicas hayan ratificado en el cargo al actual titular del Banco Central. “Tenemos que presidentes de todo el espectro ideológico, incluido desde García hasta Pedro Castillo, en las antípodas ideológicas han ratificado a Julio Velarde. Entonces a mí me tocó ser el segundo en ratificarlo en la época del expresidente Humala, y eso creo que es el secreto, digamos, de por qué hay esa continuidad y ese respeto”, sostuvo.El exministro destacó además un elemento poco común: el alto nivel de conocimiento ciudadano sobre la autoridad monetaria. “Probablemente sea un país insólito donde probablemente el 80% de la población sepa quién es el presidente del Banco Central. Eso no ocurre en todas partes, y eso creo que hace parte de la credibilidad que tiene el manejo monetario en el Perú”, afirmó.Sobre el papel de la informalidad, Castilla reconoció que tiene un doble efecto. “Es bueno y malo”, explicó. “Es malo porque tenemos mucha población vulnerable cuando hay shocks como la pandemia, no tienen ahorros y son mucho más expuestos a los embates de las crisis. Pero lo cierto es que también ha sido una válvula de escape para poder tener una economía resiliente”.A su juicio, Perú ha vivido un fenómeno particular: “el fenómeno de las cuerdas separadas, ¿no? La economía va por un lado, la política va por el otro”. No obstante, advirtió que esa desconexión tiene límites. “Tanto cambio y tanta rotación de autoridades está minando, está minando a la economía, y eso se ve una paralización de toma de decisiones que le pasa factura a la economía”, señaló. Incluso aseguró que el país podría estar creciendo más con los actuales precios de materias primas: “En lugar de crecer 6% con estos precios, las materias primas debemos estar creciendo al doble. Este, creo que ese 3 podría crecer 6”.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
En la tarde de este domingo, 31 de agosto, la estación de Policía de la localidad de El Bordo, cabecera del municipio de Patía, en el departamento del Cauca, fue blanco de un ataque con explosivos.Según reportes preliminares, el artefacto habría sido lanzado mediante un dron, impactando el perímetro de la instalación policial.Hasta el momento se informa de tres uniformados heridos, quienes fueron trasladados a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica.Las autoridades locales se mantienen a la espera de la confirmación oficial sobre la magnitud del ataque y el estado de los afectados.Las fuerzas de seguridad reforzaron su presencia en la región e iniciaron investigaciones para esclarecer a los responsables del hecho, que ha generado alarma entre la comunidad.“Me acaban de informar de un ataque donde se usó un dron para atacar la estación de Policía de El Bordo. Hay tres policías heridos; estamos haciendo toda la articulación con los hospitales. Por fortuna, las heridas no son de gravedad”, señaló el alcalde del municipio de Patía, Jairo Cifuentes.Cabe resaltar que en esta zona delinquen el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la Segunda Marquetalia.
La incertidumbre crece en Candelaria, Valle, donde se cumplen más 10 días de la desaparición de Mayra Alejandra Escobar, una mujer de 33 años, cuyo rastro se perdió el pasado 19 de agosto.De acuerdo con la información entregada por su familia, Mayra salió desde el corregimiento de Villagorgona, en Candelaria, hacia la ciudad de Cali en compañía de una amiga. Sin embargo, al llegar al barrio Alfonso López, en el oriente de la capital del Valle, esta amiga asegura que la vio marcharse con un hombre, sin que desde entonces se tenga más información sobre su paradero.“La he buscado en hospitales, pido que cualquier información que tenga, sea mala o sea buena, nos avisen. Estamos sufriendo y las autoridades que no detengan la búsqueda”, manifestó Ana Doris Marín, madre de la mujer desaparecida, en medio del llamado desesperado por obtener respuestas.La Personería de Candelaria confirmó que, activó un protocolo especial para reforzar las labores de investigación y ayudar a dar con más pistas que pueda dar con su paradero.Mientras tanto, familiares, amigos y vecinos mantienen los velatones por las calles de Candelaria con la esperanza de encontrarla con vida.
En Palmira, Valle, la tranquilidad se vio interrumpida por una intensa persecución policial en medio de un operativo de Plan Candado.Los hechos ocurrieron en la carrera 19, entre calles 40 y 41, donde uniformados de la Policía adelantaban acciones para dar con la captura de un hombre señalado de múltiples delitos.De acuerdo con el reporte preliminar, el individuo fue sorprendido cuando se movilizaba en una motocicleta robada, situación que desencadenó la reacción inmediata de las autoridades.En medio del procedimiento, se produjo un intercambio de disparos en el que resultó herido el patrullero Andrés Felipe Trujillo, quien, según se confirmó con Personería de Palmira, se encuentra fuera de peligro."Durante la persecución se logra la captura de un individuo de 22 años que se movilizaba en una motocicleta Suzuki y una pistola tipo Glock", señaló William Andrey Espinosa Rojas, personero de Palmira.El capturado enfrenta ahora un proceso de judicialización por fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y municiones, además del uso del vehículo hurtado en el que se desplazaba al momento de su aprehensión.Las autoridades reiteraron el compromiso de continuar con los operativos de control en el municipio.
La reciente fuga de un privado de la libertad del Centro de Detención Transitoria “Marte”, ubicado en la Comuna 1 de Buenaventura, ha puesto nuevamente sobre la mesa la grave crisis de hacinamiento que enfrenta este establecimiento penitenciario.Este incidente, que generó gran preocupación entre la comunidad local, no es un caso aislado, ya que la cárcel de “Marte” ha sido históricamente un foco de tensión debido a sus precarias condiciones de seguridad y la falta de soluciones estructurales por parte de las autoridades competentes.Aunque el preso fue recapturado, tras entrega voluntaria de los familiares, para el personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, la situación de hacinamiento en este centro de detención ha alcanzado niveles alarmantes, superando el 300% de su capacidad. "Marte tiene una ocupación del 375%, se ha venido requiriendo para que la Alcaldía adquiera una propiedad que permita descongestionar a marte, es la única manera", puntualizó Potes.La situación dentro del centro de detención ha sido descrita por la Personería como “indigna”. Las condiciones de insalubridad, la falta de espacio adecuado para la convivencia, la carencia de servicios básicos y la escasez de personal encargado de velar por la seguridad de los internos.El Personero de Buenaventura, Carlos Jefferson Potes, ha reiterado la importancia de que el Ministerio Público y otras entidades competentes actúen con urgencia para mejorar las condiciones en el centro de detención “Marte” y resolver la crisis de hacinamiento que atraviesa la cárcel. El proyecto de una nueva cárcel, ubicada en una zona rural de Buenaventura, ha sido anunciado como una posible solución a largo plazo, pero hasta el momento no se han dado avances significativos en su construcción.
Tras el hostigamiento armado contra la Estación de Policía del municipio de Dagua, las autoridades locales y la Fuerza Pública han decidido implementar medidas urgentes para aumentar los controles y reforzar las capacidades de seguridad en el municipio. La iniciativa busca garantizar la tranquilidad de los habitantes y responder de manera efectiva ante los actos de violencia ocurridos en los últimos días.El consejo de seguridad, convocado por la alcaldesa Karol Villarejo, reunió a representantes de la Gobernación del Valle del Cauca y a miembros de la Fuerza Pública. Durante la reunión, Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, detalló las acciones que se pondrán en marcha para hacer frente a la situación.Según Londoño, se incrementarán los patrullajes mixtos entre la Policía y el Ejército tanto en la cabecera municipal como en las zonas rurales de Dagua. Además, se reforzará la capacidad de la Policía Judicial para investigar y dar con los responsables del hostigamiento, que tuvo lugar el día anterior contra la estación de policía local.“Se están tomando determinaciones como reforzar las capacidades de nuestra Policía Judicial, aumentar los patrullajes mixtos entre nuestra Policía y Ejército, y redoblar los esfuerzos para ubicar a los autores del hostigamiento", aseguró el funcionario. La Fuerza Pública intensificará los controles en puntos clave de Dagua para evitar que nuevos hechos de violencia afecten a la comunidad.En el marco del consejo de seguridad, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables del ataque.
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia anunció la condena en primera instancia contra el exgobernador del Chocó, Francisco Abraham Palacios Mena, por irregularidades en la contratación de la primera etapa de la sede de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba en Istmina, un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías.La Corte concluyó que el exfuncionario incurrió en el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras comprobar que tramitó y celebró negocios jurídicos sin observar condiciones esenciales de la contratación estatal.Sin embargo, fue absuelto del delito de peculado por apropiación, al no poder comprobarse que se hubiera apropiado indebidamente de recursos públicos.¿Cuáles son los contratos que tuvo en cuenta la Corte?Este proceso judicial se centró en dos contratos suscritos en 2013: uno de interventoría y otro para la construcción de la primera etapa de la sede universitaria en el municipio de Istmina.Según el fallo, el contrato de interventoría fue celebrado mediante un acuerdo interadministrativo con la universidad sin que su objeto misional justificara esa modalidad de contratación directa.La Corte concluyó que la institución educativa no contaba con la capacidad técnica, administrativa ni logística para ejecutar la interventoría de dicha edificación, lo que llevó a que posteriormente subcontratara esas funciones con un tercero, evidenciando fallas de planeación y transparencia.En cuanto al contrato de obra, el alto tribunal determinó que se adjudicó sin estudios previos completos sobre el terreno, los diseños y las condiciones técnicas del proyecto.Además, se firmó el acta de inicio sin contar con licencia de construcción y el predio presentaba conflictos de ocupación por terceros, lo que impidió la ejecución normal de las obras y generó múltiples suspensiones y modificaciones contractuales.En su decisión, la Corte estableció que existe certeza sobre la responsabilidad penal de Palacios Mena por celebrar contratos sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Por ello, anunció sentido condenatorio por ese delito en concurso homogéneo, mientras que dispuso su absolución por peculado.La sentencia completa será dada a conocer en una etapa posterior, en la que se fijará la pena correspondiente por la que deberá responder el exgobernador.
El avistamiento de murciélagos volando en pleno día encendió las alarmas en varios sectores de Cali. En redes sociales y grupos comunitarios comenzó a circular la preocupación de que estos animales podrían estar propagando rabia, generando temor entre los ciudadanos.Ante la inquietud, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) se pronunció para aclarar la situación y desmentir que este comportamiento represente, por sí solo, un riesgo sanitario.En Cali habitan al menos 18 especies de murciélagos, una cifra significativa si se tiene en cuenta que en Colombia se han identificado cerca de 200. Muchas de estas especies están adaptadas a entornos urbanos y periurbanos, y su actividad, incluso en horas diurnas, puede estar asociada a la búsqueda de alimento o refugio, sin que ello represente automáticamente una amenaza sanitaria.La bióloga del grupo de gestión de fauna silvestre del Dagma, Jessica Galíndez, señaló que estos animales enfrentan riesgos derivados principalmente de la desinformación y la pérdida de hábitat.“Este grupo tan importante se ha visto amenazado por la pérdida de hábitat y también por los falsos mitos que se generan por su imagen. Es importante no generar alarma por ver murciélagos volando en el día o en la noche, dado que es una actividad natural en la cual están buscando dónde dormir o qué comer”.La funcionaria insistió en que la presencia de murciélagos no significa que exista un brote de rabia. La enfermedad se transmite principalmente por mordedura o contacto directo con la saliva de un animal infectado, por lo que el riesgo se presenta únicamente si hay manipulación directa.Además, destacó la importancia ecológica de esta especie para el equilibrio ambiental de la ciudad.“Es importante resaltar la importancia de los murciélagos en la naturaleza, dado que contribuyen en la polinización, en la dispersión de semillas y como controladores de insectos que podrían convertirse en plagas. La recomendación del Dagma es no manipularlos y reportar cualquier caso a las autoridades ambientales”.Desde el Dagma reiteraron que, si un murciélago es encontrado herido, en el suelo o dentro de una vivienda, no debe ser tocado ni capturado. En esos casos, la ciudadanía debe comunicarse con la autoridad ambiental para activar el protocolo de atención de fauna silvestre.El llamado final es a la convivencia responsable con la fauna urbana y a evitar la difusión de información falsa que pueda generar miedo injustificado frente a una especie que cumple funciones fundamentales en el ecosistema caleño.
Las recientes alteraciones al orden público en el Valle del Cauca están generando preocupación sobre las garantías de seguridad para las elecciones al Congreso de la República previstas para el próximo 8 de marzo. En municipios con antecedentes de presencia de grupos armados ilegales, las autoridades locales ya evalúan posibles traslados de puestos de votación.Uno de los casos que más inquieta es el de Dagua, donde en las últimas horas se registraron ataques contra la fuerza pública en zona rural. Aunque no se reportaron personas lesionadas, los hostigamientos encendieron las alertas frente a la participación electoral en corregimientos apartados.El personero municipal, Hamlet Caicedo, confirmó que existe una solicitud para revisar la permanencia de tres puestos de votación en áreas rurales del municipio.“Hay una solicitud para dejar tres puestos de votación, puntualmente El Danubio, La Isla y La Cascada. Sin embargo, hasta el momento no se ha emitido ningún tipo de autorización para el traslado. Se entiende que la seguridad de la fuerza pública y de la comunidad es importante, pero también hay que reconocer que parte de la labor de la fuerza pública es brindarle seguridad a la comunidad y permitir que la gente pueda desarrollar en paz su derecho al sufragio”, señaló el funcionario.La situación también genera preocupación en la zona rural de Buenaventura, donde la presencia de estructuras armadas ilegales ha motivado solicitudes de revisión en algunos puestos de votación.El defensor del Pueblo en el Pacífico advirtió que, además de los riesgos de seguridad, existen factores humanitarios que deben analizarse, especialmente en sectores con comunidades desplazadas.“En el corregimiento 8 tenemos comunidades que están desplazadas desde hace mucho tiempo. Esa situación hay que revisarla y verificar si vale la pena mantener puestos de votación allí, donde actualmente permanecen tres o cuatro personas, o si deben trasladarse al casco urbano, donde hoy se encuentra la mayoría de la población desplazada. En el Bajo Calima, en cambio, las comunidades siguen allá y la seguridad debe ser garantizada por la fuerza pública. Esto será objeto de discusión en los próximos comités electorales”, explicó.Las solicitudes serán evaluadas en la próxima mesa de seguridad electoral, donde autoridades locales, departamentales y organismos de control definirán si procede el traslado de puestos de votación y qué medidas adicionales se adoptarán para garantizar el desarrollo de la jornada democrática en el departamento.
En el centro y norte del Valle del Cauca continúan las emergencias provocadas por las fuertes lluvias, que han generado graves afectaciones en la zona rural del departamento. En total son once municipios los que han reportado novedades, relacionadas con vendavales, inundaciones y daños en vías terciarias.Las emergencias más complejas se han registrado en los municipios de Ginebra, con viviendas destechadas; y y Ansermanuevo, donde la creciente súbita de una quebrada generó daños en el puente que comunica a este municipio con Argelia."En el municipio de Ginebra, se tuvo en el corregimiento de Costa Rica un fuerte vendaval que desprendió la cubierta de aproximadamente 32 viviendas. Ya se hicieron los respectivos censos y en las próximas horas, la Secretaría Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres atenderá con la asistencia humanitaria requerida para estas familias", señaló el secretario de Gestión del Riesgo del Valle, Francisco Tenorio.Más de la mitad de los municipios del Valle se encuentran en alerta por las lluvias, teniendo en cuenta que estas fuertes precipitaciones podrían extenderse hasta el mes de abril."El municipio de Palmira reportó en la vereda El Chontaduro y en la Buitrera fuertes vientos con desprendimiento de cubiertas. Igualmente el municipio de Ulloa, en Calima Darién hubo afectaciones por movimientos en masa y algunos desprendimientos de cubiertas. El municipio del Cerrito con la inundación de un corregimiento. Los municipios de Bolívar, Toro, Restrepo, Vijes, Ansermanuevo y Yotoco han sido los que nos han reportado afectaciones.", finalizó Tenorio.