Nuevamente la incertidumbre embarga a la comunidad en Buenaventura, debido al regreso de las balaceras en plena vía pública. En menos de 24 horas se registraron dos hechos violentos, en los que murieron dos jóvenes, y cuatro personas más resultaron heridas.El hecho más reciente ocurrió en el barrio Juan XXIII, en la noche del jueves, ahí sujetos en motocicleta atacó a disparos a un grupo de personas que departía en una casa. El ataque dejó heridas a cuatro personas: una mujer de 55 años, su hijo y otros dos amigos del muchacho; siendo todos los jóvenes menores de edad. Las víctimas rápidamente fueron auxiliadas y llevadas a un centro asistencial."Los adolescentes se encontraban sentados en el antejardín de la vivienda y en ese momento dos sujetos que se movilizaban en motocicleta habrían realizado varios disparos en contra de su integridad. Posterior se adelantaron las labores investigativas correspondientes a esclarecer estos hechos y ubicar a los responsables", explicó el cronel Gustavo Chaparro, comandante del distrito especial de Policía Buenaventura.Horas antes de este hecho, en el barrio San Francisco de este mismo distrito, dos jóvenes murieron al resultar en medio de otro enfrentamiento, las víctimas fueron identificadas como Cristian Brayan Castro y Daniel Rentería, y según la comunidad, eran dos jóvenes que no tenían nada que ver con la disputa entre bandas que se vive en el distrito."Hubo un enfrentamiento en el barrio y él (Cristian Brayan) iba saliendo a trabajar y en eso lo alcanzaron las balas. Ahí pagan justo por pecaderes, y como tal, no sabría qué decirle, por lo menos que pongan más mano dura en los barrios, A ver si la situación puede cambiar algún día. Él era una buena persona (Daniel), no se metía con nadie, no le daba problemas a nadie", explicaron algunos familiares de las víctimas.
Dos equipos de investigadores de la Policía se encuentran recolectando datos, testimonios y pruebas para esclarecer los hechos ocurridos en inmediaciones del barrio El Cedro, al sur de Cali.Específicamente en la Avenida Roosevelt entre carreras 32 y 36, la ciudadanía reportó dos balaceras ocurridas con solo minutos de diferencia, que generó pánico entre los trabajadores de establecimientos comerciales en el sector y conductores que transitaban en el lugar.El primer crimen ocurrió en el semáforo cerca a la estación de combustible de la zona, ahí dos hombres a bordo de una motocicleta atacaron a disparos a María Mercedes Novoa Puerta de 32 años, quien se encontraba en su vehículo esperando el cambio del semáforo. La víctima rápidamente fue auxiliada y llevada por una ambulancia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica."El semáforo estaba en rojo, la niña estaba esperando al cambio, en ese momento aparecieron dos manes de moto y le dispararon. Yo escuché ocho ahí, cuando dispararon ella se bajó del carro y se fue al andén, ahí se agarró el estómago y se desmayó" narró un testigo del hecho.Minutos después, en el mismo sector se registró una riña entre un grupo de hinchas del América de Cali que había salido del estadio Pascual Guerrero tras el partido de la Copa Sudamericana, ahí también se reportaron disparos."Al parecer esta persona estaba siendo seguida por dos sujetos, atentan contra la vida de esta mujer y ahora estamos haciendo toda la recolección tanto en el lugar de los hechos, como a través de posibles testigos. No tenemos información sobre que tenga relación, al parecer son hechos aislados, el otro al parecer tiene que ver con temas de intolerancia", explicó el general Herbert Benavidez, comandante de la policía en Cali.En medio de la riña varios de estos hinchas incendiaron una motocicleta, atacaron a piedras una vivienda del sector y vandalizaron varios vehículos que se encontraban en un taller de mecánica."Esperaron que todo el mundo se retirara y llegaron más de 100 personas, los que nos atacaron el local. Nos dañaron las rejas, dañaron el carro de mi papá, los carros de un cliente, ¿Y quién nos responde? La motico es de uno de los hermanos de mi papá, la dejó allá fuerita, y le quemaron la motico", dijo una comerciante de la zona, afectada por lo ocurrido.Las autoridades avanzan en las investigaciones de cada uno de estos casos para determinar tanto las causas del ataque hacia la mujer, así como para dar con los hinchas involucrados en la riña.
Tras finalizar un consejo de seguridad electoral, las autoridades en el Valle del Cauca confirmaron que cerca de 12.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estarán desplegados en los más de 1.166 puestos de votación del departamento para garantizar la seguridad durante la jornada electoral.Asimismo, anunciaron que se reforzará la seguridad en Buenaventura y Jamundí, municipios considerados de mayor riesgo, con el fin de prevenir posibles alteraciones del orden público durante las votaciones.“Los uniformados estarán distribuidos en los 1.166 puestos de votación, de los cuales 762 estarán a cargo de la Policía Nacional, 357 del Ejército Nacional, 30 de la Armada, 9 del Inpec y 8 serán mixtos. De esta manera estaremos dispuestos el día domingo para las elecciones. Tanto los puestos urbanos como rurales estarán cubiertos con estos 12.000 uniformados. Además, contamos con personal de apoyo que ha llegado desde el nivel central de las diferentes unidades del Ejército y la Armada”, dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía del departamento.De igual forma, las autoridades informaron que se instalarán dos Puestos de Mando Unificado (PMU), uno en el comando de la Policía Metropolitana de Cali y otro en el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad en Buga, desde donde se realizará el monitoreo permanente del desarrollo de la jornada electoral.“Desde estos PMU estaremos monitoreando minuto a minuto el desarrollo de los comicios. Gracias a los recursos de la tasa de seguridad estamos garantizando la logística y el despliegue institucional de la Fuerza Pública”, explicó Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle.Entre tanto, el general Juan Odúber Rendón, comandante de la Tercera Brigada del Ejército, recordó que desde hace más de seis meses se viene trabajando de manera articulada con la Gobernación, las alcaldías, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, la Policía y el Ejército para garantizar el normal desarrollo de los comicios.“Ya estamos en un 85 % del dispositivo de seguridad. Las tropas se encuentran en proceso de despliegue y en menos de 24 horas estaremos completamente posicionados para garantizar la jornada electoral”, señaló el oficial.En total, cerca de 3.800.000 ciudadanos están habilitados para votar en los más de 1.166 puestos de votación distribuidos en los diferentes municipios del departamento. Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier delito electoral a través de las líneas 157 y 153.
Los constantes bloqueos registrados en la vía hacia Buenaventura, en el Valle del Cauca, están generando un fuerte impacto en el sector turístico del principal puerto del Pacífico colombiano. Esta situación ha provocado cancelaciones de reservas en hoteles, retrasos en la llegada de visitantes y una notable disminución en el flujo de turistas que normalmente llegan por vía terrestre.Entre los destinos más afectados se encuentran Juanchaco, Ladrilleros y la reserva natural de San Cipriano, lugares que dependen en gran parte del turismo para su sostenimiento económico. Los empresarios y prestadores de servicios aseguran que la situación se ha vuelto crítica debido a la constante incertidumbre que generan los cierres en la carretera.“En lo que va corrido del año prácticamente no hemos trabajado. La gente ya no sabe qué hacer porque los turistas no están llegando. Muchos intentan venir, pero deben devolverse cuando encuentran la vía bloqueada. La situación cada vez es más crítica y estamos prácticamente quebrados. En un fin de semana normalmente podríamos recibir cinco personas o incluso grupos de hasta 60 visitantes, pero ahora no ha llegado nadie”, señaló Milady Guapo, propietaria de un hostal en Ladrilleros.Ante este panorama, empresarios del sector turístico hicieron un llamado al Gobierno nacional y a las autoridades para que se busquen soluciones que permitan evitar los bloqueos que realizan algunas comunidades en la vía.“Como destino turístico del Pacífico sabemos que Buenaventura es uno de los principales atractivos naturales del suroccidente colombiano. Sin embargo, vemos cómo se pierde la oportunidad de trabajar debido a estos bloqueos. En nuestras playas recibimos cerca de 180.000 turistas al año, además de quienes visitan los ríos en San Cipriano y otros lugares. Todo ese esfuerzo se ve afectado cuando las vías permanecen cerradas”, explicó Jhon Álvarez, representante legal de la Asociación Predesarrollo de la Zona Turística y Ecológica del Pacífico.De acuerdo con cifras del Sistema de Información Turística del Valle del Cauca (Situr Valle), al año llegan cerca de 721.000 turistas interesados en realizar actividades turísticas en la región. No obstante, estos números se han reducido considerablemente debido a los bloqueos en la vía.Entre tanto, gremios del comercio estiman que las pérdidas económicas superarían los $1.200 millones de pesos diarios, afectando no solo al sector turístico, sino también a restaurantes, prestadores de servicios, transporte y al comercio en general.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) informó que algunos residentes médicos no han recibido el pago correspondiente al mes de febrero debido a retrasos o inconsistencias en los reportes enviados por varias universidades al Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia.Según explicó la entidad, el proceso de pago depende de que las universidades reporten correctamente la información de sus residentes al Ministerio de Salud. Una vez se valida esa información, el ministerio da la conformidad y la Adresprocede con el giro de los recursos a cada beneficiario. Sin embargo, cuando los reportes llegan tarde o con errores, el pago no se puede efectuar a tiempo.De acuerdo con la información entregada por la entidad, nueve instituciones han presentado inconsistencias en los reportes de residentes. Entre ellas están la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud con 44 residentes, la Universidad Militar Nueva Granada con 36, la Universidad Metropolitana con 34 y la Pontificia Universidad Javeriana con 31.También aparecen la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A con 29 residentes, la Universidad de La Sabana con 15, la Unidad de Servicios de Salud UNISALUD de la Universidad Nacional de Colombia con 14, la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas con 13 y la Universidad de Antioquia con 12.En total, 228 residentes aparecen en los reportes con inconsistencias. Cada uno recibe un apoyo mensual cercano a los 2'000.000 de pesos, por lo que el monto que permanece pendiente de giro asciende aproximadamente a 456 millones de pesos.
El mercado inmobiliario en Santander mostró señales de recuperación durante 2025. De acuerdo con el más reciente balance del sector, la venta de vivienda nueva en el departamento creció un 9,3 % frente a 2024, lo que ubicó a la región como la octava con mayor actividad inmobiliaria del país.En total, durante el año pasado se comercializaron 3.826 unidades de vivienda nueva en Santander, en medio de un repunte del mercado que también se reflejó en el lanzamiento de nuevos proyectos habitacionales.Uno de los datos que más llama la atención es el aumento del 49 % en el lanzamiento de proyectos inmobiliarios, lo que refleja un mayor nivel de confianza de las constructoras en el comportamiento del mercado regional.Este crecimiento se da en un contexto nacional positivo. Según cifras de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en Colombia se comercializaron 174.000 viviendas en 2025, lo que representó un incremento del 12,4 % frente al año anterior.A su vez, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reportó que el valor de los créditos para vivienda usada creció 13,4 % en el cuarto trimestre del año pasado, lo que evidencia un mayor dinamismo en el sector inmobiliario.Advertencia a compradoresSin embargo, en medio de este repunte del mercado, expertos del sector inmobiliario advierten que un error en los contratos de compraventa puede poner en riesgo la inversión de los compradores.Karina Tatiana Reyes, gerente general de la inmobiliaria Esteban Ríos en Bucaramanga, explicó que uno de los errores más frecuentes ocurre cuando los contratos condicionan la firma de la escritura a eventos inciertos, como la aprobación del crédito bancario.“Un error en la redacción puede derivar en la nulidad absoluta del negocio y en la desprotección del patrimonio”, señaló la directiva.Por esta razón, especialistas jurídicos y comerciales de esa firma destacan cinco aspectos clave que deben revisarse en una promesa de compraventa.Entre ellos está la identificación completa de las partes y del inmueble, incluyendo matrícula inmobiliaria y código catastral; además de establecer fechas, horas y notaría exactas para la firma de la escritura, evitando cláusulas ambiguas como “cuando se obtenga el desembolso del crédito”.También recomiendan incluir cláusulas de arras y penalizaciones económicas, realizar una revisión jurídica del inmueble mediante el certificado de tradición y libertad, y dejar claramente establecidos los gastos notariales y tributarios de la transacción.Los expertos advierten que la falta de estos elementos puede generar conflictos legales, retrasos en la entrega del inmueble o incluso procesos judiciales que congelen la inversión por años.En ese sentido, el llamado para quienes buscan comprar vivienda es revisar con detalle cada documento antes de firmarlo, especialmente en un momento en el que el mercado inmobiliario muestra señales de reactivación en Santander y en el resto del país.
La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha multado con 15.000 euros al Real Madrid por comportamiento racista y/o discriminatorio de sus aficionados en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones contra el Benfica portugués y ha advertido al club de cierre parcial de su campo en caso de reincidencia durante un año.Según confirmó la UEFA, además de la multa económica, la Comisión ha ordenado el cierre parcial de 500 asientos contiguos de la tribuna sur inferior del estadio Santiago Bernabéu en el próximo partido que el equipo juegue como local, aunque el cumplimiento de esta sanción está condicionado durante un periodo de prueba de un año, a partir de la fecha de hoy.En el partido ante el Benfica, el pasado 25 de febrero, un aficionado de la grada de animación del Real Madrid, la ‘Grada Fans’ en la que se desplegó un tifo contra el racismo, fue expulsado del recinto tras ser captado por las cámaras de la transmisión del encuentro realizando el saludo nazi.Según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, los miembros de seguridad privada del club le localizaron, identificaron y procedieron a su expulsión del estadio antes del partido. El club pidió de manera urgente a su Comisión de Disciplina del club que iniciase unrocedimiento inmediato de expulsión.La UEFA anunció la multa y el posible cierre por el comportamiento racista y/o discriminatorio de los seguidores del Real Madrid en el partido jugado el pasado 25 de febrero, en el que el club logró el pase a los octavos de final, tras la polémica generada en el encuentro de ida en Lisboa, por el posible comentario racista del argentino Gianluca Prestiani al brasileño Vinicius.El 17 de febrero, en el partido de ida del 'playoff', tras marcar el único gol del encuentro (0-1), Vuinicius denunció al árbitro que había sido objeto de insultos racistas por parte Prestianni, por lo que el encuentro fue detenido unos minutos y la UEFA abrió una investigación.El argentino fue posteriormente suspendido provisionalmente durante un partido y se perdió la vuelta en el Santiago Bernabéu, donde el equipo dirigido por José Mourinho perdió por 2-1 y quedó eliminado de la competición europea.
Un video que circula en redes sociales y en el que aparecen ocho hombres encapuchados y armados lanzando amenazas contra alias ‘Poporro’ está siendo analizado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga para determinar su autenticidad y origen.En las imágenes, los sujetos, con el rostro cubierto y portando lo que aparentan ser armas de fuego, advierten sobre una supuesta “guerra” contra alias ‘Poporro’, quien actualmente se encuentra recluido en una cárcel y a quien señalan de continuar manejando el tráfico de drogas en la ciudad y de estar detrás de varios asesinatos.Frente a la circulación del video, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor García, indicó que las autoridades ya iniciaron las verificaciones para establecer quiénes estarían detrás de la grabación y si el material corresponde a un hecho real.“El video podría tratarse de un material realizado por personas que aún no han sido identificadas. En estos momentos no tenemos información puntual que nos indique quiénes serían los autores”, explicó el oficial.El coronel García agregó que el contenido también está siendo examinado desde el punto de vista técnico, especialmente en lo relacionado con el armamento que se observa en las imágenes.“Este video está en análisis, especialmente en lo que tiene que ver con el armamento que aparentemente muestran allí. No sabemos si es real, si es un armamento hechizo o si podría tratarse incluso de armas de juguete. Estamos adelantando esas verificaciones”, señaló.Asimismo, indicó que la situación ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de establecer si detrás del video existe alguna estructura delincuencial o si se trata de una estrategia de intimidación.“Todo esto hace parte de una verificación y de una noticia criminal que se va a desplegar con la Fiscalía, justamente para determinar los móviles y saber qué está detrás de todo esto”, concluyó el subcomandante de la Policía Metropolitana.Las autoridades continúan con el análisis del material y no descartan que se adelanten acciones judiciales una vez se determine la procedencia del video y la identidad de las personas que aparecen en él.
El exalcalde del municipio de Urrao resultó implicado en la muerte de un conductor en medio de un caso de aparente intolerancia en la variante a Caldas. El también policía retirado habría reaccionado en defensa propia.En medio de la polémica se encuentra Osvaldo Sepúlveda Pérez, exalcalde del municipio de Urrao, tras la muerte de un conductor de un vehículo de servicios especiales en medio de una discusión sostenida con el exmandatario.Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el sector conocido como Puente La Miel de la variante a Caldas, donde una aparente imprudencia vial por parte de Sepúlveda, quien se transportaba en una camioneta, generó molestia en otro conductor identificado como Julián Darío Mejía Grajales, quien a su vez terminó por realizar una maniobra de cierre al vehículo del exalcalde.Tras detener la marcha ambos autos, Grajales descendió del suyo para amenazar con un arma cortopunzante a Sepúlveda, quien también actuando en defensa propia accionó un arma de fuego con permiso para su porte en dos ocasiones contra el otro hombre que terminó falleciendo en el lugar.Tras lo ocurrido, el exalcalde e intendente de la Policía retirado se presentó ante las autoridades judiciales. Por su parte, la pistola calibre 9 milímetros usada en el hecho fue incautada para el respectivo estudio balístico y las investigaciones que apenas comienzan para esclarecer el caso.Osvaldo Sepúlveda fue el mandatario encargado de culminar el periodo 2020-2023 tras ser electo en los comicios atípicos del 2022 en esa localidad del Suroeste de Antioquia.El inicialmente electo, Jhon Jairo Higuita Rueda, murió en 2020 tras complicaciones de salud por cuenta del Covid-19 y posteriormente fue declarada nula la elección de su reemplazo, quien también era su esposa: Alexandra Machado Montoya.
Tras varias dificultades en la construcción del nuevo búnker de la Fiscalia frente al Palacio de Justicia de Cali, finalmente la obra será entregada a mediados del 2025, según la Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana de la capital del Valle.El proyecto inició su planeación desde el año 2009, pero su construcción comenzó tan solo en el 2023 después de encontrar una fuente de financiación."Esta es una obra que se va a entregar entre los meses de junio y julio de este año. El fin de semana pasado se hicieron pruebas energéticas para entregar la Fiscalía en pleno funcionamiento", señaló Raquel Garavito, directora de la EDRU de Cali.Este edificio está ubicado en un lote de 10.000 metros cuadrados, contará con 14 pisos y tecnología para incrementar la celeridad en los procesos de investigación, el cual reunirá aproximadamente 1500 empleados; según la entidad el bunker tuvo inversión cercana a los 478.000 millones de pesos."Esta va a ser la sede de la Fiscalía más importante del suroccidente del país y esto es muy importante, no solo como obra de infraestructura sino que le dará un dinamismo importante a la zona", señaló la directora.Además de mejorar la infraestructura judicial de la ciudad, el nuevo búnker impulsará la reactivación económica del sector, gracias a la exoneración tributaria para quienes inviertan en el sector.
En la vía Puerto Tejada – Cali, delincuentes fuertemente armados interceptaron y atacaron a disparos el vehículo en el que se movilizaba el líder político y social del municipio de Guachené, Cauca, Neisair Ramos Navas junto a una niña de 12 años. Tras el hecho, Ramos y la menor resultaron heridos y aunque la comunidad de la zona los auxilió y los trasladó a un hospital ambos murieron cuando recibían atención médica.Neisair Ramos era un activista del Pacto Histórico, reconocido entre las comunidades afro del Cauca. Fue fundador de Guachené y secretario de Gobierno de ese municipio, durante la administración del Élmer Abonía Rodríguez, quien también fie asesinado en diciembre de 2023.Las autoridades investigan las circunstancias del este doble homicidios. Indepaz recordó que este año han siso asesinados en Colombia 35 lideres sociales. En esa zona del Cauca hay presencia de varios grupos criminales.
Este viernes inicia en firme la integración del transporte intermunicipal entre Cali y Jamundí, permitiendo que los buses provenientes del municipio vecino lleguen a la terminal Simón Bolívar para que sus pasajeros puedas acceder inmediatamente al sistema masivo MIO.Esta iniciativa arrancará con los buses de las empresas Transur y Líneas del Valle. Sin embargo, hay que tener en cuenta que por ahora solo será una integración física, mientras se analiza con Metrocali un reajuste en la tarifa del pasaje."En la terminal Simón Bolívar van a comenzar a llegar primero los buses intermunicipales que vienen de Jamundí. Esto va a hacer que sea mucho más fácil para los pasajeros que vienen de este municipio o que salen hacia él, para que se intregren al MIO. En las próximas semanas ocurrirá lo mismo con los buses que vengan desde Puerto Tejada", señaló el alcalde de Cali, Alejandro Eder.Se espera que este modelo de integración entre los transportes masivo e intermunicipal en Cali sea replicado en las terminales de Paso del Comercio y Menga, donde se recibiría a pasajeros provenientes de los municipios de Palmira, Candelaria y Yumbo.
Ante los constantes hechos de vandalismo en el Bulevar del Río y el estado de abandono que denuncian algunos comerciantes de la zona, las autoridades de Cali anunciaron la implementación de tecnología aérea para vigilar la zona y evitar más afectaciones a su infraestructura.Además de la contratación de un operador que se encargará del cuidado de este espacio, en los próximos días la zona será equipada con tecnología que permita identificar a los autores de estos daños."Precisamente una de las nuevas estrategias que tenemos es poder ejercer la seguridad del Bulevar a través de la videovigilancia y un sistema muy moderno de drones. Actualmente contamos con siete guardas de seguridad privada, cuatro policías permanentes y quince funcionarios de la Unidad de Bienes y Servicios, haciendo rondas constantemente", aseguró Noralba García, directora de la unidad de bienes y servicios de Cali.No solo son los daños a la infraestructura del Bulevar lo que está preocupando a la comunidad, sino la realización de actos explícitos en sus inmediaciones. Como quedó registrado en las últimas horas en video, cuando dos menores de edad, fueron detenidos por la Policía al ser sorprendidos teniendo relaciones sexuales a plena luz del día."A través de 'Cultura Bulevar' invitamos a que todos sean conscientes que este espacio hay que utilizarlo bien, que no se pueden cometer actos indecentes e indebidos en el Bulevar, que la basura hay que recogerla porque hay canecas accesibles. Estamos pidiendo a la comunidad que cuide al Bulevar como su casa", finalizó la directora.Según la unidad de Bienes y Servicios de Cali, a inicios del mes de abril ya se habría concretado el proceso de contratación del nuevo operador del Bulevar del Río para retomar el control y orden en esta visitada zona del centro de la ciudad.
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la suspensión de las operaciones en el muelle 13 de Buenaventura, tras desestimar una tutela impuesta por el Grupo Portuario que administra el lugar. De acuerdo con el organismo, las medidas de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), en cuanto a interrumpir el puerto, son materialmente justas, por lo que no hay motivos para revocarlas.“El juzgado y el tribunal no pueden estudiar de fondo tal demanda ni, mucho menos, valorar las pruebas de los accionantes con el fin de controvertir las resoluciones de la Anla, las cuales cuentan con la doble presunción de acierto y legalidad”, dice el Tribunal Superior de Bogotá en el fallo de segunda instancia.Cabe recordar que la polémica del caso ronda en que, de acuerdo con la Anla, el muelle 13 de Buenaventura no contaba con las normas para operar. Entre las observaciones impuestas por la entidad, se determinó que el puerto no contaba con la infraestructura adecuada para el cargue de carbón, acumulaba residuos que reflejaban falta de limpieza y había una necesidad de controlar el ingreso de palomas a las bodegas de almacenamiento.De hecho, según la entonces ministra de Ambiente, Susana Muhammad, las irregularidades habrían sido ignoradas por años, por lo que la medida impuesta por la Anla era inminente. La funcionaria aseguró en su momento que el caso se iba a elevar a las denuncias penales y disciplinarias contra quienes resulten responsables de estas omisiones.Ante toda la polémica, el Tribunal Superior de Bogotá fue el más reciente en dar un juicio al respecto al manifestar que la impugnación de la tutela, con la que el Grupo Portuario pretendía la valoración de sus pruebas, no puede ser considerada. El organismo aseguró que, en caso de hacerlo, violaría el debido proceso del caso.“El accionante pretende extender la acción de tutela para que se valoren varios documentos aportados a este trámite constitucional y cuestionar, no solo el contenido del acto administrativo; sino el debido proceso en procesos judiciales paralelos que tiene contra otras entidades del Estado. Empero, en segunda instancia, no pueden considerarse solicitudes ni hechos nuevos, pues no fueron objeto de contradicción ni pronunciamiento previo; fallar en este sentido implicaría la vulneración del derecho al debido proceso de los intervinientes en la actuación constitucional”, dijo el Tribunal.Siendo así, el organismo dejó en firme la decisión y pidió que se le remitiera a la Corte Constitucional para que sea revisada en su totalidad. De igual forma, y por ahora, las operaciones en el muelle 13 de Buenaventura permanecerán suspendidas.
Jóvenes de barrios populares de Cali estarían siendo convocados para participar en la guerra del Medio Oriente, según está denunciando la Personería Distrital de la capital vallecaucana, que está pidiendo a las autoridades que investiguen esta oferta, que incluye el pago de atractivos salarios.Esta situación se está registrando en los barrios Potrero Grande, Llano Verde y Valle Grande en el Distrito de Aguablanca, donde al parecer desconocidos están haciendo convocatorias a través de las redes sociales. Las supuestas propuestas ofrecen un pago hasta de 10.000 dólares mensuales, para enviar a los jóvenes caleños a las ciudades de como Dubái y Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos."Todo apunta a que integren conflictos internacionales en lo que tiene que ver con asuntos propios de seguridad y combate. Por eso la alerta y la prudencia, para evaluar este tipo de ofertas donde ofrecen salarios jugosos y también bonificaciones donde puede ser una mentira y comprometer entonces su integridad, su vida o volverse prisioneros de guerra", adviritió el personero de Cali, Gerardo Mendoza.En las convocatorias se solicitan documentos como la copia de la cédula, pasaporte vigente, incluso un nivel de manejo de inglés, elementos para generar confianza en los jóvenes y que busca convencerlos de su supuesta validez.La situación será puesta en conocimiento de las autoridades vallecaucanas, teniendo en cuenta que no sería la primera convocatoria que se hace para involucrar a los jóvenes en conflictos internacionales, pues ya ha ocurrido situaciones similares con caleños en Ucrania, Sudán y Haití.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, advirtió que la amenaza terrorista en contra de la ciudad no se ha podido superar, debido a lo múltiples intentos de ataque que en los últimos días la Fuerza Pública ha frustrado en el área metropolitana.El hecho más reciente ocurrió en el barrio El Diamante, al oriente de Cali, donde un hombre de 20 años fue detenido por la Policía, al sorprenderlo con un artefacto explosivo improvisado, que al parecer iba a lanzar a la patrulla que vigila ese sector.Hay que señalar que este es el cuarto ataque frustrado en el año, pues semanas atrás tres mujeres fueron detenidas por movilizar pentolita en la Terminal de Transporte, así como la interceptación de una motocicleta y un vehículo particular que movilizaban explosivos."Hemos evidenciado que los grupos narcoterroristas están empeñados otra vez con querer poner una bomba en Cali y hemos logrado frustrar varios ataques. Ayer fue detectado el terrorista y lo pudimos frustrar, pero seguimos trabajando en eso. Les recuerdo a la ciudadanía que si tienen información, damos hasta 100 millones de recompensa", señaló el alcalde Eder.La alerta de las autoridades ante la amenaza terrorista se incrementa en el marco de las elecciones al Congreso de este domingo, sin embargo, se confirmó un despliegue especial tanto de Policía como del Ejército para velar por la seguridad en esta jornada. Además de la vigilancia en los puestos de votación, también se contará con presencia de la Fuerza Pública en corredores importantes como la vía Panamericana.
Tras el último comité de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales realizado en Cali, las autoridades en la capital vallecaucana dejaron en firme las medidas de restricción y el plan de seguridad que se dispondrá en la ciudad, para que las elecciones de este domingo se desarrollen sin contratiempos.En primer lugar se aplicará la ley seca, desde las 6:00 de la tarde del sábado 07 de marzo, hasta el mediodía del lunes 9. También se prohibirá el transporte de escombros y trasteos, desde las 06:00 de la tarde del mismo sábado, hasta las 06:00 de la mañana del lunes.En los 216 puestos de votación se contará con el acompañamiento de la fuerza pública, para evitar cualquier alteración durante la jornada, con participación tanto de la Policía, como del Ejército. Por otra parte, los kits electorales serán distribuidos en la madrugada del domingo, para iniciar los comicios desde las 8:00 de la mañana."Más de 3.600 hombres y mujeres estarán en todos los puestos de votación en los municipios del área metropolitana de Cali. Para que el próximo domingo 8 de marzo, cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto en un entorno de completa paz y tranquilidad. Contaremos con la activación de un puesto de mando unificado, un despliegue helicoportado y nuestros drones con el fin de garantizar la seguridad desde el aire", señaló el teniente coronel Javier Martín, comandante operativo de la Policia de Cali.Las autoridades señalaron que en Cali ningún puesto de votación será trasladado, mientras tanto siguen en estudio las solicitudes de reubicación de algunas mesas en la zona rural de Jamundí.
En la tarde de este miércoles, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali ordenó tres días de arresto y una multa de tres salarios mínimos legales mensaules vigentes, para Derly Katherine Andrade y Carlos Rafael Villero, gerentes de las regionales Occidente y Suroccidente respectivamente de la Nueva EPS. La decisión del juez está basada en el desacato del fallo de una tutela emitido el pasado 22 de enero, donde se le exigía a la entidad garantizar la continuidad del tratamiento oncológico del señor Saúl Quiñonez, paciente de 95 años de edad, que padece cáncer de próstata en estado metastásico, a quien se le suspendió la atención en la Clínica Valle del Lili desde octubre del año 2025."Lo que nos dice la clínica es que no pueden atender al paciente porque no tienen covenio con la Nueva EPS, pero la situación cada día puede complicarse más, porque él requiere exámenes, medicamentos, atención en quimioterápias y radioterapias, pero todo esto lo negó la Nueva EPS. El paciente hacía parte de la 'ruta de Oncología' de la clínica y lo sacaron por el no pago de la eps", explicó Omar Quiñonez, hijo del paciente.En el fallo emitido el 22 de enero, el juez ordenaba a la clínica la autorización, programación y la garantía continua e ininterrumpida de los servicios de salud al señor Saúl, tanto en los cuidados en casa, como en el suministro oportuno de los medicamentos, sin dilaciones ni barreras administrativas."Garantice la continuidad de la atención del señor Saúl Quiñonez Mendoza en la Fundación Clínica Valle del Lili, siempre que las prestaciones ordenadas se encuentren médicamente justificadas y prescritas por el médico tratante, por tratarse de una institución que ha venido conociendo su caso y que cuenta con la capacidad técnica y científica para el manejo de sus patologías, absteniéndose de imponer cambios de prestador que impliquen interrupción del tratamiento, desmejora en la calidad del servicio", fue la orden del fallo.A pesar de tener una orden judicial, donde establecía un plazo de 48 horas para dar respuesta y continuidad al paciente, la Nueva EPS no se comunicó con el usuario, ni tampoco dio respuesta a las exigencias del Juzgado.Hasta el momento la Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a orden de arresto de los directivos regionales.