En un acto que marca el cierre del proceso electoral, el Consejo Nacional Electoral acompañó la entrega de credenciales a los representantes a la Cámara elegidos por el Valle del Cauca, oficializando así la conformación política del departamento de cara al nuevo Congreso.Durante la jornada, se confirmaron las 13 curules que le corresponden al Valle: seis serán ocupadas por el Pacto Histórico, dos por el Partido de la U, dos más por el Centro Democrático y una curul para Cambio Radical, Liberal y Nuevo Liberalismo. Con esta distribución, se define el mapa político regional que comenzará funciones el próximo 20 de julio de 2026.Voceros de distintas colectividades coincidieron en resaltar el desarrollo del proceso. Desde el Pacto Histórico, Paola Andrea Quiñones aseguró que el escrutinio contó con garantías, mientras que Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, destacó la transparencia de la jornada y el respaldo ciudadano reflejado en las urnas.Por su parte, el organismo electoral subrayó que el proceso se llevó a cabo con normalidad y sin contratiempos, reiterando su compromiso con la transparencia y la legitimidad. El delegado del CNE en el Valle del Cauca enfatizó que se cumplió con lo establecido por la democracia, garantizando el respeto por la voluntad de los votantes.Con la entrega de estas credenciales, el Valle del Cauca cierra su ciclo electoral y se prepara para tener una nueva representación en el Congreso de la República.
En un operativo conjunto entre el Ejército Nacional, la Policía, el CTI y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturadas cinco personas señaladas de participar en actividades de extorsión en Cali y municipios del norte del Valle del Cauca.De acuerdo con la información entregada por el Gaula Militar Valle, cuatro de los detenidos fueron ubicados en los barrios El Cedro y Nápoles, en Cali, donde presuntamente venían intimidando a comerciantes para exigirles pagos entre 10 y 40 millones de pesos, dependiendo de su actividad económica.En un segundo operativo, fue capturado otro hombre en el norte del departamento, quien sería integrante de un grupo de delincuencia común organizada conocido como “Águila 38”. Este sujeto estaría vinculado con casos de extorsión y secuestro a ganaderos en municipios como Roldanillo y Versalles, así como en sus zonas rurales.Según el coronel Mauricio Medina, comandante del Gaula Militar Valle, estas capturas hacen parte de una ofensiva sostenida contra las estructuras criminales dedicadas a la extorsión. “Gracias a una operación coordinada e interinstitucional logramos la captura de estos sujetos, quienes presuntamente integraban grupos de delincuencia común organizada y venían afectando a comerciantes y ganaderos en la región”, señaló.Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.
Este jueves fueron presentadas diferentes estrategias que se están aplicando en Cali, con el propósito de convertir las vías de la ciudad en lugares seguros para todos los actores viales. Entre estas iniciativas está ‘Pasos seguros’, la cual consiste en realizar intervenciones pedagógicas y de control en diferentes puntos de la ciudad.Estas intervenciones están enfocadas en fortalecer la movilidad sostenible y la protección de la vida en las vías, es así como en los últimos tres años se ha logrado una reducción del 60% de muertes en accidentes de tránsito en la ciudad, en los primeros 77 días del año.“Seguimos salvando vidas en las vías de Cali, en el 2023, entre el 1 de enero y el 18 de marzo, hubo 80 muertes en accidentes de tránsito. Este año, en ese mismo tiempo, ha habido 52, es decir hemos tenido una reducción de 28 muertes, esto es un avance muy importante”, indicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.Uno de los actuales indicadores que sigue preocupando a las autoridades es que la mayoría de las víctimas mortales en accidente de tránsito son los peatones, especialmente adultos mayores; los motociclistas están en el segundo lugar de víctimas. Es por esta razón que, durante esta jornada, se entregaron varios cascos reglamentarios, a aquellos conductores que no los portaban.
La Alcaldía de Cali entregó tres drones a la Fuerza Aeroespacial Colombiana como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad en la ciudad mediante el uso de tecnología. Estos equipos buscan mejorar la capacidad de vigilancia y la respuesta oportuna de las autoridades frente a situaciones de riesgo.El secretario de Seguridad y Justicia, Javier Garcés, aseguró que estas herramientas permitirán optimizar las labores de las agencias encargadas de proteger a los ciudadanos. "Estos drones serán herramientas clave para mejorar la reacción de la Fuerza Pública y prevenir el delito”, sostuvo.Por su parte, el general Óscar Mauricio Gómez, director de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, indicó que los dispositivos no solo serán utilizados dentro de la unidad militar, sino también en sectores aledaños y en puntos estratégicos de ingreso a la ciudad, como la carrera octava, el corregimiento de Caucaseco y el área cercana al aeropuerto. “Van a servir no solo para la vigilancia de la unidad militar, sino que también ayudarán a las comunas aledañas y para cuidar los ingresos de la ciudad de Cali”, señaló.De acuerdo con las autoridades, los drones cuentan con cámaras de alta precisión que permiten identificar objetivos a una distancia de hasta 800 metros. "Los drones permiten hacer tareas de vigilancia macro y micro, gracias a sus tres cámaras integradas, que tiene una capacidad de visualización de objetivos de hasta 800 metros”, explicó el teniente Sebastián Córdoba, comandante de la Cuadrilla de Defensa Aérea y Antiaérea.Estos equipos alcanzan velocidades de hasta 90 kilómetros por hora y tienen una autonomía de vuelo cercana a una hora, lo que los convierte en una herramienta clave para operaciones de vigilancia. La inversión para la adquisición de estos tres dispositivos fue de aproximadamente 100 millones de pesos, y se suma a otros elementos entregados recientemente para fortalecer la seguridad en Cali.
Este sábado, 21 de marzo de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra un complejo nuclear iraní, según informó la Organización de Energía Atómica de la República Islámica.Se conoció un nuevo caso: Zulma Guzmán habría envenenado y causado la muerte de dos menores de edad con talio.Alias “El Viejo” fue condenado a 22 años de prisión por coordinar el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.Según agencias internacionales, el presidente Gustavo Petro sería un objetivo prioritario de la DEA por presuntos vínculos con narcotraficantes.Escuche el programa completo aquí:
La situación con 64 estudiantes que no han podido recibir clases por inconformidades de las autoridades indígenas en el municipio de Mutatá, no parece tener una solución pronta y por el contrario en las últimas horas se conoció que un hombre que intentó mediar fue castigado severamente por los mismo indígenas de esta zona del Urabá antioqueño.Lo que se ha conocido es que el hombre, padre de familia de uno de los menores afectados, abrió uno de los salones de la sede educativa Chontadural, intentando restablecer las clases. Sin embargo, esta acción le valió para ser castigado bajo la modalidad de 'cepo', una práctica en donde le amarran los pies a dos maderos gruesos.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó este tipo de prácticas y le pidió a las autoridades correspondientes que intervengan de manera urgente para poder que los niños vuelvan a clase, así como investigar el castigo contra el padre de familia."Ningún ciudadano colombiano, sea indígena, afro, mestizo o cualquiera, está por encima de la ley. Este padre, familia y líder de la comunidad, y que se ganó incluso el aplauso de 64 niños porque felizmente retornaban a clase, fue sometido a un castigo que ellos denominan el cepo", aseguró.Hay que mencionar que las irregularidades son en dos sedes del Centro Educativo Indígena Jaikerazabi en donde, al parecer, las autoridades indígenas no estuvieron de acuerdo con el nombramientos de algunos docentes, inconformidad que provocó la cancelación de las clases para 64 menores de edad que llevan varios días a la deriva. Incluso este fue uno de los puntos que estuvo sobre la mesa en los diálogos, tras la minga indígena que protestó en Medellín durante más de dos días. A la espera de que la solución se normalice para los menores de edad, indicar que son 55 afectados están en la sede Chontadural que ven las clases en los pasillos, mientras que en la sede El Silencio hay 9 niños viendo clases en la casa de una familia del sector.
La justicia española pide penas de hasta 32 años de cárcel a seis acusados por engañar a mujeres en Colombia entre 2014 y 2019 que, una vez en España, eran obligadas a prostituirse en lugares en los que también se ofrecían drogas.Los seis procesados se sentarán esta semana en el banquillo de los acusados en la isla de Mallorca (Mediterráneo), donde se enfrentarán a penas solicitadas por el ministerio público que oscilan, según el grado de participación, entre los 3 y los 32 años y cuatro meses de cárcel.La Fiscalía pide para la principal acusada una pena de 32 años y cuatro meses de prisión por presuntamente captar y prostituir a mujeres a las que hacía creer que habían contraído una deuda.Según el escrito de acusación, se dedicaba, mediante contactos con personas de su confianza asentadas en Colombia, a traer a España a chicas jóvenes desde el país sudamericano a las que ofrecía facilidades a las víctimas para el viaje y falsas promesas de mejoras en sus vidas.Una vez en España, aprovechándose de que no tenían contactos ni papeles, las forzaba a prostituirse para pagar el coste de su viaje.La Fiscalía detalla que las condiciones en que se encontraban las víctimas eran abusivas, "cercanas a la esclavitud", puesto que debían estar disponibles 24 horas todos los días a la semana, dar lo que ganaban hasta haber saldado su deuda y permanecer en el piso que les asignaban durante al menos dos meses.Otro de los acusados se encargaba de que hubiera drogas a disposición de los individuos que pagaban por estar con las víctimas.
La fuerte temporada invernal sigue golpeando al departamento de Santander, donde al menos 12 municipios se encuentran en alerta roja ante el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y afectaciones en la infraestructura vial.Las intensas lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, han provocado derrumbes en varios corredores viales, dificultando la movilidad y generando preocupación entre las comunidades, especialmente en zonas rurales donde el acceso ya comienza a verse restringido.De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo, la saturación de los suelos ha incrementado significativamente la probabilidad de emergencias, lo que mantiene en máxima alerta a las autoridades departamentales. Además, otros municipios permanecen en alerta amarilla, mientras se hace seguimiento constante a las condiciones climáticas.El director de la entidad, Eduard Sánchez, advirtió que la situación es crítica y podría agravarse si continúan las precipitaciones en las próximas horas. Por ello, hizo un llamado urgente a la ciudadanía a extremar las medidas de precaución, especialmente durante este puente festivo, cuando aumenta la movilidad en las carreteras del departamento.“Es fundamental que las personas atiendan las recomendaciones de los organismos de socorro, eviten transitar por zonas de riesgo y reporten cualquier situación que pueda representar peligro”, señaló el funcionario.Las autoridades también reiteraron la importancia de conducir con precaución, teniendo en cuenta el riesgo de derrumbes en diferentes vías, así como posibles cierres preventivos en los puntos más críticos.Entre tanto, organismos de socorro y equipos técnicos mantienen el monitoreo permanente en las zonas más vulnerables, mientras se avanza en la atención de emergencias y la evaluación de daños en los municipios afectados.No se descarta que el número de zonas en alerta aumente si persisten las lluvias, por lo que se mantienen activos los protocolos de respuesta para atender de manera oportuna cualquier eventualidad en el departamento.
Un preocupante panorama de seguridad se registra al inicio del puente festivo en Bucaramanga y su área metropolitana, donde las autoridades confirmaron tres homicidios bajo la modalidad de sicariato y una riña que dejó una persona herida.Uno de los hechos más recientes ocurrió en el barrio La Esperanza, donde, según el subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor Daniel García Acevedo, dos jóvenes de 18 años fueron atacados con arma de fuego en la carrera 24 con calle 8.“En el sector del barrio La Esperanza se presentó un hecho de violencia donde dos hombres resultaron lesionados con arma de fuego. Estas personas fueron trasladadas a centros asistenciales, donde por la gravedad de sus heridas fallecieron”, indicó el oficial.Las autoridades confirmaron que la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.En otro punto de la ciudad, un nuevo hecho de sicariato se registró en la discoteca Toriles, ubicada en el barrio García Rovira, sobre la calle 32 con carrera 14, hacia las 10:40 de la noche. La víctima fue identificada como Daniel Felipe Acevedo Martínez, quien se desempeñaba como guarda de seguridad del establecimiento.De acuerdo con el reporte oficial, hombres que se movilizaban en motocicleta le dispararon. El hombre fue trasladado al Hospital Universitario de Santander, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. Según información de las autoridades, la víctima registraba tres anotaciones en el SPOA por estupefacientes y una por hurto.El tercer hecho violento se presentó en el municipio de Piedecuesta, donde una riña en medio del consumo de bebidas embriagantes dejó a un hombre herido con arma blanca. La discusión, que involucró a varias personas, escaló hasta que uno de los participantes atacó a otro con un cuchillo. La víctima permanece bajo atención médica.Las autoridades reiteraron el llamado a la tolerancia y a evitar el consumo excesivo de alcohol, especialmente durante este puente festivo, al tiempo que anunciaron el fortalecimiento de los operativos de control en la región para prevenir nuevos hechos de violencia.
La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, UNODC, reveló que durante el 2023 las hectáreas sembradas con coca en Colombia aumentaron un 10%, llegando a 253.000. Pero además, la producción de cocaína aumentó en un 53%.“A diferencia del incremento entre 2021 y 2022 que estuvo fuertemente concentrado en el departamento de Putumayo, en este periodo el crecimiento fue más generalizado. 16 de los 19 departamentos con coca mostraron tendencia al incremento; Cauca y Nariño fueron los más afectados. Se mantienen los 15 enclaves productivos, que concentran el 39% del área con coca en tan solo 14% del territorio con presencia de cultivos de coca en 2023”, señala el informe de UNODC.Por otro lado el documento señala que Nariño tiene más hectáreas sembradas con coca que 15 departamentos juntos.“Nariño, el departamento con más cultivos, tiene más coca que otros 15 departamentos juntos, incluyendo Antioquia y Valle del Cauca.Por supuesto, el problema en Nariño es diferente del problema en los otros 15 departamentos, y de esto se trata la discusión.Esta concentración se relaciona con que la coca pierde su valor estratégico en el marco del conflicto armado y se hace funcional a nivel comercial, principalmente en la producción y el tráfico, por eso se ubica en enclaves productivos y en zonas fronterizas que facilitan el tráfico a través del Pacífico y del Caribe”, aseguró Candice Welsch, representante regional de UNODC para la región Andina y el Cono Sur.
Después de 33 años de guerra, el grupo ilegal Comuneros del Sur, exintegrantes de la guerrilla del ELN, aseguró que son 100 los combatientes, lo que representa el 30 % de su tropa, que estarán concentrados en un espacio de ubicación y localización en zona rural del municipio de Cumbal, en el sur de Nariño, antes de finalizar el mes de noviembre.El anuncio fue hecho por Roger Garzón, jefe de la delegación de ese grupo ilegal, en los diálogos regionales de paz con el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro. Según Garzón, “estos cien combatientes, en su mayoría integrantes de resguardos indígenas del sur de Nariño, volverán a sus territorios, aunque aún no se ha establecido con certeza dónde podría estar localizada la zona de concentración o ubicación de estas personas”.Junto a los combatientes que se acogerán al proceso de reincorporación a la vida civil, la delegación de los Comuneros del Sur informó que entregarán a la comunidad internacional armas, explosivos y minas antipersonal para que sean destruidos, todo esto en el marco de los diálogos regionales de paz, como muestra de la voluntad de los Comuneros del Sur, que quieren dejar la guerra para volver a la vida civil, pero como grupo político-social, explicó Garzón.“Esta primera concentración de los combatientes expresa la voluntad de los Comuneros del Sur de agilizar y priorizar el proceso, pero también de evaluar cómo funcionarán estos nuevos procesos de reintegración. Este proceso de reintegración será gradual, en busca de la consolidación social y política del frente”, aseguró Garzón.Los primeros cien combatientes tendrán un trabajo especial para poder realizar acciones de reintegración comunitaria, social y política en las zonas donde, por más de 33 años, ha tenido presencia el grupo Comuneros del Sur.“También hemos hablado de la inutilización de instrumentos de guerra, lo que se afinará en la mesa técnica. La destrucción de estos instrumentos podría realizarse en otros territorios donde los Comuneros han tenido presencia y permanencia, antes de que finalice el año”, añadió el jefe de la delegación de ese grupo ilegal."Es un compromiso político asumido en los acuerdos, afinado en perspectiva de avanzar hacia otro acuerdo que será presentado a la opinión pública. Esto es producto de la cuarta sesión realizada en el municipio de Cumbal, en el sur de Nariño, frontera con Ecuador. Se hace realidad en el sentido de que trabajemos junto al gobierno nacional y los Comuneros del Sur, y logremos, a finales de año, el cese de hostilidades y los espacios de ubicación y localización. Este es un compromiso del acuerdo, y los Comuneros cumplirán, incluyendo el proceso de inutilización de los instrumentos de guerra, con el objetivo de avanzar hacia la finalización del conflicto armado en Nariño", manifestó el jefe rebelde.Sobre la no presencia, hasta ahora, del máximo comandante de ese grupo ilegal, alias 'HH', solicitado en extradición por las autoridades norteamericanas, Garzón fue enfático: “Nosotros estamos hablando en la mesa sobre unas condiciones necesarias para fortalecer el proceso. Esas condiciones se verán reflejadas cuando nuestros once compañeros reciban el levantamiento de las órdenes de captura y la suspensión de la solicitud de extradición de dos de ellos. Es una negociación que hemos planteado al gobierno nacional como una garantía para fortalecer y robustecer el proceso de manera integral en todas las acciones que venimos realizando"."Lo que estamos buscando es coherencia. Nuestras acciones no deben impedir que este proceso avance, porque sería irresponsable frenarlo cuando ya hay una decisión tomada. La coherencia debe venir de parte del gobierno nacional con sus gestiones, y nosotros creemos en el gobierno nacional y en la política de paz total. Sabemos que, en su momento, los tiempos llegarán. Nosotros no hablamos solamente del comandante Gabriel, sino de los once compañeros que conformarán la delegación de negociación con el Gobierno nacional”, recalcó Garzón.Además, insistió en la importancia de que 'HH' esté presente en la mesa, pues es fundamental, ya que representa la autoridad del Frente Comuneros del Sur. No solo por su papel de liderazgo y militancia dentro del frente, sino porque su participación en la mesa de negociación permitiría agilizar, robustecer y fortalecer el proceso de paz territorial con el gobierno nacional.Finalmente, Garzón señaló que ya han manifestado públicamente su objetivo político, el cual está expresado en su decisión y voluntad de transformarse en un movimiento social y político, y dirigir sus esfuerzos hacia los procesos de reintegración.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha brindado nuevas declaraciones respecto al caso de feminicido de la pequeña Sofía Delgado a manos de Brayan Campo, confeso asesino de la menor en Candelaria, Valle del Cauca.Astrid Cáceres, directora del ICBF, informó que desde ayer se ha iniciado un acompañamiento psicosocial a la madre de Sofía, en un esfuerzo por brindarle apoyo emocional tras la tragedia.Cáceres también reveló que la próxima semana se llevará a cabo una reunión con la Fiscalía para abordar el tema de justicia que la madre de la víctima exige por la muerte de Sofía Delgado. "Estamos comprometidos en apoyar este proceso y velar por que se haga justicia", afirmó la directora del ICBF.En cuanto a la hija de Brayan Campo, quien es menor de edad y también se llama Sofía, Cáceres confirmó que actualmente está bajo protección del ICBF. "Este es un paso crucial para garantizar su bienestar mientras avanza el proceso judicial", sostuvo la directora. Cabe recordar que la pareja de Campo quedó en libertad al no poder demostrarse que participó en el atroz asesinato de la niña. Cáceres también destacó que en el país existen aproximadamente 70.000 procesos de restablecimiento de derechos para niños, niñas y adolescentes, con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, lo que demuestra la magnitud del trabajo que realiza el ICBF para proteger a los menores en situaciones de vulnerabilidad. Aquí las declaraciones de l directora del ICBF:
La vicepresidenta Francia Márquez ya se encuentra en Cali, liderando varios eventos previos a la cop16, como la Cumbre Global África y su diáspora en el convenio de diversidad biológica, al finalizar este encuentro con diferentes representantes de poblaciones afrodescendientes, la vicepresidenta señaló que el plan de seguridad para la Cumbre de Biodiversidad es completamente confiable, por lo que descarta cualquier riesgo de ataques al evento.Sin embargo, ante la oleada de violencia vivida en el sur del país, especialmente con el atentado explosivo en ocurrido en el municipio de Jamundí hace dos días, Márquez le envió un contundente mensaje a los grupos armados para que permitan que Colombia pueda realizar la COP16 en completa normalidad."Yo le mando un mensaje a los grupos armados y es decirles dejen que este evento se pueda hacer, no le nieguen a Colombia la posibilidad de plantearle al mundo soluciones frente al desafío que tenemos de pérdida de biodiversidad", indicó la vicepresidenta.Francia Márquez explicó que, a pesar de la oportunidades de diálogo que ha ofrecido el Gobierno nacional con estos grupos, al parecer pesa más los intereses de las economías ilícitas: "Desafortunadamente, algunos no han entendido este momento histórico o no han querido escuchar, porque los negocios de la economía ilegal a veces se imponen sobre la vida”, finalizó la vicepresidenta.
Sofía Delgado, de apenas 12 años, desapareció el pasado 29 de septiembre; sin embargo, fueron necesarios 19 días para que las autoridades finalmente encontraran su cuerpo, con graves signos de violencia. El asesino, identificado como Brayan Campo, abusó sexualmente de ella, la asesinó y luego de eso metió el cuerpo en bolsas para luego intentar esconderlo entre una cañaduzal.Tan pronto las autoridades tuvieron conocimiento de la desaparición de la niña, empezaron las labores de inteligencia para intentar dar con su paradero. Ese trabajo fue el que permitió ubicar a Brayan Campo, quien días antes también intentó secuestrar a una niña, cuya familia hizo la respectiva denuncia, a esa menor, el hombre la metió en el local e intentó cerrar la reja; sin embargo, la niña logró escapar.Fue por ese caso, y por otro que tiene abierto por abuso sexual en 2018, que la Policía llegó hasta el local de Campo y luego de varias pruebas de laboratorio y científicas, se logró determinar que dentro de este había fluidos corporales de Sofía. Haciendo el respectivo cotejo del ADN encontrado con el de la mamá de la niña no había duda, ya que arrojó como resultado 99,9 % de compatibilidad genética.Fue por eso que eso la Fiscalía emitió una orden de captura por desaparición forzada inicialmente en contra de dos personas, una mujer de 26 años, quien es la compañera sentimental del hombre de 32 años, identificado como Brayan Campo, quien luego de la captura confesó que asesinó a la niña y reveló el sitio exacto donde dejó su cuerpo.A Sofía Delgado finalmente la encontraron en la mañana del jueves 17 de octubre, 19 días después de su desaparición, en zona rural del municipio de Candelaria, Valle del Cauca. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se confirmó su identidad.“A través de cámaras de circuito cerrado, a través de testimonios de personas que empezaron a señalar primero un vehículo automóvil tipo blanco y a esta persona que estaba señalada de que tenía antecedentes y hacia allá se centró la investigación que nos permitió hoy realizar estas órdenes de captura y encontrar estos restos restos óseos de la menor”, indicó el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía de Cali.
Todo está listo en Cali para recibir este sábado 21 de marzo al reconocido artista de música urbana J Balvin, quien se presentará en el Estadio Pascual Guerrero. El evento promete no solo un espectáculo de alto nivel, sino también un importante impacto en la economía local.De acuerdo con la secretaria de proyectos especiales, Mabel Lara, diversos sectores se verán beneficiados, especialmente el turismo. Se estima que la ocupación hotelera podría alcanzar hasta un 60 % con más de 16 mil visitantes ."Este concierto tiene un impacto social y turístico, va a generar una derrama económica de aproximadamente a los 20 mil millones de pesos, generación de empleo alrededor de 2 mil, beneficia a sectores del trasporte, a comercio a los restaurantes" dijo la funcionaria. La funcionaria destacó que este tipo de espectáculos fortalecen la imagen de Cali como destino atractivo para grandes eventos, lo que contribuye a posicionarla como una de las ciudades más importantes del país en materia de entretenimiento y cultura."El evento posiciona a Cali como sede de grandes espectáculos, fortaleceremos nuestra reputación nacional y fortalecemos a la ciudad, hablamos de una Cali de puertas al mundo" expresó Lara. En cuanto a la logística, las autoridades han dispuesto medidas especiales para garantizar la movilidad de los asistentes. El sistema de transporte masivo anunció un plan operativo que incluye la habilitación de tres rutas del MIO, diseñadas específicamente para el retorno de los espectadores una vez finalice el concierto. Los buses estarán ubicados sobre la Calle Quinta y cubrirán recorridos hacia el norte, sur y oriente de la ciudad.
La intensa temporada de lluvias sigue generando emergencias en el Valle del Cauca. En zona rural del municipio de Pradera, los fuertes aguaceros han provocado múltiples afectaciones que mantienen en alerta a las autoridades y a las comunidades.Las precipitaciones han causado daños significativos en viviendas y pérdidas en cultivos, impactando directamente a varias familias campesinas.“El fuerte aguacero hizo muchos daños, dañó cultivos, no tenemos energía porque dañó el poste, dañó los techos de las viviendas. Estamos pidiendo colaboración del gobierno departamental para que nos colabore”, manifestó Carlos Rojas, habitante del sector, quien fue es uno de los afectados por esta situación.Entre las zonas más golpeadas se encuentran los corregimientos de Bolo Blanco, El Retiro y La Carbonera, así como los sectores de La Tupía, La Granja y Vallecitos, donde las comunidades enfrentan dificultades para su movilidad y acceso.Desde la Alcaldía de Pradera informaron que ya se han desplegado equipos para atender a las familias damnificadas y avanzar en las labores necesarias para mitigar la emergencia.Por su parte, la secretaria de Gobierno, Nini Jhoana Viafara, aseguró que “se trabaja de manera articulada para brindar apoyo a la población afectada.”Cabe recordar que actualmente son nueve los municipios del Valle del Cauca que se encuentran en alerta roja debido a la temporada de lluvias. Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo del departamento se reiteró el llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de prevención y evitar situaciones que pongan en peligro la vida.
El equipo de salud del Hospital Departamental San Rafael de Zarzal realizó este miércoles una protesta que derivó en el cierre de la carretera que comunica a Zarzal con Cali, a la altura del corregimiento de La Paila.La movilización busca presionar el pago de recursos adeudados por parte de la EPS Emssanar, señalada por los trabajadores como responsable de la difícil situación financiera que atraviesa el centro asistencial.Según denunciaron, llevan varios meses sin recibir sus honorarios, mientras que la falta de suministros básicos y medicamentos ha complicado la atención a los pacientes. A esto se suma la salida de personal médico, lo que ha debilitado aún más la prestación del servicio.“Nos deben varios meses de salario, los proveedores han suspendido la entrega de insumos y la crisis económica es bastante grave. Somos cerca de 300 trabajadores afectados, y ya se han presentado múltiples renuncias; muchos profesionales no quieren continuar en estas condiciones”, manifestó uno de los empleados.En consecuencia, los usuarios afiliados a Emssanar han sido los más perjudicados, pues desde hace semanas no están recibiendo atención en este hospital.La problemática se extiende a otros centros de salud del Valle del Cauca, donde también se reportan retrasos en pagos por parte de esta EPS. Mientras tanto, crece la incertidumbre frente al anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la posible liquidación de entidades promotoras de salud con dificultades financieras, una medida que genera preocupación entre pacientes y trabajadores del sector.
Javier Tascón es el hombre de 73 años que, desde hace cinco días, permanece en una UCI de la clínica Valle del Lili, en el sur de Cali, después de haber sido víctima de disidentes de las Farc, quienes le dispararon por no detenerse en un retén ilegal, en inmediaciones del corregimiento de Timba, zona rural de Jamundí, Valle.Junto a su familia son reconocidos agricultores de este corregimiento desde hace varias décadas. Él, sus padres y cuatro hermanos se han destacado por brindar oportunidades laborares en el pueblo, teniendo tiendas y cultivos. Durante este tiempo, señalan que nunca habían vivido una situación como la que hoy están atravesando, pues aseguran que todas las personas de Timba, los han conocido."En la vía antes de la Balsa lo estaba esperando un tipo en una moto, lo hizo parar y le dijo ¿vos quién sos?, él le respondió: Yo soy Javier Tascón, yo soy de aquí de Timba, de la familia Tascón y el otro le dijo, yo no te conozco H*, te bajás. Mi hermano no se quiso bajar. Cuando el tipo sacó la ametralladora, salió volado en el carro. La balacera fue terrible y lo cogió. De milagro como le digo, no lo mataron", dijo Julia Tascón, hermana de la víctima, narrando cómo sucedió el ataque.Javier había llegado a Jamundí desde hace ocho años de los Estados Unidos, país donde estuvo radicado durante un largo tiempo junto a su familia, por lo que cuenta con ciudadanía americana. Su propósito al volver a Colombia era cuidar y vivir de su finca."Son 85 años hace que el pueblo nos conoce, siempre de negocitos, de tiendas. Mi hermano fue para Estados Unidos, regresó ya pensionado para poder vivir acá en el país en su finquita, que él con los ahorros había comprado y había sembrado los frutales y así fue, esa es su vida", añadió doña Julia.Hoy, la familia Tascón no solo está atravesando el ataque de Javier, sino que están agotando todos sus esfuerzos para impedir su traslado de Valle del Lili a la Clínica Nuestra, proceso que, en su condición actual, puede comprometer aún más su estado de salud. Incluso, un juez falló a su favor una tutela, para garantizar que don Javier siga siendo atendido donde está."Él es consciente de que tiene que hacer unas terapias, pero estamos tratando de que la clínica no lo saque de allí, porque quieren sacarlo de esta clínica para mandarlo a otra, él tiene un tiro en el cuerpo. Si lo mueven, él puede quedar inválido", explicó su hermana.Los familiares manifiestan su descontento por la falta de respuesta por parte de las autoridades de Jamundí, asegurando que, hasta el momento, no se han comunicado con ellos, ni para conocer el estado de salud de Javier, ni para iniciar un proceso de acompañamiento o reparación.