Una niña de siete años perdió la vida luego de ser impactada por una bala perdida durante un ataque sicarial ocurrido en el municipio de Versalles, en el departamento del Valle del Cauca. En el mismo hecho también fue asesinado un hombre.El crimen se presentó en el sector de Las Olivas, donde hombres armados interceptaron a su objetivo y abrieron fuego en repetidas ocasiones. En medio de la ráfaga, uno de los disparos alcanzó a la menor, quien se encontraba en las inmediaciones del lugar.La persona atacada fue identificada como Mario Gómez García. Según las autoridades, murió en el sitio como consecuencia de la gravedad de las heridas.La niña fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro médico; sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció horas después.El hecho generó consternación en la población. Jorge Hernán Gómez Ángel, exalcalde de Versalles y primo de la víctima adulta, manifestó a través de redes sociales su dolor por lo ocurrido y aseguró que la tragedia enluta a toda la comunidad.Las autoridades en las últimas horas ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos para identificar y capturar a los agresores.
En zona rural de Tuluá, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se encontraba desaparecido desde diciembre de 2025. La familia de la víctima había denunciado su desaparición ante las autoridades, quienes desde un inicio manejaron la hipótesis de un posible secuestro atribuido a grupos armados al margen de la ley que operan en la región.De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los responsables de este crimen y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el homicidio."Su familia había denunciado su desaparición desde diciembre , el Gaula tomo el caso pero desafortunadamente el cuerpo de la victima fue encontrado sin vida en zona rural con impactos de arma de fuego, estamos investigando quienes están detrás de estos hechos" dijo la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante Policía Valle. Una de las primeras líneas de investigación apunta a la posible participación del frente 57, estructura armada que delinque en esta zona del centro del Valle del Cauca.La víctima era un comerciante con varios años de trayectoria en el sector agrícola. Según las indagaciones preliminares, habría sido objeto de extorsiones, una hipótesis que también es materia de análisis por parte de las autoridades judiciales.
Los habitantes de diferentes municipios del Valle del Cauca como Buenaventura, y del departamento de Córdoba, golpeados por las fuertes lluvias, necesitan de la ayuda de todos. Por eso, la Gobernación del Valle del Cauca y el Banco de Alimentos se unen en un llamado a la solidaridad con la recolección de ayudas.“En estos momentos difíciles que viven los habitantes del Departamento de Córdoba y del municipio de Buenaventura a causa de las fuertes lluvias, quiero llamar a la ciudadanía, a las empresas, a las organizaciones sociales, a las instituciones para que nos unamos en un gesto de apoyo y generosidad con estas personas. Estamos solicitando ayudas que las puedan llevar y entregar en Telepacífico y el Banco de Alimentos”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Las donaciones se pueden realizar hasta el domingo 15 de febrero en la plazoleta de Telepacífico y en el Banco de Alimentos de Cali, ubicado en la Calle 24 #6-103, en el barrio San Nicolás, en el horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.La recolección de alimentos no perecederos será de gran ayuda para las familias afectadas.“A las familias afectadas nuestra solidaridad, quiero decirles: ¡no están solas!, vamos a estar desde el Valle del Cauca, siempre acompañándolos, trabajando duro para superar esta emergencia con solidaridad y compromiso”, concluyó la mandataria.
El Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CGES), que hoy vigila en tiempo real 29 municipios del Valle del Cauca, recibirá cerca de $120.000 millones para ampliar su cobertura a los 42 municipios del departamento. La gobernadora Dilian Francisca Toro informó que $50.000 millones se invertirán en mejorar las comunicaciones y $69.000 millones en más cámaras inteligentes y arcos de seguridad en puntos clave.“Cambiar toda la red de comunicaciones, tanto de Cali como del departamento del Valle del Cauca, para que de esa manera también seamos mucho más efectivos, la Policía sea mucho más efectiva en todo su trabajo, nos cuesta $50.000 millones. Además, son $69.000 millones que vamos a invertir en todo lo que es videovigilancia, cámaras de seguridad inteligentes, 29 arcos de seguridad que vamos a tener en todas las entradas a los municipios, sobre todo Cali, Buenaventura, el corredor de Buenaventura, Jamundí, y en todos los corredores seguros que tenemos en el Valle del Cauca”, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro.Así como el CGES, las ‘Megatomas’ realizadas por la Fuerza Pública con apoyo del Gobierno departamental en Buenaventura, Palmira y Tuluá, y las que se llevarán a cabo en Buga, Cartago y Roldanillo, también son posibles gracias a la tasa de seguridad, a través de la cual también se harán inversiones por 120.000 millones de pesos para cambiar la red de comunicaciones de la Policía y fortalecer la videovigilancia en el Valle.Los sistemas antidrones con los que ya cuenta el Ejército, Policía y próximamente la Armada, así como un geolocalizador con el que será dotado el Gaula del Ejército para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, también son obtenidos con recursos de la tasa de seguridad pagada por los vallecaucanos y que el Gobierno departamental administra para fortalecer las capacidades de la fuerza pública y garantizar la tranquilidad de la población.
La Arquidiócesis de Bogotá difundió un mensaje con motivo del aniversario número 60 de la muerte de Camilo Torres Restrepo, el cura que decidió militar en el ELN y que murió en 1966 en su primer combate.“La Iglesia ora por el eterno descanso del padre Camilo y ruega al Señor por el fin definitivo de toda forma de violencia en Colombia. Al mismo tiempo, nos exhorta a trabajar sin desfallecer por la justicia social” dijo el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, en el comunicado titulado “El amor nos hace pasar de la muerte a la vida”. Esto con la necesidad de consolidar una paz estable y duradera.La Iglesia afirma en ese texto que la guerra y la violencia representan un fracaso humano y una herida persistente para la nación, también subraya el dolor de las familias afectadas por el conflicto y llama a trabajar por la justicia social dentro del marco del Estado Social de Derecho, además, invita a acoger el clamor de los sectores más vulnerables y a promover una sociedad más incluyente.El comunicado concluye reiterando que la reconciliación y la unidad nacional solo serán posibles si se supera la violencia por vías no armadas y si se fortalecen el diálogo y el respeto por la vida.Este pronunciamiento de la Iglesia se produce en un contexto marcado por nuevos avances en torno a la identificación de los restos óseos que podrían corresponder a Camilo Torres, sin embargo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) aclaró que aún no hay resultados definitivos y el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que el proceso ha enfrentado limitaciones debido al estado y las condiciones de las muestras analizadas.Camilo Torres Restrepo murió el 15 de febrero de 1966, meses después de haberse incorporado al ELN, en zona rural de San Vicente de Chucurí, Santander. Durante décadas se sostuvo que su cuerpo había quedado en poder de militares, hasta que a finales de enero pasado se informó oficialmente sobre el hallazgo de restos que podrían corresponderle.Aunque se cuenta con una muestra biológica orientadora, esta no ha permitido por sí sola establecer una identificación científica definitiva, por lo que se siguen adelantando estudios bajo estrictos criterios técnicos.Medicina Legal explicó también, que la identificación humana exige el vínculo de evidencia genética, antropológica y contextual, y anunció “un programa metodológico de confirmación para realizar las verificaciones necesarias conforme a los estándares técnicos aplicables”.
La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto que fijó el aumento del salario mínimo en 23% abrió un intenso debate económico y jurídico en el país. Para Juan Pablo Herrera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia, el fallo evidencia la necesidad de justificar técnicamente una decisión que impacta a millones de trabajadores y empresas.Herrera aseguró que, en el corto plazo, los trabajadores pueden estar tranquilos respecto a sus ingresos. “Seguramente terminaremos el mes de febrero con las mismas condiciones que tenemos al día de hoy”, afirmó, al explicar que el proceso judicial y los tiempos legales hacen improbable un cambio inmediato en el salario.El cuestionamiento central del alto tribunal se relaciona con la forma en que el Gobierno sustentó el incremento. Según el economista, la ley establece criterios claros, como la inflación, la productividad y el crecimiento económico, que deben guiar el ajuste salarial. Con base en cifras del Dane, la inflación en 2025 fue de 5,1% y la productividad de 0,9%, lo que habría llevado a un aumento cercano al 6%. “Si solamente tomáramos estos dos parámetros, estaríamos hablando de 6%, es decir, que entre 6 y 6,05 debería estar el incremento del salario”, explicó Herrera.En su criterio, un aumento superior podría tener efectos negativos. “Parte de la gran preocupación que los economistas tenemos es que si uno supera esos niveles de productividad e inflación, puede contribuir a más inflación”, advirtió.El Consejo de Estado, agregó, no anuló el decreto de inmediato, pero sí exigió al Gobierno justificar claramente su decisión. “El Consejo de Estado necesita un decreto que sea muy claro en cada criterio utilizado”, señaló. Según Herrera, el problema principal es la falta de una explicación cuantitativa sólida: “Lo que está extrañando hoy el Consejo de Estado es que la parte motiva del decreto pareciera nunca haberse justificado claramente de dónde salió el 23%”.El impacto de la medida también preocupa al sector empresarial. Herrera citó estimaciones del gremio Fenalco, que advierten posibles pérdidas de empleo debido al aumento en los costos laborales. “El tejido empresarial en Colombia es 99% pequeñas y medianas empresas, y eso impacta sensiblemente la estructura de costos”, explicó.Para el economista, el principal riesgo es la incertidumbre. “El país necesita certidumbre jurídica, el país necesita confianza inversionista”, afirmó. A su juicio, la inversión y el crecimiento dependen de reglas claras y decisiones sustentadas en criterios técnicos.Mientras el Gobierno evalúa acciones legales y el Consejo de Estado prepara su decisión definitiva, el futuro del salario mínimo permanece en debate. La resolución final no solo definirá el ingreso de millones de trabajadores, sino también la estabilidad económica y la confianza en las instituciones del país.
En medio de la emergencia por inundaciones que mantiene a más de 40.000 familias fuera de sus hogares, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelen, hizo un llamado a la solidaridad y a la coordinación institucional, luego de que la Comisión de Presupuesto del Concejo negara una solicitud para agilizar el traslado de recursos destinados a la atención de los damnificados.La iniciativa buscaba permitir, por seis meses y exclusivamente en el marco de la calamidad pública, mayor flexibilidad para mover recursos hacia áreas críticas como alimentación, alojamientos temporales, saneamiento, recuperación educativa y atención social en barrios urbanos y zonas rurales afectadas. La propuesta no contemplaba nuevos recursos ni endeudamiento, sino reducir trámites que pueden tardar hasta diez días.“Si hoy tuvieras el agua a la cintura, ¿esperarías 10 días para que alguien firme un trámite? Eso fue lo que intentamos evitar. Es mi deber decir con claridad que en una emergencia la rapidez en la ejecución puede marcar una diferencia real para las familias afectadas. El tiempo hoy significa alimentación. Significa techo. Significa seguridad. Significa dignidad. Significa también educación”, expresó el mandatario local al explicar el alcance del proyecto.Kerguelen afirmó que, aunque respeta el análisis jurídico presentado por la Comisión de Presupuesto, la administración continuará actuando dentro del marco legal para atender la emergencia y buscará mecanismos que permitan acelerar la respuesta institucional.“Hay instituciones educativas afectadas. Hay calendarios escolares que requieren atención urgente para no seguir retrasando el proceso académico. Cada día adicional en un alojamiento temporal aumenta las dificultades para muchas familias. Como alcalde, mi prioridad es la gente. Y vamos a seguir actuando dentro del marco legal para atender esta emergencia con la mayor eficiencia posible”, indicó Kerguelen.La Alcaldía recordó que esta emergencia ha afectado a más de 40 mil familias que permanecen fuera de sus hogares y que se necesita atención social especialmente en barrios de la Comuna 1 y 2, así como en la zona rural, incluyendo Las Palomas, Guasimal, Loma Verde y Pueblo Bujo.Kerguelen aseguró que seguirá gestionando los traslados presupuestales necesarios y que insistirá en herramientas que faciliten una atención más rápida y eficaz a las comunidades afectadas por las inundaciones.
Sala de Prensa aborda una agenda marcada por economía, política, crisis humanitaria y testimonios que ponen rostro a las cifras. En esta emisión del domingo 15 de enero de 2026, el análisis y la reportería se cruzan para explicar decisiones clave de Colombia y realidades que impactan a miles de personas.Juan Pablo Herrera, decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, analizó el fallo del Consejo de Estado sobre el salario mínimo y los alcances reales de la emergencia económica.Pedro Viveros, analista político, revisó el panorama electoral, las consultas interpartidistas y las estrategias que empiezan a definir la carrera presidencial.Juan Camilo Restrepo, experto ambiental de la Universidad del Norte, explicó las causas técnicas de las inundaciones en Córdoba y los retos en gestión del riesgo frente al cambio climático.Daniela Pachón, periodista de Noticias Caracol, relató desde terreno la situación de más de 150.000 damnificados y las historias de pérdida y solidaridad.Alejandra Montoya contó su detención de 128 días por el ICE en Estados Unidos y el impacto de ese proceso en su vida familiar.María Antonia, su hija, compartió el miedo y las secuelas psicológicas tras su reclusión, cuyo testimonio se volvió símbolo nacional.Luis Carlos Rueda cerró con cine y entretenimiento, repasando estrenos de cartelera y novedades en plataformas digitales.Escuche el programa completo aquí:
Una triste noticia estremece al departamento de Antioquia luego de que se conociera la muerte de un joven de 16 años que cayó al vacío al no percatarse de los daños que había en el puente que pasa sobre el río Mulatos, esto en el municipio de Necoclí.Al parecer, el adolescente se transportaba en la madrugada de este 15 de febrero en una motocicleta y cayó al abismo, muriendo debido al fuerte impacto. Los vecinos de la zona y acudieron a tratar de socorrer al joven, pero ya el menor de edad había fallecido.Hay que recordar que la infraestructura que pasa sobre el río Mulatos sufrió graves daños debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre el Urabá antioqueño. El puente colapsó y dejó incomunicados a los municipios de Necoclí y San Juan de Urabá.La estructura de cerca de 60 metros de longitud también comunica a los departamentos de Antioquia y Córdoba, por lo que las autoridades investigan cómo ocurrió este hecho, puesto que habitantes de la zona sabían con anticipación las labores que se adelantan en el puente, esto para tratar de habilitar nuevamente el paso vehicular.Recordemos que ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo habilitó un puente, por lo que ya la Gobernación de Antioquia adelanta labores en los cimientos y en aproximadamente un mes se instalará la infraestructura para poder restablecer la movilidad sobre esta vía de carácter nacional.En la zona donde ocurrió el incidente, la población civil le ha pedido a las autoridades locales y departamentales para que señales sean más visibles y no se vuelva a ocurrir este tipo de siniestros que hoy enlutan al Urabá antioqueño.
Las intensas lluvias de las últimas horas han ocasionado emergencias en diferentes municipios del Valle del Cauca, especialmente en Caicedonia, Tuluá, San Pedro y El Cerrito.Juan Felipe Jiménez, director seccional de la Defensa Civil en el Valle, aseguró que equipos de los organismos de socorro adelantan las atenciones debido a inundaciones en vías y viviendas.“En este momento, la Defensa Civil Colombiana, a través de la Seccional Valle, se encuentra atendiendo varios incidentes a lo largo del departamento, producto de las intensas lluvias que se presentaron en el día de hoy. Desde la Defensa Civil ratificamos nuestro compromiso con el Valle del Cauca y el alistamiento total de nuestros voluntarios, de todas las juntas del departamento, para que estén pendientes de la comunidad y podamos brindar tranquilidad”, dijo Jiménez.Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado para que la comunidad esté atenta a los cambios que puedan presentar algunos afluentes, ya que las lluvias continuarán durante todo el fin de semana.“Nuestros voluntarios se encuentran atendiendo estos requerimientos de la mano del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo. El Ideam nos ha notificado sobre la posibilidad de alertas importantes por lluvias fuertes a lo largo del día, e incluso para mañana se esperan condiciones similares”, señaló el funcionario.Las precipitaciones registradas en los últimos días en el departamento han ocasionado la muerte de 11 personas, que en la mayoría de los casos habrían sido arrastradas por crecientes de ríos, además de afectar a miles de familias, especialmente en zonas rurales como Buenaventura.
La cadena logística en Buenaventura vuelve a encender las alarmas. Aunque actualmente la congestión en las vías está controlada, el verdadero problema persiste dentro de los puertos.Las largas demoras en el cargue y descargue de contenedores que tienen a los transportadores esperando entre 120 y 150 horas en promedio, es decir, cinco o seis días detenidos sin operar.Según denuncian desde la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), esta no es una situación reciente. Se trata de una problemática estructural que lleva cerca de tres décadas afectando a los puertos que manejan carga contenerizada de importación y exportación. El panorama es crítico. El camionero llega a Buenaventura, supera bloqueos y dificultades en carretera, pero al ingresar al puerto debe estacionarse a la espera de que le asignen turno para cargar o descargar. Durante ese tiempo no recibe compensación alguna.Las pérdidas son millonarias. Un solo caminero puede dejar de recibir hasta 23 millones de pesos en una semana de inactividad. Si se calcula sobre un promedio de 200 transportadores en la misma situación, las pérdidas semanales superarían los 5.000 millones de pesos.El problema radica en cómo funciona la cadena. Las empresas de transporte de carga contratan a propietarios de tractocamiones para movilizar contenedores por un valor fijo de flete. Sin embargo, cuando las citas no se cumplen o los contenedores no están disponibles, los tiempos de espera se extienden incluso hasta 10 o 15 días. En ese lapso, el conductor debe asumir parqueaderos, alimentación, hospedaje y otros gastos no contemplados inicialmente.“El camionero que está esperando, por la demora de las citas o cuando no reciben en el puerto los contenedores, tiene que pagar una serie de gastos y de costos que no tenían contemplado dentro del primer valor por el cual lo contrataron. ¿Quién responde por esos costos?”, señaló Anderson Quiceno, presidente de la ATC.El llamado al Gobierno es a intervenir de manera estructural, identificar responsables y garantizar el pago justo por los tiempos de espera. Los transportadores piden que el Ministerio de Transporte analice el problema en toda la cadena logística y no solo en navieras o sociedades portuarias. Advierten que mientras no haya una solución integral, los camineros seguirán asumiendo el costo de un sistema que los está afectando sustancialmente.
La crisis del sector salud continúa generando efectos en el Valle del Cauca. Esta vez, los afectados son los habitantes de Guadalajara de Buga y sus corregimientos, tras el anuncio del Hospital San José de Buga, que informó la suspensión temporal de servicios para los usuarios afiliados a EPS Emssanar.A través de un comunicado, la institución señaló que la medida entrará en vigencia a partir del 15 de febrero y obedece a la inviabilidad financiera en la prestación de servicios a dicha EPS. La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, explicó que únicamente se mantendrá la atención en el área de urgencias, y solo en casos que comprometan la vida de los pacientes.“Sigue funcionando urgencias y lo derivado de la urgencia, pero lo ambulatorio que pueda postergarse sin poner en riesgo la vida de las personas se suspenderá. A los usuarios les pedimos paciencia, responsabilidad y un uso racional de los servicios”, señaló la funcionaria.Lesmes también indicó que se adelantan conversaciones con la EPS para buscar una solución que permita restablecer la normalidad en la prestación de los servicios médicos.“En el Valle del Cauca hemos tenido dos episodios graves con Emssanar. Uno de ellos involucra al Hospital San José de Buga. Estamos trabajando con la interventoría regional para encontrar una salida, donde todas las partes tendremos que ceder para evitar la interrupción en la atención a los pacientes”, dijo la secretaria.De acuerdo con las autoridades, la suspensión de servicios impactará a más de 32.000 usuarios de Emssanar en Buga y a más de 42.000 ciudadanos en su zona de influencia.
Momentos de tensión se registraron en la tarde de este viernes en el sector de La Berta, en el corregimiento de La Liberia, zona rural del municipio de Jamundí, Valle del Cauca, debido a una asonada contra tropas del Ejército Nacional. De acuerdo con información preliminar, la comunidad, presuntamente instrumentalizada por las disidencias de las Farc, estaría exigiendo la salida de los militares del territorio.Blu Radio pudo confirmar con la comunidad que, en medio de la situación, varios establecimientos comerciales fueron obligados a cerrar, mientras que a los habitantes que permanecían en el sector se les habría ordenado mantenerse resguardados en sus viviendas. La medida también se habría extendido a sectores aledaños como Villa Colombia, La Cabaña, El Descanso, San Antonio y El Pital.Durante esta semana, la fuerza pública ha venido adelantando operativos en la zona rural de Jamundí con el objetivo de recuperar el control territorial, tras la reciente aparición de vallas y banderas alusivas a las disidencias de las Farc, estructuras vinculadas a alias Iván Mordisco, en corregimientos como San Antonio y San Vicente, hechos que han generado temor entre habitantes y turistas.Cabe recordar que en julio del año pasado también se registró una asonada en los corregimientos de Ampudia y Villa Colombia, en la zona alta de Jamundí. En esa ocasión, cerca de 150 soldados permanecieron retenidos por más de cinco horas.Según reportaron las autoridades en su momento, en los hechos habrían participado aproximadamente 700 personas, presuntamente instrumentalizadas por integrantes del frente Jaime Martínez, quienes exigían a los militares poner fin a la denominada operación “Escudo del Norte”.
La Alcaldía de Cali puso en funcionamiento una nueva Unidad Móvil de Atención en Salud que empezará a operar en la zona de ladera, con el objetivo de acercar servicios médicos a comunidades de difícil acceso.El vehículo fue adquirido a través de un proyecto financiado por la Secretaría de Salud Distrital, con una inversión cercana a los 490 millones de pesos, de los cuales la Red de Salud de Ladera aportó 70 millones.La unidad está dotada con consultorio médico y odontológico, equipos para consulta general, atención dental y jornadas de vacunación. Además, cuenta con planta eléctrica, carpa y una rampa para garantizar el acceso de personas con movilidad reducida.“Con la llegada de esta nueva unidad móvil se fortalece nuestra flota para realizar procedimientos de atención en cualquier punto del territorio, asegurando condiciones adecuadas, calidad en la prestación de los servicios y mayor cobertura para las comunidades que más lo necesitan”, aseguró Diana Carolina Velásquez, gerente de la ESE Ladera.Entre tanto, la IPS Cascajal, en la zona rural de Cali, amplió su capacidad de atención tras un proceso de remodelación. Las obras incluyeron mejoras en infraestructura, dotación médica y adecuaciones complementarias.Con estas intervenciones, las autoridades de salud buscan fortalecer los servicios para cerca de 2.600 habitantes de sectores rurales.
Un doble homicidio se registró en una reconocida heladería ubicada en el barrio Santa Mónica Residencial, al norte de Cali, alrededor del mediodía de este viernes. Hombres armados llegaron al establecimiento, buscando a dos personas que se encontraban el lugar.Las víctimas intentan ocultarse detrás del mostrador de la heladería mientras los delincuentes comienzan la balacera, desatando el pánico en el lugar. Las autoridades ya se encuentran en la zona realizando las respectivas labores judiciales y el levantamiento de los cuerpos, mientras que la Policía adelanta un plan candado en el norte de la ciudad para localizar y capturar a los responsables.Por el momento, las víctimas de este ataque no han sido identificadas, ni se ha determinado si habrían sido amenazadas anteriormente.
El diputado del Valle por el partido Liberal, Jorge Luis Reyes, denunció que fue víctima de un intento de secuestro, en zona rural del municipio de Ginebra, en el centro del departamento, cuando él y su esquema de seguridad, fueron retenidos por delincuentes que, minutos después, robaron la camioneta en la que el político se movilizaba.Los hechos ocurrieron en la vereda Patio Bonito, del corregimiento La Floresta, cuando aproximadamente seis hombres armados interceptaron el vehículo, obligaron al diputado y a su esquema de seguridad a bajar de él, dejándolos en medio de la nada."Desarmaron al personal de seguridad y procedieron a amarrarlos de manos y pies, trasladándolos a una zona boscosa cercana al lugar de los hechos. De acuerdo con la información preliminar, los delincuentes, al escuchar por la radio del frente de seguridad que tiene la comunidad del sector el requerimiento de reporte del diputado, entraron en pánico y abandonaron a las víctimas, huyendo posteriormente en el vehículo", indica el comunicado oficial emitido por la oficina de prensa del diputado Reyes.Los delincuentes, al notar la presencia de los policías, lograron huir, sin embargo, dejaron dentro del vehículo varios elementos que servirán para su plena identificación. La hipótesis de las autoridades no considera que el hecho esté relacionado con un intento de secuestro, sino que la intención de los sujetos era robar la camioneta."Se dio aviso a la Policía, hubo una pronta reacción, donde kilómetros más adelante se recupera este vehículo. Es delincuencia común que delinque en la zona rural del municipio, ya incautamos pasamontañas y otras prendas que transportaban en una mochila", dijo el coronel Pedro Pablo Astaiza, subcomandante de la Policía Valle.Tanto el diputado, como su escolta y el conductor, se encuentran en buenas condiciones de salud, y ya hicieron las respectivas denuncias de lo ocurrido.
Una fuerte explosión se reportó esta mañana de viernes en la vía Panamericana, entre Cali y Popayán, cerca del antiguo peaje de Tunía, en la jurisdicción del municipio de Piendamó, Cauca.Según la versión preliminar conocida por las autoridades, un carro bomba explotó antes de llegar a un puesto de control instalado por la Policía en ese tramo de la carretera. El conductor del vehículo murió en el lugar. El Ejército encontró partes del su cuerpo en el sitio. Este hecho fue atribuido a las disidencias de alias ‘Iván Mordico’.Le puede interesar: MinDefensa ofrece 200 millones de recompensa por responsables de carro bomba en Suárez, CaucaLa explosión tumbó redes eléctricas, dejando sin servicio de energía las veredas La María, Los Naranjos y el Hogar.Esta acción terrorista sucedió muy cerca del sitio donde, en la madrugada de este 14 de noviembre, fue atacado a disparos el vehículo de la UNP en el que se movilizaba el senador y exgobernador del Cauca, Temistocles Ortega.Ortega relató que hombres armados, que se movilizaban en dos automóviles, fueron quienes persiguieron su caravana hasta la entrada de Popayán. Ortega afirmó que, gracias a la pericia del conductor y a la reacción del escolta de la Policía, él y su equipo salieron ilesos.Mientras tanto, en la vía Buga–Buenaventura, el tránsito también fue suspendido varias horas, luego de que aparecieran tres cilindros marcados con emblemas de las disidencias. Tras la inspección, la Fuerza Pública descartó la presencia de explosivos. Sin embargo, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, atribuyó estos hechos a una reacción de esos grupos armados ilegales frente a recientes bombardeos de la Fuerza Pública contra campamentos asociados a alias ‘Iván Mordisco’.Por estos hechos, hay temor entre los transportadores que habitualmente transitan por la vía Panamericana.
El senador Temístocles Ortega, exgobernador del Cauca y actual congresista por Cambio Radical, relató en detalle el atentado del que fue víctima en la madrugada de este viernes mientras se desplazaba por la vía Panamericana entre Cali y Popayán. En entrevista con Mañanas Blu, el dirigente político confirmó que su camioneta fue impactada al menos por seis disparos y que el ataque se produjo en medio de una persecución de casi quince minutos.“Lo que resulta particularmente extraño es que me hayan seguido durante casi quince minutos”, afirmó. A pesar de la gravedad de la situación, Ortega salió ileso junto a su conductor, un funcionario de la Policía y un acompañante.El viaje del senador había iniciado un día antes con una serie de contratiempos. Su vuelo Bogotá–Popayán no pudo aterrizar por mal tiempo, obligando al retorno a la capital. Tras horas de congestión aérea en El Dorado, Ortega logró abordar un vuelo hacia Cali, donde aterrizó cerca de la medianoche.“Salimos de Bogotá casi cerca de las 11 de la noche. Llegamos a Cali 11 y cuarto más o menos y seguimos hacia Popayán”, explicó el congresista.La alteración del itinerario ha generado dudas sobre la capacidad de los atacantes para anticipar sus movimientos. Sin embargo, Ortega evitó especular: “Yo no puedo afirmar una cosa o la otra. Lo cierto es que el hecho fue extremadamente grave”.La emboscada en la vía PanamericanaEl atentado ocurrió en un tramo de la vía donde actualmente se adelantan obras de doble calzada. Según Ortega, la zona estaba casi desierta a la hora del ataque.“Había un carro adelante que no dejaba pasar. Paró y ahí se bajaron cuatro personas armadas. Miramos hacia atrás y había otro carro también con personas armadas”, relató.El esquema de seguridad reaccionó de inmediato. El conductor decidió embestir el vehículo que bloqueaba el paso para abrirse camino. De acuerdo con el senador, esa maniobra fue decisiva para salvarles la vida:Los atacantes habrían sido entre siete y ocho hombres armados con fusiles y armas cortas. No mediaron palabras ni intentos de hurto: “Nada, nada. Empezaron a disparar”, señaló.Un Cauca cercado por la violenciaEl ataque se produjo apenas horas después de que hombres de la disidencia de Iván Mordisco instalaran un retén ilegal en Rosas, disparando contra vehículos y bloqueando la vía Panamericana. Para Ortega, estos hechos confirman la crítica situación del departamento.“El Cauca está tomado por los grupos alzados en armas, completamente tomado”, insistió.El senador, que conoce en profundidad la realidad del territorio tras haber sido gobernador, expresó su preocupación porque el atentado contra él se suma a una escalada reciente de ataques contra figuras públicas:“Hoy fue contra usted, hace dos días contra el gobernador de Arauca…”, le recordó el entrevistador.La respuesta de Ortega fue contundente: “Vivimos con esto. La violencia en el Cauca es constante y es un hecho notorio”.Riesgos en la vía Panamericana y falta de alertasA pesar de que las autoridades y los transportadores habían reportado la presencia de grupos armados en la zona entre Timbío y Rosas, Ortega asegura que no recibió advertencias formales sobre amenazas específicas.“Los videos son públicos. Hubo drones en Timbío. Pero estos hechos ocurren todos los días. No es novedad”, indicó.La madrugada del atentado, la carretera estaba prácticamente sola y no había presencia de autoridades en el tramo intervenido por obras.Investigación en cursoAunque las imágenes del vehículo afectado circularon rápidamente en redes sociales, Ortega aseguró que aún no se ha determinado el tipo de armamento utilizado.“No soy experto en balística. El carro lo van a inspeccionar hoy y dirán qué tipo de arma fue”, declaró.La Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección iniciaron las investigaciones correspondientes, mientras el episodio vuelve a poner en evidencia la crítica situación de seguridad en el suroccidente del país.