Este miércoles se reportó un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en el municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. El hostigamiento estaría dirigido contra la estación de Policía del corregimiento El Cremal. Se trata del segundo hecho similar registrado en menos de 24 horas en esta zona rural.Imágenes difundidas en redes sociales muestran a uniformados disparando sus fusiles para intentar derribar los drones que sobrevolaban la población. El ataque generó momentos de tensión entre los habitantes del sector. La comunidad permanece resguardada en sus viviendas mientras cesan las detonaciones.En medio del hostigamiento se encontraba una delegación de la Gobernación del Valle del Cauca. El grupo es liderado por el secretario de Seguridad y Convivencia del departamento, Guillermo Londoño. Los funcionarios habían llegado desde temprano para evaluar los daños del atentado ocurrido el día anterior.Ante la emergencia, los integrantes de la comitiva departamental también permanecen protegidos en el corregimiento. Las autoridades locales activaron protocolos de seguridad en la zona. Hasta el momento no se ha confirmado un balance oficial de heridos o afectaciones adicionales.Dagua está ubicado a aproximadamente 45 o 50 minutos de Cali, sobre la vía que conecta con el puerto de Buenaventura. Es un municipio reconocido por su atractivo turístico y por sus viviendas campestres. En particular, El Cremal cuenta con casas de recreo de familias caleñas.Sin embargo, residentes han advertido que la presencia de grupos armados ilegales ha limitado el retorno de propietarios y visitantes durante los fines de semana. La expansión de estructuras criminales en zonas rurales del Valle del Cauca genera creciente preocupación. Las autoridades continúan monitoreando la situación en Dagua.
La agroindustria de la caña en el suroccidente del país está atravesando una compleja situación, consecuencia de múltiples factores tanto sociales, económicos y de seguridad, que hoy ponen en riesgo miles de empleos en la región.Específicamente, son 280.000 puestos de trabajo, que benefician a 1.2 millones de personas, los que hoy están en la cuerda floja por estos factores que están generando inestabilidad, como la disminución del precio del azúcar, la depreciación del dólar, la importación de etanol, el deterioro de la seguridad en zonas productivas y las afectaciones por lluvias."La producción de sacarosa se ha visto afectada por el incremento de precipitaciones, que unido a la caída del precio internacional, afecta los ingresos de los productores y las inversiones voluntarias a los programas sociales. Las afectaciones a las comunidades y los trabajadores están enmarcadas en la inseguridad, robo, extorsiones, asesinatos y lesiones", dijo Martha Betancourt, directora ejecutiva de Procaña.Ante este panorama, desde el sector azucarero han indicado que únicamente han recibido respaldo de las autoridades locales y departamentales en el Valle y el Cauca. Sin embargo, les preocupa la falta de respuesta del gobierno nacional.Este llamado se suma a la protesta que hoy están adelantando en la ciudad de Bogotá los sindicatos de esta agroindustria, donde piden al ministerio de minas y energía soluciones a la sobre producción de etanol en está región.
La Secretaría de Movilidad de Cali encendió las alertas ante el aumento de hechos de vandalismo contra la red de semáforos en distintos puntos de la ciudad, una situación que no solo representa millonarias pérdidas económicas por reparaciones, sino que también pone en grave riesgo la vida de peatones, ciclistas y conductores.De acuerdo con el subsecretario de Movilidad, Carlos Santacoloma, estos hechos se registran prácticamente día de por medio. Aunque la dependencia mantiene controles y operativos para prevenir este tipo de daños a la infraestructura vial, la problemática persiste, generando preocupación entre las autoridades."Esta situación la estamos viviendo día de por medio y son en diferentes zonas de la ciudad, no podemos concentrados en un solo punto, esto es en toda la ciudad, están atentando contra estos elementos de seguridad vía como son los semáforos ", expresó Santacoloma. Según cifras de a secretaría de movilidad solo en en el año 2025 se registraron más de 200 semáforos vandalizados. La problemática continúa en el presente año. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para proteger estos dispositivos, pero también a denunciar cualquier acto de vandalismos.
La crisis del sistema de salud continúa afectando gravemente a los pacientes en la capital del Valle del Cauca. En esta ocasión, se conoció el caso de Francisco Ospina, un niño de tan solo siete años que enfrenta una compleja condición médica y cuya vida hoy depende de la oportuna atención que no ha recibido.Francisco padece hemofilia y una enfermedad renal crónica. Desde su nacimiento cuenta únicamente con un riñón, lo que lo obliga a depender de una máquina de diálisis para poder continuar con su vida diaria.Durante un tiempo, el menor era atendido en la Clínica Imbanaco, uno de los centros médicos especializados de la ciudad. Sin embargo, en octubre del año pasado el convenio fue cancelado, dejándolo por fuera del sistema de atención y afectando de manera directa y grave su estado de salud. El drama también golpea a su madre, quien desde hace cuatro meses está a la espera de un trasplante de riñón para su hijo."Todo paciente debe tener una condición integral de salud pero a mi hijo no se le esta dando esa condición, esta semana tuvo complicaciones y yo lo lleve a la Clínica Imbanaco porque yo no se donde más llevarlo y no hay otro sitio que le brinde atención, pero ya el convenio acabo, me dijeron que lo llevará al Hospital Universitario del Valle pero yo tengo que proteger a mi hijo" expresó Leidy Delgado, madrede Francisco. Según denunció la madre de Francisco , ha interpuesto acciones de tutela y ha agotado todas las vías posibles para lograr que su hijo reciba sus citas y medicamentos a tiempo, sin obtener hasta el momento respuesta por parte de la EPS."Francisco esta a la espera que su EPS le busque el prestador para ingresar al programa para el trasplante de riñón, nosotros hemos hablado con la EPS Coosalud para que se pueda vincular al niño y pueda estar en la lista de espera para su trasplante de riñón." dijo el defensor del paciente , César revelo. La preocupación de su madre es aún mayor, ya que ella también padece hemofilia y diabetes, y asegura que desde hace dos meses no recibe los medicamentos necesarios para tratar sus propias enfermedades. Ante este panorama, la mujer hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que intervengan de manera inmediata y garanticen el derecho a la salud tanto de su hijo como el de ella.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 17 de febrero de 2026:Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, habló de la reunión de concertación del salario mínimo con empresarios y sindicatosAlexis Mina, consejero de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, se refirió de las manifestaciones de ayer en Bogotá.César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, dio detalles de las manifestaciones de ayer en la capital.El doctor Sergio Robledo, presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, se refirió sobre el caso de Kevin Acosta, un niño de siete años que murió esperando un medicamento.Katherine Pico, madre de Kevin Acosta, habló del caso de su hijo de siete años, quien murió esperando un medicamento.Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso de Perú, dio detalles de las acusaciones contra el presidente interino José Jerí de contrataciones irregulares de personal en el Ejecutivo.Trino Hoyos, concejal de Montería, habló de las protestas de damnificados contra el Concejo.José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, se refirió de por qué se disparó el precio de la carne y la propuesta del presidente Gustavo Petro de suspender la exportación.Escuche el programa completo aquí:
Un caso en Sibaté, Cundinamarca, ha generado temor en la comunidad por la gravedad de los hechos, convirtiéndose en uno de los crímenes más perturbadores registrados recientemente en el municipio. Lo que inició como una discusión por el pago incompleto de un trabajo de carpintería terminó en homicidio y posterior desmembramiento.La víctima, un carpintero de 31 años y propietario del negocio, sostuvo una confrontación con su empleado, Carlos Eduardo Caro Herrera, por la elaboración de unas puertas. Según indicó la Fiscalía General de la Nación, la pelea escaló en cuestión de minutos: pasó de reclamos verbales a agresiones físicas con un objeto contundente y luego con un arma cortopunzante.Fiscalía revela detalles de asesinato en SibatéDe acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 17 de diciembre de 2025 en el mismo taller donde ambos trabajaban. Allí, Caro habría atacado a su jefe en varias ocasiones hasta ocasionarle la muerte.“En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Carlos Eduardo Caro Herrera por su presunta responsabilidad en el crimen de un hombre de 31 años, perpetrado en Sibaté (Cundinamarca)”, informó la entidad.El caso no terminó únicamente en homicidio. La investigación señala que, utilizando herramientas del establecimiento, el agresor desmembró el cuerpo de su jefe y lo guardó en bolsas plásticas con el propósito de ocultar evidencias.Partes del cuerpo de la víctima fueron encontradas en SoachaTras la captura del señalado responsable, la Fiscalía detalló que partes del cuerpo fueron trasladadas hasta la vereda Alto del Cabra, en el vecino municipio de Soacha, donde fueron abandonadas envueltas en una cobija y dentro de una bolsa. El hallazgo se produjo el 18 de diciembre, un día después del asesinato.Durante el proceso judicial se conoció que, tras cometer el crimen, Caro habría hurtado:Una motocicleta de la víctima.Dinero en efectivo.Un celular y otras pertenencias.Los elementos fueron vendidos posteriormente en Bogotá, según la investigación.Las pruebas recolectadas en el taller y los hallazgos forenses resultaron determinantes para esclarecer el caso. El procesado aceptó los cargos, entre ellos homicidio agravado y hurto calificado.El hecho ha generado conmoción en la comunidad, no solo por la violencia con la que se perpetró, sino también por la frialdad evidenciada en el intento de ocultarlo. Mientras avanza el proceso judicial, la Fiscalía confirmó que las pruebas permitieron sustentar la medida de aseguramiento en centro carcelario contra el responsable.
El drama del pequeño Kevin, quien murió a la espera de un medicamento por parte de Nueva EPS, puede replicarse también para una familia atlanticense que está esperando desde noviembre la entrega de un medicamento vital para una mujer que padece de una enfermedad huérfana.A pesar de que el tratamiento está aprobado por la EPS, a Carmen Bolívar Barraza hace tres meses no le entrega Nueva EPS ni los pañales ni alimento en polvo ni mucho menos la Tetrabenazina que le permite seguir moviendo una parte de su cuerpo, para hacerle frente a la batalla que desde hace siete años está librando contra la enfermedad huérfana de Huntington.Ella, quien es oriunda de Polonuevo, lleva 15 días observando cómo sus músculos no se mueven ante sus órdenes, aunque su mente permanece en lucidez. Su deterioro empezó a marcarse desde noviembre pasado, cuando el fin del contrato entre el gestor farmacéutico Éticos y la Nueva EPS, suspendió la entrega de medicamentos a todos los usuarios en el Atlántico. Lea también: Muerte del niño Kevin Acosta conmociona a Colombia: Mañanas Blu, martes, 17 de febrero de 2026Fue entonces cuando su hija, Katherine Álvarez, tuvo que bajar la dosis de cuatro pastillas diarias a solo una, para rendir lo poco que le quedaba, mientras le daban una solución. Sin embargo, la pérdida de control de sus músculos, por falta de estas pastillas, la tienen al borde de la inanición debido a que ni la lengua le permite el ingreso de alimentos por la boca. "La lengua es como una barrera. Se le vuelve una pelota. Ya ni puré puedo darle. Es algo desesperante", cuenta Katherine. La joven reconoce que los problemas para acceder a un tratamiento continuo empezaron con la intervención del gobierno a la entidad, por lo que pide urgentes soluciones, pues cada día que pasa sin el medicamento, se da un retroceso en la salud de su madre.
El padre de Cristian Martín, el joven de 16 años y estudiante becado de la Universidad El Bosque, hallado sin vida en una zona rural de Gachancipá (Cundinamarca), aseguró que el hecho no estaría relacionado con actividades extorsivas ni delictivas. Sin embargo, manifestó que aún es incierto cómo y por qué el menor llegó hasta ese lugar, ya que, según la familia, nunca habían visitado esa zona montañosa.De acuerdo con su testimonio, les resulta ilógico que Cristian conociera el sector donde fue encontrado. Por ello, pidieron a las autoridades esclarecer lo sucedido, pues el padre considera que podrían existir manos criminales involucradas.“Él no la conocía. Nosotros nunca vinimos por acá, nunca conocíamos nada. ¿Por qué va a conocer la montaña que hay ahí? La verdad, es algo muy ilógico que él viniera por acá. Entonces, esperemos la investigación del Cuerpo de Medicina Legal, a ver qué resultados arroja. En esto hay manos criminales”, expresó Augusto Martín, padre de Cristian.Entre tanto, en el informe más reciente, la Policía confirmó que el cuerpo fue hallado en la vereda San Bartolomé, en el municipio de Gachancipá, un sector que, según el alcalde Alfonso López, es de muy difícil acceso.El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal y la familia ya inició los trámites correspondientes para el proceso investigativo. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, solicitó a la Fiscalía, a la Policía de la Sabana y a la Sijín adelantar una investigación prioritaria que permita esclarecer los hechos.“Acabo de pedirle a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cundinamarca, a la Policía Sabana y a la Sijin, que se adelante una labor de investigación prioritaria y dedicada a establecer con claridad las causas y los móviles de la muerte de Cristian Esneider Martín”, escribió el gobernador
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación ante el Juzgado 2 Penal con función de conocimiento, en contra de tres personas que estarían involucradas en la entrega de contratos a dedo entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí por cerca de 18 mil millones de pesos, en la alcaldía de Daniel Quintero.Aunque aún no se conoce la fecha de inicio de juicio, se ha podido confirmar que el pasado 5 de febrero, la Fiscalía radicó el escrito de acusación, en donde en cada una de sus páginas, explicó las razones para iniciar formalmente una nueva etapa en el escándalo por presunto direccionamiento de recursos entre el Cuerpo de Bomberos de Itagüí y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.En esta ocasión ya el Juzgado 2 Penal con función de conocimiento, tiene en su poder el documento, que involucra a la exfuncionaria del Área Metropolitana, María Yaneth Rúa y el excomandante del cuerpo de bomberos del sur del Valle de Aburrá, Misael Cadavid y el tesorero Elkin de Jesús González, dos de estos en la cárcel.Aunque en este proceso de malversación en seis contratos directos por unos 18 mil millones de pesos, entre ambas entidades entre 2020 y 2023, en los que se acusa a los tres imputados de obtener beneficios cercanos a 2.500 millones de pesos.Hay que recordar que en libertad enfrentará el proceso judicial Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana durante la Alcaldía de Daniel Quintero y otras dos exdirectivas de la entidad en este mismo caso de presunta corrupción.Frente a los procesados hay que mencionar que la juez séptima municipal con función de control de garantías de Medellín dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra María Yaneth Rúa, supervisora del Área Metropolitana, y Misael Cadavid, excomandante de Bomberos de Itagüí.“La judicatura considera que es una medida de aseguramiento intramural. ¿Por qué? Porque es la única que tiene esa eficacia de sacar a la señora María Yaneth de la comunidad y evitar que siga, al parecer, interesándose indebidamente en la celebración de contratos. Hay que sacarla del Área Metropolitana de Medellín para prevenir esa continuación delictiva. Desde el domicilio, una medida no privativa de la libertad, se puede destruir la justicia; ellos podrían comunicarse, es innegable que tienen injerencia en las personas”, detalló la jueza.Durante la diligencia, el juzgado determinó que Elkin de Jesús González afrontará el proceso en libertad, al no demostrarse por parte de la Fiscalía que represente un peligro para la sociedad o que pueda interferir en el curso de la investigación. Esto, teniendo en cuenta que hace varios días presentó su renuncia al cuerpo bomberil, al igual que lo hizo Cadavid. A su vez, la jueza argumentó que González solo tiene una imputación por el delito de peculado.Fiscalía reveló que bomberos de Itagüí intentaron maquillar irregularidades en contratos con el AMVA: “Se insiste en que al señor Elkin de Jesús González no hay lugar a imponerle medida de aseguramiento, porque, a juicio de esta judicatura, la Fiscalía no presentó un solo elemento que permita afirmar que va a obstruir la justicia. Y en cuanto al peligro para la comunidad o la continuidad delictiva, él ya renunció al cuerpo de bomberos, por lo que no podemos decir que continuará delinquiendo”, indicó.La decisión fue apelada por los defensores Emmanuel Goldstein, apoderado de Rúa; Santiago Tobón, apoderado de Cadavid; y Majer Abushijab, apoderado de las víctimas (del Área Metropolitana). Finalmente, la jueza manifestó —sin ahondar en qué enfermedades padecen Rúa y Cadavid, por tratarse de una audiencia pública— que dichas condiciones no son incompatibles con una medida de aseguramiento en centro carcelario, pues ambos toman medicamentos y esto fue demostrado mediante la entrega de sus historias clínicas.
La Compañía Energética de Occidente denunció que trece técnicos de la empresa contratista Union de Trabajadores de la Energía, los cuales hacían parte de las brigadas de mantenimiento preventivo fueron secuestrados en zona rural del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.Los hechos se registraron en la vía que conecta al casco urbano de Suárez con la vereda Altamira, donde los operarios fueron interceptados por integrantes del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias al mando de alias ‘Ivan Mordisco’, quienes los obligaron a ir con ellos.A través de un comunicado, la compañía anunció la suspensión inmediata de las operaciones de los técnicos en el área, esto hará que las condiciones de seguridad se restablezcan para realizar estas actividades.En el documento se indicó que, "este hecho representa un riesgo para la seguridad del personal operativo y afecta el desarrollo normal de las actividades necesarias para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía eléctrica en la zona".Las autoridades en el municipio de Suárez, junto a la Defensoría del Pueblo están adelantando las gestiones necesarias con la comunidad en la zona rural para lograr que estas 13 personas regresen a la libertad en el menor tiempo posible.
Nuevamente la fuerza pública en el Valle del Cauca fue atacada por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. Esta vez, en zona rural del municipio de Dagua. La situación se registró durante la tarde de este martes contra la estación de Policía del corregimiento de El Queremal.Integrantes de este grupo armado ilegal lanzaron explosivos desde drones y dispararon ráfagas de fusil contra la instalación policial, hecho que obligó a la comunidad del sector a refugiarse en sus casas. Algunos de ellos, se arriesgaron a salir para registrar lo que estaba sucediendo con sus celulares. Este nuevo hostigamiento genera temor y zozobra entre los habitantes del Queremal, teniendo en cuenta que esta es una zona altamente visitada, por ser un importante destino turístico del departamento. Lo que temen es que las personas dejen de alquilar fincas o pasear en el sector ante esta situación."Uno de los explosivos impactó en una casa de enseguida, el otro directamente en la estación de policía. No tenemos reporte de afectados, ninguna persona lesionada por el momento. Ya la Policía está al frente de la situación, evaluando el tipo de daño que hayan podido ocasionar estos dos artefactos. Ya también está haciendo presencia la Fuerza Aérea", explicó la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo.Hay que señalar que este es el segundo ataque registrado contra la Fuerza Pública en Dagua en las últimas semanas, tras el ataque también con drones a las tropas del Ejército, en el sector del Danubio días atrás.Está situación se suma al ataque frustrado en el municipio de Corinto, en el departamento del Cauca, en la mañna de este martes, donde este mismo grupo armado ilegal dejó abandonado un cilindro, el cual fue detonado de manera controlada por las autoridades.
Habitantes del norte de Cali están denunciando la ocupación ilegal de varios predios en la parte alta del sector de Chipichape y en la vía al cerro de las Tres Cruces. Aseguran que los invasores están levantando cambuches y removiendo tierra que podría ocasionar deslizamientos e inundaciones, especialmente durante esta época de lluvias.La comunidad que reside en las zonas aledañas al cerro, denuncia que varias personas estarían instalando mallas en una zona de aproximadamente diez hectáreas. Las construcciones se están adelantando de manera irregular en predios públicos y privados. "En el tema ambiental han cortado más de 2.000 árboles aquí en las goteras de Cali, generando un riesgo para los barrios de El Bosque, La Campiña y todo el sector de Chipichape, están construyendo sin licencia. Han hecho terrazas, explanaciones, de todo", dijo una habitante de la zona, quien pidió la reserva de su identidad.Respecto a esta denuncia el secretario de seguridad de Cali, Javier Garcés, aseguró que ya las autoridades tienen conocimiento de esta situación y se están adelantando acciones necesarias para evitar más invasiones."Hemos atendido puntualmente dos casos de invasiones en Chipichape, el primero ya está en una disputa legal, nuestro equipo está acompañando a una de las partes porque los términos de accion políciva se vencieron. El segundo caso estamos en tiempos, haciendo verificación para ver cómo podemos solucionar el tema", indicó el secretario. La comunidad exige la instalación de una mesa de seguimiento permanente en el norte de la ciudad, que permita tomar acciones inmediatas frente a estas nuevas construcciones irregulares, evitando así una afectación ambiental y a la comunidad.
La comunidad de la zona alta de Jamundí, Valle del Cauca, continúa siendo intimidada por integrantes de la disidencia 'Jaime Martínez', que además de exigir la realización de asonadas contra el Ejército, están ingresando a las instituciones educativas para reclutar menores de edad.Esta situación se está registrando principalmente en los corregimientos de Timba, Ampudia, San Antonio, La Liberia, La Cabaña, Robles y Villa Colombia, donde miembros de este grupo armado se infiltran como estudiantes, para ganarse la confianza de los jóvenes y así convencerlos de unirse a sus filas, además, utilizan las redes sociales como Facebook y Tik Tok, para cautivar a los menores."Esta situación de reclutamiento es de conocimiento de la administración municipal desde el 2023. Las actuaciones han sido pocas porque la institucionalidad no hace presencia de manera permanente en estos territorios, porque realmente no pueden. Si fuera así, no se estarían presentando los reclutamientos de manera frecuente en estos corregimientos. Ahí la presencia institucional es nula y los jóvenes se encuentran expuestos a los actores armados en el territorio", señaló Lina Tabares, de la Fundación Territorio de Paz.Según esta fundación, en los últimos tres años se pasó de 76 reportes de jóvenes reclutados en Jamundí, a superar los 300 casos, todos han sido debidamente denunciados, documentados y evidenciados ante las autoridades judiciales, para que se avance en las investigaciones correspondientes.Ante esta situación, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, pidió la colaboración de la comunidad especialmente en la denuncia de estos casos, teniendo en cuenta que la información suministrada de manera oficial es la que permite tener un panorama más claro para las indagaciones."Lo que dicen es que se los están llevando de las escuelas, pero lo que pasa es que tienen que denunciar. La mayoría de veces, las familias no denuncian, le dicen a uno lo que está sucediendo, pero sin una denuncia, es imposible para la fuerza pública y la Fiscalía hacer investigaciones. Pedimos que nos informen, puede ser anónimo, no les de miedo porque aquí lo que necesitamos es información", señaló la mandataria vallecaucana.Las autoridades aseguran que la ofensiva militar se mantiene en la zona rural alta de Jamundí para recuperar el control territorial. Mientras que la comunidad exige garantías de seguridad para poder realizar las respectivas denuncias.
En las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad en Cali, convocado por la gobernadora del valle Dilian Francisca Toro, el alcalde Alejandro Eder y la cúpula de la Fuerza Pública. El encuentro tuvo como objetivo definir acciones contundentes tras los recientes hallazgos de partes humanas en la PETAR Paso del Comercio, hechos que han generado temor entre la ciudadanía.Durante la reunión, la gobernadora señaló que estos actos violentos estarían relacionados con disputas entre bandas delincuenciales por el control del microtráfico en distintos sectores de la ciudad y el departamento."Se han presentado algunas acciones que se han desembocado en unos desmembramientos, esto no solo sucede en nuestro departamento también es Bogotá, producto de los enfrentamientos entre bandas, el 76% son por acciones entre bandas criminales los homicidios y es por el microtrafico", dijo la gobernadora. Por su parte, el alcalde Alejandro Eder anunció la ejecución de varias megatomas en diferentes comunas de Cali, con el fin de capturar a personas presuntamente involucradas en homicidios y actos terroristas ya que en las últimas semanas se logró frustrar dos posibles ataques terroristas cuyos responsables, según las investigaciones preliminares, podrían provenir del norte del Cauca.Las autoridades informaron, además, que se reforzará el pie de fuerza en el norte del Valle del Cauca, donde también se han registrado hallazgos de partes humanada producto de estos conflictos entre organizaciones criminales.
Habitantes de por lo menos 35 veredas de los municipios de Policarpa, en el norte, y de Samaniego y Santa Cruz de Guachavés, en el suroccidente de Nariño, se encuentran aislados por vía terrestre luego de que un gigantesco alud de tierra destruyera parte de la banca carreteable que comunica a estas poblaciones en el departamento.Algunos campesinos que transitaban por la vereda Arrayanes lograron salvar sus vidas cuando cientos de toneladas de tierra y lodo cayeron sobre la carretera interdepartamental.El primer hecho se produjo en la vía que desde el resguardo indígena de El Sande comunica por tierra con Guachavés, donde una gran cantidad de material cubrió la banca carreteable, sin que se registraran heridos ni víctimas humanas que lamentar.Gabriel Osejo, secretario de Infraestructura de la Gobernación de Nariño, dijo a Blu Radio que al menos 30 kilómetros de vías regionales han resultado afectados por la intensidad de las lluvias en diferentes municipios del departamento.Osejo aseguró que se adelantan trabajos de remoción de tierra y piedra en Policarpa, Samaniego y Santa Cruz de Guachavés, donde más de cinco mil campesinos permanecen incomunicados debido a la magnitud de los derrumbes.El funcionario indicó que en ninguno de los eventos se han reportado heridos ni víctimas mortales, y llamó la atención de los alcaldes locales para que mantengan activos los planes de contingencia.“Estamos trabajando con las juntas de acción comunal para recuperar, en el menor tiempo posible, el paso vehicular en estos municipios”, aseguró Osejo.Entre tanto, campesinos e indígenas de la zona rural del municipio de Samaniego manifestaron su temor ante la posibilidad de nuevos deslizamientos de tierra debido a la persistencia de las lluvias.
El Ejército confirmó que tropas del Batallón de Infantería Número 7 fueron atacadas cuando se desplazaban en un vehículo por la vía que comunica a la ciudad de Popayán y un sector conocido como El Estrecho.Un explosivo fue activado cuando el convoy militar ingresaba al casco urbano del municipio de El Patía, Cauca. En el ataque fue asesinado el soldado profesional Johan Cuellar Gaitán y otros cinco militares resultaron heridos.A través de un comunicado, el comando de la Tercera Brigada del Ejército confirmó que este ataque terrorista fue ejecutado por integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.Horas antes, estas mismas disidencias de alias 'Iván Mordisco' atacaron el municipio de Suarez, Cauca. Siete drones con explosivos fueron lanzados contra la estación Policía causando daños a viviendas, comercios y un colegio. El mismo grupo atacó con drones a la Fuerza Pública en la vereda La Paz del municipio de Argelia, Cauca. El alcalde Osmán Guaca confirmó que ocho campesinos resultaron heridos, entre ellos varios niños.
Tras conocer la muerte de la detective del Departamento de Policía de Nueva York, Alicia Stone, en medio de un procedimiento estético en Cali, la Personería Distrital pidió rigurosidad en la investigación que permita esclarecer lo ocurrido con la ciudadana norteamericana.Stone llegó hace unas semanas a la capital vallecaucana, para realizarse dos procedimientos, una liposucción y la trasferencia de grasa conocida como levantamiento de glúteo brasileño, y días después de haberse realizado la intervención, fue encontrada inconsciente en su habitación de hotel, a pesar de ser trasladada a una clínica cercana, falleció por un paro cardiaco.Tras lo ocurrido con la ciudadana norteamericana, las autoridades iniciaron una investigación, y como medida preventiva se ordenó el cierre temporal de la clínica en donde se realizó el procedimiento. "Se solicitó una investigación rigurosa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Hacemos un llamado a la ciudadanía a verificar que los centros y profesionales de la salud cuenten con las licencias y certificaciones oficiales, recordando que estos procedimientos deben realizarse solo en entornos médicos seguros", indicó Juan Carlos Rojas, personero auxiliar de Cali.Según datos entregados por la Secretaría de Salud de Cali, en lo corrido del 2025 se han realizado 48 visitas a instituciones y establecimientos de comercio que ofertan servicios de cirugía plástica o medicina estética, donde se han aplicado ocho sanciones. En este año, dos personas han fallecido en medio de procedimientos estéticos en Cali, incluyendo a Alicia Stone.
A dos días de la celebración de Halloween, la comunidad caleña ya se encuentra intranquila, no solo por lo que pasará en la ciudad durante la noche del 31 de octubre, sino todo el puente festivo, pues ya se están haciendo varias convocatorias de caravanas de motos a través de las redes sociales.Cabe recordar que en años anteriores, estas movilizaciones masivas de motos en la ciudad han generado caos en vías principales como la Calle 5ta, la Autopista Suroriental y la Autopista Simón Bolívar, por lo que diferentes sectores están pidiendo la prohibición de estos eventos."No podemos y no vamos a aceptar que haya descontrol, necesitamos rigurosidad y contundencia para quienes planteen y organicen desmanes, caravanas o actos de violencia en Cali, afectando este fin de semana tan importante para las familias y el comercio en la ciudad", señaló el concejal Juan Felipe Murgueitio.No contemplan prohibir caravana de motos en CaliSin embargo las autoridades en Cali aseguran que la prohibición de caravanas no está contemplada, sino que se realizarán operativos y acompañamiento sobre las vías principales de la ciudad, entre agentes de tránsito y la policía."Vamos a tener controles en toda la ciudad, hemos citado a varios de los convocantes de estos eventos para recordarles la responsabilidad que tienen al hacer estas convocatorias, son escenarios que generan más intranquilidad que algo positivo para la ciudad. Y el código de Policía y de tránsito sigue vigente", explicó el secretario de seguridad de Cali, Jairo García.