La terapia de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) continúa consolidándose como una alternativa de soporte vital de alta complejidad en Santander. Así lo evidencian las cifras del programa del HIC Instituto Cardiovascular de la Fundación Cardiovascular de Colombia, que en 2025 superó los estándares internacionales establecidos por la Extracorporeal Life Support Organization (ELSO).Los datos consolidados muestran que la tasa de supervivencia al egreso hospitalario en pacientes adultos que recibieron soporte con ECMO alcanzó el 57,8%, frente al 47% reportado a nivel global. En población pediátrica, el indicador llegó al 78,7%, superando el 57% internacional.La historia de Édgar Serrano refleja estos resultados. El santandereano, de 65 años, sufrió un infarto que derivó en choque cardiogénico, una condición crítica en la que el corazón no logra bombear suficiente sangre para mantener con vida al organismo. Aunque llegó tarde para salvar su corazón, no fue tarde para salvar su vida.A su ingreso al HIC Instituto Cardiovascular presentaba arritmias graves y falla cardíaca severa. Mientras el equipo de hemodinamia intervenía la arteria comprometida, el programa de ECMO se activó de manera inmediata.“La terapia permitió reemplazar de forma temporal la función del corazón y los pulmones, mantener los órganos vitales y ganar tiempo para tomar la mejor decisión en el momento más crítico”, explicó el doctor Leonardo Salazar, director del programa de ECMO y Asistencia Ventricular.Tras estabilizarlo, se activaron los equipos de falla cardíaca avanzada, cirugía cardiovascular y trasplante. El daño era irreversible, por lo que el grupo médico decidió implantarle un dispositivo de asistencia ventricular Corheart 6, considerado el corazón artificial más pequeño del mundo.Meses después de salir de la Unidad de Cuidados Intensivos, Édgar camina, realiza ejercicio y avanza en su rehabilitación. “En cualquier otro escenario, lo más probable es que no estuviera aquí. Hubo un equipo que hizo todo lo necesario en el momento exacto”, afirmó.El informe del Centro de Excelencia en ECMO detalla además que, en pediatría, la supervivencia fue del 73% en soporte cardiovascular (ELSO: 62%) y del 93,3% en soporte respiratorio (ELSO: 70%).En adultos, los resultados también superaron los estándares: 59% en soporte cardiovascular, 63,6% en respiratorio y 45,4% en reanimación cardiopulmonar extracorpórea.Estos indicadores, según la institución, evidencian la capacidad del programa para sostener la vida en escenarios de alta complejidad y conducir a los pacientes hacia terapias definitivas con mejores pronósticos.Los resultados también se atribuyen a la Central de Telemonitoreo, un sistema que vigila en tiempo real a los pacientes en UCI y permite anticipar riesgos clínicos. Inspirada en una torre de control aérea, integra signos vitales e información clínica con personal disponible 24/7.De acuerdo con el reporte, gracias a este modelo la supervivencia al egreso tras un paro cardíaco intrahospitalario pasó del 24% a más del 60% en tres años, mientras que el tiempo de respuesta ante una alarma crítica se redujo de 135 a 17 segundos.El desempeño del programa le ha valido al Centro de Excelencia en ECMO la certificación nivel Oro otorgada por la Extracorporeal Life Support Organization, reconocimiento que respalda su calidad clínica y lo posiciona como referente internacional en soporte vital extracorpóreo, con atención simultánea para pacientes adultos y pediátricos en Latinoamérica.
La Electrificadora de Santander (Essa) descartó cualquier afectación estructural en la represa de Bocas, ubicada en el municipio de Lebrija, luego de que comunidades de la zona alertaran sobre una posible ruptura de la infraestructura.De acuerdo con el reporte oficial de la compañía, las intensas y persistentes lluvias registradas los días 12 y 13 de febrero de 2026 provocaron una creciente súbita del río Lebrija, que ocasionó la afectación y posterior ruptura de una ataguía temporal construida para adelantar obras de reparación en la represa.Essa explicó que la ataguía es una estructura independiente que no hace parte de la obra civil principal de la represa y que no cumple funciones de almacenamiento ni regulación del embalse. Por esta razón, la empresa aseguró que la situación no compromete la estabilidad de la infraestructura ni representa riesgo para las comunidades aguas abajo.Tras una inspección técnica, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander también confirmó que no existe alarma ni peligro inminente en la represa, donde se genera energía para varios municipios del departamento.Como medida preventiva y en atención a los riesgos climáticos derivados de las lluvias y las crecientes del río, Essa radicó ante los entes competentes una declaratoria de contingencia ambiental relacionada con la represa de Bocas. Esta fue sustentada ante el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, donde se expuso la situación actual y se socializaron los planes de contingencia y acciones a ejecutar.La declaratoria se suma a la calamidad pública decretada por el municipio de Lebrija debido a las condiciones climáticas, así como a la alerta roja vigente emitida por el Ideam, en el marco de la actual temporada de lluvias.Las autoridades reiteraron el llamado a la calma y señalaron que mantienen el monitoreo constante del comportamiento del río y de la infraestructura energética.
Un golpe a las estructuras armadas ilegales se registró en el departamento de Santander con la captura de alias “Culebro”, presunto integrante del Frente Domingo Laín Sáenz del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional de Colombia en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).La detención se llevó a cabo en el municipio de Barbosa, luego de labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar y capturar al hombre requerido por la justicia colombiana por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y rebelión.Según las autoridades, alias “Culebro” estaría vinculado al ELN desde hace más de 11 años, participando presuntamente en homicidios, extorsiones e intimidaciones en zonas rurales de Arauquita (Arauca) y sectores fronterizos, lo que habría afectado la seguridad de las comunidades en esa región limítrofe con Venezuela.Dentro de los hechos que se le atribuyen figuran el asesinato de un líder social integrante de la Asociación Campesina de Arauca (ACA) y miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Ana, así como el homicidio de una mujer estilista en el sector Pueblo Nuevo, ambos crímenes cometidos en 2016.Las investigaciones también establecen que el capturado habría hecho parte de un grupo conocido como “Los Comandos de la Muerte”, presuntamente bajo el mando de otro cabecilla del ELN, dedicado a sostener el control territorial mediante acciones criminales. Además, desde 2022 se habría radicado en Santander, específicamente en los municipios de Sábana de Torres y Barbosa, con la aparente finalidad de ocultar su identidad y evadir a las autoridades.Tras su captura, alias “Culebro” fue presentado ante un juez de control de garantías, quien le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Empresarios y ciudadanos de Cimitarra, Vélez, La Paz y Barbosa, en Santander, se unieron a la campaña solidaria “50 mil Razones para Ayudar a Córdoba” y aportaron alimentos para las familias afectadas por las inundaciones en ese departamento.Desde Barbosa hubo respaldo logístico y convocatoria ciudadana; en Cimitarra, empresarios del sector esmeraldero apoyaron la recolección; mientras que en Vélez y La Paz también se sumaron donaciones de víveres. A estos aportes se sumó la entrega de tres toneladas de arroz por parte del molino Improarroz, además de otra tonelada adquirida con recursos propios de la organización promotora.De 14 toneladas de alimentos e implementos recolectados 10 toneladas de ayudas humanitarias fueron trasladadas hasta Montería, Córdoba.La caravana partió el 23 de febrero desde Bogotá en tres camiones y varias camionetas cargadas con alimentos no perecederos, papa, arroz, cebolla y concentrado para perros y gatos. Tras recorrer varios municipios del centro del país, llegó al estadio 18 de junio, centro de acopio dispuesto por la Oficina de Gestión Social para atender a los damnificados.“Logramos entregar 10 toneladas y tenemos cuatro más listas en Bogotá para una segunda fase”, explicó Jorge Lozano, director de la fundación Lozano del Campo, quien destacó que la ayuda es el resultado de la unión de empresarios y campesinos de Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Meta y Santander.Los alimentos son transformados en raciones de comida caliente que se distribuyen en 18 alojamientos temporales donde permanecen miles de personas afectadas. Parte de los productos también se convierten en mercados que son enviados a zonas rurales donde familias continúan aisladas por la emergencia.La donación incluyó además una tonelada de concentrado para animales, entregada a la Asociación Amor Animal, entidad que atiende a más de 770 perros y 330 gatos rescatados.“La campaña continuará con una segunda etapa que contempla un concierto solidario en Bogotá, donde artistas como Adriana Bottina y Jimmy Gutiérrez, entre otros, donarán sus presentaciones para recaudar fondos destinados a la compra de herramientas y equipos que permitan a las comunidades iniciar la recuperación de sus viviendas y fincas”, dijo lozano.La fundación mantiene activo su centro de acopio en Bogotá y continúa gestionando apoyos para ampliar la ayuda a las más de 250 mil personas afectadas por las inundaciones en Córdoba.
El caso que estremeció a Venecia, en el suroeste antioqueño, sumó nuevos capítulos. La Fiscalía General de la Nación dio a conocer detalles adicionales de la investigación por el crimen de la joven de 19 años, Emiliana Castrillón, quien fue encontrada tras varios días de búsqueda.Ante esto, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el presunto responsable , mientras continúa el proceso. La decisión se produjo luego de la imputación de cargos por feminicidio agravado, desaparición forzada y porte ilegal de armas. El procesado no aceptó los cargos.Fiscalía reconstruyó los últimos instantesDe acuerdo con la investigación, el 2 de noviembre de 2025, hacia las 7 de la noche, testigos vieron por última vez a la joven cuando iba como parrillera en una motocicleta que conducía su expareja, Michael Deossa Restrepo, de 20 años.Ambos salieron desde la zona urbana de Venecia con rumbo a Bolombolo. Ocho días después, el 10 de noviembre, el cuerpo fue hallado a orillas del río Cauca, en ese mismo sector.La Fiscalía afirma que la víctima presentaba dos impactos de arma de fuego en la cabeza. Sostiene que el procesado actuó con dolo directo y que sabía que privaba de la libertad a la joven, a quien llevó a un lugar despoblado para luego arrojar el cuerpo al río.Además, el ente acusador indicó que el señalado ocultó inicialmente el cuerpo en una zona baldía antes de arrojarlo al afluente.Feminicidio agravado y desaparición forzada: los cargos imputadosLa Fiscalía señaló que el crimen habría ocurrido luego de que la joven se negara a continuar la relación sentimental. Esa es la hipótesis oficial que habría desencadenado el homicidio.Tras la captura de Deossa, el 21 de febrero en el sector El Cementerio, en Titiribí, las autoridades expusieron que el procesado se encontraba escondido en un municipio cercano.
Asocapitales pidió al Gobierno nacional adoptar medidas fiscales y presupuestales excepcionales que permitan a las ciudades capitales enfrentar con mayor eficacia los efectos del frente frío que impacta distintas regiones del paísA través de un comunicado, aseguran que la magnitud de este fenómeno y sus impactos han superado las capacidades de respuesta de los entes territoriales, tanto en dineros como operativos, lo que hace indispensable la expedición de herramientas extraordinarias que faciliten una reacción oportuna.Piden, por ejemplo, que el Gobierno Nacional habilite nuevas fuentes de recursos y flexibilice los mecanismos de ejecución del gasto, con el fin de asegurar que los apoyos lleguen con rapidez a las ciudades más afectadas.“La emergencia no solo es humanitaria, sino también fiscal y económica. Las crecientes y afectaciones en infraestructura crítica, redes de energía, sistemas de saneamiento, vías y actividades productivas exigen respuestas inmediatas que eviten un deterioro mayor en las finanzas territoriales y en la estabilidad social”, dice el comunicado.En esa línea, dicen los alcaldes, se está afectando la prestación de servicios esenciales y la seguridad de la población, generando presiones adicionales sobre las finanzas de las ciudades y solo la agilidad en la asignación y desembolso de fondos, así como la simplificación de trámites administrativos, ayudarían a mitigar el impacto.Finalmente, Asocapitales manifestó su disposición para trabajar de manera articulada todas las entidades del orden nacional, mediante la instalación de una mesa técnica conjunta para evaluar la viabilidad jurídica y fiscal de las propuestas y avanzar en la expedición de decretos legislativos que fortalezcan la capacidad de recuperación territorial.Según el reciente reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, las lluvias y el paso del frente frío han causado emergencias en 171 municipios afectando a 331.754 personas de 117.512 familias.
Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 25 de febrero:La IA depende de centros de datos cercanos, chips potentes y mucha energía para operar a gran escala.ChatGPT apunta a meter publicidad y eso abre preguntas sobre experiencia, negocio y privacidad.Datos y sensores ya mueven industrias clave: carros eléctricos, lanzamientos móviles y planificación urbana.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) alertó sobre los posibles efectos que tendría el Decreto Legislativo 0177 de 2026 en la estabilidad financiera y operativa del sector eléctrico, en medio del estado de emergencia declarado por el Gobierno.El gremio reconoció la gravedad de la situación climática que enfrenta el país y la necesidad de proteger las cuencas y ecosistemas estratégicos. Sin embargo, manifestó su rechazo a las medidas adoptadas en el nuevo decreto, al considerar que no cumplen plenamente con los criterios constitucionales de finalidad, conexidad, necesidad y proporcionalidad exigidos en los estados de excepción.La norma impone, durante seis meses, una transferencia adicional del 2 % sobre las ventas brutas de energía a empresas generadoras hidroeléctricas y térmicas ubicadas en cuencas de ocho departamentos.Esta sobretasa se suma a las transferencias ambientales ya vigentes, que actualmente corresponden al 6 % para hidroeléctricas y al 4 % para térmicas. Con el nuevo esquema, de manera transitoria, la carga pasaría al 8 % en el caso de las hidroeléctricas y al 6 % en el de las térmicas.Según Acolgen, el principal punto crítico es que el cobro se realiza sobre ingresos brutos y no sobre utilidades, lo que implica que se debe pagar independientemente de la rentabilidad de las compañías. El gremio advierte que esto representaría, a nivel sectorial, “afectaciones al flujo de caja de empresas intensivas en capital y con altos compromisos financieros, y que terminaría por impactar en el costo de vida de todos los colombianos”.El gremio sostuvo que las medidas podrían tener efectos en la seguridad energética del país. Entre las preocupaciones planteadas se encuentran posibles afectaciones a los compromisos de energía firme respaldados por embalses, lo que, según el sector, podría poner en riesgo la confiabilidad del sistema, especialmente ante un eventual fenómeno de El Niño hacia finales de año.También advirtió que la medida podría impactar la cobertura de la energía contratada con generación propia, generar presiones al alza en los precios de contratos futuros e introducir incertidumbre regulatoria en un sector que requiere reglas estables para atraer inversión.Además, señalaron que se podrían generar asimetrías competitivas al afectar de manera diferenciada a ciertas tecnologías de generación frente a otras.Otro punto que cuestiona Acolgen es la facultad otorgada a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para modificar, durante la emergencia y hasta por seis meses, instrumentos de manejo ambiental de proyectos hidroeléctricos que presenten alertas del Ideam.De acuerdo con Acolgen, esta disposición podría prevalecer incluso sobre compromisos contractuales previamente adquiridos, lo que, a juicio del gremio, introduce riesgos en materia de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.El incremento del impuesto sobre los ingresos brutos fue calificado por Acolgen como una exacción que desconoce principios de equidad y capacidad contributiva, lo que para el gremio podría tener “efectos estructurales que desbordan el alcance estrictamente coyuntural permitido por la Constitución”.
Durante el segundo día de la Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICARRD+20, que se realiza en Cartagena, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó su informe sobre el estado de la tenencia de la tierra en el mundo durante los últimos 20 años.El informe, advierte el organismo internacional, pone de relieve el lento avance que ha tenido la ampliación de la tenencia segura de la tierra.De acuerdo con la FAO, solo el 35 % de la tierra en el mundo está formalmente documentada y el 23 % de los adultos se sienten inseguros frente a esa propiedad.Esta última cifra representa que más de 1.100 millones de personas en el mundo creen probable perder el derecho a una parte o a la totalidad de sus tierras y viviendas en los próximos cinco años.“El informe subraya que fortalecer la seguridad de la tenencia requiere acciones integrales que combinen seguridad jurídica, protección física y sostenibilidad de los medios de vida, permitiendo a las personas permanecer en sus territorios”, explicó Máximo Torero, economista jefe de la FAO.La concentración de la tierra y la falta de acceso a ella, especialmente para mujeres y jóvenes, también ocupó un capítulo importante del informe, que presenta un balance global integral sobre cómo se posee, usa y gobierna la tierra en el mundo.“A nivel mundial, las mujeres tienen menos probabilidad de poseer tierra. En muy pocos países se están implementando títulos conjuntos. En 2024, el 48 % de los hombres y el 40 % de las mujeres declararon ser propietarios de vivienda, una brecha ampliada respecto a 2020. En Colombia, solo el 36,3 % de los titulares únicos son mujeres y muchas no toman decisiones sobre sus predios. Cerrar la brecha no es solo titular tierras, sino garantizar control y toma de decisiones efectivas”, detalló Torero.Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien asistió a la presentación del informe, señaló que este es una ruta para la redistribución y el reconocimiento de la tierra en Colombia, que —aseguró— son dos metas fundamentales del Acuerdo de Paz.“En Colombia, el acaparamiento, el despojo y la concentración, que están prohibidos en el régimen agrario, muchas veces se han hecho violando y omitiendo su cumplimiento. Por supuesto, este informe nos pone en el lugar de reforzar el cumplimiento del Acuerdo de Paz y de seguir insistiendo en que la tenencia de la tierra, como lo dijimos en 2016 y como lo ratifica este informe, es fundamental para construir la paz y reconstruir el tejido social en Colombia”, agregó.
Una fuerte explosión despertó a los habitantes de la vía que conduce al corregimiento El Centro, en Barrancabermeja, durante la madrugada de este sábado. El hecho se registró en una vivienda de madera ubicada cerca del aeropuerto del Puerto Petrolero, donde, según versiones preliminares, se manipulaba pólvora y se elaboraban mechas para el juego del tejo.La detonación destruyó gran parte de la estructura y dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas un hombre identificado como Libardo, quien tiene una condición física que le impide movilizarse por sus propios medios. Testigos contaron que, tras la explosión, un joven conocido como Jacob arriesgó su vida al ingresar entre las llamas para rescatarlo.“El joven Jacob entró con todo ardiendo y logró sacarlo. Si no lo hace, el señor habría muerto ahí mismo”, relató un vecino del sector, quien aseguró que el hecho generó momentos de pánico entre los residentes, ya que varias casas de madera resultaron afectadas por la onda expansiva.El señor Libardo fue trasladado por organismos de socorro a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica por quemaduras y lesiones.En el lugar hicieron presencia el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, la Defensa Civil y la Policía Nacional, quienes controlaron la emergencia y evitaron que las llamas se extendieran a otras viviendas.Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido, aunque adelantan las investigaciones para determinar las causas exactas del estallido.La comunidad del sector adelanta una campaña solidaria para apoyar al señor Libardo, quien perdió todas sus pertenencias en medio de la explosión.
Un comerciante de 43 años fue víctima de un violento caso de fleteo en el municipio de Girón, Santander, luego de retirar $50 millones en efectivo de una sucursal bancaria ubicada en el barrio El Poblado.El hombre se disponía a subir a su camioneta, estacionada a dos cuadras de la entidad, cuando fue interceptado por tres delincuentes en motocicleta que lo intimidaron con armas de fuego.Según el reporte oficial de la Policía, los asaltantes le arrebataron $50 millones en efectivo, una cadena de oro avaluada en $17 millones y dos anillos valorados en $7,3 millones.Al parecer, la víctima había solicitado el acompañamiento de la patrulla de reacción bancaria, pero decidió salir del banco sin esperar la llegada de los uniformados, momento que fue aprovechado por los ladrones para cometer el robo.Mientras los delincuentes huían con el dinero, una patrulla motorizada de la Policía llegó al lugar y se percató del asalto. Ante la amenaza de los asaltantes, uno de los uniformados hizo uso de su arma de dotación para repeler el ataque, generándose un cruce de disparos en plena vía pública. En medio del enfrentamiento, una de las balas impactó el chaleco de uno de los patrulleros, causándole un fuerte golpe en el abdomen.Los asaltantes escaparon en dos motocicletas, una en dirección hacia Bucaramanga y otra en contravía hacia la glorieta El Poblado. Minutos después, las autoridades hallaron rastros de sangre y dos vainillas de arma de fuego en la zona, lo que hace pensar que uno de los delincuentes pudo haber resultado herido durante el tiroteo.Pese a la activación inmediata de un plan candado, los fleteros lograron escapar. El caso quedó en manos del Grupo Contra Atracos de la Sijín, que adelanta la investigación y ya recopila videos de cámaras de seguridad del sector, en los que se observa el seguimiento que los delincuentes hicieron al comerciante desde el momento en que salió del banco.
Con un amplio despliegue operativo, la Policía Nacional, en coordinación con la Gobernación de Santander, puso en marcha un plan integral de seguridad y convivencia ciudadana que contará con la presencia de más de 1.000 uniformados en todo el departamento durante el puente festivo del Día de la Raza.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Santander, hizo un llamado a los conductores para que conduzcan con precaución, respeten los límites de velocidad y eviten el consumo de alcohol durante sus desplazamientos.“El Departamento de Policía Santander, con las capacidades de nuestras seccionales de Tránsito, Turismo, Infancia y Adolescencia, y el grupo GOES, está dispuesto a garantizar la seguridad y prevenir riñas o peleas que solo pueden terminar en tragedias familiares”, señaló el oficial.Desde la Gobernación de Santander se realizó un Consejo de Seguridad Departamental con el propósito de articular esfuerzos entre las autoridades civiles, militares y policiales de los municipios.Asimismo, se activaron Puestos de Mando Unificados (PMU) en los municipios que registran ferias y fiestas durante este puente festivo.“La meta para este fin de semana es mantener un balance positivo, con cero hechos que lamentar, haciendo uso de todas las capacidades operacionales y de inteligencia de la Policía Nacional”, señaló el coronel Néstor Arévalo.Las autoridades reiteraron el llamado a la autorregulación, el respeto y la tolerancia, con el fin de que las ferias y fiestas sean espacios seguros para todos los ciudadanos.La Policía Nacional y la Gobernación de Santander invitaron a la comunidad a disfrutar de manera responsable de las festividades, acatando las indicaciones de las autoridades y participando activamente en la construcción de entornos seguros.Cualquier información sobre hechos delictivos o que afecten la seguridad puede ser reportada a las líneas 123, 141, 165 o al número contra el crimen 314 358 7212.
El sector avícola en Santander hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y al departamento para que unan esfuerzos que permitan mejorar la malla vial, ante el grave deterioro de las carreteras que comunican al departamento con el resto del país.Según los productores, el mal estado de las vías no solo encarece los costos de transporte, sino que afecta la competitividad y la calidad de los productos, especialmente del huevo, uno de los más frágiles dentro de la cadena alimentaria.Ricardo Rueda, presidente de la junta directiva de Fenavi Santander, advirtió que las malas condiciones de la infraestructura vial están impactando directamente la producción y distribución.“El huevo es un producto muy frágil, y el hecho de tener que transitar por vías en muy mal estado nos genera incomodidades y nos resta competitividad. Deberíamos tener más vías terciarias arregladas. En otras regiones del país las mismas comunidades las están reparando, y a eso se suma que en temas de dobles calzadas estamos muy atrasados frente al resto del país”, señaló Rueda.El dirigente gremial lamentó que Santander no haya sido incluido en el documento Conpes de infraestructura nacional, pese a ser un departamento con una alta productividad agroindustrial y un papel clave en el abastecimiento de alimentos en el oriente colombiano.“No hay derecho que un departamento tan pujante como el nuestro no haya sido incluido en el Conpes”, enfatizó.Los avicultores insisten en que se requiere una intervención urgente en las vías nacionales y terciarias, ya que su deterioro afecta la movilidad, la distribución de alimentos y la estabilidad económica de cientos de familias que dependen del sector.
Decenas de habitantes protesta en el peaje del municipio de Rionegro, Santander, donde comunidades del sector mantienen un bloqueo total de la vía que comunica al departamento con la Costa Atlántica, exigiendo el mejoramiento de la malla vial y la terminación de obras de acueducto que llevan años inconclusas.Los manifestantes, habitantes de los barrios Mirabel, El Punto y Villas del Socorro, aseguran que, pese a múltiples contratos e inversiones anunciadas, el agua nunca ha llegado a sus hogares y las obras del acueducto municipal permanecen sin concluir.“Tenemos una problemática con un tanque que fue construido hace unos años. Se han hecho tres contratos, pero no hemos podido tener agua potable en nuestras viviendas. Las obras no se han visto ejecutadas”, explicó Gonzalo Díaz, transportador del sector y vocero de la comunidad. Según relataron los habitantes, en el último año se reiniciaron trabajos que incluyeron la ruptura del pavimento y la instalación de tuberías, pero no se verificaron las cajas de inspección ni se ha confirmado si el agua llega efectivamente al tanque. Además, denuncian falta de transparencia en la contratación.“No hemos podido tener copia del contrato, del acta de inicio, ni sabemos quién es el contratista”, añadió Díaz, quien también señaló que ninguna autoridad local se ha acercado al punto de la manifestación.Los líderes comunitarios afirman que desde las ocho de la mañana esperan la presencia del alcalde, el gerente de la Empresa de Servicios Públicos y la personera municipal para instalar una mesa técnica de diálogo, pero hasta el momento no se han hecho presentes.En el sector de Cristo Rey, los habitantes aseguran que llevan más de tres años esperando la terminación de las obras públicas necesarias para garantizar el servicio de agua potable y el mantenimiento de la vía nacional que conecta con la Costa Atlántica.La falta de intervención, dicen los transportadores, ha incrementado el riesgo de accidentes debido al deterioro de la carretera. Ante esta situación, decidieron acudir a las vías de hecho para exigir soluciones concretas.Las comunidades mantienen el bloqueo sobre este importante corredor nacional mientras esperan la llegada de las autoridades locales y departamentales para establecer una mesa de negociación que permita avanzar en la terminación de las obras de acueducto y la reparación de la malla vial, proyectos que consideran vitales para la seguridad y el bienestar de la región.
Una estructura criminal estaría utilizando menores de edad como “moscas”, una modalidad delictiva en la que los niños son instrumentalizados para alertar sobre la presencia de la fuerza pública y facilitar el transporte de estupefacientes. El caso fue descubierto por la Policía en el departamento de Norte de Santander.Los hechos se registraron en el kilómetro 48 de la vía Sardinata – Cúcuta, sector Los Bananos, jurisdicción del municipio de El Zulia, donde uniformados adelantaban controles viales. Allí fueron capturados en flagrancia dos adultos y puestos a salvo dos niños que se encontraban involucrados en el transporte ilegal de drogas.De acuerdo con las investigaciones preliminares, los menores eran utilizados por la red para advertir sobre retenes y movimientos de las autoridades, exponiéndolos a graves riesgos y vulnerando sus derechos fundamentales. Esta práctica les permitía a los responsables movilizar cargamentos ilícitos con mayor margen de maniobra.Durante la inspección a un vehículo tipo campero, en el que se movilizaban junto a una motocicleta, los uniformados hallaron 36 recipientes plásticos ocultos en las puertas y amarrados al chasis. En su interior había una sustancia rocosa color beige con características similares a la base de coca, con un peso aproximado de 38 kilogramos. Los vehículos fueron inmovilizados y también se incautaron dos teléfonos celulares.El coronel Jair Alonso Parra Archila, director de Tránsito y Transporte de la Policía, rechazó de manera contundente esta modalidad criminal. “Rechazamos y repudiamos el uso de niños, niñas y adolescentes como ‘moscas’ para alertar sobre la presencia de las autoridades. Esta práctica no solo constituye un delito, sino una grave vulneración de sus derechos”, afirmó el oficial, quien agregó que se fortalecerán los controles en los corredores viales del país.Los menores fueron dejados a disposición de la autoridad competente para el restablecimiento de sus derechos, mientras que los dos adultos capturados deberán responder ante la Fiscalía de Cúcuta por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La Policía reiteró su llamado a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo a niños y adolescentes a la línea 123.
Un vendaval afectó a dos municipios de Santander en las últimas horas, mientras que en otras zonas del departamento se reportaron lluvias, tormentas eléctricas y crecientes súbitas, según el más reciente balance de las autoridades de gestión del riesgo del departamento. Se registraron precipitaciones en la provincia de Vélez, especialmente en los municipios de Jesús María, La Belleza, Sucre y Florián, donde las lluvias generaron alertas preventivas.Asimismo, se presentaron tormentas eléctricas en Mogotes y Guaca, mientras que se reportó una creciente súbita de la quebrada Perchíquez, situación que es monitoreada por los organismos de socorro para prevenir afectaciones mayores.De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, Santander amanece con cielos mayormente cubiertos y tendencia a tiempo seco durante el día; sin embargo, persiste la probabilidad de lluvias aisladas en zonas de montaña debido a la saturación de suelos.Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para estar atenta a posibles deslizamientos de tierra, especialmente en sectores de ladera y alta pendiente, y a reportar cualquier emergencia a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro.La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Los organismos de atención continúan en monitoreo permanente ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en las próximas horas en Santander.
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó el pasado 18 de febrero de 2026 la condena contra el abogado Orlando Soto Uribe y el exsecretario del Juzgado Cuarto Promiscuo de Piedecuesta, Martín Ospino Villafañe, por el delito de fraude procesal, en un caso relacionado con el despojo de tierras en Santander.El fallo ratificó la decisión de primera instancia al establecer que ambos participaron en irregularidades dentro del proceso de adición a la partición del predio conocido como “El Tamarindo". El terreno está ubicado en la vereda Palogordo, en jurisdicción de Girón.Según la sentencia, Soto Uribe inició y tramitó una demanda de adición a la sucesión sin contar con un poder legalmente conferido para ese fin. Por su parte, Ospino Villafañe, en su condición de secretario del despacho judicial, dio curso al proceso pese a la ausencia de los soportes legales requeridos, lo que permitió que avanzara de manera expedita.De acuerdo con lo probado en juicio, estas actuaciones derivaron en la apropiación ilegítima de tierras y en el desplazamiento de familias campesinas que eran propietarias del predio, entre ellas la familia Sánchez Quitián, Eduardo Pedroza Corredor, Ramiro Jaimes, Raúl Meléndez y Reinaldo Torres.Para Leslie Amaya, abogada del Equipo Jurídico Pueblos, la decisión representa “una victoria histórica” tras más de 20 años de lucha judicial. “Las familias fueron desplazadas y despojadas de sus tierras. Esta condena reconoce que el proceso se inició, tramitó y culminó sin que existiera un poder válido, y que desde el despacho judicial se facilitó que se materializara el despojo”, señaló.La abogada explicó que, tras concretarse el control del predio, las tierras fueron vendidas a terceros, entre ellos personas cercanas a quienes promovieron el proceso. En el contexto de este conflicto también se registraron amenazas, hostigamientos y hechos violentos, incluidos los asesinatos de los hermanos Jesús Antonio y Luis Eduardo Sánchez Quitián.La sentencia de segunda instancia aún puede ser objeto de recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia. En caso de que la condena quede en firme, las familias esperan avanzar en los trámites ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para corregir las escrituras y recuperar formalmente las tierras.
En medio de una ofensiva policial contra estructuras del crimen organizado en el asentamiento humano El Páramo, en Floridablanca, fue capturado Miguel David Núñez Machado, alias “Colin”, señalado como presunto jefe de sicarios de la organización criminal Tren de Aragua.El arresto del peligro delincuente venezolano se materializó tras labores investigativas con control territorial de las autoridades en el sector de La Cumbre, en Floridablanca. Según las autoridades, el capturado registra una orden de captura vigente en Venezuela por los delitos de homicidio y tráfico de armas, lo cual motivó su búsqueda internacional.Alias “Colin” habría coordinado la logística del sicariato y otras actividades delictivas para esa estructura transnacional del Tren de Aragua, lo que constituye un golpe significativo a la presencia y operación de este grupo en el área metropolitana de Bucaramanga.En la vivienda donde se refugiaba alias 'Colin', fue detenida otra persona con órdenes judiciales activas en su contra. La Policía halló varias dosis de estupefacientes y una motocicleta reportada como hurtada. El procedimiento fue dejado a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso de judicialización correspondiente y coordinar los trámites internacionales que correspondan, de acuerdo con la normativa vigente.La Policía Nacional anunció que continuará realizando operativos contra bandas criminales que afectan la tranquilidad en Bucaramanga y el área metropolitana.
La Alcaldía de Bucaramanga endureció las reglas contra quienes arrojen colchones, muebles, llantas, escombros y otros residuos voluminosos en calles, parques y zonas verdes de la ciudad. A través del Decreto 0029 de 2025, la administración municipal estableció nuevas obligaciones para ciudadanos y comerciantes, y anunció sanciones económicas y hasta suspensión de actividades para quienes incumplan.El alcalde Cristian Fernando Portilla aseguró que la medida busca frenar la proliferación de puntos críticos de basuras que, según la Alcaldía, afectan la salud pública, deterioran el espacio público y generan riesgos ambientales.“En Bucaramanga no vamos a permitir que colchones, muebles, llantas o escombros sigan invadiendo el espacio público. Este decreto establece reglas claras, responsabilidades precisas y sanciones contundentes”, afirmó el mandatario.Desde ahora, hogares, comercios y establecimientos deberán separar estos elementos de la basura común, no mezclarlos con residuos orgánicos y evitar dejarlos en cestas públicas, contenedores pequeños, andenes, separadores viales, rondas hídricas o parques.El decreto también pone especial atención en talleres mecánicos, almacenes y otros establecimientos que produzcan residuos voluminosos. Estos deberán certificar que entregaron los desechos a un gestor autorizado y conservar actas o manifiestos de disposición final para presentarlos cuando la autoridad lo requiera.La Secretaría de Salud y Ambiente será la encargada de verificar el cumplimiento y podrá iniciar procesos administrativos si encuentra inconsistencias.El incumplimiento de la norma dará lugar a medidas correctivas contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Entre ellas están multas, procedimientos policivos inmediatos y, en casos de reincidencia, la suspensión temporal de actividades comerciales.El decreto ya está vigente y será acompañado por un protocolo municipal que orientará a la ciudadanía sobre cómo separar, disponer y solicitar la recolección adecuada de residuos voluminosos.
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció que volverá a implementar la restricción a la circulación de motocicletas entre las 12:00 de la medianoche y las 4:00 de la mañana, medida que fue anulada por el Tribunal Administrativo de Santander tras una demanda.El director de Tránsito, Jahir Manrique, confirmó que la nueva resolución está en construcción y que en menos de un mes será socializada nuevamente a la ciudadanía. A diferencia de la anterior, que operaba de lunes a domingo, la restricción ahora aplicará únicamente los fines de semana, desde el jueves hasta el domingo, incluidos los festivos, y regirá hasta el 31 de diciembre de 2026.Según explicó el funcionario, la decisión se sustenta en los resultados obtenidos durante el tiempo en que estuvo vigente la medida.“Cerramos el año 2024 con cifras alarmantes en muertes, accidentes y lesionados. En 2025, cuando operó la restricción, logramos una reducción de 10 muertes frente al año anterior; así fuera una sola, es un logro grandísimo”, señaló.Manrique detalló que, además de las 10 muertes menos, la ciudad registró una disminución del 20 % en accidentes de tránsito y del 17 % en el número de lesionados durante 2025, en comparación con 2024. Indicó que la mayoría de los siniestros fatales se concentraban en la franja horaria de la medianoche a las 4:00 a.m., especialmente los fines de semana, cuando se incrementa la conducción bajo efectos del alcohol.El director aseguró que la entidad acató el fallo judicial y suspendió comparendos y operativos relacionados con la restricción, pero que ya trabajan con el equipo jurídico y técnico para expedir una nueva resolución ajustada a derecho.“La medida funciona y nuestra misión es proteger la vida de los bumangueses”, enfatizó. Añadió que la restricción busca evitar que personas que consumen licor utilicen la motocicleta en estado de alicoramiento y generar mayor orden en la ciudad.
La Policía en Bucaramanga informó que logró en menos de 48 horas la captura de uno de los hombres que figuraba en el cartel de los más buscados por el delito de hurto calificado y agravado.De acuerdo con el reporte oficial, el detenido tenía una orden judicial vigente por hechos ocurridos el 7 de enero de 2025 en el barrio La Concordia, donde, presuntamente, participó en el hurto de 208 millones de pesos en efectivo. Según las investigaciones, el implicado utilizaba prendas similares a las de una empresa de aseo para cometer el ilícito.Las autoridades indicaron que el trabajo investigativo permitió recopilar elementos materiales probatorios que sustentaron la orden de captura y facilitaron su posterior ubicación. Este resultado representa, según la institución, un avance significativo en la ofensiva contra el delito de fleteo en el área metropolitana.Asimismo, el capturado estaría vinculado a otro caso ocurrido el 14 de enero de 2026 en el barrio El Gaitán, donde presuntamente participó en el hurto de 12 millones de pesos a una mujer que se movilizaba en motocicleta y fue interceptada durante la acción criminal.De igual manera, el 30 de enero de 2025 había sido capturado en flagrancia en el municipio de Acacías por otro caso de fleteo contra una mujer, quien resultó gravemente lesionada en el rostro durante el hecho.El brigadier general William Quintero Salazar destacó: “este resultado es producto del trabajo técnico y sostenido de nuestra Seccional de Investigación Criminal. Seguimos identificando, ubicando y capturando a quienes generan mayor afectación a la ciudadanía”.El detenido fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para que responda por el delito de hurto calificado y agravado, mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La muerte de Cecilia Quintero, una mujer de 70 años que colapsó mientras hacía fila en un dispensario de Cafam en Cúcuta para reclamar medicamentos, ha generado conmoción y cuestionamientos sobre las fallas en la entrega de tratamientos médicos.En entrevista con Blu Radio, su hijo, Edinson Rojas, aseguró que la familia no ha recibido respuestas claras tras el fallecimiento. “No se han comunicado. El único comunicado que dio Cafam fue por redes sociales, que estaban investigando, pero de ahí nada más”, afirmó.Rojas explicó que su madre, una enfermera pensionada que vivía en Chinácota, padecía insuficiencia renal y hepática, pero su estado era estable mientras recibía sus medicamentos. Sin embargo, denunció que desde hacía años enfrentaba demoras en la entrega. “Hace varios años ya le empezaron a tomar del pelo. Ya no le entregaban a tiempo. Ella vivía en Chinácota y pedir mensualmente se le dificultaba. Entonces ya a partir de diciembre prácticamente no le entregaron”, dijo.También señaló que no han recibido avances de las autoridades sobre el caso. “No, hasta el momento nada, absolutamente nada”, expresó, al tiempo que pidió que se investigue lo ocurrido. “Le pido a las autoridades que realmente hagan algo, porque no es solo mi madre”, agregó.Rojas reiteró que su madre necesitaba medicamentos para tratar enfermedades cardíacas, renales y hepáticas, y que la última vez que recibió tratamiento fue en diciembre de 2025. “Desde diciembre hasta acá no le habían vuelto a dar medicinas”, afirmó.El día de su fallecimiento, Cecilia Quintero había viajado desde Chinácota hasta Cúcuta para reclamar sus medicamentos y otros insumos médicos, incluidos pañales para su hijo. En medio de la espera dentro del dispensario, su estado de salud se deterioró.Su hijo también describió la difícil situación médica de su familia. “Mi padrastro es hipertenso y fue operado del corazón. Y mi hermano está en silla de ruedas desde hace muchos años. Son situaciones que son insoportables”, señaló.La familia pidió a las autoridades esclarecer lo ocurrido, en medio de crecientes denuncias por demoras en la entrega de medicamentos en distintas regiones del país.
La empresa Isagen anunció que este miércoles 25 de febrero, a partir de las 2:00 de la tarde, iniciará la apertura intermitente y controlada de compuertas en el canal de vertedero de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, debido al aumento sostenido de los niveles del embalse Topocoro por las fuertes lluvias registradas en las últimas semanas.La compañía explicó que las crecientes en las cuencas de los ríos Suárez y Chicamocha, principales afluentes del Sogamoso, han generado un incremento significativo en los aportes hídricos. Los niveles del embalse se acercan a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar (msnm), por lo que se hace necesario realizar vertimientos para mantener condiciones estables y seguras en la operación.De acuerdo con el más reciente informe técnico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), más de 20 cuencas hidrográficas del país se encuentran en alerta naranja y roja por las lluvias y tormentas, entre ellas la del río Sogamoso y varios de sus afluentes, como el río Chucurí.Isagen destacó que, en medio de este panorama, el embalse Topocoro ha cumplido su función reguladora, absorbiendo las crecientes y reduciendo el riesgo de afectaciones aguas abajo, lo que contribuye a la protección de las comunidades ribereñas. Según la empresa, el promedio de afluencias acumuladas en febrero ha alcanzado el 308 % frente al histórico del mes, y en los últimos días los aportes hídricos han llegado al 450 % del promedio histórico.La compañía aseguró que la central mantiene la generación de energía en toda su capacidad instalada, aportando de manera constante y segura al Sistema Interconectado Nacional.Asimismo, la empresa informó que mantendrá comunicación directa con comunidades e instituciones para brindar información oportuna sobre la evolución de la situación.Recomendaciones a la comunidadAnte el incremento del caudal del río Sogamoso, ISAGEN pidió a la comunidad:* Abstenerse de acceder a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora.* Estar atentos al aumento en el nivel del río.* Evacuar las islas que se forman a lo largo del afluente.* No ubicar pertenencias cerca de la orilla.* Vigilar permanentemente a los niños y evitar que permanezcan solos en charcos o riberas.* Trasladar ganado y semovientes a zonas altas y alejadas del río.La empresa advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies y zonas de inundación natural podrían verse anegados por el incremento del nivel del agua.
En lo corrido de 2026, las autoridades en Bucaramanga ha expulsado a 16 ciudadanos extranjeros que registraban alertas enlazadas con Interpol, según confirmó el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali.El funcionario explicó que estas expulsiones hacen parte de un trabajo permanente de control migratorio y seguridad que se adelanta en la ciudad. “Es un tema diario. Todos los días los operativos que lideramos van con acompañamiento de Migración”, señaló.Entre los casos, Pinto mencionó la expulsión de un estadounidense con alerta del sistema ‘Ángel Watch’, relacionada con delitos sexuales en su país. En este caso, la medida también implicó la salida del país de su hijo quien lo estaba acompañando. Asimismo, indicó que varios de los expulsados tenían alertas por hurto agravado y calificado y otros delitos contra la convivencia.El secretario precisó que la caracterización de los ciudadanos intervenidos permite establecer cuántos contaban con estas alertas: en enero fueron nueve y en febrero siete.De acuerdo con el balance entregado, en lo que va del año se han realizado casi 70 operativos de control en diferentes puntos de Bucaramanga, lo que ha permitido detectar ciudadanos con antecedentes o alertas internacionales. En promedio, la ciudad está registrando una expulsión cada tres días.Finalmente, el funcionario reiteró que continuarán los controles para garantizar que la migración en la ciudad sea regularizada y caracterizada."Bucaramanga y Santander históricamente han sido territorios abiertos a la migración que aporta al desarrollo regional. Todo extranjero que venga a hacer cosas buenas y aportar a la ciudad es bienvenido”, afirmó. Sin embargo, advirtió que quienes tengan anotaciones judiciales o atenten contra la convivencia deberán regresar a su país de origen o responder ante la justicia colombiana.