A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos tres días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa Atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la Troncal del Magdalena Medio.Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento.“Por el momento es importante informar a la opinión pública que no ha habido desabastecimiento en ningún producto; se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan”, señaló el directivo.Peñalosa indicó que los manifestantes han permitido el paso de camiones en algunos sectores y en horarios nocturnos, especialmente entre las 11:00 de la noches y las 7:00 de la mañana, lo que ha facilitado que los comerciantes puedan acopiar y despachar mercancías en esas franjas.Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia, como tomate de árbol y lulo. También han llegado con demora frutas del sur del país, entre ellas uvas y granadillas, así como mercancía importada que arriba por Puerto de Buenaventura.En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar, como el mango tommy, mango de azúcar y la yuca.A esta situación se suman las lluvias que han afectado distintos puntos de Santander, especialmente en la zona del Magdalena Medio y el sur del departamento, lo que complica aún más la movilidad de carga.Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos si la situación persiste en los próximos días.
La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
La tensión laboral en el sector energético de Santander entró en su punto más crítico. Tras cumplirse los 10 días desde la asamblea sindical del 7 de febrero y luego de varias reuniones convocadas por los ministerios de Ministerio de Minas y Energía de Colombia y Ministerio del Trabajo de Colombia, no se logró un acuerdo entre la empresa y los trabajadores de la Electrificadora de Santander.La última mesa de diálogo terminó sin consensos y ahora la organización sindical anunciará este viernes si inicia oficialmente una huelga indefinida. Mientras tanto, los empleados advierten que comenzarán a operar a “media marcha”, cumpliendo solo actividades mínimas y básicas.Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores, confirmó que la decisión será comunicada de manera virtual.“Mañana nos vamos a reunir y daremos a conocer a la opinión pública, a la empresa y a las autoridades locales y nacionales la determinación final. Estamos pidiendo la intervención de la Gobernación de Santander como garante del proceso”, afirmó.Según el sindicato, 681 trabajadores están afiliados a la organización y podrían sumarse al cese de actividades, con impacto en los 87 municipios de Santander, donde opera la empresa, además de localidades en Cesar, Norte de Santander y Boyacá, para un total de 102 municipios con cobertura del servicio.La huelga fue respaldada en votación por 556 empleados afiliados a Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia Sintraelecol, mientras una minoría optó por acudir a un tribunal de arbitramento. La decisión contó con el apoyo de las subdirectivas de Bucaramanga, Socorro, San Gil, Barrancabermeja y Barbosa.El conflicto laboral se produce tras la etapa de negociación directa sin acuerdos y pocos días después de que el Ministerio del Trabajo ordenara medidas preventivas contra la empresa por presuntas acciones que limitarían el derecho a la huelga.Los trabajadores insisten en que sus exigencias se centran en derechos básicos: ajuste salarial conforme a la ley, cumplimiento de acuerdos colectivos firmados en 2023, garantías de progresividad laboral y mejores condiciones de seguridad y salud en el trabajo.La eventual suspensión de actividades genera preocupación por posibles afectaciones en la prestación del servicio de energía eléctrica en gran parte del nororiente del país, mientras las autoridades locales son llamadas a actuar como garantes ante un paro que podría extenderse por tiempo indefinido.
La industria de la publicidad exterior en Colombia atraviesa un proceso de transformación marcado por el crecimiento sostenido de la inversión y la incorporación de herramientas tecnológicas. De acuerdo con datos de Mediabrands, la inversión publicitaria en el país aumentaría un 9 %, hasta alcanzar los 6,6 billones de pesos. Este comportamiento confirma la relevancia del sector dentro del ecosistema de medios, en un contexto donde las marcas buscan mayor precisión y eficiencia en sus estrategias de comunicación.A nivel internacional, el informe Global Expenditure Report señala que la pauta Out Of Home (OOH) alcanzó los 46,2 mil millones de dólares en 2024, representando cerca del 4,8 % del gasto publicitario total. Estas cifras reflejan que la publicidad exterior mantiene un papel estratégico dentro del mix de medios, especialmente en entornos urbanos donde el alcance masivo se combina con nuevas capacidades de segmentación y medición.En este escenario, Publicis Groupe realizó en Medellín una edición especial de Woohland 2026, un evento enfocado en fortalecer la visión estratégica del OOH. La jornada, diseñada para el Grupo Nutresa, se desarrolló bajo un formato técnico tipo showroom que permitió a los equipos de mercadeo conocer de primera mano soluciones basadas en tecnología Digital Out Of Home (DOOH), análisis de datos y formatos innovadores orientados a mejorar la conexión con las audiencias."Llevar Woohland a Medellín junto a nuestros aliados estratégicos es un paso clave en nuestra evolución. Buscamos que los equipos del Grupo Nutresa vivieran una experiencia técnica, práctica e inspiradora, validando que el OOH es una herramienta potente para generar conexiones en el entorno urbano", resaltó Sheyla Bedoya directora de OOH Publicis Groupe.Durante el encuentro se abordaron temas como métricas de efectividad, tendencias globales y oportunidades en el sector retail, en una dinámica centrada en la aplicación práctica de la data para optimizar resultados. La iniciativa evidencia cómo la publicidad exterior en Colombia evoluciona hacia modelos más medibles y estratégicos.
Un fuerte accidente se registró en la mañana de este martes, 17 de febrero, sobre las 11:00 de la mañana, cuando un camión de basura que se movilizaba a alta velocidad terminó impactando contra una vivienda en el centro de Bogotá, específicamente en el sector de la calle 10 con carrera 2.Gracias a un video difundido en redes sociales, se conoció el momento exacto en que el vehículo perdió el control y se estrelló contra la casa. Es importante recordar que la primera hipótesis sobre las causas del accidente apunta a una posible falla en los frenos. En el clip se observa que el camión no reduce la velocidad antes del impacto, lo que obligó a varias personas que se encontraban en el lugar a correr para evitar ser atropelladas.El siniestro ocurrió cerca de la Universidad de La Salle. Al lugar llegaron autoridades de tránsito y organismos de emergencia para evaluar la situación y establecer la gravedad de lo ocurrido. De manera preliminar, el hecho dejó únicamente daños materiales, entre ellos un automóvil que también resultó afectado, tal como se aprecia en el video, donde el camión lo impacta antes de chocar contra la vivienda.En el video también se pudo apreciar el momento en que el camión destruyó por completo uno de los laterales de la casa en el centro de Bogotá, provocando la caída de una gran cantidad de escombros. Estos daños tuvieron que ser atendidos por las autoridades que hicieron presencia en el lugar.El accidente de tránsito continuará siendo materia de investigación para determinar con exactitud qué fue lo que ocurrió. Por ahora, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas por este hecho.Este es el video del momento del choque del camión
En medio de una creciente controversia política por la entrega de avales a figuras que no pertenecen tradicionalmente a comunidades originarias, el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) defendió públicamente sus decisiones y aseguró que actúa bajo el principio de autonomía de los pueblos.Jesús Cuasapud, representante legal de la colectividad, respondió a las críticas en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM y sostuvo que las determinaciones adoptadas por el movimiento obedecen a sus estatutos internos y a la autodeterminación de los siete pueblos que lo conforman.Avales bajo la lupa: el caso de Rubén Marino BorgesLa polémica se intensificó tras conocerse el respaldo de AICO a Rubén Marino Borges, aspirante al Senado con ascendencia italiana, y al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como precandidato presidencial.En el caso de Borges, el debate se centra en su aspiración a una curul de circunscripción especial indígena en el Senado, figura creada por la Constitución de 1991 para garantizar representación a los pueblos originarios.Cuasapud explicó que AICO cuenta con tres espacios al Senado: dos tradicionalmente asignados al departamento de Nariño y uno correspondiente al pueblo Wayúu en La Guajira. Según indicó, fue precisamente esta comunidad la que, en ejercicio de su autonomía, decidió postular a Borges.“Ellos en consenso colocaron a Rubén Marino Borges como candidato al Senado de la República, cumpliendo con los requisitos mínimos que exige la Constitución para las curules especiales, que es ser indígena”, afirmó.El dirigente aseguró que el aspirante cuenta con certificación oficial del Ministerio del Interior que lo acredita como miembro de una comunidad indígena. Además, enfatizó que cada pueblo valida a sus integrantes de acuerdo con sus propios usos y costumbres.Daniel Quintero y la apuesta presidencialLa decisión de otorgar aval al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, para aspirar a la Presidencia de la República también ha generado cuestionamientos y reacciones en redes sociales. Para Cuasapud, sin embargo, se trata de una estrategia política que busca posicionar a AICO en el escenario nacional.“AICO es un partido pequeño que hoy está en el juego presidencial, en la conversa presidencial, con un candidato avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia”, señaló.El representante legal reconoció que alcanzar la Casa de Nariño es un desafío mayor, pero afirmó que el propósito es abrir camino para que, en el futuro, un líder indígena formado desde las bases pueda competir por el máximo cargo del país.Asimismo, rechazó las burlas y caricaturizaciones que han circulado en redes sociales, al considerar que desconocen el papel del partido en la representación no solo de comunidades indígenas, sino también de sectores campesinos y afrodescendientes.“Jamás hemos cobrado un recurso por un aval”Otro de los puntos sensibles en la discusión tiene que ver con posibles cobros económicos a cambio de avales políticos. Frente a ello, Cuasapud fue enfático. Según reveló, en 2023 el movimiento otorgó 3.765 avales para distintos cargos regionales sin exigir contraprestación económica.“Jamás hemos cobrado. Nosotros cambiamos esa forma de pensar. (…) Usted a cualquiera de ellos puede preguntar si le pedimos un solo recurso. No, al contrario”, afirmó.Explicó que los acuerdos con figuras como Quintero son de carácter político y programático, enfocados en la defensa del medio ambiente, la ancestralidad y los derechos colectivos. Entre los compromisos planteados estaría la expedición de decretos para salvaguardar territorios y fortalecer instrumentos jurídicos que protejan a las comunidades.El horizonte inmediato de AICO está puesto en el 8 de marzo de 2026, fecha clave para la renovación de su personería jurídica.De acuerdo con Cuasapud, la estrategia de ampliar la entrega de avales —incluyendo a campesinos y madres cabeza de familia que no necesariamente pertenecen a comunidades indígenas— busca fortalecer la presencia del movimiento en municipios y corporaciones públicas en todo el país.“El único compromiso es que, en estos momentos en que AICO necesita sostener su personería jurídica, le abran las puertas al movimiento”, concluyó.Escuche la entrevista compelta aquí
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 17 de febrero de 2026:La Registraduría descartó suspender, aplazar o cancelar las elecciones legislativas y las consultas en el departamento de Córdoba.La Contraloría adelanta una reunión clave para evaluar la atención a los damnificados en el departamento de Córdoba.La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses, hizo un llamado a todos los poderes públicos, incluido el Ejecutivo, a respetar la independencia de las decisiones judiciales.Capturan en Cúcuta a un presunto capo de la mafia brasileña, señalado de liderar una red de tráfico de cocaína y heroína.El joven Cristian Martín, de 16 años y estudiante universitario, fue hallado muerto en Gachancipá, Cundinamarca. Escuche el programa completo aquí:
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, señaló que es responsabilidad de los mandatarios regionales proteger los departamentos frente a la situación de orden público que atraviesa el país, garantizando la seguridad de los ciudadanos y de quienes transitan por las principales vías, especialmente viajeros y transportadores, uno de los sectores más afectados y que impacta directamente la economía.El mandatario reiteró la importancia de la tasa de seguridad como una herramienta clave para blindar los territorios y apoyar a la fuerza pública con recursos de movilidad y tecnología. En ese sentido, rechazó el atentado ocurrido en Aguachica, que dejó siete soldados fallecidos, y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Afirmó que estos hechos obligan a todos los gobernantes a fortalecer el respaldo institucional a la Policía y al Ejército.Juvenal Díaz lamentó que en Santander algunos sectores se hayan opuesto a la tasa de seguridad por razones políticas, pese a los problemas de orden público que se han presentado en municipios como Barrancabermeja y en departamentos vecinos como el Cesar. “Para enfrentar estas amenazas se requieren recursos y apoyo tecnológico para nuestra fuerza pública, porque de ellos depende la seguridad de todos”, sostuvo.Finalmente, el gobernador aseguró que actualmente se incrementaron los dispositivos de seguridad en el departamento y que, con presencia de Policía y Ejército, se mantienen custodiadas las principales vías. Además, indicó que tras una reunión de seguridad con transportadores de la Ruta del Cacao, las autoridades garantizaron que la movilidad se puede realizar sin mayores inconvenientes.
La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación previa por una presunta participación indebida en política relacionada con un evento realizado el pasado 14 de diciembre, en el que participó el alcalde electo de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, junto al exalcalde Jaime Andrés Beltrán, hoy candidato al Senado por el movimiento Salvación Nacional.La decisión fue adoptada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2ª, Segunda para la Vigilancia Administrativa, tras una queja conocida de oficio a partir de una nota periodística del diario La Vanguardia y un video publicado en su canal de YouTube, el cual también fue difundido en redes sociales.De acuerdo con el auto, en el material audiovisual se evidenciaría que durante el evento en el que Portilla ofreció su primer discurso tras resultar electo Jaime Andrés Beltrán compartió tarima, y el entonces alcalde electo habría realizado expresiones públicas en respaldo a su candidatura al Senado, lo que podría configurar una conducta de participación indebida en política.El despacho disciplinario señaló que el análisis preliminar de los hechos permite inferir que podrían existir irregularidades de orden disciplinario, razón por la cual se ordena la indagación previa con el objetivo de identificar e individualizar a los posibles responsables y establecer si se incurrió en alguna falta conforme al Código General Disciplinario.Dentro de las primeras actuaciones, la Procuraduría solicitó a la Alcaldía de Bucaramanga remitir, en un plazo de diez días, documentación relacionada con el alcalde electo, entre ellos, actos administrativos de elección y posesión, manual de funciones, hoja de vida y constancias laborales. Asimismo, requirió información para establecer si en el evento del 14 de diciembre se utilizaron recursos públicos y si existen registros audiovisuales oficiales del mismo.La entidad aclaró que la indagación previa no constituye aún formulación de cargos, sino una etapa inicial para verificar los hechos y determinar si hay mérito para avanzar en un proceso disciplinario formal.
Luego del atentado contra la infraestructura del peaje La Lizama, en la vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja, las autoridades confirmaron la reapertura del tránsito vehicular en este corredor estratégico y anunciaron presencia permanente de la Fuerza Pública para garantizar la movilidad y seguridad de los viajeros durante la temporada de Navidad.La reapertura de la vía se realizó en el marco de una acción unificada entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Alcaldía de Barrancabermeja, la Secretaría del Interior y el sector intergremial, con el objetivo de asegurar el normal tránsito de conductores, transportadores y comunidades del Magdalena Medio.Las autoridades civiles, la Fuerza Pública y los equipos técnicos mantienen presencia continua en el sector, adelantando labores de control y vigilancia para proteger a quienes transitan por la vía y prevenir nuevos hechos que afecten la movilidad en este importante eje vial del nororiente del país.El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, señaló que el atentado fue “una vil acción terrorista”, y aseguró que toda la capacidad institucional se encuentra desplegada en las vías nacionales. "Con Policía, Ejército y personal de tránsito estamos haciendo presencia permanente en la vía Bucaramanga–Barrancabermeja y Barrancabermeja–Bucaramanga para brindar tranquilidad a los ciudadanos y conductores”, indicó el oficial.El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a los visitantes y a los transportadores de carga, reiterando el compromiso de la Fuerza Pública con la seguridad en las vías y en los distintos territorios del departamento. El mandatario invitó además a los colombianos a seguir visitando Santander, al destacar que se trata de “un departamento tranquilo y amable, que ofrece todas las garantías para la movilidad y el turismo”.Las autoridades reiteraron el llamado a los viajeros para que transiten con precaución, acaten las recomendaciones de seguridad y reporten cualquier situación sospechosa a través de los canales oficiales, mientras continúan los operativos para garantizar un desplazamiento seguro durante las festividades de fin de año.
Un soldado que resultó gravemente herido durante el ataque terrorista contra una base militar en el municipio de Aguachica fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde recibe atención médica de mayor complejidad. El uniformado, de 20 años, hace parte del grupo de militares que requiere manejo especializado tras la magnitud del atentado.De acuerdo con la información actualizada entregada por el Ejército Nacional, el ataque deja hasta el momento un saldo de siete militares asesinados, cuatro heridos que requieren atención médica especializada, uno de ellos remitido al Hospital Universitario de Santander y 26 soldados lesionados que no revisten gravedad, quienes permanecen bajo observación médica.Asimismo, se confirmó que uno de los militares fallecidos era oriundo del departamento de Santander. Se trata del soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez, natural de Bucaramanga, quien perdió la vida durante el ataque armado.El coronel Gerson Iván Molina Cortés, comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, informó que el puesto de mando táctico del Batallón Ricaurte fue atacado de manera simultánea mediante el uso de drones, el lanzamiento de cilindros cargados con explosivos, una volqueta adaptada con 14 bocas de fuego y hostigamientos con fusilería.“Lamentablemente, seis de nuestros soldados perdieron la vida en el lugar de los hechos y uno más falleció, posteriormente, durante un procedimiento quirúrgico, pese a encontrarse en proceso de recuperación. Seguimos atentos a la evolución de 26 de nuestros soldados heridos”, señaló el oficial.El Ejército Nacional informó que se iniciaron labores de mantenimiento y sostenimiento de las afectaciones en la base militar, mientras continúan las operaciones militares en la zona para fortalecer el accionar contra los grupos armados responsables del ataque.Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información a través de los canales oficiales vigentes.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.
Las protestas de volqueteros y transportadores contra la empresa KMA, contratista de la concesión Autopista Río Grande, se extendieron a dos nuevos puntos de Santander: los sectores de La Lizama y La Fortuna. Con esta ampliación, ya son cuatro los puntos con presencia de manifestantes en el departamento.Los bloqueos se mantienen en Puerto Araujo, en jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres. A estos se sumaron en las últimas horas La Lizama y La Fortuna, lo que ha generado afectaciones en la movilidad y preocupación por el tránsito de vehículos particulares, transporte escolar y carga.Ante la situación, la Gobernación de Santander activó un Puesto de Mando Unificado para hacer acompañamiento a la protesta social y servir de puente entre los manifestantes, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, explicó que desde el Gobierno departamental se ha realizado acompañamiento interinstitucional y se convocó el PMU departamental, con articulación de los PMU municipales.“Hay unas peticiones claras que ya están siendo atendidas por la ANI. Hemos solicitado a la comunidad el paso intermitente y el cumplimiento del corredor humanitario extendido, no solo para ambulancias, sino también para niños que requieren desplazarse a sus instituciones educativas, personas con citas médicas y el tránsito de víveres perecederos”, señaló el funcionario.Según Hernández, este lunes 16 de febrero cuando iniciaron las protestas con bloqueos de vías el tráfico estuvo represado, pero las autoridades lograron abrir paso. Las autoridades mantienen diálogo permanente con los líderes del paro para recoger formalmente el pliego de peticiones y definir si se realizará una reunión centralizada o encuentros descentralizados.Las manifestaciones también se registran en departamentos como Boyacá y Cesar, en el marco de reclamos relacionados con la ejecución del proyecto de la Troncal del Magdalena Medio. Los volqueteros solicitan mayor participación laboral y cupos para gremios locales dentro de las obras que adelanta la concesión.La ANI confirmó el desplazamiento de su vicepresidente a una reunión técnica prevista para el próximo jueves 19 de febrero, atendiendo la invitación realizada por distintos sectores sociales.
La Gobernación de Santander solicitó acciones inmediatas a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega oportuna de medicamentos por parte de las EPS en el departamento, tras el fallecimiento del menor Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años.El pronunciamiento oficial se conoció luego de que el niño, cuya familia es oriunda de Santander pero residía desde hace un año en el departamento del Huila, falleciera en medio de un proceso médico que, según sus allegados, estuvo marcado por dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos. Sus exequias se cumplieron en el municipio de Charalá, donde familiares y amigos le dieron el último adiós.A través de la Secretaría de Salud departamental, la administración expresó sus condolencias a la madre del menor, Yudy Katherine Pico, y a sus familiares, y elevó un llamado formal al ente de control para que adopte medidas que obliguen a las Entidades Promotoras de Salud a cumplir con la entrega oportuna de los fármacos requeridos por los pacientes, especialmente aquellos diagnosticados con enfermedades de alto costo.“Situaciones como esta nos obligan a reforzar los mecanismos de seguimiento, articulación y vigilancia, para prevenir que hechos similares se presenten en el departamento y afecten a las familias santandereanas”, señaló la administración departamental en el comunicado.Asimismo, se unió al llamado de la familia de Kevin, que ha pedido celeridad, claridad y justicia frente a lo ocurrido, y manifestó su disposición para brindar acompañamiento integral en este difícil momento.El caso ha generado indignación en distintos sectores sociales y reaviva el debate sobre las fallas estructurales del sistema de salud, particularmente en lo relacionado con la entrega de medicamentos y la atención a menores con patologías complejas. Mientras avanzan las solicitudes ante los organismos de control, la Gobernación insistió en que la memoria del niño debe traducirse en acciones concretas que eviten nuevas tragedias.
Mejoran las condiciones de salud del niño de 10 años y de sus padres, quienes resultaron heridos tras ser alcanzados por un rayo en zona rural de Guaca, Santander. Los tres continúan bajo atención médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga.El subgerente médico del HUS, José Orlando Quintero, informó que la evolución de los pacientes ha sido “muy satisfactoria” desde su ingreso al centro asistencial.La madre del menor, de 34 años, fue quien presentó el cuadro más delicado. Según el reporte médico, sufrió quemaduras de consideración, contusiones y lesiones internas, lo que obligó a su manejo inicial en la unidad de cuidados intensivos. Actualmente, permanece en la unidad de quemados, donde continúa su recuperación con evolución favorable.El padre del niño, también de 34 años, presentó lesiones de menor severidad y se encuentra estable, bajo observación en el servicio de urgencias.Por su parte, el menor de 10 años sufrió quemaduras en la parte anterior del tórax y en uno de sus miembros superiores. Debido a la gravedad de las lesiones fue atendido en la unidad de cuidados intensivos, pero en las últimas horas fue trasladado a la unidad de quemados, donde evoluciona satisfactoriamente.El total fueron seis los campesinos alcanzados por el rayo cuando intentaban resguardarse del fuerte aguacero acompañado de una tormenta eléctrica que caía en la vereda El Alizal, zona rural de Guaca, en inmediaciones del páramo de Santurbán, el pasado 13 de febrero. La descarga sorprendió al grupo mientras recolectaba papa y buscaba refugio bajo un plástico improvisado.El director departamental de Gestión del Riesgo, Eduard Sánchez, advirtió que el ingreso de un frente frío por el Caribe mantiene alta la probabilidad de tormentas eléctricas y granizadas en varias zonas del departamento.“Se están presentando tormentas que ya dejan personas lesionadas. Es clave seguir las recomendaciones, mantener comunicación con los organismos de socorro y activar los planes de contingencia, porque también se han registrado inundaciones y desprendimientos de rocas en distintos corredores viales”, señaló.