Un nuevo hecho de violencia sacudió a Cúcuta en la noche de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía fue atacada a disparos en el anillo vial oriental, cerca del centro comercial Jardín Plaza Cúcuta. El subintendente Luis Sarmiento murió tras resultar gravemente herido, mientras que el mayor Álvaro Salcedo, comandante de la estación del barrio Ospina Pérez, permanece bajo observación médica.El atentado ocurrió cuando el subintendente Sarmiento conducía la patrulla junto al mayor Salcedo. De acuerdo con la información preliminar, hombres armados, al parecer con armas de largo alcance, dispararon contra el vehículo oficial en inmediaciones de Jardín Plaza.Tras el ataque, ambos uniformados fueron trasladados de urgencia a la Clínica Medical Duarte, donde recibieron atención especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el subintendente Luis Sarmiento falleció debido a la gravedad de las heridas.Plan candado en la ciudadLuego del atentado, la Policía activó un plan candado en distintos puntos de Cúcuta y su área metropolitana, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del ataque. Se desplegaron unidades adicionales y se intensificaron los controles en vías estratégicas.El hecho se produjo horas después de que el Ministerio del Interior y otras autoridades sostuvieran una reunión de seguridad en la ciudad, en el marco de las medidas preventivas para las elecciones legislativas y consultas programadas para el 8 de marzo.Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y en la revisión de cámaras de seguridad del sector para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este ataque que enluta a la Policía y vuelve a encender las alertas por la situación de orden público en la región.
Un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Colombia, la organización policial interamericana Ameripol y la Oficina Central Nacional de Interpol en Caracas (Venezuela) culminó con la captura de dos presuntos cabecillas de una plataforma global de narcotráfico asociada al ELN, informó la institución en un comunicado oficial.La acción, denominada Operación Imperio, se desarrolló este martes en la ciudad de Bucaramanga (Santander) en el marco de la estrategia institucional de inteligencia. Según las autoridades, los detenidos eran requeridos internacionalmente y tenían vínculos directos con las rutas de envío de cocaína desde la frontera colombo-venezolana hacia Estados Unidos y Europa.Alias “César”: coordinador de red global del crimenLa primera captura corresponde a César Pérez Serrano, conocido con el alias “César”, señalado como uno de los principales cabecillas de una estructura criminal transnacional dedicada al narcotráfico, la asociación para delinquir y el blanqueo de capitales. Contra él pesaba una Notificación Roja de Interpol, lo que lo hacía buscado en al menos 196 países.De acuerdo con las investigaciones policiales, “César” mantenía comunicación permanente con células del ELN radicadas en la zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander. Desde Bucaramanga habría coordinado logística, financiamiento y movimientos estratégicos de la organización, lo que le permitió sostener un alto nivel de vida financiado con recursos ilícitos.Alias “Katy”: líder del componente financieroLa segunda persona capturada fue Katiuska Pargas, conocida como alias “Katy”, solicitada en extradición por su presunta responsabilidad en delitos de blanqueo de capitales. Las autoridades señalan que lideraba el componente financiero de la red criminal, siendo responsable del ocultamiento, administración e integración de recursos ilícitos al sistema financiero nacional y facilitando así la operación continua de la banda.La Operación Imperio representa, según el reporte oficial, un “golpe estructural” a una organización criminal con alcance internacional, golpeando directamente las finanzas del narcotráfico y debilitando la operatividad del ELN en corredores estratégicos de la frontera oriental del país.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
A 10 años de prisión fueron condenados Leonardo Jesús Rivera Hidalgo y Alberson Armando Aponte Plaza por su responsabilidad en un ataque armado contra cuatro personas en el barrio Los Comuneros de Bucaramanga.La sentencia se dio luego de que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieran que los procesados aceptaran su responsabilidad por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego agravado; receptación agravada y falsedad marcaria.Un juez avaló el preacuerdo suscrito de manera libre y voluntaria por los hoy condenados, quienes estuvieron asesorados por su abogado defensor.De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Seccional Santander, los hechos ocurrieron el 30 de agosto de 2025, cuando cuatro personas salieron de un establecimiento nocturno y se movilizaban en un automóvil por el barrio Los Comuneros. En ese momento, fueron perseguidas y atacadas a disparos por Rivera Hidalgo y Aponte Plaza, quienes se desplazaban en una motocicleta que había sido hurtada.Durante el atentado, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Las víctimas buscaron refugio en un Comando de Atención Inmediata (CAI), pero el ataque continuó y los agresores se enfrentaron a los uniformados que se encontraban en el lugar.La rápida reacción de la Policía permitió la captura de los responsables, quienes ahora deberán cumplir la pena de 10 años de prisión por estos hechos.
El presidente ruso, Vladímir Putin, recibirá este miércoles en el Kremlin al ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, para abordar la crisis energética en la isla debido al embargo de Estados Unidos."La reunión tiene una importancia especial dados los difíciles momentos que está atravesando nuestra amistosa y hermana Cuba", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.Subrayó que "Rusia se ha pronunciado de manera consecuente contra el bloqueo de la isla, al igual que muchos otros países en el mundo"."Tenemos relaciones con Cuba, valoramos altamente estas relaciones. Tenemos intención de seguir desarrollándolas y, por supuesto, continuar proporcionando la ayuda correspondiente a nuestros amigos en estos tiempos difíciles", señaló.Además, descartó que la cooperación entre Moscú y La Habana pueda repercutir en las actuales negociaciones sobre Ucrania con mediación estadounidense, que continúan este miércoles en Ginebra."No creemos que estos sean asuntos relacionados", resaltó, en alusión a la amenaza de imponer aranceles que vertió a finales de enero el presidente de EE.UU., Donald Trump.Rodríguez, cuya visita no se había anunciado, también se reunirá este miércoles con su colega ruso, Serguéi Lavrov, adelantó la portavoz de Exteriores, María Zajárova."Expresamos nuestra firme solidaridad con La Habana ante la presión exterior sin precedentes tanto económica como coercitiva", señaló en rueda de prensa.Y recordó que la isla vive durante casi setenta años "en condiciones de bloqueo ilegítimo, antihumano, económico, comercial y financiero de Estados Unidos, que se ha visto reforzado después de las acciones militares de Washington en Venezuela el 3 de enero pasado".Moscú adelantó recientemente que está en contacto con las autoridades cubanas y que se prevé el suministro de petróleo al régimen castrista, algo que no ocurre desde el envío de 100.000 toneladas de crudo en febrero de 2025.A su vez, las aerolíneas rusas han tenido que suspender sus vuelos a La Habana y repatriar a varios miles de turistas ante la falta de combustible en la isla caribeña.El asedio energético ha llevado al Gobierno cubano a poner en marcha un duro plan de contingencia, con servicios mínimos en hospitales, teletrabajo en oficinas y racionamiento extremo en las gasolineras, que está afectando también a grandes empresas extranjeras.
Tropas de la Armada ubicaran un depósito clandestino con explosivos y material de guerra en zona rural del municipio de López de Micay. La operación se desarrolló en el sector Zaragoza, donde unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42, en coordinación con el Ejército y la Fuerza Aeroespacial, hallaron un arsenal que representaba un alto riesgo para comunidades y uniformados.En el lugar fueron encontrados seis artefactos explosivos improvisados tipo granada, presuntamente de 81 milímetros, así como 11 granadas artesanales acondicionadas para ser lanzadas desde drones, una modalidad que ha encendido las alertas de seguridad en zonas de conflicto. También se incautaron cordón detonante, explosivos listos para fabricación de cargas, armas cortas, munición y material de intendencia.Durante la inspección, los uniformados hallaron además equipos tecnológicos y elementos logísticos que, según información preliminar, serían usados para fortalecer operaciones ilegales en el Pacífico caucano.Las autoridades atribuyen el material a la Estructura ‘Jaime Martínez’, organización criminal que mantiene presencia en corredores estratégicos de la región y que ha sido señalada de acciones armadas y presión sobre comunidades. El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades judiciales, mientras que los explosivos fueron destruidos de forma controlada por personal especializado en manejo de artefactos.Aunque no se reportaron capturas, el hallazgo vuelve a evidenciar la capacidad de estas estructuras para almacenar armamento en zonas selváticas de difícil acceso. Entretanto, las operaciones militares continúan en el litoral caucano, donde la Fuerza Pública busca contener la expansión de grupos armados y evitar nuevos ataques con explosivos en la región.
Tras la llegada de los Consejos Comunitarios el pasado domingo 15 de febrero a la Universidad Nacional, las protestas en Bogotá han generado caos en puntos distritales y entidades del orden nacional.De hecho, desde el lunes 16 iniciaron las manifestaciones y con ello se ocuparon recintos como el Ministerio de Educación, el Dane, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Tierras, lo que despertó preocupación en gran parte de la ciudadanía.Ante este panorama, la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca lamentó los hechos ocurridos ese lunes en el CAN y advirtió que no realizaría más bloqueos en edificios públicos, señalando que se establecería una mesa formal de diálogo entre el Gobierno y estas comunidades.Sin embargo, en la mañana del miércoles 18, la inconformidad con el Gobierno parece provenir de otra organización, cuyos integrantes se tomaron el Ministerio de Minas.Trabajadores de la caña se tomaron MinMinasDe acuerdo con lo revelado en Mañanas Blu, hacia las 6 de la mañana trabajadores del sector de la caña estarían ocupando el Ministerio de Minas. Las protestas en el sector administrativo de Bogotá se han vuelto recurrentes, afectando una zona clave tanto para el Gobierno distrital como para el nacional.Los manifestantes están pidiendo una nivelación de precios frente al tema de etanol. Trabajadores de la caña, pertenecientes a la CGT, a la CUT y a la CTC, le solicitan al Gobierno que imponga una solución frente a las empresas distribuidoras de combustible para que se utilice etanol colombiano.Según señalaron en el noticiero, en Colombia se utiliza una mezcla con etanol para producir biocombustible; sin embargo, ese etanol sería importado desde Estados Unidos, lo que genera un impacto en la industria nacional. Por ello, la protesta en el Ministerio de Minas busca exigir que esa proporción de etanol sea colombiana y no importada.
Por tercera ocasión, y en medio de las audiencias que involucran la presunta malversación de más de 2.480 millones de pesos en seis contratos que fueron entregados de manera directa por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá al Cuerpo de Bomberos de Itagüí, se mencionó la injerencia que habría tenido el hermano del entonces alcalde Daniel Quintero Calle, en la entidad, Miguel Quintero Calle, exconcejal de Medellín.La primera mención fue el pasado 8 de octubre de 2025, cuando se adelantaron las audiencias preliminares en contra de María Yaneth Rúa García, supervisora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá; Misael Alberto Cadavid Jaramillo y Elkin de Jesús Gonzales Correa, representantes legales del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, donde, de estos, hoy se encuentran en prisión, por direccionar irregularmente los seis contratos.Hay que recordar que el ente acusador ya había afirmado que los objetos de los contratos, por un total de $18.000 millones y que no se cumplieron, era, entre otros, capacitar a los oficiales de atención de emergencias de otros Cuerpos de Bomberos.Esta vez, y en medio del último recurso para enviar a la cárcel al exdirector Juan David Palacio Cardona, el fiscal 40 para delitos contra la administración pública fue insistente en la división de roles que hubo al interior de la entidad, mencionando a un viejo conocido de otros escándalos en Medellín: Miguel Quintero Calle. De esto, este lo llamó “coordinador” de todo lo que sucedió con este caso en la entidad."El ciudadano Miguel Quintero, al parecer, operaba como coordinador externo impartidor de instrucciones y presuntos beneficiarios. Esta sofisticación de los mecanismos de comisión demuestra el dolo de los delitos imputados, donde hubo planificación y capacidad organizativa", dijo el delegado de la Fiscalía.Recordemos que en otra diligencia de finales de enero, en medio de la imputación de cargos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público que involucra a Palacio, y las ex subdirectoras ambientales Ana María Roldán y Diana Montoya Velilla, además del tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, Juan Alberto Henao, salió a colación la injerencia de Miguel Quintero, en la contratación directa que se adelantó al interior de la entidad, por medio de chats claves que aunque ya se habían conocido en medio de este proceso judicial, de nuevo evidenciaron que direccionaba contrataciones.De hecho, en uno de ellos es referenciado por una de las imputadas como “Miqui” y también es nombrado Álvaro Villada como “vi”.La Fiscalía concluyó que Juan David Palacio Cardona conocía las irregularidades en la contratación del Área Metropolitana, al acatar instrucciones de este tercero para nombrar funcionarios estratégicos, por ejemplos las dos ex subdirectoras ahora involucradas en este proceso, quienes presuntamente tenían orden directa de nombramiento de Miguel Quintero. Por su parte, el procurador José Luis Ochoa Escobar se sumó a las menciones al hermano del exalcalde."En la parte relativa a la contratación, quienes ponen el candidato para agilizar y así se escuchó en los audios para agilizar el aspecto contractual es justamente el hermano del señor alcalde de la ciudad del área metropolitana, que es quien postuló a Juan David para el cargo, que es quien postula también a las personas que van a ejercer la actividad de firmar los contratos, justificar la contratación, firmar los contratos y auditar los contratos", argumentó Ochoa.Además, reveló el fiscal que, durante el tiempo de administración de Palacio Cardona, se habría participado en reuniones y coordinaciones donde se acordó el direccionamiento y la distribución de contratos dentro de la entidad. Por ello, el alcalde Federico Gutiérrez fue enfático en que por el mismo rol de Miguel Quintero es que el director debe ser enviado a la cárcel mientras avanza el proceso judicial."Claro que fue el que nombró a esa persona, pero por instrucción de terceros, el hermano del exalcalde que fue el que ordenó que pusieran a la persona para el tema de direccionamiento de contrato, las pruebas están, son demasiado claras y como lo dijo la directora del Área, el juez en ningún momento negó la responsabilidad de estas personas en hechos de corrupción, todo lo contrario, fue muy duro", declaró el alcalde.Ante este material probatorio, para el procurador delegado de este caso, fue clara la explicación de la Fiscalía en cuanto al rol de Juan David Palacio en la omisión de vigilar los contratos por más de 18.000 millones de pesos.
El origen de la miopía puede estar relacionado con un hábito visual común en interiores: el enfoque prolongado de cerca en entornos con poca luz, lo que limita la cantidad que llega a la retina.La miopía ha alcanzado "niveles casi epidémicos en todo el mundo, pero aún no comprendemos totalmente por qué", según José Manuel Alonso, investigador español de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) firmante principal de un estudio publicado por Cell Reports.¿Pantallas pueden dario miopía?Durante años, el incremento de los índices de miopía se ha atribuido ampliamente al aumento del tiempo que se pasa frente a las pantallas, especialmente entre los niños y los adultos jóvenes. En este último grupo la sufren casi el 50 % en Europa y Estados Unidos.El nuevo estudio propone que la miopía puede estar menos relacionada con las pantallas en sí mismas y que "un factor subyacente común puede ser la cantidad de luz que llega a la retina durante el trabajo prolongado de cerca, especialmente en interiores", señaló Alonso.Si bien la genética desempeña un papel importante, el rápido aumento, en tan solo unas pocas generaciones, sugiere que los factores ambientales también son fundamentales.Esta "no es una respuesta definitiva", subrayó Alonso, citado por la SUNY, pero el estudio ofrece "una hipótesis comprobable que replantea cómo interactúan los hábitos visuales, la iluminación y el enfoque ocular.Es una hipótesis basada en "la fisiología medible que reúne muchas pruebas existentes" y, aunque se necesita más investigación, "ofrece una nueva forma de pensar sobre la prevención y el tratamiento".¿Qué podría cambiar si se demuestra el origen de la miopía?Esa nueva hipótesis que podría ayudar a explicar por qué tantos factores aparentemente diferentes, desde el trabajo de cerca y la iluminación interior tenue hasta tratamientos como las gotas de atropina, las lentes multifocales y el tiempo que se pasa al aire libre, parecen influir en la progresión de la miopía.Si se demuestra su veracidad, el mecanismo propuesto "podría suponer un cambio de paradigma en nuestra comprensión de la progresión y el control de la miopía", indicó el centro universitario.Con luz exterior brillante, la pupila se contrae para proteger el ojo, al tiempo que permite que llegue suficiente luz a la retina, pero cuando las personas se concentran en objetos cercanos en interiores, como teléfonos, tabletas o libros, la pupila también puede contraerse, no por el brillo, sino para enfocar la imagen."En condiciones de poca luz, esta combinación puede reducir significativamente la iluminación de la retina", explicó Urusha Maharjan, también firmante del artículo.Según este mecanismo, la miopía se desarrolla cuando la iluminación deficiente de la retina no genera una actividad retiniana sólida porque las fuentes de luz son demasiado tenues y la contracción de la pupila es excesiva a distancias de visión cortas.Por el contrario, la miopía no se desarrolla cuando el ojo está expuesto a una luz brillante y la contracción de la pupila se regula por el brillo de la imagen en lugar de por la distancia de visión.
La Alcaldía de Bucaramanga confirmó que al menos 80 familias resultaron damnificadas en las últimas horas debido a las intensas lluvias que se registraron en la zona rural y en el norte de la ciudad. El balance preliminar reporta viviendas afectadas, inundaciones y vías rurales bloqueadas por deslizamientos de tierra.Según informó Didier Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, tras las precipitaciones la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio activó el monitoreo en los sectores más vulnerables.“En efecto, luego de las lluvias ocurridas en las últimas horas, la Oficina de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Bucaramanga ha hecho el monitoreo en los diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en el norte y en los corregimientos, especialmente el corregimiento 1, que tuvo una mayor afectación y puntualmente en la vereda San Ignacio, donde parte de una bancada se vino y bloqueó gran parte de la vía”, explicó el funcionario.Uno de los puntos más críticos se registra en la vereda San Ignacio, del corregimiento 1, donde un deslizamiento provocó el colapso parcial de una bancada, interrumpiendo la movilidad en la zona. Asimismo, en el barrio Gracia de Dios y en el sector de El Nogal se reportaron varias viviendas inundadas.En la vía del sector de Colorado, que comunica con el norte de la ciudad, algunos vehículos quedaron atrapados, debido a las condiciones del terreno tras las lluvias.Las autoridades locales continúan con las labores de inspección técnica para determinar la magnitud de los daños y consolidar el censo oficial de afectados. “Estamos haciendo y continuamos haciendo el monitoreo, disponiendo de un equipo en terreno para realizar las valoraciones, generar los respectivos informes y tratar de hacer la entrega lo más rápido posible de las ayudas humanitarias que corresponden en este tipo de situaciones”, añadió Rodríguez.
La Central de Abastos de Bucaramanga, Centroabastos, informó que en los últimos tres días se han presentado retrasos en la llegada de productos de la canasta familiar provenientes de la costa Atlántica y Antioquia, debido a los bloqueos generados por la protesta de volqueteros en la Troncal del Magdalena Medio.Según explicó Alfonso Peñalosa, director de operaciones de la central mayorista, aunque se han registrado contratiempos en el ingreso de mercancías, hasta el momento no hay desabastecimiento.“Por el momento es importante informar a la opinión pública que no ha habido desabastecimiento en ningún producto; se han presentado contratiempos en la llegada de los mismos por las manifestaciones que se presentan”, señaló el directivo.Peñalosa indicó que los manifestantes han permitido el paso de camiones en algunos sectores y en horarios nocturnos, especialmente entre las 11:00 de la noches y las 7:00 de la mañana, lo que ha facilitado que los comerciantes puedan acopiar y despachar mercancías en esas franjas.Los mayores retrasos se han presentado en productos provenientes de Antioquia, como tomate de árbol y lulo. También han llegado con demora frutas del sur del país, entre ellas uvas y granadillas, así como mercancía importada que arriba por Puerto de Buenaventura.En el corredor afectado, particularmente en los sectores de Sabana de Torres y La Fortuna, también se han visto impactados alimentos que ingresan por el departamento del Cesar, como el mango tommy, mango de azúcar y la yuca.A esta situación se suman las lluvias que han afectado distintos puntos de Santander, especialmente en la zona del Magdalena Medio y el sur del departamento, lo que complica aún más la movilidad de carga.Desde Centroabastos advirtieron que, aunque el abastecimiento está garantizado, los sobrecostos logísticos derivados de los retrasos podrían generar incrementos en los precios de algunos alimentos si la situación persiste en los próximos días.
La Universidad Industrial de Santander avanzará en la apertura de una sede en el departamento de Arauca, tras el encuentro sostenido en Bucaramanga entre el gobernador Renson Martínez, el rector Hernán Porras Díaz y el Consejo Académico de la institución.La reunión tuvo como propósito fortalecer el diálogo institucional y articular la capacidad científica y tecnológica de la UIS con las necesidades sociales y productivas de Arauca.“Es la falta de acceso a la educación superior la que causa atraso en el departamento de Arauca. Tener una educación de mejor calidad hará que las instituciones mejoren. En Arauca tenemos un alto déficit de profesionales, por eso quedamos en deuda con las potencialidades reales que tiene el territorio”, afirmó el gobernador Renson Martínez, al destacar la importancia de la llegada de la universidad al departamento.Por su parte, el rector Hernán Porras Díaz subrayó el compromiso social de la institución con el desarrollo regional. “Tenemos un compromiso social con el país; en la medida que se desarrolle el país, nos va bien a todos y Arauca tiene muchas potencialidades. Nos sentimos aliados estratégicos y por eso nuestra idea como UIS no es solo formar a la gente joven sino generar espacios para todos”, expresó.La apertura de una sede de la UIS en Arauca representa un paso significativo para ampliar la cobertura en educación superior en la Orinoquía colombiana, una región que históricamente ha enfrentado limitaciones en acceso a formación profesional y tecnológica.Con esta iniciativa, se busca no solo formar talento humano local, sino también impulsar proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica que fortalezcan sectores estratégicos del departamento y contribuyan al desarrollo sostenible del territorio.
Las centrales obreras y organizaciones sindicales de Santander convocaron para este jueves 19 de febrero un plantón en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga, como parte del paro nacional en defensa del decreto del salario mínimo expedido por el Gobierno Nacional.La concentración está prevista para las 4:00 de la tarde y contará con la participación de trabajadores de distintos municipios del departamento.Óscar Estupiñán, representante del sindicato de trabajadores del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, explicó que la jornada busca respaldar el decreto del salario mínimo vital y rechazar decisiones judiciales que, según los sindicatos, irían en contravía de los derechos laborales.“Desde las centrales obreras y la clase trabajadora estamos invitando a todos los trabajadores y trabajadoras de Santander a que nos concentremos este jueves 19 de febrero a partir de las cuatro de la tarde en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán, para respaldar el decreto del Gobierno Nacional. Creemos que el salario mínimo vital dignifica al trabajador”, afirmó.Según los organizadores, se espera la llegada de delegaciones desde municipios como Piedecuesta, Girón, Lebrija y Barrancabermeja, con el propósito de concentrar el mayor número de manifestantes en la capital santandereana.Por su parte, Heriberto Delgado, presidente del Sindicato de Educadores de Santander, confirmó que el magisterio también se sumará a la jornada.“Como organización sindical convocamos al magisterio para que salgamos a reclamar por un incremento digno, porque además es un motor económico que mejora la calidad de vida de la clase trabajadora”, señaló.El dirigente anunció que los docentes realizarán anormalidad académica en la jornada de la tarde, a partir de las 3:00 de la tarde, para facilitar la participación en el plantón. Asimismo, indicó que el gremio evalúa la convocatoria de un paro departamental de tres días en el marco de estas movilizaciones.
El Hospital Universitario de Santander (HUS) presentó ante los ministerios de Trabajo y de Salud un proyecto para formalizar laboralmente a 120 trabajadores del área asistencial, que actualmente están contratados a través de cooperativas o empresas intermediarias, como parte del plan de formalización que adelanta la institución para dignificar el empleo público en el sector salud.La iniciativa fue radicada antes del plazo fijado el pasado 6 de febrero, según explicó el gerente del centro asistencial, Ricardo Arturo Hoyos, quien señaló que el hospital cumplió con todas las instrucciones para avanzar en este proceso.“Fue radicado ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud el proyecto de formalización de 120 personas. Son empleos totalmente asistenciales, no es personal administrativo”, indicó el directivo.De acuerdo con la gerencia, cerca de 94 de los cargos están dirigidos a auxiliares del área de la salud, entre ellos camilleros, auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. El resto corresponde a enfermeras jefes y otros perfiles asistenciales que hacen parte de la operación hospitalaria.El proyecto contempla impactar principalmente los servicios de urgencias, hospitalización y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), áreas consideradas estratégicas dentro del funcionamiento del hospital y que soportan una alta demanda de pacientes en el departamento.El gerente explicó que el hospital ahora queda a la espera de la aprobación por parte del Gobierno Nacional para avanzar en la vinculación formal de este personal, lo que permitiría mejorar las condiciones laborales y fortalecer la prestación del servicio.Hoyos aseguró que la institución está alineada con los objetivos del plan nacional de formalización laboral en el sector público y reiteró que el propósito es contribuir a la estabilidad de los trabajadores y al fortalecimiento de la red hospitalaria en Santander.El propósito del Hospital Universitario de Santander es formalizar a largo plazo a 1.000 trabajadores, actualmente solo 48 personas están vinculadas directamente con el centro asistencial.
La Alcaldía de Bucaramanga adelanta una la campaña de recolección de ayudas humanitarias para atender a las 58 familias damnificadas por el voraz incendio que arrasó el asentamiento humano 12 de Octubre, en el norte de la ciudad, dejando a 183 personas afectadas y decenas de viviendas destruidas.El director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, lamentó lo ocurrido y explicó que, tras la emergencia, el censo inicial pasó de 55 a 58 núcleos familiares, todos los cuales perdieron completamente sus viviendas.Desde el primer momento, la Oficina de Gestión del Riesgo activó la atención humanitaria para mitigar el impacto de la tragedia.“Las familias afectadas han recibido frazadas, colchonetas, cobijas, kits de aseo y de cocina, mercados y carpas, destinadas a cubrir sus necesidades más urgentes mientras se define una solución de fondo”, explicó el funcionario.Rodríguez destacó la solidaridad de los bumangueses, que se ha visto reflejada en la entrega constante de donaciones. Actualmente, la Alcaldía de Bucaramanga dispuso un punto de acopio en la sede administrativa, donde se instaló una carpa para la recepción de ayudas. Allí, los elementos donados son clasificados y posteriormente entregados a las familias del asentamiento 12 de Octubre.Entre los insumos más requeridos se encuentran artículos de aseo, ropa en buen estado y alimentos no perecederos, que resultan fundamentales para atender la emergencia.La caracterización de la población afectada evidenció una situación social compleja. Según la Dirección de Gestión del Riesgo, el 43 % de las personas damnificadas son menores de edad, principalmente niños entre los 0 y 10 años, y una parte importante de los núcleos familiares está conformada por población migrante venezolana.De manera paralela a la ayuda humanitaria, la Alcaldía mantiene un acompañamiento permanente en el sector. Equipos interdisciplinarios de la Unidad de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Desarrollo Social realizan visitas diarias para brindar apoyo psicosocial a las familias, especialmente a niños y adultos mayores, afectados emocionalmente por la pérdida de sus hogares.Actualmente, algunas de las familias que no cuentan con redes de apoyo permanecen en carpas instaladas en el lugar, donde pasan las noches mientras avanzan las acciones institucionales para su atención y recuperación.
Este miércoles se reportó un accidente de tránsito con un vehículo Copetrán de placas WOL 764, con número interno 1561, el cual cayó a un abismo. El bus era conducido por un hombre identificado como Daniel Arias y cubría la ruta Bucaramanga- Arauca. En el momento del siniestro llevaba 16 personas a bordo. De acuerdo al reporte preliminar de las autoridades, una persona murió y siete más están heridos. El hecho se registró sobre la vía de La Soberanía alto de Santa Ines, en el sector El Porvenir y El Encanto, exactamente en el kilómetro 60.Sobre las hipótesis del accidente, aún están por establecerse.Tragedias en carreteras del paísUna grave tragedia se registró en el departamento de Antioquia, luego de que un bus que transportaba estudiantes se precipitara a un abismo, dejando un saldo preliminar de al menos 16 personas muertas y 20 más heridas.El accidente ocurrió en la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre de 2025, en el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica a los municipios de Remedios y Zaragoza.De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había salido desde Tolú, Sucre, con destino a Medellín, y transportaba jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño, institución educativa ubicada en el municipio de Bello, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los estudiantes regresaban de un viaje a la costa Caribe, donde habían celebrado su ceremonia de graduación.
Una preocupante escalada de violencia sacudió a Bucaramanga y su área metropolitana en los últimos dos días, luego de una seguidilla de ataques sicariales que dejaron cinco personas muertas y tres más heridas en hechos registrados en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta.La mayoría de los casos se concentraron en la capital santandereana. La noche del domingo 14 de diciembre, en plena zona de Puerta del Sol, fue asesinado Josep Jesús Linares Urbina, quien se movilizaba en compañía de Andrea Lizeth Parra Serrano. Ambos fueron interceptados por sujetos que se desplazaban en motocicleta y abrieron fuego contra ellos. Linares Urbina murió en el lugar, mientras que la mujer resultó herida con un impacto de bala en un costado de la espalda.Otro ataque se registró en la calle 48 con carrera 10 occidente, en el barrio Campo Hermoso, donde sicarios asesinaron a Jorge Armando Peña Esteban, tras llegar hasta el sitio y dispararle en repetidas ocasiones.A estos hechos se suman dos personas heridas con arma de fuego en Bucaramanga durante la tarde de este martes 16 de diciembre. Una de las víctimas es Sonia Smith Toloza Martínez, de 29 años, quien fue baleada mientras se movilizaba en motocicleta por la carrera 15 con calle 21.La mujer fue trasladada en estado grave al Hospital Universitario de Santander (HUS). En un caso distinto, otra persona resultó herida en el barrio El Porvenir, y también fue remitida a un centro asistencial.Frente a esta cadena de hechos violentos, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, convocó a un consejo de seguridad con las autoridades. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario señaló:“He convocado a una reunión urgente con el General Quintero para definir las estrategias inmediatas en materia de seguridad. Los hechos sicariales de los últimos días nos ocupan en enfrentar a los bandidos con toda la fuerza. Mi prioridad es la seguridad de Bucaramanga”.La violencia también se extendió a municipios del área metropolitana. En el barrio Los Olivos de Floridablanca, fue asesinado Jorge Eduardo Almeida Barajas, habitante de calle conocido con el alias de ‘Kawai’. De acuerdo con las autoridades, al parecer se encontraba comercializando estupefacientes cuando un hombre se le acercó y le disparó.En otro hecho ocurrido en el mismo municipio, un hombre armado llegó hasta una droguería ubicada en la calle 108 #44-12, sector El Campanazo, y asesinó por la espalda a Gleider Alexis Robles Pabón.Finalmente, en Piedecuesta, en el barrio San Antonio, fue asesinado Harold Alexis Almeida Aguillón, quien murió tras recibir siete impactos de bala.Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles de estos crímenes y dar con los responsables, mientras se anuncian medidas de refuerzo en seguridad ante la creciente ola de violencia.
Ante la alerta por el paro armado del ELN y los recientes hechos de violencia registrados en el departamento, la Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita frustrar acciones terroristas y proteger a la población civil y a la Fuerza Pública.La medida se adopta luego de una serie de eventos que han encendido las alarmas de las autoridades: la activación de una motobomba en el peaje La Lizama, sobre la vía Bucaramanga–Barrancabermeja; la detonación de un artefacto explosivo contra dos policías en el barrio Miradores del Lago, en la Comuna Siete de Barrancabermeja; y el hallazgo de una bandera y un cilindro marcados por el ELN en la vía San Gil–Bucaramanga.El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre información oportuna y confiable que permita evitar nuevos ataques.“A aquellas personas que puedan evitar acciones terroristas en territorio santandereano. Esa sí es una recompensa de hasta 50 millones de pesos de la Gobernación de Santander. El canal de comunicación más asertivo para nosotros es la línea 123”, señaló el funcionario.Las autoridades reiteraron que toda información será manejada con reserva absoluta y que se mantiene un reforzamiento de la seguridad en corredores viales, centros urbanos y puntos estratégicos del departamento, en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional.Desde la Gobernación se insistió en la importancia de la colaboración ciudadana para anticipar y neutralizar cualquier amenaza, en medio del clima de tensión generado por el anuncio del paro armado del ELN en la región.
La Procuraduría General de la Nación reiteró su llamado a la transparencia y a la estricta observancia de las normas de participación en política por parte de servidores públicos en Santander, en el marco del actual proceso electoral.En el departamento se destaca el caso del gobernador Juvenal Díaz Mateus, cuyo hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, actual representante a la Cámara por Santander, aspira ahora al Senado por el Partido Conservador Colombiano.Frente a esta situación, la Procuraduría enfatizó que la candidatura debe avanzar con total transparencia y sin ningún tipo de apoyo, intervención o utilización del equipo gubernamental departamental, recordando que la ley prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas o favorecer campañas desde el ejercicio de sus cargos.En Barrancabermeja también surge un caso que ha generado atención. Se trata de Laura Cristina Ahumada García, esposa del alcalde Jonathan Stivel Vásquez Gómez y candidata al Senado por el Pacto Histórico.Como antecedente, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el mandatario local y lo suspendió provisionalmente por tres meses en octubre de 2025, por presunta participación indebida en política, un hecho que marcó precedente en materia de control electoral en la región.La Procuraduría reiteró que continuará realizando seguimiento preventivo en Santander y en el Magdalena Medio, con el fin de garantizar unas elecciones transparentes y en igualdad de condiciones para todos los candidatos. En escenarios donde existen vínculos familiares directos entre aspirantes y autoridades en funciones, los entes de control suelen intensificar la vigilancia para evitar posibles conflictos de interés o intervenciones indebidas.
La escalada de ataques sicariales en Santander, y en particular en el municipio de San Gil, encendió las alarmas de las autoridades. El pasado 14 de febrero, un nuevo atentado en pleno centro de la localidad dejó tres personas heridas y obligó a reforzar las acciones operativas, ante lo que la Policía ha calificado como una ofensiva criminal coordinada desde centros penitenciarios del país.El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, aseguró que las investigaciones preliminares indican que estos hechos estarían siendo ordenados desde las cárceles.“Sin embargo, quiero informar a la opinión pública que este crimen se está dinamizando desde las cárceles del país; es por eso que en una coordinación que vamos a hacer con el Inpec, en el marco de lo que es el plan dominó, mover a este actor criminal que está dinamizando estos hechos criminales en el municipio”, afirmó el oficial.De acuerdo con el reporte oficial, hombres armados que se movilizaban en motocicletas abrieron fuego contra tres personas en vía pública. Las víctimas, todas mayores de edad y con más de 18 antecedentes judiciales, fueron trasladadas de urgencia al hospital local.Los hechos se suman a una serie de atentados que, según las autoridades, evidencian la presencia de bandas criminales y cabecillas que han comenzado a establecerse en la región, incrementando los niveles de violencia en una zona reconocida por su vocación turística.Habitantes y comerciantes han manifestado su preocupación por la repetición de estos hechos en sectores céntricos, donde también circulan visitantes nacionales y extranjeros.El coronel Arévalo confirmó que los recientes ataques responden a un patrón coordinado y que se activó el denominado “plan dominó” en articulación con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con el objetivo de identificar y aislar a los internos que estarían ordenando los atentados.“Estamos aplicando el plan dominó con el Inpec para investigar y desarticular estas redes. Pedimos a los ciudadanos que nos entreguen información que nos permita dar con los responsables”, agregó.En San Gil, en los últimos días también se registró el asesinato de Miguel Ángel Suescún Rodríguez, de 32 años, quien estaría vinculado al cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. El hombre fue atacado a tiros mientras permanecía en una tienda del municipio.Este homicidio y los recientes intentos de sicariato han incrementado la percepción de inseguridad entre los residentes. Solo en lo corrido del mes, San Gil registra al menos tres intentos de sicariato en barrios como Villa Olímpica y Villa Laura, con saldo de heridos y víctimas mortales.La Policía anunció el fortalecimiento de patrullajes, controles a motocicletas y labores de inteligencia para frenar la ola de violencia que amenaza la tranquilidad de este municipio santandereano.
Una compleja situación se registró en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.El paso permaneció durante varias horas cerrado, luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores. En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones."Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual. Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.
El alcalde de Florían, Néstor Delgado, denunció graves afectaciones ambientales y riesgos para varias comunidades rurales por los trabajos que adelanta un contratista en la vía que comunica a Florián con Jesús María y Puente Nacional, en medio del incremento de las lluvias.Según el mandatario, los movimientos de tierra y el material extraído de la carretera habrían sido depositados muy cerca de la quebrada La Venta, provocando derrumbes que terminaron cayendo al afluente y generando represamientos que ponen en peligro a las familias que viven aguas abajo.“Desafortunadamente, el contratista ha puesto el material muy cerca de la quebrada y todo se ha ido al cauce, generando riesgo para las familias ribereñas”, aseguró Delgado.La situación también amenaza un punto turístico de la región, las Ventanas de Tisquizoque, considerado uno de los atractivos naturales más importantes del departamento.Ante la emergencia, la administración municipal interpuso denuncias ante la Personería, Gestión del Riesgo y la autoridad ambiental Corporación Autónoma Regional de Santander, entidad que realizó visitas técnicas y notificó a la Procuraduría y a la Gobernación para evaluar posibles responsabilidades disciplinarias.El alcalde advirtió que el panorama es crítico: el 50 % de las 32 veredas del municipio presentan afectaciones por deslizamientos y lodo, mientras la vía clave para la conexión comercial y de salud con Bucaramanga y Bogotá registra daños constantes.Además, tres familias ya fueron evacuadas por riesgo inminente y reciben apoyo de arriendo temporal, mientras otras 15 a 20 podrían verse afectadas si se presenta una creciente súbita.“No sabemos si el contratista tiene los permisos para trabajar de esta manera y arrojar escombros cerca de la quebrada, la carga de material está represando el agua y puede provocar una emergencia mayor”, concluyó el mandatario.Las autoridades mantienen monitoreo permanente ante el temor de nuevos deslizamientos por la continuidad de las lluvias.
Cuatro familiares de Kevin Arley Acosta Pico, el niño que falleció tras sufrir un golpe mientras montaba bicicleta, por falta de continuación de su tratamiento, enfrentan hoy la misma enfermedad.La familia denuncia que desde diciembre no reciben el medicamento esencial para controlar el trastorno de coagulación, poniendo en riesgo su salud y su vida.Kevin murió en Bogotá, y sus allegados aseguran que la falta de tratamiento oportuno habría agravado las consecuencias del accidente. Ahora temen que la historia se repita.De acuerdo con los afectados, la Nueva EPS dejó de suministrar el medicamento desde el 2 de diciembre, luego de que la IPS que los atendía informara que ya no tenía contrato vigente.Sergio Torres, primo del menor, de 39 años, explicó que en su caso no recibe la aplicación desde esa fecha. A esto se suma un sobrino de 30 meses cuya última dosis fue el 18 de diciembre, otro niño de 10 años que la recibió el 22 de diciembre y un adulto de 31 años que también quedó sin tratamiento.“Hace más de 20 años recibimos este medicamento sin fallas, ni siquiera en pandemia nos faltó. Es la primera vez que nos dejan desprotegidos”, afirmó la familia, que reside en zona rural.Explican que con el tratamiento pueden llevar una vida normal: correr, trabajar, montar bicicleta o hacer ejercicio. “La hemofilia no es un limitante, pero sin el medicamento no puedo caminar bien, duelen las articulaciones y hasta dormido puedo sufrir hemorragias”, advirtió Torres.Con dolor, aseguran que la muerte de Kevin pudo evitarse. “Si él hubiera tenido el medicamento, los efectos del golpe habrían sido leves”, recalcaron.Frente a esta denuncia, la Gobernación de Santander solicitó acciones urgentes a la Superintendencia Nacional de Salud para garantizar la entrega inmediata de tratamientos a pacientes con enfermedades de alto riesgo en el departamento.
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un millonario contrato para la compra y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.El convenio, suscrito en agosto de 2007, superaba los 650 millones de pesos y, según la investigación, presentó anomalías desde la planeación hasta la ejecución. Para el ente acusador, el exmandatario habría incumplido su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública.De acuerdo con la Fiscalía, en la etapa precontractual se detectaron estudios incompletos, ausencia de un censo poblacional que permitiera identificar cuántos menores serían beneficiados y en qué municipios, además de falta de justificación sobre la necesidad del proyecto.Tampoco se abrió un proceso de licitación pública. En cambio, el contrato fue adjudicado de manera directa a una fundación que, según los investigadores, no tenía la idoneidad ni la capacidad técnica y administrativa para ejecutarlo.Las irregularidades también habrían continuado durante la ejecución. El contratista debía entregar 130.000 juguetes, pero solo suministró 36.000 unidades. A esto se sumó un modificatorio que aumentó el valor de cada juguete de $5.000 a $6.500, lo que, según la Fiscalía, permitió que la fundación se apropiara de alrededor de 416 millones de pesos de recursos públicos.Desde el ente investigador se indicó que estas omisiones permitieron el presunto detrimento patrimonial. “El exmandatario no ejerció los controles necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato ni la correcta destinación de los recursos”, señala el expediente.Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia acusó a Aguilar Naranjo por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado en favor de terceros.