En lo corrido de 2026, las autoridades en Bucaramanga ha expulsado a 16 ciudadanos extranjeros que registraban alertas enlazadas con Interpol, según confirmó el secretario del Interior, Alfonso Pinto Frattali.El funcionario explicó que estas expulsiones hacen parte de un trabajo permanente de control migratorio y seguridad que se adelanta en la ciudad. “Es un tema diario. Todos los días los operativos que lideramos van con acompañamiento de Migración”, señaló.Entre los casos, Pinto mencionó la expulsión de un estadounidense con alerta del sistema ‘Ángel Watch’, relacionada con delitos sexuales en su país. En este caso, la medida también implicó la salida del país de su hijo quien lo estaba acompañando. Asimismo, indicó que varios de los expulsados tenían alertas por hurto agravado y calificado y otros delitos contra la convivencia.El secretario precisó que la caracterización de los ciudadanos intervenidos permite establecer cuántos contaban con estas alertas: en enero fueron nueve y en febrero siete.De acuerdo con el balance entregado, en lo que va del año se han realizado casi 70 operativos de control en diferentes puntos de Bucaramanga, lo que ha permitido detectar ciudadanos con antecedentes o alertas internacionales. En promedio, la ciudad está registrando una expulsión cada tres días.Finalmente, el funcionario reiteró que continuarán los controles para garantizar que la migración en la ciudad sea regularizada y caracterizada."Bucaramanga y Santander históricamente han sido territorios abiertos a la migración que aporta al desarrollo regional. Todo extranjero que venga a hacer cosas buenas y aportar a la ciudad es bienvenido”, afirmó. Sin embargo, advirtió que quienes tengan anotaciones judiciales o atenten contra la convivencia deberán regresar a su país de origen o responder ante la justicia colombiana.
Luego de la captura de la madre y la tía de una menor de edad en hechos relacionados con un presunto abuso sexual, por solicitud de la Fiscalía, un juez en Bucaramanga envió a la cárcel a las dos mujeres, quienes deberán responder por el delito de homicidio agravado.Los hechos ocurrieron el pasado 18 de febrero en el asentamiento humano Los Laureles en la capital santandereana, cuando las dos mujeres ingresaron de manera violenta a la vivienda de César Augusto Neira Menco, de 45 años, atacarlo por presuntamente haber abusado sexualmente de la niña.Madre y tía no aceptaron los cargos, sin embargo, el Juez 12 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga las envió a la cárcel con base en las pruebas presentadas por el ente investigador.Tras la captura de las mujeres, la tarde del pasado 18 de febrero, la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que no se conocían denuncias previas del presunto abuso sexual a la menor de 14 años, ante las autoridades.“Los hechos estarían relacionados con un presunto caso de abuso sexual contra una menor de 14 años, que habría ocurrido en la mañana del mismo día. Sin embargo, este señalamiento no fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes en el momento en que, al parecer, se presentó”, señalo el coronel Héctor Daniel García Acevedo, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.La Fiscalía adelanta las investigaciones para establecer la posible participación de más personas en los hechos debido a que fue un grupo, en su mayoría de familiares, el que decidió tomar justicia por mano propia, se dirigió a la vivienda del presunto agresor, armados con cuchillos, varillas y piedras, entre ellos las dos mujeres señaladas del homicidio, para agredirlo hasta ocasionarle la muerte.
En su primera rueda de prensa tras ser nombrado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Bucaramanga, monseñor Luis Augusto Campos hizo un llamado a la responsabilidad democrática de candidatos y votantes, en medio del ambiente preelectoral que vive Colombia.El prelado, quien asumirá oficialmente el próximo 18 de abril en una ceremonia que se realizará en Bucaramanga, pidió que el proceso electoral se desarrolle “por las vías constitucionales” y sin ningún tipo de irregularidad.“Yo quisiera enviarles un mensaje a los candidatos y también a los votantes y es que respetemos el proceso, que no se vaya a contaminar de ninguna cuestión que pueda implicar algún desvío de votos”, expresó.Monseñor Campos insistió en la importancia de ejercer un voto informado y consciente. Señaló que los ciudadanos tienen la responsabilidad de estudiar las propuestas y revisar las hojas de vida de los aspirantes, con el fin de garantizar que quienes lleguen a los cargos públicos tengan integridad moral y honestidad.“Creo que todos tenemos una enorme responsabilidad de saber por quién votamos, de tomarnos el trabajo de estudiar las propuestas (…) de tal manera que den una garantía de integridad moral”, afirmó.Asimismo, invitó a que la política se oriente hacia el bien común y no hacia intereses partidistas o personales. En su mensaje, hizo referencia al momento complejo que atraviesa el país, marcado, según dijo, por enfrentamientos y rivalidades.“¿Será posible pensar más allá de los intereses personales? ¿Será posible pensar también en una política honesta, en una política que sea transparente?”, cuestionó.
En un contundente operativo contra el maltrato animal y la corrupción de alimentos, la Policía Nacional capturó a cinco personas y decomisó más de dos toneladas de carne en un matadero clandestino que funcionaba en la vereda Ojo de Agua, zona rural de San Gil, Santander. Durante la intervención, las autoridades incautaron 1.800 kilogramos de carne, 230 kilogramos de vísceras, 8 kilogramos de material orgánico correspondiente a producto de gestación y 160 kilogramos de subproductos cárnicos, para un total de 2.198 kilogramos, avaluados en aproximadamente 32 millones de pesos.Según la investigación, la actividad se realizaba en un sitio no autorizado, sin cumplir con las condiciones técnicas de manipulación e inocuidad exigidas para el consumo humano. Además, se evidenció el sacrificio de semovientes sin protocolos técnicos ni humanitarios, vulnerando las normas de protección animal.El operativo también permitió establecer el manejo irregular de residuos orgánicos y la disposición inadecuada de despojos, lo que generaba riesgo de contaminación de fuentes hídricas en esta zona rural. El producto cárnico fue trasladado a la planta de beneficio del municipio de Villanueva para su destrucción, evitando su comercialización. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de maltrato animal y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló que este resultado “demuestra la determinación institucional de proteger la salud pública, salvaguardar el bienestar animal y combatir las economías ilegales que atentan contra la seguridad alimentaria”.Las autoridades anunciaron que continuarán los controles permanentes en todo el territorio para evitar este tipo de prácticas ilegales en municipios de Santander.
Varios candidatos a la Presidencia se han referido a la posición del presidente Gustavo Petro en los últimos días, quien ha cuestionado algunas decisiones de la Registraduría e incluso ha dicho que podría estar abriéndose la puerta al fraude. Petro ha cuestionado el hecho de que el registrador, Hernán Penagos, ordenara dejar en blanco los espacios de los formularios E-14 en las mesas donde no haya votos por algún candidato o partido; esto se hace para que el procesamiento de la información sea más fácil.Además, el mandatario cuestiona el software de preconteo y escrutinio de mesa, el cual contará con auditoría independiente y cuya información podrá ser consultada por los partidos políticos. Es por eso que varios candidatos a la Presidencia han cuestionado a Petro."Como candidata a la Presidencia tengo plena confianza en el esfuerzo serio y profesional que el registrador, Hernán Penagos, y la Registraduría están haciendo para garantizar el proceso electoral. En vez de andar haciendo acusaciones infundadas sobre un supuesto fraude, el presidente debe garantizar la seguridad y libertad de todos los colombianos para poder ejercer el derecho al voto", dijo la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.Por su parte, el candidato Juan Manuel Galán dice que el sistema electoral colombiano sí es confiable, pero que el Gobierno no ha dado garantías para un proceso libre y justo, teniendo en cuenta la contratación que se dio antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías."La institucionalidad y la Registraduría son garantía de elecciones libres. Lo que no está bien es que el gobierno se gaste más de $14 billones de pesos en contratos antes de las elecciones", dijo Galán.De otro lado, el candidato Roy Barreras dijo que al presidente Gustavo Petro le llevan muchas historias falsas y lo hacen equivocar en algunos casos."Siendo presidente Santos perdimos la elección presidencial con el Centro Democrático, que era la oposición; siendo presidente Iván Duque, con el mismo sistema electoral, ganó Petro. Siendo Petro presidente, ganaron gobernaciones y alcaldías gobernadores de partidos de oposición o distintos al Pacto; es decir, es la prueba de que el sistema electoral funciona independientemente de cualquier gobierno", señaló Barreras.El excontralor Felipe Córdoba también se refirió al caso, exigiéndole al Gobierno garantías para las elecciones."Este Gobierno no puede exigir respeto a las reglas mientras es el primero en desafiar la institucionalidad o intentar acomodar las normas a su conveniencia. La democracia se defiende garantizando que cada colombiano pueda votar en libertad y que las reglas se cumplan para todos por igual, sin excepciones", dijo Córdoba.Y, por su parte, el candidato Leonardo Huerta aseguró que "en una democracia el presidente no solo gobierna, también es el principal garante de la estabilidad institucional. Las autoridades son los agentes garantes de los derechos de las personas; si existen preocupaciones sobre el sistema electoral, es precisamente él quien tiene la responsabilidad de activar mecanismos legales y administrativos para fortalecer las garantías electorales. Lo que no ayuda es tratar de generar incertidumbre en la opinión pública sin anunciar medidas concretas".
El 39 % de los niños con cáncer en Colombia ha tenido dificultades para acceder a sus medicamentos. El dato surge de una encuesta aplicada el año pasado a 244 padres por el Observatorio Interinstitucional de Cáncer Infantil y encendió las alertas sobre el impacto de la crisis del sistema de salud en esta población.En entrevista con Blu Radio, Yolima Méndez, integrante del comité directivo del Observatorio, explicó que el acceso a medicamentos es la principal barrera reportada por las familias. “Nos llamó la atención que el principal problema, al igual que en otras patologías, está siendo el acceso a medicamentos”, señaló.Además del suministro de fármacos, los encuestados reportaron demoras en citas con especialistas y en autorizaciones. Sin embargo, el retraso en la entrega de medicamentos como mercaptopurina y metotrexato, usados en tratamientos ambulatorios y de mantenimiento, concentra la mayor preocupación, pues son claves para sostener la respuesta alcanzada en fases previas de la quimioterapia.Méndez recordó que el cáncer infantil es considerado una urgencia médica por su rápida progresión. Las demoras, afirmó, exponen a los menores a recaídas y aumentan el riesgo de mortalidad. “Los niños con cáncer tienen altas probabilidades de sobrevivir siempre que puedan recibir de manera oportuna, integral e integrada su tratamiento”, indicó.Según el Observatorio, ya se han conocido casos de recaídas asociadas a interrupciones en tratamientos. En enfermedades como la leucemia aguda, la más frecuente en la población pediátrica, la primera línea terapéutica es determinante. Cuando el menor recae, los procedimientos son más complejos, más costosos y con menores probabilidades de éxito.El estudio también evidenció un aumento en el gasto de bolsillo. El 29 % de las familias reportó mayores costos en el último año, con un promedio superior a 700.000 pesos y casos que alcanzan hasta cinco millones de pesos. Más del 70 % de los hogares encuestados pertenece a estratos 1 y 2.De acuerdo con Méndez, aunque en años anteriores se percibía una mayor protección para los niños, el deterioro se ha hecho más evidente en el último año. Por ello, hicieron un llamado a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que vigilen la garantía del derecho a la salud y la vida de los menores.El Observatorio también advirtió sobre un listado de 56 fármacos que no cuentan con indicación del Invima para uso pediátrico. De estos, 24 figuran en el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud para cáncer infantil. Aunque han sido utilizados durante décadas y cuentan con respaldo científico y de asociaciones médicas, padres de familia han tenido que acudir a acciones de tutela para acceder a ellos.El organismo prevé que, de mantenerse las barreras, en uno o dos años podrían verse más recaídas y un aumento en la mortalidad, lo que representaría un retroceso en los avances logrados en supervivencia infantil frente al cáncer.
Una condena de más de tres décadas y una orden de captura vigente, pero sin rastro de la mujer; esa es la denuncia que está haciendo Edwin Guerrero Sánchez, padre del bebé de 15 meses que murió en el mar en el sector de Buritaca, en Santa Marta, en un caso que estremeció al país en 2022.La enfermera Yenny Alexandra Higuera Casallas fue sentenciada a 36 años y 8 meses de prisión por homicidio agravado, luego de que un juez concluyera que la muerte del menor no correspondió a un accidente. Sin embargo, pese al fallo y a la orden para hacer efectiva la captura, la mujer hoy no está en la cárcel.“Voy a la Policía y no dicen nada… simplemente no se han molestado en buscarla. Es muy injusto”, aseguró el padre, quien insiste en que la condenada estaría con su familia y que no ve avances reales para que la sentencia se cumpla.De acuerdo con lo que se ha conocido del caso, Higuera había recuperado la libertad en junio de 2024 por vencimiento de términos, en medio de retrasos del proceso. Desde entonces, su paradero no es claro públicamente y el padre del menor afirma que no hay operativos visibles para ubicarla.Para Guerrero Sánchez, el fallo judicial terminó siendo una victoria incompleta: una sentencia contundente, pero sin consecuencias inmediatas. “No puedo pasar la página porque la persona que mató a mi hijo sigue viviendo normal”, afirmó.El padre también cuestiona lo que considera una respuesta institucional insuficiente para ejecutar la captura y sostiene que el dolor permanece abierto mientras no se materialice la condena. Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial reciente de las autoridades sobre avances en la búsqueda o sobre operativos para dar con el paradero de Yenny Alexandra Higuera Casallas.
La pugna por el control y los límites de la inteligencia artificial en el ámbito militar estadounidense ha dado un giro significativo. La decisión abre la puerta a que Grok opere en entornos donde se desarrollan algunas de las tareas más sensibles del aparato militar: análisis de inteligencia estratégica, planificación de operaciones en el campo de batalla y programas vinculados al desarrollo de armamento avanzado. Hasta ahora, ese terreno estaba reservado exclusivamente a otro actor del emergente sector de IA.Durante los últimos meses, el modelo Claude, desarrollado por Anthropic, había sido el único sistema autorizado para funcionar dentro de las plataformas clasificadas del Pentágono. Esa posición privilegiada convirtió a la compañía en un socio clave para las Fuerzas Armadas en momentos en que la carrera tecnológica global se intensifica.Sin embargo, la relación entre Anthropic y el Departamento de Defensa se ha visto tensionada por desacuerdos sobre los usos permitidos de la herramienta. Según trascendió, el Pentágono exigía que el modelo estuviera disponible para “todos los fines legales”, una formulación amplia que incluiría aplicaciones polémicas como la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y el posible desarrollo de armas completamente autónomas.Anthropic, que ha construido su identidad corporativa alrededor de la seguridad y la contención de riesgos asociados a la IA, se habría resistido a aceptar esas condiciones sin restricciones. La negativa a flexibilizar ciertos límites éticos y operativos habría generado fricciones crecientes con las autoridades militares, que ahora parecen buscar alternativas más alineadas con sus necesidades estratégicas.En ese contexto emerge xAI como nuevo proveedor. La compañía de Musk aceptó las condiciones planteadas por el Departamento de Defensa, allanando el camino para que Grok sea incorporado a los sistemas clasificados. El chatbot, que ya está integrado en X, la red social también controlada por el empresario, ampliará así su radio de acción hacia aplicaciones de alto nivel de confidencialidad.El movimiento no solo tiene implicaciones técnicas, sino también políticas y éticas. La posibilidad de que modelos de lenguaje avanzados participen en procesos de toma de decisiones militares, diseño de armamento o análisis masivo de datos sensibles reaviva el debate sobre los límites de la automatización en la guerra. Organizaciones defensoras de los derechos civiles han advertido en el pasado sobre los riesgos de emplear estas tecnologías en sistemas de vigilancia o en armas que puedan operar sin intervención humana directa.Para el Pentágono, en cambio, la prioridad parece ser mantener la supremacía tecnológica frente a competidores globales. En un escenario donde potencias como China invierten de manera acelerada en inteligencia artificial aplicada a la defensa, las autoridades estadounidenses consideran crucial disponer de herramientas de última generación sin restricciones que, a su juicio, puedan entorpecer su despliegue.El acuerdo con xAI podría marcar el inicio de una nueva etapa en la colaboración entre Silicon Valley y el sector militar. También envía una señal clara al mercado: las empresas que aspiren a contratos de defensa deberán equilibrar sus compromisos éticos con las demandas estratégicas del Gobierno. Mientras tanto, la disputa con Anthropic sugiere que el debate sobre hasta dónde debe llegar la inteligencia artificial en el ámbito bélico está lejos de resolverse.
Autoridades de los departamentos de Cauca y Valle advierten que existe una amenaza de las disidencias de las Farc contra el proceso electoral del próximo 8 de marzo en varios municipios. Un riesgo por el que pedirán que se evalúe el traslado de puestos de votación de la zona rural de municipios como Buenaventura y Jamundí.Esta advertencia se hace teniendo en cuenta los ataques terroristas que las autoridades han podido frustrar en el área metropolitana de Cali, y en segundo lugar, los hostigamientos con drones contra la Fuerza Pública ocurridos en zona rural de Jamundí, Dagua y Buenaventura días atrás.La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que son más de 60 puestos de votación los que se ha solicitado su trasladado, por el riesgo de la presencia de grupos armados, como las disidencias de las Farc, específicamente el frente 'Jaime Martínez'."En el Valle tenemos 62 puestos que están solicitando que se puedan trasladar, sin embargo se ha estado evaluando con la comunidad, sobre todo Jamundí y Buenaventura para saber cuáles son de fuerza mayor para trasladar. Eso lo decide el Comité de Seguimiento Electoral Nacional, pero se hizo la solicitud, para que sea muy tranquilo el día de las elecciones, sean muy transparentes y libres, sobre todo libres", indicó la mandataria.La gobernadora del Valle señaló que el departamento ha estado protegido en las últimas opotunidades por la rápida reacción de la Fuerza Pública, sin embargo, la amenaza aún no se ha ido y no hay que desconocer el riesgo que se corre."Hay amenazas sobre Cali, eso lo hemos evidenciado porque ya se han detenido algunos carros que querían venir a hacer actos terroristas. Es muy importante que la gente lo sepa, se ha venido trabajando para evitarlos, pero no es que no haya habido intentos, sin embargo, la Fuerza Pública y toda esa articulación interinstitucional que tenemos ha logrado evitar esos actos terroristas", finalizó.Cabe recordar que el fin de semana, el comandante de las FF. MM. el general Hugo Alejandro López, lideró en Cali una reunión de seguridad donde se confirmó que más de 8.000 militares, miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aeroespacial, acompañarán a la Policía en el Valle del Cauca para garantizar la seguridad durante estas elecciones.A finales de esta semana se tiene programado un consejo de seguridad bidepartamental, entre Cauca y Valle, para que en conjunto puedan definir más acciones de protección a los votantes. Y conocer la solicitud de la Registraduría.
En medio de la huelga que adelantan trabajadores de la Empresa Electrificadora de Santander (ESSA), la Gobernación de Santander hizo un llamado al diálogo responsable y advirtió que incrementos “desproporcionados” en los beneficios laborales podrían afectar la sostenibilidad financiera de la compañía.La administración departamental señaló que, aunque respeta el derecho a la organización sindical y reconoce las peticiones planteadas por los empleados, “el servicio de energía es un servicio público esencial del que dependen hospitales, acueductos, instituciones educativas, el sector productivo y la vida diaria de los santandereanos”, dice la Gobernación en un comunicado.La huelga se produjo luego de 40 días de conversaciones entre el sindicato y la empresa sin lograr acuerdos. Entre los puntos que mantienen el desacuerdo está la solicitud de un incremento salarial del 23,7 %, equivalente al aumento del salario mínimo para 2026, pese a que, según se ha indicado, ninguno de los trabajadores sindicalizados devenga ese salario básico.En el comunicado oficial, la Gobernación advirtió que aumentos superiores a la capacidad financiera de la empresa podrían poner en riesgo su operación, su capacidad de inversión y los recursos que transfiere al departamento. Recordó que el 22 % de las utilidades de ESSA ingresan a Santander para financiar obras, programas sociales y el pago de salarios de servidores públicos.El director de Prosantander, Juan Pablo Remolina, también intervino en la discusión a través de su cuenta en X, donde cuestionó que el sindicato solicite un incremento del 23,7 % para empleados que, según afirmó, devengan salarios de hasta 10 millones de pesos, además de otros beneficios, y que adicionalmente se estén pidiendo 96.000 millones de pesos en el pliego. “La ESSA es una empresa que nos pertenece a los santandereanos (…) Hay que cuidarla y protegerla. ¿Quién tiene que ceder?”, escribió.Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respondió al representante de Prosantander, señaló que el conflicto incluye varios puntos adicionales y que la salida debe ser producto de la concertación. “Lo mejor es hablar y acordar. Es una negociación”, manifestó.Frente al llamado que han hecho los gremios al diálogo para superar la huelga, Carlos Roncancio, abogado de Sintraelecol, dijo que la Electrificadora de Santander cerró las puertas a las conversaciones.“Ninguna autoridad en este momento está mediando este conflicto la ANDI manifiesta que deben sentarse a negociar, pero su afiliado que es la empresa cerró las puertas del diálogo todos los gremios económicos piden diálogo y este es un llamado para las instituciones para el Ministerio de Trabajo y misterio de minas de cómo construimos una mesa de diálogo real y diálogos que surta efectos”, puntualizó Roncancio.
Las autoridades de Santander mantienen alerta por la posibilidad de un vertimiento controlado en Hidrosogamoso de ISAGEN, ante el incremento sostenido del nivel del embalse Topocoro, que se aproxima a la cota máxima de 320 metros sobre el nivel del mar.De acuerdo con el más reciente informe del IDEAM, la cuenca del río Sogamoso se encuentra en alerta naranja debido a las intensas lluvias registradas en diferentes regiones de Santander. Las precipitaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y el sur de Santander han generado crecientes en los ríos Suárez, Chicamocha y sus afluentes, cuyos caudales desembocan en el embalse de Topocoro. La empresa ISAGEN informó que, aunque el embalse ha logrado soportar las crecientes y la central opera actualmente con plena capacidad instalada, se inició una etapa de seguimiento técnico ante la cercanía del nivel máximo permitido. De mantenerse las condiciones meteorológicas, en los próximos días podría iniciarse un vertimiento controlado desde la Central Hidroeléctrica Sogamoso.Según la compañía, este procedimiento produciría un aumento en el nivel del río Sogamoso aguas abajo de la presa Latora, por lo que se activaría el Plan de Acción Durante Emergencias y Contingencias (PADEC), notificando a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, bomberos, hospitales y demás organismos de socorro.Las autoridades recomendaron a la comunidad abstenerse de ingresar a la zona del río entre Puente La Paz y la presa Latora, evacuar las islas formadas en el cauce, mantener vigilancia permanente sobre el comportamiento del nivel del agua y trasladar ganado y pertenencias a zonas altas.Asimismo, se advirtió que algunos cultivos ubicados en planicies naturales de inundación podrían verse afectados en caso de concretarse el vertimiento.ISAGEN reiteró que continuará informando oportunamente a las comunidades y autoridades locales sobre cualquier decisión relacionada con la operación de la central.
Cecilia Quintero, una mujer de 70 años, falleció de forma repentina en un dispensario de Cafam en Cúcuta mientras denunciaba ante medios locales las persistentes barreras en el acceso a servicios de salud. La ciudadana, quien había llegado desde temprano al establecimiento para realizar los trámites correspondientes, se desplomó tras relatar el drama que vivía por la falta de fármacos vitales para su familia.Denuncia sobre falta de medicamentos en CúcutaEl trágico incidente ocurrió mientras Quintero exponía la situación de su hijo, quien requiere pañales y metadona de manera permanente. Según su testimonio brindado en el sitio, los pendientes de entrega se acumulaban desde septiembre del año pasado. "Estamos en febrero acabándose y no me entregan el pendiente de enero teniendo pañales en el sitio", relató la mujer minutos antes de su deceso.La afectada también señaló irregularidades en el manejo de los inventarios, afirmando que, en ocasiones, los productos se vencen en bodega sin ser entregados a los pacientes bajo el argumento de trámites administrativos o fechas de corte.Además de la situación de su hijo, Quintero manifestó su angustia por la salud de su esposo, un paciente con problemas vasculares y operado del corazón que no recibía Rivaroxaban de 20 mg, medicamento considerado vital para su condición. La mujer, quien también se identificó como paciente renal, aseguró llevar más de seis meses sin recibir su propio tratamiento.En sus declaraciones finales, la ciudadana coincidió con las críticas hacia el sistema de salud sobre el presunto acaparamiento de fármacos: "He visto y me consta que venden medicinas de uso institucional por fuera. No revisan los pendientes y luego dicen que ya se vencieron", sentenció ante las cámaras.Pese a que las personas presentes en el dispensario de Cafam intentaron realizar maniobras de reanimación tras su colapso, la mujer falleció en el lugar.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Un joven de 18 años fue capturado en el municipio de Barbosa, en Santander, señalado de cometer abusos sexuales reiterados contra dos menores de edad. El caso salió a la luz gracias a una jornada de prevención realizada por la Policía en el colegio donde estudian las víctimas.Según las autoridades, los niños de 9 y 10 años se acercaron a los uniformados durante la actividad pedagógica y denunciaron lo que venía ocurriendo. De inmediato se activaron las rutas de protección y comenzó la investigación judicial.El capturado, identificado como Andrés Felipe Cubides López, fue detenido mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales abusivos.De acuerdo con el proceso investigativo, coordinado con la Fiscalía General de la Nación, las agresiones se habrían presentado de manera sistemática desde 2021. El joven, presuntamente, aprovechaba la cercanía con la familia de las víctimas y utilizaba amenazas para obligarlas a guardar silencio.El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que la captura fue posible gracias a las estrategias de prevención en entornos escolares.“Es un abusador sexual que desde el 2021 venía sometiendo a dos menores de edad, aprovechando su cercanía familiar. Gracias a los programas de prevención que hace la Policía en los colegios, los niños se acercan a los uniformados y ponen en conocimiento lo que venía sucediendo”, afirmó el oficial.La institución reiteró que continuará fortaleciendo la estrategia de protección a la infancia y pidió a padres, docentes y estudiantes denunciar cualquier hecho que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.El joven quedó a disposición de la justicia mientras avanza el proceso judicial.
El subintendente de la Policía Nacional Yeison Eduardo García Albarracín fue enviado a la cárcel por orden de un juez de control de garantías de Bucaramanga, luego de ser señalado de haber facilitado el robo millonario a la joyería Italiana Franco, ocurrido el 23 de julio de 2024 en el centro comercial San José Plaza.Según la Fiscalía, el uniformado habría entregado a los integrantes de la red criminal conocida como ‘Kilates’ dos armas de fuego, una de ellas traumática, y un uniforme de la Policía Nacional, elementos que fueron utilizados durante el asalto.Las investigaciones también indican que el procesado habría filtrado información judicial sobre el caso y se habría comprometido a borrar los videos de cámaras de seguridad de una bodega donde los delincuentes planearon el robo.El subintendente García Albarracín fue capturado por la Policía en Bogotá en cumplimiento de una orden judicial. La Fiscalía le imputó los delitos de hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, utilización ilegal de uniformes e insignias y cohecho propio, cargos que no aceptó. Por solicitud del ente acusador, el juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.El caso está relacionado con el violento asalto registrado la mañana del 23 de julio de 2024, cuando seis hombres ingresaron armados a la joyería Italiana Franco, ubicada sobre la carrera 17C con calle 56, en el centro comercial San José Plaza.Las cámaras de seguridad registraron cómo dos de los delincuentes, vestidos con uniformes de la Policía, desarmaron al vigilante y lo golpearon, mientras otros cuatro hombres rompieron vitrinas y llenaron costales con anillos, cadenas y aretes.Los hombres ingresan, colocan en indefensión al vigilante y proceden a hurtar las bandejas en donde se encontraban anillos, cadenas y aretes.Por este mismo crimen, la Fiscalía y la Policía Nacional capturaron entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre de 2024 a nueve integrantes de la red ‘Kilates’. En septiembre pasado, varios de ellos fueron condenados a penas entre 10 y 11 años de prisión por su participación en el millonario hurto.
El Consejo de Estado confirmó la nulidad del artículo 60 de la Ordenanza 012 de 2005 y del Decreto 0005 de 2006, mediante los cuales la Asamblea Departamental de Santander y la Gobernación autorizaron y fijaron cobros denominados “derechos de sistematización” aplicados a los impuestos de vehículos, registro y estampillas departamentales.La decisión fue adoptada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, en fallo del 6 de noviembre de 2025, dentro de la demanda interpuesta por Nicanor Moya Carrillo y otro contra el Departamento de Santander y Sistemas y Computadores S.A., empresa concesionaria encargada de la plataforma tecnológica para el recaudo de impuestos.El Consejo de Estado concluyó que dichos cobros tenían naturaleza tributaria y que su creación violó el principio de legalidad, al ser establecida sin una ley que los autorizara. Según la sentencia, la Asamblea Departamental y la Gobernación carecían de competencia para crear tributos, pues la Constitución permite a los entes territoriales fijar tarifas solo de impuestos previamente creados por ley.“El cobro por derechos de sistematización es una prestación unilateral y obligatoria, sin opción para el contribuyente, y no constituye una contraprestación por un servicio público, sino por el cumplimiento de una función administrativa”, indicó la Sección Cuarta.El fallo precisó que estos pagos no encajaban en la categoría de tasas o precios públicos, ya que eran de carácter obligatorio para los contribuyentes y se incluían en el mismo recibo del impuesto de vehículos y registro, por lo que operaban en los hechos como un tributo adicional.En consecuencia, el Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, que en 2024 había anulado las normas departamentales. La nulidad tiene efectos ex tunc, es decir, aplica retroactivamente para situaciones no consolidadas, lo que abre la posibilidad de que los contribuyentes soliciten la devolución de los valores pagados por los llamados “derechos del servicio de sistematización”.Durante el proceso, la defensa del Departamento de Santander y la empresa Sistemas y Computadores S.A. alegaron que los pagos correspondían al costo del servicio de automatización y no a un tributo. Sin embargo, el alto tribunal desestimó los argumentos, reiterando su jurisprudencia sobre la imposibilidad de los entes territoriales de crear tributos sin ley.
La Procuraduría General de la Nación pidió a un juez suspender provisionalmente la ordenanza 049 del 23 de diciembre de 2024, expedida por la Asamblea de Santander, que autoriza la creación de una “tasa - peaje” en el sector de La Punta, en la vía que conduce a la Mesa de Los Santos.De acuerdo con el Ministerio Público, el departamento no tiene competencia legal para establecer ni recaudar un peaje, pues esa atribución corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte. Por tal razón, la entidad solicitó la medida cautelar para frenar temporalmente la aplicación de la norma mientras la justicia determina si se ajusta o no a la ley.Con la suspensión provisional, el cobro del peaje no podría entrar en funcionamiento hasta que el juez adopte una decisión definitiva.“Santander no estaba facultado para crear ese peaje; cobrarlo sería ilegal y se requiere que el juez lo detenga mientras se revisa su legalidad”, señala el documento presentado por la Procuraduría.El gobernador de Santander, por su parte, cuestionó la oposición que ha despertado el proyecto y defendió el uso de los recursos recaudados.“Me parece irresponsable lo que están haciendo. Es un recurso importante para los más vulnerables de Los Santos y Piedecuesta”, afirmó el mandatario, quien agregó que los fondos se destinan a señalización y mantenimiento de vías terciarias que antes no contaban con presupuesto.
El alcalde encargado de Girón, Freddy Cáceres, denunció ante la Fiscalía a un agente de tránsito del municipio por presuntamente haber solicitado dinero a un ciudadano a cambio de no imponer un comparendo por infracción de pico y placa.De acuerdo con el mandatario, la denuncia se radicó con base en pruebas enviadas directamente por la víctima, entre ellas fotografías, videos y una consignación por valor de 300.000 pesos realizada a través de un operador financiero, con la cual se demostraría el supuesto pago para evitar la sanción.“Hoy he radicado una denuncia penal ante la Fiscalía contra un agente de tránsito del municipio. Las pruebas llegaron al celular directamente por la víctima: fotos, videos y una consignación de $300 mil por evitar una sanción de pico y placa”, informó el alcalde Cáceres.El mandatario local explicó que este caso se suma a otras quejas ciudadanas sobre la actuación de algunos agentes durante los controles de tránsito, especialmente en horas pico sobre el anillo vial y la avenida Los Caneyes, donde la realización de operativos ha generado congestiones y malestar entre los conductores.“He dado instrucciones claras: no se deben realizar controles durante la hora pico porque afectan la movilidad. Además, es necesario reforzar la presencia de reguladores en puntos críticos como la avenida Los Caneyes, la rotonda y el sector El Poblado”, precisó Cáceres.El alcalde también anunció medidas internas, como la rotación del personal operativo en los retenes y puestos de control, con el fin de evitar que los mismos funcionarios permanezcan de manera constante en los mismos lugares y se repitan conductas cuestionadas por la comunidad.“Los ciudadanos me piden que haya rotación de personal. Presuntamente hay grupos permanentes en ciertos puntos, y eso genera inconformidad. Por eso, desde mi despacho, se ordenó esa rotación y una vigilancia estricta sobre las actuaciones del cuerpo de tránsito”, señaló.Las autoridades competentes adelantarán las investigaciones correspondientes para determinar la responsabilidad del agente denunciado y establecer si existen otros casos similares dentro del cuerpo operativo de tránsito de Girón.
El Tribunal Administrativo de Santander declaró ilegal la medida que impedía la circulación de motocicletas durante las madrugadas en la capital santandereana, una restricción que estaba vigente desde 2024 sin un límite temporal definido.La decisión se tomó tras revisar una acción de nulidad interpuesta contra la norma emitida por la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, que prohibía el tránsito de motos entre las 12:00 de la mañana y las 4:00 de la madrugada todos los días.El tribunal concluyó que la medida, al no tener un plazo específico ni evidencia técnica clara que justifique su vigencia indefinida, vulnera el derecho fundamental a la libre locomoción de miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte o herramienta de trabajo.La decisión ratifica el criterio adoptado inicialmente por un juez de primera instancia, que también había anulado la restricción por considerar que su aplicación sin límites temporales ni explicación técnica constituía una medida desproporcionada.Colectivos de motociclistas y usuarios celebraron el fallo, señalando que la prohibición afectaba especialmente a quienes laboran en servicios de entrega, mensajería y transporte, así como a quienes deben desplazarse por motivos laborales en horarios nocturnos.Aunque la restricción queda sin efecto con la sentencia del tribunal, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga aún debe pronunciarse formalmente sobre su aplicación inmediata y si adoptará una nueva regulación con límites temporales y argumentos técnicos que la respalden legalmente.La decisión también pone sobre la mesa la necesidad de que este tipo de medidas vayan acompañadas de estudios de movilidad, impacto y proporcionalidad, especialmente en una ciudad donde la motocicleta representa uno de los principales medios de transporte.
Las lluvias intensas que se han registrado recientemente mantienen en máxima alerta a Santander, donde las autoridades declararon alerta roja en 15 municipios por el alto riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas y posibles desbordamientos de ríos y quebradas.El más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales advierte que la saturación de los suelos ha elevado la probabilidad de emergencias, especialmente, en zonas de ladera y corredores viales rurales. Además, otros 30 municipios permanecen en alerta naranja y 10 en amarilla, bajo monitoreo constante ante cualquier eventualidad.Las precipitaciones han sido generalizadas en gran parte del centro y occidente del departamento, con reportes en Sabana de Torres, Bajo Rionegro, Puerto Wilches, San Vicente, Barrancabermeja, Cimitarra, Landázuri y el área metropolitana de Bucaramanga, así como en la provincia de Vélez. Según el pronóstico, las lluvias continuarán durante la tarde y la noche, con especial atención en las provincias García Rovira y Guanentá, donde podrían registrarse tormentas de mayor intensidad.Los efectos del invierno ya se sienten en la infraestructura. El director de la Oficina de Gestión del Riesgo departamental, Eduard Sánchez, confirmó que varias carreteras presentan afectaciones y que se activaron planes de respuesta con los municipios.“Vías secundarias registran afectaciones, por lo que se está verificando con alcaldes municipales para coordinar el apoyo con maquinaria amarilla. Hay daños en diferentes municipios y aumento del caudal de los ríos que generan alerta por posible desbordamiento”, explicó el funcionario.Ante este panorama, las autoridades no descartan cierres preventivos de vías, aislamiento de comunidades rurales o evacuaciones si las condiciones empeoran. Los organismos de socorro pidieron a la ciudadanía evitar transitar por zonas inestables, no cruzar corrientes crecidas y reportar de inmediato cualquier señal de deslizamiento.El monitoreo se mantiene permanente mientras las lluvias siguen poniendo a prueba la capacidad de respuesta del departamento.
Una adulta mayor falleció mientras reclamaba medicamentos en un dispensario de Cafam en Cúcuta, en un hecho que ha generado conmoción entre usuarios y familiares. La mujer había llegado desde temprano al lugar para realizar el trámite correspondiente.Lo que se conoce, preliminarmente, es que la paciente habría tenido al menos 30 entregas de medicamentos pendientes. En múltiples oportunidades anteriores no habría recibido los fármacos formulados, situación que la mantenía a la espera de una solución.Además, una vez en el interior del dispensario este martes, la mujer habría sostenido un cruce de palabras con una funcionaria al no obtener respuesta frente a su caso. Tras la discusión, decidió sentarse mientras esperaba una atención definitiva. Minutos después, cuando intentó ponerse de pie, se desplomó repentinamente. Personal presente en el lugar intentó practicarle maniobras de reanimación, pero la adulta mayor no respondió y murió en el sitio.El dispensario permanece cerrado mientras se adelantan los actos urgentes. En el interior permanecen dos personas, entre ellas un familiar de la fallecida, a la espera del procedimiento oficial.Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre lo ocurrido y se espera el levantamiento del cuerpo y un informe oficial que esclarezca las circunstancias del caso.
La Contraloría General de Santander emitió el Informe Final tras la denuncia presentada por el medio independiente Metropolitano, en la que se advertían presuntas irregularidades en dos contratos de las vigencias 2023 y 2024 suscritos entre Juliana Guerrero y la Universidad Industrial de Santander para el apoyo al Sistema Nacional de Convivencia para la Vida.Los contratos hicieron parte de un convenio interadministrativo entre la Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Ministerio del Interior, cuyo propósito era brindar apoyo técnico y operativo al programa nacional orientado a fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención de conflictividades.Guerrero es cercana al presidente Gustavo Petro y vinculada al escándalo de la Fundación Universitaria San José por entregar títulos falsos.La actuación especial de fiscalización revisó la legalidad del proceso contractual, la ejecución de los contratos, los soportes y productos entregados y la supervisión ejercida por la entidad contratante.De acuerdo con la Contraloría también advierte que en la etapa precontractual la UIS no fue específica en las condiciones del perfil para el contrato.“Verificado el estudio de conveniencia y oportunidad, aportado por el ente de control "UIS" y publicado en la plataforma transaccional SECOPII, se evidenció que el mismo no definió de manera clara y precisa el perfil exigido para el contratista, particularmente en cuanto a los requisitos de formación, experiencia y competencias específicas. No obstante, en el contenido del estudio previo se afirma que la persona contratada cuenta con las conocimientos, habilidades y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual, sin que dicha conclusión se encuentre debidamente sustentada en criterios objetivos previamente establecidos”.Y agrega el informe: “Esta situación limita la trazabilidad y la verificación objetiva del cumplimiento del principio de planeación, así como la debida motivación de la selección del contratista, aun tratándose de un proceso de contratación directa”.El informe sí estableció cinco hallazgos administrativos, 2 disciplinarios y 1 fiscal por valor de $2.000.000, relacionados con debilidades en la planeación contractual, falencias en la supervisión y seguimiento de las obligaciones y observaciones en los soportes documentales de ejecución.Estos hallazgos fueron trasladados a las instancias correspondientes para la adopción de planes de mejoramiento institucional.De acuerdo con el informe, las observaciones están dirigidas a los responsables de la supervisión contractual y a las dependencias encargadas del control del convenio interadministrativo dentro de la Universidad Industrial de Santander.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció el fortalecimiento de los operativos de control en distintos sectores de la ciudad, especialmente contra las caravanas ilegales de motociclistas y en la zona de rumba de Cuadra Play, en la comuna 12.El alcalde Cristian Portilla aseguró que no se permitirá el desorden ni la alteración del orden público. Según el mandatario, en días pasados se realizaron más de 10 dispositivos de control en diferentes puntos de la ciudad, enfocados en evitar caravanas ilegales y conductas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.“Cualquier ciudadano tiene derecho a transitar en Bucaramanga, pero también tiene el deber de respetar las normas de tránsito y no alterar el orden. No puede ser legal pasarse una norma de tránsito, ni conducir una motocicleta después de haber ingerido licor”, señaló el alcalde.Portilla explicó que estas caravanas generan altos niveles de ruido y múltiples quejas ciudadanas, especialmente en sectores residenciales. Además, advirtió que muchos de los casos se presentan en horarios nocturnos donde algunos conductores han consumido bebidas embriagantes.Frente a los recientes comportamientos registrados en Cuadra Play, reconocida zona de rumba de la ciudad, el alcalde anunció el incremento de la presencia policial y de los controles.“Que vuelva el respeto a nuestras autoridades y a los ciudadanos. No vamos a tolerar el desorden ni el irrespeto a las normas de tránsito ni a la Policía Nacional. Di la orden de aumentar las capacidades operativas en el sector, con el objetivo de evitar el caos”, afirmó.No obstante, señaló que el objetivo no es afectar la actividad económica ni los espacios de esparcimiento, sino garantizar que quienes asistan a compartir lo hagan de manera responsable. Para ello, aseguró que se adelanta un trabajo articulado con empresarios del sector, la comunidad y la Policía Nacional.
En la madrugada de este lunes, un accidente de tránsito tipo volcamiento ocurrido en el kilómetro 29+100 de la vía Puente Nacional – San Gil, en jurisdicción rural de San José de Pare (Boyacá), dejó dos personas fallecidas y cuatro más lesionadas, según el reporte oficial de las autoridades de Tránsito y Transporte.El siniestro, registrado en una curva de alto riesgo, involucró a un bus de servicio público afiliado a la empresa Copetran, de placas NTN 828, que cubría la ruta Bogotá- Cúcuta. El vehículo era conducido por Jhon Arnulfo Perico Durán, quien resultó ileso tras el incidente.Según las primeras versiones, el bus perdió el control al tomar una curva en condiciones adversas -probablemente por la presencia de lluvia o niebla, lo que podría haber reducido la visibilidad y la adherencia del vehículo-, provocando el volcamiento lateral hacia el costado izquierdo. Las autoridades investigan esta hipótesis como posible causa del accidente.Entre las víctimas fatales se encuentra Martha Isabel Canchila de Vargas, de 74 años, quien falleció en el Hospital de Santana tras presentar graves lesiones. La segunda fallecida fue una menor de 16 años, Gerly Analiz Acero Chique, de nacionalidad venezolana, quien perdió la vida en el lugar de los hechos.Los heridos fueron identificados como:Leonor Caballero, 57 años, con trauma cerrado de tórax, remitida al hospital de Moniquirá.Edilia Vela, 64 años, con trauma craneoencefálico moderado y fractura en el brazo izquierdo.Marta Inés Vargas, 53 años, con trauma craneoencefálico moderado, también remitida al hospital de Moniquirá.Nicol Dayanna Hernández, 23 años, con fractura en brazo izquierdo y trauma en la cadera.Los lesionados fueron atendidos inicialmente en el lugar por organismos de emergencia y posteriormente trasladados a centros asistenciales de la región para recibir atención especializada.La Policía Nacional y las autoridades de tránsito continúan con el levantamiento de información técnica para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y verificar si factores como la velocidad, el estado de la vía o las condiciones climáticas influyeron en el desenlace fatal.