Un hecho de sangre sacudió la tranquilidad del barrio Monterredondo, en el suroccidente de Bucaramanga, la tarde de este jueves, 12 de febrero. Sergio Andrés Suárez Ortiz, propietario de un supermercado, fue asesinado a tiros por delincuentes que irrumpieron en su establecimiento con el objetivo de despojarlo de una joya personal.El suceso ocurrió en horas de la tarde frente al conjunto residencial Torres de Monterredondo. Según los primeros informes oficiales, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta e ingresaron al local simulando ser clientes. Una vez dentro, uno de los asaltantes desenfundó un arma de fuego y confrontó a Suárez Ortiz, exigiéndole una cadena de oro que portaba. Ante la aparente resistencia de la víctima, el delincuente accionó el arma a quemarropa, dejándolo gravemente herido mientras los atacantes huían con rumbo desconocido.Pese a que el comerciante fue trasladado de urgencia a la Clínica Chicamocha, el personal médico confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso debido a la gravedad del impacto. La tragedia generó un profundo rechazo entre los habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.Ante la gravedad del crimen, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, condenó categóricamente el asesinato y ordenó a la Policía Nacional activar de inmediato todos los protocolos de inteligencia y búsqueda. El mandatario instruyó un despliegue tecnológico y operativo en esa zona de la ciudad para capturar a los responsables. “No permitiremos que hechos criminales atenten contra la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”, enfatizó la administración municipal.Por su parte, el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Fratally, anunció que se ofrece una recompensa de hasta diez millones de pesos por información veraz que conduzca a la judicialización de los autores materiales de este crimen. Mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realiza las labores de criminalística y análisis de cámaras de seguridad, la Alcaldía hizo un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades bajo absoluta reserva, reafirmando una política de tolerancia cero frente al homicidio.
Un juez de conocimiento de Bucaramanga dictó una sentencia condenatoria de 31 años y 2 meses de prisión contra un hombre hallado responsable del asesinato de su compañera sentimental, Yaisbely Andrea Ibargúen Molina, de 28 años, en hechos ocurridos en el departamento de Santander. La decisión judicial se produjo tras el aval de un preacuerdo suscrito entre el procesado, asistido por su defensa técnica, y la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual el implicado aceptó de manera voluntaria los cargos por el delito de feminicidio agravado.El expediente judicial detalló que el crimen tuvo lugar el 21 de julio de 2024 en una vivienda del barrio Altos de Andina, en el municipio de Girón. Según la reconstrucción de los hechos presentada por el ente acusador, el sentenciado atacó a la víctima con un arma cortopunzante en momentos en que ella se encontraba utilizando su teléfono celular. La agresión se perpetró en presencia de los tres hijos menores de edad de la pareja, de 9, 7 y 1 año, quienes presenciaron el ataque contra su progenitora.Tras la agresión, los llamados de auxilio de la mujer alertaron a los residentes del sector, quienes acudieron al inmueble para intentar socorrerla. Ante la llegada de los vecinos, el atacante emprendió la huida, abandonando el lugar de los hechos. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano; no obstante, los reportes médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas.La investigación técnica y los testimonios recopilados permitieron establecer que el ataque no fue un evento aislado, sino el desenlace de un ciclo de violencia sistemática. Las indagaciones determinaron que, durante los tres años de convivencia de la pareja, la mujer fue sometida a constantes episodios de maltrato físico y psicológico por parte del ahora condenado. Con esta sentencia, el victimario deberá cumplir su pena en un establecimiento carcelario, perdiendo además los beneficios de libertad condicional debido a la naturaleza del delito tipificado bajo la Ley Rosa Elvira Celis.
Desde los laboratorios del Departamento de Microbiología y Ciencia Celular de la Universidad de la Florida, en Estados Unidos, el científico colombiano José Cediel Becerra lidera investigaciones que podrían marcar un punto de inflexión en la lucha contra uno de los mayores desafíos de la salud pública global: la resistencia a los antibióticos.Egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde se graduó con grado Summa Cum Laude y tesis laureada, el joven santandereano ha construido una trayectoria científica de alto impacto internacional centrada en el descubrimiento de nuevos compuestos terapéuticos derivados de bacterias. Su apuesta no está en lo convencional, sino en explorar el vasto potencial químico oculto en los genomas microbianos.Bacterias como fuente de nuevos medicamentosLa investigación del científico santandereano se enfoca en identificar nuevas rutas biosintéticas, los procesos mediante los cuales los microorganismos producen moléculas- utilizando herramientas de genómica computacional avanzada.A través del desarrollo y aplicación de metodologías bioinformáticas innovadoras, Cediel Becerra analiza sistemáticamente miles de genomas bacterianos en busca de compuestos naturales con propiedades bioactivas.El objetivo es claro: descubrir nuevas clases de productos naturales que puedan convertirse en la próxima generación de terapéuticos, especialmente frente a infecciones resistentes a los antibióticos actuales.En un contexto en el que la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el riesgo de una “era post-antibiótica”, investigaciones como la suya resultan estratégicas. La capacidad de anticiparse al problema, identificando moléculas inéditas antes de que sean necesarias en la clínica, representa un avance clave para la medicina moderna.El potencial de las 7-deazapurinasUno de los aportes científicos más relevantes de Cediel Becerra es el estudio de las 7-deazapurinas, una familia de moléculas naturales con propiedades antimicrobianas y anticancerígenas. Su trabajo ha permitido ampliar significativamente el conocimiento sobre cómo se biosintetizan estas moléculas, cuál es su diversidad química y qué funciones biológicas cumplen.Estos hallazgos no solo enriquecen la comprensión básica de la biología microbiana, sino que abren nuevas posibilidades para el desarrollo de fármacos innovadores. Al entender cómo las bacterias producen estas sustancias, los científicos pueden diseñar estrategias para optimizarlas o modificarlas con fines terapéuticos.Herramientas que transforman la ciencia globalMás allá de los descubrimientos moleculares, Cediel Becerra ha contribuido al desarrollo de herramientas bioinformáticas de referencia mundial como antiSMASH y MIBiG, plataformas fundamentales para la comunidad científica dedicada al descubrimiento de productos naturales.Estas herramientas permiten a investigadores de todo el mundo identificar y catalogar clústeres de genes responsables de la producción de compuestos bioactivos en microorganismos. Su impacto es medible: miles de citaciones en la literatura científica respaldan la relevancia y el alcance global de estos desarrollos.Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en revistas como Nucleic Acids Research, una de las publicaciones más prestigiosas en biología molecular y genómica, consolidando su reconocimiento internacional.Ciencia colombiana con impacto globalTras completar su maestría y doctorado en Microbiología en Estados Unidos, José Dubán Cediel Becerra se ha consolidado como una de las voces emergentes en genómica microbiana y descubrimiento de productos naturales.Desde el análisis computacional de genomas hasta la identificación de moléculas con potencial terapéutico, su trabajo demuestra cómo la ciencia de frontera puede traducirse en soluciones concretas para problemas críticos de salud humana.En un mundo que enfrenta amenazas sanitarias cada vez más complejas, la investigación liderada por este científico colombiano no solo posiciona el talento nacional en la élite académica internacional, sino que también aporta herramientas reales para la construcción de nuevas terapias que podrían salvar millones de vidas.
Una grave situación de violencia se registró en la Institución Educativa Colegio Integrado Madre de la Esperanza, sede Las Ferias, en Sabana de Torres, donde una madre de familia presuntamente insultó, amenazó y lanzó un cuchillo contra una docente tras un altercado entre estudiantes.Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero de 2026, al finalizar la jornada escolar. De acuerdo con el relato de una de las profesoras afectadas, quien pidió reserva de su identidad por seguridad, la situación se desencadenó luego de que el hijo de la mujer se viera involucrado en una riña con otro estudiante a la salida de clases.Según explicó la docente, días antes la madre había sido citada por reiterados episodios de agresividad del menor hacia otros compañeros. Sin embargo, no asistió al encuentro y, de acuerdo con la profesora, respondió de manera grosera a los llamados realizados por la institución.“El día de los hechos, ella llegó gritándonos groserías, decía que por qué habíamos dejado que le pegaran al niño. Yo le dije que habláramos con el coordinador, pero ella respondió: ‘yo no quiero hablar con nadie, yo la voy a matar’, y sacó el cuchillo y me lo lanzó”, relató la maestra.La profesora dijo que alcanzó a llamar a la Policía y se llevaron a la madre de familia.“Cuando ella me lanzó el cuchillo, yo cerré los ojos y dije: Dios, protégeme y solo pensaba en mis hijas. Una mamá que estaba al lado mío gritaba: ‘profe, corra que la van a matar’”, recordó.Tras lo ocurrido, los docentes interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.El Sindicato de Educadores de Santander (SES), a través de su Departamento de Derechos Humanos, emitió un comunicado en el que expresó su “rechazo categórico e indeclinable” frente a los hechos de violencia, intimidación y agresión ocurridos contra docentes y contra las instalaciones del plantel educativo.La organización señaló que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una dinámica de conductas agresivas que afectan el entorno escolar y ponen en riesgo la vida, la integridad física y emocional y la dignidad del magisterio.“Estos acontecimientos derivaron en un incidente de extrema gravedad ocurrido el 9 de febrero de 2026, en plena jornada laboral, lo cual evidencia una afectación profunda de las garantías mínimas que deben rodear el ejercicio de la docencia”, indicó el sindicato.El SES manifestó su preocupación por lo que considera una vulneración directa de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el trabajo en condiciones dignas y seguras. Además, reiteró que ningún docente debe ejercer su labor bajo el miedo, la intimidación o la amenaza.Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a adelantar actuaciones inmediatas, serias y transparentes, y a adoptar medidas de protección eficaces que garanticen el ejercicio seguro de la labor docente.Finalmente, el sindicato hizo un llamado a la comunidad educativa y a las familias a rechazar cualquier forma de violencia contra quienes educan y a fortalecer el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos en los entornos escolares.Para este jueves 12 de febrero, diferentes instituciones educativas de Sabana de Torres y el Sindicato de Educadores de Santander, convocaron a una marcha pacífica por la convivencia, el respeto y la vida, con punto de encuentro el parque de las Pabas a partir de las 4:30 de la tarde.
Acceder a la educación superior en Colombia sigue siendo un desafío para miles de jóvenes. Los altos costos de matrícula, transporte y sostenimiento hacen que muchos abandonen el sueño de formarse profesionalmente. En medio de ese panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se ha convertido en una de las principales puertas de acceso a educación técnica y tecnológica gratuita, especialmente para población vulnerable.Ahora, ese acceso se amplía en Cundinamarca, pues la entidad inauguró oficialmente una nueva sede en Soacha, instalación que beneficiará a personas de cuatro municipios más.Dónde está ubicada la nueva sede del SENA en SoachaLa nueva sede está ubicada en la comuna 3 de Ciudad Verde, en Soacha, sobre un predio institucional de 4.339 m2, con una infraestructura moderna que alcanza los 7.774 m2 construidos.Según el SENA, la obra contó con una inversión superior a $57.900 millones, financiados con recursos propios de la entidad educativa y “destinados a estudios, diseños, construcción, dotación, mobiliario, conectividad y equipos tecnológicos de última generación”.Beneficiará a cuatro municipios más de CundinamarcaEsta sede no solo impactará a Soacha, también beneficiará a habitantes de los municipios de:GranadaTenaSan Antonio del TequendamaSibatéCon la nueva sede, el SENA espera impactar a cerca de 122.000 beneficiarios al año, “ampliando las oportunidades de formación para jóvenes, mujeres y población y especialmente a personas vulnerables”.En video: así se ve la nueva sede del SENA en SoachaLa infraestructura cuenta con 36 ambientes de aprendizaje, 19 especializados y 17 convencionales. Tiene una capacidad para atender a más de 3.200 aprendices diarios en modalidad presencial.Entre los espacios especializados se destacan laboratorios TIC, áreas para industrias creativas, logística y mercadeo, gestión documental, cosmetología y peluquería. Además, dispone de gimnasio, zonas de bienestar y un centro de recursos educativos.Durante su inauguración, el director general del SENA destacó que se trata de “una inversión estratégica para fortalecer el acceso a formación gratuita de calidad en esta zona del país”.Video de la nueva sede del SENA en Soacha
Un doble homicidio sacudió el norte de Bogotá este miércoles, luego de que sicarios atacaran al reconocido empresario arrocero Gustavo Aponte y a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. El atentado, que las autoridades califican como "meticulosamente planeado", ocurrió en la carrera Séptima con calle 85, cuando las víctimas salían de un gimnasio del sector.Detalles del sicariato en la carrera Séptima con calle 85Según el reporte del general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los atacantes vigilaron a sus víctimas durante al menos 15 minutos. Uno de los delincuentes vestía traje y corbata para pasar inadvertido en la zona. Tras realizar tres disparos, el agresor huyó en una motocicleta que lo esperaba sobre la carrera Séptima.Aunque las víctimas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica del Country, el centro médico confirmó que llegaron sin signos vitales. Gutiérrez Garzón, quien protegía al empresario, era un uniformado retirado de la Policía Nacional desde 2021.Vínculo entre Gustavo Aponte y la familia de Miguel Uribe TurbayGustavo Aponte era el propietario de Arroz Sonora y Flexo Spring. Su muerte generó reacciones inmediatas de la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, con quien mantenía un vínculo de profunda cercanía espiritual. Casualmente, el crimen ocurrió el mismo día en que se cumplían seis meses del fallecimiento del congresista tras otro ataque sicarial.María Carolina Hoyos, hermana del senador, y María Claudia Tarazona, su viuda, expresaron su dolor y destacaron la solidaridad de Aponte durante el duelo familiar.“Recuerdo especialmente dos momentos que nunca olvidaré: una vez entró conmigo a la UCI y llevó la Virgen María hasta la habitación de Miguel. Y hace pocos meses, cuando Miguel ya había muerto, llevó nuevamente la Virgen María a nuestra casa y volvimos a rezar, a pedir consuelo y su amor”, publicó Hoyos en su cuenta de Instagram.
La Corte Constitucional pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz trabajar de manera articulada para evitar nuevas confusiones o problemas de competencias con los exparamilitares que se acogen a cualquiera de los sistemas.Esto llega luego de la controversia generada en noviembre de 2023, cuando el exparamilitar Salvatore Mancuso fue admitido en la JEP bajo el término de “bisagra” al considerarse un enlace clave para comprender cómo operaron las alianzas ilegales entre los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.La admisión generó todo un debate jurídico e incluso tensión entre ambas jurisdicciones pues Mancuso, tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos en febrero de 2024, aún tenía cuentas pendientes con Justicia y Paz y de este dependió, inicialmente, si podía quedar en libertad condicionada o no.Para la Corte, tanto la JEP como Justicia y Paz deben implementar un mecanismo efectivo de articulación y colaboración armónica que les permita compartir hallazgos, coordinar actuaciones y avanzar de manera conjunta en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en este tipo de casos.“Por esta razón, la Corporación exhortó a las autoridades judiciales de la JEP y de Justicia y Paz a que diseñen e implementen un mecanismo de articulación efectivo de colaboración armónica y comunicación permanente que les permita aprovechar recíprocamente sus respectivos hallazgos y avances”, dice el comunicado.El pedido llega en medio de la decisión del alto tribunal de no emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la interpretación “bisagra” al considerar que el debate dejó de tener vigencia tras la emisión del auto 1319 de 2024, el cual determinó que el procesamiento de un comandante paramilitar correspondía a la jurisdicción de Justicia y Paz y no a la JEP desapareciendo así el término “bisagra” como criterio válido.La discusión se generó también luego de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Carlos Salazar, Julio César Prieto, Rafael Alfredo Colón Torres y Pablo Emilio Romero cuestionando la inclusión de comandantes paramilitares en la JEP bajo el argumento de que actuaron materialmente incorporados a la fuerza pública.Los demandantes insistieron en que este tipo de admisiones equiparaba el tratamiento que se le daba a los grupos ilegales con el dado a los miembros de la fuerza pública y superaba los límites fijados por la norma que creó la JEP y detalló su funcionamiento.
La Justicia no ha estado ajena a la crisis que se está viviendo en Montería, Córdoba, por cuenta de las lluvias. Y es que lo que se ha registrado es que muchos trabajadores en sus casas tienen el agua hasta el cuello, esperando aún que baje un poco el nivel y cuidando lo poco que les quedó, mientras que otros tratan de evacuar las aguas y otros de sacar sus cosas en lancha.Algunos de ellos no han podido ni regresar al trabajo y también han sido impactadas algunas sedes judiciales.Por eso, el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el cierre extraordinario de algunos despachos judiciales en el departamento de Córdoba. Se trata del juzgado primero promiscuo municipal de Canalete, el primero promiscuo municipal de Los Córdobas y el primero promiscuo municipal de Puerto Escondido entre el 11 al 18 de febrero del 2026, mientras se realizan las actividades necesarias para continuar con el funcionamiento de la justicia.Según el informe técnico de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería, estas sedes requieren trabajos de adecuación para garantizar condiciones seguras de funcionamiento, luego de inundaciones y riesgos estructurales derivados de la emergencia climática.Pero también se ha ordenado una suspensión de términos por este mismo tiempo; se suspenden los procesos, salvo los que tienen relación con las tutelas y habeas corpus. Asimismo, se ha dado a conocer que se mantiene y se reporta la cifra de 127 funcionarios de la justicia que han resultado damnificados.Reporte de afectados en CórdobaEl alcalde Montería, Hugo Kerguelén, indicó que solo en la capital del departamento hay cerca de 5.000 personas alojadas en albergues habilitados en colegios y escenarios deportivos de la ciudad.Según el Gobierno, cerca de 43.000 familias han resultado damnificadas por las lluvias en Córdoba y 24 de los 30 municipios del departamento se han visto afectados, principalmente por la crecida del río Sinú, cuyo caudal se agrandó por lluvias atípicas asociadas a frentes fríos que alcanzaron el sur del mar Caribe.Este miércoles el papa León XIV pidió ayuda para Colombia ante las inundaciones, que afectan también la región de Urabá y el departamento de Sucre, principalmente, y exhortó a "toda la comunidad a sostener con la caridad y la oración a las familias damnificadas".
A cierre del 2025, la Alcaldía de Bogotá confirmó una notable mejora en el mercado laboral con una tasa de desempleo del 6.5 %, una importante reducción con el paso de los meses, pero con problemas aún entre los más jóvenes de poder conseguir un trabajo estable y, por eso, han intentado ayudar en diversas iniciativas de becas.Frente a esto también la Fundación Forge, una organización enfocada en apoyar este tipo de iniciativas anunció un nuevo programa de becas para 300 personas en la ciudad para impulsar la empleabilidad juvenil en Colombia, que, además, también estará habilitada para los municipios aledaños de Soacha, Madrid, Funza, Mosquera y El Rosal.La propuesta de Fundación Forge busca el desarrollo de habilidades socioemocionales y digitales con un acompañamiento continuo en procesos reales de empleabilidad, como la preparación para entrevistas laborales, la participación en procesos de selección y la construcción de hojas de vida de alto impacto. El programa cuenta, además, con el respaldo de 17 empresas aliadas en Colombia y el apoyo de más de 124 voluntarios, quienes acercan a los jóvenes a las dinámicas reales del mundo del trabajo.Si bien existen señales de mejora, como una tasa de desempleo juvenil del 15,4 %, las cifras muestran que un volumen significativo de jóvenes continúa por fuera del sistema educativo y laboral.La convocatoria es para personas entre los 18 y 24 años de los lugares mencionados anteriormente, además que les permitirá desarrollar habilidades socioemocionales y digitales indispensables para acceder a empleo formal y sostenible desde una comunicación asertiva.¿Cómo participar en la convocatoria?Ingrese al link: https://fforge.org/programs/co-tu-futuroIndique sus datos personales.Cuadre la reunión de conocimiento.Empiece su proceso de beca totalmente gratuito.Asimismo, esta convocatoria se enmarca en una iniciativa 100 % virtual como una respuesta concreta a la exclusión laboral juvenil.
El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que, con corte al 31 de enero de 2026, en Santander se han confirmado ocho casos de tos ferina, todos los cuales requirieron hospitalización. Cuatro de los pacientes son menores de edad, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del departamento.De acuerdo con el informe, cinco de los casos corresponden a mujeres y tres a hombres. En cuanto a la distribución geográfica, siete se registraron en Bucaramanga y uno en Floridablanca.Sin embargo, de manera paralela, las autoridades de salud confirmaron un brote en población de especial interés. El 29 de enero fue identificado un conglomerado de cinco casos de tos ferina en menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena U’wa, en el sector Aguablanca, entre los municipios de Cerrito y Concepción.Los niños afectados tienen edades entre un mes y tres años, con predominio del sexo masculino. Dos de los casos fueron confirmados mediante prueba molecular, mientras que los otros tres permanecen en estudio, aunque presentan síntomas compatibles con la enfermedad.Actualmente, cuatro de estos menores permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales del país: uno en Villavicencio, dos en Saravena y uno en el Hospital Universitario de Santander. Uno de los pacientes ya fue dado de alta. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos.Según la investigación epidemiológica de campo del INS, el caso índice inició síntomas el 28 de diciembre de 2025. El periodo probable de exposición estaría relacionado con actividades comunitarias realizadas desde mediados de diciembre, en el marco de festividades tradicionales del canto indígena, que se extendieron hasta inicios de enero y contaron con la participación de varias comunidades. Durante estos encuentros, al parecer, asistieron personas con síntomas respiratorios.Las autoridades también advirtieron que cuatro de los menores no contaban con el esquema de vacunación acorde a su edad para tos ferina y el restante tenía el esquema incompleto. Uno de los casos presentó antecedente de tuberculosis y otro desnutrición global, factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.Ante este panorama, el 30 de enero se realizó una Sala de Análisis de Riesgo (SAR) nacional con participación de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca, con el fin de establecer la procedencia de los casos y definir acciones de prevención y fortalecimiento de la vigilancia en salud pública en los departamentos involucrados.La Secretaría de Salud de Santander reiteró el llamado a padres de familia, cuidadores y a la comunidad en general para reforzar las medidas de prevención, mantener al día los esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante síntomas respiratorios inusuales.Entre las principales recomendaciones se encuentra la vacunación, especialmente en la población infantil, como la herramienta más efectiva para prevenir la tos ferina. Recordaron que la vacuna está incluida en el esquema regular de inmunización.Asimismo, indicaron que, ante síntomas como tos persistente, fiebre o dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato a un médico o centro asistencial. También recomendaron mantener los espacios ventilados y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios, con el fin de reducir el riesgo de contagio.
La Secretaría de Salud de Santander informó que el departamento mantiene activa la vigilancia epidemiológica frente a la viruela símica (MPOX), luego de que durante el año 2025 se notificaran 16 casos confirmados de esta enfermedad.De acuerdo con el reporte oficial, los casos del año anterior se concentraron en el área metropolitana de Bucaramanga y se presentaron en población masculina con edades entre los 24 y 64 años.Según la autoridad sanitaria, este comportamiento evidenció un patrón de concentración geográfica urbana, coherente con la dinámica de transmisión del virus, que está asociada principalmente al contacto estrecho y directo entre personas.En lo corrido de 2026, se han notificado seis casos sospechosos en el departamento. De estos, tres fueron descartados tras evaluación clínica y de laboratorio, uno permanece en estudio y dos fueron confirmados. Estos últimos corresponden a hombres procedentes de los municipios de Barrancabermeja y Piedecuesta.La Secretaría de Salud señaló que este panorama refleja una disminución en la magnitud de casos confirmados en comparación con 2025. Sin embargo, advirtió sobre un desplazamiento geográfico del evento hacia un municipio diferente al área metropolitana, lo que requiere un seguimiento diferencial por parte de las autoridades sanitarias.Ante esta situación, el secretario de Salud Departamental, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención y autocuidado.Entre las recomendaciones están evitar el contacto directo con personas que presenten lesiones sospechosas, no compartir objetos personales, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, mantener cubiertas las lesiones en caso de presentarlas y consultar oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.
Indignación y preocupación ha generado un grave hecho registrado en Floridablanca, donde una madre tuvo que lanzarse de un vehículo en movimiento para pedir ayuda y alertar a las autoridades, luego de que ella y su hija de 17 años fueran víctimas de un violento asalto y retención.De acuerdo con la información preliminar, madre e hija abordaron un transporte ilegal en vía pública en el barrio El Carmen de Floridablanca, conducido por una pareja que supuestamente las llevaría hasta el barrio La Cumbre. Sin embargo, durante el recorrido habrían sido agredidas, amenazadas y despojadas de sus pertenencias.Según el relato de Marcela Tarazona, víctima del hecho, en medio del ataque intentó proteger a su hija y escapar del vehículo. En ese momento logró abrir la puerta y sacar parte de su cuerpo, pero terminó cayendo del automóvil, mientras la menor permaneció retenida en el interior.“A mí me robaron todo lo que llevaba. A mi hija le quitaron sus cadenas y la esclava de graduación. Nos golpearon y nos amenazaron con un arma de fuego, diciendo que nos iban a matar”, relató la mujer.En un video que circula en redes sociales se observa a la madre corriendo detrás del vehículo, pidiendo auxilio y solicitando que llamaran a la Policía, al advertir que su hija había quedado retenida. Cerca de 45 minutos después, la adolescente fue abandonada en el barrio La Victoria, en Bucaramanga.Afortunadamente, la menor fue ubicada con vida, aunque el caso ha generado alarma en el área metropolitana por la modalidad utilizada. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente.El director de Tránsito de Bucaramanga señaló que esta modalidad se ha venido registrando con mayor frecuencia y reiteró el llamado a la ciudadanía a no utilizar transporte ilegal, debido a los riesgos que representa para la seguridad de los usuarios.“Invitamos a las personas a utilizar transporte legal para llegar seguros a casa y evitar situaciones que pongan en riesgo su integridad”, indicó el funcionario.
Las autoridades de Barrancabermeja emitieron una alerta por la aparición de falsas ofertas de empleo que estarían siendo utilizadas para cometer extorsiones y presuntos secuestros, una modalidad que pone en riesgo a personas que buscan oportunidades laborales en el municipio.De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, las víctimas son contactadas a través de llamadas telefónicas o mensajes, en los que se les ofrece trabajo y se les cita a supuestas entrevistas con empresas que aseguran estar ubicadas en corredores viales estratégicos, especialmente en la vía que conecta a Barrancabermeja con Bucaramanga.Una vez las personas aceptan la oferta y se desplazan al punto indicado, son privadas de la libertad, y posteriormente sus familiares reciben llamadas extorsivas en las que se les exige dinero u otros beneficios a cambio de permitir su liberación, hechos que están siendo materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.El secretario de Seguridad y Convivencia, Eduardo Ramírez Alipio, confirmó que esta situación ya es atendida de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, a través de unidades especializadas, con el fin de identificar a los responsables y evitar nuevos casos.“Estamos frente a una nueva modalidad de extorsión que utiliza supuestos procesos de selección laboral para engañar a las personas. Hemos activado comunicación directa con la Fiscalía y la Fuerza Pública para enfrentar esta situación”, explicó el funcionario.Ramírez hizo un llamado a los ciudadanos para verificar la legalidad de las empresas antes de aceptar cualquier oferta de empleo, confirmar que estén debidamente constituidas y desconfiar de citaciones a lugares apartados o con información poco clara.Las autoridades insistieron en la importancia de denunciar de manera oportuna cualquier intento de extorsión o situación sospechosa, a través de las líneas oficiales de la Policía Nacional, con el fin de prevenir que más personas sean víctimas de este delito en Barrancabermeja.
Un violento fleteo se registró en la tarde de este viernes 23 de enero en el barrio San Francisco, en Bucaramanga, donde un hombre fue despojado de 68'440.000 pesos, en cuestón de minutos después de realizar un retiro en una entidad bancaria.Según el reporte preliminar, la víctima había efectuado una millonaria transacción en una sucursal de un Banco ubicado en inmediaciones del sector. Tras salir de la entidad financiera, se movilizaba en un vehículo cuando fue interceptado en la calle 21 con carrera 23, a pocas cuadras del banco.El asalto fue perpetrado por cinco hombres que se desplazaban en tres motocicletas. Los sujetos, todos vestidos de negro y de contextura gruesa, rodearon el vehículo y, portando armas de fuego, intimidaron al ciudadano para obligarlo a entregar el dinero.En cuestión de segundos, los delincuentes se apoderaron del botín y emprendieron la huida en sentido nortesur por la carrera 24, perdiéndose entre el tráfico de la zona.Tras el hecho, la víctima dio aviso inmediato a la línea de emergencia de la Policía, lo que permitió la llegada de varias patrullas al lugar. Las autoridades desplegaron un plan candado en la zona con el objetivo de ubicar a los responsables y recopilar información que permita avanzar en la investigación, hasta el momento, no se reportan capturas.De acuerdo con información preliminar de las autoridades, antes de realizar el retiro del dinero, funcionarios del banco le ofrecieron a la víctima el servicio de acompañamiento policial, el cual no fue aceptado.
Las fuertes lluvias que han marcado el inicio de 2026 mantienen en emergencia a los municipios de Charta, Matanza y Suratá, en la provincia de Soto Norte, Santander, donde la red vial rural presenta graves afectaciones por deslizamientos, hundimientos y procesos de erosión.Según las autoridades locales, las precipitaciones han superado los promedios históricos para esta temporada y han dejado al menos 14 días consecutivos de lluvias, una situación que desbordó la capacidad operativa de los municipios, especialmente en zonas rurales.El alcalde de Charta, Andelfo Portilla Tarazona, confirmó que varias veredas permanecen con paso restringido o completamente incomunicadas, mientras se adelantan gestiones ante la Gobernación de Santander y entidades de Gestión del Riesgo para obtener apoyo con maquinaria pesada.“El inicio del año y los procesos de contratación han retrasado el mantenimiento oportuno de los equipos, pero ya estamos solicitando apoyo para atender las emergencias”, explicó el mandatario.La situación es crítica para las comunidades campesinas. En la vereda La Rinconada, los habitantes aseguran que la creciente de las quebradas ha destruido los pasos vehiculares, impidiendo el transporte de alimentos, materiales y productos agrícolas.“No hemos podido pasar ni mercados ni insumos. La carretera está totalmente dañada”, denunció Elí Castro Cárdenas, presidente de la Junta de Acción Comunal.Además de la incomunicación, el mal estado de las vías ha impactado de forma directa la economía rural. Campesinos señalan que el costo del transporte de fertilizantes, semillas y herramientas se ha incrementado, al igual que el flete para sacar productos como café, plátano, yuca y hortalizas hacia Bucaramanga.A esta problemática se suma el riesgo de retrasos en proyectos de desarrollo rural, entre ellos la construcción de cerca de 100 baterías sanitarias en viviendas campesinas de Charta, Matanza y Suratá, una iniciativa que se ejecuta mediante el programa Obras por Impuestos, a través de una fiducia del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (amb).El transporte de materiales como tuberías, tanques y cemento se ha vuelto complejo debido a la necesidad de vehículos 4x4, lo que eleva los costos y limita el acceso a las zonas más apartadas.Las administraciones municipales de Soto Norte esperan una pronta intervención de la Gobernación de Santander y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de evaluar los daños, priorizar los puntos críticos y habilitar soluciones temporales que garanticen la movilidad y el abastecimiento de las comunidades rurales.
Un incendio forestal que se inició hacia las 2:00 de la tarde de este martes 10 de febrero, en la vereda Arenal, sector El Manzano, en el municipio de Mogotes, consumió cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal y mantuvo en alerta a la comunidad durante varias horas.Las llamas avanzaron rápidamente por la montaña, obligando a los habitantes del sector a intervenir de manera directa para evitar que el fuego se extendiera a más predios, viviendas y la escuela de la zona. La situación se tornó más compleja debido a que el cuerpo de bomberos del municipio no se encuentra operando por trámites administrativos.Yulexy Rangel, residente de la zona, relató los momentos de angustia que vivieron.“Nos dimos cuenta hacia las 3 de la tarde porque venía descendiendo por la montaña. Mi esposo estaba desyerbando y se fue con otros vecinos, pero se regresaron a las 5:00 p.m. porque era imposible controlarlo. Mi esposo llamó a bomberos y dijeron que no podían atender porque no están habilitados”, contó.Durante la tarde y buena parte de la noche, campesinos del sector, con ramas, agua y herramientas básicas, trabajaron para reducir la intensidad del incendio y evitar que siguiera propagándose. La solidaridad entre vecinos fue clave para contener la emergencia mientras llegaba apoyo institucional.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el incendio ya fue controlado y que actualmente se encuentra en fase de monitoreo y proceso de liquidación para evitar que se reactive.“El incendio se encuentra controlado y actualmente está en fase de monitoreo y proceso de liquidación. La atención se realiza de manera articulada entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el CMGRD de Mogotes”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.Aunque no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, la emergencia dejó una considerable afectación ambiental en esta zona rural de Mogotes.Las autoridades mantienen presencia en el sector para verificar puntos calientes y descartar nuevos focos, mientras la comunidad insiste en la necesidad de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos plenamente habilitado para atender este tipo de emergencias.
Momentos de tensión se vivieron en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieran presencia armada en la zona urbana, donde patrullaron varias calles y protagonizaron acciones contra la fuerza pública.Los insurgentes hostigaron durante varios minutos la estación de Policía del municipio, generando pánico entre los habitantes. En medio de los hechos, también se reportó un ataque contra un helicóptero que sobrevolaba el área, al parecer en labores de apoyo y verificación de la situación de orden público.Los hombres armados caminaron por distintos sectores del municipio, lo que obligó a la comunidad a resguardarse en sus viviendas por temor a enfrentamientos. Los comerciantes cerraron de inmediato sus establecimientos y la administración municipal suspendió la atención al público mientras se restablecía la calma.
La tristeza que dejó la muerte de Daniel Felipe Ballesteros aún se siente en las calles de Tona. El niño, de apenas 10 años, fue hallado sin vida a unos 10 metros al fondo de un abismo, en hechos que hoy son materia de investigación y que mantienen consternada a toda la comunidad.Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Tona anunció una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita esclarecer lo ocurrido. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez aseguró que desde el primer momento se activó un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación de Santander.“Estamos trabajando articuladamente con Policía, Fiscalía y Gobernación de Santander para esclarecer este crimen que ocurrió en nuestro municipio. Por parte de la administración municipal estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para aquella persona que nos pueda brindar información para establecer este crimen”, manifestó el mandatario local.El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato, por mínimo que parezca, y garantizó absoluta reserva. La información puede ser suministrada al número 310 811 4966. “El llamado es a que nos suministren información por mínima que sea, nosotros estamos dispuestos a revisar la información”, añadió.Daniel Felipe era estudiante de la Escuela Francisco Romero y participaba activamente en las escuelas de formación musical y deportiva del municipio. Como cada día, había salido a jugar, sin que nadie imaginara que esa rutina terminaría en tragedia.La indignación y el dolor se transformaron en un acto de unión. Decenas de habitantes se concentraron frente a la Alcaldía de Tona para realizar una velatón en su memoria. Con velas encendidas, oraciones y abrazos, el municipio rindió homenaje al menor y acompañó a su familia en medio del duelo.“Estas imágenes y videos capturan el sentir de un pueblo que se une en un solo corazón. Entre oraciones y el suave resplandor de las velas, la comunidad de Tona se reunió para rendir un sentido homenaje a la vida de Daniel Felipe Ballesteros. Que este acto de unión sea un abrazo de luz para su familia y un testimonio de que su recuerdo de 10 años de alegría nunca se apagará entre nosotros”, escribió la alcaldía en sus redes sociales.Mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte, Tona clama por justicia. La Alcaldía también declaró tres días de luto en el municipio por la muerte del menor. Además, fueron aplazadas las actividades programadas para próximos días por los 476 años de Tona."En señal de respeto y acompañamiento a su familia y seres queridos, informamos que la celebración de los 476 años de Tona será aplazada. Hoy no es momento de festejar, sino de abrazarnos como comunidad, elevar una oración y acompañar desde el corazón", escribió la Alcaldía de su cuenta en Facebook.
En la madrugada de este martes se registraron dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.El primero ocurrió a las 12:59 a.m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo se sintió de manera leve en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios ciudadanos indicaron haber percibido una ligera vibración, especialmente en edificios de varios pisos.Sin embargo, el movimiento tuvo una percepción un poco más intensa en municipios como San Gil, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Norte de Santander, donde habitantes reportaron el temblor a través de redes sociales.Horas después, a las 4:25 a.m., se presentó un segundo sismo también con epicentro en Los Santos. Este tuvo una magnitud menor, de 3.2, y una profundidad de 152 kilómetros. Por sus características, fue percibido con menor intensidad y en menos zonas del departamento.Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente, recordando a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y tener identificadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos en la zona.
Botar un colchón viejo, una silla rota o escombros en plena calle podría salir caro en Bucaramanga, la Alcaldía prepara un nuevo decreto que permitirá sancionar y multar a las personas que abandonen inservibles y residuos voluminosos en el espacio público, una práctica que se ha vuelto recurrente en distintos sectores de la ciudad.Según la administración municipal, en separadores, andenes y vías principales es cada vez más común encontrar muebles, escombros, electrodomésticos dañados y desechos domésticos, lo que no solo deteriora la imagen urbana, sino que también genera problemas de salubridad, malos olores, proliferación de plagas y obstrucción del tránsito peatonal y vehicular.El alcalde Cristian Portilla aseguró que esta conducta se repite “una y mil veces” y relató que incluso presenció recientemente cómo algunas personas dejaban residuos en plena vía pública. “No podemos seguir permitiendo que conviertan la ciudad en un basurero. Vamos a controlar y sancionar”, advirtió.El decreto contempla controles más estrictos, operativos de vigilancia y la imposición de comparendos económicos a quienes sean sorprendidos arrojando o abandonando este tipo de elementos en sitios no autorizados.La medida busca frenar una problemática que, según la Alcaldía, genera altos costos de limpieza y afecta la calidad de vida de los ciudadanos.Además de las sanciones, la administración invitó a la comunidad a hacer uso de los canales oficiales de recolección y jornadas especiales para disposición de inservibles, con el fin de evitar acumulaciones ilegales de basura en los barrios.Con esta normativa, Bucaramanga busca recuperar el orden y la limpieza del espacio público, enviando un mensaje claro: quien use la calle como botadero, será multado.
Lo que era una advertencia terminó convirtiéndose en realidad. El Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento de Berlín, en zona rural de Tona, Santander, cerró sus puertas, dejando sin atención integral a 42 niños y niñas campesinos, quienes dependían del programa para recibir alimentación, educación inicial y cuidado diario.Ante el cierre, padres de familia, cuidadores y menores protagonizaron una manifestación pacífica para exigir respuestas y soluciones inmediatas a las autoridades.La comunidad asegura que la decisión se conoció luego de que el ICBF – Centro Zonal Sur Bucaramanga informara que no continuará con la apertura del programa bajo su modalidad actual, argumentando falta de cobertura. Sin embargo, los padres rechazan esta justificación y sostienen que sí existe suficiente demanda y que decenas de familias quedaron sin el servicio.“Los niños no pueden pagar las consecuencias de trámites administrativos, lo que impide que continuemos nuestras labores en el campo, porque no los podemos dejar a la deriva”, afirmó Beatríz Rodriguez lider comunitaria .El CDI era el único programa de atención a la primera infancia en toda la zona de Soto Norte, ofreciendo acompañamiento pedagógico, apoyo psicosocial y alimentación, fundamentales para familias que trabajan en labores del campo y no tienen dónde dejar a sus hijos.Desde el Concejo municipal de Tona, el concejal Adalberto Ospino aseguró que la situación había sido advertida desde noviembre del año pasado.“Es el único programa de Bienestar Familiar en el sector. Tiene componente educativo y nutricional. Desde el año anterior se pidió buscar soluciones técnicas y administrativas para que no se cerrara, pero no hubo respuesta oportuna”, afirmó.Aunque el ICBF financia el 100 % de la operación, la continuidad del servicio también dependía de que la Alcaldía garantizara un espacio físico, situación que finalmente no se resolvió.Ahora, 42 menores quedaron sin atención y sus familias exigen la intervención urgente del ICBF, la Alcaldía de Tona, la Personería y la Comisaría de Familia, para reactivar el programa cuanto antes.Mientras tanto, en Berlín la preocupación crece los niños ya no tienen dónde recibir cuidado ni alimentación durante el día.