Un tramo del jarillón del río Lebrija cedió nuevamente, provocando inundaciones y daños en zonas rurales de Sabana de Torres y sus alrededores, en el departamento de Santander. La ruptura de esta estructura de contención ha encendido las alarmas de las comunidades ribereñas, que denuncian el riesgo permanente ante el avance de las lluvias y la falta de mantenimiento de estas barreras protectoras en esa localidad. En el sector de Monterrojo, personal municipal y líderes comunitarios reportaron que cerca de 43 metros del jarillón colapsaron bajo la fuerza de las aguas, lo que permitió el paso directo de caudal hacia fincas y zonas habitadas. El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero, confirmó que la rotura se presentó durante las últimas crecientes y exhortó a las autoridades departamentales y nacionales a intervenir de forma urgente para evitar un desbordamiento mayor.Residentes de los sectores afectados describen la situación como crítica, ya que el agua ha anegado cultivos y caminos vecinales, poniendo en riesgo cosechas y propiedades. Pese a que el nivel del río ha descendido en días recientes, el temor de nuevas inundaciones persiste entre las familias ubicadas en las riberas del Lebrija.https://www.bluradio.com/regiones/santanderes/asi-puede-ayudar-a-damnificados-por-lluvias-en-santander-lanzan-campana-de-solidaridad-rg10 Líderes sociales han advertido que no es la primera vez que esta infraestructura falla. En el corregimiento de Papayal, Rionegro, otro tramo del jarillón sufrió aperturas de hasta de 60 metros, según testimonios de pobladores. Denuncian que estas obras llevan más de ocho años sin mantenimiento adecuado, lo que agrava la vulnerabilidad ante cada temporada de lluvias.La Gobernación de Santander informó que mantiene un monitoreo permanente del río Lebrija y ha activado alertas tempranas para zonas en riesgo. El gobernador Juvenal Díaz detalló que, gracias a la reciente disminución de las lluvias, el caudal del río se ha estabilizado, pero pidió no bajar la guardia ante posibles nuevas crecientes. Además, dijo que la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental coordina con el municipio el desplazamiento de maquinaria para la rehabilitación preventiva del jarillón.Sin embargo, desde la comunidad señalan que se requieren acciones más decididas y rápidas, pues la infraestructura afectada no solo protege viviendas, sino también terrenos agrícolas y vías de comunicación esenciales para el sustento de miles de familias.Las lluvias atípicas registradas en los últimos días en Santander han generado alertas por riesgo de crecientes súbitas e inundaciones en diferentes municipios, incluyendo la zona baja del río Lebrija, que históricamente ha sido susceptible a desbordamientos cuando los jarillones fallan o se debilitan.Organizaciones de gestión del riesgo y la misma comunidad instan a reforzar no solo la infraestructura física sino también los mecanismos de alerta temprana y educación preventiva para minimizar desastres futuros.
Un hecho de sangre sacudió la tranquilidad del barrio Monterredondo, en el suroccidente de Bucaramanga, la tarde de este jueves, 12 de febrero. Sergio Andrés Suárez Ortiz, propietario de un supermercado, fue asesinado a tiros por delincuentes que irrumpieron en su establecimiento con el objetivo de despojarlo de una joya personal.El suceso ocurrió en horas de la tarde frente al conjunto residencial Torres de Monterredondo. Según los primeros informes oficiales, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta e ingresaron al local simulando ser clientes. Una vez dentro, uno de los asaltantes desenfundó un arma de fuego y confrontó a Suárez Ortiz, exigiéndole una cadena de oro que portaba. Ante la aparente resistencia de la víctima, el delincuente accionó el arma a quemarropa, dejándolo gravemente herido mientras los atacantes huían con rumbo desconocido.Pese a que el comerciante fue trasladado de urgencia a la Clínica Chicamocha, el personal médico confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso debido a la gravedad del impacto. La tragedia generó un profundo rechazo entre los habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.Ante la gravedad del crimen, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, condenó categóricamente el asesinato y ordenó a la Policía Nacional activar de inmediato todos los protocolos de inteligencia y búsqueda. El mandatario instruyó un despliegue tecnológico y operativo en esa zona de la ciudad para capturar a los responsables. “No permitiremos que hechos criminales atenten contra la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”, enfatizó la administración municipal.Por su parte, el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Fratally, anunció que se ofrece una recompensa de hasta diez millones de pesos por información veraz que conduzca a la judicialización de los autores materiales de este crimen. Mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realiza las labores de criminalística y análisis de cámaras de seguridad, la Alcaldía hizo un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades bajo absoluta reserva, reafirmando una política de tolerancia cero frente al homicidio.
Un juez de conocimiento de Bucaramanga dictó una sentencia condenatoria de 31 años y 2 meses de prisión contra un hombre hallado responsable del asesinato de su compañera sentimental, Yaisbely Andrea Ibargúen Molina, de 28 años, en hechos ocurridos en el departamento de Santander. La decisión judicial se produjo tras el aval de un preacuerdo suscrito entre el procesado, asistido por su defensa técnica, y la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual el implicado aceptó de manera voluntaria los cargos por el delito de feminicidio agravado.El expediente judicial detalló que el crimen tuvo lugar el 21 de julio de 2024 en una vivienda del barrio Altos de Andina, en el municipio de Girón. Según la reconstrucción de los hechos presentada por el ente acusador, el sentenciado atacó a la víctima con un arma cortopunzante en momentos en que ella se encontraba utilizando su teléfono celular. La agresión se perpetró en presencia de los tres hijos menores de edad de la pareja, de 9, 7 y 1 año, quienes presenciaron el ataque contra su progenitora.Tras la agresión, los llamados de auxilio de la mujer alertaron a los residentes del sector, quienes acudieron al inmueble para intentar socorrerla. Ante la llegada de los vecinos, el atacante emprendió la huida, abandonando el lugar de los hechos. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano; no obstante, los reportes médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas.La investigación técnica y los testimonios recopilados permitieron establecer que el ataque no fue un evento aislado, sino el desenlace de un ciclo de violencia sistemática. Las indagaciones determinaron que, durante los tres años de convivencia de la pareja, la mujer fue sometida a constantes episodios de maltrato físico y psicológico por parte del ahora condenado. Con esta sentencia, el victimario deberá cumplir su pena en un establecimiento carcelario, perdiendo además los beneficios de libertad condicional debido a la naturaleza del delito tipificado bajo la Ley Rosa Elvira Celis.
Desde los laboratorios del Departamento de Microbiología y Ciencia Celular de la Universidad de la Florida, en Estados Unidos, el científico colombiano José Cediel Becerra lidera investigaciones que podrían marcar un punto de inflexión en la lucha contra uno de los mayores desafíos de la salud pública global: la resistencia a los antibióticos.Egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde se graduó con grado Summa Cum Laude y tesis laureada, el joven santandereano ha construido una trayectoria científica de alto impacto internacional centrada en el descubrimiento de nuevos compuestos terapéuticos derivados de bacterias. Su apuesta no está en lo convencional, sino en explorar el vasto potencial químico oculto en los genomas microbianos.Bacterias como fuente de nuevos medicamentosLa investigación del científico santandereano se enfoca en identificar nuevas rutas biosintéticas, los procesos mediante los cuales los microorganismos producen moléculas- utilizando herramientas de genómica computacional avanzada.A través del desarrollo y aplicación de metodologías bioinformáticas innovadoras, Cediel Becerra analiza sistemáticamente miles de genomas bacterianos en busca de compuestos naturales con propiedades bioactivas.El objetivo es claro: descubrir nuevas clases de productos naturales que puedan convertirse en la próxima generación de terapéuticos, especialmente frente a infecciones resistentes a los antibióticos actuales.En un contexto en el que la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el riesgo de una “era post-antibiótica”, investigaciones como la suya resultan estratégicas. La capacidad de anticiparse al problema, identificando moléculas inéditas antes de que sean necesarias en la clínica, representa un avance clave para la medicina moderna.El potencial de las 7-deazapurinasUno de los aportes científicos más relevantes de Cediel Becerra es el estudio de las 7-deazapurinas, una familia de moléculas naturales con propiedades antimicrobianas y anticancerígenas. Su trabajo ha permitido ampliar significativamente el conocimiento sobre cómo se biosintetizan estas moléculas, cuál es su diversidad química y qué funciones biológicas cumplen.Estos hallazgos no solo enriquecen la comprensión básica de la biología microbiana, sino que abren nuevas posibilidades para el desarrollo de fármacos innovadores. Al entender cómo las bacterias producen estas sustancias, los científicos pueden diseñar estrategias para optimizarlas o modificarlas con fines terapéuticos.Herramientas que transforman la ciencia globalMás allá de los descubrimientos moleculares, Cediel Becerra ha contribuido al desarrollo de herramientas bioinformáticas de referencia mundial como antiSMASH y MIBiG, plataformas fundamentales para la comunidad científica dedicada al descubrimiento de productos naturales.Estas herramientas permiten a investigadores de todo el mundo identificar y catalogar clústeres de genes responsables de la producción de compuestos bioactivos en microorganismos. Su impacto es medible: miles de citaciones en la literatura científica respaldan la relevancia y el alcance global de estos desarrollos.Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en revistas como Nucleic Acids Research, una de las publicaciones más prestigiosas en biología molecular y genómica, consolidando su reconocimiento internacional.Ciencia colombiana con impacto globalTras completar su maestría y doctorado en Microbiología en Estados Unidos, José Dubán Cediel Becerra se ha consolidado como una de las voces emergentes en genómica microbiana y descubrimiento de productos naturales.Desde el análisis computacional de genomas hasta la identificación de moléculas con potencial terapéutico, su trabajo demuestra cómo la ciencia de frontera puede traducirse en soluciones concretas para problemas críticos de salud humana.En un mundo que enfrenta amenazas sanitarias cada vez más complejas, la investigación liderada por este científico colombiano no solo posiciona el talento nacional en la élite académica internacional, sino que también aporta herramientas reales para la construcción de nuevas terapias que podrían salvar millones de vidas.
Pese a que las autoridades departamentales han avanzado con la entrega de ayudas humanitarias en las 13 poblaciones que decretaron calamidad pública por las fuertes lluvias, hay poblaciones en el Urabá antioqueño que siguen viviendo bajo la zozobra de que el invierno les arrebate lo poco que les quedó.En Santa Fe de la Islita, una comunidad rural del municipio de Necoclí, la inclemencia del clima dejó inundadas varias viviendas, incluso algunas con riesgo de desplomarse, como lo narró el presidente de la junta de acción comunal tras recorrer la zona afectada y pedir al Gobierno nacional ayuda para por lo menos 10 viviendas."Esta casa está absolutamente que se cae, un riesgo en estos momentos, pero bueno, lo hacemos para que las entidades se den de cuenta. Pedirle a a el Gobierno nacional, las entidades, todo, esto da tristeza. Me dan ganas de llorar, de la realidad. Aproximadamente, diez familias", relató.Si por allá llueve, en Apartadó no escampa. Otro campesino del corregimiento San José de Apartadó manifestó que incluso algunas familias están sin comida tras las precipitaciones que algunos puntos acumulan desde hace dos semanas."Esperar que un funcionario entre por tierra va a ser imposible. Yo pienso que aquí, en este momento, sería muy necesario una visita en helicóptero. Ya que hay gente que, por esta situación que se está presentando, hay gente que las casas están sin comida. Ya van 15 días en esta situación", indicó el campesino.Por ahora, tanto la Gobernación como EPM buscan en conjunto alternativas para llevar gas natural a los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá, aún desabastecidos por el problema que registran en sus carreteras.Según el Dagran, en todas las localidades afectadas se mantiene la entrega de ayudas humanitarias con kits de alimentos, aseo, infantiles y colchonetas, llegando a un total de 16 mil 149 ayudas humanitarias entregadas a la fecha.En las últimas horas con apoyo de la Armada Nacional llegaron por vía marítima y fluvial 734 ayudas para Murindó y 626 para el municipio de Vigía del Fuerte.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este miércoles, 11 de febrero:El cantante Galy Galiano habló sobre lo que será su nueva gira. También contó anécdotas de su carrera y el momento más difícil que ha vivido como artista.En la sección 'Tutoriales radiales', la docente Daniela Hoyos explicó a los oyentes la diferencia de autoestima con el éxito y cómo trabajarlas.
Un grave accidente de tránsito ocurrido pasada la medianoche deja dos mujeres muertas en el norte de Bogotá. El siniestro se registró en la calle 244 con autopista Norte, en sentido sur-norte, en la vía que conduce hacia el municipio de Chía, Cundinamarca.Según versiones preliminares, un menor de edad que conducía un vehículo de alta gama, al parecer a alta velocidad, intentó adelantar un bus intermunicipal antes del peaje. En la maniobra chocó contra un camión y luego contra un automóvil particular en el que se movilizaban dos mujeres, madre e hija.Por la fuerza del impacto, la conductora del vehículo particular murió en el lugar. Su acompañante, una mujer de 65 años, fue rescatada por personal de la concesión vial y trasladada a un centro asistencial en Cundinamarca, donde, horas después, falleció. El joven terminó en la zanja del separador central. Las autoridades de tránsito adelantan la inspección para esclarecer las causas del accidente.“Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre bus y dos automóviles en la autopista Norte con calle 245, sentido Sur-Norte.Se asigna unidad de@TransitoBta, grupo de criminalística en desplazamiento. Vía alterna: Tomar Cra. 7”, informó la Secretaría de Movilidad de Bogotá en su cuenta de X.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo este miércoles que "en algún momento" viajará a Estados Unidos, luego de reunirse con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en Caracas en la que establecieron una "asociación productiva a largo" plazo en materia energética."En algún momento, me imagino", señaló Rodríguez a un grupo de periodistas en el palacio presidencial de Miraflores al ser consultada si viajará a Estados Unidos, a lo que también respondió que en este momento tiene mucho trabajo en el país suramericano.La declaración la hizo tras despedirse de Wright en Miraflores, donde tuvieron un encuentro privado en el que, ambos aseguraron, hubo una conversación franca.En enero pasado, un funcionario de la Casa Blanca aseguró que Rodríguez tiene previsto visitar Washington, sin detallar fechas o agenda.Este anuncio se produjo días después de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora de Venezuela María Corina Machado.Venezuela y Estados Unidos establecieron este miércoles una "asociación productiva a largo" plazo en materia energética y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, según anunció Rodríguez tras su encuentro con Wright.Rodríguez, quien no detalló el plazo acordado, dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Washington "se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países y complementaria".Esta es la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera.Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas del país norteamericano operen en la nación caribeña.
Las autoridades militares de Estados Unidos decidieron cerrar el espacio aéreo de forma temporal en la ciudad fronteriza de El Paso para probar un láser antidrones, según filtraciones a medios estadounidenses.Esta versión contradice la información inicial otorgada por el Secretario de Transporte, Sean Duffy, quien adjudicó el cierre a una supuesta incursión en territorio estadounidense de drones de un cartel mexicano del narcotráfico.De acuerdo con las filtraciones, el Departamento de Defensa no comunicó sus planes de poner a prueba este láser con la Administración Federal de Aviación (FAA), lo que provocó el cierre abrupto del espacio aéreo.Según informó la cadena Fox News, las autoridades militares habían usado el láser al inicio de esta semana para derribar lo que creían que era un dron pero terminó siendo un "globo de fiesta" e incluso aseguró que este error habría sido lo que motivó las pruebas del sistema láser que obligaron a cerrar el espacio aéreo.Las autoridades locales tampoco fueron informadas de los planes del Pentágono, que se llevaron a cabo cerca a la base militar de Fort Bliss, según detallaron el alcalde, el jefe de policía y la congresista Verónica Escobar en dos ruedas de prensa esta mañana."Esta decisión innecesaria ha causado caos y confusión en la comunidad de El Paso. Esto nunca debió haber pasado", se quejó el alcalde, Renard Johnson, en declaraciones a la prensa, "no se puede restringir el espacio aéreo sin coordinar con la alcaldía, es inaceptable", agregó.El jefe de policía de El Paso, Pete Pacillas, reveló además que la ciudad "no ha sido notificada" de ninguna incursión aérea por parte de los carteles mexicanos."Eso es un rumor que hemos oído, nada más, pero aún no se nos ha dado ninguna determinación oficial sobre por qué fue cerrado, así que no vamos a especular al respecto", dijo el funcionario a reporteros.En la mañana de hoy, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que el Pentágono y la FAA "neutralizaron" una "incursión de drones de un cártel" en El Paso.La FAA emitió anoche un inusual aviso sobre la suspensión de todos los vuelos en El Paso "por razones especiales de seguridad", que entró en vigor a las 23:30 hora local de este martes y estaba previsto que se mantuviera hasta las 23:30 hora local del 20 de febrero. Sin embargo, fue la prohibición fue levantada hoy mismo.La restricción abarcaba un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso y la vecina comunidad de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México.La suspensión de vuelos en la zona limítrofe entre EE.UU. y México coincide con un aumento en la tensión entre los Gobiernos de los dos países tras las reiteradas amenazas del presidente, Donald Trump, de posibles ataques en tierra contra los cárteles de la droga mexicanos, designados como organizaciones terroristas por Washington.
Una grave situación de violencia se registró en la Institución Educativa Colegio Integrado Madre de la Esperanza, sede Las Ferias, en Sabana de Torres, donde una madre de familia presuntamente insultó, amenazó y lanzó un cuchillo contra una docente tras un altercado entre estudiantes.Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero de 2026, al finalizar la jornada escolar. De acuerdo con el relato de una de las profesoras afectadas, quien pidió reserva de su identidad por seguridad, la situación se desencadenó luego de que el hijo de la mujer se viera involucrado en una riña con otro estudiante a la salida de clases.Según explicó la docente, días antes la madre había sido citada por reiterados episodios de agresividad del menor hacia otros compañeros. Sin embargo, no asistió al encuentro y, de acuerdo con la profesora, respondió de manera grosera a los llamados realizados por la institución.“El día de los hechos, ella llegó gritándonos groserías, decía que por qué habíamos dejado que le pegaran al niño. Yo le dije que habláramos con el coordinador, pero ella respondió: ‘yo no quiero hablar con nadie, yo la voy a matar’, y sacó el cuchillo y me lo lanzó”, relató la maestra.La profesora dijo que alcanzó a llamar a la Policía y se llevaron a la madre de familia.“Cuando ella me lanzó el cuchillo, yo cerré los ojos y dije: Dios, protégeme y solo pensaba en mis hijas. Una mamá que estaba al lado mío gritaba: ‘profe, corra que la van a matar’”, recordó.Tras lo ocurrido, los docentes interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.El Sindicato de Educadores de Santander (SES), a través de su Departamento de Derechos Humanos, emitió un comunicado en el que expresó su “rechazo categórico e indeclinable” frente a los hechos de violencia, intimidación y agresión ocurridos contra docentes y contra las instalaciones del plantel educativo.La organización señaló que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una dinámica de conductas agresivas que afectan el entorno escolar y ponen en riesgo la vida, la integridad física y emocional y la dignidad del magisterio.“Estos acontecimientos derivaron en un incidente de extrema gravedad ocurrido el 9 de febrero de 2026, en plena jornada laboral, lo cual evidencia una afectación profunda de las garantías mínimas que deben rodear el ejercicio de la docencia”, indicó el sindicato.El SES manifestó su preocupación por lo que considera una vulneración directa de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el trabajo en condiciones dignas y seguras. Además, reiteró que ningún docente debe ejercer su labor bajo el miedo, la intimidación o la amenaza.Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a adelantar actuaciones inmediatas, serias y transparentes, y a adoptar medidas de protección eficaces que garanticen el ejercicio seguro de la labor docente.Finalmente, el sindicato hizo un llamado a la comunidad educativa y a las familias a rechazar cualquier forma de violencia contra quienes educan y a fortalecer el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos en los entornos escolares.Para este jueves 12 de febrero, diferentes instituciones educativas de Sabana de Torres y el Sindicato de Educadores de Santander, convocaron a una marcha pacífica por la convivencia, el respeto y la vida, con punto de encuentro el parque de las Pabas a partir de las 4:30 de la tarde.
El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que, con corte al 31 de enero de 2026, en Santander se han confirmado ocho casos de tos ferina, todos los cuales requirieron hospitalización. Cuatro de los pacientes son menores de edad, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del departamento.De acuerdo con el informe, cinco de los casos corresponden a mujeres y tres a hombres. En cuanto a la distribución geográfica, siete se registraron en Bucaramanga y uno en Floridablanca.Sin embargo, de manera paralela, las autoridades de salud confirmaron un brote en población de especial interés. El 29 de enero fue identificado un conglomerado de cinco casos de tos ferina en menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena U’wa, en el sector Aguablanca, entre los municipios de Cerrito y Concepción.Los niños afectados tienen edades entre un mes y tres años, con predominio del sexo masculino. Dos de los casos fueron confirmados mediante prueba molecular, mientras que los otros tres permanecen en estudio, aunque presentan síntomas compatibles con la enfermedad.Actualmente, cuatro de estos menores permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales del país: uno en Villavicencio, dos en Saravena y uno en el Hospital Universitario de Santander. Uno de los pacientes ya fue dado de alta. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos.Según la investigación epidemiológica de campo del INS, el caso índice inició síntomas el 28 de diciembre de 2025. El periodo probable de exposición estaría relacionado con actividades comunitarias realizadas desde mediados de diciembre, en el marco de festividades tradicionales del canto indígena, que se extendieron hasta inicios de enero y contaron con la participación de varias comunidades. Durante estos encuentros, al parecer, asistieron personas con síntomas respiratorios.Las autoridades también advirtieron que cuatro de los menores no contaban con el esquema de vacunación acorde a su edad para tos ferina y el restante tenía el esquema incompleto. Uno de los casos presentó antecedente de tuberculosis y otro desnutrición global, factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.Ante este panorama, el 30 de enero se realizó una Sala de Análisis de Riesgo (SAR) nacional con participación de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca, con el fin de establecer la procedencia de los casos y definir acciones de prevención y fortalecimiento de la vigilancia en salud pública en los departamentos involucrados.La Secretaría de Salud de Santander reiteró el llamado a padres de familia, cuidadores y a la comunidad en general para reforzar las medidas de prevención, mantener al día los esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante síntomas respiratorios inusuales.Entre las principales recomendaciones se encuentra la vacunación, especialmente en la población infantil, como la herramienta más efectiva para prevenir la tos ferina. Recordaron que la vacuna está incluida en el esquema regular de inmunización.Asimismo, indicaron que, ante síntomas como tos persistente, fiebre o dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato a un médico o centro asistencial. También recomendaron mantener los espacios ventilados y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios, con el fin de reducir el riesgo de contagio.
La Secretaría de Salud de Santander informó que el departamento mantiene activa la vigilancia epidemiológica frente a la viruela símica (MPOX), luego de que durante el año 2025 se notificaran 16 casos confirmados de esta enfermedad.De acuerdo con el reporte oficial, los casos del año anterior se concentraron en el área metropolitana de Bucaramanga y se presentaron en población masculina con edades entre los 24 y 64 años.Según la autoridad sanitaria, este comportamiento evidenció un patrón de concentración geográfica urbana, coherente con la dinámica de transmisión del virus, que está asociada principalmente al contacto estrecho y directo entre personas.En lo corrido de 2026, se han notificado seis casos sospechosos en el departamento. De estos, tres fueron descartados tras evaluación clínica y de laboratorio, uno permanece en estudio y dos fueron confirmados. Estos últimos corresponden a hombres procedentes de los municipios de Barrancabermeja y Piedecuesta.La Secretaría de Salud señaló que este panorama refleja una disminución en la magnitud de casos confirmados en comparación con 2025. Sin embargo, advirtió sobre un desplazamiento geográfico del evento hacia un municipio diferente al área metropolitana, lo que requiere un seguimiento diferencial por parte de las autoridades sanitarias.Ante esta situación, el secretario de Salud Departamental, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención y autocuidado.Entre las recomendaciones están evitar el contacto directo con personas que presenten lesiones sospechosas, no compartir objetos personales, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, mantener cubiertas las lesiones en caso de presentarlas y consultar oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Una compleja situación de orden público se registró en la última semana en el eje vial que comunica a Bucaramanga con el municipio de Cáchira, en Norte de Santander, luego de que se confirmara la presencia de un grupo armado ilegal que intimidó a pasajeros y transportadores que se movilizaban por este corredor.De acuerdo con las autoridades, hombres armados salieron a la vía, interceptaron al menos dos buses intermunicipales, obligaron a los pasajeros a descender, les solicitaron documentos, los intimidaron y posteriormente realizaron grafitis en los vehículos. Los sujetos se identificaron como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).Ante estos hechos, la Policía Nacional y el Ejército reforzaron la seguridad en este corredor vial, especialmente en los límites entre Santander y Norte de Santander, con el fin de evitar nuevas acciones contra la población civil y garantizar la movilidad segura de los buses que cubren esta ruta.El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que un equipo especial del Gaula adelanta las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y explicó que se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en la zona.“La apuesta de nosotros es seguir cortándole sus corredores de movilidad. Se envió un grupo de apoyo desde el Comando de la Policía de Norte de Santander, del municipio de Ocaña; se envió al coronel, al comandante del Distrito, unidades del GOES, Policía Judicial e Inteligencia del Gaula, para avanzar en estas investigaciones y hacer todo el control del área donde ocurrieron estos hechos”, señaló el oficial.El general Quintero añadió que se mantiene una coordinación permanente con la Quinta Brigada del Ejército, responsable de la zona rural, para fortalecer la seguridad y evitar el ingreso de estos grupos ilegales al territorio santandereano.En paralelo, en las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario con la participación de autoridades de Santander, Norte de Santander y la región del Catatumbo, con el objetivo de evaluar las amenazas, coordinar acciones conjuntas y definir nuevas estrategias que permitan restablecer la tranquilidad en este importante corredor vial.
La Procuraduría General de la Nación confirmó el inicio de una indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Dirección de Tránsito y Transporte de Girón, Santander. La decisión del Ministerio Público busca esclarecer una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el trámite de infracciones y el recaudo de multas que estarían operando bajo una modalidad de beneficio personal.La Procuraduría Provincial de Bucaramanga tomó la determinación tras recibir quejas formales que describen comportamientos inadecuados por parte de servidores públicos. Según el expediente, se investiga si estos funcionarios indicaban a los ciudadanos procedimientos irregulares para el pago de comparendos, alejándose de los lineamientos legales establecidos. En esta etapa procesal, el ente de control ha solicitado el recaudo de pruebas técnicas y documentales con el objetivo de identificar a los responsables de estas conductas durante la vigencia 2025 y determinar si existen méritos para una sanción disciplinaria.La investigación se da tras las denuncias públicas realizadas por el exconcejal de Bucaramanga, Carlos Parra, quien expuso un presunto esquema de corrupción de doble vía. Según Parra, un agente de tránsito del municipio habría impuesto una cifra atípica de más de 800 comparendos desde el pasado mes de febrero de 2025, muchos de ellos bajo criterios calificados como arbitrarios, para luego presuntamente ofrecer la reducción de las sanciones a través de una empresa de consultoría vial perteneciente a su propio núcleo familiar.De acuerdo con las pruebas presentadas ante la opinión pública, esta empresa privada cobraría sumas cercanas a los 130.000 pesos con la promesa de “tumbar” las multas, logrando reducciones de hasta el 50 % en el valor de las sanciones. En su momento el exconcejal confrontó al agente de tránsito en medio de un puesto de control y le preguntó: “¿Le parece correcto? Por un lado, un negocio para multar la gente y por el otro un negocio para bajarles las multas. Entre más multas usted haga, más multas bajan, más negocio tienen”.Finalmente, el ente de control busca establecer si este tipo de prácticas se limitan a casos aislados o si forman parte de un sistema de lucro cesante que podría estarse replicando en otras secretarías de tránsito del área metropolitana. Por ahora, la Procuraduría mantiene abierta la etapa de recolección de testimonios y análisis de la base de datos de comparendos de la vigencia actual para identificar el alcance real de esta presunta red de irregularidades.Cabe recordar que poco después de la denuncia pública, presentada a través de videos en redes sociales, José Manuel Reinozo Gómez, secretario de tránsito de Girón, expresó que “rechazamos de manera absoluta cualquier acto de corrupción, tráfico de influencias y comportamiento irregular. Ya se inició la revisión detallada de lo ocurrido y la información será remitida a las autoridades competentes, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
Bucaramanga vuelve a estremecerse por un hecho de violencia extrema contra una menor de edad. La Policía Metropolitana confirmó que ya fue plenamente identificado el presunto responsable del ataque sicarial ocurrido en la noche del martes en el barrio San Miguel, sector de la cancha de tierra, donde una adolescente de 16 años fue asesinada y otras dos mujeres resultaron heridas.El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que el agresor, conocido con el alias de ‘Julito’, era expareja sentimental de la víctima y de su hermana, y estaría vinculado a estructuras criminales dedicadas al sicariato en el área metropolitana.“Al parecer había un triángulo amoroso entre uno de los agresores y estas mujeres. Al criminal lo tenemos totalmente identificado, está dedicado a cometer sicariatos y desde la Policía estamos trabajando de manera articulada para capturar a los bandidos”, aseguró el oficial.Los hechos se registraron la noche del pasado martes, 20 de enero, en la calle 51 con carrera 13 del barrio San Miguel. De acuerdo con el análisis preliminar y las cámaras de seguridad del sector, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a las tres mujeres y les dispararon en repetidas ocasiones, para luego huir del lugar.La menor recibió múltiples impactos de bala, uno de ellos en el centro del cuello, además de heridas en una rodilla y en la región glútea. Aunque fue trasladada de urgencia a la Clínica Chicamocha, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.En el mismo ataque resultaron heridas Mayra Alejandra Colmenares Amado, quien sufrió una lesión superficial en la región occipital, y Alison Valentina Espitia Argüello, con fractura ósea. Ambas permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander.En el lugar del crimen, las autoridades recolectaron seis vainillas calibre 9 milímetros y dos proyectiles, elementos clave para el avance de la investigación.El general Quintero confirmó que el presunto responsable tiene varias anotaciones judiciales y venía siendo investigado por su presunta participación en otros hechos sicariales en Bucaramanga y el área metropolitana. Actualmente, unidades de la Sijín y de inteligencia policial adelantan operativos, análisis de cámaras y labores de seguimiento para lograr su captura en el menor tiempo posible.“Tenemos todas las capacidades de la Policía desplegadas. Este es un delincuente identificado, con un prontuario violento, y no vamos a descansar hasta ponerlo a disposición de la justicia”, enfatizó el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.
Un incendio forestal que se inició hacia las 2:00 de la tarde de este martes 10 de febrero, en la vereda Arenal, sector El Manzano, en el municipio de Mogotes, consumió cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal y mantuvo en alerta a la comunidad durante varias horas.Las llamas avanzaron rápidamente por la montaña, obligando a los habitantes del sector a intervenir de manera directa para evitar que el fuego se extendiera a más predios, viviendas y la escuela de la zona. La situación se tornó más compleja debido a que el cuerpo de bomberos del municipio no se encuentra operando por trámites administrativos.Yulexy Rangel, residente de la zona, relató los momentos de angustia que vivieron.“Nos dimos cuenta hacia las 3 de la tarde porque venía descendiendo por la montaña. Mi esposo estaba desyerbando y se fue con otros vecinos, pero se regresaron a las 5:00 p.m. porque era imposible controlarlo. Mi esposo llamó a bomberos y dijeron que no podían atender porque no están habilitados”, contó.Durante la tarde y buena parte de la noche, campesinos del sector, con ramas, agua y herramientas básicas, trabajaron para reducir la intensidad del incendio y evitar que siguiera propagándose. La solidaridad entre vecinos fue clave para contener la emergencia mientras llegaba apoyo institucional.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el incendio ya fue controlado y que actualmente se encuentra en fase de monitoreo y proceso de liquidación para evitar que se reactive.“El incendio se encuentra controlado y actualmente está en fase de monitoreo y proceso de liquidación. La atención se realiza de manera articulada entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el CMGRD de Mogotes”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.Aunque no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, la emergencia dejó una considerable afectación ambiental en esta zona rural de Mogotes.Las autoridades mantienen presencia en el sector para verificar puntos calientes y descartar nuevos focos, mientras la comunidad insiste en la necesidad de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos plenamente habilitado para atender este tipo de emergencias.
Momentos de tensión se vivieron en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieran presencia armada en la zona urbana, donde patrullaron varias calles y protagonizaron acciones contra la fuerza pública.Los insurgentes hostigaron durante varios minutos la estación de Policía del municipio, generando pánico entre los habitantes. En medio de los hechos, también se reportó un ataque contra un helicóptero que sobrevolaba el área, al parecer en labores de apoyo y verificación de la situación de orden público.Los hombres armados caminaron por distintos sectores del municipio, lo que obligó a la comunidad a resguardarse en sus viviendas por temor a enfrentamientos. Los comerciantes cerraron de inmediato sus establecimientos y la administración municipal suspendió la atención al público mientras se restablecía la calma.
La tristeza que dejó la muerte de Daniel Felipe Ballesteros aún se siente en las calles de Tona. El niño, de apenas 10 años, fue hallado sin vida a unos 10 metros al fondo de un abismo, en hechos que hoy son materia de investigación y que mantienen consternada a toda la comunidad.Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Tona anunció una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita esclarecer lo ocurrido. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez aseguró que desde el primer momento se activó un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación de Santander.“Estamos trabajando articuladamente con Policía, Fiscalía y Gobernación de Santander para esclarecer este crimen que ocurrió en nuestro municipio. Por parte de la administración municipal estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para aquella persona que nos pueda brindar información para establecer este crimen”, manifestó el mandatario local.El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato, por mínimo que parezca, y garantizó absoluta reserva. La información puede ser suministrada al número 310 811 4966. “El llamado es a que nos suministren información por mínima que sea, nosotros estamos dispuestos a revisar la información”, añadió.Daniel Felipe era estudiante de la Escuela Francisco Romero y participaba activamente en las escuelas de formación musical y deportiva del municipio. Como cada día, había salido a jugar, sin que nadie imaginara que esa rutina terminaría en tragedia.La indignación y el dolor se transformaron en un acto de unión. Decenas de habitantes se concentraron frente a la Alcaldía de Tona para realizar una velatón en su memoria. Con velas encendidas, oraciones y abrazos, el municipio rindió homenaje al menor y acompañó a su familia en medio del duelo.“Estas imágenes y videos capturan el sentir de un pueblo que se une en un solo corazón. Entre oraciones y el suave resplandor de las velas, la comunidad de Tona se reunió para rendir un sentido homenaje a la vida de Daniel Felipe Ballesteros. Que este acto de unión sea un abrazo de luz para su familia y un testimonio de que su recuerdo de 10 años de alegría nunca se apagará entre nosotros”, escribió la alcaldía en sus redes sociales.Mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte, Tona clama por justicia. La Alcaldía también declaró tres días de luto en el municipio por la muerte del menor. Además, fueron aplazadas las actividades programadas para próximos días por los 476 años de Tona."En señal de respeto y acompañamiento a su familia y seres queridos, informamos que la celebración de los 476 años de Tona será aplazada. Hoy no es momento de festejar, sino de abrazarnos como comunidad, elevar una oración y acompañar desde el corazón", escribió la Alcaldía de su cuenta en Facebook.
En la madrugada de este martes se registraron dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.El primero ocurrió a las 12:59 a.m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo se sintió de manera leve en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios ciudadanos indicaron haber percibido una ligera vibración, especialmente en edificios de varios pisos.Sin embargo, el movimiento tuvo una percepción un poco más intensa en municipios como San Gil, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Norte de Santander, donde habitantes reportaron el temblor a través de redes sociales.Horas después, a las 4:25 a.m., se presentó un segundo sismo también con epicentro en Los Santos. Este tuvo una magnitud menor, de 3.2, y una profundidad de 152 kilómetros. Por sus características, fue percibido con menor intensidad y en menos zonas del departamento.Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente, recordando a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y tener identificadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos en la zona.
Botar un colchón viejo, una silla rota o escombros en plena calle podría salir caro en Bucaramanga, la Alcaldía prepara un nuevo decreto que permitirá sancionar y multar a las personas que abandonen inservibles y residuos voluminosos en el espacio público, una práctica que se ha vuelto recurrente en distintos sectores de la ciudad.Según la administración municipal, en separadores, andenes y vías principales es cada vez más común encontrar muebles, escombros, electrodomésticos dañados y desechos domésticos, lo que no solo deteriora la imagen urbana, sino que también genera problemas de salubridad, malos olores, proliferación de plagas y obstrucción del tránsito peatonal y vehicular.El alcalde Cristian Portilla aseguró que esta conducta se repite “una y mil veces” y relató que incluso presenció recientemente cómo algunas personas dejaban residuos en plena vía pública. “No podemos seguir permitiendo que conviertan la ciudad en un basurero. Vamos a controlar y sancionar”, advirtió.El decreto contempla controles más estrictos, operativos de vigilancia y la imposición de comparendos económicos a quienes sean sorprendidos arrojando o abandonando este tipo de elementos en sitios no autorizados.La medida busca frenar una problemática que, según la Alcaldía, genera altos costos de limpieza y afecta la calidad de vida de los ciudadanos.Además de las sanciones, la administración invitó a la comunidad a hacer uso de los canales oficiales de recolección y jornadas especiales para disposición de inservibles, con el fin de evitar acumulaciones ilegales de basura en los barrios.Con esta normativa, Bucaramanga busca recuperar el orden y la limpieza del espacio público, enviando un mensaje claro: quien use la calle como botadero, será multado.