La Procuraduría General de la Nación informó que adelanta vigilancia preventiva al contrato 267 de 2025, correspondiente a la ejecución del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Vélez, ante las dificultades reportadas para el ingreso a frentes de obra y los retrasos en el cronograma de actividades.Según informó el ente de control, se viene realizando un seguimiento continuo al desarrollo del proyecto, luego de que se alertara sobre inconvenientes que estarían afectando el normal avance de las obras y generando impactos en la movilidad y en la comunidad.En ese sentido, la Procuraduría señaló que “se requirió al contratista, a la interventoría y a las entidades competentes para que informen y documenten los avances reales de la ejecución, así como los planes de contingencia adoptados y las acciones correctivas implementadas para evitar mayores demoras”.El organismo de control también enfatizó en la necesidad de realizar inspecciones periódicas antes y después de cada jornada laboral, con el fin de prevenir taponamientos, obstrucciones en tuberías y canales, y situaciones de riesgo que puedan derivar en emergencias o daños a terceros.Además, solicitó fortalecer el acompañamiento social al proyecto, garantizando canales efectivos para la atención de peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía. De acuerdo con la entidad, este componente es clave para prevenir conflictos y proteger los derechos colectivos de la población.Finalmente, la Procuraduría advirtió que el incumplimiento de los compromisos adquiridos y de las obligaciones contractuales podría dar lugar a acciones disciplinarias.
Un ejemplar adulto de tigrillo u ocelote (Leopardus pardalis) murió luego de ser atropellado por un vehículo en la vía que comunica a Barrancabermeja con Bucaramanga, hecho que encendió las alertas de las autoridades ambientales por el riesgo permanente que enfrenta la fauna silvestre en este corredor vial.Tras una visita de inspección al sitio del incidente, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética identificó tres factores determinantes que contribuyeron a la ocurrencia de este atropellamiento y que requieren intervención inmediata para evitar nuevos casos que atenten contra la biodiversidad del territorio.En primer lugar, se evidenció la presencia de una asfaltera ilegal cerca del punto del siniestro, la cual estaría obstruyendo el cruce natural de fauna, obligando a especies silvestres a exponerse al tránsito vehicular. Como segundo aspecto, se constató que, pese a que el límite de velocidad en el sector es de 60 kilómetros por hora, muchos conductores no respetan esta restricción, incrementando el riesgo de atropellamientos de animales y accidentes de tránsito.Finalmente, la autoridad ambiental reiteró la urgente necesidad de construir cruces de fauna, ya sean elevados o subterráneos, que permitan el desplazamiento seguro de felinos y otras especies. Esta solicitud será elevada ante la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión Ruta del Cacao, responsables del desarrollo y mantenimiento de este importante eje vial.La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja anunció que realizará los llamados formales a las entidades competentes para generar acciones contundentes y articuladas que contribuyan a la protección y preservación de la diversa fauna que habita en la región.Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que respeten los límites de velocidad y adopten una conducción responsable, recordando que la protección de la vida silvestre es un compromiso colectivo y una obligación ambiental.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció que levantará algunos tramos de la ciclorruta en la ciudad para dar cumplimiento a una sentencia judicial que ordena ajustes en la infraestructura construida en anteriores administraciones. Las intervenciones se realizarán en la carrera 21, entre calles 5 y 55, y en la carrera 35, entre calles 32 y 52.Según explicó el alcalde de Bucaramanga, los trabajos comenzarán en los próximos días y hacen parte de un proceso de “armonización” de la ciclo-infraestructura, con el objetivo de acatar el fallo sin desmontar por completo la red existente.El mandatario precisó que, pese al levantamiento de estos segmentos, se conservarán los 20 kilómetros de corredores exclusivos para los bici-usuarios en la capital santandereana. “No se eliminará la red de ciclorrutas; vamos a ajustarla para cumplir la decisión judicial y garantizar condiciones seguras tanto para ciclistas como para conductores”, señaló.Las primeras intervenciones se concentrarán en la carrera 21, entre la calle 45 y la avenida Quebradaseca, donde iniciarán las labores técnicas. En ambos corredores -carrera 21 y carrera 35- se instalarán taches luminosos que funcionarán como guía nocturna, buscando mejorar la visibilidad y reducir riesgos en horas de la noche.La administración municipal indicó que durante la ejecución de las obras se adoptarán planes de manejo de tráfico para mitigar afectaciones en la movilidad. Asimismo, reiteró que el objetivo es mantener la promoción de medios de transporte sostenibles, pero bajo parámetros ajustados a lo ordenado por la justicia.
Un violento asalto dentro de un micromercado del barrio Monterredondo de Bucaramanga terminó con la muerte de un hombre, identificado como Sergio Andrés Suárez Ortiz, propietario del establecimiento. Al menos dos sujetos armados ingresaron al local haciéndose pasar por clientes y exigieron prendas de valor. La víctima habría intentado resistirse al robo de su cadena de oro, por lo que uno de los agresores le disparó a quemarropa dentro del negocio.Suárez Ortiz fue trasladado inicialmente a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades desplegaron operativos policiales en la zona y revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables y seguirles la pista. La Alcaldía de Bucaramanga rechazó el homicidio y anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien aporte información que permita la captura de los culpables.Las autoridades reportaron que horas después en el barrio Bucaramanga, sector La Hoyada, fue asesinado a tiros un hombre. De acuerdo con la investigación se trataría de un posible ‘ajuste de cuentas’ entre bandas del microtráfico.En otro hecho delictivo ocurrido esta mañana en Piedecuesta, un hombre resultó gravemente herido tras ser víctima de un fleteo, una modalidad de robo en la que delincuentes siguen a su víctima luego de retirar dinero en una entidad bancaria.El ataque se registró en el barrio Brisas de Primavera II, cuando la víctima, quien había retirado aproximadamente 15 millones de pesos, fue interceptada por sujetos que lo perseguían en motocicleta. Los desconocidos lo intimidaron y, en medio del asalto, le dispararon en el pecho antes de huir del lugar con el efectivo.La víctima fue auxiliada por la comunidad y llevada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado mientras las autoridades analizan videos de las cámaras de seguridad para tratar de ubicar a los agresores. La Policía Nacional confirmó que se fortalecerán los operativos en puntos considerados críticos de la ciudad y su zona metropolitana, intensificando labores de inteligencia y análisis criminal para identificar y capturar a los responsables de ambos hechos. A su vez, se hace un llamado a la ciudadanía a mantener la precaución y reportar cualquier información útil para la investigación.Estos incidentes se suman a una serie de hechos de violencia que han afectado la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga, donde ajustes de cuentas, robos violentos y ataques armados han sido motivo de alerta para las autoridades y la comunidad.
El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló en Mañanas Blu los pormenores del doble homicidio ocurrido este miércoles 11 de febrero de 2026, hacia las 3:42 p.m., en la esquina de la calle 85 con carrera Séptima. El crimen, calificado como un sicariato de alta precisión, dejó conmocionada a la ciudad y resalta la vulnerabilidad incluso en zonas de alta seguridad.Detalles del ataque sicarialEl empresario José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, reconocido líder del sector arrocero y propietario de la marca Arroz Sonora con operaciones en Tolima y Casanare, salía de un gimnasio Bodytech junto a su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, cuando fueron abordados por el sicario."Como usted lo manifestó, a las 3:42 de la tarde se presenta el hecho sicarial en el cual se evidencia una planeación, una articulación milimétrica para generar este lamentable hecho", explicó el general Cristancho. El atacante, descrito como un "sicario de corbata" por su traje formal —algo inusual en este tipo de crímenes—, esperó al menos 15-20 minutos en las escaleras de acceso al parqueadero, caracterizado para mimetizarse en la zona financiera y residencial de altos ejecutivos.Disparó por la espalda a menos de un metro de distancia, impactando casi en la nuca a Aponte y también al escolta, antes de huir corriendo hacia una motocicleta estacionada en una bomba de gasolina cercana, donde un cómplice lo esperaba para escapar hacia el sur. "Se evidencia que al señor Aponte lo estaban esperando. Este sicario lo está esperando caracterizado, digo caracterizado porque es primera vez que observamos un sicario vestido de traje de corbata", precisó el oficial.Planeación y conocimiento de rutinasLa meticulosidad del crimen apunta a una inteligencia previa exhaustiva. "Sabían las rutinas, sabían la hora, y sabían que a la hora que llegaba, a la hora que salía. Creo que tuvieron que generar una inteligencia para poder determinar cuál era la rutina del señor Aponte. Es decir, que es un sicariato totalmente planeado, no son sicarios o no es una organización que improvisa", afirmó el comandante.El sicario llegó dos minutos antes de las víctimas, en una zona con puestos fijos de policía para protección de dignatarios y altos funcionarios residentes. Aponte contaba ese día con un solo escolta privado —normalmente tenía dos, pero el otro acompañaba a su esposa—, proveniente de una empresa particular, no de la Unidad Nacional de Protección. La familia no reportó amenazas previas, extorsiones ni mensajes de alerta al momento de la entrevista.Fallas en la respuesta inmediataA pesar de la presencia policial cercana, la confusión inicial retrasó la persecución. "Cuando ocurre el hecho fue muy confuso hasta que nadie nos dio datos el cuadrante o la patrulla de vigilancia haya pasado 10 minutos antes", relató Cristancho, quien activó radios para movilizar unidades sin descripciones precisas del atacante o la moto.Un obstáculo clave fue el acceso a cámaras de seguridad: administradores de edificios y estaciones de servicio exigieron órdenes judiciales, demorando hasta 10 minutos la obtención de imágenes cruciales. "No nos dejan ver las cámaras de inmediato. Entonces tienen que llamar al uno, al otro, que ellos no tienen", denunció el general, llamando a reflexionar sobre cambios normativos para agilizar estos procesos en emergencias.El general Cristancho, quien asumió el mando en febrero de 2025 con refuerzos de 500 policías, enfatiza la necesidad de mayor colaboración ciudadana: "Las personas no nos dan características inmediatas, seguramente vamos a poder actuar". Este asesinato, en una zona con esquemas de seguridad para VIP, subraya el impacto económico y social, afectando al sector agroindustrial —Aponte era tercera generación en arroz y ganadería, con fincas como La Angostura y La Alcancía— y programas sociales vía la Fundación Gustavo Aponte Rojas.Avances en la investigaciónLa Policía Judicial, inteligencia y capacidades técnicas ya recolectan evidencias de múltiples cámaras. "Ya tenemos varias cámaras, ya estamos recolectando elementos técnicos también para la investigación [...] Seguramente con todo lo que hemos evidenciado hasta el momento, y vamos a poder dar un resultado", aseguró Cristancho, sin pistas públicas aún pero con énfasis en capturar autores materiales e intelectuales.
Autoridades confirman que fue abatido alias ‘Venezuela', delincuente de las disidencias de alias 'Calarcá', vinculado al ataque terrorista que acabó con la vida de 13 policías en Amalfi. Este hombre también es señalado responsable de asesinar a dos subintendentes hace apenas cuatro días en Anorí.En un operativo adelantado por la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional fue abatido alias ‘Venezuela', presunto cabecilla del frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'. El procedimiento se hizo en Anorí, Antioquia, en donde el hombre centraba su accionar criminal.Alias ‘Venezuela' está vinculado al ataque con explosivos a un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional en donde lastimosamente fueron asesinados 13 policías en la vereda Los Trozos del municipio de Amalfi. Además, este delincuente está detrás del homicidio de dos subintendentes el pasado 8 de febrero en esta misma zona del Nordeste antioqueño.Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita capturar a los responsables del ataque con drones cargados de explosivos, donde además estaría alias Chejo, cabecilla del frente 36.Sobre alias Venezuela de las disidencias de alias 'Calarcá' también es responsabilizado de una acción terrorista reportada en septiembre de 2025 donde fue asesinado un subintendente y tres soldados profesionales resultaron gravemente heridos.Según la información que ha dado a conocer el Ejército Nacional, alias 'Venezuela' tiene más de 15 años vinculado a grupos al margen de la ley y era buscado por las autoridades por delitos como concierto para delinquir o terrorismo. Asimismo, es el responsable del reclutamiento forzado de menores de edad en veredas como Santa Inés, Concha Media o El Carmín, así como tendría injerencia en extorsión a mineros y comerciantes.Por su parte, alias ‘Venezuela' estaría detrás de acciones criminales contra el Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño, esto con el fin de fortalecer el control territorial de las disidencias en esta subregión del departamento que se ha visto fuertemente golpeada por el actuar criminal del este delincuente abatido recientemente.Informaron desde la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional que en el operativo también fue capturado alias 'Ángel', integrante de redes de apoyo del Frente 36, y de logró la incautación de una pistola, teléfonos celulares y material de intendencia.
La automotriz sueca Volvo anunció este miércoles inversiones en Brasil por 2.500 millones de reales (unos 481 millones de dólares) entre 2026 y 2028 para el desarrollo de nuevos productos en la fábrica que posee en Curitiba y otros proyectos.Se trata de la mayor inversión anunciada por el fabricante para el país desde que comenzó a producir camiones y autobuses en la sureña ciudad de Curitiba, en 1979, informó la empresa en un comunicado.Los recursos serán destinados a la investigación y el desarrollo de nuevos productos con el objetivo de aumentar su seguridad y su descarbonización, explicó el presidente del Grupo Volvo para América Latina, Wilson Lirmann, citado en el comunicado.La inversión también se destinará a la modernización de la fábrica, la expansión de la red de concesionarias y la oferta de nuevos servicios para camiones, autobuses, equipos de construcción y motores marítimos e industriales.El ejecutivo explicó que Volvo mantuvo las inversiones pese a la coyuntura desfavorable en Brasil, ya que la expectativa para este año es una reducción de entre un 5 % y un 10 % en la venta de camiones semipesados y pesados, con lo que se mantiene la tendencia a la baja ya registrada el año pasado."Tenemos una visión a largo plazo. Independiente de la actual coyuntura, Brasil es un mercado estratégico para Volvo y por eso optamos por un nuevo ciclo de inversiones en el país", afirmó Lirmann.Además, atribuyó la caída de las ventas a los altos intereses en Brasil, ya que la tasa referencial está en el 15 % anual, su mayor nivel en dos décadas, pero el Banco Central ya anunció que iniciará en marzo un proceso gradual de reducción de los tipos.Volvo se confirmó el año pasado como líder en el mercado de camiones de más de 16 toneladas en Brasil, con la venta del 20.053 unidades, lo que equivale al 23 % del mercado, según los datos de la Federación Nacional de Distribuidores de Vehículos Automotores.El fabricante sueco también fue líder en Perú el año pasado, con la venta de 2.414 camiones (21 % del mercado), y segundo en Chile, con 1.621 unidades vendidas (19 %), según datos de la empresa.
Tras un mes del accidente que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez en el municipio de Paipa, Boyacá, el país sigue recordando al artista de 34 años, quien falleció en el siniestro aéreo junto al capitán de la aeronave y otros cuatro integrantes de su equipo de trabajo. La tragedia enlutó a la música popular colombiana y generó múltiples reacciones entre seguidores, colegas y familiares.Durante estas semanas, los pronunciamientos públicos habían estado encabezados por su equipo de trabajo, así como por su hermana Lina Jiménez y su madre, quienes ofrecieron algunas declaraciones. Sin embargo, quien se había mantenido en completo silencio era su esposa, Sonia Restrepo, que maneja un perfil privado en redes sociales y había optado por vivir su duelo lejos de la exposición mediática.Solo hasta cumplirse el primer mes de la tragedia se conocieron las primeras palabras de Restrepo, en las que habló abiertamente del vacío que dejó el intérprete en su hogar y de lo complejo que ha sido asumir la responsabilidad de ser fortaleza para sus hijos Camila, Thaliana y Santiago, mientras enfrenta su propio dolor.En su publicación, la esposa del cantante expresó cuánto lo extraña, recordó su papel como compañero, padre y pilar del hogar, y destacó el legado humano y artístico que dejó. También compartió detalles íntimos sobre cómo sus hijos lo evocan a diario, especialmente a través de su música y de los recuerdos familiares.El mensaje de la esposa de Yeison Jiménez tras un mes de su muerte"Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón. Todavía me sorprendo buscándote en tu lugar en la mesa, en la almohada, en cada momento en el que quisiera contarte algo. Fuiste mi compañero, mi amor, mi apoyo y mi orgullo, agradezco a Dios por cada día que nos permitió caminar juntos, por cada sueño que construimos de la mano, y por el hombre tan amoroso que fuiste hasta el último instante. Fuiste pilar, fuiste líder y fuiste el corazón de este hogar"."Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. (Santi ya dijo PAPÁ) Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y ternura. Nos enseñaste a ser fuertes, a luchar por los sueños y a amar con el alma. Hoy tratamos de honrarte viviendo con la misma pasión con la que tú vivías… nos haces mucha falta MI POLLITO, en cada logro, en cada duda, en cada momento en el que quisiéramos correr a tus brazos y nunca soltarnos"."Sentimos un vacío inmenso, pero también un orgullo que no cabe en el pecho. Fuiste un hombre que tocó millones de corazones, que dejó huella con su voz, con su talento y, sobre todo, con su humanidad. La gente te recuerda como el artista que nos hacía cantar y sentir, nosotros te recordamos como el hombre que nos enseñó a amar, a creer y a permanecer unidos"."Un mes ha pasado, y siento que llevo un milenio sin ti. Quisiera entender que no te has ido del todo, que estás en cada gesto de amor de nuestros hijos, que estás en cada amanecer, que estás en mi alma y mi ser, y que volverás a decirme TE AMO VIDA MÍA"."Te amamos ayer, hoy y siempre. Y mientras vivamos, tu nombre, tu voz y tu amor jamás dejarán de existir. MI GRAN AMOR ETERNO".
Cuatro días después de producirse su captura en el occidente de Medellín se produjeron nuevos avances en el proceso de judicialización de una mujer y tres hombres que habrían participado en el crimen de un conductor de plataforma digital.Un juez de control de garantías ya impuso a los procesados identificados como Juan Darío Úsuga Goez, Andrés Grisales Carmona, Kevin Alexander Castro Ramírez y Valeria Isabel Deluque Niño, medida de aseguramiento en centro carcelario tras haberles imputado por parte de la Fiscalía los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas.Según reveló la Fiscalía, estas cuatro personas solicitaron un servicio de transporte desde la capital antioqueña hasta el municipio de San Jerónimo y fue durante el recorrido cuando atacaron y asesinaron con arma cortopunzante a la víctima, de 42 años de edad, para posteriormente dejar su cuerpo abandonado en jurisdicción de la vereda Piedecuesta.Minutos después los cuatro investigados fueron sorprendidos cuando se movilizaban en el vehículo hurtado por el barrio Robledo, de regreso a Medellín. En el automotor las autoridades encontraron, además del arma con el que se habría perpetrado el crimen, los documentos del conductor asesinado.Durante las audiencias concentradas los procesados no aceptaron los cargos y avanzan las acciones de la policía para capturar a una quinta persona, también implicada en el hecho y que escapó a las maniobras desplegadas por parte de la fuerza pública para interceptar a los presuntos responsables.
Un tramo del jarillón del río Lebrija cedió nuevamente, provocando inundaciones y daños en zonas rurales de Sabana de Torres y sus alrededores, en el departamento de Santander. La ruptura de esta estructura de contención ha encendido las alarmas de las comunidades ribereñas, que denuncian el riesgo permanente ante el avance de las lluvias y la falta de mantenimiento de estas barreras protectoras en esa localidad. En el sector de Monterrojo, personal municipal y líderes comunitarios reportaron que cerca de 43 metros del jarillón colapsaron bajo la fuerza de las aguas, lo que permitió el paso directo de caudal hacia fincas y zonas habitadas. El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero, confirmó que la rotura se presentó durante las últimas crecientes y exhortó a las autoridades departamentales y nacionales a intervenir de forma urgente para evitar un desbordamiento mayor.Residentes de los sectores afectados describen la situación como crítica, ya que el agua ha anegado cultivos y caminos vecinales, poniendo en riesgo cosechas y propiedades. Pese a que el nivel del río ha descendido en días recientes, el temor de nuevas inundaciones persiste entre las familias ubicadas en las riberas del Lebrija.Líderes sociales han advertido que no es la primera vez que esta infraestructura falla. En el corregimiento de Papayal, Rionegro, otro tramo del jarillón sufrió aperturas de hasta de 60 metros, según testimonios de pobladores. Denuncian que estas obras llevan más de ocho años sin mantenimiento adecuado, lo que agrava la vulnerabilidad ante cada temporada de lluvias.La Gobernación de Santander informó que mantiene un monitoreo permanente del río Lebrija y ha activado alertas tempranas para zonas en riesgo. El gobernador Juvenal Díaz detalló que, gracias a la reciente disminución de las lluvias, el caudal del río se ha estabilizado, pero pidió no bajar la guardia ante posibles nuevas crecientes. Además, dijo que la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental coordina con el municipio el desplazamiento de maquinaria para la rehabilitación preventiva del jarillón.Sin embargo, desde la comunidad señalan que se requieren acciones más decididas y rápidas, pues la infraestructura afectada no solo protege viviendas, sino también terrenos agrícolas y vías de comunicación esenciales para el sustento de miles de familias.Las lluvias atípicas registradas en los últimos días en Santander han generado alertas por riesgo de crecientes súbitas e inundaciones en diferentes municipios, incluyendo la zona baja del río Lebrija, que históricamente ha sido susceptible a desbordamientos cuando los jarillones fallan o se debilitan.Organizaciones de gestión del riesgo y la misma comunidad instan a reforzar no solo la infraestructura física sino también los mecanismos de alerta temprana y educación preventiva para minimizar desastres futuros.
Un hecho de sangre sacudió la tranquilidad del barrio Monterredondo, en el suroccidente de Bucaramanga, la tarde de este jueves, 12 de febrero. Sergio Andrés Suárez Ortiz, propietario de un supermercado, fue asesinado a tiros por delincuentes que irrumpieron en su establecimiento con el objetivo de despojarlo de una joya personal.El suceso ocurrió en horas de la tarde frente al conjunto residencial Torres de Monterredondo. Según los primeros informes oficiales, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta e ingresaron al local simulando ser clientes. Una vez dentro, uno de los asaltantes desenfundó un arma de fuego y confrontó a Suárez Ortiz, exigiéndole una cadena de oro que portaba. Ante la aparente resistencia de la víctima, el delincuente accionó el arma a quemarropa, dejándolo gravemente herido mientras los atacantes huían con rumbo desconocido.Pese a que el comerciante fue trasladado de urgencia a la Clínica Chicamocha, el personal médico confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso debido a la gravedad del impacto. La tragedia generó un profundo rechazo entre los habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.Ante la gravedad del crimen, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, condenó categóricamente el asesinato y ordenó a la Policía Nacional activar de inmediato todos los protocolos de inteligencia y búsqueda. El mandatario instruyó un despliegue tecnológico y operativo en esa zona de la ciudad para capturar a los responsables. “No permitiremos que hechos criminales atenten contra la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”, enfatizó la administración municipal.Por su parte, el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Fratally, anunció que se ofrece una recompensa de hasta diez millones de pesos por información veraz que conduzca a la judicialización de los autores materiales de este crimen. Mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realiza las labores de criminalística y análisis de cámaras de seguridad, la Alcaldía hizo un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades bajo absoluta reserva, reafirmando una política de tolerancia cero frente al homicidio.
Un juez de conocimiento de Bucaramanga dictó una sentencia condenatoria de 31 años y 2 meses de prisión contra un hombre hallado responsable del asesinato de su compañera sentimental, Yaisbely Andrea Ibargúen Molina, de 28 años, en hechos ocurridos en el departamento de Santander. La decisión judicial se produjo tras el aval de un preacuerdo suscrito entre el procesado, asistido por su defensa técnica, y la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual el implicado aceptó de manera voluntaria los cargos por el delito de feminicidio agravado.El expediente judicial detalló que el crimen tuvo lugar el 21 de julio de 2024 en una vivienda del barrio Altos de Andina, en el municipio de Girón. Según la reconstrucción de los hechos presentada por el ente acusador, el sentenciado atacó a la víctima con un arma cortopunzante en momentos en que ella se encontraba utilizando su teléfono celular. La agresión se perpetró en presencia de los tres hijos menores de edad de la pareja, de 9, 7 y 1 año, quienes presenciaron el ataque contra su progenitora.Tras la agresión, los llamados de auxilio de la mujer alertaron a los residentes del sector, quienes acudieron al inmueble para intentar socorrerla. Ante la llegada de los vecinos, el atacante emprendió la huida, abandonando el lugar de los hechos. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano; no obstante, los reportes médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas.La investigación técnica y los testimonios recopilados permitieron establecer que el ataque no fue un evento aislado, sino el desenlace de un ciclo de violencia sistemática. Las indagaciones determinaron que, durante los tres años de convivencia de la pareja, la mujer fue sometida a constantes episodios de maltrato físico y psicológico por parte del ahora condenado. Con esta sentencia, el victimario deberá cumplir su pena en un establecimiento carcelario, perdiendo además los beneficios de libertad condicional debido a la naturaleza del delito tipificado bajo la Ley Rosa Elvira Celis.
Desde los laboratorios del Departamento de Microbiología y Ciencia Celular de la Universidad de la Florida, en Estados Unidos, el científico colombiano José Cediel Becerra lidera investigaciones que podrían marcar un punto de inflexión en la lucha contra uno de los mayores desafíos de la salud pública global: la resistencia a los antibióticos.Egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde se graduó con grado Summa Cum Laude y tesis laureada, el joven santandereano ha construido una trayectoria científica de alto impacto internacional centrada en el descubrimiento de nuevos compuestos terapéuticos derivados de bacterias. Su apuesta no está en lo convencional, sino en explorar el vasto potencial químico oculto en los genomas microbianos.Bacterias como fuente de nuevos medicamentosLa investigación del científico santandereano se enfoca en identificar nuevas rutas biosintéticas, los procesos mediante los cuales los microorganismos producen moléculas- utilizando herramientas de genómica computacional avanzada.A través del desarrollo y aplicación de metodologías bioinformáticas innovadoras, Cediel Becerra analiza sistemáticamente miles de genomas bacterianos en busca de compuestos naturales con propiedades bioactivas.El objetivo es claro: descubrir nuevas clases de productos naturales que puedan convertirse en la próxima generación de terapéuticos, especialmente frente a infecciones resistentes a los antibióticos actuales.En un contexto en el que la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el riesgo de una “era post-antibiótica”, investigaciones como la suya resultan estratégicas. La capacidad de anticiparse al problema, identificando moléculas inéditas antes de que sean necesarias en la clínica, representa un avance clave para la medicina moderna.El potencial de las 7-deazapurinasUno de los aportes científicos más relevantes de Cediel Becerra es el estudio de las 7-deazapurinas, una familia de moléculas naturales con propiedades antimicrobianas y anticancerígenas. Su trabajo ha permitido ampliar significativamente el conocimiento sobre cómo se biosintetizan estas moléculas, cuál es su diversidad química y qué funciones biológicas cumplen.Estos hallazgos no solo enriquecen la comprensión básica de la biología microbiana, sino que abren nuevas posibilidades para el desarrollo de fármacos innovadores. Al entender cómo las bacterias producen estas sustancias, los científicos pueden diseñar estrategias para optimizarlas o modificarlas con fines terapéuticos.Herramientas que transforman la ciencia globalMás allá de los descubrimientos moleculares, Cediel Becerra ha contribuido al desarrollo de herramientas bioinformáticas de referencia mundial como antiSMASH y MIBiG, plataformas fundamentales para la comunidad científica dedicada al descubrimiento de productos naturales.Estas herramientas permiten a investigadores de todo el mundo identificar y catalogar clústeres de genes responsables de la producción de compuestos bioactivos en microorganismos. Su impacto es medible: miles de citaciones en la literatura científica respaldan la relevancia y el alcance global de estos desarrollos.Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en revistas como Nucleic Acids Research, una de las publicaciones más prestigiosas en biología molecular y genómica, consolidando su reconocimiento internacional.Ciencia colombiana con impacto globalTras completar su maestría y doctorado en Microbiología en Estados Unidos, José Dubán Cediel Becerra se ha consolidado como una de las voces emergentes en genómica microbiana y descubrimiento de productos naturales.Desde el análisis computacional de genomas hasta la identificación de moléculas con potencial terapéutico, su trabajo demuestra cómo la ciencia de frontera puede traducirse en soluciones concretas para problemas críticos de salud humana.En un mundo que enfrenta amenazas sanitarias cada vez más complejas, la investigación liderada por este científico colombiano no solo posiciona el talento nacional en la élite académica internacional, sino que también aporta herramientas reales para la construcción de nuevas terapias que podrían salvar millones de vidas.
Una grave situación de violencia se registró en la Institución Educativa Colegio Integrado Madre de la Esperanza, sede Las Ferias, en Sabana de Torres, donde una madre de familia presuntamente insultó, amenazó y lanzó un cuchillo contra una docente tras un altercado entre estudiantes.Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero de 2026, al finalizar la jornada escolar. De acuerdo con el relato de una de las profesoras afectadas, quien pidió reserva de su identidad por seguridad, la situación se desencadenó luego de que el hijo de la mujer se viera involucrado en una riña con otro estudiante a la salida de clases.Según explicó la docente, días antes la madre había sido citada por reiterados episodios de agresividad del menor hacia otros compañeros. Sin embargo, no asistió al encuentro y, de acuerdo con la profesora, respondió de manera grosera a los llamados realizados por la institución.“El día de los hechos, ella llegó gritándonos groserías, decía que por qué habíamos dejado que le pegaran al niño. Yo le dije que habláramos con el coordinador, pero ella respondió: ‘yo no quiero hablar con nadie, yo la voy a matar’, y sacó el cuchillo y me lo lanzó”, relató la maestra.La profesora dijo que alcanzó a llamar a la Policía y se llevaron a la madre de familia.“Cuando ella me lanzó el cuchillo, yo cerré los ojos y dije: Dios, protégeme y solo pensaba en mis hijas. Una mamá que estaba al lado mío gritaba: ‘profe, corra que la van a matar’”, recordó.Tras lo ocurrido, los docentes interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.El Sindicato de Educadores de Santander (SES), a través de su Departamento de Derechos Humanos, emitió un comunicado en el que expresó su “rechazo categórico e indeclinable” frente a los hechos de violencia, intimidación y agresión ocurridos contra docentes y contra las instalaciones del plantel educativo.La organización señaló que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una dinámica de conductas agresivas que afectan el entorno escolar y ponen en riesgo la vida, la integridad física y emocional y la dignidad del magisterio.“Estos acontecimientos derivaron en un incidente de extrema gravedad ocurrido el 9 de febrero de 2026, en plena jornada laboral, lo cual evidencia una afectación profunda de las garantías mínimas que deben rodear el ejercicio de la docencia”, indicó el sindicato.El SES manifestó su preocupación por lo que considera una vulneración directa de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el trabajo en condiciones dignas y seguras. Además, reiteró que ningún docente debe ejercer su labor bajo el miedo, la intimidación o la amenaza.Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a adelantar actuaciones inmediatas, serias y transparentes, y a adoptar medidas de protección eficaces que garanticen el ejercicio seguro de la labor docente.Finalmente, el sindicato hizo un llamado a la comunidad educativa y a las familias a rechazar cualquier forma de violencia contra quienes educan y a fortalecer el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos en los entornos escolares.Para este jueves 12 de febrero, diferentes instituciones educativas de Sabana de Torres y el Sindicato de Educadores de Santander, convocaron a una marcha pacífica por la convivencia, el respeto y la vida, con punto de encuentro el parque de las Pabas a partir de las 4:30 de la tarde.
Una compleja situación de orden público se registró en la última semana en el eje vial que comunica a Bucaramanga con el municipio de Cáchira, en Norte de Santander, luego de que se confirmara la presencia de un grupo armado ilegal que intimidó a pasajeros y transportadores que se movilizaban por este corredor.De acuerdo con las autoridades, hombres armados salieron a la vía, interceptaron al menos dos buses intermunicipales, obligaron a los pasajeros a descender, les solicitaron documentos, los intimidaron y posteriormente realizaron grafitis en los vehículos. Los sujetos se identificaron como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).Ante estos hechos, la Policía Nacional y el Ejército reforzaron la seguridad en este corredor vial, especialmente en los límites entre Santander y Norte de Santander, con el fin de evitar nuevas acciones contra la población civil y garantizar la movilidad segura de los buses que cubren esta ruta.El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que un equipo especial del Gaula adelanta las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y explicó que se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en la zona.“La apuesta de nosotros es seguir cortándole sus corredores de movilidad. Se envió un grupo de apoyo desde el Comando de la Policía de Norte de Santander, del municipio de Ocaña; se envió al coronel, al comandante del Distrito, unidades del GOES, Policía Judicial e Inteligencia del Gaula, para avanzar en estas investigaciones y hacer todo el control del área donde ocurrieron estos hechos”, señaló el oficial.El general Quintero añadió que se mantiene una coordinación permanente con la Quinta Brigada del Ejército, responsable de la zona rural, para fortalecer la seguridad y evitar el ingreso de estos grupos ilegales al territorio santandereano.En paralelo, en las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad extraordinario con la participación de autoridades de Santander, Norte de Santander y la región del Catatumbo, con el objetivo de evaluar las amenazas, coordinar acciones conjuntas y definir nuevas estrategias que permitan restablecer la tranquilidad en este importante corredor vial.
La Procuraduría General de la Nación confirmó el inicio de una indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Dirección de Tránsito y Transporte de Girón, Santander. La decisión del Ministerio Público busca esclarecer una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el trámite de infracciones y el recaudo de multas que estarían operando bajo una modalidad de beneficio personal.La Procuraduría Provincial de Bucaramanga tomó la determinación tras recibir quejas formales que describen comportamientos inadecuados por parte de servidores públicos. Según el expediente, se investiga si estos funcionarios indicaban a los ciudadanos procedimientos irregulares para el pago de comparendos, alejándose de los lineamientos legales establecidos. En esta etapa procesal, el ente de control ha solicitado el recaudo de pruebas técnicas y documentales con el objetivo de identificar a los responsables de estas conductas durante la vigencia 2025 y determinar si existen méritos para una sanción disciplinaria.La investigación se da tras las denuncias públicas realizadas por el exconcejal de Bucaramanga, Carlos Parra, quien expuso un presunto esquema de corrupción de doble vía. Según Parra, un agente de tránsito del municipio habría impuesto una cifra atípica de más de 800 comparendos desde el pasado mes de febrero de 2025, muchos de ellos bajo criterios calificados como arbitrarios, para luego presuntamente ofrecer la reducción de las sanciones a través de una empresa de consultoría vial perteneciente a su propio núcleo familiar.De acuerdo con las pruebas presentadas ante la opinión pública, esta empresa privada cobraría sumas cercanas a los 130.000 pesos con la promesa de “tumbar” las multas, logrando reducciones de hasta el 50 % en el valor de las sanciones. En su momento el exconcejal confrontó al agente de tránsito en medio de un puesto de control y le preguntó: “¿Le parece correcto? Por un lado, un negocio para multar la gente y por el otro un negocio para bajarles las multas. Entre más multas usted haga, más multas bajan, más negocio tienen”.Finalmente, el ente de control busca establecer si este tipo de prácticas se limitan a casos aislados o si forman parte de un sistema de lucro cesante que podría estarse replicando en otras secretarías de tránsito del área metropolitana. Por ahora, la Procuraduría mantiene abierta la etapa de recolección de testimonios y análisis de la base de datos de comparendos de la vigencia actual para identificar el alcance real de esta presunta red de irregularidades.Cabe recordar que poco después de la denuncia pública, presentada a través de videos en redes sociales, José Manuel Reinozo Gómez, secretario de tránsito de Girón, expresó que “rechazamos de manera absoluta cualquier acto de corrupción, tráfico de influencias y comportamiento irregular. Ya se inició la revisión detallada de lo ocurrido y la información será remitida a las autoridades competentes, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
Bucaramanga vuelve a estremecerse por un hecho de violencia extrema contra una menor de edad. La Policía Metropolitana confirmó que ya fue plenamente identificado el presunto responsable del ataque sicarial ocurrido en la noche del martes en el barrio San Miguel, sector de la cancha de tierra, donde una adolescente de 16 años fue asesinada y otras dos mujeres resultaron heridas.El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que el agresor, conocido con el alias de ‘Julito’, era expareja sentimental de la víctima y de su hermana, y estaría vinculado a estructuras criminales dedicadas al sicariato en el área metropolitana.“Al parecer había un triángulo amoroso entre uno de los agresores y estas mujeres. Al criminal lo tenemos totalmente identificado, está dedicado a cometer sicariatos y desde la Policía estamos trabajando de manera articulada para capturar a los bandidos”, aseguró el oficial.Los hechos se registraron la noche del pasado martes, 20 de enero, en la calle 51 con carrera 13 del barrio San Miguel. De acuerdo con el análisis preliminar y las cámaras de seguridad del sector, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a las tres mujeres y les dispararon en repetidas ocasiones, para luego huir del lugar.La menor recibió múltiples impactos de bala, uno de ellos en el centro del cuello, además de heridas en una rodilla y en la región glútea. Aunque fue trasladada de urgencia a la Clínica Chicamocha, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.En el mismo ataque resultaron heridas Mayra Alejandra Colmenares Amado, quien sufrió una lesión superficial en la región occipital, y Alison Valentina Espitia Argüello, con fractura ósea. Ambas permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander.En el lugar del crimen, las autoridades recolectaron seis vainillas calibre 9 milímetros y dos proyectiles, elementos clave para el avance de la investigación.El general Quintero confirmó que el presunto responsable tiene varias anotaciones judiciales y venía siendo investigado por su presunta participación en otros hechos sicariales en Bucaramanga y el área metropolitana. Actualmente, unidades de la Sijín y de inteligencia policial adelantan operativos, análisis de cámaras y labores de seguimiento para lograr su captura en el menor tiempo posible.“Tenemos todas las capacidades de la Policía desplegadas. Este es un delincuente identificado, con un prontuario violento, y no vamos a descansar hasta ponerlo a disposición de la justicia”, enfatizó el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que, con corte al 31 de enero de 2026, en Santander se han confirmado ocho casos de tos ferina, todos los cuales requirieron hospitalización. Cuatro de los pacientes son menores de edad, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del departamento.De acuerdo con el informe, cinco de los casos corresponden a mujeres y tres a hombres. En cuanto a la distribución geográfica, siete se registraron en Bucaramanga y uno en Floridablanca.Sin embargo, de manera paralela, las autoridades de salud confirmaron un brote en población de especial interés. El 29 de enero fue identificado un conglomerado de cinco casos de tos ferina en menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena U’wa, en el sector Aguablanca, entre los municipios de Cerrito y Concepción.Los niños afectados tienen edades entre un mes y tres años, con predominio del sexo masculino. Dos de los casos fueron confirmados mediante prueba molecular, mientras que los otros tres permanecen en estudio, aunque presentan síntomas compatibles con la enfermedad.Actualmente, cuatro de estos menores permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales del país: uno en Villavicencio, dos en Saravena y uno en el Hospital Universitario de Santander. Uno de los pacientes ya fue dado de alta. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos.Según la investigación epidemiológica de campo del INS, el caso índice inició síntomas el 28 de diciembre de 2025. El periodo probable de exposición estaría relacionado con actividades comunitarias realizadas desde mediados de diciembre, en el marco de festividades tradicionales del canto indígena, que se extendieron hasta inicios de enero y contaron con la participación de varias comunidades. Durante estos encuentros, al parecer, asistieron personas con síntomas respiratorios.Las autoridades también advirtieron que cuatro de los menores no contaban con el esquema de vacunación acorde a su edad para tos ferina y el restante tenía el esquema incompleto. Uno de los casos presentó antecedente de tuberculosis y otro desnutrición global, factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.Ante este panorama, el 30 de enero se realizó una Sala de Análisis de Riesgo (SAR) nacional con participación de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca, con el fin de establecer la procedencia de los casos y definir acciones de prevención y fortalecimiento de la vigilancia en salud pública en los departamentos involucrados.La Secretaría de Salud de Santander reiteró el llamado a padres de familia, cuidadores y a la comunidad en general para reforzar las medidas de prevención, mantener al día los esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante síntomas respiratorios inusuales.Entre las principales recomendaciones se encuentra la vacunación, especialmente en la población infantil, como la herramienta más efectiva para prevenir la tos ferina. Recordaron que la vacuna está incluida en el esquema regular de inmunización.Asimismo, indicaron que, ante síntomas como tos persistente, fiebre o dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato a un médico o centro asistencial. También recomendaron mantener los espacios ventilados y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios, con el fin de reducir el riesgo de contagio.
La Secretaría de Salud de Santander informó que el departamento mantiene activa la vigilancia epidemiológica frente a la viruela símica (MPOX), luego de que durante el año 2025 se notificaran 16 casos confirmados de esta enfermedad.De acuerdo con el reporte oficial, los casos del año anterior se concentraron en el área metropolitana de Bucaramanga y se presentaron en población masculina con edades entre los 24 y 64 años.Según la autoridad sanitaria, este comportamiento evidenció un patrón de concentración geográfica urbana, coherente con la dinámica de transmisión del virus, que está asociada principalmente al contacto estrecho y directo entre personas.En lo corrido de 2026, se han notificado seis casos sospechosos en el departamento. De estos, tres fueron descartados tras evaluación clínica y de laboratorio, uno permanece en estudio y dos fueron confirmados. Estos últimos corresponden a hombres procedentes de los municipios de Barrancabermeja y Piedecuesta.La Secretaría de Salud señaló que este panorama refleja una disminución en la magnitud de casos confirmados en comparación con 2025. Sin embargo, advirtió sobre un desplazamiento geográfico del evento hacia un municipio diferente al área metropolitana, lo que requiere un seguimiento diferencial por parte de las autoridades sanitarias.Ante esta situación, el secretario de Salud Departamental, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención y autocuidado.Entre las recomendaciones están evitar el contacto directo con personas que presenten lesiones sospechosas, no compartir objetos personales, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, mantener cubiertas las lesiones en caso de presentarlas y consultar oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.
Un incendio forestal que se inició hacia las 2:00 de la tarde de este martes 10 de febrero, en la vereda Arenal, sector El Manzano, en el municipio de Mogotes, consumió cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal y mantuvo en alerta a la comunidad durante varias horas.Las llamas avanzaron rápidamente por la montaña, obligando a los habitantes del sector a intervenir de manera directa para evitar que el fuego se extendiera a más predios, viviendas y la escuela de la zona. La situación se tornó más compleja debido a que el cuerpo de bomberos del municipio no se encuentra operando por trámites administrativos.Yulexy Rangel, residente de la zona, relató los momentos de angustia que vivieron.“Nos dimos cuenta hacia las 3 de la tarde porque venía descendiendo por la montaña. Mi esposo estaba desyerbando y se fue con otros vecinos, pero se regresaron a las 5:00 p.m. porque era imposible controlarlo. Mi esposo llamó a bomberos y dijeron que no podían atender porque no están habilitados”, contó.Durante la tarde y buena parte de la noche, campesinos del sector, con ramas, agua y herramientas básicas, trabajaron para reducir la intensidad del incendio y evitar que siguiera propagándose. La solidaridad entre vecinos fue clave para contener la emergencia mientras llegaba apoyo institucional.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el incendio ya fue controlado y que actualmente se encuentra en fase de monitoreo y proceso de liquidación para evitar que se reactive.“El incendio se encuentra controlado y actualmente está en fase de monitoreo y proceso de liquidación. La atención se realiza de manera articulada entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el CMGRD de Mogotes”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.Aunque no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, la emergencia dejó una considerable afectación ambiental en esta zona rural de Mogotes.Las autoridades mantienen presencia en el sector para verificar puntos calientes y descartar nuevos focos, mientras la comunidad insiste en la necesidad de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos plenamente habilitado para atender este tipo de emergencias.