Las autoridades avanzan en la identificación de los dos presuntos responsables del homicidio del tendero Sergio Andrés Suárez, ocurrido el pasado 12 de febrero de 2026 en el barrio Monterredondo, en Bucaramanga.De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los sujetos estarían implicados en el hurto y posterior asesinato del comerciante, un hecho que ha generado consternación entre los habitantes del sector.La institución hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre información que permita identificar plenamente y judicializar a los responsables. Por este caso, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien entregue datos veraces que contribuyan al esclarecimiento del crimen.“La ciudadanía puede brindar información de manera confidencial a través de la línea 317 639 7244 o al correo mebuc.sijin@policia.gov.co”, indicó la Policía en un comunicado oficial.Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, pidió el respaldo de la comunidad para lograr la captura de los implicados.“Le pido a la ciudadanía que nos ayude a identificar a estos bandidos. Ofrecemos hasta 10 millones de pesos por información que lleve a su captura. Con ayuda de más de 40 cámaras de seguridad públicas y privadas, la Policía trabaja en este objetivo”, afirmó el mandatario.Las autoridades confirmaron que analizan material de más de 40 cámaras de seguridad, tanto públicas como privadas, instaladas en el sector, con el fin de reconstruir la ruta de escape de los delincuentes y consolidar las pruebas que permitan su pronta captura.El asesinato de Sergio Andrés Suárez ha reavivado el debate sobre la seguridad en zonas residenciales y comerciales de la ciudad, mientras familiares, vecinos y comerciantes exigen justicia y mayor presencia institucional en el barrio Monterredondo.
La Procuraduría General de la Nación informó que adelanta vigilancia preventiva al contrato 267 de 2025, correspondiente a la ejecución del Plan Maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de Vélez, ante las dificultades reportadas para el ingreso a frentes de obra y los retrasos en el cronograma de actividades.Según informó el ente de control, se viene realizando un seguimiento continuo al desarrollo del proyecto, luego de que se alertara sobre inconvenientes que estarían afectando el normal avance de las obras y generando impactos en la movilidad y en la comunidad.En ese sentido, la Procuraduría señaló que “se requirió al contratista, a la interventoría y a las entidades competentes para que informen y documenten los avances reales de la ejecución, así como los planes de contingencia adoptados y las acciones correctivas implementadas para evitar mayores demoras”.El organismo de control también enfatizó en la necesidad de realizar inspecciones periódicas antes y después de cada jornada laboral, con el fin de prevenir taponamientos, obstrucciones en tuberías y canales, y situaciones de riesgo que puedan derivar en emergencias o daños a terceros.Además, solicitó fortalecer el acompañamiento social al proyecto, garantizando canales efectivos para la atención de peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía. De acuerdo con la entidad, este componente es clave para prevenir conflictos y proteger los derechos colectivos de la población.Finalmente, la Procuraduría advirtió que el incumplimiento de los compromisos adquiridos y de las obligaciones contractuales podría dar lugar a acciones disciplinarias.
Un ejemplar adulto de tigrillo u ocelote (Leopardus pardalis) murió luego de ser atropellado por un vehículo en la vía que comunica a Barrancabermeja con Bucaramanga, hecho que encendió las alertas de las autoridades ambientales por el riesgo permanente que enfrenta la fauna silvestre en este corredor vial.Tras una visita de inspección al sitio del incidente, la Secretaría de Ambiente y Transición Energética identificó tres factores determinantes que contribuyeron a la ocurrencia de este atropellamiento y que requieren intervención inmediata para evitar nuevos casos que atenten contra la biodiversidad del territorio.En primer lugar, se evidenció la presencia de una asfaltera ilegal cerca del punto del siniestro, la cual estaría obstruyendo el cruce natural de fauna, obligando a especies silvestres a exponerse al tránsito vehicular. Como segundo aspecto, se constató que, pese a que el límite de velocidad en el sector es de 60 kilómetros por hora, muchos conductores no respetan esta restricción, incrementando el riesgo de atropellamientos de animales y accidentes de tránsito.Finalmente, la autoridad ambiental reiteró la urgente necesidad de construir cruces de fauna, ya sean elevados o subterráneos, que permitan el desplazamiento seguro de felinos y otras especies. Esta solicitud será elevada ante la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesión Ruta del Cacao, responsables del desarrollo y mantenimiento de este importante eje vial.La Alcaldía Distrital de Barrancabermeja anunció que realizará los llamados formales a las entidades competentes para generar acciones contundentes y articuladas que contribuyan a la protección y preservación de la diversa fauna que habita en la región.Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para que respeten los límites de velocidad y adopten una conducción responsable, recordando que la protección de la vida silvestre es un compromiso colectivo y una obligación ambiental.
La Alcaldía de Bucaramanga anunció que levantará algunos tramos de la ciclorruta en la ciudad para dar cumplimiento a una sentencia judicial que ordena ajustes en la infraestructura construida en anteriores administraciones. Las intervenciones se realizarán en la carrera 21, entre calles 5 y 55, y en la carrera 35, entre calles 32 y 52.Según explicó el alcalde de Bucaramanga, los trabajos comenzarán en los próximos días y hacen parte de un proceso de “armonización” de la ciclo-infraestructura, con el objetivo de acatar el fallo sin desmontar por completo la red existente.El mandatario precisó que, pese al levantamiento de estos segmentos, se conservarán los 20 kilómetros de corredores exclusivos para los bici-usuarios en la capital santandereana. “No se eliminará la red de ciclorrutas; vamos a ajustarla para cumplir la decisión judicial y garantizar condiciones seguras tanto para ciclistas como para conductores”, señaló.Las primeras intervenciones se concentrarán en la carrera 21, entre la calle 45 y la avenida Quebradaseca, donde iniciarán las labores técnicas. En ambos corredores -carrera 21 y carrera 35- se instalarán taches luminosos que funcionarán como guía nocturna, buscando mejorar la visibilidad y reducir riesgos en horas de la noche.La administración municipal indicó que durante la ejecución de las obras se adoptarán planes de manejo de tráfico para mitigar afectaciones en la movilidad. Asimismo, reiteró que el objetivo es mantener la promoción de medios de transporte sostenibles, pero bajo parámetros ajustados a lo ordenado por la justicia.
A esta hora hay caos vehicular en una de las arterias viales más importantes de la ciudad. Una masiva manifestación adelantada por el gremio de recicladores ha provocado un bloqueo total en la calle 26, impidiendo el tránsito hacia el aeropuerto internacional El Dorado. La situación afecta tanto a los carriles para vehículos particulares como a la calzada exclusiva del sistema Transmilenio.Impacto en la movilidad y el transporte masivoEl epicentro de la protesta se ubicó inicialmente a la altura de la carrera 43, frente a la Hemeroteca de la Universidad Nacional. Desde ese punto, el grupo de manifestantes inició un "plan tortuga" que ha colapsado el sentido Oriente-Occidente de la vía. La magnitud del bloqueo es tal que el sistema Transmilenio ha dejado de funcionar en este sector, obligando a cientos de pasajeros a abandonar los buses y continuar su trayecto a pie, cargando maletas para intentar llegar a tiempo a sus vuelos.Los camiones de los recicladores permanecen parqueados sobre la vía, lo que ha generado una tensión entre el derecho a la protesta y el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos que se dirigen hacia la terminal aérea.Las exigencias del gremio al Gobierno NacionalJonathan Rodríguez, uno de los líderes de la manifestación, explicó en Mañanas Blu, que el motivo principal de la movilización es el descontento con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Según los manifestantes, el gobierno nacional está desconociendo la legitimidad de la Mesa Nacional de Recicladores.La petición del gremio es clara: exigen respeto por su labor y que no se realicen acuerdos "por debajo de la mesa" que puedan afectar sus intereses. Rodríguez enfatizó que buscan garantías para su gremio y que la mesa nacional sea un espacio inclusivo para todos los recicladores del país, rechazando cualquier negociación que se perciba como poco transparente.
En medio de las graves afectaciones que deja la ola invernal en Montería, la Procuraduría anunció la apertura de una intervención preventiva para vigilar la respuesta institucional y garantizar la adecuada atención a las comunidades damnificadas.La decisión se conoce mientras distintos sectores ribereños y zonas vulnerables del municipio reportan inundaciones, pérdida de enseres, afectaciones en la malla vial y fallas en algunos servicios públicos, producto del aumento en los niveles de los tres afluentes que rodean la ciudad y que generaron la emergencia.El Ministerio Público solicitó formalmente a la Alcaldía de Montería, a la Gobernación de Córdoba y a los organismos de gestión del riesgo, un informe detallado sobre las acciones adelantadas para mitigar el impacto de las lluvias. Entre los requerimientos están la activación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el censo actualizado de familias damnificadas y la disponibilidad real de ayudas humanitarias.Además, pidió claridad sobre los planes de contingencia frente a nuevas y eventuales crecientes de los ríos, así como las medidas preventivas adoptadas en instituciones educativas y centros de salud, con el fin de evitar mayores riesgos para la población.El ente de control hizo un llamado especial a priorizar la atención integral a niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, garantizando condiciones dignas en albergues temporales, acceso oportuno a agua potable y servicios médicos.La Procuraduría reiteró que mantendrá vigilancia permanente sobre la ejecución de los recursos destinados a atender la emergencia y recordó a las entidades territoriales su deber constitucional de actuar con celeridad, transparencia y coordinación institucional.Finalmente, el organismo invitó a la ciudadanía a reportar posibles irregularidades en la entrega de ayudas o fallas en la atención a través de los canales oficiales, como parte del control social frente a la emergencia que atraviesa Montería.
Una nueva tragedia vial sacudió la madrugada de este viernes a los habitantes del norte de Bogotá, luego de que un aparatoso accidente de tránsito cobrara la vida de una madre y su hija en la Autopista Norte, a la altura de la calle 244, en sentido sur–norte, en la vía que conduce hacia el municipio de Chía, Cundinamarca.Según el reporte oficial de la Policía de Tránsito, el siniestro ocurrió hacia las 11:40 de la noche, cuando un vehículo de alta gama, conducido por un joven de aproximadamente 20 años, se desplazaba a gran velocidad hacia el peaje de La Sabana. En ese momento, el conductor habría intentado adelantar por el costado derecho a un bus intermunicipal de la empresa Copetran, sin percatarse de que un camión ingresaba a una estación de servicio ubicada en ese punto.La maniobra terminó en una violenta colisión contra el camión, que a su vez hizo que el automóvil rebotara contra el bus y finalmente impactara al vehículo en el que se movilizaban dos mujeres, madre e hija. El choque fue tan fuerte que terminó lanzando uno de los carros hacia la zanja del separador vial, generando escenas de caos y pánico entre los pasajeros y conductores que transitaban por la zona.La identidad de las víctimas del grave accidenteLos organismos de emergencia llegaron casi de inmediato. Personal de la Concesión Norte logró rescatar con vida a una mujer de 72 años que había quedado atrapada en la parte trasera del vehículo, y fue trasladada en ambulancia hasta la Clínica Sabana. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció hacia las 3:40 de la madrugada. En el lugar del accidente, los socorristas confirmaron la muerte de la conductora, una mujer de 35 años, identificada como Edna Rodríguez. Su madre, Rosario Rodríguez, fue la segunda víctima fatal de esta tragedia.Testigos señalaron que el joven conductor del vehículo de alta gama resultó ileso y que, al parecer, transitaba a exceso de velocidad cuando intentó realizar el adelantamiento. La Policía de Tránsito confirmó que se revisan las cámaras de seguridad del corredor vial para establecer con exactitud las causas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.Entre tanto, unidades de criminalística realizaron la inspección técnica a los vehículos involucrados y al lugar de los hechos, lo que obligó al cierre parcial de la Autopista Norte hasta cerca de las 4:05 de la madrugada, generando congestión en uno de los principales corredores de salida de Bogotá.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad y a conducir con precaución, especialmente en horarios nocturnos, cuando la visibilidad disminuye y los riesgos aumentan.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, relató en entrevista con Mañanas Blu los detalles de su salida anticipada del evento de entrega de 1.700 títulos de propiedad rural en Chaparral, encabezado por el presidente Gustavo Petro.La jornada, que inicialmente estaba destinada a celebrar la formalización de tierras para campesinos del sur del Tolima, terminó marcada por la controversia política. La mandataria departamental aseguró que decidió retirarse tras no recibir espacio para intervenir y sentirse “totalmente ignorada” por parte del Gobierno Nacional.Un acto histórico que terminó en polémicaEl evento, organizado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), tenía como objetivo formalizar 1.700 predios rurales, una acción que, según la gobernadora, representa “un avance muy importante” para el campesinado.“Que un campesino sea dueño de la tierra que ha trabajado durante tantos años dignifica su vida, le da seguridad jurídica y le abre puertas enormes a nuevas oportunidades”, afirmó Matiz durante la entrevista.La mandataria explicó que asistió al acto precisamente para reconocer ese esfuerzo institucional y reiterar la necesidad de convertir la entrega de títulos en un punto de partida para el desarrollo productivo del sur del departamento. Sin embargo, señaló que la organización del evento y el trato recibido la llevaron a tomar la decisión de retirarse.“Si la voz institucional no es bienvenida, no tenía nada que hacer allí”Matiz relató que, tras las intervenciones de miembros de la comunidad, el director de la ANT y la ministra presente, se anunció la intervención del presidente sin que ni ella ni el alcalde de Chaparral fueran llamados a participar.“Si la gobernadora y el alcalde no tenían espacio para participar, si la voz institucional del departamento no era bienvenida en la conversación, entonces personalmente tomé la decisión de retirarme”, expresó.Según su versión, se acercó primero a la ministra para despedirse “de manera amable y correcta” y luego al presidente Petro, a quien le dijo: “Señor presidente, me voy a retirar del evento”. Aseguró que no recibió respuesta.La gobernadora también denunció que durante el evento hubo silbidos en su contra y que tanto su gabinete como su equipo enfrentaron dificultades para ubicarse en el recinto.“No somos enemigos”Uno de los puntos que la mandataria quiso dejar claros es que sus diferencias con el presidente Petro no obedecen a enemistades personales ni políticas irreconciliables. “Quiero responderle a usted aquí de frente, mirándolo a los ojos y sin ambigüedades: no somos enemigos y no tenemos por qué ser enemigos”, relató al recordar el diálogo que sostuvo con un asistente que le preguntó si era “enemiga de Petro”.Matiz enfatizó que las diferencias ideológicas son legítimas en democracia, pero que no deben convertirse en odio. “Jamás esas diferencias pueden convertirse en odio, porque no sería edificante ni ejemplarizante”, subrayó.Defensa de la dignidad del TolimaLa polémica creció tras un mensaje publicado por la gobernadora en su cuenta de X, donde cuestionó lo sucedido en el acto. En la entrevista explicó que escribió ese mensaje porque sintió una “humillación muy grande”.Matiz añadió que su intención era proponer al presidente una agenda conjunta para el desarrollo del sur del Tolima, incluyendo la culminación del corredor vial y estrategias productivas que complementen la entrega de tierras. “Yo le iba a decir al presidente: pasemos del Pacto de Chicoral al Acuerdo de Chaparral y pongámonos de acuerdo en lo que vamos a seguir haciendo por este sur del Tolima”, afirmó.Inversiones en educación y salud en el sur del TolimaLa gobernadora también destacó las inversiones que adelanta el departamento en la región, entre ellas la construcción del Hospital Regional del Sur en Chaparral, con una inversión superior a los 85 mil millones de pesos.Asimismo, reconoció la inversión del Gobierno Nacional en una sede de la Universidad del Tolima en Chaparral, cercana a los 30 mil millones de pesos, y aseguró que desde la administración departamental se han destinado más de 89 mil millones en educación superior, entre gratuidad, transferencias e infraestructura.Seguridad y minería ilegal: otro frente críticoEn la entrevista, la mandataria también abordó la situación de seguridad en el sur del Tolima, marcada por el aumento de la minería ilegal y la presencia de disidencias de las FARC.Denunció que en el municipio de Ataco operan cerca de 300 máquinas extrayendo oro, con la llegada de más de 3.000 personas provenientes de otros departamentos. Según indicó, parte de los recursos derivados de esta actividad estarían financiando estructuras armadas ilegales.“Tenemos un problema gravísimo con algunos disidentes de las FARC que se encuentran allí en el sur del Tolima”, advirtió. Matiz informó que solicitó un consejo de seguridad extraordinario con el ministro de Defensa y que se declaró como objetivo de alto valor a alias “Capotillo”, señalado de amenazarla.Un llamado a la articulación institucionalFinalmente, la gobernadora insistió en que el país necesita articulación entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales. “El ejercicio del poder público tiene que ser un ejemplo de madurez, de respeto, de construcción. Al presidente le corresponde el país; a nosotros nos corresponde el Tolima”, concluyó.
Los dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba llegaron en la mañana de este jueves al puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos y otros productos para la isla en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos.El primero de los buques de apoyo logístico de la Armada de México entró lentamente por la estrecha bocana de la bahía de La Habana sobre las 8:30 hora local (13:50 GMT), mientras el segundo accedió minutos más tarde.México anunció este envío como un símbolo de "solidaridad y ayuda humanitaria" en medio de sus gestiones para apoyar a Cuba una vez que detuvo sus envíos de crudo a La Habana después de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amenazaba con aranceles a los países que suministraran petróleo a la isla.El Papaloapan carga unas 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal. El Isla holbox, por su parte, lleva más de 277 toneladas de leche en polvo.La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó este miércoles que su país sigue comprometido con Cuba y que está previsto un segundo envío de ayuda humanitaria a la isla tras el retorno de estos barcos militares a su país.Previamente aclaró que contaban con un reserva de más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol "pendientes de ser enviadas” a Cuba. México ha sostenido programas de cooperación con la isla en los últimos años, en medio de las dificultades económicas que enfrenta el país caribeño, y el nuevo envío forma parte de esa política de asistencia.El Gobierno cubano, por su parte, ha agradecido a México su apoyo en estas circunstancias. "Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba", escribió en redes sociales esta semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.Estados Unidos cortó los envíos de petróleo venezolano a Cuba tras la operación militar con la que capturó el pasado 3 de enero al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a finales de enero amenazó con aranceles a los países que proporcionen combustible a la isla.Además de incrementar la presión sobre La Habana, Washington ha asegurado que Cuba tiene “los días contados” por la falta de combustible y ha evidenciado que espera que la crisis conduzca a “un cambio de régimen”.Ante la previsión de un “desabastecimiento agudo de combustible”, el Gobierno cubano puso en marcha un plan de emergencia inspirado en la denominada “opción cero”, una estrategia de supervivencia concebida en caso de ausencia total de combustibles durante el denominado “Periodo Especial” de los años noventa.El paquete incluye desde la paralización de servicios públicos esenciales como el transporte, hasta el cierre de hoteles y la reubicación de los turistas en otras instalaciones.
Un violento asalto dentro de un micromercado del barrio Monterredondo de Bucaramanga terminó con la muerte de un hombre, identificado como Sergio Andrés Suárez Ortiz, propietario del establecimiento. Al menos dos sujetos armados ingresaron al local haciéndose pasar por clientes y exigieron prendas de valor. La víctima habría intentado resistirse al robo de su cadena de oro, por lo que uno de los agresores le disparó a quemarropa dentro del negocio.Suárez Ortiz fue trasladado inicialmente a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades desplegaron operativos policiales en la zona y revisan cámaras de seguridad para identificar a los responsables y seguirles la pista. La Alcaldía de Bucaramanga rechazó el homicidio y anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien aporte información que permita la captura de los culpables.Las autoridades reportaron que horas después en el barrio Bucaramanga, sector La Hoyada, fue asesinado a tiros un hombre. De acuerdo con la investigación se trataría de un posible ‘ajuste de cuentas’ entre bandas del microtráfico.En otro hecho delictivo ocurrido esta mañana en Piedecuesta, un hombre resultó gravemente herido tras ser víctima de un fleteo, una modalidad de robo en la que delincuentes siguen a su víctima luego de retirar dinero en una entidad bancaria.El ataque se registró en el barrio Brisas de Primavera II, cuando la víctima, quien había retirado aproximadamente 15 millones de pesos, fue interceptada por sujetos que lo perseguían en motocicleta. Los desconocidos lo intimidaron y, en medio del asalto, le dispararon en el pecho antes de huir del lugar con el efectivo.La víctima fue auxiliada por la comunidad y llevada de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo pronóstico reservado mientras las autoridades analizan videos de las cámaras de seguridad para tratar de ubicar a los agresores. La Policía Nacional confirmó que se fortalecerán los operativos en puntos considerados críticos de la ciudad y su zona metropolitana, intensificando labores de inteligencia y análisis criminal para identificar y capturar a los responsables de ambos hechos. A su vez, se hace un llamado a la ciudadanía a mantener la precaución y reportar cualquier información útil para la investigación.Estos incidentes se suman a una serie de hechos de violencia que han afectado la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga, donde ajustes de cuentas, robos violentos y ataques armados han sido motivo de alerta para las autoridades y la comunidad.
Un tramo del jarillón del río Lebrija cedió nuevamente, provocando inundaciones y daños en zonas rurales de Sabana de Torres y sus alrededores, en el departamento de Santander. La ruptura de esta estructura de contención ha encendido las alarmas de las comunidades ribereñas, que denuncian el riesgo permanente ante el avance de las lluvias y la falta de mantenimiento de estas barreras protectoras en esa localidad. En el sector de Monterrojo, personal municipal y líderes comunitarios reportaron que cerca de 43 metros del jarillón colapsaron bajo la fuerza de las aguas, lo que permitió el paso directo de caudal hacia fincas y zonas habitadas. El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero, confirmó que la rotura se presentó durante las últimas crecientes y exhortó a las autoridades departamentales y nacionales a intervenir de forma urgente para evitar un desbordamiento mayor.Residentes de los sectores afectados describen la situación como crítica, ya que el agua ha anegado cultivos y caminos vecinales, poniendo en riesgo cosechas y propiedades. Pese a que el nivel del río ha descendido en días recientes, el temor de nuevas inundaciones persiste entre las familias ubicadas en las riberas del Lebrija.Líderes sociales han advertido que no es la primera vez que esta infraestructura falla. En el corregimiento de Papayal, Rionegro, otro tramo del jarillón sufrió aperturas de hasta de 60 metros, según testimonios de pobladores. Denuncian que estas obras llevan más de ocho años sin mantenimiento adecuado, lo que agrava la vulnerabilidad ante cada temporada de lluvias.La Gobernación de Santander informó que mantiene un monitoreo permanente del río Lebrija y ha activado alertas tempranas para zonas en riesgo. El gobernador Juvenal Díaz detalló que, gracias a la reciente disminución de las lluvias, el caudal del río se ha estabilizado, pero pidió no bajar la guardia ante posibles nuevas crecientes. Además, dijo que la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental coordina con el municipio el desplazamiento de maquinaria para la rehabilitación preventiva del jarillón.Sin embargo, desde la comunidad señalan que se requieren acciones más decididas y rápidas, pues la infraestructura afectada no solo protege viviendas, sino también terrenos agrícolas y vías de comunicación esenciales para el sustento de miles de familias.Las lluvias atípicas registradas en los últimos días en Santander han generado alertas por riesgo de crecientes súbitas e inundaciones en diferentes municipios, incluyendo la zona baja del río Lebrija, que históricamente ha sido susceptible a desbordamientos cuando los jarillones fallan o se debilitan.Organizaciones de gestión del riesgo y la misma comunidad instan a reforzar no solo la infraestructura física sino también los mecanismos de alerta temprana y educación preventiva para minimizar desastres futuros.
Un hecho de sangre sacudió la tranquilidad del barrio Monterredondo, en el suroccidente de Bucaramanga, la tarde de este jueves, 12 de febrero. Sergio Andrés Suárez Ortiz, propietario de un supermercado, fue asesinado a tiros por delincuentes que irrumpieron en su establecimiento con el objetivo de despojarlo de una joya personal.El suceso ocurrió en horas de la tarde frente al conjunto residencial Torres de Monterredondo. Según los primeros informes oficiales, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta e ingresaron al local simulando ser clientes. Una vez dentro, uno de los asaltantes desenfundó un arma de fuego y confrontó a Suárez Ortiz, exigiéndole una cadena de oro que portaba. Ante la aparente resistencia de la víctima, el delincuente accionó el arma a quemarropa, dejándolo gravemente herido mientras los atacantes huían con rumbo desconocido.Pese a que el comerciante fue trasladado de urgencia a la Clínica Chicamocha, el personal médico confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso debido a la gravedad del impacto. La tragedia generó un profundo rechazo entre los habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.Ante la gravedad del crimen, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, condenó categóricamente el asesinato y ordenó a la Policía Nacional activar de inmediato todos los protocolos de inteligencia y búsqueda. El mandatario instruyó un despliegue tecnológico y operativo en esa zona de la ciudad para capturar a los responsables. “No permitiremos que hechos criminales atenten contra la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”, enfatizó la administración municipal.Por su parte, el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Fratally, anunció que se ofrece una recompensa de hasta diez millones de pesos por información veraz que conduzca a la judicialización de los autores materiales de este crimen. Mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realiza las labores de criminalística y análisis de cámaras de seguridad, la Alcaldía hizo un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades bajo absoluta reserva, reafirmando una política de tolerancia cero frente al homicidio.
Un juez de conocimiento de Bucaramanga dictó una sentencia condenatoria de 31 años y 2 meses de prisión contra un hombre hallado responsable del asesinato de su compañera sentimental, Yaisbely Andrea Ibargúen Molina, de 28 años, en hechos ocurridos en el departamento de Santander. La decisión judicial se produjo tras el aval de un preacuerdo suscrito entre el procesado, asistido por su defensa técnica, y la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual el implicado aceptó de manera voluntaria los cargos por el delito de feminicidio agravado.El expediente judicial detalló que el crimen tuvo lugar el 21 de julio de 2024 en una vivienda del barrio Altos de Andina, en el municipio de Girón. Según la reconstrucción de los hechos presentada por el ente acusador, el sentenciado atacó a la víctima con un arma cortopunzante en momentos en que ella se encontraba utilizando su teléfono celular. La agresión se perpetró en presencia de los tres hijos menores de edad de la pareja, de 9, 7 y 1 año, quienes presenciaron el ataque contra su progenitora.Tras la agresión, los llamados de auxilio de la mujer alertaron a los residentes del sector, quienes acudieron al inmueble para intentar socorrerla. Ante la llegada de los vecinos, el atacante emprendió la huida, abandonando el lugar de los hechos. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano; no obstante, los reportes médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas.La investigación técnica y los testimonios recopilados permitieron establecer que el ataque no fue un evento aislado, sino el desenlace de un ciclo de violencia sistemática. Las indagaciones determinaron que, durante los tres años de convivencia de la pareja, la mujer fue sometida a constantes episodios de maltrato físico y psicológico por parte del ahora condenado. Con esta sentencia, el victimario deberá cumplir su pena en un establecimiento carcelario, perdiendo además los beneficios de libertad condicional debido a la naturaleza del delito tipificado bajo la Ley Rosa Elvira Celis.
Desde los laboratorios del Departamento de Microbiología y Ciencia Celular de la Universidad de la Florida, en Estados Unidos, el científico colombiano José Cediel Becerra lidera investigaciones que podrían marcar un punto de inflexión en la lucha contra uno de los mayores desafíos de la salud pública global: la resistencia a los antibióticos.Egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde se graduó con grado Summa Cum Laude y tesis laureada, el joven santandereano ha construido una trayectoria científica de alto impacto internacional centrada en el descubrimiento de nuevos compuestos terapéuticos derivados de bacterias. Su apuesta no está en lo convencional, sino en explorar el vasto potencial químico oculto en los genomas microbianos.Bacterias como fuente de nuevos medicamentosLa investigación del científico santandereano se enfoca en identificar nuevas rutas biosintéticas, los procesos mediante los cuales los microorganismos producen moléculas- utilizando herramientas de genómica computacional avanzada.A través del desarrollo y aplicación de metodologías bioinformáticas innovadoras, Cediel Becerra analiza sistemáticamente miles de genomas bacterianos en busca de compuestos naturales con propiedades bioactivas.El objetivo es claro: descubrir nuevas clases de productos naturales que puedan convertirse en la próxima generación de terapéuticos, especialmente frente a infecciones resistentes a los antibióticos actuales.En un contexto en el que la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el riesgo de una “era post-antibiótica”, investigaciones como la suya resultan estratégicas. La capacidad de anticiparse al problema, identificando moléculas inéditas antes de que sean necesarias en la clínica, representa un avance clave para la medicina moderna.El potencial de las 7-deazapurinasUno de los aportes científicos más relevantes de Cediel Becerra es el estudio de las 7-deazapurinas, una familia de moléculas naturales con propiedades antimicrobianas y anticancerígenas. Su trabajo ha permitido ampliar significativamente el conocimiento sobre cómo se biosintetizan estas moléculas, cuál es su diversidad química y qué funciones biológicas cumplen.Estos hallazgos no solo enriquecen la comprensión básica de la biología microbiana, sino que abren nuevas posibilidades para el desarrollo de fármacos innovadores. Al entender cómo las bacterias producen estas sustancias, los científicos pueden diseñar estrategias para optimizarlas o modificarlas con fines terapéuticos.Herramientas que transforman la ciencia globalMás allá de los descubrimientos moleculares, Cediel Becerra ha contribuido al desarrollo de herramientas bioinformáticas de referencia mundial como antiSMASH y MIBiG, plataformas fundamentales para la comunidad científica dedicada al descubrimiento de productos naturales.Estas herramientas permiten a investigadores de todo el mundo identificar y catalogar clústeres de genes responsables de la producción de compuestos bioactivos en microorganismos. Su impacto es medible: miles de citaciones en la literatura científica respaldan la relevancia y el alcance global de estos desarrollos.Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en revistas como Nucleic Acids Research, una de las publicaciones más prestigiosas en biología molecular y genómica, consolidando su reconocimiento internacional.Ciencia colombiana con impacto globalTras completar su maestría y doctorado en Microbiología en Estados Unidos, José Dubán Cediel Becerra se ha consolidado como una de las voces emergentes en genómica microbiana y descubrimiento de productos naturales.Desde el análisis computacional de genomas hasta la identificación de moléculas con potencial terapéutico, su trabajo demuestra cómo la ciencia de frontera puede traducirse en soluciones concretas para problemas críticos de salud humana.En un mundo que enfrenta amenazas sanitarias cada vez más complejas, la investigación liderada por este científico colombiano no solo posiciona el talento nacional en la élite académica internacional, sino que también aporta herramientas reales para la construcción de nuevas terapias que podrían salvar millones de vidas.
Bucaramanga vuelve a estremecerse por un hecho de violencia extrema contra una menor de edad. La Policía Metropolitana confirmó que ya fue plenamente identificado el presunto responsable del ataque sicarial ocurrido en la noche del martes en el barrio San Miguel, sector de la cancha de tierra, donde una adolescente de 16 años fue asesinada y otras dos mujeres resultaron heridas.El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, señaló que el agresor, conocido con el alias de ‘Julito’, era expareja sentimental de la víctima y de su hermana, y estaría vinculado a estructuras criminales dedicadas al sicariato en el área metropolitana.“Al parecer había un triángulo amoroso entre uno de los agresores y estas mujeres. Al criminal lo tenemos totalmente identificado, está dedicado a cometer sicariatos y desde la Policía estamos trabajando de manera articulada para capturar a los bandidos”, aseguró el oficial.Los hechos se registraron la noche del pasado martes, 20 de enero, en la calle 51 con carrera 13 del barrio San Miguel. De acuerdo con el análisis preliminar y las cámaras de seguridad del sector, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta interceptaron a las tres mujeres y les dispararon en repetidas ocasiones, para luego huir del lugar.La menor recibió múltiples impactos de bala, uno de ellos en el centro del cuello, además de heridas en una rodilla y en la región glútea. Aunque fue trasladada de urgencia a la Clínica Chicamocha, falleció minutos después debido a la gravedad de las lesiones.En el mismo ataque resultaron heridas Mayra Alejandra Colmenares Amado, quien sufrió una lesión superficial en la región occipital, y Alison Valentina Espitia Argüello, con fractura ósea. Ambas permanecen bajo observación médica en el Hospital Universitario de Santander.En el lugar del crimen, las autoridades recolectaron seis vainillas calibre 9 milímetros y dos proyectiles, elementos clave para el avance de la investigación.El general Quintero confirmó que el presunto responsable tiene varias anotaciones judiciales y venía siendo investigado por su presunta participación en otros hechos sicariales en Bucaramanga y el área metropolitana. Actualmente, unidades de la Sijín y de inteligencia policial adelantan operativos, análisis de cámaras y labores de seguimiento para lograr su captura en el menor tiempo posible.“Tenemos todas las capacidades de la Policía desplegadas. Este es un delincuente identificado, con un prontuario violento, y no vamos a descansar hasta ponerlo a disposición de la justicia”, enfatizó el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.
La crítica situación ambiental que enfrenta el corregimiento El Llanito llevó a autoridades, empresas del sector energético y pescadores a reunirse para evaluar los riesgos derivados de la sequía y la contaminación que afectan los ecosistemas acuáticos de la zona.El encuentro se realizó en la mañana de este martes, 21 de enero, y contó con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Transición Energética, Ecopetrol, Cenit, la Procuraduría Ambiental y representantes de los pescadores, quienes expusieron su preocupación por el deterioro progresivo de las ciénagas y sus impactos sobre la biodiversidad y la actividad productiva.Durante la reunión, las empresas socializaron las acciones ambientales que vienen adelantando; sin embargo, las autoridades insistieron en la necesidad de fortalecer la articulación interadministrativa para consolidar esfuerzos técnicos y financieros que permitan ejecutar proyectos estratégicos en el territorio.Entre las iniciativas priorizadas se encuentran la implementación de un equipo Watermaster para la deshidratación y descontaminación de los cuerpos de agua, lo cual mejoraría la conectividad hídrica; así como la biorremediación (solución biotecnológica que usa organismos vivos, como bacterias, hongos y plantas, para limpiar y restaurar ambientes contaminados) y restauración de la ciénaga de Miramar, un complejo hídrico cuyas aguas discurren por el caño del Rosario y desembocan en el caño San Silvestre.Uno de los puntos más sensibles abordados fue la situación del manatí antillano, especie en vía de extinción. Según informó Leonardo Granados Cárdenas, secretario de Ambiente y Transición Energética del puerto petrolero, “en los últimos siete años se han registrado al menos 15 muertes de estos animales, tres de ellas en los últimos dos meses, lo que ha generado una alerta ambiental y el llamado urgente a implementar acciones concretas para su conservación”.Las autoridades señalaron que ya se inició el proceso de articulación para asegurar los recursos necesarios que permitan ejecutar estos proyectos de manera inmediata. Asimismo, destacaron la voluntad de las empresas y de la administración municipal, quienes han dispuesto recursos para apoyar la biorremediación de la ciénaga de Miramar, el uso del Watermaster y la construcción de un dique de verano que garantice la conectividad hídrica y reduzca los riesgos asociados a la contaminación.La reunión se desarrolló en medio de reiteradas denuncias de la comunidad relacionadas con la sequía y las fuentes de contaminación que afectan las ciénagas, las cuales son clave para el desarrollo y sustento de los pobladores de esta zona de Santander.
La Universidad Manuela Beltrán lanza becas para pregrado en programas presenciales en la sede de Bucaramanga con inscripción gratuita, incluyendo un diplomado virtual sin costo afín a la carrera y becas del 100 % para estudiar inglés de manera virtual. El beneficio tiene descuentos que van desde el 16 % hasta el 52 % sobre el valor de la matrícula, dependiendo del programa académico. La institución educativa aclaró que no existe límite de edad para postularse, además brinda la financiación del pago de los estudios hasta en cuatro cuotas, sin intereses ni necesidad de codeudor.Programas académicos disponibles en BucaramangaLas becas aplican para los siguientes programas presenciales de pregrado:- Fonoaudiología- Fisioterapia- Ingeniería Biomédica- Psicología- Diseño de Modas- EnfermeríaEs importante tener en cuenta que estas becas aplican únicamente para programas presenciales y que el porcentaje de descuento varía según la carrera. La universidad mantendrá las tarifas del año 2025 para quienes ingresen en 2026. Quienes quieran inscribirse podrán hacerlo hasta el 28 de enero del presente año a través del sitio web oficial www.umb.edu.co, en la opción Inscripción.Una vez el aspirante complete el registro en la plataforma, desde la institución de educación superior se comunicarán directamente para brindar acompañamiento, resolver inquietudes y orientar el proceso de matrícula.La universidad Manuel Beltrán afirmó su compromiso con la educación como motor de transformación social y con la generación de oportunidades reales para el desarrollo profesional en Bucaramanga y la región.
El alcalde de San Gil, Édgar Orlando Pinzón Rojas, fue sancionado por el Tribunal Administrativo de Santander tras comprobarse el incumplimiento de una orden judicial que ordenaba la recuperación del parque Santander, uno de los principales espacios públicos del municipio, ocupado desde hace años por ventas informales.La decisión adoptada el 16 de enero de 2026 confirma, en segunda instancia, la sanción impuesta en primera instancia, que consiste en una multa de cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y la obligación de dar cumplimiento inmediato a la sentencia de 2018, en la cual se determinó la vulneración de derechos colectivos como el disfrute del espacio público, la moralidad administrativa y el derecho a un ambiente sano.En ese fallo se ordenó al municipio de San Gil adelantar, bajo la responsabilidad directa del alcalde, medidas concretas para la restitución del parque Santander, la prevención de nuevas ocupaciones, la reubicación de los vendedores informales y la conformación de un comité encargado de verificar el cumplimiento.Aunque la decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Santander en marzo de 2022, las órdenes no se materializaron. Situación que motivó, en septiembre de 2025, la solicitud de apertura de un incidente de desacato por parte de un ciudadano, quien advirtió que el parque continuaba ocupado y que no existían acciones administrativas verificables orientadas a su recuperación.El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de San Gil abrió el incidente y notificó al mandatario local, sin que este presentara descargos ni aportara documentos que demostraran avances en la ejecución del fallo. Ante la ausencia de respuesta, el despacho aplicó la sanción económica, decisión que fue remitida al Tribunal para su revisión obligatoria.El tribunal advirtió que no reposan en el expediente actos administrativos, planes, informes ni evidencias de gestión que respalden acciones efectivas para la recuperación del espacio público, y resaltó que la falta de pronunciamiento del alcalde durante el trámite evidenció una conducta omisiva frente a un mandato judicial expreso.
Una grave situación de violencia se registró en la Institución Educativa Colegio Integrado Madre de la Esperanza, sede Las Ferias, en Sabana de Torres, donde una madre de familia presuntamente insultó, amenazó y lanzó un cuchillo contra una docente tras un altercado entre estudiantes.Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero de 2026, al finalizar la jornada escolar. De acuerdo con el relato de una de las profesoras afectadas, quien pidió reserva de su identidad por seguridad, la situación se desencadenó luego de que el hijo de la mujer se viera involucrado en una riña con otro estudiante a la salida de clases.Según explicó la docente, días antes la madre había sido citada por reiterados episodios de agresividad del menor hacia otros compañeros. Sin embargo, no asistió al encuentro y, de acuerdo con la profesora, respondió de manera grosera a los llamados realizados por la institución.“El día de los hechos, ella llegó gritándonos groserías, decía que por qué habíamos dejado que le pegaran al niño. Yo le dije que habláramos con el coordinador, pero ella respondió: ‘yo no quiero hablar con nadie, yo la voy a matar’, y sacó el cuchillo y me lo lanzó”, relató la maestra.La profesora dijo que alcanzó a llamar a la Policía y se llevaron a la madre de familia.“Cuando ella me lanzó el cuchillo, yo cerré los ojos y dije: Dios, protégeme y solo pensaba en mis hijas. Una mamá que estaba al lado mío gritaba: ‘profe, corra que la van a matar’”, recordó.Tras lo ocurrido, los docentes interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.El Sindicato de Educadores de Santander (SES), a través de su Departamento de Derechos Humanos, emitió un comunicado en el que expresó su “rechazo categórico e indeclinable” frente a los hechos de violencia, intimidación y agresión ocurridos contra docentes y contra las instalaciones del plantel educativo.La organización señaló que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una dinámica de conductas agresivas que afectan el entorno escolar y ponen en riesgo la vida, la integridad física y emocional y la dignidad del magisterio.“Estos acontecimientos derivaron en un incidente de extrema gravedad ocurrido el 9 de febrero de 2026, en plena jornada laboral, lo cual evidencia una afectación profunda de las garantías mínimas que deben rodear el ejercicio de la docencia”, indicó el sindicato.El SES manifestó su preocupación por lo que considera una vulneración directa de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el trabajo en condiciones dignas y seguras. Además, reiteró que ningún docente debe ejercer su labor bajo el miedo, la intimidación o la amenaza.Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a adelantar actuaciones inmediatas, serias y transparentes, y a adoptar medidas de protección eficaces que garanticen el ejercicio seguro de la labor docente.Finalmente, el sindicato hizo un llamado a la comunidad educativa y a las familias a rechazar cualquier forma de violencia contra quienes educan y a fortalecer el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos en los entornos escolares.Para este jueves 12 de febrero, diferentes instituciones educativas de Sabana de Torres y el Sindicato de Educadores de Santander, convocaron a una marcha pacífica por la convivencia, el respeto y la vida, con punto de encuentro el parque de las Pabas a partir de las 4:30 de la tarde.
El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que, con corte al 31 de enero de 2026, en Santander se han confirmado ocho casos de tos ferina, todos los cuales requirieron hospitalización. Cuatro de los pacientes son menores de edad, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del departamento.De acuerdo con el informe, cinco de los casos corresponden a mujeres y tres a hombres. En cuanto a la distribución geográfica, siete se registraron en Bucaramanga y uno en Floridablanca.Sin embargo, de manera paralela, las autoridades de salud confirmaron un brote en población de especial interés. El 29 de enero fue identificado un conglomerado de cinco casos de tos ferina en menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena U’wa, en el sector Aguablanca, entre los municipios de Cerrito y Concepción.Los niños afectados tienen edades entre un mes y tres años, con predominio del sexo masculino. Dos de los casos fueron confirmados mediante prueba molecular, mientras que los otros tres permanecen en estudio, aunque presentan síntomas compatibles con la enfermedad.Actualmente, cuatro de estos menores permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales del país: uno en Villavicencio, dos en Saravena y uno en el Hospital Universitario de Santander. Uno de los pacientes ya fue dado de alta. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos.Según la investigación epidemiológica de campo del INS, el caso índice inició síntomas el 28 de diciembre de 2025. El periodo probable de exposición estaría relacionado con actividades comunitarias realizadas desde mediados de diciembre, en el marco de festividades tradicionales del canto indígena, que se extendieron hasta inicios de enero y contaron con la participación de varias comunidades. Durante estos encuentros, al parecer, asistieron personas con síntomas respiratorios.Las autoridades también advirtieron que cuatro de los menores no contaban con el esquema de vacunación acorde a su edad para tos ferina y el restante tenía el esquema incompleto. Uno de los casos presentó antecedente de tuberculosis y otro desnutrición global, factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.Ante este panorama, el 30 de enero se realizó una Sala de Análisis de Riesgo (SAR) nacional con participación de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca, con el fin de establecer la procedencia de los casos y definir acciones de prevención y fortalecimiento de la vigilancia en salud pública en los departamentos involucrados.La Secretaría de Salud de Santander reiteró el llamado a padres de familia, cuidadores y a la comunidad en general para reforzar las medidas de prevención, mantener al día los esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante síntomas respiratorios inusuales.Entre las principales recomendaciones se encuentra la vacunación, especialmente en la población infantil, como la herramienta más efectiva para prevenir la tos ferina. Recordaron que la vacuna está incluida en el esquema regular de inmunización.Asimismo, indicaron que, ante síntomas como tos persistente, fiebre o dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato a un médico o centro asistencial. También recomendaron mantener los espacios ventilados y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios, con el fin de reducir el riesgo de contagio.
La Secretaría de Salud de Santander informó que el departamento mantiene activa la vigilancia epidemiológica frente a la viruela símica (MPOX), luego de que durante el año 2025 se notificaran 16 casos confirmados de esta enfermedad.De acuerdo con el reporte oficial, los casos del año anterior se concentraron en el área metropolitana de Bucaramanga y se presentaron en población masculina con edades entre los 24 y 64 años.Según la autoridad sanitaria, este comportamiento evidenció un patrón de concentración geográfica urbana, coherente con la dinámica de transmisión del virus, que está asociada principalmente al contacto estrecho y directo entre personas.En lo corrido de 2026, se han notificado seis casos sospechosos en el departamento. De estos, tres fueron descartados tras evaluación clínica y de laboratorio, uno permanece en estudio y dos fueron confirmados. Estos últimos corresponden a hombres procedentes de los municipios de Barrancabermeja y Piedecuesta.La Secretaría de Salud señaló que este panorama refleja una disminución en la magnitud de casos confirmados en comparación con 2025. Sin embargo, advirtió sobre un desplazamiento geográfico del evento hacia un municipio diferente al área metropolitana, lo que requiere un seguimiento diferencial por parte de las autoridades sanitarias.Ante esta situación, el secretario de Salud Departamental, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención y autocuidado.Entre las recomendaciones están evitar el contacto directo con personas que presenten lesiones sospechosas, no compartir objetos personales, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, mantener cubiertas las lesiones en caso de presentarlas y consultar oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.