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La Procuraduría General de la Nación confirmó el inicio de una indagación preliminar contra funcionarios por establecer de la Dirección de Tránsito y Transporte de Girón, Santander. La decisión del Ministerio Público busca esclarecer una serie de presuntas irregularidades relacionadas con el trámite de infracciones y el recaudo de multas que estarían operando bajo una modalidad de beneficio personal.
La Procuraduría Provincial de Bucaramanga tomó la determinación tras recibir quejas formales que describen comportamientos inadecuados por parte de servidores públicos. Según el expediente, se investiga si estos funcionarios indicaban a los ciudadanos procedimientos irregulares para el pago de comparendos, alejándose de los lineamientos legales establecidos. En esta etapa procesal, el ente de control ha solicitado el recaudo de pruebas técnicas y documentales con el objetivo de identificar a los responsables de estas conductas durante la vigencia 2025 y determinar si existen méritos para una sanción disciplinaria.
La investigación se da tras las denuncias públicas realizadas por el exconcejal de Bucaramanga, Carlos Parra, quien expuso un presunto esquema de corrupción de doble vía. Según Parra, un agente de tránsito del municipio habría impuesto una cifra atípica de más de 800 comparendos desde el pasado mes de febrero de 2025, muchos de ellos bajo criterios calificados como arbitrarios, para luego presuntamente ofrecer la reducción de las sanciones a través de una empresa de consultoría vial perteneciente a su propio núcleo familiar.
De acuerdo con las pruebas presentadas ante la opinión pública, esta empresa privada cobraría sumas cercanas a los 130.000 pesos con la promesa de “tumbar” las multas, logrando reducciones de hasta el 50 % en el valor de las sanciones. En su momento el exconcejal confrontó al agente de tránsito en medio de un puesto de control y le preguntó: “¿Le parece correcto? Por un lado, un negocio para multar la gente y por el otro un negocio para bajarles las multas. Entre más multas usted haga, más multas bajan, más negocio tienen”.
Finalmente, el ente de control busca establecer si este tipo de prácticas se limitan a casos aislados o si forman parte de un sistema de lucro cesante que podría estarse replicando en otras secretarías de tránsito del área metropolitana. Por ahora, la Procuraduría mantiene abierta la etapa de recolección de testimonios y análisis de la base de datos de comparendos de la vigencia actual para identificar el alcance real de esta presunta red de irregularidades.
Cabe recordar que poco después de la denuncia pública, presentada a través de videos en redes sociales, José Manuel Reinozo Gómez, secretario de tránsito de Girón, expresó que “rechazamos de manera absoluta cualquier acto de corrupción, tráfico de influencias y comportamiento irregular. Ya se inició la revisión detallada de lo ocurrido y la información será remitida a las autoridades competentes, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia”.
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