Un hecho de sangre sacudió la tranquilidad del barrio Monterredondo, en el suroccidente de Bucaramanga, la tarde de este jueves, 12 de febrero. Sergio Andrés Suárez Ortiz, propietario de un supermercado, fue asesinado a tiros por delincuentes que irrumpieron en su establecimiento con el objetivo de despojarlo de una joya personal.El suceso ocurrió en horas de la tarde frente al conjunto residencial Torres de Monterredondo. Según los primeros informes oficiales, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta e ingresaron al local simulando ser clientes. Una vez dentro, uno de los asaltantes desenfundó un arma de fuego y confrontó a Suárez Ortiz, exigiéndole una cadena de oro que portaba. Ante la aparente resistencia de la víctima, el delincuente accionó el arma a quemarropa, dejándolo gravemente herido mientras los atacantes huían con rumbo desconocido.Pese a que el comerciante fue trasladado de urgencia a la Clínica Chicamocha, el personal médico confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso debido a la gravedad del impacto. La tragedia generó un profundo rechazo entre los habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.Ante la gravedad del crimen, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, condenó categóricamente el asesinato y ordenó a la Policía Nacional activar de inmediato todos los protocolos de inteligencia y búsqueda. El mandatario instruyó un despliegue tecnológico y operativo en esa zona de la ciudad para capturar a los responsables. “No permitiremos que hechos criminales atenten contra la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”, enfatizó la administración municipal.Por su parte, el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Fratally, anunció que se ofrece una recompensa de hasta diez millones de pesos por información veraz que conduzca a la judicialización de los autores materiales de este crimen. Mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realiza las labores de criminalística y análisis de cámaras de seguridad, la Alcaldía hizo un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades bajo absoluta reserva, reafirmando una política de tolerancia cero frente al homicidio.
Un juez de conocimiento de Bucaramanga dictó una sentencia condenatoria de 31 años y 2 meses de prisión contra un hombre hallado responsable del asesinato de su compañera sentimental, Yaisbely Andrea Ibargúen Molina, de 28 años, en hechos ocurridos en el departamento de Santander. La decisión judicial se produjo tras el aval de un preacuerdo suscrito entre el procesado, asistido por su defensa técnica, y la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual el implicado aceptó de manera voluntaria los cargos por el delito de feminicidio agravado.El expediente judicial detalló que el crimen tuvo lugar el 21 de julio de 2024 en una vivienda del barrio Altos de Andina, en el municipio de Girón. Según la reconstrucción de los hechos presentada por el ente acusador, el sentenciado atacó a la víctima con un arma cortopunzante en momentos en que ella se encontraba utilizando su teléfono celular. La agresión se perpetró en presencia de los tres hijos menores de edad de la pareja, de 9, 7 y 1 año, quienes presenciaron el ataque contra su progenitora.Tras la agresión, los llamados de auxilio de la mujer alertaron a los residentes del sector, quienes acudieron al inmueble para intentar socorrerla. Ante la llegada de los vecinos, el atacante emprendió la huida, abandonando el lugar de los hechos. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario cercano; no obstante, los reportes médicos confirmaron que ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas sufridas.La investigación técnica y los testimonios recopilados permitieron establecer que el ataque no fue un evento aislado, sino el desenlace de un ciclo de violencia sistemática. Las indagaciones determinaron que, durante los tres años de convivencia de la pareja, la mujer fue sometida a constantes episodios de maltrato físico y psicológico por parte del ahora condenado. Con esta sentencia, el victimario deberá cumplir su pena en un establecimiento carcelario, perdiendo además los beneficios de libertad condicional debido a la naturaleza del delito tipificado bajo la Ley Rosa Elvira Celis.
Desde los laboratorios del Departamento de Microbiología y Ciencia Celular de la Universidad de la Florida, en Estados Unidos, el científico colombiano José Cediel Becerra lidera investigaciones que podrían marcar un punto de inflexión en la lucha contra uno de los mayores desafíos de la salud pública global: la resistencia a los antibióticos.Egresado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), donde se graduó con grado Summa Cum Laude y tesis laureada, el joven santandereano ha construido una trayectoria científica de alto impacto internacional centrada en el descubrimiento de nuevos compuestos terapéuticos derivados de bacterias. Su apuesta no está en lo convencional, sino en explorar el vasto potencial químico oculto en los genomas microbianos.Bacterias como fuente de nuevos medicamentosLa investigación del científico santandereano se enfoca en identificar nuevas rutas biosintéticas, los procesos mediante los cuales los microorganismos producen moléculas- utilizando herramientas de genómica computacional avanzada.A través del desarrollo y aplicación de metodologías bioinformáticas innovadoras, Cediel Becerra analiza sistemáticamente miles de genomas bacterianos en busca de compuestos naturales con propiedades bioactivas.El objetivo es claro: descubrir nuevas clases de productos naturales que puedan convertirse en la próxima generación de terapéuticos, especialmente frente a infecciones resistentes a los antibióticos actuales.En un contexto en el que la Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre el riesgo de una “era post-antibiótica”, investigaciones como la suya resultan estratégicas. La capacidad de anticiparse al problema, identificando moléculas inéditas antes de que sean necesarias en la clínica, representa un avance clave para la medicina moderna.El potencial de las 7-deazapurinasUno de los aportes científicos más relevantes de Cediel Becerra es el estudio de las 7-deazapurinas, una familia de moléculas naturales con propiedades antimicrobianas y anticancerígenas. Su trabajo ha permitido ampliar significativamente el conocimiento sobre cómo se biosintetizan estas moléculas, cuál es su diversidad química y qué funciones biológicas cumplen.Estos hallazgos no solo enriquecen la comprensión básica de la biología microbiana, sino que abren nuevas posibilidades para el desarrollo de fármacos innovadores. Al entender cómo las bacterias producen estas sustancias, los científicos pueden diseñar estrategias para optimizarlas o modificarlas con fines terapéuticos.Herramientas que transforman la ciencia globalMás allá de los descubrimientos moleculares, Cediel Becerra ha contribuido al desarrollo de herramientas bioinformáticas de referencia mundial como antiSMASH y MIBiG, plataformas fundamentales para la comunidad científica dedicada al descubrimiento de productos naturales.Estas herramientas permiten a investigadores de todo el mundo identificar y catalogar clústeres de genes responsables de la producción de compuestos bioactivos en microorganismos. Su impacto es medible: miles de citaciones en la literatura científica respaldan la relevancia y el alcance global de estos desarrollos.Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en revistas como Nucleic Acids Research, una de las publicaciones más prestigiosas en biología molecular y genómica, consolidando su reconocimiento internacional.Ciencia colombiana con impacto globalTras completar su maestría y doctorado en Microbiología en Estados Unidos, José Dubán Cediel Becerra se ha consolidado como una de las voces emergentes en genómica microbiana y descubrimiento de productos naturales.Desde el análisis computacional de genomas hasta la identificación de moléculas con potencial terapéutico, su trabajo demuestra cómo la ciencia de frontera puede traducirse en soluciones concretas para problemas críticos de salud humana.En un mundo que enfrenta amenazas sanitarias cada vez más complejas, la investigación liderada por este científico colombiano no solo posiciona el talento nacional en la élite académica internacional, sino que también aporta herramientas reales para la construcción de nuevas terapias que podrían salvar millones de vidas.
Una grave situación de violencia se registró en la Institución Educativa Colegio Integrado Madre de la Esperanza, sede Las Ferias, en Sabana de Torres, donde una madre de familia presuntamente insultó, amenazó y lanzó un cuchillo contra una docente tras un altercado entre estudiantes.Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero de 2026, al finalizar la jornada escolar. De acuerdo con el relato de una de las profesoras afectadas, quien pidió reserva de su identidad por seguridad, la situación se desencadenó luego de que el hijo de la mujer se viera involucrado en una riña con otro estudiante a la salida de clases.Según explicó la docente, días antes la madre había sido citada por reiterados episodios de agresividad del menor hacia otros compañeros. Sin embargo, no asistió al encuentro y, de acuerdo con la profesora, respondió de manera grosera a los llamados realizados por la institución.“El día de los hechos, ella llegó gritándonos groserías, decía que por qué habíamos dejado que le pegaran al niño. Yo le dije que habláramos con el coordinador, pero ella respondió: ‘yo no quiero hablar con nadie, yo la voy a matar’, y sacó el cuchillo y me lo lanzó”, relató la maestra.La profesora dijo que alcanzó a llamar a la Policía y se llevaron a la madre de familia.“Cuando ella me lanzó el cuchillo, yo cerré los ojos y dije: Dios, protégeme y solo pensaba en mis hijas. Una mamá que estaba al lado mío gritaba: ‘profe, corra que la van a matar’”, recordó.Tras lo ocurrido, los docentes interpusieron la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.El Sindicato de Educadores de Santander (SES), a través de su Departamento de Derechos Humanos, emitió un comunicado en el que expresó su “rechazo categórico e indeclinable” frente a los hechos de violencia, intimidación y agresión ocurridos contra docentes y contra las instalaciones del plantel educativo.La organización señaló que estos hechos no pueden entenderse como situaciones aisladas, sino como parte de una dinámica de conductas agresivas que afectan el entorno escolar y ponen en riesgo la vida, la integridad física y emocional y la dignidad del magisterio.“Estos acontecimientos derivaron en un incidente de extrema gravedad ocurrido el 9 de febrero de 2026, en plena jornada laboral, lo cual evidencia una afectación profunda de las garantías mínimas que deben rodear el ejercicio de la docencia”, indicó el sindicato.El SES manifestó su preocupación por lo que considera una vulneración directa de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el trabajo en condiciones dignas y seguras. Además, reiteró que ningún docente debe ejercer su labor bajo el miedo, la intimidación o la amenaza.Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a adelantar actuaciones inmediatas, serias y transparentes, y a adoptar medidas de protección eficaces que garanticen el ejercicio seguro de la labor docente.Finalmente, el sindicato hizo un llamado a la comunidad educativa y a las familias a rechazar cualquier forma de violencia contra quienes educan y a fortalecer el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos en los entornos escolares.Para este jueves 12 de febrero, diferentes instituciones educativas de Sabana de Torres y el Sindicato de Educadores de Santander, convocaron a una marcha pacífica por la convivencia, el respeto y la vida, con punto de encuentro el parque de las Pabas a partir de las 4:30 de la tarde.
Acceder a la educación superior en Colombia sigue siendo un desafío para miles de jóvenes. Los altos costos de matrícula, transporte y sostenimiento hacen que muchos abandonen el sueño de formarse profesionalmente. En medio de ese panorama, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se ha convertido en una de las principales puertas de acceso a educación técnica y tecnológica gratuita, especialmente para población vulnerable.Ahora, ese acceso se amplía en Cundinamarca, pues la entidad inauguró oficialmente una nueva sede en Soacha, instalación que beneficiará a personas de cuatro municipios más.Dónde está ubicada la nueva sede del SENA en SoachaLa nueva sede está ubicada en la comuna 3 de Ciudad Verde, en Soacha, sobre un predio institucional de 4.339 m2, con una infraestructura moderna que alcanza los 7.774 m2 construidos.Según el SENA, la obra contó con una inversión superior a $57.900 millones, financiados con recursos propios de la entidad educativa y “destinados a estudios, diseños, construcción, dotación, mobiliario, conectividad y equipos tecnológicos de última generación”.Beneficiará a cuatro municipios más de CundinamarcaEsta sede no solo impactará a Soacha, también beneficiará a habitantes de los municipios de:GranadaTenaSan Antonio del TequendamaSibatéCon la nueva sede, el SENA espera impactar a cerca de 122.000 beneficiarios al año, “ampliando las oportunidades de formación para jóvenes, mujeres y población y especialmente a personas vulnerables”.En video: así se ve la nueva sede del SENA en SoachaLa infraestructura cuenta con 36 ambientes de aprendizaje, 19 especializados y 17 convencionales. Tiene una capacidad para atender a más de 3.200 aprendices diarios en modalidad presencial.Entre los espacios especializados se destacan laboratorios TIC, áreas para industrias creativas, logística y mercadeo, gestión documental, cosmetología y peluquería. Además, dispone de gimnasio, zonas de bienestar y un centro de recursos educativos.Durante su inauguración, el director general del SENA destacó que se trata de “una inversión estratégica para fortalecer el acceso a formación gratuita de calidad en esta zona del país”.Video de la nueva sede del SENA en Soacha
Un juez de Medellín negó la tutela con la que un grupo de ciudadanos y una corporación pedían que el presidente Gustavo Petro se disculpara y rectractara públicamente por su polémica frase sobre Jesús y María Magdalena.Los demandantes alegaban que les habían vulnerado derechos como la libertad religiosa, de cultos, la dignidad humana, que el discurso iba en contra de la condición laica del Estado y que el presidente, desde su cargo, realizó una reinterpretación ofensiva de dogmas centrales del cristianismo.La molestia surgió tras el discurso que el pasado 27 de enero dio el mandatario durante el evento de reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá. “Yo creo que Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena porque un hombre así sin amor no podría existir y a la mujer lo apoyó hasta el último momento y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban y eran muchas”, dijo el mandatario ese día.Para quienes radicaron la tutela, Petro los irrespetó como creyentes, trivializó la figura de Jesús y desconoció la neutralidad religiosa que debe mantener el Estado frente a todas las confesiones.Sin embargo, el despacho judicial negó la reclamación al determinar que no hubo tal vulneración pues las declaraciones del presidente fueron opiniones personales expresadas pero no “configuraron un acto administrativo, una orden estatal, una política pública, una medida normativa, ni la imposición de un credo una orden estatal, una política pública ni la imposición de un credo religioso”.Video de lo que dijo el presidente:En la sentencia, el juez explicó que el derecho fundamental a la libertad religiosa protege garantías concretas como profesar una religión, cambiar de credo, practicar cultos, no ser obligado a actuar contra la propia conciencia o no ser discriminado por razones religiosas.En este caso, ninguno de los accionantes demostró haber sido impedido de practicar su religión, ni coaccionado para modificar sus creencias. Y aunque las declaraciones si pudieron generar malestar o afectación en algunos creyentes, esa incomodidad no equivale automáticamente a una vulneración constitucional pues no se evidenció discurso de odio, incitación a la violencia o persecución religiosa.
Un doble homicidio sacudió el norte de Bogotá este miércoles, luego de que sicarios atacaran al reconocido empresario arrocero Gustavo Aponte y a su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez. El atentado, que las autoridades califican como "meticulosamente planeado", ocurrió en la carrera Séptima con calle 85, cuando las víctimas salían de un gimnasio del sector.Detalles del sicariato en la carrera Séptima con calle 85Según el reporte del general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los atacantes vigilaron a sus víctimas durante al menos 15 minutos. Uno de los delincuentes vestía traje y corbata para pasar inadvertido en la zona. Tras realizar tres disparos, el agresor huyó en una motocicleta que lo esperaba sobre la carrera Séptima.Aunque las víctimas fueron trasladadas de urgencia a la Clínica del Country, el centro médico confirmó que llegaron sin signos vitales. Gutiérrez Garzón, quien protegía al empresario, era un uniformado retirado de la Policía Nacional desde 2021.Vínculo entre Gustavo Aponte y la familia de Miguel Uribe TurbayGustavo Aponte era el propietario de Arroz Sonora y Flexo Spring. Su muerte generó reacciones inmediatas de la familia del fallecido senador Miguel Uribe Turbay, con quien mantenía un vínculo de profunda cercanía espiritual. Casualmente, el crimen ocurrió el mismo día en que se cumplían seis meses del fallecimiento del congresista tras otro ataque sicarial.María Carolina Hoyos, hermana del senador, y María Claudia Tarazona, su viuda, expresaron su dolor y destacaron la solidaridad de Aponte durante el duelo familiar.“Recuerdo especialmente dos momentos que nunca olvidaré: una vez entró conmigo a la UCI y llevó la Virgen María hasta la habitación de Miguel. Y hace pocos meses, cuando Miguel ya había muerto, llevó nuevamente la Virgen María a nuestra casa y volvimos a rezar, a pedir consuelo y su amor”, publicó Hoyos en su cuenta de Instagram.
La Corte Constitucional pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz y de Justicia y Paz trabajar de manera articulada para evitar nuevas confusiones o problemas de competencias con los exparamilitares que se acogen a cualquiera de los sistemas.Esto llega luego de la controversia generada en noviembre de 2023, cuando el exparamilitar Salvatore Mancuso fue admitido en la JEP bajo el término de “bisagra” al considerarse un enlace clave para comprender cómo operaron las alianzas ilegales entre los grupos paramilitares y miembros de la fuerza pública.La admisión generó todo un debate jurídico e incluso tensión entre ambas jurisdicciones pues Mancuso, tras su regreso a Colombia desde Estados Unidos en febrero de 2024, aún tenía cuentas pendientes con Justicia y Paz y de este dependió, inicialmente, si podía quedar en libertad condicionada o no.Para la Corte, tanto la JEP como Justicia y Paz deben implementar un mecanismo efectivo de articulación y colaboración armónica que les permita compartir hallazgos, coordinar actuaciones y avanzar de manera conjunta en el esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado en este tipo de casos.“Por esta razón, la Corporación exhortó a las autoridades judiciales de la JEP y de Justicia y Paz a que diseñen e implementen un mecanismo de articulación efectivo de colaboración armónica y comunicación permanente que les permita aprovechar recíprocamente sus respectivos hallazgos y avances”, dice el comunicado.El pedido llega en medio de la decisión del alto tribunal de no emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la interpretación “bisagra” al considerar que el debate dejó de tener vigencia tras la emisión del auto 1319 de 2024, el cual determinó que el procesamiento de un comandante paramilitar correspondía a la jurisdicción de Justicia y Paz y no a la JEP desapareciendo así el término “bisagra” como criterio válido.La discusión se generó también luego de una demanda de inconstitucionalidad presentada por Juan Carlos Salazar, Julio César Prieto, Rafael Alfredo Colón Torres y Pablo Emilio Romero cuestionando la inclusión de comandantes paramilitares en la JEP bajo el argumento de que actuaron materialmente incorporados a la fuerza pública.Los demandantes insistieron en que este tipo de admisiones equiparaba el tratamiento que se le daba a los grupos ilegales con el dado a los miembros de la fuerza pública y superaba los límites fijados por la norma que creó la JEP y detalló su funcionamiento.
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), en articulación con la Secretaría de Educación del Distrito, puso en marcha el Modelo de Educación Flexible, una estrategia orientada a garantizar la permanencia y culminación de la educación media de los deportistas del Equipo Bogotá, mediante ajustes académicos acordes con las exigencias del alto rendimiento.La iniciativa fortalece la Carrera Dual y permite que las y los deportistas continúen su formación académica sin afectar entrenamientos, competencias y concentraciones, reduciendo riesgos de rezago y deserción. El modelo se desarrolla a través del Colegio Integrado de Fontibón, con modalidades pedagógicas flexibles y acompañamiento docente especializado para el grupo de Talentos Excepcionales.El diagnóstico inicial evidenció dificultades para acceder a esquemas educativos que equilibraran responsabilidades académicas y deportivas. En respuesta, el MEF contempla ajustes curriculares, permisos y acompañamientos que aseguran compatibilidad entre ambos procesos.Durante 2026, la estrategia operará en el auditorio de la Unidad de Ciencias Aplicadas al Deporte, de lunes a viernes entre la 1:00 y las 3:30 de la tarde Actualmente, 36 deportistas del Equipo Bogotá están vinculados al modelo. A la fecha, 35 han manifestado interés y 26 ya se encuentran matriculados, cursando grados de sexto a undécimo, con mayor concentración en octavo, noveno y décimo.Los beneficiarios hacen parte del esquema de apoyos definido en la Resolución 1510 de 2024 y representan disciplinas como paranatación, levantamiento de pesas, ciclismo MTB, BMX freestyle, taekwondo, triatlón, fútbol, karate, lucha y voleibol sentado.
El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que, con corte al 31 de enero de 2026, en Santander se han confirmado ocho casos de tos ferina, todos los cuales requirieron hospitalización. Cuatro de los pacientes son menores de edad, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del departamento.De acuerdo con el informe, cinco de los casos corresponden a mujeres y tres a hombres. En cuanto a la distribución geográfica, siete se registraron en Bucaramanga y uno en Floridablanca.Sin embargo, de manera paralela, las autoridades de salud confirmaron un brote en población de especial interés. El 29 de enero fue identificado un conglomerado de cinco casos de tos ferina en menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena U’wa, en el sector Aguablanca, entre los municipios de Cerrito y Concepción.Los niños afectados tienen edades entre un mes y tres años, con predominio del sexo masculino. Dos de los casos fueron confirmados mediante prueba molecular, mientras que los otros tres permanecen en estudio, aunque presentan síntomas compatibles con la enfermedad.Actualmente, cuatro de estos menores permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales del país: uno en Villavicencio, dos en Saravena y uno en el Hospital Universitario de Santander. Uno de los pacientes ya fue dado de alta. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos.Según la investigación epidemiológica de campo del INS, el caso índice inició síntomas el 28 de diciembre de 2025. El periodo probable de exposición estaría relacionado con actividades comunitarias realizadas desde mediados de diciembre, en el marco de festividades tradicionales del canto indígena, que se extendieron hasta inicios de enero y contaron con la participación de varias comunidades. Durante estos encuentros, al parecer, asistieron personas con síntomas respiratorios.Las autoridades también advirtieron que cuatro de los menores no contaban con el esquema de vacunación acorde a su edad para tos ferina y el restante tenía el esquema incompleto. Uno de los casos presentó antecedente de tuberculosis y otro desnutrición global, factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.Ante este panorama, el 30 de enero se realizó una Sala de Análisis de Riesgo (SAR) nacional con participación de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca, con el fin de establecer la procedencia de los casos y definir acciones de prevención y fortalecimiento de la vigilancia en salud pública en los departamentos involucrados.La Secretaría de Salud de Santander reiteró el llamado a padres de familia, cuidadores y a la comunidad en general para reforzar las medidas de prevención, mantener al día los esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante síntomas respiratorios inusuales.Entre las principales recomendaciones se encuentra la vacunación, especialmente en la población infantil, como la herramienta más efectiva para prevenir la tos ferina. Recordaron que la vacuna está incluida en el esquema regular de inmunización.Asimismo, indicaron que, ante síntomas como tos persistente, fiebre o dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato a un médico o centro asistencial. También recomendaron mantener los espacios ventilados y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios, con el fin de reducir el riesgo de contagio.
La Secretaría de Salud de Santander informó que el departamento mantiene activa la vigilancia epidemiológica frente a la viruela símica (MPOX), luego de que durante el año 2025 se notificaran 16 casos confirmados de esta enfermedad.De acuerdo con el reporte oficial, los casos del año anterior se concentraron en el área metropolitana de Bucaramanga y se presentaron en población masculina con edades entre los 24 y 64 años.Según la autoridad sanitaria, este comportamiento evidenció un patrón de concentración geográfica urbana, coherente con la dinámica de transmisión del virus, que está asociada principalmente al contacto estrecho y directo entre personas.En lo corrido de 2026, se han notificado seis casos sospechosos en el departamento. De estos, tres fueron descartados tras evaluación clínica y de laboratorio, uno permanece en estudio y dos fueron confirmados. Estos últimos corresponden a hombres procedentes de los municipios de Barrancabermeja y Piedecuesta.La Secretaría de Salud señaló que este panorama refleja una disminución en la magnitud de casos confirmados en comparación con 2025. Sin embargo, advirtió sobre un desplazamiento geográfico del evento hacia un municipio diferente al área metropolitana, lo que requiere un seguimiento diferencial por parte de las autoridades sanitarias.Ante esta situación, el secretario de Salud Departamental, Edwin Antonio Prada Ramírez, hizo un llamado a la comunidad a reforzar las medidas de prevención y autocuidado.Entre las recomendaciones están evitar el contacto directo con personas que presenten lesiones sospechosas, no compartir objetos personales, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, mantener cubiertas las lesiones en caso de presentarlas y consultar oportunamente a los servicios de salud ante la aparición de síntomas.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Seccional Santander, sigue avanzando en el esclarecimiento de uno de los desfalcos más cínicos a los recursos públicos del departamento, al judicializar a Antonio Enrique Cabarcas Osorio por su participación en un complejo entramado de corrupción tejido en 2022.El núcleo del escándalo radica en un contrato de 3.138 millones de pesos suscrito directamente con la Secretaría de Cultura y Turismo Departamental para ejecutar el proyecto denominado ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’. Aunque la iniciativa prometía oxigenar la escena artística de Bucaramanga y su área metropolitana, las investigaciones revelaron que el proceso fue, en realidad, una fachada para el desvío sistemático de dineros públicos mediante la manipulación de documentos y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los artistas locales.Bajo una operación coordinada con otros implicados que ya enfrentan la justicia, Cabarcas Osorio participó en la organización de eventos con músicos, bailarines y artistas circenses a quienes se les pagaban sumas, que oscilaban entre los 100.000 y 400.000 pesos. Sin embargo, la trampa documental consistía en obligar a estos trabajadores de la cultura a firmar cuentas de cobro en blanco, las cuales eran posteriormente diligenciadas por valores inflados de hasta 4 millones de pesos por persona.Este mecanismo de falsedad personal y financiera permitió legalizar facturas fraudulentas y presentar certificados de actividades que jamás se llevaron a cabo, acompañados de recibos por valores desproporcionados que no guardaban relación alguna con los precios del mercado real.La contundencia del material probatorio, que incluye análisis contables detallados, obligó a Cabarcas Osorio a aceptar los cargos de peculado por apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Según el ente acusador, estas maniobras delictivas generaron un detrimento patrimonial al departamento de Santander equivalente a 968 millones de pesos.Este nombre se suma a la lista de procesados por el mismo caso, entre quienes figuran la exsecretaria de Cultura Departamental, Mery Luz Hernández López; las supervisoras Yexica Natalia Ardila y Carmen Alicia Serpa; el representante legal de la fundación contratista, Óscar José Serrano; y los coordinadores Diana Soveida Joya y William Marcelo Carreño.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Las denuncias por amenazas contra funcionarios del Inpec en la cárcel de Palogordo, en Girón, no cesan. Según el director del establecimiento penitenciario de alta y mediana seguridad, capitán Eleasid Durán Sánchez, desde el año anterior se han interpuesto 33 denuncias ante la Fiscalía por intimidaciones dirigidas contra personal de custodia y directivos del penal.De acuerdo con el oficial, las amenazas estarían relacionadas con las estrategias de control y vigilancia que se han venido implementando al interior del centro carcelario para contrarrestar actividades delictivas y reforzar la disciplina.“Algunos de nuestros funcionarios han recibido amenazas por esa estrategia de control que nosotros realizamos, pero nosotros seguimos trabajando articuladamente y soñamos también con un establecimiento carcelario diferente”, manifestó Durán Sánchez.El director aseguró que las intimidaciones no solo han sido dirigidas a guardianes, sino también a altos mandos del penal. “Amenazas en mi contra, el comandante de vigilancia y algunos funcionarios de la unidad de policía funcional y de todas maneras también algunos funcionarios de las compañías de seguridad y de las diferentes compañías. Nosotros hemos interpuesto desde el año anterior alrededor de 33 denuncias por amenazas en el establecimiento”, precisó.Según explicó, detrás de estos hechos estarían actores delincuenciales que se oponen a los controles internos.“Son de los actores delincuenciales, de aquellas personas que se oponen al control al interior de los establecimientos carcelarios. Nosotros lo hemos desarrollado y venimos haciéndolo con un cronograma de actividades para aquellas personas que han sido individualizadas como actores que siguen delinquiendo al interior de los establecimientos”, señaló.Frente a la situación, el Inpec ha articulado acciones con otras autoridades para reforzar la seguridad de los funcionarios afectados. El director indicó que se han gestionado medidas de autoprotección y se ha solicitado el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP).“También hemos articulado con las diferentes autoridades para vincular a los funcionarios a los programas de autoprotección y, desde luego, a los programas de protección de la Unidad Nacional de Protección, a quien hacemos un llamado permanente a brindar esa seguridad a los funcionarios, porque de nada hacemos con estas estrategias si el funcionario no se encuentra motivado y protegido”, afirmó.Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el origen y alcance de las amenazas, mientras el establecimiento mantiene las estrategias de control interno que, según su dirección, buscan garantizar la seguridad y el orden dentro del penal.
Un incendio forestal que se inició hacia las 2:00 de la tarde de este martes 10 de febrero, en la vereda Arenal, sector El Manzano, en el municipio de Mogotes, consumió cerca de 30 hectáreas de cobertura vegetal y mantuvo en alerta a la comunidad durante varias horas.Las llamas avanzaron rápidamente por la montaña, obligando a los habitantes del sector a intervenir de manera directa para evitar que el fuego se extendiera a más predios, viviendas y la escuela de la zona. La situación se tornó más compleja debido a que el cuerpo de bomberos del municipio no se encuentra operando por trámites administrativos.Yulexy Rangel, residente de la zona, relató los momentos de angustia que vivieron.“Nos dimos cuenta hacia las 3 de la tarde porque venía descendiendo por la montaña. Mi esposo estaba desyerbando y se fue con otros vecinos, pero se regresaron a las 5:00 p.m. porque era imposible controlarlo. Mi esposo llamó a bomberos y dijeron que no podían atender porque no están habilitados”, contó.Durante la tarde y buena parte de la noche, campesinos del sector, con ramas, agua y herramientas básicas, trabajaron para reducir la intensidad del incendio y evitar que siguiera propagándose. La solidaridad entre vecinos fue clave para contener la emergencia mientras llegaba apoyo institucional.La Oficina de Gestión del Riesgo de Santander confirmó que el incendio ya fue controlado y que actualmente se encuentra en fase de monitoreo y proceso de liquidación para evitar que se reactive.“El incendio se encuentra controlado y actualmente está en fase de monitoreo y proceso de liquidación. La atención se realiza de manera articulada entre la Policía Nacional, la Defensa Civil y el CMGRD de Mogotes”, señaló la entidad a través de su cuenta en X.Aunque no se reportaron personas lesionadas ni viviendas afectadas, la emergencia dejó una considerable afectación ambiental en esta zona rural de Mogotes.Las autoridades mantienen presencia en el sector para verificar puntos calientes y descartar nuevos focos, mientras la comunidad insiste en la necesidad de que el municipio cuente con un cuerpo de bomberos plenamente habilitado para atender este tipo de emergencias.
Momentos de tensión se vivieron en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, luego de que presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hicieran presencia armada en la zona urbana, donde patrullaron varias calles y protagonizaron acciones contra la fuerza pública.Los insurgentes hostigaron durante varios minutos la estación de Policía del municipio, generando pánico entre los habitantes. En medio de los hechos, también se reportó un ataque contra un helicóptero que sobrevolaba el área, al parecer en labores de apoyo y verificación de la situación de orden público.Los hombres armados caminaron por distintos sectores del municipio, lo que obligó a la comunidad a resguardarse en sus viviendas por temor a enfrentamientos. Los comerciantes cerraron de inmediato sus establecimientos y la administración municipal suspendió la atención al público mientras se restablecía la calma.
La tristeza que dejó la muerte de Daniel Felipe Ballesteros aún se siente en las calles de Tona. El niño, de apenas 10 años, fue hallado sin vida a unos 10 metros al fondo de un abismo, en hechos que hoy son materia de investigación y que mantienen consternada a toda la comunidad.Ante la gravedad del caso, la Alcaldía de Tona anunció una recompensa de $10 millones para quien entregue información que permita esclarecer lo ocurrido. El alcalde Jesús Santiago Gutiérrez aseguró que desde el primer momento se activó un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Gobernación de Santander.“Estamos trabajando articuladamente con Policía, Fiscalía y Gobernación de Santander para esclarecer este crimen que ocurrió en nuestro municipio. Por parte de la administración municipal estamos ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para aquella persona que nos pueda brindar información para establecer este crimen”, manifestó el mandatario local.El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato, por mínimo que parezca, y garantizó absoluta reserva. La información puede ser suministrada al número 310 811 4966. “El llamado es a que nos suministren información por mínima que sea, nosotros estamos dispuestos a revisar la información”, añadió.Daniel Felipe era estudiante de la Escuela Francisco Romero y participaba activamente en las escuelas de formación musical y deportiva del municipio. Como cada día, había salido a jugar, sin que nadie imaginara que esa rutina terminaría en tragedia.La indignación y el dolor se transformaron en un acto de unión. Decenas de habitantes se concentraron frente a la Alcaldía de Tona para realizar una velatón en su memoria. Con velas encendidas, oraciones y abrazos, el municipio rindió homenaje al menor y acompañó a su familia en medio del duelo.“Estas imágenes y videos capturan el sentir de un pueblo que se une en un solo corazón. Entre oraciones y el suave resplandor de las velas, la comunidad de Tona se reunió para rendir un sentido homenaje a la vida de Daniel Felipe Ballesteros. Que este acto de unión sea un abrazo de luz para su familia y un testimonio de que su recuerdo de 10 años de alegría nunca se apagará entre nosotros”, escribió la alcaldía en sus redes sociales.Mientras avanzan las investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte, Tona clama por justicia. La Alcaldía también declaró tres días de luto en el municipio por la muerte del menor. Además, fueron aplazadas las actividades programadas para próximos días por los 476 años de Tona."En señal de respeto y acompañamiento a su familia y seres queridos, informamos que la celebración de los 476 años de Tona será aplazada. Hoy no es momento de festejar, sino de abrazarnos como comunidad, elevar una oración y acompañar desde el corazón", escribió la Alcaldía de su cuenta en Facebook.
En la madrugada de este martes se registraron dos movimientos telúricos con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.El primero ocurrió a las 12:59 a.m. y tuvo una magnitud de 4.8, con una profundidad de 143 kilómetros. De acuerdo con los reportes preliminares, el sismo se sintió de manera leve en Bucaramanga y su área metropolitana, donde varios ciudadanos indicaron haber percibido una ligera vibración, especialmente en edificios de varios pisos.Sin embargo, el movimiento tuvo una percepción un poco más intensa en municipios como San Gil, Barrancabermeja y algunas poblaciones de Norte de Santander, donde habitantes reportaron el temblor a través de redes sociales.Horas después, a las 4:25 a.m., se presentó un segundo sismo también con epicentro en Los Santos. Este tuvo una magnitud menor, de 3.2, y una profundidad de 152 kilómetros. Por sus características, fue percibido con menor intensidad y en menos zonas del departamento.Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas lesionadas a causa de estos movimientos telúricos. Organismos de gestión del riesgo mantienen el monitoreo permanente, recordando a la ciudadanía la importancia de conservar la calma y tener identificadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.Santander, y particularmente el municipio de Los Santos, se encuentra sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una de las regiones con mayor concentración de sismos en el mundo, lo que explica la recurrencia de este tipo de eventos en la zona.
En un desafío abierto a las recientes políticas fiscales del Gobierno Nacional, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, oficializó su rechazo al Decreto 1474 de 2025, sumándose a la rebelión jurídica liderada por la Federación Nacional de Departamentos (FND). La controversia, que ha escalado a un choque de trenes institucional, se centra en las medidas que incrementan el IVA a los licores del 5% al 19% y establecen un polémico “techo” al recaudo regional.Para el mandatario santandereano, estas determinaciones no son simples ajustes técnicos, sino un golpe seco a las finanzas del departamento. Según el comunicado oficial de la Gobernación, Díaz Mateus advierte que estas decisiones “presionan las finanzas departamentales y pueden afectar la inversión y la capacidad de respuesta en sectores esenciales como la salud, la educación y el deporte”.La mayor indignación de los gobernadores radica en el artículo 15 del decreto, que obliga a las regiones a girar a la Nación cualquier excedente de recaudo que supere el IPC del año anterior. En Santander, donde el impuesto al consumo de licores es una columna vertebral del presupuesto (con recaudos superiores a los $21.400 millones en 2024), esta medida es vista como un asalto desde la centralización.Expertos del sector advierten que el incremento del IVA y del impuesto al consumo podría elevar el precio de una botella de licor hasta en un 50%, lo que, en palabras de los mandatarios, "abriría la puerta al contrabando y la adulteración", destruyendo la base gravable de los territorios.Ante lo que consideran un atropello a la autonomía territorial, Santander respalda la solicitud de un espacio ante la Corte Constitucional para exponer los efectos reales de estas medidas. No se descarta el uso de la excepción de inconstitucionalidad, una figura que permitiría a los gobernadores inaplicar el decreto por considerarlo contrario a la Carta Magna, una ruta que ya anunció su homólogo de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y otros gobernadores del país.La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la postura de los mandatarios como un "mal ejemplo" y una usurpación de funciones, lanzando incluso advertencias sobre posibles denuncias por prevaricato.Frente a estos señalamientos, el Gobierno de Santander fue enfático en exigir respeto por la institucionalidad regional, señalando que las descalificaciones “afectan el clima de diálogo y desconocen el mandato ciudadano”. La crisis tendrá un capítulo definitivo el próximo 19 de enero, fecha en la que se llevará a cabo una reunión clave entre los gobernadores y el Ministerio de Hacienda para intentar frenar lo que las regiones han denominado un “raponazo” a sus recursos.
Girón, uno de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga que ha tenido mayores inconvenientes en las elecciones de alcalde, vuelve a las urnas este domingo para una jornada de comicios atípicos después de la destitución de Campo Elías Ramírez por doble militancia.Y es que el caso de este municipio santandereano ha llamado la atención incluso de los entes de control por los líos jurídicos. Aunque el periodo de mandato de un alcalde es de cuatro años, Girón tuvo seis alcaldes entre los años 2020 y 2023 por múltiples demandas.En este cuatrienio el panorama no fue diferente y a finales de octubre del año pasado la Sección Quinta del alto tribunal confirmó la sentencia del 27 de noviembre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección de Campo Elías Ramírez para el periodo 2024–2027.A pesar de la destitución, Campo Elías Ramírez nuevamente se presenta en las elecciones atípicas pese a que abogados y expertos sostienen que estaría inhabilitado para ser candidato, pues fue ordenador del gasto en los últimos 12 meses. El exalcalde y ahora candidato vuelve a competir con el aval del partido Liga y del Partido de La U.Por el Partido Conservador se inscribió William Mantilla, quien ya había participado en los comicios anteriores, logrando la segunda votación más alta (31.226 sufragios frente a los 35.263 con los que ganó Campo Elías Ramírez). Pese a ello, no asumió la curul de oposición en el Concejo Municipal.Desde la Colombia Humana, Diego Armando Moreno vuelve a presentar su candidatura. En la elección de hace dos años obtuvo 1.417 votos.El ingeniero Óscar Álvarez, propietario del Atlético Bucaramanga, oficializó su aspiración con el aval del Nuevo Liberalismo y el coaval del Partido Liberal. Es originario de Ocaña, Norte de Santander, donde también aspiró a la Alcaldía hace dos años.El candidato Misael Luna Domínguez se registró con el aval de La Fuerza de la Paz y aseguró que, de llegar al cargo, uno de sus principales propósitos será articular su gestión con las juntas de acción comunal.Finalmente, Fernando Serrano Reina se inscribió con el aval del Partido ASI. En la elección pasada buscó una curul en la Asamblea de Santander.De acuerdo con la Registraduría Nacional, el censo electoral en Girón habilita a 131.355 ciudadanos (68.718 mujeres y 62.637 hombres) para ejercer su derecho al voto. La infraestructura dispuesta incluye 39 puestos de votación: 26 en la cabecera municipal, uno en el centro carcelario y 12 en corregimientos, los cuales albergarán un total de 357 mesas.
Cristian Portilla, alcalde de Bucaramanga, dio a conocer las tres apuestas en las que se invertirá el empréstito que presentará ante el Concejo de Bucaramanga, proyecto que no fue aprobado al exalcalde Jaime Andrés Beltran. De acuerdo con el líder de los bumangueses, la capital santandereana cuenta con una capacidad de endeudamiento cercana a los $800.000 millones.El mandatario local dio a conocer detalles de la solicitud que haría al Gobierno nacional: “El municipio de Bucaramanga tiene una capacidad financiera totalmente amplia y sus finanzas tendrán un endeudamiento sano. Bucaramanga necesita en materia de movilidad, seguridad, pero sobre todo de orden. Necesitamos un empréstito para poder lograr y resolver de manera rápida esta situación”.Las apuestas que tendrá este empréstito están focalizadas en tres obras estratégicas. La primera, el Plan Maestro de Movilidad con el objetivo de intervenir algunas de las principales vías de la ciudad bonita y resolver la problemática en la Troncal Norte Sur (intercambiador vial en la intersección de la calle 45 con carrera novena), y la ampliación de la carrera 2W en el barrio Mutis, en el sector del Mercado Campesino. “Esa obra a nosotros nos va a poder permitir el margen de dos años y medio, para que Bucaramanga pueda tener otras vías de acceso de sur a norte y de norte a sur, y no tan solo tener la 27 o la 33 como las vías principales para poder transportarnos en la ciudad”, afirmó Portilla Pérez.La segunda intervención sería para el cambio de la red semafórica a una red inteligente. “Los semáforos de Bucaramanga tienen años luz, pero ya ni siquiera tienen luz. Ya están agonizando. Es importante para que la ola verde que tanto añoramos nosotros de manera digital podamos verla acá”, comentó el mandatario local.La tercera obra sería un Centro de Detención Transitoria, una cárcel para detenidos para solucionar el hacinamiento que tienen las estaciones de policía actualmente. “Las tres estaciones de policía están en este momento en un hacinamiento impresionante. Tenemos 90 policías cuidando bandidos cuando deberían estar es en otro lugar, cuidando a las personas”, dijo Portilla Pérez. Se espera que en los próximos días la Alcaldía de Bucaramanga presente el proyecto ante el Concejo Municipal, donde se definirá la viabilidad técnica, financiera y jurídica del empréstito.
El municipio de Girón, pieza clave del área metropolitana de Bucaramanga, se prepara para una jornada democrática crucial este domingo 18 de enero. Tras meses de incertidumbre jurídica, los gironeses acudirán a las urnas para elegir a su nuevo mandatario local, en un proceso convocado mediante el decreto 672 del 18 de noviembre de 2025, expedido por la Gobernación de Santander luego de que se declarara la nulidad de la elección de octubre de 2023.Para garantizar el éxito de la jornada, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha desplegado un robusto operativo técnico y logístico. Según Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo electoral, la organización avanza sin contratiempos: “Estamos listos para las elecciones atípicas de alcalde en el municipio de Girón. Ya realizamos simulacros de preconteo con excelentes resultados y estamos afinando los aplicativos de escrutinio”, aseguró el funcionario.El censo electoral habilita a 131.355 ciudadanos (68.718 mujeres y 62.637 hombres) para ejercer su derecho al voto. La infraestructura dispuesta incluye 39 puestos de votación: 26 en la cabecera municipal, uno en el centro carcelario y 12 en corregimientos, los cuales albergarán un total de 357 mesas.Una de las grandes novedades de esta jornada es el refuerzo en las medidas de transparencia. Por primera vez, Girón implementará tecnología de punta para combatir la suplantación. “Tendremos biometría facial en el municipio. En los puestos donde esté disponible, es obligatorio pasar por ella. Esto nos da más tranquilidad y seguridad para que el proceso esté rodeado de todas las medidas de transparencia”, subrayó Suárez.La vigilancia del proceso estará a cargo de 2.596 jurados de votación (2.142 titulares y 454 remanentes), quienes han recibido capacitación intensiva en los últimos días. La Registraduría recordó a los electores que pueden consultar su puesto y mesa exacta en el portal oficial www.registraduria.gov.co, haciendo clic en la opción ‘Electoral’, luego en ‘Elecciones atípicas’, seguido de ‘Alcalde Girón, Santander’ y finalizando con el botón ‘Consulta tu lugar de votación’.Cabe recordar que seis candidatos buscarán ocupar la Alcaldía para completará el periodo institucional hasta 2027, tras la anulación de la elección anterior.En el listado figura nuevamente el exalcalde Campo Elías Ramírez, cuya elección fue anulada por el Consejo de Estado debido a doble militancia. También estarán en la contienda William Mantilla, Diego Armando Moreno, Misael Luna Domínguez, Óscar Álvarez y Fernando Serrano Reina.
Un temblor registrado en la madrugada de este viernes, 16 de enero de 2026, fue sentido por habitantes de varios departamentos del país, especialmente en el nororiente, aunque la mayoría de ciudadanos coincidió en que el movimiento telúrico fue leve y no generó mayor alarma.De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el temblor ocurrió a las 2:05 de la mañana y alcanzó una magnitud de 5.0, con epicentro en el departamento de Santander, una región históricamente reconocida por su alta actividad sísmica debido al denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, ubicado principalmente bajo el municipio de Los Santos.Aunque el movimiento fue reportado en departamentos como Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá D.C., Caldas, Tolima, Norte de Santander, Meta, Quindío, Atlántico y Casanare, muchos ciudadanos aseguraron que apenas lo percibieron o, incluso, no se dieron cuenta del evento.“Ya estamos acostumbrados a estos sismos, ya no sentimos nada”, expresó una ciudadana consultada en el área metropolitana de Bucaramanga, donde los movimientos telúricos son frecuentes.Otro ciudadano explicó que la intensidad fue mínima: “Mayores a 5.0 sí se sienten, menores a 5 son muy leves y muchas veces ni sabemos que tembló”.Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander informó que, tras el monitoreo realizado luego del evento sísmico, no se reportan daños materiales ni personas afectadas, por lo que la situación se mantiene bajo normalidad.Las autoridades reiteraron el llamado a mantener la calma y recordar las recomendaciones de prevención, especialmente en una región donde la actividad sísmica es constante.
La Fiscalía General de la Nación informó que José Miguel Barrios Galán, de 31 años, admitió su responsabilidad en la muerte de su pareja sentimental, Cindy Vanessa Sánchez Rodríguez, de 32 años, y fue condenado a 31 años y 2 meses de prisión como responsable del delito de feminicidio agravado.El feminicidio que estremeció a Bucaramanga ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada en la carrera 15 #24N-103, en el barrio Kennedy, al norte de la ciudad.De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ataque se desencadenó tras una discusión motivada por celos. José Miguel Barrios Galán habría encontrado en el teléfono de Cindy Vanessa mensajes y audios con su expareja sentimental, lo que originó una acalorada confrontación. En medio del altercado, el agresor tomó un arma cortopunzante y le propinó tres heridas en el cuello, causándole la muerte de manera inmediata.“Tras el ataque, el hombre huyó del lugar y se refugió en el CAI Kennedy, donde fue detenido por uniformados de la Policía Nacional. Posteriormente, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y trasladado al CTI, que asumió los actos urgentes e inició el proceso judicial correspondiente”, dijo en su momento el general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.“Según se logró determinar, la pareja llevaba un año juntos, tiempo durante el cual se presentaron varios episodios de violencia. Por esto la víctima quería terminar la relación, situación que fue rechazada por Barrios Galán”, expresó la Fiscalía en un comunicado.Durante la investigación las autoridades confirmaron que el ahora condenado tenía antecedentes por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.