En las últimas horas se conoció una carta firmada por más de 30 senadores, dirigida a las autoridades, en la que solicitan garantías procesales para 11 jóvenes capturados. Según las autoridades, los detenidos serían presuntos integrantes de la Brigada Clandestina por el Pueblo y para el Pueblo (PPP), banda desarticulada, de acuerdo con lo informado por el alcalde Carlos Fernando Galán el pasado 12 de diciembre.En el documento, con fecha del 1 de diciembre, los congresistas manifiestan su preocupación por la criminalización de la juventud y cuestionan el uso de agentes encubiertos, así como lo que consideran una inflación punitiva en este tipo de procesos. Entre los firmantes se encuentra el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda.En diálogo con Blu Radio, el representante a la Cámara por Bogotá, Alirio Uribe Muñoz, explicó las razones que llevaron a varios congresistas a respaldar el comunicado. Señaló que, tras una serie de allanamientos y detenciones que coincidieron con el aniversario del estallido social, la comisión recibió información según la cual los jóvenes pertenecen a sectores populares, realizaban trabajo comunitario y denunciaban ser víctimas de persecución y posibles montajes judiciales.“Lo que hicimos fue emitir un comunicado porque estos jóvenes son conocidos por distintos sectores populares y sociales. La intención era evitar imputaciones desproporcionadas, tal como lo han recomendado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y instancias de Naciones Unidas”, explicó Uribe.El congresista recordó que esta comisión bicameral ha documentado miles de casos relacionados con la protesta social y presuntas irregularidades judiciales. Aclaró que el pronunciamiento no busca interferir en las investigaciones, sino garantizar el debido proceso, evitar cargos excesivos y respetar la presunción de inocencia.No obstante, Uribe aseguró que al momento de firmar la carta no tenían conocimiento de que los jóvenes capturados hicieran parte de la PPP. Aun así, insistió en la necesidad de una investigación rigurosa e imparcial.“Esperamos que se haga una investigación seria. Ya hemos visto casos de montajes judiciales, como el de quienes fueron condenados por el secuestro de Gloria Lara y años después el Estado tuvo que pedirles perdón. Los informes de Policía no son prueba definitiva; hay que esperar que avancen las investigaciones y se esclarezcan los hechos”, concluyó el representante.
El Gobierno colombiano concedió la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, jefe de los Comandos de Frontera, a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y narcoterrorismo, aunque la entrega queda suspendida bajo condiciones de la Paz Total.La resolución ordena la extradición del ciudadano colombiano a petición de las autoridades de Estados Unidos. Es requerido por la Corte Distrital del Distrito Sur de California por los de concierto para distribuir cocaína y narcoterrorismo.No obstante, el artículo segundo de la resolución establece la suspensión de la entrega de Rojas mientras este “contribuya con aportes verificables y resultados concretos en el proceso de la consecución de la paz total” en el marco de la Ley 2272 de 2022.Geovany Andrés Rojas funge como miembro representante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en la mesa de diálogos de paz con el Gobierno nacional.La entrega de alias ‘Araña’ a Estados Unidos se hará efectiva si sus aportes o su participación en el proceso de paz total "se interrumpa o cesen". En este caso, se procederá al trámite de extradición una vez se cumplan los condicionamientos impuestos al Estado requirente.La resolución también establece que la entrega se llevará a cabo bajo el compromiso de Estados Unidos de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, lo que implica que Rojas no será sometido a desaparición forzada, torturas ni a penas crueles, inhumanas o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.La decisión del Gobierno se basa en el aval que previamente había dado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para la extradición de Geovany Andrés Rojas.La corte consideró que se cumplían los requisitos constitucionales para entregar al exjefe guerrillero, quien fue capturado en un hotel de Bogotá mientras participaba en la mesa de diálogos.Las pruebas de la justicia estadounidense confirmaron que la organización de Rojas produjo cocaína en Colombia, la envió a México y la introdujo al mercado estadounidense, lo que configura el delito de narcoterrorismo. El alto tribunal advirtió que los Comandos de Frontera han perdido toda legitimidad política y operan como una estructura criminal.
La muerte de las menores Emilia e Inés Forero, a raíz de envenenamiento de frambuesas con talio, consternó a todo el país y las autoridades avanzan en la investigación en donde la principal sospechosa es Zulma Guzmán Castro, quien salió del país días depsués de lo sucedido con destino a Argentina.Apareció Zulma Guzmán Castro, principal sospechosa del crimenLuego de varios días de investigación, finalmente, reapareció la sospechos que se encuentra por fuera del país. La mujer habló y salió en defensa propia sobre esta acusación y dijo que "tenía la manera de demostrar su inocencia", por lo tanto, iba a poner su disputa legal para demostrarlo. Lo curioso, según las autoridades, es que se pronuncia poco después de que se hablara de una posible imputación de la Fiscalía y sin señales pese a tener circular de la Interpol."Lo primero que tengo que decir es que siento muchísimo el dolor que pueden estar sintiendo las familias por la pérdida de sus niñas . Yo soy madre y eso debe ser dolor infinito y entiendo que por esa razón quieran encontrar el culpable y usar todos los medios posibles para ello, sin embargo, pues ese culpable no soy yo y eso es lo que estoy buscando probar ahora ante la justicia y con el abogado y con las pruebas que tengo", dijo en diálogo con Focus Noticias.Aseguró que "no entendía" porque la inculpaban a ella, pues "no tenía ningún motivo" para hacer algo así. Pero pondrá sus propias pruebas en manos de las autoridades para demostrar su inocencia."La estrategia se nota que era básicamente destruirme completamente antes de cualquier proceso judicial, destruir la imagen y dar una dar una versión que acaba conmigo sin ningún proceso, ninguna garantía de un juicio justo en estos momentos", añadió.La relación de Zulma Guzmán Castro y la familia BedoutConfesó haber sido pareja sentimental de manera clandestina con Juan de Bedout y aseguró nunca haber conocido a la esposa, pese que algunas versiones la han relacionado con su muerte."Yo lo vi cuando quedó viudo, en noviembre, tomamos un café y él me comentó que ella había muerto de cáncer, ella había tenido cáncer en el 2016 o 2017, creo, y le regresó, pero también ese día me dijo que habían tenido un susto, así me lo dijo, porque a principios de año ya había tenido una intoxicación por una sustancia, no estoy completamente segura de si me nombró esa sustancia talio o si me dijo simplemente que le habían encontrado algo que le había envenenado o le había hecho daño, no estoy segura exactamente que me dijo.",dijo.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia solicitó negar la tutela presentada por Andrés Felipe Marín Silva, conocido como 'Pipe Tuluá', con la que busca dejar sin efecto el concepto favorable de extradición emitido el pasado 12 de noviembre a solicitud del Gobierno de Estados Unidos.Tan solo unas horas después de que se confirmara que el Gobierno firmó la extradición de 'Pipe Tulúa', se conoció un escrito remitido a la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, quién será la encargada de resolver una tutela que interpuso el máximo cabecilla de 'La Inmaculada'. La Corte explicó que el concepto de extradición se ajustó plenamente a las exigencias constitucionales y legales; por esa razón, sostuvo que no existe vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, libertad personal ni acceso a la justicia, como lo alega el accionante.Marín, el peligroso cabecilla de la banda 'La Inmaculada' que delinque en el Valle del Cauca, es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas por los delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir, dentro de un proceso penal iniciado en septiembre de 2024.En la tutela, 'Pipe Tulúa' sostiene que la Corte incurrió en defectos sustantivos y fácticos al equiparar delitos que juzga el país que lo pide en extradición con los que fue juzgado en Colombia.Sin embargo, la Sala Penal reiteró que para verificar el principio de doble incriminación basta con que la conducta sea delito en ambos países, sin importar la denominación jurídica, y que los hechos descritos sí encuentran correspondencia en el Código Penal colombiano.La Corte aclaró que el trámite de extradición no es el escenario para analizar de fondo la responsabilidad penal del solicitado ni para evaluar la suficiencia o validez de las pruebas allegadas por el país requirente.Asimismo, descartó que exista falta de motivación en el concepto de extradición y señaló que los argumentos planteados por la defensa ya fueron analizados y respondidos dentro del trámite. Para la Sala, la tutela no puede usarse como un mecanismo para reabrir discusiones ya resueltas ni para expresar inconformidad con una decisión judicial debidamente sustentada.
Colombia atraviesa un momento decisivo para el sector de la construcción y, aunque no siempre sea evidente, ese rezago ya se refleja en algo muy concreto: el precio de la vivienda y de los arriendos. Más allá de la inflación o del valor del suelo, hay un factor silencioso que está encareciendo los proyectos: el atraso en la adopción de la metodología BIM.Hoy, el país apenas alcanza un 52 % de implementación de BIM, cuando la meta nacional apunta a una adopción cercana al 100 %. Esa brecha no es técnica ni abstracta. Se traduce en sobrecostos que terminan pagando los ciudadanos cuando compran o arriendan vivienda.Por qué la vivienda es más cara en ColombiaCuando BIM no se usa de manera adecuada, muchos errores aparecen en plena obra y no en la etapa de planeación, donde corregirlos sería más sencillo y menos costoso. Esto genera retrasos, reprocesos, desperdicio de materiales y gastos adicionales que se acumulan en el presupuesto final.En la práctica, el atraso en la adopción de BIM implica:Obras que requieren correcciones sobre la marcha.Mayor consumo de materiales y más tiempo de ejecución.Incrementos en el costo final de los proyectos.Todo ese sobrecosto no lo absorbe el constructor. Termina reflejado en el valor de venta de una vivienda o en el canon de arrendamiento que pagan miles de familias.Qué es BIM y cómo impacta el bolsillo de los colombianosBIM, por sus siglas en inglés (Building Information Modeling), no es solo un software. Es una metodología de trabajo digital para la construcción que busca reemplazar los planos tradicionales por un modelo tridimensional inteligente, en el que se concentra toda la información del proyecto.Dicho de forma sencilla, BIM funciona como el “cerebro digital” de una obra. En ese modelo interactúan arquitectos, ingenieros, constructores y técnicos, todos trabajando sobre la misma base de información, lo que reduce errores y mejora la coordinación.En términos prácticos, BIM permite:Evitar errores y retrasos, al detectar conflictos entre estructuras, redes eléctricas o tuberías antes de iniciar la obra.Reducir costos imprevistos, ya que anticipar fallas desde el diseño puede disminuir hasta en un 41 % los sobrecostos.Mejorar la eficiencia, optimizando el uso de materiales, el rendimiento energético y el impacto ambiental.El costo oculto de no implementar BIMCuando BIM no se adopta, según lo revelado por Graphisoft, ese ahorro potencial se pierde y se convierte en un gasto adicional que asumen los ciudadanos. El impacto puede verse de forma simple:Sin BIM, un proyecto presupuestado por ejemplo, en $100 millones puede terminar costando $100 o más.Con BIM, ese mismo proyecto podría acercarse a los $60 millones.Esa diferencia no desaparece. Se traslada directamente al comprador o al arrendatario.Con la obligatoriedad de BIM cada vez más cerca, el desafío ya no es solo técnico, sino económico y social. Acelerar su adopción es clave para construir mejor y más rápido, pero también para frenar el encarecimiento de la vivienda que hoy sienten miles de hogares en Colombia.
Una grave tragedia vial se registró en la madrugada de este domingo 14 de diciembre de 2025 en el kilómetro 12 de la vía Caucasia–Medellín, donde un bus de turismo que transportaba estudiantes de grado 11 del Liceo Antioqueño de Bello sufrió un accidente, dejando como saldo varios jóvenes fallecidos y múltiples personas lesionadas.De acuerdo con la información preliminar, el vehículo había salido desde Tolú, Sucre, con destino a Medellín, y trasladaba a estudiantes de esta institución educativa ubicada en el municipio de Bello, en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Los jóvenes regresaban de un viaje a la costa Caribe, en un viaje por su graduación.En diálogo con Blu Radio, el secretario de Educación de Bello, Edgar Callejas, confirmó que las autoridades se encuentran atendiendo la emergencia de manera articulada.“Hemos estado articulados con el sector salud, los hospitales, la Policía y todas las entidades competentes. Hasta el momento se tiene un reporte de 17 personas fallecidas; sin embargo, esta cifra no es oficial, ya que aún hay personas reportadas como desaparecidas”, señaló el funcionario.Según el reporte de las autoridades y organismos de socorro, algunas personas lesionadas fueron ingresadas al hospital San Vicente de Paúl del municipio de Remedios, entre ellas cuatro adultos y 12 adolescentes, quienes se movilizaban en un bus de la empresa de turismo Senior Pro.Las personas fueron identificadas como:David Rua Vallejo, 18 añosJamilton Isaac Piedrahíta, 27 añosNicolás Ochoa Vahos, 18 añosJuliana Álvarez Correa, 18 añosNicolás Galeano Ramírez, 16 añosMiguel Ángel Román, 17 añosErik Cañaveral Ospina, 17 añosValerie Luciana Díaz Mazo, 16 añosJerónimo Hurtado Vélez, 16 añosMiguel Ángel Carvajal, 17 añosJimena Londoño Sánchez, 16 añosKatherine Mira Zapata, 16 añosMaría Sofía Posso Gómez, 17 añosMiguel Ángel Forero, 17 añosSantiago Galeano Quintero, 16 añosSamuel Marín Agudelo, 16 añosEntre tanto, otras tres personas fueron trasladadas al hospital del municipio de Segovia. Se trata de:Hernán Montalvo (mayor de edad)Ana Isabel Pulgarín (adolescente)Caro Juliana Patiño (adolescente)La hipótesis preliminar del accidente apunta a un posible microsueño del conductor, quien falleció en el lugar de los hechos. No obstante, las causas exactas del siniestro continúan siendo materia de investigación por parte de los organismos competentes.
El Sinuano Día se consolida como uno de los sorteos de chance más tradicionales y populares del Caribe colombiano, gracias a su historia, credibilidad y a la expectativa que despierta cada tarde entre miles de jugadores.Su fuerte arraigo cultural y la ilusión de acertar el número ganador hacen que este sorteo sea seguido diariamente por personas que ven en el chance una oportunidad para cambiar su día con un golpe de suerte.Nùmero ganador de Sinuano Día hoy, domingo 14 de diciembre de 2025El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 14 de diciembre de 2025, es el 7212 - 6. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 7212 Tres últimas cifras: 212 Dos últimas cifras: 12 La quinta: 6¿A qué hora se juega el Sinuano Día?El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el país. La puntualidad en su horario y la transparencia en sus procesos han permitido que se convierta en un clásico de las tardes, no solo en la Costa Caribe, sino también en otras regiones de Colombia.Modalidades de apuesta del Sinuano DíaEl Sinuano Día ofrece diversas modalidades de juego, diseñadas para ajustarse a distintos perfiles de apostadores, desde principiantes hasta jugadores habituales. Estas son las principales opciones disponibles:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: coincidencia exacta de las últimas tres cifras.3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del resultado.Quinta balota: modalidad incorporada desde 2025 que entrega premios adicionales.Esta variedad convierte cada sorteo en una experiencia dinámica y atractiva para los aficionados al chance.¿Cuánto cuesta jugar el Sinuano Día?Participar en el Sinuano Día es fácil y económico. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $25.000, permitiendo que personas con distintos presupuestos accedan al juego sin complicaciones.¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Día?Para reclamar un premio, el ganador debe dirigirse a un punto autorizado y presentar:El tiquete original en buen estado.El documento de identidad y una fotocopia legible.Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, se pueden exigir requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).Con el paso del tiempo, el Sinuano Día ha logrado mantenerse como una tradición profundamente arraigada en el Caribe colombiano. La confianza de los jugadores, la continuidad del sorteo y la emoción que genera cada tarde lo posicionan como uno de los juegos de chance más reconocidos y seguidos del país.
La Caribeña Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más tradicionales y seguidos del Caribe colombiano, gracias a su trayectoria y profundo arraigo regional.Con el paso de los años, este juego ha logrado consolidar una comunidad fiel de apostadores que, cada tarde, siguen atentos el resultado con la expectativa de que la suerte pueda transformar su día. La confianza del público se sustenta en la constancia del sorteo y en un proceso transparente que refuerza su credibilidad en todo el país.Nùmero ganador de Caribeña Día hoy, domingo 14 de diciembre de 2025El número ganador del chance Caribeña Día de este domingo 14 de diciembre de 2025 es el 0406 - 3. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 0406 Dos últimas cifras: 06 Tres últimas cifras: 406 La quinta: 3¿A qué hora se juega la Caribeña Día?El sorteo de la Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. La puntualidad en el horario y la claridad en el desarrollo del sorteo han sido claves para posicionarlo como uno de los juegos de chance más confiables y representativos del Caribe colombiano.Modalidades de juego de la Caribeña DíaUno de los mayores atractivos de la Caribeña Día es la variedad de modalidades de apuesta disponibles, que se ajustan a distintos estilos de juego y niveles de experiencia:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.Gracias a su historia, la emoción que genera a diario y la flexibilidad de sus modalidades de apuesta, la Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos más esperados del Caribe colombiano. Cada tarde renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en que la suerte esté de su lado.
La segunda vuelta presidencial en Chile comenzó este domingo sin contratiempos y con un despliegue electoral que cubre todo el país. Desde temprano, 3.379 locales de votación y más de 40.400 mesas abrieron sus puertas para recibir a los más de 15,6 millones de ciudadanos llamados a votar de manera obligatoria y definir quién será el sucesor del presidente Gabriel Boric.El balotaje enfrenta a dos figuras con visiones opuestas de país: Jeannette Jara, candidata de una amplia alianza progresista, y José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y referente de la ultraderecha chilena. La jornada avanza con normalidad y bajo la expectativa de una definición clave para el rumbo político del país.Así se desarrolla la segunda vuelta presidencial en ChileEl proceso electoral se ha desarrollado sin incidentes relevantes, según los primeros reportes oficiales. La votación es obligatoria, lo que ha impulsado una alta participación desde las primeras horas del día.Algunos datos clave de la jornada:3.379 locales de votación habilitados.40.473 mesas instaladas en todo el territorio.Más de 15,6 millones de personas convocadas a las urnas.Cierre de mesas previsto para las 18:00 hora local.Las autoridades electorales esperan entregar los primeros resultados pocas horas después del cierre, lo que permitirá conocer rápidamente al nuevo presidente.Kast llega como favorito y Jara busca remontarJosé Antonio Kast, de 59 años, llega a esta segunda vuelta como favorito, de acuerdo con analistas y sondeos previos a la veda electoral. Tras obtener el 23,9 % en la primera vuelta, logró sumar el respaldo de sectores de la derecha tradicional y del ultraderechismo libertario, lo que le permitiría superar el 50 % de las preferencias.Su campaña se ha concentrado casi exclusivamente en temas de seguridad y migración, las principales preocupaciones ciudadanas según las encuestas. Kast ha evitado profundizar en asuntos sensibles como sus posturas ultraconservadoras o su visión sobre el legado de la dictadura de Augusto Pinochet.Jeannette Jara, de 51 años, ganó la primera vuelta con el 26,9 % de los votos y es la candidata única de una inédita coalición que va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Su reto ha sido ampliar su base electoral, en un contexto marcado por el desgaste del actual gobierno y el persistente anticomunismo en parte del electorado.El escenario político que enfrentará el próximo presidenteQuien resulte electo asumirá el poder el próximo 11 de marzo con un Congreso fragmentado. El bloque de derecha y ultraderecha está a solo dos diputados de la mayoría, mientras que los votos del Partido de la Gente serán decisivos para aprobar reformas.Desde 2006, Chile ha vivido una alternancia constante entre izquierda y derecha, y ningún presidente ha entregado el mando a un sucesor de su mismo sector. Este balotaje no solo define un nombre, sino también el tono político de los próximos años en el país.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la negativa a la solicitud de nulidad que había hecho el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, frente a la acusación que se adelanta en su contra por el delito de tráfico de influencias, relacionado con el “carrusel de la contratación”.El alto tribunal negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del ministro, con la cual se buscaba anular la acusación al considerar que durante el trámite se habrían vulnerado garantías como el debido proceso y el derecho de defensa. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no se configuró ninguna irregularidad sustancial que ameritara retrotraer la actuación.En su decisión, la Sala Penal explicó que la nulidad es una medida excepcional, que solo procede cuando se demuestra una afectación real y trascendental de las garantías fundamentales, situación que según el fallo no ocurrió en el caso del ministro de Trabajo.La Corte también precisó que las inconformidades de la defensa ya habían sido analizadas en etapas previas del proceso y que no es válido utilizar la nulidad como un mecanismo para reabrir discusiones que deben resolverse en el juicio, donde se evaluará de fondo la responsabilidad penal del acusado.Con esta determinación, la Corte Suprema de Justicia dejó claro que el proceso penal contra Antonio Sanguino continúa sin obstáculos y que el ministro de la cartera de trabajo deberá enfrentar el juicio por tráfico de influencias, delito que se le atribuye por presuntas gestiones indebidas cuando se desempeñaba como concejal de Bogotá.
El alto tribunal negó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del ministro, con la cual se buscaba anular la acusación al considerar que durante el trámite se habrían vulnerado garantías como el debido proceso y el derecho de defensa. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia concluyó que no se configuró ninguna irregularidad sustancial que ameritara retrotraer la actuación.En su decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó que la nulidad es una medida excepcional, que solo procede cuando se demuestra una afectación real y trascendental de las garantías fundamentales, situación que según el fallo no ocurrió en el caso del Ministro de Trabajo.La Corte también precisó que las inconformidades de la defensa ya habían sido analizadas en etapas previas del proceso y que no es válido utilizar la nulidad como un mecanismo para reabrir discusiones que deben resolverse en el juicio, donde se evaluará de fondo la responsabilidad penal del acusado.Con esta determinación, la Corte Suprema de Justicia dejó claro que el proceso penal contra Antonio Sanguino continúa sin obstáculos y que el ministro de la cartera de trabajo deberá enfrentar el juicio por tráfico de influencias, delito que se le atribuye por presuntas gestiones indebidas cuando se desempeñaba como concejal de Bogotá.
El alto tribunal le negó la solicitud de varias pruebas que pidió Cielo Rusinque dentro del trámite de la demanda que pide tumbar su designación en la Superintendencia de Industria y Comercio. El Consejo de Estado estudiará la certificación de los estudios de Rusinque en Francia, prueba que remitió el Ministerio de Educación.La decisión se produjo tras vencer los traslados ordenados luego de que el tribunal decretara una prueba de oficio para aclarar el alcance académico del diploma francés en Derecho Constitucional que la funcionaria presentó como parte de su formación.Los demandantes cuestionaron si Rusinque cumple con el nivel de estudios exigido para el cargo, por lo que el alto tribunal ordenó al Ministerio de Educación Nacional certificar la equivalencia del “Diplome Supérieur de l’Université – Droit Constitutionnel” expedido en Francia.La demanda que pide tumbar a Rusinque de la SIC será una de las “papas calientes” que deberá resolver el Consejo de Estado en 2026, por ello, el alto tribunal precisó que únicamente tendrá en cuenta la información enviada sobre el diploma francés de Rusinque, pues corresponde exactamente a lo solicitado en el auto del 20 de noviembre de 2025.¿Qué pruebas rechazó el Consejo de Estado?El despacho del magistrado ponente Pedro Pablo Venegas rechazó las pruebas allegadas por la propia Rusinque entre ellas artículos, traducciones, resoluciones de convalidación de otros posgrados y documentos relacionados con su producción académica.Tampoco fueron aceptadas las pruebas solicitadas por el demandante Samuel Ortiz Mancipe, Con estas decisiones, el proceso continúa enfocado exclusivamente en establecer si ese título y su eventual convalidación cumple con los requisitos para el cargo de superintendente.
La representante de la abogada y fiscal seccional Liceth Córdoba cuestionó la reciente celebración pública del cantante Luis Eduardo “Lowe” León sobre su absolución en España por el caso de violencia intrafamiliar, al recordar que actualmente cursa un recurso de apelación ante la justicia de ese país.Aunque el fallo absolutorio fue proferido a inicios de este año, solo recientemente el equipo del artista difundió un comunicado anunciando la victoria judicial, lo que generó inconformidad en la representación de Córdoba debido a que el proceso sigue activo en sede internacional.Según explicó su abogada, Wendy Herrera, la sentencia que absolvió al cantante fue proferida el 19 de mayo de 2025 y apelada el 23 de mayo del mismo año. Aseguró que la decisión se recibió con respeto, pero también con “profundo asombro” por la rapidez con la que se resolvió y por los argumentos utilizados para absolver a León.La representación sostiene que la sentencia no valoró adecuadamente las pruebas presentadas por la víctima, que no se admitieron testigos esenciales y que se produjo un fallo “inusualmente rápido”.También cuestionó la falta de perspectiva de género en el análisis del testimonio de Córdoba, señalando que el juez consideró que ella buscaba obtener ventajas en el proceso de divorcio, pese a que para la representación, la víctima habría actuado por el miedo y la urgencia de regresar a Colombia con su hijo.Frente a la publicación del comunicado del cantante en noviembre, la abogada del artista en España, Silvia Aucejo, afirmó que el contenido se divulgó en la fecha que su cliente consideró oportuna, alegando que había información incorrecta circulando sobre su situación judicial.A la controversia internacional se suma la disputa por la custodia del hijo de la pareja. La abogada de Córdoba confirmó que actualmente enfrentan un proceso de restitución internacional iniciado supuestamente por León, quien solicita que el menor regrese a España.Sin embargo, la defensa de la madre sostiene que el niño ha vivido en Barranquilla y que no existe fundamento para enviarlo a un país donde ninguno de los padres es ciudadano. La abogada calificó la solicitud como preocupante y consideró que la reciente exposición pública del caso podría responder a “una estrategia de marketing” vinculada a los proyectos musicales del cantante.En paralelo, continúa en Colombia el proceso penal por presunta violencia intrafamiliar agravada contra León. La abogada que integra la defensa de Córdoba recordó que la Fiscalía ya presentó el escrito de acusación. La audiencia concentrada está programada para el 23 de febrero de 2026.Por su parte, la defensa de León en Colombia, la abogada Luz Marina Berrio, explicó que el caso avanza bajo el procedimiento penal abreviado establecido en la Ley 1959 de 2019, en la cual la denuncia penal por violencia intrafamiliar, se une la investigación y la imputación, en un escrito de Acusación.Detalló que la audiencia concentrada, que reúne en un solo acto la acusación y la preparatoria, ya inició con la verbalización del escrito por parte de la Fiscalía, pero la intervención de la defensa técnica aún está pendiente debido a la suspensión de la diligencia, que continuará en febrero de 2026. Sostuvo que en esa próxima sesión la defensa de León podrá descubrir y presentar sus pruebas “en igualdad de armas” con el ente acusador.
La investigación por el envenenamiento con talio que dejó como víctimas a las menores Emilia e Inés Forero continúa revelando aristas complejas, telefónicas y químicas, que amplían un caso que para la Fiscalía podría tener conexiones con otro episodio ocurrido cuatro años atrás. El abogado penalista Majer Abushihab, representante de la familia Forero, explicó en Mañanas Blu las piezas que hoy conforman el rompecabezas judicial y que involucran —según él— no solo la actuación de Zulma Guzmán, principal sospechosa, sino la posible participación de terceros.“Indudablemente se están investigando varias hipótesis que involucran más personas”, afirmó Abushihab. Aunque insistió en que no puede detallar elementos sensibles porque podrían comprometer el curso de la investigación, dejó claro que existen líneas sólidas sobre el origen del talio, la cadena de entrega del alimento contaminado y la localización de la presunta responsable en los días críticos.El rastro del talio: sustancia prohibida y origen aún en análisisUno de los ejes investigativos más complejos es el ingreso del talio al país. Esta sustancia, prohibida en Colombia, solo puede utilizarse para procesos industriales específicos.Abushihab subrayó que la Fiscalía, dirigida por la fiscal Elsa Reyes, ha adelantado un rastreo minucioso: “Créame, no le puedo dar detalles, pero se han hecho ejercicios muy importantes de indagación sobre cómo pudo haber ingresado talio al país”.Según el penalista, el ente investigador ya identificó posibles fuentes y está verificando destinos potenciales a fin de reconstruir la ruta completa.El abogado también fue prudente cuando se le consultó si el talio utilizado en este caso correspondía al mismo tipo hallado en el envenenamiento de la esposa del padre de una de las niñas, sucedido cuatro años atrás y que involucraría al mismo círculo familiar. Sin embargo, dejó entrever que esta conexión no está descartada:“En los dos sucesos hubo talio. Eso sí es cierto”.El mensajero: una pieza instrumentalizada del planUno de los elementos más sensibles de la investigación es la responsabilidad del mensajero que llevó las frambuesas envenenadas al hogar de la familia Forero. Según Abushihab, el domiciliario es un testigo clave que no formó parte del plan criminal.“Evidentemente fue instrumentalizado. Él no tiene nada que ver”, enfatizó. Explicó que el hombre trabajaba con varias aplicaciones de mensajería y que la Fiscalía ya identificó las plataformas involucradas, encontrando conexiones “muy importantes”.El comportamiento del mensajero también llamó la atención por su insistencia en entregar el paquete. Abushihab confirmó que el domiciliario llegó inicialmente y se retiró cuando le dijeron que no esperaban ningún envío, pero regresó tras recibir nuevas instrucciones: “Son contactos telefónicos. Y de ahí la prueba técnica con la que cuenta la Fiscalía”.Las llamadas desde Argentina: un elemento técnico bajo reservaUno de los puntos que más confusión ha generado es la supuesta llamada desde Argentina utilizada para ordenar las frambuesas envenenadas. Aunque esta versión circuló ampliamente, Abushihab fue enfático en aclarar que la orden no se hizo desde el extranjero.“La llamada no fue desde Argentina”, aseguró. Sin embargo, dejó abierta la puerta a una conexión técnica con ese país: “El tema de Argentina es cierto; hay unos vínculos muy técnicos, pero de eso dará cuenta la Fiscalía”.Lo que sí confirmó es que Zulma Guzmán estaba en Colombia el día del envío, negando versiones que la ubicaban en Buenos Aires. “Sí, es correcto”, respondió al ser interrogado sobre si la presunta responsable estaba en Bogotá el 5 de abril.El vínculo probatorio: ubicaciones, teléfonos y testimoniosSobre cómo la Fiscalía concluyó que Guzmán ordenó el envío de frambuesas contaminadas, Abushihab insistió en que el caso está respaldado por evidencia diversa:“Hay pruebas testimoniales y pruebas técnicas: teléfonos, ubicaciones, lugares y personas que han tenido interacción con la presunta responsable”.Esta combinación llevó al ente investigador a solicitar una orden de captura nacional e internacional (Interpol).¿A quién iba dirigido el veneno? Un móvil aún en construcciónRespecto al posible objetivo del envenenamiento, el abogado evitó confirmar si el ataque iba dirigido a las niñas, al padre o a toda la familia:“Indudablemente existe la posibilidad, o para todos”, expresó. El móvil sigue siendo materia de indagación.
A ocho meses del envenenamiento con talio que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá, la Fiscalía continúa avanzando en una investigación descrita como “profunda, minuciosa y sustentada en evidencia de todo orden”. En el centro del caso aparece como principal sospechosa Zulma Guzmán Castro, quien sería la presunta responsable de la muerte de las niñas, ocurrida entre el 5 y el 9 de abril.El abogado penalista Majer Abushihab, representante de la familia Forero, entregó detalles relevantes sobre el estado del proceso y los elementos que han guiado las conclusiones preliminares de la Fiscalía. Según explicó en Mañanas Blu, el rastreo de pruebas técnicas y testimoniales ha permitido establecer conexiones clave que comprometerían seriamente a Guzmán.El domiciliario “fue instrumentalizado”Uno de los puntos de la investigación es el rol del mensajero que entregó las frambuesas con el talio. Abushihab afirmó que el domiciliario fue “instrumentalizado” y que la Fiscalía tiene plenamente esclarecida su participación.De acuerdo con su versión, el mensajero llegó inicialmente a la vivienda de la familia sin que nadie esperara un pedido. Ante la negativa, se retiró, pero luego regresó por instrucciones telefónicas de quien ordenó el envío. En su segundo intento, insistió en que el paquete, presentado como un regalo, debía ser recibido y mencionó el nombre de un miembro del núcleo familiar, razón por la cual decidieron aceptarlo.¿Cómo rastreó la Fiscalía el origen del envío?El abogado indicó que la Fiscalía ha utilizado herramientas técnicas, como análisis de teléfonos, ubicaciones y contactos, para establecer la trazabilidad del pedido. Aunque no puede revelar detalles específicos, aseguró que existen numerosas pruebas testimoniales y técnicas que comprometen a la presunta responsable.Sobre la ubicación de Guzmán al momento del envío, Abushihab fue claro: “Estaba en Colombia”. Esto, pese a que algunos registros telefónicos han generado confusión por referencias a conexiones con Argentina. El abogado insistió en que el pedido no se hizo desde ese país y que la razón por la cual Argentina aparece en los registros será explicada más adelante por la Fiscalía.El caso ha levantado sospechas adicionales por la muerte, años atrás, de la esposa del padre de una de las niñas, también asociada a la presencia de talio. Al respecto, Abushihab señaló que la Fiscalía estudia si ambos episodios están vinculados: “Hay una identidad de sucesos, personas del mismo núcleo familiar y un lapso de tiempo cercano. Es una hipótesis plausible que está siendo investigada”.Consultado sobre si el talio es el mismo en ambos hechos, el abogado evitó una respuesta técnica definitiva, aunque confirmó que en los dos casos hubo presencia del metal.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumió la investigación contra la Juez 21 Penal del Circuito de Bogotá, señalada de haber emitido una sentencia condenatoria por abuso sexual basada en el uso indebido de inteligencia artificial y en citas inexistentes. El presidente de la Comisión, Mauricio Rodríguez Tamayo, explicó que fue el Tribunal Superior de Bogotá quien detectó los serios vacíos, inconsistencias y referencias falsas que motivaron la intervención disciplinaria.El origen del caso está en una condena por acceso carnal violento agravado contra un hombre señalado de agredir sexualmente, en 2013, a una mujer en condición de discapacidad en una residencia de Bogotá. Sin embargo, al revisar la sentencia, la Sala Penal del Tribunal Superior encontró que la argumentación utilizada por la jueza contenía múltiples irregularidades que resultaban abiertamente contrarias a derecho.En su decisión del 2 de diciembre de 2025, el Tribunal anuló la condena tras advertir que la funcionaria citó jurisprudencia inexistente de la Corte Suprema de Justicia, referencias falsas a autores y publicaciones que no correspondían con la realidad, así como supuestas citas textuales de providencias que nunca incorporaron los apartes mencionados. La Corporación concluyó que la jueza habría delegado en una herramienta de inteligencia artificial parte del análisis jurídico, sin verificar la veracidad ni la pertinencia de la información obtenida.Según el Tribunal, la jueza no solo inobservó las pautas sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en la actividad judicial, sino que habría sustituido su deber de supervisión al permitir que la herramienta tecnológica construyera argumentos que luego trasladó al fallo. Esto vulneró, en criterio de la Sala, el deber de motivación de las decisiones judiciales y, en consecuencia, el derecho al debido proceso del acusado.Por ese motivo, el presidente de la Comisión compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá para que profundice en la conducta de la jueza y determine si incurrió en faltas disciplinarias.Además, Rodríguez Tamayo hizo un llamado general a todos los jueces del país para que ejerzan el mayor rigor en sus decisiones y utilicen las herramientas tecnológicas de manera adecuada. Recalcó que la inteligencia artificial no puede reemplazar el análisis jurídico ni la responsabilidad que implican las funciones jurisdiccionales.
Una investigación de varios meses permitió poner al descubierto una organización criminal que convirtió a Colombia en un punto de paso para migrantes dominicanos que buscaban obtener una identidad falsa. A cambio de entre 3.000 y 5.000 dólares, la banda trasladaba a ciudadanos desde República Dominicana hasta Medellín y Planeta Rica, Córdoba, donde les tramitaban registros civiles, cédulas y pasaportes colombianos que luego les servían para viajar hacia Estados Unidos y Europa sin levantar sospechas.Entre los tres capturados llama la atención la presencia de un funcionario público, se trata de Andrés Felipe Saltarín, empleado de la Registraduría Auxiliar de Belén, en Medellín. Según la investigación, era él quien aprovechaba su cargo para ingresar a los migrantes a la sede, adelantar los trámites sin requisitos y activar identidades falsas con datos que ya le entregaban los otros miembros de la red. En varias ocasiones, de acuerdo con los testimonios, se habría reunido con Marco Aurelio Monterrosa, alias ‘Yeyo’, para coordinar la entrega de documentos.Alias ‘Yeyo’, según la autoridad, actuaba como el operador logístico. Era quien acompañaba a los extranjeros por distintas ciudades para solicitar cédulas y pasaportes, haciéndose pasar por su “patrón” ante las oficinas. También definía rutas alternas, como Perú, Ecuador o Brasil, para evitar controles migratorios y garantizar que los migrantes pudieran continuar su viaje hacia el hemisferio norte o Europa con la nueva identidad.La presunta líder del grupo, Natalia Patricia Galeano, alias ‘La Madrina’, manejaba el dinero y coordinaba las instrucciones desde Medellín. Según la Fiscalía, recibía pagos desde República Dominicana y España, y organizaba los traslados, las citas y la documentación necesaria para que los trámites fraudulentos se concretaran.Durante la investigación, los peritos de la Dijin de la Policía Nacional compararon las huellas dactilares de 27 fotocédulas colombianas con sus fichas biométricas reales en República Dominicana. La verificación permitió confirmar el fraude y llevó a la Registraduría a cancelar todas esas identidades.Las autoridades señalan que esta banda hacía parte de una cadena criminal más amplia dedicada al tráfico de migrantes y que operaba desde varios países. La captura de los tres integrantes expone cómo estructuras locales y funcionarios corruptos facilitan el tránsito irregular hacia Estados Unidos, España y Francia utilizando documentos colombianos obtenidos ilegalmente.
Una de las “papas calientes” que tendrá que resolver la Corte Constitucional el próximo año será definir el rumbo de una de las reformas bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, esta discusión que marcó un pulso definitivo entre la Corte y el primer mandatario será uno de los temas clave para la agenda del 2026 en el alto tribunal.Las últimas noticias sobre la reforma pensional vinieron por cuenta de la recusación que prosperó contra el magistrado Héctor Carvajal quien fue apartado del conocimiento de la demanda que pide tumbar la Ley, y con ello, en la última Sala Plena tras un intenso debate la votación fue de 4 a 4 en una ponencia que presentó el magistrado Jorge Enrique Ibáñez que pedía tumbar la reforma porque para él la Cámara de Representantes no subsanó los vicios de trámite.Ahora bien, tras el empate, por sorteo se designó un conjuez que para este caso es el abogado Carlos Pablo Márquez, quien mediante su cuenta oficial de X confirmó que aceptó hacer parte de la discusión.“Hoy presenté ante la Corte Constitucional mi aceptación para actuar como Conjuez. Tras un análisis riguroso, concluí que, en los términos de la Ley, no tengo impedimento alguno para asumir esta responsabilidad”, señaló el conjuez.Además del anuncio que resulta clave para que una vez los magistrados de la Corte regresen de la vacancia judicial agenden nuevamente la discusión sobre la pensional, entre líneas el conjuez Márquez dejó ver su preocupación a lo que denominó como “presiones y desinformación”.“He recibido y sé que seguiré recibiendo preguntas bien y malintencionadas. Preveo que habrá intentos de presión y mucha desinformación. ¿Me preocupa? Sí, pero no me intimida”.Además, aseguró el conjuez que actuará bajo los parámetros de la ley y que su voto no estará influenciado por ninguna persona externa al proceso.“No voy a poner en riesgo una trayectoria construida con esfuerzo y honestidad para servir intereses particulares o colores políticos”, dijo.Habrá que esperar entonces cuál será la decisión de la Corte Constitucional sobre una de las reformas bandera para el Gobierno Nacional.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Servicio Geológico Colombiano (SGC) abstenerse de usar indebidamente sus canales de información para hacer publicidad política. Esto, tras una demanda sobre la utilización de las cuentas en donde publicaron mensajes alusivos a la crisis de la Nueva EPS y la convocatoria a una movilización promovida por el GobiernoEn un fallo de 22 páginas conocido por Blu Radio, el tribunal determinó que el SGC incumplió las reglas de publicidad oficial al publicar en sus redes institucionales mensajes y piezas gráficas que incluían contenidos propios de la estrategia de comunicación del Gobierno como por ejemplo, la crisis en la Nueva EPS y la convocatoria a la movilización del 24 de octubre en la Plaza de Bolívar promovida por el presidente Gustavo Petro.Este pronunciamiento se da en el marco de una acción de cumplimiento que instauró la Fundación para el Estado de Derecho, que denunció que el Servicio Geológico Colombiano difundió en septiembre y octubre mensajes con el hashtag "#SeRobaronLaSalud" así como imágenes en respaldo de los pronunciamientos presidenciales, acción que por supuesto no tiene nada que ver con sus líneas de comunicación.Aunque la entidad sostuvo que solo compartió información oficial elaborada por la Presidencia de la República y que actuó en el marco de una estrategia de comunicación unificada al Gobierno nacional, la postura del tribunal es que ese tipo de contenidos constituyen publicidad oficial y está sometida a las restricciones de un artículo de ley."De la anterior conducta desplegada por el Servicio Geológico Colombiano, se evidencia que la entidad orientó el ejercicio de su publicidad oficial hacia una finalidad ajena a la de su objeto misional; el uso de la publicidad oficial, anteriormente ventilado, no se subsume dentro de las competencias propias del Servicio Geológico Colombiano ni se realizó con ocasión al ejercicio del deber funcional de la misma entidad", se lee en el fallo.Por ello, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca exhortó al director del Servicio Geológico Colombiano a abstenerse de orientar la publicidad oficial hacia fines no misionales y a evitar replicar mensajes gubernamentales que no correspondan a sus competencias legales.La sentencia advierte, además, que el principio de coordinación entre entidades del Estado no habilita a ninguna para apartarse de su mandato legal ni para emplear recursos públicos en la difusión de contenidos de carácter político o sectorial que no son de su competencia.
Se oficializó la entrega a la justicia de Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, conocido en el mundo criminal como alias ‘Pipe Tuluá’, señalado como el máximo cabecilla de la organización delincuencial ‘La Inmaculada’, que opera principalmente en el Valle del Cauca.A través de una resolución ejecutiva firmada el pasado 4 de diciembre de 2025 por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia encargado, Roberto Andrés Idárraga, se concedió la extradición del ciudadano colombiano para que comparezca a juicio ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.Los cargos de 'Pipe Tuluá'Según el documento oficial, alias ‘Pipe Tuluá’ es requerido por las autoridades norteamericanas por tres cargos específicos relacionados con el tráfico de estupefacientes, sustentados en una acusación dictada el 11 de septiembre de 2024:Concierto para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína.Concierto para traficar y distribuir cocaína con el conocimiento de que sería importada ilícitamente a los Estados Unidos.Fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína con la intención y motivos razonables para creer que la droga ingresaría a suelo norteamericano.Un punto clave de la decisión del Ejecutivo es lo estipulado en el Artículo 2 de la resolución, donde se ordena "no diferir la entrega" de Marín Silva. Esto significa que, a pesar de las condenas y procesos penales que tiene vigentes en Colombia, su traslado a Estados Unidos es prioritario y se debe ejecutar de inmediato.No obstante, el Gobierno advierte al Estado requirente que, una vez el cabecilla de ‘La Inmaculada’ cumpla su condena en el exterior o cese el motivo de su detención, "deberá regresar a Colombia" para comparecer ante los jueces nacionales y responder por los delitos cometidos en el país.
La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de 11 presuntos integrantes de una organización urbana que habría participado en actos de vandalismo y atentados en Bogotá, y que tendría posibles vínculos con las disidencias de las FARC.De acuerdo con el ente acusador, esta estructura estaría implicada en al menos 12 hechos ilícitos, entre ellos el ataque con explosivos a una patrulla de la Policía Nacional que dejó a un uniformado herido, la quema de una motocicleta dentro de una universidad y la incineración de un bus del SITP que transportaba 12 pasajeros.Sobre este último caso, la fiscal del proceso indicó durante la audiencia que los procesados, en medio de la acción contra el vehículo de transporte público, “provocaron un estado de terror a la población, lanzando elementos incendiarios y explosivos en plena vía pública y a plena luz del día”, mientras usaban capuchas para evitar su identificación.Según el relato, más de una decena de pasajeros y el conductor vivieron momentos de pánico, al punto de suplicar que se abrieran las puertas del bus para poder huir, antes de que el vehículo quedara totalmente incinerado sobre una avenida principal, poniendo en riesgo a estudiantes universitarios, vecinos y demás transeúntes.Entre los detenidos se encuentran Sneider Sebastián Cantor Cortés, alias ‘Salvatore’, y Juan Sebastián Manios Lozano, alias ‘Tolima’, quienes serían, según la investigación, los principales coordinadores de la fabricación de artefactos peligrosos como bombas molotov y papas bomba.Además, habrían sido los encargados de definir los roles de los demás integrantes para transportar, lanzar o activar los explosivos contra la fuerza pública, la infraestructura de la ciudad y lugares de alta concurrencia.La delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo Rivera, explicó que un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, incendio, lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte, así como porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, todos en modalidad agravada. Los 11 señalados deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.Los otros capturados fueron identificados como: Omar Millet Araya Romero, alias No Educado; Silva María Pinzón Camargo, alias Chimol; Daniel Felipe Pulido Sarmiento, alias Chinche San; Cristhian Camilo Medina Rojas, alias Topo; Carlos Raúl Torres Laguna, alias Pri; Camilo Andrés Portilla Castañeda, alias Copete; Brian Stiven Valderrama Cubides, alias Garu; Lennet Steven Mestra Montes, alias 83; y Joan Sebastián Castellanos Díaz, alias Slow.Durante las audiencias, la Fiscalía aseguró que los investigados harían parte del grupo delincuencial que se autodenomina “Los Nadie” y “Los Arruera”, cuya finalidad sería generar actos violentos que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía y afectan directamente servicios esenciales como el transporte público.En los procedimientos también fueron incautados panfletos, un arma traumática con dos proveedores, 28 cartuchos, prendas de vestir, pólvora, un hacha y banderas con distintos símbolos, elementos que serán analizados dentro del proceso judicial en curso.
Los abogados de la familia de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes asesinado a golpes tras salir de una fiesta de Halloween en Bogotá, confirmaron que fue expedida el 3 de diciembre una orden de captura contra Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, ciudadana extranjera inicialmente detenida y luego dejada en libertad, pero identificada en los videos de seguridad como la mujer con disfraz azul presente en la escena del crimen.Desde el inicio del proceso, la familia de la víctima había insistido en que Fernández debía quedar a disposición de las autoridades y ser vinculada formalmente al caso. En las grabaciones analizadas por los investigadores ,señalan los representantes legales, su presencia y actuaciones fueron visibles durante los momentos previos a la agresión que resultó mortal para el joven de 20 años.El abogado Francisco Bernate, representante de las víctimas, aseguró recientemente que existen elementos suficientes para comprometer a Fernández en los hechos. “Para la representación de las víctimas no existe ninguna justificación para que esta persona no esté vinculada a esta investigación. Es evidente su participación en los hechos, está junto con dos personas en el lugar donde se cegó esta vida y es quien señala a Jaime Esteban; ello desencadena la agresión brutal”, indicó el jurista.Bernate también señaló inconsistencias en las versiones entregadas por la mujer a las autoridades. Según dijo, Fernández habría proporcionado información falsa sobre su ubicación la noche del crimen. “Mintió al afirmar que había salido del bar cuando se encontró con la pelea, pero esta ocurrió a unas cuadras del lugar y ella estaba allí. Además, dio datos de ubicación que no corresponden a la realidad. Es una persona con situación migratoria irregular, por lo que no hay razón para que permanezca libre en el país sin estar bajo control judicial”, agregó.Estas observaciones coinciden con lo expuesto por la fiscal que judicializó a Ricardo González, segundo capturado por el caso. La funcionaria explicó que, aunque las dos mujeres inicialmente retenidas fueron dejadas en libertad, habrían tenido participación como instigadoras o determinadoras. “Estas personas no participaron en los golpes físicos, pero no quiere decir que no tuvieran alguna intervención en el hecho. En este caso estuvieron presentes cuatro personas”, sostuvo la fiscal.Mientras avanza la captura de Fernández Sulbarán, el proceso penal continúa en los estrados. El próximo martes, la justicia definirá en segunda instancia la apelación de la medida de aseguramiento contra Ricardo González, conocido por su disfraz de orejas de conejo. En cuanto a Juan Carlos Suárez, primer vinculado por su presunta responsabilidad en el homicidio, su apelación será resuelta el próximo año en segunda instancia.
El Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá falló a favor de Olmarlin Puccini Garcerant, quien interpuso una acción de tutela al considerar que el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza del ministro Edwin Palma, vulneró sus derechos fundamentales al no renovar su contrato de prestación de servicios pese a que la entidad tenía conocimiento de su estado de embarazo. La accionante buscaba la protección de sus garantías a la estabilidad laboral reforzada y especial protección a la maternidad, así como sus derechos al trabajo, mínimo vital, igualdad, debido proceso, vida digna y seguridad social.Puccini firmó un contrato de prestación de servicios con el Ministerio el 24 de enero de 2025, vigente hasta el 23 de noviembre de ese mismo año, para apoyar la evaluación de procesos de la cadena de combustibles y aportar insumos para la actualización de políticas del sector downstream. El 18 de septiembre de 2025 fue informada de su embarazo y aseguró haber notificado formalmente a la entidad el 24 de septiembre, mediante correo electrónico.La accionante sostuvo que cumplió cabalmente con las obligaciones del contrato y entregó toda la documentación requerida para su eventual renovación. Sin embargo, el Ministerio decidió no suscribir un nuevo contrato. En la tutela, también expuso que es el único sustento económico de su hogar, compuesto por su hija de 10 años y su esposo, quien actualmente está desempleado.Por su parte, el Ministerio de Minas argumentó que no vulneró ningún derecho fundamental, pues el contrato terminó en la fecha pactada y su extinción obedeció al cumplimiento del plazo, sin que fuera necesario justificar una causa de despido ni reconocer indemnización, como alegaba la accionante.No obstante, el juzgado concluyó que la entidad sí vulneró los derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada de Puccini Garcerant. En su decisión, ordenó al Ministerio prorrogar el último contrato vigente hasta la finalización de la licencia de maternidad y pagar los honorarios dejados de percibir desde el 25 de noviembre de 2025 hasta el reintegro efectivo.La decisión se sustenta en que la accionante es sujeto de especial protección constitucional por su estado de gestación y que la entidad conocía dicha condición desde el 24 de septiembre de 2025. Para el despacho, la terminación del vínculo sin autorización del Ministerio del Trabajo configura una presunción de despido discriminatorio, aun tratándose de un contrato de prestación de servicios.Se sustenta en la decisión: “En efecto, como se acreditó que el Ministerio de Minas y Energía desde el 24 de septiembre de 2024 conoció del estado de gestación de la accionante, ello en vigencia del contrato de prestación de servicios que se suscribió el 24 de enero de 2025 y que terminó el 23 de noviembre de 2025, se advierte que el accionado vulneró los derechos fundamentales al trabajo y a la estabilidad laboral reforzada de Olmarlin Puccini Garcerant, al no mantener vigente el vínculo contractual que tenían y darlo por terminado sin mediar autorización del Ministerio del Trabajo, lo cual constituye presunción de un despido por razones de discriminación”.
La Fiscalía de Basilea-Campiña ha formalizado cargos contra Thomas, esposo de la ex finalista de Miss Suiza Kristina Joksimovic, por asesinato y alteración del orden público tras un atroz crimen en Binningen.El espeluznante caso de Kristina Joksimovic, la modelo y ex finalista del certamen Miss Suiza 2013, ha dado un giro definitivo. Tras más de un año de exhaustiva investigación, la Fiscalía local de Basilea-Campiña, Suiza, ha presentado cargos formales por homicidio contra su marido, Thomas. El suceso, ocurrido en septiembre de 2024 (aunque la Fiscalía lo sitúa en febrero de 2024 en su comunicado oficial), sacudió a toda la nación alpina no solo por la identidad de la víctima, representante de los cantones del norte, sino por los detalles de una brutalidad sin precedentes.El horrendo suceso en BinningenKristina Joksimovic, de 38 años y nacionalidad suiza, fue presuntamente asesinada por su esposo, un hombre de 43 años también suizo, en su domicilio conyugal en Binningen, una localidad cercana a la ciudad de Basilea. La conmoción inicial por el fallecimiento de la exreina de la belleza se transformó en horror a medida que trascendían los pormenores del crimen.Según reportes de medios de comunicación locales, el ataque se produjo cuando la modelo regresaba a casa. El nivel de violencia del asalto habría sido extremo, resultando en su muerte. Sin embargo, lo que eleva la naturaleza del caso a un nivel dramático y macabro son los hechos posteriores al crimen que se le imputan al cónyuge.El marido de la víctima, tras supuestamente quitarle la matriz a la mujer, habría procedido a desmembrar su cuerpo, decapitándola y luego pasando sus extremidades por una licuadora industrial y añadiendo químicos para diluirlos, con la aparente intención de hacer desaparecer los restos de manera definitiva y, presumiblemente, dificultar la investigación o la identificación.La clave para resolver el crimenEl presunto intento de encubrimiento del crimen por parte del acusado pudo haber tenido éxito de no ser por la tenacidad del padre de la modelo. De acuerdo con las mismas fuentes, la investigación se precipitó cuando el progenitor de Kristina encontró cabellos y parte de la piel de su hija en bolsas de basura. Esta prueba crucial fue determinante. Tras alertar inmediatamente a las autoridades, Thomas fue detenido. Inicialmente, el acusado alegó haber actuado en defensa propia, una coartada que no ha resistido el rigor de la investigación forense y penal.La acusación formal de la fiscalíaTras concluir las pesquisas, que se han extendido por más de un año, la Fiscalía de Basilea-Campiña ha formalizado la acusación, tal como lo ha informado el medio británico The Sun.La entidad judicial emitió una declaración oficial en la que confirma el avance del proceso: "La Fiscalía de Basilea-Campiña ha concluido la investigación penal sobre el presunto homicidio ocurrido en Binningen el 13 de febrero de 2024. Ha presentado cargos por asesinato y alteración del orden público contra un hombre de 43 años (de nacionalidad suiza) ante el Tribunal Penal de Basilea-Campiña. El acusado se encuentra detenido y se presume su inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad. Con base en los resultados de la investigación penal, la fiscalía de Basilea-Campiña presume que el acusado asesinó a su esposa (de 38 años en el momento del crimen y de nacionalidad suiza) en su domicilio común en Binningen. La fiscalía no ha revelado más detalles sobre las circunstancias del crimen."La presentación de cargos por "alteración del orden público" está directamente relacionada con la presunta destrucción y desmembramiento del cuerpo, lo que añade una capa de gravedad a la acusación principal de asesinato. El caso ha reabierto un debate sobre la violencia de género y la seguridad en la Confederación Helvética, un país generalmente percibido como seguro. Ahora, el destino de Thomas, quien permanece en detención preventiva, se decidirá ante el Tribunal Penal de Basilea-Campiña, donde se espera que el juicio arroje luz completa sobre las circunstancias que rodearon este trágico y brutal homicidio.