El asesinato de Harold Aroca, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, avanza con la judicialización de dos presuntos responsables y nuevas revelaciones en el proceso investigativo.El cuerpo del menor fue hallado cuatro días después, el 9 de agosto, en una zona boscosa del sur de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, presentaba cuatro impactos de bala y múltiples quemaduras, por lo que el hecho fue tipificado como homicidio con sevicia.En el marco de la investigación, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Anderson Santiago Pedraza y Haizak Karol Chara. Este último fue enviado recientemente a centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para inferir su participación en los hechos.De acuerdo con el ente acusador, los imputados enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas, mientras continúa la recolección de pruebas para esclarecer plenamente lo ocurrido.Uno de los testigos del crimen, quien aseguró conocer a los presuntos homicidas, afirmó durante el proceso: “Los conozco muy bien porque yo los vi crecer. Son varios, hay menores y mayores. También sé que le dejaron una nota que decía ‘por sapo’”.Gracias al material audiovisual, el testigo logró identificar a los hombres y reveló detalles sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco”, añadió.Las autoridades indicaron que el material probatorio, que incluye videos de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de inteligencia, permitió establecer que el menor habría sido interceptado por varios hombres, quienes lo habrían retenido para interrogarlo por presuntos señalamientos relacionados con una estructura criminal.Cabe recordar que, semanas atrás, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el crimen como un “fracaso colectivo” y reiteró que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia que involucren a menores de edad. Entre tanto, la Fiscalía mantiene activa una burbuja investigativa con apoyo del Gaula, la Sijín y el Sipol, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres personas señaladas de participar en el secuestro y robo de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín. La decisión se tomó por solicitud de la Fiscalía, tras valorar el material probatorio recaudado durante la investigación.Los procesados fueron identificados como Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer identificada como Karla, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno de los tres aceptó los cargos imputados por el ente acusador.De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en la noche del 20 de diciembre, cuando la víctima, un conductor de una plataforma de transporte digital, aceptó un servicio solicitado desde el barrio El Poblado, en Medellín, con destino al municipio de Envigado.El conductor recogió a una mujer trans y, una vez llegó al punto de destino, fue interceptado por dos hombres que, al parecer, lo intimidaron con un arma de fuego. Según la investigación, en ese momento los presuntos delincuentes lo obligaron a entregar su vehículo y su teléfono celular, además de forzarlo a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias.Tras el asalto inicial, el conductor habría sido subido a un taxi con la cabeza cubierta. El recorrido terminó en una zona rural del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, el conductor fue golpeado y obligado a caminar descalzo.Además, los presuntos responsables le exigieron realizar una llamada a su madre para pedir dinero a cambio de su liberación, lo que configuraría el delito de secuestro extorsivo.Horas después, los presuntos secuestradores notaron la presencia de una patrulla de la Policía en el sector. Ante esta situación, se dispersaron, lo que permitió que el conductor aprovechara el momento para huir y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.Minutos más tarde fueron capturados Tamayo Cano, Rúa Segura y otra persona vinculada al caso. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el taxi que presuntamente habría sido utilizado para cometer el secuestro.Los tres implicados fueron enviados a la cárcel, acusados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, mientras avanza el proceso en su contra.
La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, con la que buscaba frenar su proceso de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.En el fallo, el alto tribunal fue claro al señalar que la solicitud no cumplía los requisitos para ser estudiada por vía de tutela, al considerar que el trámite de extradición aún no ha finalizado y existen otros mecanismos judiciales para controvertir las decisiones adoptadas.“La Corte anuncia el fracaso del resguardo por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza esta excepcional justicia”, señala la decisión advirtiendo que la tutela no puede utilizarse como una instancia paralela para invalidar actuaciones en curso.Alias ‘Pipe Tuluá’ pretendía que se dejara sin efectos el concepto favorable de extradición emitido por la Sala de Casación Penal el 12 de noviembre de 2025, alegando presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales. No obstante, el fallo recuerda que, con base en ese concepto, el Gobierno nacional concedió la extradición mediante Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, decisión que fue notificada el 12 de diciembre.“En la diligencia de notificación, se informa tanto al ciudadano requerido como a su defensora que, contra la decisión del Gobierno nacional, procede el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que, en la actualidad, la decisión no se encuentra firme”, señaló la Corte.El tribunal enfatizó que cualquier inconformidad debe plantearse ante la jurisdicción contencioso administrativa, y no mediante tutela, al advertir que “resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional”, pues este “no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden”.Finalmente, la Corte reiteró que la acción de tutela no puede suplantar al juez natural ni a las autoridades competentes, y concluyó que no se puede adjudicar competencias para resolver acciones sobre una cuestión que debe ser abordada por las vías legalmente establecidas, razón por la cual negó todas las pretensiones del señalado criminal.
La Defensoría del Pueblo reveló que entre enero y noviembre de 2025 se registraron en Colombia 13.832 delitos sexuales y 12.873 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, cifras que, aunque representan una ligera reducción frente al año anterior, muestran la magnitud de las violencias basadas en género en el país.En materia de feminicidios, se contabilizaron 111 casos y 297 tentativas, mientras que en 2024 la cifra había sido de 171 y 391, respectivamente. A pesar de la reducción, la entidad advierte que la violencia letal contra las mujeres continúa concentrándose en departamentos como Caquetá, Amazonas y Casanare, con las tasas más altas por cada 100.000 habitantes. Los transfeminicidios aumentaron de 20 a 26 casos, lo que evidencia la persistente vulnerabilidad de las personas trans.Los delitos sexuales mantienen las cifras más altas entre las violencias de género. De los 13.832 casos, más del 55% corresponde a niñas y adolescentes, especialmente en regiones como Vaupés, Guaviare y Guainía, que presentan tasas superiores a 240 casos por cada 100 mil mujeres.La violencia intrafamiliar también disminuyó frente a 2024 (16.947 casos), pero sigue siendo una de las agresiones más frecuentes. Los departamentos de Guaviare, Boyacá y Vaupés encabezan la lista de los territorios con mayores índices. La mayoría de las víctimas son mujeres mayores de edad, aunque se registran casi 2.000 niñas y adolescentes afectadas.Por su parte, la explotación sexual de menores pasó de 211 casos en 2024 a 129 en 2025, y la trata de personas disminuyó de 209 a 175 casos. En este último delito, la incidencia más alta se reporta en Norte de Santander, Meta y Putumayo, zonas fronterizas donde la vulnerabilidad de las mujeres se agrava por la presencia de economías ilegales y el control de actores armados.En conjunto, las cifras confirman que, aunque los casos muestran una leve reducción, las violencias contra las mujeres siguen concentradas en regiones con débil institucionalidad y alta conflictividad social.La Defensoría del Pueblo pidió fortalecer las estrategias de prevención, atención y protección para evitar que estas estadísticas sigan normalizando una crisis que afecta a miles de mujeres en todo el país.
El conflicto armado sigue dejando miles de víctimas en Colombia. Entre enero y noviembre de 2025, la Defensoría del Pueblo registró 116 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a más de 101.000 personas en distintas regiones del país. A la par, 93 eventos de confinamiento mantuvieron bajo amenaza a 110.000 habitantes, atrapados en sus territorios por la presencia de grupos armados ilegales y las constantes confrontaciones.Solo en noviembre se presentaron 12 nuevos desplazamientos masivos, que obligaron a 3.437 personas a abandonar sus hogares. Los departamentos más golpeados fueron Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. En el Cauca, uno de los epicentros de la violencia, se registraron cuatro eventos en Argelia, además de casos en Santander de Quilichao, Suárez y Timbiquí, que dejaron 2.219 personas desplazadas. En El Charco (Nariño), la cifra ascendió a 800 personas, mientras que en Tibú (Norte de Santander) se desplazaron 172 habitantes, producto de los choques entre el ELN y las disidencias de las Farc.A la tragedia del desplazamiento se suma el drama del confinamiento, una práctica que mantiene a comunidades enteras encerradas en sus territorios sin poder acceder a alimentos, salud o educación. Entre enero y noviembre, 93 eventos de confinamiento afectaron a 110.375 personas, principalmente en Chocó, Cauca, Guaviare, Caquetá y Bolívar, departamentos donde el control territorial lo ejercen estructuras armadas y narcotraficantes. Solo en noviembre se reportaron 6 eventos de este tipo que dejaron 4.805 personas confinadas, la mayoría en Urrao (Antioquia), con 4.057 afectados.Estas cifras reflejan una tendencia preocupante: la persistencia del conflicto armado y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales, donde las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas son las más vulnerables. La Defensoría del Pueblo ha advertido que el desplazamiento y el confinamiento son hoy las principales expresiones de la crisis humanitaria en Colombia.A este panorama interno se suman los movimientos migratorios mixtos, que evidencian la presión humanitaria en las fronteras. Según Migración Colombia, entre enero y mediados de noviembre de 2025, 141.128 personas transitaron de manera irregular por el país, principalmente de nacionalidad venezolana (136.950 personas). De esa población, 40 % son mujeres, 38 % hombres y más del 21 % son niños, niñas y adolescentes, lo que refleja la complejidad del fenómeno migratorio en un contexto de conflictividad y desplazamiento interno.Colombia cierra 2025 con un mapa humanitario fragmentado, donde miles de familias siguen huyendo o sobreviviendo bajo el miedo, a la espera de una respuesta efectiva del Estado y de soluciones duraderas para el retorno digno a sus territorios.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 26 de diciembre de 2025:El general Herbert Benavidez, jefe nacional del servicio de Policía, se refirió al balance del plan Navidad de la Policía Nacional.Paula Bernal, country manager de la IATA en Colombia, dio detalles de qué pasaría si el Gobierno pone un techo tarifario en los tiquetes aéreos.Leonardo León, médico epidemiólogo, comentó sobre el aumento de casos de influenza H3N2.Isabel Londono, fundadora de Colfuturo, habló de la decisión del gobierno de acabar con el programa que recibía una parte de financiación privada y otra estatal para cubrir becas.Carlos Fernando Motoa, senador de la República, se pronunció sobre la aprobación del debate de control político al Gobierno por el decreto de emergencia económica.Leonardo González, director de Indepaz, profundizó acerca de la crisis humanitaria en Norte de Santander por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados.Escuche el programa completo aquí:
El Polo Democrático se pronunció, por medio de un comunicado, sobre la emergencia económica decretada por el Gobierno en los últimos días. Este partido asegura que la medida es constitucional, pues cumple con los criterios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad.Además, señala que la emergencia se origina por el desfinanciamiento del Presupuesto de 2026.“Esta falta de recursos pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales. Por ello, solicitamos a la Corte avalar la declaratoria y reafirmamos que el Gobierno no trasladará el ajuste fiscal a la ciudadanía”, señala el comunicado del Polo.Es importante recordar que la Corte Constitucional solo estudiará el decreto de la emergencia económica hasta el 13 de enero, cuando termina la vacancia judicial.
La inseguridad en Colombia mantiene cifras críticas al cierre de 2025. Según el reporte más reciente de la Policía Nacional, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se registraron más de 23.800 hurtos a residencias y 23.700 a establecimientos comerciales. Ante este panorama, la Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) lanzó un llamado urgente a los ciudadanos para extremar las medidas de prevención durante la temporada de fin de año.Las festividades se han convertido en el escenario predilecto para la delincuencia, que aprovecha el abandono temporal de hogares por viajes y el aumento del flujo de efectivo en zonas comerciales y entidades financieras. De hecho, el informe detalla que este año ya se contabilizan 50 robos a bancos en el territorio nacional, lo que obliga a reforzar la vigilancia en puntos estratégicos.Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip, enfatizó en la necesidad de integrar herramientas tecnológicas para mitigar el riesgo: “Sin duda, en estos tiempos es clave tomar conciencia y reforzar las medidas de seguridad con alarmas, cámaras y drones. La seguridad debe hacerse presente en esta época navideña”.Para evitar ser víctima de los delincuentes, el gremio recomienda no dejar las viviendas solas sin previa coordinación con familiares de confianza o empresas de monitoreo. Además de reforzar físicamente puertas, ventanas y cerraduras, se aconseja el uso de cámaras conectadas a aplicaciones móviles que permitan una reacción inmediata ante cualquier actividad sospechosa.En el sector comercial e industrial, la recomendación apunta a la contratación de servicios ocasionales de vigilancia especializada para cubrir el aumento de demanda en bancos y aeropuertos, donde la prevención y la corresponsabilidad ciudadana son la única barrera efectiva contra la inseguridad en Navidad.
A pocos días de despedir el año, muchas familias colombianas comienzan a definir el menú de la cena de Fin de Año, buscando opciones sabrosas y económicas. Por eso, Tiendas D1 vuelve a captar la atención con una propuesta que combina tradición, variedad y precios bajos, al ofrecer tres tipos de carne ideales para compartir en familia por menos de 11.000 pesos cada una.Precios, detalles y presentaciónSegún la información difundida a través de su página web, la cadena de descuento puso a disposición el ensueño de cerdo Viandé de 300 gramos, con un precio de 9.990 pesos, lo que representa un costo aproximado de 33,3 pesos por gramo. Esta opción se presenta como una alternativa clásica para la mesa de celebración, destacada por su sabor y fácil preparación, pensada para quienes desean mantener la tradición sin afectar el presupuesto.A esta oferta se suma el ensueño de pollo Viandé, también en presentación de 300 gramos, que mantiene el mismo valor de 9.990 pesos y un precio por gramo similar. El pollo, por su versatilidad, se convierte en una opción atractiva para acompañar con diferentes guarniciones, permitiendo adaptar la cena a los gustos de todos los integrantes del hogar.La tercera alternativa es el ensueño de pavo Viandé de 300 gramos, disponible por 10.950 pesos, con un costo aproximado de 36,5 pesos por gramo. Aunque es el producto de mayor precio entre los tres, sigue ubicándose por debajo del umbral de los 11.000 pesos, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes no quieren dejar por fuera uno de los protagonistas tradicionales de las celebraciones de fin de año.Con estas tres carnes, D1 apuesta por facilitar una cena de Fin de Año completa, variada y al alcance del bolsillo. Además, es fácil de manejar y las personas no tendrán que desgastarse tanto tiempo en la cocina para tener un delicioso plato en sus mesas.Así las familias podrán compartir una mesa especial para cerrar el año sin sacrificar calidad ni sabor.
La senadora Paloma Valencia y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, presentaron una acción de tutela contra el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. La acción judicial solicita la suspensión inmediata de los efectos del decreto mientras la Corte Constitucional ejerce el control automático de constitucionalidad.Según la tutela, la medida fue expedida durante la vacancia judicial de la Corte Constitucional, lo que permitiría que el decreto produzca efectos sin control oportuno, especialmente en materia tributaria. Los accionantes advierten que de mantenerse vigente el decreto, hay un grave riesgo de afectación al orden constitucional, fiscal y democrático, al habilitar al Ejecutivo para imponer o modificar tributos por decreto antes del cierre del año fiscal.La tutela solicita además que se ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dian abstenerse de imponer, liquidar o recaudar nuevos impuestos derivados del decreto, hasta que exista un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad. De acuerdo con el documento, la supuesta emergencia no responde a hechos nuevos, imprevisibles o sobrevinientes, sino a problemas estructurales previamente conocidos.En el documento, Valencia y Vallejo señalan que con la emergencia se reemplaza la competencia constitucional del Congreso en materia tributaria y vulnera derechos fundamentales como la participación democrática, el debido proceso, la seguridad jurídica y el ejercicio pleno de las funciones de los congresistas. Por ello, pide su suspensión provisional hasta que la Corte Constitucional retome funciones y realice el control correspondiente.
El proceso judicial por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, ocurrido durante la noche de Halloween en el sector de Chapinero, en Bogotá, tomó un nuevo rumbo hace unas semanas.Las autoridades centran ahora su atención en Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, ciudadana extranjera identificada como la mujer que vestía un disfraz azul la noche de los hechos y quien, según la Fiscalía y la representación de las víctimas, habría tenido un papel determinante en el ataque que terminó con la vida del joven universitario.De acuerdo con el análisis de cámaras de seguridad incorporadas a la investigación, Fernández Sulbarán estuvo presente en los momentos previos a la agresión y presuntamente señaló a la víctima ante los atacantes, acción que, para los investigadores, habría desencadenado la golpiza. Aunque no habría participado de manera directa en el ataque, la Fiscalía sostiene que su conducta podría configurar una instigación o determinación del homicidio.Cabe recordar que inicialmente la mujer fue dejada en libertad. No obstante, el pasado 3 de diciembre, un juez emitió una orden de captura en su contra, luego de que los abogados de la familia Moreno presentaran nuevas pruebas que reforzarían su presunta responsabilidad en los hechos.Según reveló el diario El Tiempo, Fernández Sulbarán habría huido en las últimas horas, dejando una carta dirigida a su madre en medio de presuntas amenazas y ataques contra su familia. “Mami, voy a estar bien. La amo”, se leía en el mensaje.El medio también habló con la familia de la joven, que hizo fuertes revelaciones sobre el contexto de su desaparición. Su madre, Tamara Sulbarán, aseguró haber recibido mensajes intimidatorios enviados por un sujeto identificado como “Juanchito AUC”, en los que se advertían represalias contra la familia y se exigía la entrega de su hija. Estas amenazas, según indicó, ya habrían sido puestas en conocimiento de la Fiscalía.“Malditos venecos, ya los tenemos ubicados, ya están pagando por ustedes, malditos”, decía uno de los mensajes recibidos.De acuerdo con su testimonio, incluso fueron alertados sobre un presunto plan para asesinar a la joven en el centro de Bogotá, lo que incrementó el temor por su seguridad.“Nos dijeron que fue pagada para que la maten en la localidad de Santa Fe, a una organización que llaman Oficina Central del Norte. No sé ni siquiera qué significa eso. A mi hija la persiguieron un domingo dos hombres en una moto; tuvo que escapar entre la multitud del Parque de la Mariposa. La iban a malograr”, relató la mujer.Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de Fernández Sulbarán, la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para establecer con claridad su grado de responsabilidad en uno de los casos que más conmoción ha generado en Bogotá en los últimos meses.“Yo llegué un día normal de mi trabajo y encontré el mensaje que decía: ‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ese momento no sé nada de ella”, concluyó su madre.
Una tragedia en la zona rural de Sumapaz ha conmocionado a Bogotá luego de conocerse el testimonio de Ángela Velázquez, hija de Emilia Campos, de 55 años, quien perdió la vida tras un ataque con arma blanca presuntamente perpetrado por la pareja sentimental de su hija.Ángela habló en Conducta Delictiva sobre los momentos previos y posteriores al crimen y cómo ha sido el proceso de recuperación. De acuerdo con el testimonio de Ángela, el agresor se integró al núcleo familiar pese al rechazo reiterado de su madre, quien desde el inicio manifestó temor por los antecedentes y la conducta violenta del hombre. “Ella nunca estuvo de acuerdo con la relación, mamá ya me había advertido”, aseguró la joven, al explicar que durante ese periodo se distanció de su familia por presiones de su entonces novio. “Yo en ese tiempo sí me alejé mucho de mi mamá”.Según la denuncia, durante la convivencia se habrían presentado episodios de maltrato que se intensificaron de manera progresiva, sin que la familia lograra intervenir a tiempo.Los hechos se registraron el 7 de julio de 2023. Ángela relató que ese día transcurrió con aparente normalidad, pero en horas de la tarde, el agresor acudió a la vivienda de Emilia Campos para recoger unos medicamentos.Paralelamente, madre e hija sostuvieron una llamada telefónica de aproximadamente dos horas, en la que la víctima le habría revelado información que había conocido recientemente sobre el pasado del hombre y sus relaciones anteriores.Horas después, tras el consumo de bebidas alcohólicas, el sujeto protagonizó una discusión en la entrada de una vivienda, que derivó en un ataque con machete contra Emilia Campos. La mujer intentó defenderse, pero sufrió graves heridas. “Ella, como para defenderse, puso las manos y le voló los dedos. Tuvo muchísimas heridas”, relató Velázquez.La mujer afirma que aquel día la pareja de su mamá llegó y sostuvo una discusión con el hombre, que escaló a los golpes. Ahí intervino la madre, persiguiendo al sujeto, y posteriormente apareció muerta."Mi mamá ya estaba toda ensangrentada porque, no sé cuántas heridas fueron con el machete en la cabeza, pero fueron muchas. Prácticamente la p1có", recordó al romper en llanto en la entrevista.La víctima fue trasladada de urgencia en ambulancia a un centro asistencial en Bogotá, donde permaneció hospitalizada cerca de un mes. Finalmente, falleció como consecuencia de las múltiples lesiones sufridas durante la agresión.Pese a la gravedad de los hechos, la familia denuncia que el presunto agresor solo permaneció hospitalizado tres días por una herida menor y actualmente se encuentra en libertad. “La Fiscalía dice que están recopilando pruebas”, señaló, mientras insiste en que el caso no quede en el olvido y se haga justicia por la muerte de su madre.
Continúa la conmoción en el departamento del Cesar por el asesinato de una pareja y la hija de la mujer, menor de edad, ocurrido tras salir de una novena en el municipio de Río de Oro. El crimen se registró en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles.Las víctimas fueron identificadas como Nelly Geraldine García, Anderson Rocha Núñez y la menor de 12 años, Melissa López García. De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió sobre las 9:45 de la noche, cuando la familia fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte.Aunque la menor fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con ayuda de la comunidad, falleció debido a la gravedad de las heridas. Familiares de las víctimas señalaron que desconocen las causas que habrían motivado el ataque.El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por la situación de orden público en la región. “Es muy triste tener que seguir dando este tipo de noticias, más aún cuando hace pocos días siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, indicó el mandatario local.Según informaron las autoridades a Noticias Caracol, se conformó un grupo especial de investigación para esclarecer el triple homicidio. Las primeras hipótesis apuntan a posibles disputas territoriales entre grupos armados ilegales con presencia en la zona.“Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que ejercen injerencia en el sector. De manera inmediata se dispuso un equipo de inteligencia para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”, aseguró Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante de la Policía del Cesar.El oficial también hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva. Las autoridades recordaron que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.
Un teniente coronel de la Policía Nacional fue enviado a la cárcel al ser señalado de presuntamente abusar sexualmente de una subalterna en el departamento de Cundinamarca y de amenazarla con afectar su carrera policial si denunciaba los hechos. La decisión se produjo tras la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación, que presentó elementos materiales probatorios que comprometerían gravemente al oficial.De acuerdo con la investigación, el teniente coronel Cristhian Camilo Villamil Benavides habría aprovechado su posición como comandante del Distrito N.° 2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar, acosar y finalmente agredir sexualmente a una auxiliar bachiller. Los hechos habrían ocurrido mientras el oficial ejercía autoridad directa sobre la víctima, lo que, según la Fiscalía, generó un escenario de poder, intimidación y estado de indefensión.Las evidencias recaudadas indican que durante varios días el oficial presuntamente persiguió, asedió y realizó insinuaciones indecorosas a la joven. Finalmente, el pasado 8 de diciembre, le habría solicitado que se dirigiera a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá, donde, con pleno conocimiento de su situación de vulnerabilidad, la habría agredido sexualmente.En el curso de la investigación, adelantada bajo un enfoque diferencial y de género, la Fiscalía estableció que el oficial también habría amenazado a la víctima para evitar que denunciara lo ocurrido. Según el ente acusador, Villamil Benavides le advirtió que podía obstruir su ingreso y desarrollo dentro de la institución policial, utilizando su rango y la autoridad que ostentaba para imponer silencio tras la agresión.Durante la audiencia de imputación, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le formuló cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual. En su intervención ante el juez, la fiscal del caso sostuvo que el procesado, en su condición de teniente coronel y comandante de distrito, representaba una autoridad directa sobre la víctima, lo que le permitió no solo ejercer violencia psicológica y sexual, sino también intimidarla posteriormente para que guardara silencio, valiéndose de su cargo y del presunto poder que ostentaba dentro de la Policía Nacional.El teniente coronel Villamil Benavides no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. No obstante, el juez del caso consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual deberá cumplir en un centro de reclusión destinado para integrantes de la Policía Nacional, mientras avanza el proceso penal en su contra.
Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
Luego de terminar la audiencia de la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe por dos delitos, en la que también se realizó la sustentación de la apelación, el senador Iván Cepeda calificó como "una diatriba" lo expresado por el exmandatario luego de la decisión de la juez Sandra Heredia que confirmó la condena de 12 años, una millonaria multa e inhabilidad para cargos públicos por ocho años.En entrevista con Recap Blu, la víctima de esta caso manifestó que Uribe no ejerció ninguna apelación, sino que hizo un discurso como si estuviera en una campaña política."No, eso no fue una apelación, fue una diatriba. Él creyó que estaba en campaña o en una tribuna echando un discurso. Ningún argumento serio con relación al fallo y a la decisión judicial", dijo el senador. Cepeda también cuestionó las palabras empleadas por el expresidente, pues, según él, también fueron acusaciones contra el Gobierno de Gustavo Petro."Una retahíla de acusaciones contra el Gobierno, que no tiene ninguna clase de relación directa con el sentido de la decisión que tomó la jueza Heredia y también contra cada uno de nosotros, repitiendo clichés que le hemos escuchado durante todo este juicio. Lugares comunes que no tienen ningún sustento probatorio", afirmó.¿Fue justa la condena para Cepeda?Para el senador, la sentencia de este 1 de agosto fue justa por parte de la juez Heredia tras evaluar todas las pruebas presentadas durante este proceso que se originó en el 2012."Una decisión que a mi modo de ver es justa, ponderada y ajustada a lo que estamos viendo. Uribe y su entorno ha desatado una verdadera campaña de agresión contra la jueza Heredia, contra el poder judicial y eso quiere encubrirlo a través de una reacción justificada por un supuesto sesgo político en la decisión que se habría tomado entonces no", comentóDe hecho, manifestó que está de acuerdo con la medida de prisión domiciliaria contra el exmandatario."A mí me parece que preventivamente es correcto que se le ordene en este momento la reclusión, se ha hecho domiciliaria. Bueno, perfecto. Pero sí que exista una manera de delimitar esos ataques absolutamente agresivos contra los jueces", concluyó.
En el desarrollo de la sustentación de la apelación a la condena en su contra, el expresidente Álvaro Uribe insistió en que tanto el fallo como todo el proceso tiene un sesgo político que incluso estaría relacionado con el presidente Gustavo Petro.Uribe retomó el caso de la interceptación telefónica a una de sus líneas, la cual insiste carece de toda legalidad, y aseguró que la usaron en su contra sin haber revisado en el contenido de la conversación.“No se atrevieron a buscarla para condenarme, simplemente para darle gusto al magistrado que ordenó interceptarme. No quisieron profundizar en eso, porque este es un fallo determinado desde unos sectores de arriba que hace cinco años me pusieron preso y determinado por una acción política que involucra al presidente de la República y a su más importante senador, Iván Cepeda, y al ministro de Justicia”, aseveró Uribe.El exmandatario mantuvo su posición en que no hubo ningún delito en las conversaciones interceptadas y que la condena no frenará su proyecto político.“Me anima a seguir luchando por Colombia y a denunciar estas anomalías. Hoy me afectan, mañana, mientras siga aquí el proceso de consolidación de la dictadura neocomunista, afectarán a otros compatriotas”, añadió.Uribe está presentando de manera oral las razones por las que se debería, según él y su defensa, apelar la condena en su contra. Es decir, tumbar la decisión.La jueza Sandra Heredia decidió condenarlo a 12 años de prisión domiciliaria, el pago de una multa equivalente a 2420.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para ejercicio de derechos y funciones públicas como sanción principal de 100 meses y 20 días, tras encontrarlo culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.EN VIVO: audiencia de sentencia contra Álvaro Uribe
Este viernes, 1 de agosto, continúa la lectura de sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue condenado a 12 años de cárcel, bajo el beneficio de prisión domiciliaria, por los delitos soborno y fraude procesal. En su intervención, respondió a la jueza y habló de “sesgo político”.Durante la audiencia, tras la condena, Uribe tomó la palabra y se refirió también a la orden de la jueza Sandra Heredia de captura “con carácter inmediato”. El exmandatario se opuso a la justificación de la jueza de negarle el derecho a permanecer en libertad por “evitar violencia”.“Una de las razones para negarme el derecho de continuar en libertad, al menos mientras se produce una sentencia de segunda instancia y el fallo queda ejecutorial, ha sido que se quiere evitar la violencia. A eso me tengo que oponer verticalmente, honorables magistrados; creo que eso denota el sesgo político de esta sentencia”, insistió.“Miguel Uribe es un mártir”: UribeAsimismo, recordó el atentado que sufrió el precandidato Miguel Uribe el pasado 7 de junio en Bogotá, en medio de un acto de campaña. El expresidente aseveró que él mismos y sus compañeros hacen “política con ideas, con franqueza, pero sin violencia”.“(…) La nuestra es una posición de tesis, de franqueza. Señalar que me tienen que restringir la libertad para evitar violencia es señalarme de que estoy estimulando la violencia. Esos señalamientos han producido muchos mártires en Colombia; nuestro compañero Miguel Uribe, opositor serio, estudioso, joven y que no tiene ningún antecedente de promoción de violencia, se debate hoy por salvar la vida porque fue víctima de un atentado de magnicidio terrorista”, dijo el expresidente.Aliados del alto Gobierno, ¿a qué se refiere?Sobre los autores intelectuales del atentado, dijo que, ojalá, “no se sigan ocultando”. Justamente, añadió que ese ataque fue, en alguna forma, “causado por los señalamientos que se le hacían desde el alto Gobierno aliado” de la sentencia.“Ninguno de nuestros foros, ninguno de nuestros mítines ha producido siquiera una raya en las paredes de las calles colombianas. Esto es muy diferente a la destrucción del país que se dio en el año 19 y en el año 21, con ese movimiento estimulado por el actual presidente cuando estaba en la oposición que hizo destruir buena parte de Colombia”, agregó.Duro cruce de palabras entre Uribe y la jueza HerediaAntes de iniciar la lectura de la sentencia, programa para las 2:00 de la tarde, la jueza Sandra Heredia criticó la filtración a los medios de comunicación del texto que condenaba al expresidente Uribe a 12 años de prisión, revelada por Blu Radio y otros.Y es que la jueza aseguró que solo su equipo conocía el contenido de dicha sentencia. Recalcó que la envió en la mañana del viernes a los abogados del expresidente y a los del senador Iván Cepeda, pero, según dijo, “algunos no cumplieron de mantenerlo en reserva”.También se refirió a los hijos de Uribe, específicamente a Tomás Uribe Moreno, quien horas antes publicó en su cuenta de X un mensaje con algunos comentarios sobre la sentencia. Ante esto, el exmandatario respondió de inmediato contra la jueza."Señora juez, protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia", aseveró.
La jueza 66 de Control de Garantías emitió siete órdenes de captura en medio del escándalo por la apropiación de al menos 13.000 millones de pesos de un contrato de 100.000 millones en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).De los implicados, solo dos se presentaron voluntariamente: el contratista Edgar Echeverry Toro y el funcionario de la entidad Óscar Cárdenas Angulo.De otro lado, Edgar Riveros sí está detenido por el soborno de 13.000 millones de pesos en este mismo caso de corrupción, según dijo, en nombre de Carlos Barreto y —de acuerdo con el testimonio de Sneyder Pinilla— de otros poderosos que aún no han sido revelados.Los demás, entre ellos Manrique, no atendieron el llamado de la justicia. Lo grave es que el CTI llegó hasta su casa, pero ya no estaba allí.Ana María Riveros, hija de Edgar Riveros, acusada de transportar el dinero y Sonia Rocío Romero, cuñada de Riveros también estarían prófugas.¿Quién es César Manrique?Manrique es señalado como la cabeza del grupo que direccionó parte de estos millonarios contratos relacionados con unas plantas desalinizadoras y carrotanques por 100.000 millones de pesos.Según la Fiscalía, fue él quien recomendó el nombre de Luis Carlos Barreto (hoy detenido por soborno) para la subdirección que ocupaba en la UNGRD.Y aunque la Fiscalía conocía desde hace casi un año el rol de Manrique —gracias a los testimonios del exdirector Olmedo López— solo hasta esta semana se emitió la orden de captura.¿Se les voló?Todo indica que sí. Cane recordar que también están por fuera del radar Jaime Ramírez Covo, exasesor del Dapre, y Carlos Ramón González, exdirector de la UNGRD.
El abogado Jaime Granados apeló la decisión de la jueza Sandra Heredia, que condenó al expresidente Álvaro Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El equipo jurídico del exmandatario prefirió no entrar en detalles sobre los señalamientos de presuntos intentos de dilatar el proceso; sin embargo, expresó su rechazo a dichas afirmaciones.Asimismo, expresidente expresó durante la audiencia que presentará este viernes, y de manera oral, la apelación a la condena en su contra por los dos delitos."Sustentar el recurso de apelación en lo que corresponde a mi defensa material", añadió Uribe.En ese mismo sentido, el representante de la Procuraduría General de la Nación también anunció que apelará el fallo de la sentencia contra el exmandatario.EN VIVO: audiencia contra el expresidente Álvaro UribeDetalles de la condena contra UribeEl expresidente colombiano fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, convirtiéndose en el primer exmandatario del país en recibir una sentencia de este tipo. Además, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de ocho años. La condena marca un hito en la historia política y judicial de Colombia.Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, fue hallado culpable de manipular testigos para desviar investigaciones que lo vinculaban con grupos paramilitares, responsables de graves crímenes durante el conflicto armado.Horas antes del fallo, Uribe manifestó en redes sociales que se refugiaba en su familia y en la oración. Por su parte, su equipo legal ya había anunciado que apelaría la condena, argumentando que se trata de una decisión politizada influida por la izquierda actualmente en el poder. Por su puesto, esta sentencia ha generado un intenso debate nacional y una ola de reacciones de diferentes posturas políticas.
Este viernes, 1 de agosto, la jueza Sandra Heredia leyó la sentencia en la que confirmó la pena 12 años de cárcel contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos soborno y fraude procesal, bajo el beneficio de prisión domiciliaria.Cabe recordar que, además, deberá pagar una multa de 2.420 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, más de 3.400 millones de pesos y lo inhabilitó para "el ejercicio de derechos" y funciones públicas por 100 meses y 20 días en total.Al respecto, justamente, la jueza aclaró que la orden de captura contra el exmandatario tiene “carácter inmediato”, con el fin de que cumpla su condena. Asimismo, señaló que en la sentencia de primera instancia se logró desvirtuar la presunción de inocencia.En concreto, ordenó al centro de servicios judiciales de Rionegro, en Antioquia, emitir la "correspondiente boleta de encarcelación" y, por ende, el "traslado inmediato" al lugar "donde cumplirá la prisión domiciliaria" el expresidente.“En cuanto a la idoneidad de la reclusión en la vivienda acreditados uno a uno los presupuestos del artículo 38 y 38B del catálogo punitivo, esta se considera adecuada no solo por su consagración normativa, sino porque en prisión domiciliaria el acusado podrá cumplir y redimir su pena, además de recibir el tratamiento necesario para su redes socialización”, añadió la jueza.Duro cruce de palabras entre Uribe y la jueza HerediaAntes de iniciar la lectura de la sentencia, programa para las 2:00 de la tarde, la jueza Sandra Heredia criticó la filtración a los medios de comunicación del texto que condenaba al expresidente Uribe a 12 años de prisión, revelada por Blu Radio y otros.Y es que la jueza aseguró que solo su equipo conocía el contenido de dicha sentencia. Recalcó que la envió en la mañana del viernes a los abogados del expresidente y a los del senador Iván Cepeda, pero, según dijo, “algunos no cumplieron de mantenerlo en reserva”.También se refirió a los hijos de Uribe, específicamente a Tomás Uribe Moreno, quien horas antes publicó en su cuenta de X un mensaje con algunos comentarios sobre la sentencia. Ante esto, el exmandatario respondió de inmediato contra la jueza."Señora juez, protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia", aseveró.Juicio en vivo contra Álvaro Uribe Vélez