La noche del 12 de mayo de 2024, cuando muchas familias celebraban el Día de las Madres, terminó marcada por una tragedia que enlutó a Medellín. Gilberto de Jesús, un conductor de 48 años, intentaba descansar junto a su esposa y sus hijos en su vivienda, pero el ruido excesivo proveniente del primer piso se lo impedía. En ese lugar se encontraban los hermanos Juan Camilo, Jan Marcos y Joan Sebastián Osa, quienes realizaban una fiesta a alto volumen. Blanca Ramírez, esposa de la víctima, relató en entrevista con Séptimo Día de Caracol Televisión el desespero que vivieron durante esa noche. Entre lágrimas, recordó a su esposo como “un señor muy trabajador, muy bueno conmigo, que no se metía con nadie”. Según su testimonio, la música y el ruido eran constantes y no permitían el descanso de la familia. Ante la situación, Gilberto salió al balcón para pedirles a sus vecinos que bajaran el volumen, ya que necesitaba dormir. Sin embargo, lejos de atender el llamado, los jóvenes lo desafiaron a bajar. “Él se bajó sin imaginar que ahí iba a encontrar la muerte”, aseguró Blanca, quien también indicó que los implicados se encontraban en estado de exaltación por el consumo de alcohol.Al descender a la calle, se produjo una riña en la que Gilberto fue atacado con un arma cortopunzante. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, donde falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.El subintendente Jonathan Poso Sierra explicó que, al llegar al lugar de los hechos, la Policía encontró a varios ciudadanos que informaron sobre una riña protagonizada por tres hermanos.El proceso judicial ha generado profunda indignación en la familia de la víctima. Al día siguiente de los hechos, dos de los capturados recuperaron la libertad, mientras que solo Jan Marcos Osa continúa vinculado formalmente al caso, bajo medida de detención domiciliaria.Para Blanca Ramírez, este caso refleja una alarmante intolerancia que sigue cobrando vidas. Con dolor, concluyó: “Nos hizo un daño muy grande. Ya uno no puede ni hablar, porque mire lo que pasa”.
El caso de Harold Aroca, un adolescente de 16 años, se remonta al pasado 5 de agosto, cuando fue reportado como desaparecido en el barrio Los Laches, en la localidad de Santa Fe, en el centro de Bogotá. Tras cuatro días de búsqueda adelantada por sus familiares y las autoridades, el cuerpo del menor fue hallado el 9 de agosto en una zona boscosa del sur de la capital.De acuerdo con el informe forense, el joven presentaba cuatro impactos de arma de fuego, quemaduras en distintas partes del cuerpo y signos de tortura, lo que llevó a la Fiscalía General de la Nación a calificar el crimen como un homicidio agravado por sevicia.Las investigaciones, apoyadas en registros de cámaras de seguridad, establecieron que Harold fue interceptado en un parque por varios sujetos, quienes lo obligaron a subir a un vehículo. Posteriormente, fue trasladado a otro lugar donde habría sido sometido a tratos crueles antes de ser asesinado.Según la Fiscalía, el móvil del crimen estaría relacionado con comentarios que el menor habría hecho en su colegio sobre otro homicidio ocurrido el 3 de agosto de 2025. En audiencia, el ente acusador señaló que los agresores actuaron porque el joven “decía que sabía quién había matado a otro muchacho y que por eso lo habían cogido".Un testigo clave del proceso aseguró que los responsables dejaron una nota con la frase “por sapo”, lo que refuerza la hipótesis de un crimen motivado por retaliación. Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos por homicidio y tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas de fuego.Gracias al material audiovisual recolectado, el testigo logró identificar a los presuntos responsables y aportó información sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco", señaló.Hasta el momento, las autoridades han logrado la captura y envío a prisión de dos presuntos implicados, identificados como Anderson Santiago Pinzón Pedraza y Haizak Karol Chara, alias ‘Chará’. El proceso judicial continúa con el apoyo de unidades de inteligencia y del Gaula, mientras que la madre de la víctima, Diana García, ha denunciado públicamente que ha sido amenazada de muerte por exigir justicia.
El asesinato de Harold Aroca, un adolescente de 16 años reportado como desaparecido el pasado 5 de agosto en el barrio Los Laches, localidad de Santa Fe, avanza con la judicialización de dos presuntos responsables y nuevas revelaciones en el proceso investigativo.El cuerpo del menor fue hallado cuatro días después, el 9 de agosto, en una zona boscosa del sur de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, presentaba cuatro impactos de bala y múltiples quemaduras, por lo que el hecho fue tipificado como homicidio con sevicia.En el marco de la investigación, la Fiscalía General de la Nación logró la captura de Anderson Santiago Pedraza y Haizak Karol Chara. Este último fue enviado recientemente a centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras considerar que existen elementos materiales probatorios suficientes para inferir su participación en los hechos.De acuerdo con el ente acusador, los imputados enfrentan cargos por homicidio agravado, tortura agravada, secuestro simple y porte ilegal de armas, mientras continúa la recolección de pruebas para esclarecer plenamente lo ocurrido.Uno de los testigos del crimen, quien aseguró conocer a los presuntos homicidas, afirmó durante el proceso: “Los conozco muy bien porque yo los vi crecer. Son varios, hay menores y mayores. También sé que le dejaron una nota que decía ‘por sapo’”.Gracias al material audiovisual, el testigo logró identificar a los hombres y reveló detalles sobre su historial delictivo. “Él salió de la cárcel hace como dos meses por robar motos. El otro ahorita se está dedicando a vender tusi y bazuco”, añadió.Las autoridades indicaron que el material probatorio, que incluye videos de cámaras de seguridad, testimonios y análisis de inteligencia, permitió establecer que el menor habría sido interceptado por varios hombres, quienes lo habrían retenido para interrogarlo por presuntos señalamientos relacionados con una estructura criminal.Cabe recordar que, semanas atrás, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó el crimen como un “fracaso colectivo” y reiteró que no habrá tolerancia frente a hechos de violencia que involucren a menores de edad. Entre tanto, la Fiscalía mantiene activa una burbuja investigativa con apoyo del Gaula, la Sijín y el Sipol, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a tres personas señaladas de participar en el secuestro y robo de un conductor de una plataforma digital de transporte en Medellín. La decisión se tomó por solicitud de la Fiscalía, tras valorar el material probatorio recaudado durante la investigación.Los procesados fueron identificados como Yohan Alexis Tamayo Cano, Luis David Rúa Segura y una mujer identificada como Karla, quienes son investigados por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno de los tres aceptó los cargos imputados por el ente acusador.De acuerdo con la Fiscalía, los hechos se registraron en la noche del 20 de diciembre, cuando la víctima, un conductor de una plataforma de transporte digital, aceptó un servicio solicitado desde el barrio El Poblado, en Medellín, con destino al municipio de Envigado.El conductor recogió a una mujer trans y, una vez llegó al punto de destino, fue interceptado por dos hombres que, al parecer, lo intimidaron con un arma de fuego. Según la investigación, en ese momento los presuntos delincuentes lo obligaron a entregar su vehículo y su teléfono celular, además de forzarlo a realizar transferencias de dinero desde sus cuentas bancarias.Tras el asalto inicial, el conductor habría sido subido a un taxi con la cabeza cubierta. El recorrido terminó en una zona rural del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, el conductor fue golpeado y obligado a caminar descalzo.Además, los presuntos responsables le exigieron realizar una llamada a su madre para pedir dinero a cambio de su liberación, lo que configuraría el delito de secuestro extorsivo.Horas después, los presuntos secuestradores notaron la presencia de una patrulla de la Policía en el sector. Ante esta situación, se dispersaron, lo que permitió que el conductor aprovechara el momento para huir y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido.Minutos más tarde fueron capturados Tamayo Cano, Rúa Segura y otra persona vinculada al caso. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron el taxi que presuntamente habría sido utilizado para cometer el secuestro.Los tres implicados fueron enviados a la cárcel, acusados por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, mientras avanza el proceso en su contra.
El final de la rumba en zona urbana de Amagá no cayó bien en varios jóvenes presentes, todos mayores de edad, que según las autoridades primero tumbaron una moto de la Policía Nacional y posteriormente la emprendieron contra los uniformados que adelantaban el cierre preventivo del lugar en el sector del parque principal y la plaza de mercado.Primero hubo malos tratos verbales y luego agresiones físicas contra quienes adelantaban el procedimiento, incluyendo el comandante de estación de Policía, dejando en total a cuatro integrantes de la fuerza pública heridos e incapacitados entre 5 y 20 días.El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, indicó que fue necesario refuerzo para retomar el control de la situación."Gracias a la intervención oportuna del personal de apoyo, se logró restablecer el orden y materializar la captura de tres individuos. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía seccional de Amagá, mientras avanzan los trámites judiciales correspondientes. La Policía Nacional invita a la comunidad a acatar las disposiciones de las autoridades", dijo.Los capturados deberán responder ante las autoridades por los delitos de violencia contra servidor público y daño en bienes del Estado.Juan David Londoño, Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos de esa localidad del Suroeste antioqueño, manifestó que si bien en las redes sociales se muestran diversas versiones o incluso como si hubiese sido exceso de fuerza, la realidad es que los uniformados estaban haciendo su trabajo cuando fueron agredidos.“Inicialmente estos jóvenes tumban la motocicleta a la Fuerza Pública, agreden a la Fuerza Pública y posteriormente cuando ya los uniformados ejercen la autoridad, se ve ese hecho bochornoso donde ellos hacen uso de la fuerza. Es de anotar que en cualquier circunstancia donde algún ciudadano se vea vulnerado sus derechos, pues también está la personería municipal donde pueden poner su respectiva queja”, indicó. Este lunes habrá una reunión con comerciantes de la zona, para destacar que allí la rumba sí puede hacerse de manera segura, recalcó el funcionario.
Una reconocida creadora de contenido fue capturada por las autoridades tras ser señalada de atropellar y causar la muerte de un hombre mientras realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok, situación que generó un fuerte rechazo en la opinión pública y un intenso debate digital.El caso ocurrió el pasado 3 de noviembre en la ciudad de Zion, en el estado de Illinois, Estados Unidos. Allí, Tynesha McCarty-Wroten, conocida en redes sociales como Tea Tyme, conducía su vehículo mientras interactuaba con sus seguidores cuando embistió a Darren Lucas, un hombre de 59 años que regresaba a su casa luego de terminar su turno de trabajo en un supermercado.La investigación avanzó con rapidez luego de que varios usuarios alertaran a la policía sobre un video que comenzó a viralizarse. En la grabación se observa a la tiktoker hablando frente a la cámara segundos antes del impacto. Posteriormente, se escucha un fuerte golpe y la mujer, visiblemente alterada, afirma que acaba de atropellar a alguien. Ese material se convirtió en una de las pruebas más contundentes del caso.Aunque la influencer puso su cuenta en modo privado y eliminó datos que la vinculaban con la ciudad donde ocurrió el accidente, las autoridades ya habían recopilado el contenido. Más adelante, el celular fue entregado por medio de su defensa y los peritos confirmaron que el video correspondía exactamente al día y la hora del siniestro.Esta fue la transmisión en vivo:De acuerdo con el informe policial, el atropello ocurrió cerca de las 5:46 de la tarde, cuando la víctima intentaba cruzar una intersección. Lucas fue trasladado de urgencia a un centro médico, pero falleció debido a la gravedad de las heridas. En el automóvil también viajaba un niño de ocho años.McCarty-Wroten permaneció en el lugar y colaboró inicialmente con los agentes, aunque se negó en un primer momento a entregar su teléfono. Posteriormente accedió a rendir declaración y se sometió a exámenes de sangre y orina. La mujer aseguró que tenía luz verde y que no vio al peatón, pero las cámaras de seguridad de establecimientos cercanos contradijeron su versión: el semáforo estaba en rojo y no hubo señales de frenado antes del impacto.La indignación en redes sociales aumentó cuando, días después, la tiktoker realizó otra transmisión en vivo solicitando donaciones a través de Cash App para tomarse, según dijo, una “licencia mental”. Los comentarios críticos no se hicieron esperar y muchos usuarios cuestionaron su falta de empatía.Finalmente, la fiscalía del condado de Lake emitió una orden de captura por homicidio imprudente y uso agravado de dispositivo electrónico al volante. La mujer fue detenida cuando intentaba salir de su vivienda con varias maletas.
Estos fueron los temas tratados en Casa Blu este sábado, 27 de diciembre de 2025:Daniel Daza, astrólogo y personal life coach, dio detalles acerca de los pronósticos para el 2026 según el signo zodiacal.Abi Difabio, cantante, profundizó sobre cómo ha sido su trayectoria musical.Escuche el programa completo aquí:
Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las causas del grave accidente que involucró a los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, en Antioquia, siguen conociéndose testimonios clave de los sobrevivientes.Uno de ellos, actualmente hospitalizado, decidió contar su experiencia en una transmisión en vivo a través de la plataforma de Tik Tok, donde relató los momentos previos, durante y después del siniestro.El joven, visiblemente afectado, habló desde la cama del hospital y describió cómo vivió el accidente, el caos posterior y lo que, según él, fue un milagro que le permitió sobrevivir. Su testimonio se suma a otras versiones que apuntan a condiciones adversas en la vía, como la lluvia y la pérdida de control del vehículo.“El bus derrapaba”: el relato del sobreviviente desde el hospitalDurante la transmisión en vivo, el joven sobreviviente aseguró que, instantes anteriores al accidente, sintió que el vehículo perdió estabilidad en la vía, una versión que coincide con otros testimonios de estudiantes que lograron salir con vida. “El bus derrapaba”, remarcó.Según su relato, esa no habría sido la única irregularidad durante el viaje. el joven también afirmó que el grupo de estudiantes había comprado licor y que el bus ya había presentado una falla mecánica antes del siniestro, hechos que concuerdan con los testimonios de familiares y sobrevivientes de la tragedia.Tras el impacto, el joven recordó que alcanzó a orar mientras sostenía la mano de su pareja, Valeria López, en medio del pánico. “Le cogí la mano a Valeria, dije que la amaba y metí la cabeza entre los pies”.Luego del accidente, relató la confusión y cómo quedó separado de su pareja: “Valeria quedó lejos. Yo en ningún momento la vi”.El joven también aseguró no entender cómo sobrevivió, pues terminó fuera del bus, en una zona rocosa y bajo la lluvia. “Yo quedé encima de una piedra, sentado. Creo que es un milagro de Dios”.Finalmente, destacó que la ayuda tardó en llegar y que fue clave la valentía del joven David Rúa, quien logró subir hasta la carretera para pedir auxilio. Sin embargo, por la profundidad del abismo y, además, el tiempo en que tardaron en recibir ayuda, Valeria y 15 más de sus compañeros perdieron la vida.Las declaraciones del joven se suman a otros testimonios que señalan posibles fallas mecánicas, condiciones adversas en la vía y decisiones previas al viaje, elementos que ahora hacen parte del análisis de las autoridades para esclarecer las causas de la tragedia.
Los 14 derrumbes que cayeron sobre la vía Medellín- Urabá en las últimas horas, ante las fuertes lluvias, tienen en aprietos a quienes planean pasar año nuevo en municipios de esa subregión pues a esta hora en la Terminal del Norte hay viajeros represados, incrementos en los tiquetes e imposibilidad de llegar a estas localidades, pese a que hay vías alternas habilitadas.Mientras tanto, la concesión autopistas Urabá indicó que continúan trabajando para habilitar lo antes posible el punto más crítico, en el sector de La Llorona, entre Dabeiba y Mutatá, pues allí el cierre es total ante la cantidad de tierra que se desprendió, por lo que el personal operativo realiza labores de remoción de material sobre el corredor vial.La Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia advirtió que la afectación es para unas 6.000 personas que vienen o van hacia esa subregión del departamento para estas festividades, mientras que se reportan incrementos entre los 40.000 y los 70’.000 pesos en los pasajes por esta situación, además de mayor tiempo de recorrido. Esto dijeron algunos viajeros."Íbamos para Chigorodó para pasar 31 y nos dicen que ya no hay tiquetes hasta enero, entonces estamos afectados con eso. Vamos a mirar si en otra otra empresa de transporte o no sé, conseguir un transporte privado para irnos hasta allá, pero pues sí, la idea es llegar, íbamos a pasar las festividades con la familia, pero no se pudo", contó Sebastián Beltrán. "Bueno, me han dicho que hay que esperar que abran la vía y yo viajaba para Turbo, Antioquia. No sé, no han dicho nada y no sé ahora en este momento qué vale el pasaje. Ayer pregunté y me dijeron que valía 95, pero hoy no he preguntado", manifestó a su turno Susa Johana Lemos ValoyesMientras se habilita la vía, las rutas alternas son por el Nordeste y Bajo Cauca, mientras que las rutas de transporte público están optando por irse por el municipio de Segovia.Vale la pena mencionar que ya fue removido el material de por lo menos 10 de los derrumbes que se registraron en las últimas horas, a causa de las fuertes precipitaciones que cayeron en la zona, y que afectaron buena parte de este tramo. En otros tres hay paso controlado de vehículos.Desde este viernes se iniciaron las labores con maquinaria amarilla, las cuales se extendieron hasta las 11 de la noche para este corredor vial que está a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y es administrado por la Concesión Vial Autopistas de Urabá.
La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de tutela presentada por la defensa de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, con la que buscaba frenar su proceso de extradición a Estados Unidos, donde es requerido por delitos de tráfico de drogas y concierto para delinquir.En el fallo, el alto tribunal fue claro al señalar que la solicitud no cumplía los requisitos para ser estudiada por vía de tutela, al considerar que el trámite de extradición aún no ha finalizado y existen otros mecanismos judiciales para controvertir las decisiones adoptadas.“La Corte anuncia el fracaso del resguardo por no satisfacer el presupuesto de la subsidiariedad que caracteriza esta excepcional justicia”, señala la decisión advirtiendo que la tutela no puede utilizarse como una instancia paralela para invalidar actuaciones en curso.Alias ‘Pipe Tuluá’ pretendía que se dejara sin efectos el concepto favorable de extradición emitido por la Sala de Casación Penal el 12 de noviembre de 2025, alegando presuntas vulneraciones a sus derechos fundamentales. No obstante, el fallo recuerda que, con base en ese concepto, el Gobierno nacional concedió la extradición mediante Resolución Ejecutiva 440 del 4 de diciembre de 2025, decisión que fue notificada el 12 de diciembre.“En la diligencia de notificación, se informa tanto al ciudadano requerido como a su defensora que, contra la decisión del Gobierno nacional, procede el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo es dentro de los diez (10) días siguientes a la diligencia de notificación. En virtud de lo anterior, es preciso resaltar que, en la actualidad, la decisión no se encuentra firme”, señaló la Corte.El tribunal enfatizó que cualquier inconformidad debe plantearse ante la jurisdicción contencioso administrativa, y no mediante tutela, al advertir que “resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional”, pues este “no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden”.Finalmente, la Corte reiteró que la acción de tutela no puede suplantar al juez natural ni a las autoridades competentes, y concluyó que no se puede adjudicar competencias para resolver acciones sobre una cuestión que debe ser abordada por las vías legalmente establecidas, razón por la cual negó todas las pretensiones del señalado criminal.
La Defensoría del Pueblo reveló que entre enero y noviembre de 2025 se registraron en Colombia 13.832 delitos sexuales y 12.873 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, cifras que, aunque representan una ligera reducción frente al año anterior, muestran la magnitud de las violencias basadas en género en el país.En materia de feminicidios, se contabilizaron 111 casos y 297 tentativas, mientras que en 2024 la cifra había sido de 171 y 391, respectivamente. A pesar de la reducción, la entidad advierte que la violencia letal contra las mujeres continúa concentrándose en departamentos como Caquetá, Amazonas y Casanare, con las tasas más altas por cada 100.000 habitantes. Los transfeminicidios aumentaron de 20 a 26 casos, lo que evidencia la persistente vulnerabilidad de las personas trans.Los delitos sexuales mantienen las cifras más altas entre las violencias de género. De los 13.832 casos, más del 55% corresponde a niñas y adolescentes, especialmente en regiones como Vaupés, Guaviare y Guainía, que presentan tasas superiores a 240 casos por cada 100 mil mujeres.La violencia intrafamiliar también disminuyó frente a 2024 (16.947 casos), pero sigue siendo una de las agresiones más frecuentes. Los departamentos de Guaviare, Boyacá y Vaupés encabezan la lista de los territorios con mayores índices. La mayoría de las víctimas son mujeres mayores de edad, aunque se registran casi 2.000 niñas y adolescentes afectadas.Por su parte, la explotación sexual de menores pasó de 211 casos en 2024 a 129 en 2025, y la trata de personas disminuyó de 209 a 175 casos. En este último delito, la incidencia más alta se reporta en Norte de Santander, Meta y Putumayo, zonas fronterizas donde la vulnerabilidad de las mujeres se agrava por la presencia de economías ilegales y el control de actores armados.En conjunto, las cifras confirman que, aunque los casos muestran una leve reducción, las violencias contra las mujeres siguen concentradas en regiones con débil institucionalidad y alta conflictividad social.La Defensoría del Pueblo pidió fortalecer las estrategias de prevención, atención y protección para evitar que estas estadísticas sigan normalizando una crisis que afecta a miles de mujeres en todo el país.
La senadora Paloma Valencia y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, presentaron una acción de tutela contra el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional. La acción judicial solicita la suspensión inmediata de los efectos del decreto mientras la Corte Constitucional ejerce el control automático de constitucionalidad.Según la tutela, la medida fue expedida durante la vacancia judicial de la Corte Constitucional, lo que permitiría que el decreto produzca efectos sin control oportuno, especialmente en materia tributaria. Los accionantes advierten que de mantenerse vigente el decreto, hay un grave riesgo de afectación al orden constitucional, fiscal y democrático, al habilitar al Ejecutivo para imponer o modificar tributos por decreto antes del cierre del año fiscal.La tutela solicita además que se ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dian abstenerse de imponer, liquidar o recaudar nuevos impuestos derivados del decreto, hasta que exista un pronunciamiento de fondo sobre su constitucionalidad. De acuerdo con el documento, la supuesta emergencia no responde a hechos nuevos, imprevisibles o sobrevinientes, sino a problemas estructurales previamente conocidos.En el documento, Valencia y Vallejo señalan que con la emergencia se reemplaza la competencia constitucional del Congreso en materia tributaria y vulnera derechos fundamentales como la participación democrática, el debido proceso, la seguridad jurídica y el ejercicio pleno de las funciones de los congresistas. Por ello, pide su suspensión provisional hasta que la Corte Constitucional retome funciones y realice el control correspondiente.
El proceso judicial por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, ocurrido durante la noche de Halloween en el sector de Chapinero, en Bogotá, tomó un nuevo rumbo hace unas semanas.Las autoridades centran ahora su atención en Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, ciudadana extranjera identificada como la mujer que vestía un disfraz azul la noche de los hechos y quien, según la Fiscalía y la representación de las víctimas, habría tenido un papel determinante en el ataque que terminó con la vida del joven universitario.De acuerdo con el análisis de cámaras de seguridad incorporadas a la investigación, Fernández Sulbarán estuvo presente en los momentos previos a la agresión y presuntamente señaló a la víctima ante los atacantes, acción que, para los investigadores, habría desencadenado la golpiza. Aunque no habría participado de manera directa en el ataque, la Fiscalía sostiene que su conducta podría configurar una instigación o determinación del homicidio.Cabe recordar que inicialmente la mujer fue dejada en libertad. No obstante, el pasado 3 de diciembre, un juez emitió una orden de captura en su contra, luego de que los abogados de la familia Moreno presentaran nuevas pruebas que reforzarían su presunta responsabilidad en los hechos.Según reveló el diario El Tiempo, Fernández Sulbarán habría huido en las últimas horas, dejando una carta dirigida a su madre en medio de presuntas amenazas y ataques contra su familia. “Mami, voy a estar bien. La amo”, se leía en el mensaje.El medio también habló con la familia de la joven, que hizo fuertes revelaciones sobre el contexto de su desaparición. Su madre, Tamara Sulbarán, aseguró haber recibido mensajes intimidatorios enviados por un sujeto identificado como “Juanchito AUC”, en los que se advertían represalias contra la familia y se exigía la entrega de su hija. Estas amenazas, según indicó, ya habrían sido puestas en conocimiento de la Fiscalía.“Malditos venecos, ya los tenemos ubicados, ya están pagando por ustedes, malditos”, decía uno de los mensajes recibidos.De acuerdo con su testimonio, incluso fueron alertados sobre un presunto plan para asesinar a la joven en el centro de Bogotá, lo que incrementó el temor por su seguridad.“Nos dijeron que fue pagada para que la maten en la localidad de Santa Fe, a una organización que llaman Oficina Central del Norte. No sé ni siquiera qué significa eso. A mi hija la persiguieron un domingo dos hombres en una moto; tuvo que escapar entre la multitud del Parque de la Mariposa. La iban a malograr”, relató la mujer.Mientras las autoridades continúan con la búsqueda de Fernández Sulbarán, la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas para establecer con claridad su grado de responsabilidad en uno de los casos que más conmoción ha generado en Bogotá en los últimos meses.“Yo llegué un día normal de mi trabajo y encontré el mensaje que decía: ‘Mami, voy a estar bien. La amo’. Desde ese momento no sé nada de ella”, concluyó su madre.
Una tragedia en la zona rural de Sumapaz ha conmocionado a Bogotá luego de conocerse el testimonio de Ángela Velázquez, hija de Emilia Campos, de 55 años, quien perdió la vida tras un ataque con arma blanca presuntamente perpetrado por la pareja sentimental de su hija.Ángela habló en Conducta Delictiva sobre los momentos previos y posteriores al crimen y cómo ha sido el proceso de recuperación. De acuerdo con el testimonio de Ángela, el agresor se integró al núcleo familiar pese al rechazo reiterado de su madre, quien desde el inicio manifestó temor por los antecedentes y la conducta violenta del hombre. “Ella nunca estuvo de acuerdo con la relación, mamá ya me había advertido”, aseguró la joven, al explicar que durante ese periodo se distanció de su familia por presiones de su entonces novio. “Yo en ese tiempo sí me alejé mucho de mi mamá”.Según la denuncia, durante la convivencia se habrían presentado episodios de maltrato que se intensificaron de manera progresiva, sin que la familia lograra intervenir a tiempo.Los hechos se registraron el 7 de julio de 2023. Ángela relató que ese día transcurrió con aparente normalidad, pero en horas de la tarde, el agresor acudió a la vivienda de Emilia Campos para recoger unos medicamentos.Paralelamente, madre e hija sostuvieron una llamada telefónica de aproximadamente dos horas, en la que la víctima le habría revelado información que había conocido recientemente sobre el pasado del hombre y sus relaciones anteriores.Horas después, tras el consumo de bebidas alcohólicas, el sujeto protagonizó una discusión en la entrada de una vivienda, que derivó en un ataque con machete contra Emilia Campos. La mujer intentó defenderse, pero sufrió graves heridas. “Ella, como para defenderse, puso las manos y le voló los dedos. Tuvo muchísimas heridas”, relató Velázquez.La mujer afirma que aquel día la pareja de su mamá llegó y sostuvo una discusión con el hombre, que escaló a los golpes. Ahí intervino la madre, persiguiendo al sujeto, y posteriormente apareció muerta."Mi mamá ya estaba toda ensangrentada porque, no sé cuántas heridas fueron con el machete en la cabeza, pero fueron muchas. Prácticamente la p1có", recordó al romper en llanto en la entrevista.La víctima fue trasladada de urgencia en ambulancia a un centro asistencial en Bogotá, donde permaneció hospitalizada cerca de un mes. Finalmente, falleció como consecuencia de las múltiples lesiones sufridas durante la agresión.Pese a la gravedad de los hechos, la familia denuncia que el presunto agresor solo permaneció hospitalizado tres días por una herida menor y actualmente se encuentra en libertad. “La Fiscalía dice que están recopilando pruebas”, señaló, mientras insiste en que el caso no quede en el olvido y se haga justicia por la muerte de su madre.
Continúa la conmoción en el departamento del Cesar por el asesinato de una pareja y la hija de la mujer, menor de edad, ocurrido tras salir de una novena en el municipio de Río de Oro. El crimen se registró en la vía que comunica a los corregimientos de Morrison y Los Ángeles.Las víctimas fueron identificadas como Nelly Geraldine García, Anderson Rocha Núñez y la menor de 12 años, Melissa López García. De acuerdo con las autoridades, el ataque ocurrió sobre las 9:45 de la noche, cuando la familia fue interceptada por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte.Aunque la menor fue trasladada de urgencia a un centro asistencial con ayuda de la comunidad, falleció debido a la gravedad de las heridas. Familiares de las víctimas señalaron que desconocen las causas que habrían motivado el ataque.El alcalde de Río de Oro, Arnoldo Osorio, lamentó lo ocurrido y expresó su preocupación por la situación de orden público en la región. “Es muy triste tener que seguir dando este tipo de noticias, más aún cuando hace pocos días siete héroes de la patria perdieron la vida en el batallón de Juncal”, indicó el mandatario local.Según informaron las autoridades a Noticias Caracol, se conformó un grupo especial de investigación para esclarecer el triple homicidio. Las primeras hipótesis apuntan a posibles disputas territoriales entre grupos armados ilegales con presencia en la zona.“Estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales entre grupos armados ilegales que ejercen injerencia en el sector. De manera inmediata se dispuso un equipo de inteligencia para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”, aseguró Rodrigo Manrique Gómez, subcomandante de la Policía del Cesar.El oficial también hizo un llamado a la comunidad para que suministre información que permita avanzar en la investigación, a través de la línea contra el crimen 314 358 7212, garantizando absoluta reserva. Las autoridades recordaron que se ofrece una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables.
Un teniente coronel de la Policía Nacional fue enviado a la cárcel al ser señalado de presuntamente abusar sexualmente de una subalterna en el departamento de Cundinamarca y de amenazarla con afectar su carrera policial si denunciaba los hechos. La decisión se produjo tras la imputación realizada por la Fiscalía General de la Nación, que presentó elementos materiales probatorios que comprometerían gravemente al oficial.De acuerdo con la investigación, el teniente coronel Cristhian Camilo Villamil Benavides habría aprovechado su posición como comandante del Distrito N.° 2 Sabana del Departamento de Policía de Cundinamarca para intimidar, acosar y finalmente agredir sexualmente a una auxiliar bachiller. Los hechos habrían ocurrido mientras el oficial ejercía autoridad directa sobre la víctima, lo que, según la Fiscalía, generó un escenario de poder, intimidación y estado de indefensión.Las evidencias recaudadas indican que durante varios días el oficial presuntamente persiguió, asedió y realizó insinuaciones indecorosas a la joven. Finalmente, el pasado 8 de diciembre, le habría solicitado que se dirigiera a uno de los alojamientos del Distrito de Policía de Zipaquirá, donde, con pleno conocimiento de su situación de vulnerabilidad, la habría agredido sexualmente.En el curso de la investigación, adelantada bajo un enfoque diferencial y de género, la Fiscalía estableció que el oficial también habría amenazado a la víctima para evitar que denunciara lo ocurrido. Según el ente acusador, Villamil Benavides le advirtió que podía obstruir su ingreso y desarrollo dentro de la institución policial, utilizando su rango y la autoridad que ostentaba para imponer silencio tras la agresión.Durante la audiencia de imputación, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le formuló cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual. En su intervención ante el juez, la fiscal del caso sostuvo que el procesado, en su condición de teniente coronel y comandante de distrito, representaba una autoridad directa sobre la víctima, lo que le permitió no solo ejercer violencia psicológica y sexual, sino también intimidarla posteriormente para que guardara silencio, valiéndose de su cargo y del presunto poder que ostentaba dentro de la Policía Nacional.El teniente coronel Villamil Benavides no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía. No obstante, el juez del caso consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual deberá cumplir en un centro de reclusión destinado para integrantes de la Policía Nacional, mientras avanza el proceso penal en su contra.
Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La jueza Sandra Heredia validó este lunes en la lectura del fallo del juicio al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) las interceptaciones al celular del exmandatario y las grabaciones con un reloj espía, que su defensa había pedido que fueran rechazadas por ilegales.Una de las pruebas presentadas en el juicio contra Uribe por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal, tiene que ver con una interceptación de su teléfono ordenada en 2018 por la Corte Suprema, que se hizo "por error" indicando que el número intervenido correspondía a otra persona y a otro proceso.En las conversaciones interceptadas durante varios días, Uribe habla con Diego Cadena, uno de sus abogados, quien supuestamente intentó sobornar testigos en las cárceles, como el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, para que no declararan sobre los supuestos vínculos del expresidente con paramilitares."No puede afirmarse que en la ejecución del acto de investigación haya existido una actuación de mala fe, una irregularidad intencional concertada en reuniones con el propósito de interceptar al señor Uribe Vélez en el marco de un proceso distinto. Tales afirmaciones corresponden a conjeturas y suposiciones planteadas por la defensa sin respaldo en los elementos probatorios del expediente", señaló la jueza en la lectura del fallo.Diego Gutiérrez, abogado penalista, ofreció a Mañanas BLU 1030 una perspectiva detallada sobre las implicaciones de este pronunciamiento, destacando que, si bien se ha abordado la legalidad de las pruebas, el valor probatorio que estas tendrán en la decisión final aún está por definirse. "A groso modo, para no ser extenso como la decisión que está siendo extenso, ella está diciendo, si bien es cierto, se estaba ordenando interceptando el abonado telefónico de Manyoma. En ese momento cuando se tienen los informes para hacer dicha interceptación en esos informes ya estaba vinculado el teléfono de Álvaro Uribe Vélez como si hubiese sido del otro congresista.", analizó. El reloj espíaLa otra prueba contra Uribe validada por la jueza es la utilización de un reloj espía usado por el exparamilitar Monsalve para grabar las visitas que le hizo a la cárcel bogotana de La Picota el abogado Cadena.El objetivo de esas visitas supuestamente era ofrecerle ayuda a cambio de que no declarara en contra de Uribe por sus posibles vínculos con el paramilitarismo, en la disputa que mantenía con el senador Cepeda.El reloj le fue entregado a Monsalve por su pareja de entonces, Deyanira Gómez, con el fin de grabar en secreto las conversaciones con Cadena, algo considerado ilegal por la defensa, pero la jueza señaló que el hecho de ocultar esa información al interlocutor "no debe entenderse como una actuación indebida o delictiva"."El debate probatorio no recae exclusivamente en las grabaciones magnetofónicas allegadas a juicio, sin embargo, se verificó la legalidad de estas, dilucidando los aspectos relacionados con la obtención para lo cual no se acudió a ellas por métodos ilícitos (...) estas videograbaciones tampoco fueron obtenidas violando el derecho a la intimidad ni se realizaron de mala fe", manifestó Heredia.El largo camino judicialEl camino hacia una sentencia definitiva en el caso Uribe se vislumbra largo y complejo, con múltiples instancias y recursos legales. Tras el "sentido del fallo", la lectura formal de la decisión se espera en aproximadamente ocho días, posiblemente alrededor del 4 de agosto.Una vez leída la sentencia, las partes interesadas –la defensa, la representación de víctimas, la Fiscalía General de la Nación o incluso la Procuraduría– dispondrán de cinco días hábiles para interponer el recurso de apelación. Posteriormente, se concede un plazo de cinco días hábiles adicionales para que las partes no recurrentes respondan al recurso. El caso pasará entonces al Tribunal, que tendrá hasta mediados de octubre para emitir su fallo. Sin embargo, la trayectoria judicial no terminará allí. Una vez el Tribunal se pronuncie, se puede habilitar el recurso de casación, una herramienta legal que podría prolongar el proceso hasta por cinco años adicionales ante la Corte Suprema de Justicia. El abogado penalista es enfático al prever el futuro de este caso: "Este es un caso que sea como sea va a llegar al tribunal y que sea como sea va a llevar eso a la Corte Suprema de Justicia porque ninguna de las partes va a quedar contento con el escenario."Partidarios y críticos del expresidente se han reunido en las afueras del complejo judicial de Paloquemao, donde está el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, que encabeza Heredia, para esperar la conclusiones del fallo.Los simpatizantes de Uribe, que lanzan arengas en favor del expresidente, tuvieron un conato de enfrentamiento con opositores al político, lo que obligó a la Policía a intervenir para calmar los ánimos. Escuche aquí la entrevista:
Silvana Torres, la joven señalada de asesinar a su hija de 2 años, respondió que no aceptaba los cargos que le imputó la Fiscalía, a través de un juez de control de garantías, por el delito de homicidio agravado.La defensa de la sospechosa anunció, en la audiencia de control de garantías, que argumentará una inimputabilldad, es decir, que no puede ser considerada culpable y, por lo tanto, no se le puede aplicar una pena.Sobre la inimputabilidadEn el derecho penal de nuestro país, la inimputabilidad de una persona significa que, en el momento de cometer un delito, carece de la capacidad para comprender la ilegalidad de su conducta, debido a inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares.Los hechosLos hechos por los que procesan a la joven Silvana Torres, de 19 años, ocurrieron el pasado sábado, antes del mediodía, en el barrio San Sebastián de Manizales, al interior de un apartamento.Según las autoridades, la joven, en alto estado de exaltación, degolló a su pequeña con un cuchillo y luego se autolesionó con esa misma arma.Si bien una ambulancia trasladó rápidamente a la pequeña al Hospital de Caldas, presuntamente la institución no pudo brindarle atención inmediata debido a un colapso en la sala de urgencias.Familia paterna de niña que murió a manos de su madre en Manizales emite comunicadoEn un comunicado difundido en redes sociales, familia paterna de la pequeña dio a conocer su postura frente a los hechos."La Familia López Vélez como familia paterna de ANTONELLA agradece a toda la comunidad en general por todas las muestras de apoyo y solidaridad con la difícil situación que hoy enfrentamos, sus oraciones nos fortalecen y nos ayudan para atravesar de la mejor manera este duro momento", se lee en el comunicado.
Este lunes, 28 de julio, Colombia presenció una audiencia judicial sin precedentes: el juicio Álvaro Uribe Vélez en el que la juez Sandra Heredia acreditó al exmandatario de dos delitos: soborno en actuación penal y fraude procesal.En el siguiente video se puede ver el momento exacto en el que la jueza Heredia confirmó el fallo condenatorio contra el expresidente en un caso que comenzó en el 2012.Video del fallo condenatorio contra UribeLa jueza aseguró que la Fiscalía logró acreditar la responsabilidad del expresidente Uribe en el delito de soborno en actuación penal en tres eventos concretos. Entre ellos se encuentran los casos de Eurídice Cortés, alias ‘Diana’; Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’; y Juan Guillermo Monsalve, quienes, según la investigación, fueron objeto de ofrecimientos o presiones para rendir declaraciones favorables al exmandatario.Por otro lado, absolvió a Álvaro Uribe del delito de soborno simple, relacionado con el episodio de Hilda Niño Farfán.El caso, que ha durado más de una década, podría convertir al líder del Centro Democrático en el primer exmandatario colombiano condenado penalmente, pues la defensa puede apelar.¿Qué puede pasar hoy con Álvaro Uribe?Ahora deberá esperar hasta el próximo viernes 1 de agosto, a las 2:00 de la tarde, para conocer la lectura del fallo y, de igual manera, el tiempo de la condena.Vale recordar que tras ser hallado culpable, la pena podría oscilar entre los seis y doce años de prisión, dependiendo de la valoración de las pruebas y de los agravantes o atenuantes que determine la jueza del caso.¿Cuándo comenzó el juicio de Uribe?El origen del caso se remonta al año 2012, cuando Uribe presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda, a quien acusaba de manipular testimonios en su contra. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no encontró méritos para investigar al congresista y, en cambio, inició un proceso contra el propio expresidente por supuesta manipulación de testigos.En 2020, la Corte ordenó su detención domiciliaria, medida que se mantuvo por 67 días. Luego de su renuncia al Senado, el caso pasó de la Corte Suprema a la justicia ordinaria. Aunque inicialmente la Fiscalía solicitó archivar el proceso, dos jueces rechazaron esa petición. Fue hasta este año que el juicio formalmente inició, luego de que otra fiscal decidiera acusarlo.¿De qué se le acusó a Álvaro Uribe?Según las víctimas reconocidas en el proceso, entre ellas el senador Cepeda, Uribe habría intentado manipular testigos a través de su abogado Diego Cadena. El objetivo, presuntamente, era desacreditar las acusaciones que lo relacionaban con grupos paramilitares. Uno de esos testigos es el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, recluido en la cárcel La Picota, quien denunció supuestas presiones y ofrecimientos de dinero para cambiar su versión.Interceptaciones telefónicas, conversaciones de WhatsApp y testimonios recopilados por la Corte han sido parte del expediente que hoy sustenta la acusación.Uribe niega todas las acusaciones y afirma que el proceso tiene motivaciones políticas. En múltiples ocasiones ha asegurado: “Aquí no hay ni una prueba de que yo manipulé testigos”.¿Quiénes son los protagonistas del juicio contra Uribe?Álvaro Uribe Vélez, de 73 años, fue presidente entre 2002 y 2010. Su figura ha sido determinante en la política colombiana de las últimas décadas, especialmente por su enfoque en la lucha contra las Farc y su política de seguridad democrática. Ha sido señalado en múltiples investigaciones por presuntos vínculos con el paramilitarismo, aunque nunca ha sido condenado.Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y uno de los más férreos opositores de Uribe, fue el detonante inicial del caso. Durante años ha denunciado al expresidente por supuestos lazos con paramilitares, recopilando testimonios y documentos en investigaciones como la plasmada en su libro Por las sendas de El Ubérrimo.Diego Cadena, exabogado de Uribe, enfrenta un juicio paralelo por supuestamente haber entregado dinero a testigos en las cárceles. Él ha admitido esos pagos, pero sostiene que fueron "ayudas humanitarias" y que actuó sin el conocimiento de su cliente.Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo clave, fue integrante del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia y ha vinculado directamente a Uribe y a su hermano Santiago con la creación de ese grupo paramilitar en la finca Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe. Esas acusaciones han sido reiteradamente negadas por el expresidente.
En una jornada judicial sin precedentes, Colombia se mantuvo en vilo este lunes, 28 de julio, a la espera del veredicto del juicio penal contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez (ver en vivo aquí), acusado de soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal. Antes de dar a conocer el sentido del fallo, la jueza Sandra Heredia, encargada del caso, ofreció un discurso inicial buscando sentar un precedente sobre la naturaleza de la justicia en el país.La jueza Heredia inició la audiencia con una declaración que resonó fuertemente, enfatizando que el derecho no cede ante presiones externas: Subrayó que, a pesar de las pasiones, opiniones divididas y emociones movilizadas por el juicio, la administración de justicia se mantiene incólume.En su intervención, la jueza Heredia dejó claro que la decisión no tendría motivaciones políticas ni de otra índole ajena a la ley. Explicó que "la justicia como Temis no ve nombres, ni cargos, ni estatuas, porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia". Remarcó que la administración de justicia no está al servicio de la política, la prensa o la historia, sino al "pueblo colombiano que merece exige una justicia imparcial, transparente, libre libre de prejuicios, firme frente a la presión y diligente".La jueza insistió en que el juicio ha sido un proceso garantista y profundamente respetuoso del debido proceso y la presunción de inocencia, a pesar de haber enfrentado "tormentas de la opinión pública" e "intentos de legitimación" y ataques contra la judicatura. En un punto crucial de su discurso, la jueza fue enfática al desvincular el juicio de cualquier connotación política o de revancha: Además, la jueza hizo una mención especial al rol de las mujeres en la conducción de este proceso, destacando su valentía frente a ataques y cuestionamientos que, a su juicio, quizá no se habrían formulado si quien decidiera fuera un hombre. Resaltó que "la toga no tiene género, pero sí carácter" y que las mujeres administran justicia "con el mismo rigor o incluso más que cualquier otro funcionario judicial".Antes de la lectura del veredicto, la jueza Heredia sentenció que la decisión se centraría únicamente en los hechos y no en el nombre del acusado. "Hoy este estrado no decide sobre un nombre de Decide sobre unos hechos. Y esa distinción es vital. El sentido del fallo que se dará a conocer no tiene orientación política ni está atravesado por simpatías ni antipatías. Aquí no hay lugar para la sospecha ni para el cálculo electoral".Finalmente, la jueza hizo un llamado a la sensatez y al respeto, pidiendo que el momento fuera entendido con la altura y madurez que merece. Agradeció la confianza depositada en la judicatura, invitó a quienes dudaban a escuchar con atención y solicitó a los medios informar con responsabilidad, recordando que el valor de un Estado radica en cómo se construyen, sustentan y defienden sus decisiones.
La jueza Sandra Heredia, quien lidera el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, concluyó que las interceptaciones telefónicas practicadas por la Corte Suprema de Justicia fueron legales y ajustadas a derecho. En su análisis, descartó irregularidades o actos de mala fe en el procedimiento.“La orden emitida el 7 de marzo cumple con las exigencias legales, máxime que dicha decisión fue debidamente fundamentada por escrito y ejecutada dentro de las 24 horas siguientes a su recepción”, sostuvo Heredia, refiriéndose al procedimiento que permitió interceptar los números asociados a los presuntos hechos delictivos.Fue precisamente en el marco de esas interceptaciones, dirigidas inicialmente al entonces congresista Nilton Córdoba, que la Corte Suprema terminó escuchando conversaciones del expresidente Uribe con su abogado Diego Cadena. En esas llamadas, según el expediente, hablaban sobre presuntos planes para lograr la retracción de exparamilitares presos que habían vinculado a Álvaro y Santiago Uribe con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).La jueza aclaró que, aunque los números no estuvieran registrados a nombre de Uribe, había “indicios razonables” de que estaban siendo utilizados para planear, ejecutar u ocultar la comisión del delito. Por eso, señaló, las diligencias cumplían con los requisitos jurídicos.Asimismo, rechazó las acusaciones de la defensa del exmandatario, que ha denunciado desde el inicio del caso una supuesta manipulación del proceso para interceptarlo. “No puede afirmarse que haya existido una actuación de mala fe o una irregularidad intencional concertada con el propósito de interceptar al señor Uribe Vélez”, agregó Heredia, y precisó que tales señalamientos se basan en conjeturas sin respaldo probatorio.
El expresidente Álvaro Uribe conocerá este lunes el fallo del juicio en su contra por presunto soborno a testigos y fraude, un histórico proceso vinculado al paramilitarismo que por primera vez llevó a un exmandatario del país al banquillo de los acusados.El juicio contra Uribe inició en mayo de 2024. El líder de la derecha se defendió de acusaciones de presionar y pagar a paramilitares encarcelados para que cambiaran testimonios que lo enlodaban. Una jueza leerá a partir de las 08:30 el veredicto. En el inédito y muy politizado proceso contra el político de 73 años, que gobernó entre 2002 y 2010, desfilaron más de 90 testigos.Entre ellos estaba Juan Guillermo Monsalve, un exparamilitar que asegura que el expresidente y su hermano Santiago Uribe participaron en los años 90 en la fundación de un bloque de los escuadrones de ultraderecha que operaron, a veces con ayuda del Ejército, contra las guerrillas.En Mañanas Blu, los abogados defensores de las partes, Reinaldo Villalba (abogado de Iván Cepeda) y Andrés Felipe Caballero (abogado en el proceso de Diego Cadena), coincidieron en que cual sea el fallo emitido por la juez, será acatado. Ambas partes dieron su punto de vista con respecto al proceso. "Hay prueba documental que demuestran los fraudes procesales que se produjeron y hay además prueba del soborno a testigo por ejemplo, un solo ejemplo le voy a decir. La defensa dice que el ofrecimiento la revisó donde el acusado se enteró con posterioridad al ofrecimiento que Cadena había hecho. Respuesta, efectivamente Cadena de grabaciones reconoce que hizo el ofrecimiento de revisión desde el mismo febrero de 2016 cuando visitó al preso pero, pero después de eso el 5 de abril volvió a ofrecer el recurso en una conversación con la entonces esposa de Monsalve", dijo Reinaldo Villalba, abogado de Iván Cepeda. Por su parte, Andrés Felipe Caballero, abogado en el proceso de Diego Cadena, señaló que el expresidente debería ser absuelto y que el caso es más sencillo de lo que parece. "Lo primero es que este es un caso más sencillo de lo que parece. Antes de determinar si Álvaro Uribe pudo actuar como determinador, lo primero que debe determinarse es si efectivamente se cometió un delito. Es decir, si no hay un autor que haya cometido un delito, en este caso soborno en actuación penal y fraude procesal, por supuesto Álvaro Uribe Vélez no podría ser responsable en calidad de determinador", dijo.Y agregó: "Cuando nos habla de que hubo un ofrecimiento, lo primero que no es un ofrecimiento idóneo para torcer la voluntad de un testigo. Pero lo que no cuenta el señor Reinaldo Villalba es algo de dogmática penal básica de tercer semestre de pregrado. El ofrecimiento debe darse con algunas finalidades, es decir, tiene un ingrediente subjetivo que si no se presenta, por supuesto no se comete el delito".Tras 13 años de una novela judicial, en la que renunció al Congreso y fue detenido en prisión domiciliaria por algunos meses, Uribe conocerá su destino. Se expone a una pena de hasta 12 años de cárcel, según dijo al termino del juicio el abogado de los demandantes.El exmandatario defiende su inocencia y asegura que es víctima de una "venganza" de la izquierda, de la extinta guerrilla Farc y el expresidente Juan Manuel Santos, su antiguo aliado convertido en enemigo.Es una "persecución política", dijo el viernes en un video que compartió en la red X.Escuche aquí las entrevistas: