La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos hechos a Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, señaladas de participar en la realización de cirugías estéticas en quirófanos improvisados que funcionaban en viviendas de Medellín, sin cumplir las mínimas condiciones de higiene y salubridad exigidas por la ley. De acuerdo con el ente acusador, al menos 55 personas habrían sido víctimas de estos procedimientos invasivos.Según la investigación, los hechos se habrían presentado entre abril de 2023 y mayo de 2024, periodo en el cual las procesadas junto con otras personas, practicaron múltiples procedimientos estéticos a mujeres que eran contactadas principalmente a través de redes sociales. La intervención ofrecida era conocida como lipólisis láser con transferencia glútea, la cual se realizaba en inmuebles ubicados en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera.La Fiscalía estableció que las cirugías se efectuaban en espacios acondicionados de manera precaria, sin controles sanitarios adecuados y sin la infraestructura necesaria para este tipo de procedimientos médicos. Las investigadas, al parecer, participaban directamente en las intervenciones, desempeñando labores como la administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y realización de masajes postquirúrgicos.La investigación también evidenció que, cuando las víctimas acudían a los lugares para reportar complicaciones derivadas de las cirugías, las presuntas responsables trasladaban la operación a otros barrios de la ciudad, con el fin de evadir controles y continuar con la actividad ilícita. Como consecuencia de estos procedimientos, más de 40 mujeres habrían sufrido lesiones de consideración, entre ellas deformidades, limitaciones funcionales, dolores crónicos y otras complicaciones físicas de carácter permanente.Durante la audiencia de adición de imputación, las procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito y lesiones personales dolosas. Por estos mismos hechos, la Fiscalía también judicializó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, señaladas como las presuntas articuladoras de la actividad delincuencial, dentro de un proceso que busca establecer la responsabilidad penal de todos los involucrados en esta red de cirugías estéticas ilegales.
Una grave denuncia está haciendo el minJusticia encargado, Andrés Idárraga, al revelar que un informe forense evidenció que su teléfono celular fue infiltrado 8.742 veces entre agosto y noviembre del año pasado.Incluso Idárraga aseguró que el informe arrojó que se activaron de manera ilegal la cámara y el micrófono, y se descargaron aproximadamente 2,3 gigabytes de información privada, incluyendo datos sensibles relacionados con denuncias anticorrupción que venía promoviendo.El jefe de la cartera de Justicia encargado aseguró que los hechos no se limitaron al espionaje digital porque, según un informe de contrainteligencia, se habría impartido una orden desde el Ministerio de Defensa para utilizar gastos reservados con el fin de perseguirlo a él y a su familia, presuntamente para identificar las fuentes que permitieron destapar escándalos de corrupción al interior del sector defensa.“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las fuerzas militares”, dijo Idárraga.Andrés Idárraga confirmó que ya radicó una denuncia penal contra persona indeterminada ante la Fiscalía y que también llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Asimismo, el minJusticia (e) le pidió a la Contraloría verificar el uso de los gastos reservados del sector defensa, con el fin de establecer si estos recursos estarían siendo utilizados para fines distintos.
Los rumores del traslado al centro carcelario de la capital del Atlántico son ya una realidad. A través de una comunicación oficial, el jefe de la cartera de Justicia explicó que el traslado intramural de los máximos cabecillas de ambas estructuras lo firmará, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad de la tregua y prevenir una reactivación de la violencia.Especificó el funcionario que la solicitud de traslado que le hizo este viernes el Comisionado de Paz, Otty Patiño, recibirá su visto bueno, sobre todo para proteger a la ciudadanía, aunque advirtió que alias 'Cástor', 'Digno Palomino' y varios miembros más de estas bandas, no van para un hotel y tendrán vigilancia estricta del INPEC.“La solicitud de traslado la recibí ayer (viernes) por parte del Comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas, y principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población", aseguró el ministro de Justicia, Andrés Idárraga.La medida precisa que los traslados se realizarán bajo condiciones de máxima seguridad, con custodia reforzada y vigilancia estricta a cargo del INPEC.Esta actuación, destaca el Ministerio de Justicia en un comunicado, se desarrolla en el marco de la Resolución Ejecutiva N.º 442 del 5 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con estas estructuras criminales. En ese contexto, el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, precisó que dichos acercamientos buscan verificar su voluntad real de paz y avanzar en la formalización de diálogos conforme a los objetivos definidos por el presidente de la República.Sobre los traslados en esta fase de diálogos exploratorios entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ y su traslado a Barranquilla, públicamente criticado por autoridades locales como el alcalde Alejandro Char, así como la tregua que firmaron el pasado 2 de octubre, el profesor y politólogo Luis Trejos argumenta que es inviable cualquier proceso de paz urbana sin un marco jurídico que lo respalde y a casi seis meses de que termine el gobierno de Gustavo Petro.“Hoy se hacen unos traslados desde el nivel nacional, pero todavía no es claro los objetivos que persigue el Gobierno nacional al querer instalar esta mesa cuando no hay un marco jurídico que regule la misma, por eso emerge la especulación de que pareciera que el Gobierno está pensando más en los resultados electorales que en la verdadera pacificación del territorio”, comentó Trejos.El politólogo y analista añadió que otra de las fallas en esta fase exploratoria de diálogos radica en no tener en cuenta a las autoridades en el territorio, que son las que los combaten y los sufren.Hay que recordar que en, medio de esta supuesta tregua, el accionar de Pepes y Costeños ha dejado muertos de los dos lados y varios de sus miembros han seguido incurriendo en delitos como el sicariato, la extorsión o el microtráfico, según reportes de la Policía Metropolitana.Jorge Eliécer Díaz Collazos se encuentra actualmente en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, y 'Digno Palomino' en La Picota, de Bogotá.
El Ministerio de Justicia y del Derecho avaló el traslado intramural de los máximos cabecillas de las bandas criminales ‘Los Pepes’ y “Los Costeños” hacia centros de reclusión en Barranquilla. Esta medida se realizará bajo condiciones de máxima seguridad y busca preservar la tregua de paz a la que previamente habían llegado estas estructuras.La decisión se da en el marco de la política de paz urbana, contemplada dentro del proyecto de Paz Total del Gobierno nacional, y responde a una solicitud presentada el pasado 9 de enero por el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, al ministro de Justicia, Andrés Idárraga. “Pero advierto, no van a un hotel, el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)”, precisó Idárraga, al aclarar que la medida no implica beneficios carcelarios.La solicitud involucra a Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’, y a José Alfredo Castro, alias ‘Castor’, máximo líder de ‘Los Costeños’. Ambos hacen parte de la tregua firmada por los dos dirigentes en Bogotá, el 2 de octubre de 2025, con vigencia hasta el 20 de enero de 2026.El pacto establecía que ambas organizaciones delincuenciales se abstendrían de realizar robos, extorsiones y asesinatos en Barranquilla y su zona metropolitana. Asimismo, contemplaba el abandono de actividades económicas ilícitas, el desarme gradual de sus integrantes, la desvinculación de menores de edad de sus filas y la puesta en marcha de programas de resocialización dentro de los centros penitenciarios.El Gobierno nacional reiteró que el traslado se enmarca en la Resolución Ejecutiva N.º 442 de diciembre de 2025, que autoriza acercamientos exploratorios con este tipo de estructuras criminales. El Ministerio de Justicia recalcó que la paz no significa impunidad, sino “control, legalidad y vigilancia permanente” en defensa de la seguridad ciudadana.
El programa del lunes festivo 12 de enero de 2026 en Blu Jeans contó con las siguientes secciones:En el Tema Central, se habló sobre los cuales han sido los momentos más difíciles que el ser humano ha vivido por lapsus mentales o falta de memoria. En La máquina de la verdad, se comentó sobre mitos y realidades de la vida, entre ellos, si el talento llega solo con tener éxito. Además, al finalizar, se abordaron algunas situaciones cotidianas que nos pasan a todos.
Tras conocerse la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrida el pasado sábado 10 de enero de 2026 en Paipa, Boyacá, en un accidente aéreo en el que también fallecieron varios integrantes de su equipo de trabajo, se han viralizado entrevistas en las que el artista hablaba de sueños premonitorios relacionados con este tipo de tragedias.Una de esas entrevistas corresponde a su participación en el programa Se Dice de Mí, de Caracol Televisión, donde Jiménez recordó un grave accidente que sufrió años atrás y en el que estuvo a punto de perder la vida. En ese espacio, el cantante relató que tuvo tres sueños específicos que interpretó como señales de Dios, pero que en su momento no supo comprender.Según contó, en esos sueños el avión en el que viajaba sufría un accidente. En uno de ellos, le pedía al piloto que diera una vuelta y, al regresar, este le confirmaba que algo había fallado, pero que ya lo había solucionado. Sin embargo, en el último sueño, el desenlace fue distinto: se vio a sí mismo muriendo en el accidente y apareciendo en las noticias.“Y en uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por la noticias. En estos momentos estuviera a este país con la noticia por todas las esquinas”, dijo el artista.En esa misma entrevista, Orlando Jiménez, padre del cantante, también se refirió al sueño del accidente donde moría su hijo y recordó los consejos que le daba cuando Yeison le expresaba su deseo de dedicarse a la música.“Tenga mucha fe en Dios yo le decía cuando él me decía que quería cantar, que quería que yo le ayudara. Yo le decía: ‘Papi, yo le ayudo en lo que pueda’. Pero de todas maneras, usted puede con la ayuda de Dios”, afirmó.Orlando Jiménez explicó además que, en un principio, su hijo se preocupaba y se saturaba por los comentarios que se hacían sobre él, “que esto y que lo otro”. No obstante, con el tiempo comenzó a notar que muchas personas lo percibían “como un rival”.“Él se agarró mucho de Dios y procuró no preocupar a los demás ocupantes o compañeros, para que así las cosas de pronto se vieran menos y no fuera peor la tragedia”, señaló el padre del artista al recordar aquel episodio.Finalmente, destacó el rol de Yeison dentro de su familia: “Él es el ejemplo de los hermanos que tiene menores, que me parece muy bonito, y ellos se apoyan mucho en él, y él los ayuda también”.
Con el inicio del calendario electoral de 2026, la Procuraduría General de la Nación puso en marcha este lunes festivo la primera gran jornada nacional de sensibilización sobre la iniciativa Paz Electoral, una estrategia que busca garantizar que los comicios de este año se desarrollen con plenas garantías democráticas, seguridad, transparencia y respeto por la voluntad popular expresada en las urnas.Desde tempranas horas del 12 de enero, equipos de la Procuraduría están presentes en los principales accesos vehiculares de las ciudades capitales del país para recibir a millones de colombianos que regresan a sus hogares tras el último puente festivo de la temporada.El objetivo de esta movilización de los funcionarios a estos puntos es invitar a la ciudadanía a comprometerse activamente con la defensa del proceso electoral y recordar que cada voto será determinante para el futuro institucional del país.Durante la jornada, funcionarios de la Procuraduría entregan mensajes impresos y dialogan con los ciudadanos sobre la importancia de participar de manera consciente en las elecciones de 2026, en un contexto marcado por alertas tempranas sobre riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de los comicios.Recordemos que Colombia acudirá a las urnas en tres oportunidades este año. El 8 de marzo se realizarán las elecciones al Congreso de la República y las consultas presidenciales de algunos partidos; el 31 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta para elegir al próximo presidente de la República; y el 21 de junio, de ser necesario, se definirá el nuevo mandatario en una segunda vuelta presidencial.La estrategia de Paz Electoral es liderada por el procurador general, Gregorio Eljach, quien desde hace varios meses ha emprendido una cruzada institucional para que las elecciones se realicen tal como lo establece la Constitución.La iniciativa tomó fuerza luego de que, desde distintos sectores políticos y sociales, comenzaran a circular versiones sobre posibles amenazas o riesgos para el proceso electoral. Frente a este escenario, el procurador Eljach asumió como una de sus principales responsabilidades la defensa del orden democrático.En ese contexto, Eljach estableció varias premisas que, a su juicio, deben orientar el proceso electoral de 2026: elecciones libres, seguras, oportunas, conscientes y con pleno respeto por los resultados.El jefe del Ministerio Público ha insistido en que el voto ciudadano no solo define quién gobierna, sino también el tipo de leyes, políticas públicas y decisiones que marcarán el rumbo del país. Por eso, ha hecho un llamado reiterado a que los colombianos ejerzan su derecho al voto sin presiones y con plena conciencia de su impacto.La estrategia también contempla la vigilancia sobre la conducta de los funcionarios públicos, para evitar la intervención indebida en política y el uso de recursos del Estado en favor o en contra de candidatos o partidos.Asimismo, busca garantizar la seguridad de las urnas el día de los comicios y advertir sobre los riesgos que representan las organizaciones armadas ilegales, la desinformación y los ciberataques.
El país se encuentra conmocionado tras el trágico fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez, ocurrido el pasado sábado 10 de enero de 2026 en el municipio de Paipa, Boyacá. El siniestro se registró cerca de las 4:00 de la tarde cuando la aeronave en la que viajaba el artista, junto a otros cinco integrantes de su equipo, perdió potencia poco después de despegar del aeropuerto Juan José Rondón, impactando a aproximadamente una milla de la pista. Entre las víctimas mortales se encuentran, además del intérprete de 'Destino final', su mánager Jefferson Osorio, el fotógrafo Weisman Mora, dos colaboradores más y el piloto de la avioneta, el capitán Hernando Torres.En un video que se ha hecho viral en redes sociales se puede observar al artista en una tienda junto a tres integrantes de su grupo fuera del municipio minutos antes del siniestro que cobró con su vida. La grabación de cámaras de seguridad del lugar, con hora en las 2:18 de la tarde, muestra al cantante vestido de blanco, sonriente y sosteniendo una conversación con la dueña del local. Además, se escucha cómo le dice a la mujer “¿Cuál es el mejor queso campesino?”.Este video es el último rastro del artista con vida antes del accidente. Este es el video:Según los reportes del Ministerio de Transporte, las autoridades han establecido tres líneas de investigación prioritarias para esclarecer el accidente: el componente operacional y meteorológico, el estado técnico y de mantenimiento de la aeronave, y los factores humanos vinculados al piloto. Testigos en la zona relataron que tras un intento de giro para regresar a la pista, la avioneta impactó contra el suelo, sufriendo una fractura en la cola y dos explosiones consecutivas debido a residuos de combustible. Por su parte, la Fiscalía General ya inició una indagación formal para determinar las causas exactas del siniestro que dejó la aeronave totalmente calcinada.Mientras miles de seguidores se congregaron en puntos emblemáticos como el estadio El Campín para rendir homenajes, se confirmó que las honras fúnebres de Yeison Jiménez se realizarán el martes 13 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.
Un pensionado de la Policía Nacional, identificado como Jimmy Leonardo Vargas Briceño, de 43 años, resultó herido con arma de fuego durante un violento asalto registrado hacia las 2:00 de la madrugada de este lunes 12 de enero de 2026, en el barrio Alfonso López, en Bucaramanga.De acuerdo con la información suministrada por la esposa de la víctima, Vargas Briceño se movilizaba en motocicleta y estaba llegando a su lugar de residencia, cuando fue interceptado por dos hombres armados que lo venían siguiendo y lo interceptaron en el garaje de la casaAl oponer resistencia para evitar que le hurtaran otros elementos de valor, uno de los agresores accionó el arma de fuego en dos oportunidades, hiriéndolo de gravedad, alcanzaron a llevarse 300.000 pesos.Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar en una motocicleta de color negro con rumbo desconocido.El pensionado fue auxiliado inicialmente por su esposa y trasladado de urgencia a la Clínica de la Policía Nacional (CLIPO), donde recibió atención médica inmediata. Debido a la gravedad de las heridas, fue remitido, posteriormente, al Hospital Universitario de Santander (HUS), donde permanece bajo observación médica y su estado de salud es estable, según el más reciente parte médico.Unidades de la Policía Metropolitana de Bucaramanga adelantan las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables del ataque, apoyándose en testimonios y en la revisión de cámaras de seguridad del sector.El hecho vuelve a generar preocupación entre los habitantes del barrio Alfonso López, quienes insisten en la necesidad de reforzar la presencia de las autoridades ante el aumento de los hechos de inseguridad.
El asesinato de Natalia Santo Domingo Rodríguez, una mujer trans, mantiene la conmoción por la violencia con la que fue cometido el crimen. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de enero de 2025 en un apartamento donde residía la víctima, y hoy avanzan en un proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades y el móvil del homicidio.Natalia había crecido en el municipio de Pacho, Cundinamarca y, con el paso de los años, se trasladó a Chía y Cajicá en busca de un entorno que le permitiera vivir su proceso de transición con mayor tranquilidad. En entrevista con Conducta Delictiva Podcast su hermana menor la describió como una mujer cercana, solidaria y comprometida con el bienestar de los suyos, a quienes apoyaba económicamente de forma constante.Diana Quintero recordó que desde la niñez la identidad de Natalia era evidente dentro del hogar. “Algo en mí siempre me decía que Natalia era diferente. Un día nos llamó y nos dijo que él ya no quería ser él, que quería ser ella”, relató.El día anterior a su muerte, Natalia compartió con su familia. Según el relato de su hermana, las últimas comunicaciones se registraron entre las 6:22 y las 6:30 de la mañana, cuando llamó a su madre y a una tía. Luego, sus teléfonos quedaron apagados.Ante la falta de respuesta durante varias horas, su pareja y su hermana decidieron ingresar al apartamento en la tarde de ese mismo día. Fue Diana quien entró primero a la vivienda. “Yo fui la que entré a ese lugar y encontré a Natalia en esas condiciones. Vi muchísima sangre por todo lado y una escena de terror en esa habitación”, contó.Las autoridades establecieron que la víctima intentó defenderse durante el ataque. Inicialmente, la pareja sentimental de Natalia fue objeto de verificación, pero quedó descartada tras el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos probatorios. La Fiscalía determinó que el presunto responsable sería un hombre de 30 años, identificado como un vínculo sentimental paralelo de la víctima. De acuerdo con la investigación, el sospechoso habría ingresado al apartamento alrededor de las 6:00 de la mañana, aprovechando la confianza que Natalia tenía en él. El informe de Medicina Legal confirmó que la víctima recibió múltiples heridas con arma blanca, lo que evidenció un alto grado de violencia. Tras el homicidio, el atacante habría robado dinero en efectivo, los teléfonos celulares de la víctima y otros objetos, en un intento por eliminar rastros del crimen.Luego de diez meses de seguimiento, que incluyó el rastreo de llamadas, movimientos y uso de los dispositivos móviles de Natalia, las autoridades capturaron al sospechoso en octubre de 2025, en el municipio de Chía.Aunque el hombre no aceptó los cargos por homicidio agravado, la Fiscalía asegura contar con pruebas técnicas que lo ubican en la escena y lo vinculan directamente con los hechos. Actualmente permanece recluido en un centro carcelario, al considerar que representa un peligro para la sociedad.Para la familia, la captura no cierra el caso. Diana Quintero insiste en que aún falta conocer el trasfondo del crimen. “Lo único que nosotros queremos como familia es saber la verdad de lo que pasó con Natalia. ¿Qué fue eso tan malo que Natalia les hizo para que le quitaran la vida de esa manera tan atroz?”, expresó.
La Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá profirió sentencia de primera instancia contra cinco desmovilizados del extinto Bloque Oriental de las FARC-EP, a quienes les concedió el beneficio de la pena alternativa 96 meses, es decir, ocho años de prisión, en el marco de la Ley 975 de 2005. La decisión sustituye la pena ordinaria impuesta, como parte del modelo de justicia transicional que contempla sanciones reducidas para excombatientes que contribuyan a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición.El fallo cobija a Ángel Melquisedec Alfaro Bonilla, Daniel Zárate Velandia, Jhon Jairo Ramírez, Críspulo Efraín Quiñones Barreiro y César Díaz, quienes fueron postulados por la Fiscalía 73 Delegada ante Justicia y Paz como responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, cometidos en el conflicto armado interno en los departamentos de Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada y parte del Amazonas.Según lo establecido por la Sala, desde noviembre de 2025 se estudiaron 44 hechos criminales, que dejaron 44 víctimas directas y 121 víctimas indirectas, para un total de 165 víctimas. Estos hechos corresponden a 85 conductas delictivas atribuidas a los exintegrantes del Bloque Oriental.La sentencia ordenó “reconocer la pena alternativa de noventa y seis (96) meses a cada uno de los postulados, es decir, ocho años”, sustituyendo la pena ordinaria, beneficio que queda condicionado al cumplimiento estricto de los compromisos adquiridos dentro del proceso. Entre ellos se encuentran las obligaciones de contribución efectiva a la verdad, la reparación integral de las víctimas, la no repetición de los hechos y la participación en programas de reincorporación y desmovilización.En materia de reparación, la Sala reconoció a las víctimas directas e indirectas acreditadas en el proceso y ordenó el pago de los daños y perjuicios morales y materiales determinados en el incidente de reparación integral. El monto total de la indemnización asciende a $17.554.266.421.Finalmente, la decisión judicial incluye órdenes orientadas a garantizar los derechos de las víctimas y a promover acciones en las regiones más afectadas por la actuación del Bloque Oriental, con el objetivo de evitar este tipo de conductas y fortalecer las garantías de no repetición en los territorios impactados por el conflicto armado.
La muerte de Cristian Eiler Matías Hernández, alias ‘Polo’, marcó un nuevo golpe contra el círculo más cercano de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc. El hombre, considerado uno de sus alfiles más peligrosos, fue abatido en desarrollo de operaciones militares y policiales adelantadas en el departamento del Amazonas, tras varios días de persecución e inteligencia.Los hechos ocurrieron entre el 1 y el 2 de enero en zona rural del corregimiento de Mirití, en una región selvática utilizada históricamente como refugio, corredor de movilidad y retaguardia armada de estas estructuras ilegales. Hasta allí llegaron unidades de la Fuerza Pública luego de un planeamiento que combinó despliegues por tierra, aire y ríos, en una operación que se extendió cerca de siete días.Alias ‘Polo’ intentaba evadir la ofensiva que desde finales de 2025 se intensificó en el suroriente del país contra los carteles del narcotráfico y los grupos armados residuales que los protegen. En medio del combate se produjo la neutralización de varios integrantes de esta estructura, cuatro murieron durante la operación, cuatro más fueron capturados y tres se sometieron a las autoridades.Uno de los puntos que generó especial atención tras el operativo fue la situación de tres de los individuos neutralizados, quienes inicialmente afirmaron ser menores de edad. Sin embargo, luego de las diligencias de verificación e identificación realizadas por las autoridades competentes, se estableció que todos eran mayores de 18 años, por lo que deberán enfrentar los procesos judiciales correspondientes.De acuerdo con información conocida por las autoridades, alias ‘Polo’ había sido designado directamente por alias Iván Mordisco y alias Alonso 45 como jefe principal de la estructura criminal que opera en el Amazonas. Desde ese rol habría participado en la planeación y ejecución de delitos como narcotráfico, homicidios, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, minería ilegal y acciones armadas contra la población civil y la Fuerza Pública.Su ascenso dentro de la organización se produjo tras la muerte de alias ‘Jenny Lara’, abatida en octubre de 2025 en el sector de Tres Islas, en Mirití Paraná. Desde entonces, alias ‘Polo’ asumió el control territorial y la coordinación de las rutas fluviales, así como la seguridad de las zonas por donde se movía el máximo cabecilla de las disidencias en esta región estratégica.Las investigaciones también lo vinculan con atentados recientes contra unidades militares y de la Armada. Entre ellos, el ataque con explosivos a la base militar de Araracuara, en agosto de 2025, y el hostigamiento a un puesto fluvial en la base La Tagua, en Puerto Leguízamo, Putumayo, en septiembre del mismo año, donde se habrían utilizado embarcaciones acondicionadas con explosivos.Durante la operación fueron incautados 11 fusiles, una ametralladora, dos pistolas, abundante munición de distintos calibres, equipos de comunicación, material de intendencia y dos embarcaciones empleadas para la movilidad fluvial de la estructura criminal. Estos elementos evidencian la capacidad armada y logística que alias Polo mantenía en esta zona fronteriza.
Fue capturado Jorge Aníbal Visbal Martelo, exministro y expresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), en un operativo adelantado por la Policía Nacional en el municipio de Ponedera, Atlántico. La detención se produjo tras un procedimiento de control y verificación de antecedentes, en el que se evidenció una orden de captura vigente en su contra.De acuerdo con las autoridades, la orden fue emitida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 5 de Cundinamarca, luego de que la Corte Suprema de Justicia confirmara una condena de nueve años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado, decisión que ya se encontraba en firme y sin posibilidad de recursos.Según lo establecido en la investigación judicial, Visbal Martelo habría mantenido vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el periodo comprendido entre 1998 y 2005, cuando ejercía la presidencia de Fedegán y, de manera paralela, integraba la Comisión de Paz. En ese lapso, de acuerdo con el fallo de la Corte, asistió a reuniones de este grupo armado ilegal en varias fincas ubicadas en el departamento de Córdoba, identificadas como La Séptima, La 21 y La 53.El alto tribunal determinó que en dichos encuentros el entonces dirigente gremial habría manifestado afinidad con la organización armada y con su máximo jefe, Carlos Castaño Gil, además de sugerir la expansión del grupo a zonas con actividad ganadera. Asimismo, la sentencia señala que Visbal Martelo habría realizado aportes económicos a las AUC, mediante el pago de cuotas periódicas, a cambio de seguridad.La investigación también concluyó que el exdirigente hizo parte del denominado grupo de los 12, una estructura de carácter político que asesoraba a Carlos Castaño Gil, lo que sustentó la responsabilidad penal por concierto para delinquir.Tras su captura, Jorge Aníbal Visbal Martelo fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente para adelantar los trámites legales correspondientes y proceder al cumplimiento de la condena impuesta por la justicia colombiana.
La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra José Eduardo Chalá Franco, el conductor de un taxi señalado de provocar una grave tragedia vial al arrollar a 11 personas mientras conducía a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Entre las víctimas se encontraba una adolescente de 15 años, quien falleció días después debido a la gravedad de las heridas sufridas en el hecho.De acuerdo con el ente acusador, Chalá Franco perdió el control del vehículo como consecuencia directa de su estado físico y mental, lo que derivó en el atropellamiento múltiple. En el curso de la investigación, la Fiscalía estableció que las pruebas practicadas al conductor arrojaron un resultado de grado tres de alcoholemia, el nivel más alto contemplado por la ley colombiana.Con base en estos elementos probatorios, el procesado será acusado formalmente por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y lesiones personales, todas las conductas agravadas. La Fiscalía sostuvo que no se trató de un accidente fortuito, sino de una conducta consciente y altamente peligrosa que desembocó en consecuencias fatales.Durante la exposición del caso, el fiscal fue enfático al señalar que el comportamiento del conductor fue determinante en la tragedia. “A través de ese examen de análisis de toxicología y alcoholemia se pudo determinar y concretar que esta situación sobrepasó cualquier posibilidad de simplemente ser una falta de reflejos o de circunscribirse a un simple accidente de tránsito, pues decidió conducir sabiendo que su estado físico y mental no eran aptos”, afirmó el funcionario judicial.La investigación también evidenció contradicciones en la versión inicial del procesado. Chalá Franco aseguró en un primer momento que solo había consumido cuatro cervezas; sin embargo, los resultados del examen de alcoholemia confirmaron que presentaba un nivel de embriaguez tipo tres. Frente a este hallazgo, el fiscal cuestionó duramente la conducta del acusado y la calificó como una “decisión absurda” al ponerse al volante en ese estado. “Como soy yo, a mí no me pasa nada; ese es el imaginario que lleva a estos resultados tan drásticos”, manifestó.Mientras avanza el proceso penal, José Eduardo Chalá Franco continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario.
La decisión de dejar en libertad a 15 personas capturadas por su presunta vinculación a la red de extorsión carcelaria conocida como “Los Bautistas” se fundamentó, según la juez del caso, en la ausencia de pruebas que demostraran su conocimiento o participación directa en las actividades ilegales. Así lo determinó la juez 17 penal con función de control de garantías, al resolver la situación jurídica de varios de los implicados en el proceso adelantado por la Fiscalía General de la Nación.Las capturas se produjeron en diciembre de 2025, durante allanamientos simultáneos y coordinados por la Fiscalía y la Policía en Bogotá, en los que fueron detenidas 39 personas. De acuerdo con las autoridades, se trata de una estructura criminal que operaba desde la cárcel La Picota, dedicada a extorsiones que habrían generado rentas ilegales cercanas a los 17.000 millones de pesos.No obstante, al analizar de manera individual la situación de cada capturado, la juez concluyó que en 15 casos no se acreditó la inferencia razonable de autoría o participación. En su decisión, enfatizó que “la inferencia razonable de autoridad o participación debe ser valorada para cada ciudadano de manera independiente, no de manera generalizada y conjunta como decidió hacerlo la Fiscalía General de la Nación, pues dejó de un lado que en el derecho penal la responsabilidad es individual”.Durante la audiencia, la juez encontró que, en la mayoría de estos casos, las personas habían recibido transacciones esporádicas o únicas, provenientes de familiares o terceros, algunos privados de la libertad, sin que se demostrara que conocían el origen ilícito del dinero. Uno de los casos destacados fue el de una mujer que recibió una consignación de $100.000 de su hijo, recluido en La Picota. “No se tiene evidencia de que la ciudadana supiera cuál es el origen del dinero que recibió en esa consignación”, señaló la juez, al tiempo que aclaró que no existían pruebas de que hubiera participado en llamadas extorsivas, contactado a víctimas o concertado acuerdos criminales.Otro de los casos analizados correspondió a una mujer de 71 años, con una condición médica que la obligó a conectarse a la audiencia desde un hospital. Sobre ella, la juez sostuvo que tampoco se probó conocimiento del origen ilegal de los recursos transferidos por su hijo. En la diligencia se tuvo en cuenta una carta manuscrita enviada por el recluso, en la que este afirmaba: “El 10 de abril yo le pedí el favor de que me recibiera el monto de un millón y que le enviara cierta cantidad de ese dinero a mi mamá, manifestando que era para el mercado, sin saber ella que ese dinero era ilícito y que estaban siendo víctimas de un engaño”.El abogado Juan Manuel Castellanos, defensor de una de las personas dejadas en libertad, explicó que la decisión judicial obedeció a la falta de individualización por parte del ente acusador para su clienta “esa persona, que es una adulta mayor, que supera los 55 años, que tiene 15 años como modista,, pues no tenía conocimiento alguno de esas extorsiones. Y como no tenía el conocimiento de las extorsiones porque nunca llamó a una presunta víctima, porque nunca recibió de manera directa el dinero, pues tendría que decir que fue instrumentalizada. Pero además de esa situación, es una persona que se gana un mínimo, que trabaja diariamente, que no tiene antecedentes y que no tiene ningún nexo de causalidad entre el delito y la extorsión”, afirmó.El abogado Castellanos habló sobre el cuestionamiento que se hizo en la diligencia sobre la argumentación de la Fiscalía “evidentemente algunos hechos sí existieron, pero porque los hechos existan no significa que todas las personas tengan que estar vinculadas y llevadas a un proceso penal”.Pese a la libertad otorgada a estas 15 personas. La juez determinó que en el caso de los demás capturados sí se acreditó la participación en la red de extorsión, por lo que impuso medidas de aseguramiento, tanto de detención domiciliaria como intramural.
Las autoridades avanzan en la identificación y captura de los responsables del linchamiento que terminó con la muerte de un hombre, identificado como Mauricio Cendales, en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. Por este caso, ocurrido el 11 de noviembre de 2025, la Policía y la Fiscalía difundieron un cartel con tres hombres que figuran entre las más buscadas por su presunta participación en los hechos.De acuerdo con la investigación, la víctima se movilizaba en una camioneta cuando tuvo un altercado con varios motociclistas. Minutos después, fue interceptado y acorralado en el barrio Tabakú, donde un grupo de personas lo atacó de forma violenta. El conductor fue sacado del vehículo y agredido brutalmente, mientras el automotor era destruido en medio de actos vandálicos.Las investigaciones señalan que los agresores utilizaron objetos contundentes como palos, cadenas y piedras. La golpiza fue tan severa que el hombre quedó gravemente herido en el lugar. Policías que atendieron la emergencia lo trasladaron de urgencia a un centro médico, pero pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.Tras semanas de recolección de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y labores de policía judicial, los investigadores lograron identificar a varios de los presuntos implicados. Como resultado, fue elaborado un cartel con tres personas que ahora son buscadas para responder por los delitos de homicidio y participación en el ataque colectivo.Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita dar con el paradero de los señalados y avanzar en su judicialización. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de la línea segura 305 814 38 37 o al correo electrónico de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, con garantía de absoluta reserva.
La Contraloría General de la República celebró el ingreso efectivo de 20 millones de dólares al Tesoro Nacional, recursos provenientes de la aseguradora del contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos Mi-17, tras declararse el incumplimiento parcial del contratista Vertol Systems. Para el organismo de control, esta transacción constituye un resultado concreto del ejercicio de control fiscal preventivo, orientado a la protección de bienes estratégicos del Estado.De acuerdo con la Contraloría, el seguimiento permanente adelantado por la entidad permitió alertar oportunamente al Ministerio de Defensa sobre el riesgo de pérdida de recursos públicos derivado del incumplimiento contractual. Como consecuencia de estas advertencias y de las decisiones administrativas adoptadas, la aseguradora garante del contrato asumió el pago de las obligaciones económicas y transfirió los recursos al Tesoro Nacional.El origen de este proceso se remonta a la Resolución No. 001863 del 7 de noviembre de 2025, mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial de un contrato por 32 millones de dólares destinado al mantenimiento de los helicópteros Mi-17. Dicha decisión fue ratificada una semana después, confirmando las obligaciones económicas derivadas del fallo administrativo y habilitando la ejecución de las sanciones correspondientes contra el contratista.En desarrollo de esas resoluciones, se impuso una multa superior a los USD 6 millones. A este valor se sumó la devolución del pago anticipado, que había sido efectuado en el marco del mismo contrato y que ascendió a USD 13 millones, recursos que debían ser reintegrados al Estado tras la declaratoria de incumplimiento parcial.El pago de la multa y la restitución del anticipo fueron asumidos por la aseguradora, en su calidad de garante del contrato. La suma consolidada de ambas obligaciones alcanzó los USD 20 millones que ya ingresaron a las arcas de la Nación, evitando así un detrimento patrimonial mayor y asegurando la recuperación de recursos públicos comprometidos.No obstante, la Contraloría anunció que mantendrá un proceso de verificación exhaustivo para confirmar que el pago recibido corresponda efectivamente a la restitución del pago anticipado no utilizado, a los costos asociados a las demás actividades contractuales que estaban a cargo del contratista y a la indemnización de los perjuicios que se hubieran causado como consecuencia del incumplimiento.
La muerte de Mariana Ortega, una joven de 20 años, quedó al descubierto tras varios días de incertidumbre para su familia en Medellín. Según relató su hermana Camila en el pódcast Conducta Delictiva, la última vez que hablaron fue el día del cumpleaños de la hija de la víctima, cuando Mariana prometió pasar por la niña para llevarla a comer helado, algo que nunca ocurrió. Con el paso de los días y ante la falta de noticias, su madre insistió en que “algo malo había pasado”, lo que llevó a la familia a iniciar su búsqueda hasta recibir una llamada que confirmó el peor escenario.De acuerdo con el testimonio, la historia de Mariana estuvo marcada desde muy joven por relaciones violentas. Camila contó que su hermana inició a los 14 años un vínculo sentimental caracterizado por agresiones y amenazas constantes, situación que se repitió con otras parejas a lo largo del tiempo. “Él la golpeaba y la amenazaba con matarla”, recordó, al explicar que el miedo y la dependencia emocional influyeron para que Mariana permaneciera en entornos peligrosos. En su intento por rehacer su vida y proteger a sus hijos, la joven terminó alejándose de ellos y entregansolos a su madre.Camila aseguró que su hermana tuvo que vender drogas para pagar una deuda que le había dejado su expareja, papá d euno de sus hijos, y más adelante, se convirtió en trabajadora sexual. En ese contexto inició una relación con el hombre que las cuidaba. “Cuando dejó ese trabajo porque él le prometió mantenerla, empezó de nuevo la violencia”, afirmó.Camila reveló que posteriormente se enteraron de que este hombre tenía otra pareja, la cual, según dijo, estaba buscándola para hacerle daño. El 8 de febrero, la familia fue notificada de que el cuerpo de Mariana se encontraba en Medicina Legal. “Mi mamá llegó diciendo: ‘me la mataron’”, relató Camila, quien señaló que su hermana fue hallada en un basurero, envuelta en una sábana y plástico. “En los documentos de la Fiscalía se menciona que en las cámaras de seguridad se observa cuando sacan a mi hermanita del hostal en una carreta de reciclador. Detrás va él y luego va ella, con el hijo que tenían en brazos y estando embarazada”, recordó Camila, asegurando que la esposa del presunto feminicida lo denunció para no ser considerada cómplice.La mujer reveló que un día el hombre la contactó por redes sociales para explciarle lo que había pasado. "Él me dijo que él no lo quería hacer, que en ese momento estaba drogado y que no se estaba dando cuenta de lo que había hecho".“Él me dijo que en ese momento, ella se iba a cambiar de ropa para salir y estaban discutiendo. Según él, la pelea subió de tono y ella comenzó a gritar, por lo que lo único que hizo fue taparle la boca y ella se desmayó. Dice que al ver que no reaccionaba, la llevó a la cama. Afirma que se acostó a dormir con ella así. Al día siguiente la envolvió en una sábana, la cubrió con un plástico y la sacó”, añadió Camila.
Una grave denuncia sacude el panorama político colombiano tras la acusación interpuesta ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido públicamente como JP Hernández.Según las pruebas conocidas por Blu Radio, el congresista estaría involucrado en un presunto caso de soborno, hostigamiento agravado y manipulación judicial para perjudicar al embajador Roy Barreras.Los hechos se remontan al 13 de abril de 2023, cuando JP Hernández publicó un video en redes sociales titulado “¡Atención! Nueva olla podrida en el Congreso. Roy Barreras, respóndale a Colombia”, en el que señalaba al embajador de participar en irregularidades relacionadas con el Convenio No. 983 de 2022. Dicha denuncia fue replicada en diversas plataformas y motivó la apertura de una investigación previa por parte de la Corte Suprema de Justicia.Sin embargo, el giro en la historia se dio cuando tres testigos claves —Kilian Antonio Torres Rojas, Catherine Torres Rojas y John Jairo Uribe Muñoz— rindieron declaraciones juradas ante el alto tribunal, en las que señalaron que JP Hernández supuestamente les ofreció dinero, contratos e incluso salidas del país a cambio de que emitieran testimonios falsos contra Barreras.Uno de los testimonios más contundentes es el de Kilian Torres, quien relató haber sido supuestamente transportado en una camioneta por el senador, quien le ofreció “algo beneficioso en el Congreso”, incluyendo el pago total de un contrato o incluso evitar presentarse a trabajar, a cambio de dar un testimonio que lo favoreciera. En sus palabras, “Él en esos momentos quería ser mediático y lo logró con nosotros. […] Todo lo que nos ofreció. Ya después lo llamábamos para que nos cumpliera y ya no nos contestaba”, afirmó el testigo en declaración juramentada.Por su parte, Catherine Torres describió la operación como un montaje cuidadosamente planificado, en el que JP Hernández habría presuntamente instruido a los testigos sobre lo que debían decir, asegurándoles apoyo laboral y confidencialidad. Según ella, fue solo tiempo después que comprendió que “ese empleado” era en realidad un senador de la República.El tercer testigo, John Jairo Uribe, sostuvo que tanto él como otros implicados fueron objeto de un plan para inculpar falsamente al embajador. “Nos ofrecieron una cantidad de dádivas, lo mismo al otro muchacho, con tal de que declararan en contra mía. Y yo al senador JP ni lo conozco, ni siquiera sé quién es él”, afirmó el testigo en la Corte.La defensa de Roy Barreras calificó estos hechos como parte de un patrón sistemático de instrumentalización de la justicia y uso mediático de falsas acusaciones con fines personales. En una declaración pública y judicial, su equipo legal solicitó el cierre inmediato de la diligencia y la apertura de una investigación penal formal contra JP Hernández, a quien acusan de haber afectado no solo el buen nombre del embajador, sino también la legitimidad del ejercicio parlamentario.Además, se conoció que los testigos que declararon en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tienen medidas de protección tras haber sido amenazados después de rendir sus versiones ante el alto tribunal.
Una nueva prueba ha salido a la luz en el caso de Juan Felipe Rincón, hijo del general William Rincón, quien perdió la vida en circunstancias que continúan bajo investigación. Se trata de un video grabado por una joven adolescente que acompañó a Rincón la tarde del 24 de noviembre del año pasado. Los abogados del caso han presentado esta evidencia ante la Fiscalía con la intención de evitar la preclusión del proceso contra la persona capturada en relación con los hechos.El abogado Iván Cancino, quien representa a algunas de las víctimas, destacó la relevancia del video y cuestionó la falta de acción por parte de la Fiscalía para proteger a la menor involucrada en el caso. "Desde el 23 de diciembre hemos solicitado que protejan a esta joven y que se le escuche para evitar cualquier tipo de coacción sobre su testimonio. Sin embargo, hasta el momento ni ha sido protegida ni se conoce su paradero", declaró Cancino.Según la defensa, Juan Felipe Rincón Morales fue víctima de una presunta organización criminal dedicada a la extorsión y a la instrumentalización de menores con fines ilícitos."Buscamos que la investigación se lleve a cabo de manera rigurosa para evitar que este caso termine en impunidad y que Juan Felipe sea injustamente señalado, cuando en realidad fue una víctima, pagando con su vida las consecuencias de estos hechos", agregó el abogado.El video fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2024 por el investigador del abogado Juan Felipe Criollo. En este material audiovisual, la joven afirma que Rincón Morales estaba siendo extorsionado, lo que refuerza la hipótesis de que detrás de su muerte habría una estructura criminal con operaciones organizadas.En el video, la menor testigo declara: "Este vídeo yo lo hago con causa de explicar todo lo que pasó el 24 de noviembre. Yo fui víctima de una banda de extorsionistas, al igual que Felipe. Yo no lo conocía, me dejé engañar, me giraba la casa por ellos. Ellos planeaban extorsionarlo, yo nunca lo supe, se me gustó al final de todo esto. Yo estoy dispuesta a hablar al cambio de protección para mí, para mi familia, estoy dispuesta a declarar todo en contra de esos. Yo sé en dónde viven, en dónde trabajan, qué es lo que hacen ellos y los conozco muy bien. Entonces, yo puedo ser de gran ayuda si ustedes también me ayudan a mí. Yo pido protección a cambio, no solo para mí, sino también para mi familia"."No solo se trata de limpiar el nombre de una persona fallecida en circunstancias delictivas, sino de evitar que menores de edad continúen siendo utilizados para cometer crímenes como la extorsión", explicó Cancino.La defensa ha anunciado que, con base en este video y otras pruebas recaudadas, solicitarán formalmente que no se precluya la investigación. Se espera que en los próximos días la Fiscalía se pronuncie sobre la pertinencia de esta nueva evidencia y las medidas que se tomarán en relación con la protección de la menor testigo.
En una operación de registro y control militar, la Armada Nacional asestó un duro golpe al ELN con la incautación de un depósito ilegal de material de guerra en la zona rural de Buenaventura. El hallazgo tuvo lugar en el sector de Playa Piangüita, donde tropas de Infantería de Marina encontraron dos fusiles – uno calibre 5.56 y otro 7.62 milímetros –, 1.138 cartuchos de distintos calibres, cinco granadas artesanales, proveedores para fusil, equipos de telecomunicaciones y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.Todo el material, de acuerdo con las autoridades, fue incautado y puesto a disposición de la Seccional de Investigación Judicial (SIJÍN) y la Fiscalía General de la Nación para adelantar las investigaciones pertinentes. Este operativo, destaca la Armada, se enmarca dentro de la misión constitucional de la fuerza que, a través de la Brigada de Infantería de Marina No. 2, mantiene un despliegue constante en el Pacífico colombiano.“La estrategia busca debilitar las redes criminales y logísticas de los grupos armados organizados, garantizando la seguridad de la población civil y combatiendo el accionar delictivo en la región. La Armada de Colombia reafirma su compromiso de seguir enfrentando con contundencia a los actores ilegales que amenazan la tranquilidad de los habitantes de Buenaventura y el resto del país”, indicó la Armada.Sobre la escalada de violencia en Buenaventura, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, indicó que la mesa de negociación entre los ‘Shottas’ y ‘Los Espartanos’ no se ha levantado y lo que pasó fue que “se rompió la tregua” entre estas dos bandas criminales que delinquen en esa zona del país. “Saldrán pronto unas recompensas contra criminales y se adelantarán operativos en una zona muy compleja porque es en medio de la población, en comunas”, dijo.
La Corte Suprema de Justicia confirmó que adelanta una investigación previa contra la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, por su presunta vinculación al escándalo de corrupción en la UNGRD.Esto se da luego de que la Fiscalía pidiera iniciar ese proceso al evaluar los testimonios entregados por Olmedo López, principal testigo en el entramado que se quedó con los recursos de los contratos de la entidad nacional. López la señaló de gestionar reuniones para favorecer convenios en La Guajira, departamento de origen de la congresista.“Usted, Olmedo López, se reunió con la senadora Martha Peralta y representantes de la empresa Inversiones IRL SAS, propietaria de maquinaria amarilla. En esta reunión se habría acordado tramitar un negocio jurídico con la Unidad para el mantenimiento de infraestructura, requiriendo el uso de dicha maquinaria”, señaló la Fiscalía en audiencia el pasado 18 de marzo.En ese momento, Peralta señaló en Mañanas Blu de BLU Radio que sí había ido en tres ocasiones a las instalaciones de la UNGRD, pero no a reunirse con Olmedo López o Sneyder Pinilla.Este martes, 1 de abril, la Corte Suprema de Justicia también citó para el próximo viernes, en calidad de testigo, al exministro del Interior Luis Fernando Velasco para que dé su versión, pues López también lo ha vinculado al caso.Incluso, en esa misma audiencia, la Fiscalía detalló que Velasco habría influido en la adjudicación de contratos por 35.000 millones de pesos a favor del congresista Julio Elías Chagüi y solicitó a Olmedo López la asignación de estos convenios bajo el argumento de mitigar el impacto climático en varias regiones del país.
Diego Maradona no tenía alcohol ni "drogas de abuso" en sangre cuando murió, a pesar de su historial de consumo, dijo este martes un perito, en el juicio a siete profesionales de la salud por la muerte del exfutbolista en Argentina en 2020."Ninguno de los cuatro tubos (de muestras) dio detectable para cocaína, marihuana, MDMA, éxtasis ni anfetamina", dijo el perito bioquímico Ezequiel Ventosi, que analizó las muestras de sangre, de orina e hisopados de Maradona tras su muerte y constató que tampoco había presencia de alcohol.El astro futbolístico argentino, quien tuvo periodos de excesos durante su agitada vida, falleció por un edema pulmonar generado por una insuficiencia cardíaca el 25 de noviembre de 2020 mientras cursaba una internación domiciliaria posterior a una neurocirugía.Las pericias posteriores a su muerte sí detectaron cinco sustancias correspondientes a medicamentos antidepresivos, anticonvulsivos, antipsicóticos y contra las náuseas.El testimonio de Ventosi se dio en la apertura de la cuarta semana del juicio que tiene lugar en San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires cercano a la localidad de Tigre, donde murió el ídolo.En la audiencia del martes, se leyó el testimonio de 2021 del médico personal de Maradona entre 1978 y 2009, Alfredo Cahe, fallecido en 2024.Según el escrito, Cahe vio a Maradona en noviembre de 2020, cuando se recuperaba de una neurocirugía en la Clínica Olivos. Todo le pareció "extraño" y Leopoldo Luque, médico del exdeportista al morir e imputado, no le contestó sus consultas sobre el estado de salud del paciente.La internación domiciliaria "era lo menos indicado" para Maradona ya que "debía estar bajo terapia intensiva con control del corazón constante y continuo", dijo Cahe, quien opinó que hubo negligencia y apuntó la falta de control y de ingesta de medicación cardíaca."Con un correcto seguimiento y control (la muerte) era evitable", aseguró en el testimonio.Además declararon otros tres peritos, entre ellos la anatomo-patóloga Silvana de Piero, que analizó los órganos tras el deceso y detalló que el hígado mostraba signos compatibles con cirrosis, los riñones insuficiencia, los pulmones una patología crónica y el corazón signos de falta de oxígeno.Siete profesionales de la salud (médicos, enfermeros, la psiquiatra y un psicólogo) son acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte. Una octava acusada -enfermera- será juzgada en un proceso separado.Este juicio, que comenzó el 11 de marzo, se prolongará al menos hasta julio con la declaración de decenas de testigos. Los acusados arriesgan entre 8 y 25 años de prisión.
En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Dijín de la Policía Nacional y el Ejército, fue capturado en el occidente de Bogotá Julián David Torres Moreno, ciudadano colombiano requerido por la justicia española por el delito de abuso sexual.De acuerdo con la solicitud de extradición presentada por la Audiencia Provincial de Madrid, Torres Moreno fue condenado en 2019 tras haber agredido sexualmente a una mujer en una fiesta el 15 de junio de 2018, aprovechando que se encontraba en estado de indefensión.Para la fecha de los hechos, el hombre residía en España sin un estatus migratorio regular. Posteriormente, logró evadir a las autoridades y en mayo de 2022 regresó a Colombia, donde permaneció hasta su captura.El arresto se llevó a cabo como parte de los acuerdos de cooperación internacional en materia de búsqueda y detención de fugitivos. Torres Moreno quedó a disposición de la Fiscalía mientras se adelantan los trámites diplomáticos y judiciales para su extradición a España.