Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
En una operación de inteligencia, las Fuerzas Militares frustraron lo que habría sido un atentado terrorista en el suroccidente del departamento del Tolima. Tropas del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con cerca de 30 kilogramos de explosivos pertenecientes al Frente Joaquín González, estructura disidente bajo el mando de alias ‘Calarcá’.El hallazgo se produjo en la vereda Tolda Blanca, en el corregimiento de Playarrica, jurisdicción del municipio de San Antonio,en el sur del Tolima. Según las autoridades, el material explosivo iba a ser utilizado para ejecutar acciones terroristas que ponían en riesgo directo a la población civil y a la infraestructura de la región.De acuerdo con información oficial, la operación fue adelantada por tropas del Batallón de Infantería N.° 18 Coronel Jaime Rooke, unidad adscrita a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional.En el lugar fueron encontrados aproximadamente 30 kilos de explosivos de alto poder, cuya capacidad de afectación, según valoraciones técnicas, habría generado un radio de destrucción cercano a los 40 metros.Junto al material explosivo, las autoridades hallaron dos uniformes similares a los utilizados por la Policía Nacional, panfletos alusivos al Frente Joaquín González y una batería de motocicleta. Para las Fuerzas Militares, estos elementos evidencian la intención de esta estructura ilegal de ejecutar acciones de alto impacto, posiblemente mediante engaños a la población o suplantación de la autoridad.Tras el hallazgo, el grupo antiexplosivos de la Policía Nacional adelantó la destrucción controlada del material, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de operaciones. Los demás elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el avance de los procesos judiciales correspondientes.Según información de inteligencia, este grupo disidente estaría involucrado en actividades como extorsión, control territorial, reclutamiento forzado y acciones violentas contra la fuerza pública y la población civil.
Jhon Mendoza, conocido como alias ‘Jhon mechas’, cabecilla de las disidencias de las Farc, jefe del frente 33, anunció que se mantendrá indefinidamente un cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública. Su grupo delinque principalmente en la región del Catatumbo, Norte de Santander, pero también hace parte del que lidera a nivel nacional alias ‘Calarcá’.Este grupo es responsable de manejar las economías ilícitas, como el contrabando y rutas hacia Venezuela, teniendo incidencia, específicamente, en el Norte de Santander. Además, este sujeto tiene una circular roja de la interpol, debido al atentado terrorista contra el expresidente Iván Duque, que estuvo muy cerca de dejar un resultado trágico en el ataque a un helicóptero, y el ataque a la Brigada 30 del Ejército de Cúcuta.“Hemos tomado la decisión de ratificar públicamente la orientación que nuestras unidades ya vienen cumpliendo. De hecho, el cese de acciones militares ofensivas contra la fuerza pública por tiempo indefinido”, señaló alias ‘Jhon mechas’.Pero, en este pronunciamiento, el jefe criminal aclaró que esta decisión no define o implica que se deje de un lado las armas y el fin de las actividades armadas y se mantienen las confrontaciones con otros grupos, en lo que llaman el legítimo derecho a la defensa.
El Ejército Nacional denunció el secuestro de varios soldados en zona rural del municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, en medio de operaciones militares adelantadas contra el grupo armado organizado ELN.De acuerdo con la Séptima División del Ejército, los uniformados fueron rodeados, retenidos y trasladados de manera arbitraria por un grupo de aproximadamente 200 personas hacia un resguardo indígena, impidiéndoles continuar con su misión constitucional.Según el comunicado oficial emitido este 21 de diciembre, los hechos ocurrieron mientras las tropas desarrollaban labores de seguridad y control territorial orientadas a proteger a la población civil y enfrentar la presencia del ELN en esta zona del departamento. En ese momento, la unidad militar fue interceptada por un numeroso grupo de civiles que bloqueó su movilidad y procedió a retener a los soldados contra su voluntad.El Ejército calificó lo ocurrido como una grave vulneración a la libertad personal, la integridad y la seguridad de los miembros de la fuerza pública, y rechazó de manera categórica cualquier acción que interfiera con el desarrollo de operaciones militares legítimas del Estado. Para la institución, este tipo de hechos no solo afecta el cumplimiento de la misión constitucional de las Fuerzas Militares, sino que también pone en riesgo la vida de los uniformados y debilita la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en regiones golpeadas históricamente por el conflicto armado.En el pronunciamiento, el Ejército hizo un llamado urgente a las autoridades competentes, a los organismos de derechos humanos y a los líderes comunitarios para que se garantice plenamente la integridad física de los soldados retenidos y se permita su pronta y segura liberación. El Ejército hizo énfasis en la necesidad de privilegiar el diálogo y el respeto por la institucionalidad, así como la observancia estricta del marco constitucional, legal y del derecho internacional humanitario.El comunicado también advierte que la privación de la libertad de integrantes de la Fuerza Pública constituye una conducta sancionada por la ley y puede acarrear responsabilidades penales. En ese sentido, el Ejército llamó a abstenerse de este tipo de acciones, que no solo afectan la institucionalidad, sino que pueden involucrar indebidamente a civiles en hechos con consecuencias jurídicas graves.
El Dorado Noche se mantiene como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia, atrayendo cada noche a miles de jugadores que consultan los resultados del chance a través de medios tradicionales, redes sociales y plataformas digitales. Su trayectoria, respaldada por una operación sólida y transparente, lo ha convertido en un referente dentro de los juegos de azar del país, al combinar tradición, accesibilidad y emoción en cada sorteo nocturno.Número ganador de Dorado Noche hoy domingo 21 de diciembre de 2025El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 21 de diciembre de 2025 es: 0249 - 1Número ganador: 0249 Dos últimas cifras: 49 Tres últimas cifras:249 La quinta: 1La quinta balota: más emoción y mayores oportunidadesDesde 2025, el Dorado Noche incorporó una quinta balota, también conocida como número adicional, una innovación que transformó la dinámica tradicional del sorteo. Con este cambio, se amplió el número de combinaciones posibles y, por lo tanto, aumentaron las oportunidades de obtener premios.La inclusión de esta balota extra elevó el nivel de expectativa, ya que el resultado final se define hasta el último momento del sorteo. Esta novedad fue bien recibida tanto por jugadores habituales como por nuevos participantes, quienes encontraron una modalidad más flexible y atractiva. Con esta actualización, el Dorado Noche reforzó su identidad y se consolidó como uno de los chances con mayor participación a nivel nacional.¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?Los premios del Dorado Noche varían según el tipo de jugada y la cantidad de cifras acertadas. El plan oficial de pagos, calculado por cada peso apostado, es el siguiente:4 cifras (directa): paga 4.500 veces la apuesta.4 cifras (combinada): paga 208 veces la apuesta.3 últimas cifras (directa): paga 400 veces la apuesta.3 últimas cifras (combinada): paga 83 veces la apuesta.2 últimas cifras (directa o “pata”): paga 50 veces la apuesta.Última cifra (directa o “uña”): paga 5 veces la apuesta.Estas modalidades permiten que cada jugador elija la estrategia que mejor se adapte a sus preferencias. Mientras algunos optan por apuestas de mayor riesgo con premios más altos, otros prefieren jugadas simples que ofrecen recompensas más inmediatas. En todos los casos, el Dorado Noche ofrece una experiencia versátil y accesible.¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?El Dorado Noche cuenta con horarios oficiales claramente establecidos, lo que facilita la participación y la consulta de resultados. Los sorteos se realizan en los siguientes horarios:Sábados: 10:00 p. m.Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.Este horario nocturno se ha integrado a la rutina de muchos jugadores, quienes suelen cerrar el día revisando el número ganador. Minutos después de cada sorteo, los resultados del Dorado Noche se publican en los canales oficiales, garantizando una consulta rápida, segura y confiable.¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?El proceso para reclamar un premio del Dorado Noche es sencillo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para proteger al jugador y asegurar la transparencia del sorteo. Los pagos se realizan exclusivamente a través de la red Paga Todo, bajo las condiciones definidas por la organización.Desde el 1 de febrero de 2015, todos los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado en el reverso.Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el trámite.Una vez cumplidas estas condiciones, el pago se realiza de forma ágil y segura, reafirmando el compromiso del Dorado Noche con la transparencia y la confianza de sus jugadores.
El Chontico Noche volvió a ubicarse entre los juegos de azar más consultados en Colombia durante las jornadas nocturnas, reafirmando su lugar como uno de los chances más tradicionales del país. Con una identidad estrechamente ligada al Valle del Cauca, este sorteo conserva la confianza de miles de jugadores gracias a su trayectoria, la sencillez de sus mecánicas y la cercanía que ha construido con el público a lo largo de los años.Resultado oficial del Chontico Noche hoy domingo 21 de diciembre de 2025La transmisión oficial del sorteo confirmó la combinación ganadora que definió la suerte de los apostadores en esta jornada nocturna: 4596 - 1Número ganador: 4596 Tres últimas cifras: 596 Dos últimas cifras: 96 Quinta balota: 1Horarios oficiales del sorteoEl Chontico Noche cuenta con horarios oficiales que facilitan tanto la realización de las apuestas como la consulta oportuna de los resultados:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega cada jueves y se destaca por entregar premios especiales, ampliando las opciones disponibles para los participantes.Modalidades de apuesta disponiblesUno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo:Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden de las cifras.Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del sorteo.Esta diversidad convierte al Chontico Noche en un chance flexible, con opciones que van desde apuestas simples hasta jugadas que ofrecen premios más altos.Costos de participaciónEl Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más accesibles en Colombia, ya que permite participar con montos controlados:Apuesta mínima: $500Apuesta máxima: $10.000 por jugadaEstos valores facilitan la participación de un público amplio, sin necesidad de realizar grandes inversiones.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche es claro y sencillo. El ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:Presentar el tiquete original en buen estado.Mostrar un documento de identidad vigente.En el caso de premios de mayor cuantía, el operador puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con sus políticas internas. Cumplir con estos pasos permite un proceso de pago ágil y sin contratiempos, garantizando transparencia y confianza para los ganadores.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, que operaba a través de plataformas de mensajería instantánea y tenía alcance en varios países de América Latina y Europa.La operación se realizó en coordinación con el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América y es que de acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la estructura ilegal utilizaba una aplicación de mensajería en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.A través de ese canal se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves vulneraciones contra menores de entre 5 y 10 años.En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red e incautaron dispositivos electrónicos que contienen material probatorio relacionado con abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores de edad.Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y les fue imputado el delito de pornografía con menor de 18 años.Se trata de Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes no aceptaron los cargos y deberán estar recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso.
La Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario a Nicolás Petro por un presunto incremento injustificado de su patrimonio cuando fue diputado del Atlántico.El presunto incremento patrimonial injustificado en más de 1.189 millones de pesos, entre ellos 400 millones de pesos que confesó haberle entregado Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso 'El Turco' Hilsaca, según dijo, para la campaña Petro Presidente 2022El Ministerio Público formuló pliego de cargos contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por la presunta falta disciplinaria gravísima relacionada con el incremento injustificado de su patrimonio cuando ejercía como diputado del Atlántico entre 2020 y 2023.De acuerdo con el expediente, la investigación disciplinaria surge luego de que Daysuris Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, lo señaló de recibir dineros irregulares de los cuestionados empresarios Samuel Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca, el hijo de Alfonso 'El Turco' Hilsaca supuestamente destinados a la campaña presidencial de Gustavo Petro, pero que habrían sido usados para gastos personales y adquisición de bienes."El entonces diputado del Departamento del Atlántico, habría, presuntamente recibido dinero de forma irregular de los señores Samuel Santander López Sierra y Gabriel Elías Hilsaca Acosta, para la financiación de la campaña presidencial del entonces candidato Dr. Gustavo Francisco Petro Urrego […] dinero del cual se habría apropiado para sufragar sus gastos personales y la adquisición de bienes, entre otros señalamientos expuestos en dicho medio de comunicación y relacionados en el auto de investigación disciplinaria", se lee en al auto de la ProcuraduríaEn ese sentido, la Procuraduría sostiene que Petro Burgos, en 2022, habría incrementado injustificadamente su patrimonio en $1.189 millones, entre ellos 400 millones de pesos que confesó haberle entregado Gabriel Hilsaca, hijo de Alfonso 'El Turco' Hilsaca, según dijo, para la campaña Petro Presidente 2022.Las pruebas recaudadas incluyen testimonios, movimientos financieros y documentos notariales que evidenciarían el incremento patrimonial cuestionado.Con este pliego de cargos, la Procuraduría avanza en la fase de juicio disciplinario contra Nicolás Petro, proceso que se suma a las investigaciones penales que cursan contra el hijo mayor del presidente por los mismos hechos.
Alejandro Carranza, apoderado de Nicolás Petro, le envió una carta a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, solicitándole que se replantee la permanencia de la fiscal Lucy Laborde en los procesos penales que ella lleva contra su cliente.En este documento se cuestiona la carta de la fiscal Laborde, en la cual aseguró que sintió afectada su independencia y autonomía con la asignación de una fiscal de apoyo que no había solicitado.“La misiva pretendía presentarse como un alegato de independencia, denunciando supuestas afectaciones a la autonomía fiscal. Pero la verdad es otra. Aquella carta constituye una estrategia discursiva y política que busca erigir una cortina de humo tan espesa que ahogue a quienes deben ejercer control institucional”, afirmó el abogado en su carta.La defensa del hijo del presidente describe que estas afirmaciones de la fiscal parecen orientadas a salvaguardar intereses particulares, referenciando un tema que ya ha mencionado el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X sobre un presunto beneficio de la fiscal Laborde con las aspiraciones políticas de la precandidata Vicky Dávila. “La fiscal no solo tapa el fraude procesal y el incumplimiento del principio de oportunidad, sino que además utiliza a la prensa como escenario para que Victoria Eugenia Dávila construya una campaña política contra el petrismo”.Sobre la solicitud a la Fiscal para que replantee la permanencia de Laborde en los casos contra su cliente, el penalista afirma que, si lo que la fiscal pide es la protección de su independencia, se debe asegurar de manera coherente.También solicitó que las denuncias penales y disciplinarias presentadas contra la fiscal sean tramitadas con celeridad y revocar el principio de oportunidad concedido a Daysuris Vásquez.
Una declaración de Olmedo López es una de las pruebas que tiene en sus manos la justicia para corroborar lo que ya había dejado en evidencia una investigación de los periodistas David Roncancio y Juliana Casas de la Silla Vacía, quienes a través de videos detallaron el rol que habría tenido el expresidente del Senado Iván Name al dejar la presidencia de esa corporación en manos de la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro para la aprobación de la reforma pensional a cambio de dinero.“La Silla Vacía revisó las transmisiones de todas las plenarias donde se ha discutido la pensional y encontró que Name se fue en 8 de 13 sesiones, casi el 60 por ciento de las sesiones. A veces, luego de pocos minutos de iniciado el debate, incluso en ocasiones tras el himno. Ante sus ausencias, la mayoría de las sesiones fueron presididas por la senadora del petrismo, Maria Jose Pizarro vicepresidenta del Senado”, señalaron los colegas en ese momento.La declaración de OlmedoEn la declaración oficial de Olmedo López a la Fiscalía en julio del 2024, el exdirector explica a la fiscal delegada María Cristina Patiño por qué para ellos era necesario e importante pagarle una coima y “cumplirle” al entonces presidente del Senado Iván Name.La fiscal le pregunta por Name y el exdirector asegura que era “ muy rebelde”. Y que el temor que veía siempre de la exconsejera Sandra Ortiz, también salpicada en el escándalo, era su preocupación por cumplirle. El exfuncionario asegura que Ortiz decía “mire, Olmedo, que hay que cumplirme (a Name), porque ya se estaba viendo en los consejos de ministros que parte del partido Verde no estaba conformado como bancada ni teniendo presidente del Senado del partido Verde .Y que era el mismo gobierno y que Carlos Ramón (Gonzalez) era la cabeza del partido”.A renglón seguido la fiscal Patiño pregunta qué significaba que Name estuviera rebelde. Y López le explica que era “que no estaba contento con el trato que le estaban dando”.“Qué significa… que si necesitaban que convocara para un día especifico, no convocaba a sesiones, que si de pronto que funcionaban las cosas en el Congreso porque era el presidente del orden del día no lo hiciera, eso se llama rebeldía”, aseguró el exdirector.En un siguiente audio, revelado por Blu Radio, la fiscal Patiño indaga por un pacto.“Y ese pacto, para que él cumpliera ese pacto, la única manera que había era votar a favor de las reformas legislativas propuestas por el Gobierno, o había otras maneras en las que él podría cumplir ese compromiso a cambio de la coima, de los recursos de los 3 mil millones de pesos”, pregunta la fiscal. Y Olmedo López explica que “podría darse en que se retirará de la sesión”.Y en ese sentido dice que tenían “la mejor aliada para que manejara el Congreso de la República cuando él se retirará, en su momento, saliera, el señor presidente (Name)… la vicepresidenta (…) La Pizarro, la senadora”.“Ok, porque eso significa entonces, si estoy entendiendo bien que si él no iba o salía, asumía la presidencia la senadora Pizarro”, indaga la fiscal.Finalmente, según lo narrado por el exdirector, Pizarro “le podía dar la palabra a quienes la necesitaban (…) para manejar las circunstancias del debate, para controlar el debate”.Sobre NameCabe recordar que Iván Name fue senador y uno de los miembros fundadores del Partido Verde, fue elegido como presidente del Congreso para la legislatura del 20 de julio del 2023 al 20 de julio del 2024.Fue capturado el 8 de mayo por orden de la sala de instrucción de la Corte Suprema que lo investiga y acusa. Habría recibido una coima de 3 mil millones de pesos que entregó Sandra Ortiz y ordenó Carlos Ramon González.En un consejo de ministros, en abril de este año, el presidente Gustavo Petro dijo que eso era mentira, que el senador Name era enemigo de su gobierno.¿Qué responde la senadora Pizarro?La senadora fue consultada por Mañanas Blu 10:30 y a llegó el siguiente comunicado.“Las declaraciones a las que se hacen referencia no tienen ninguna relevancia para la justicia respecto a mi proceder. Como vicepresidenta del Senado, mi deber constitucional fue presidir las sesiones en ausencia del presidente, y así lo hice, siempre con transparencia y dentro de la ley.Rechazo que se pretenda enjuiciar mediáticamente a partir de versiones que no tienen ninguna relevancia judicial. Aclaro con certeza: no conozco ni he hablado con Olmedo; nunca supe de la relación entre él y Name; y es de público conocimiento que Name actuaba como opositor al gobierno.La suplencia en la presidencia del Senado es una función legal que también ejercieron otros congresistas, como Didier Lobo. No me correspondía indagar sobre las ausencias de Name: era pública su oposición al gobierno y, en muchos casos, su sola presencia garantizaba el quórum.No tengo ninguna investigación en la Procuraduría ni en la Corte Constitucional. Mi proceder ha sido recto, transparente y apegado a la ley. No permitiré que se distorsione la verdad ni se quiera ensuciar mi trasegar político”.Además, habló con Mañanas Blu. María José Pizarro respondió a las acusaciones hechas por Olmedo López sobre presuntos actos de corrupción relacionados con la ausencia del presidente del Senado, Iván Name, y su posterior reemplazo por Pizarro. La senadora niega enfáticamente tener conocimiento de cualquier estrategia política o soborno (coima) que motivara las ausencias de Name, afirmando que su papel como vicepresidenta era simplemente cumplir con su deber constitucional y legal de presidir las sesiones en ausencia del presidente, como lo establece la ley. Pizarro subrayó su comportamiento intachable en el Congreso durante siete años y exige que cualquier acto fuera de la legalidad sea investigado, notando que la justicia no ha encontrado mérito en su contra. Además, la senadora defiende la manera en que dirigió los debates, asegurando que se garantizaron las garantías democráticas para todas las bancadas.
La situación del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, ha generado gran polémica. La periodista María Clemencia Torres, quien además es denunciante del mandatario local, detalló las graves acusaciones que pesan sobre él, que incluyen presunto interés indebido en la celebración de contratos y amenaza a testigos.En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la periodista Torres explicó que el alcalde se inscribió a la Alcaldía de Tunja, en Boyacá, “estando en curso en una inhabilidad”. Específicamente, el alcalde suscribió un contrato el 6 de diciembre de 2022, con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).Según contó, a la fecha de las elecciones (octubre de 2023), “no había transcurrido los 12 meses como ordena la ley”.Una de las aristas más graves de la denuncia se centra en el retiro de una demanda de nulidad de la elección por parte del abogado Juan Sebastián Ramírez. Sostuvo que la razón de este retiro fue por un presunto acuerdo contractual.“Retiró la demanda porque el señor Juan Sebastián Ramírez recibió un contrato con la Alcaldía de Tunja para que retirara la demanda”, recalcó. Este contrato era de prestación de servicios profesionales para Ecovivienda, entidad adscrita a la Alcaldía.Según la denunciante, esta transacción quedó demostrada en la audiencia de imputación, donde la Fiscalía exhibió el material probatorio, incluyendo “WhatsApp, pantallazos” y más de quienes intervinieron para que Ramírez retirara la demanda.Además de la posible obstrucción por medio de contratos, la Fiscalía imputó al alcalde por amenaza a testigos. Torres confirmó que Krasnov amenazó al entonces gerente de Ecovivienda, Eduardo Camargo, quien posteriormente hizo “un principio de oportunidad con la Fiscalía”.Mikhail Krasnov sigue en su cargo, ¿por qué?A pesar de la gravedad de los fallos emitidos por las autoridades, Mikhail Krasnov “en este momento está ejerciendo la función de alcalde”, según aseguró la periodista Torres.Explicó que la situación jurídica es compleja, pues el Tribunal Administrativo de Boyacá declaró la nulidad del acto electoral, aunque este fallo aún está pendiente de apelación ante el Consejo de Estado.Además, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 14 años en un fallo de primera instancia que espera confirmación en segunda instancia. La Fiscalía, por su parte, lo tiene imputado con una medida que le ordena presentarse a los llamados de la justicia y le prohíbe salir del país.Sin embargo, la pregunta central de la controversia es por qué, ante la demostración de la amenaza a testigos y la obstrucción a la justicia, el alcalde no recibió una medida de aseguramiento.La periodista María Clemencia Torres subrayó que se demostró no solo la amenaza al testigo Eduardo Camargo, sino también que “se perdieron documentos de la Alcaldía” del primer contrato que pensaron hacerle a Juan Sebastián Ramírez”.Enfatizó que estos hechos cumplen “dos aspectos fundamentales que le deberían dar medida de aseguramiento intramural”. Por eso, dijo que no entiende “por qué no tiene medida privativa de la libertad.
Un trágico feminicidio tiene conmocionados a los ciudadanos de Sevilla, España, ocurrido en la madrugada del domingo 28 de septiembre de 2025. La víctima, identificada como Yaqueline S., era una mujer de 28 años, madre de una niña. Contaba con nacionalidad española y era originaria de Colombia, al igual que su presunto agresor, Julián David, un joven de 21 años. Los hechos se registraron aproximadamente a las 3:10 de la mañana luego de una fuerte discusión. Según las versiones preliminares, el agresor la hirió con un arma blanca y le causó una herida mortal en el cuello, que acabó con su vida.Tras perpetrar el ataque, el presunto feminicida difundió una historia desde el propio perfil de Instagram de la víctima, en lo que las autoridades señalan como un acto que apunta a humillar a la víctima y a sus seres queridos. Luego del crimen, Julián David intentó quitarse la vida autolesionándose con el mismo cuchillo. El agresor fue asistido por los servicios de emergencia y trasladado al Hospital Virgen Macarena, donde permanece en estado grave. Versiones sobre el asesinato de colombiana en EspañaUna de las versiones preliminares ha indicado que la pareja regresó a su casa después de asistir a una celebración de cumpleaños, donde se desató una fuerte discusión. En medio de la pelea, el joven golpeó brutalmente a la mujer, quien presentó lesiones en la cara y la cabeza. Tras la golpiza, la víctima habría huido, siendo perseguida por el agresor con el cuchillo, quien finalmente la atacó. Otra de las versiones sostiene que Julián la estaba esperando en la puerta, donde la golpeó y luego la apuñaló.Hablan vecinos de colombiano que acabó con la vida de su pareja en EspañaEn entrevista con el Diario de Sevilla, uno de los vecinos de la pareja dio detalles de lo que vivió esa noche. Según dijo: "Escuché a una mujer llorando y gritando desde las tres hasta las seis de la mañana. Debía de ser una amiga de la víctima. Me asomé y vi una ambulancia, tenían la calle cortada”."Nosotros escuchamos golpes de madrugada, parecía como una pelea fuerte. No sé si esa fue la paliza que le dio antes de apuñalarla. Ella no llevaba mucho tiempo viviendo aquí, no sabría decir cómo era”, señaló.
La Fiscalía General de la Nación imputó a 3 hombres responsables de contactar, retener y adoctrinar a jóvenes para vincularlos a estructuras armadas del Clan del Golfo. El caso involucra el secuestro de dos adolescentes en la zona rural de Remedios, Antioquia, quienes fueron sometidos a instrucción en manejo de armas y explosivos, tácticas de patrullaje y emboscadas, mientras recibían amenazas de muerte para forzarlos a integrarse a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés.De acuerdo con el ente acusador, los hechos ocurrieron entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de 2025, cuando los jóvenes fueron trasladados a una finca en la vereda Los Mangos y mantenidos en cautiverio contra su voluntad. La investigación permitió identificar a tres presuntos responsables: Harold Alberto Marín Ríos, alias 'El Mocho'; Jonis David Garzón Gallego, alias 'El Negro'; y Eder Giovanni Sánchez Rodríguez, alias 'Lucas'.Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y entrenamiento para actividades ilícitas. Los tres procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.Durante el proceso investigativo se determinó que Marín Ríos y Sánchez Rodríguez eran los encargados de custodiar y entrenar a los jóvenes, mientras que Garzón Gallego participó en el transporte de las víctimas y en la logística de su permanencia en cautiverio.“Tenemos a Eder Giovanni Sánchez Rodríguez, alias Lucas; cumplía un rol de integrante, persona encargada, entonces, de adoctrinar a los nuevos integrantes de esta organización. Era también uno de los encargados de custodiar a las personas que fueron secuestradas y reclutadas ilícitamente, parte fundamental de esa logística con un componente armado con fusiles AK-47 y revólveres 38”, aseguró el fiscal del caso.La Fiscalía continúa las indagaciones para esclarecer otros posibles hechos similares vinculados a esta red criminal.