Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
El gobierno de Venezuela informó este domingo de la salida desde su país de un buque de la compañía estadounidense Chevron cargado con crudo, en medio de las tensiones con Washington, que ha confiscado dos petroleros en el mar Caribe y hoy realiza una "persecución activa" para interceptar un tercero, como parte de su despliegue militar cerca del país suramericano.La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, anunció en su canal de Telegram el zarpe del buque Canopus Voyager "con petróleo venezolano rumbo a los Estados Unidos", en "estricto apego a las normas y en cumplimento de los compromisos asumidos" por la industria petrolera de su nación.A pesar de la tensión entre Washington y Caracas, Chevron opera en Venezuela asociada con la estatal PDVSA gracias a una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones impuestas al crudo venezolano."Venezuela siempre ha sido y seguirá siendo respetuosa de la legalidad nacional e internacional. ¡Nada ni nadie detendrá a nuestra patria en su camino de avance y victoria!", agregó Rodríguez, quien compartió un vídeo que muestra al barco.El sábado, la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, informó de la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que según la Casa Blanca, se trataba de un buque con "bandera falsa" parte de "la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro".La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, insistió en que el navío "transportaba petróleo de (la estatal venezolana) PDVSA, empresa sancionada", ante los reportes de que el tanquero confiscado no forma parte de la lista de negra de EE. UU.Se trata del segundo confiscado, luego de que el pasado 10 de diciembre Washington incautara el buque sancionado Skipper y el crudo que transportaba.Días después, el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre el gobierno de Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.Caracas rechazó las dos incautaciones como un "robo" e insiste en que ejercerá "todas las acciones correspondientes".Este domingo, EE.UU. realiza una operación para interceptar a un tercer petrolero en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela.Maduro tachó de "piratería de corsarios" estas confiscaciones y dijo su país "tiene 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros".
Colombia se consolida como uno de los países líderes en América Latina en contratación de talento remoto, impulsado por el crecimiento del trabajo digital y la demanda de profesionales por parte de empresas extranjeras. No obstante, para miles de trabajadores, recibir pagos desde el exterior continúa siendo un proceso complejo, costoso y poco transparente.Según un análisis de la plataforma Deel, basado en más de 300.000 contratos a nivel global, Colombia ocupa el tercer lugar en la región con mayor número de contrataciones remotas, después de Argentina y Brasil. A esto se suma un estudio de WeWork Latinoamérica y Page Group, que revela que el 73 % de los trabajadores colombianos está interesado en adoptar modalidades laborales remotas o híbridas.Pese a este crecimiento, los profesionales que facturan en dólares, euros o monedas digitales siguen enfrentando obstáculos como comisiones elevadas, intermediarios bancarios, demoras de varios días y exposición al tipo de cambio. Estas dificultades han llevado a que soluciones tecnológicas busquen cubrir vacíos que el sistema financiero tradicional no ha resuelto del todo.En ese escenario aparece Utoppia, una aplicación financiera dirigida a trabajadores globales, freelancers y nómadas digitales, que permite recibir pagos desde más de 19 países, manejar cuentas en dólares y realizar transferencias entre usuarios de la plataforma. La app también incorpora el uso de stablecoins como USDC y USDT, una alternativa que algunos trabajadores utilizan para reducir el impacto de la volatilidad cambiaria.“No estamos construyendo otra fintech más; estamos creando una plataforma financiera global para la generación del trabajo y la vida remota”, señaló Stefano Angeli, CEO y fundador de Utoppia.Otro de los aspectos que empieza a tomar relevancia es la integración de inteligencia artificial en la gestión financiera. En el caso de Utoppia, la plataforma avanza en pruebas para que los usuarios puedan consultar saldos, programar pagos o automatizar movimientos mediante asistentes de IA, sin necesidad de navegar interfaces complejas.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Una falsa cazatalentos argentina recorrió varios municipios de Colombia prometiendo llevar a niñas futbolistas a jugar en los mejores equipos de Argentina. Sin embargo, habría reclutado a varias menores para explotarlas, obligándolas a realizar labores domésticas mientras sus familias adquirían deudas millonarias.La mujer, identificada como Griselda Alfonso, se presentó en una entrevista al Canal 4 de San José del Guaviare como directora técnica nacional e internacional de fútbol y capacitadora de talentos. En esa ocasión aseguró: “Los jugadores que llevamos creo que van a ser un referente en Argentina para San José del Guaviare”.En diálogo con Noticias Caracol, Oliver Capote, periodista del Canal 4 y quien entrevistó previamente a Alfonso, explicó que la mujer convocaba a las niñas con la promesa de viajar a Argentina, donde supuestamente les haría seguimiento como tutora y las acompañaría a pruebas deportivas. “Les decía que, si rendían adecuadamente, podrían pasar a formar parte de clubes deportivos”, señaló.Según los familiares en Noticias Caracol, la mujer les aseguró a las seleccionadas que ya había gestionado todos los documentos necesarios para el viaje. Una familiar de una de las víctimas relató que Alfonso le indicó “que el Arsenal la había fichado, que había salido favorecida en el deporte y que además tenía una beca para estudiar en la universidad lo que quisiera”.De acuerdo con el testimonio, Griselda exigió inicialmente 4.000 dólares, que debían entregarse en pocas horas para poder viajar, lo que obligó a la familia a adquirir una gran deuda. "Quince días después solicitó otros 4.000 dólares, prometiendo traer el carné del club y un kit deportivo".Las niñas viajaron a Argentina por un mes, pero nunca llegaron a jugar fútbol. “Nos sacaba y sacaba plata, unos 15 millones. Llamábamos a la niña y estaba descalza, sin zapatos, haciendo aseo, preparando el almuerzo, siempre ocupada arreglando”, relató el padre de una de las menores.Una de las niñas logró conseguir un celular y, a escondidas, envió una alerta en la que advertía que estaba en peligro. Tras la denuncia, la mujer fue capturada y las menores fueron rescatadas.
La NBA impuso este domingo una multa de 35.000 dólares al entrenador de los Denver Nuggets, David Adelman, por dirigirse a un árbitro con "lenguaje inapropiado", según anunció la liga."Adelman fue multado con 35.000 dólares por dirigirse en lenguaje inapropiado hacia los árbitros y no abandonar la pista de manera inmediata tras su expulsión", informó la NBA.Adelman fue expulsado anoche en el último cuarto del partido en Denver entre los Nuggets y los Houston Rockets tras recibir una segunda técnica tras reclamar una falta sobre Nikola Jokic.Fue la primera expulsión en la NBA de Adelman, que asumió el banquillo de los Nuggets la temporada pasada.Los Rockets se llevaron el partido por 101-115, cortando una racha de seis victorias seguidas de los Nuggets y vengando la derrota que habían encajado también en Denver cinco días antes.El entrenador de los Rockets, Ime Udoka, había recibido una multa de 25.000 dólares por quejas a los árbitros en ese partido.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, que operaba a través de plataformas de mensajería instantánea y tenía alcance en varios países de América Latina y Europa.La operación se realizó en coordinación con el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América y es que de acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la estructura ilegal utilizaba una aplicación de mensajería en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.A través de ese canal se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves vulneraciones contra menores de entre 5 y 10 años.En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red e incautaron dispositivos electrónicos que contienen material probatorio relacionado con abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores de edad.Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y les fue imputado el delito de pornografía con menor de 18 años.Se trata de Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes no aceptaron los cargos y deberán estar recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de mantener la detención intramural de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, pese a la apelación presentada por sus defensas, dejó a ambos privados de la libertad mientras avanza el proceso por el escándalo de corrupción en la UNGRD. Es así como Bonilla permanece en el búnker de la Fiscalía en Bogotá y Velasco en una sede de la Dijín en Cali, tras una determinación que, aunque fue inicialmente solicitada como domiciliaria por la Fiscalía, terminó siendo más severa.Desde la defensa del exministro de Hacienda, el abogado penalista Mauricio Pava insistió en que la medida de aseguramiento no puede interpretarse como una condena anticipada. “La decisión de la magistrada es preliminar, precautelativa, no es la imposición de una pena anticipada”, aseguró, al tiempo que recalcó que el eje central del proceso debe ser la presunción de inocencia. Según explicó, una vez el ciudadano entra a los estrados judiciales, “todo lo que se discute legítimamente por fuera, en los medios o en el debate público, queda afuera”.Pava fue enfático en señalar que la discusión de fondo apenas comienza y que las conclusiones de la magistrada responden a una valoración inicial. “Esto se tiene que analizar en el juicio. Para nosotros, los abogados litigantes, la presunción de inocencia es estructural en el debate jurídico”, afirmó, dejando claro que la defensa no comparte la tesis de la Fiscalía según la cual Bonilla habría hecho parte de una organización criminal.Al referirse a los hechos concretos del caso, el abogado sostuvo que existen tres grandes ejes en la investigación y que, a su juicio, ninguno compromete penalmente a su defendido. “El tema de los carrotanques de La Guajira no tiene nada que ver con el profesor Bonilla. El de los maletines, tampoco. Y el tercero es una hipótesis de la Fiscalía que nosotros hemos denominado, de manera prosaica, una tentativa de ‘mermelada’”, explicó. Esa hipótesis, agregó, fue acogida preliminarmente por la magistrada, pero tiene un amplio campo de discusión jurídica.Frente a los delitos imputados —concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos—, Pava precisó que se trata de interpretaciones sobre conversaciones y actuaciones administrativas que deberán ser controvertidas en juicio. “No es que las pruebas hablen por sí solas; lo que existe es la interpretación que cada parte hace de ellas: la Fiscalía, la magistrada, la defensa”, señaló.El abogado también defendió la actuación personal de Bonilla durante el proceso. Recordó que renunció a su cargo y que se comprometió a comparecer ante la justicia como cualquier ciudadano. “Ha encarado este proceso con integridad y dignidad, asistiendo a todas las diligencias y asumiendo las consecuencias de las decisiones judiciales”, dijo.Sobre la sorpresa que generó la decisión de enviarlo a la cárcel, pese a que la Fiscalía y la Procuraduría habían solicitado detención domiciliaria, Pava aseguró que no le resultó inesperada. “Llevo 30 años en el ejercicio profesional y he visto posiciones muy estrictas de los jueces. No estamos de acuerdo, por eso recurrimos, pero no me sorprendió”, afirmó.
Una carta de 8 páginas que envió la Corte Suprema de Justicia al magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortés, deja entrever el malestar entre estas dos corporaciones.Allí, la Corte Suprema señala que es una “afrenta a la independencia judicial” el hecho de que ese despacho haya emitido un auto con una serie de pruebas, entre esas, conceptos por parte de universidades de derecho, dentro de la tutela que presentó Bernardo Moreno, exsecretario de la Presidencia durante el Gobierno de Álvaro Uribe, condenado por la 'Yidispolítica', donde busca tumbar su condena de 5 años por el delito de tráfico de influencias.“Pervertir ese orden, como se hace en el auto que decreta nuevas pruebas, oficiosamente, en la revisión de tutela referenciada, significa desconocer toda esa estructura constitucional, comporta una afrenta a la independencia de la Corte en sus decisiones y a su dignidad y jerarquía, porque, sin que se trate de evadir el control de las decisiones cuando en realidad haya lugar a ello y a través de los mecanismos legales, se está propiciando en la práctica que sean personas particulares o entes privados los que validen las decisiones del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria”, se lee en la carta.El motivo de esta carta son las pruebas decretadas por el magistrado Cortés, y es que en un auto fechado el 5 de septiembre, la Sala Segunda de Revisión ordenó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia remitir sentencias claves sobre la figura del delito continuado y pidió a la Sala Especial de Primera Instancia enviar la totalidad del expediente contra Moreno, que supera los 1.600 folios.Además, la Corte Constitucional resolvió invitar a universidades y centros académicos con énfasis en derecho para que emitan conceptos especializados sobre “los alcances dogmáticos y jurisprudenciales del delito continuado y su incidencia en la prescripción de las acciones penales”.Esto le costó duras críticas al magistrado Cortés por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: “Resulta constitucionalmente adecuado que, en contra de la autonomía e independencia judicial, de la dignidad y jerarquía de la Corte Suprema de Justicia, sean particulares o entes privados los que en el fondo escruten de manera vinculante las decisiones de los jueces”, dice la misiva.
La vida de la modelo y exfutbolista paisa, Juliana López, dio un drástico giro en el año 2015. A sus 21 años, López viajó a China, presuntamente con el objetivo de realizar negocios. Sin embargo, el 18 de julio de ese año a su llegada al Aeropuerto Internacional de Guangzhou, las autoridades chinas la detuvieron tras presuntamente descubrir un cargamento de 610 gramos de cocaína ocultos dentro de un computador portátil. Cabe recordar la gravedad de la situación debido a que China mantiene una política de tolerancia cero contra las drogas, donde el tráfico de cantidades superiores a 50 gramos de ciertas sustancias puede llevar a la pena de muerte o a cadena perpetua, sin importar si se trata de ciudadanos extranjeros. López logró evitar la pena de muerte gracias a atenuantes cruciales, como que presentó ante las autoridades mensajes guardados en su celular que demostraban amenazas de muerte dirigidas tanto hacia ella como a su familia si se negaba a transportar la droga. Estos elementos probatorios, sumados a la confirmación familiar de que el computador no le pertenecía, fueron pieza clave para que la justicia china le impusiera una condena de 15 años de prisión. Durante el proceso, también fue detenido Juan Esteban Marín, quien era su novio en ese momento, por sospecha de posesión de narcóticos.Luego de más de 10 años de estar detenida en Guangzhou, la vida de Juliana López, que hoy tiene 31 años, ha estado bajo "presión laboral" y constantes exámenes académicos, según describió en una carta a su madre en 2021. "Amor de mis amores, madre mía, te extraño como a nada en el mundo. La situación aquí es cada vez más estresante. Yo estoy muy bien. Sigo trabajando mucho, mucha presión laboral. Ahora cada mes hacen examen, entonces también presión estudiando", decía la carta. Sin embargo, un nuevo giro en el caso podría cambiar la vida de Juliana. Según expresó la familia de Juliana a La Red, de Caracol Televisión, gracias a su buen comportamiento en la cárcel podría obtener su libertad condicional en el año 2026, cuatro años antes de cumplir su sentencia completa. Además, la joven señaló a su familia que no está en sus planes volver a Colombia, pues argumenta temer por su vida.
Volvió al centro del debate el tema de la Ley de Cuotas en los cargos del Estado. Ahora, la Defensoría del Pueblo le pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarar la nulidad del decreto mediante el cual el presidente Gustavo Petro designó a Eduardo Montealegre como ministro de Justicia.De acuerdo con la intervención presentada por la Defensoría, con la salida de Ángela María Buitrago del Ministerio de Justicia y el ingreso de Montealegre, el gabinete nacional quedó conformado por 10 hombres y 9 mujeres, cifra que incumple el mínimo legal de 10 ministras, equivalente al 50 % más uno en un gabinete de 19 carteras.La Defensoría recordó que el 17 de junio de 2025 envió una carta al presidente Petro advirtiendo sobre el incumplimiento de la norma, sin que hasta la fecha haya recibido una respuesta de fondo.Para la entidad, mantener un gabinete en el que las mujeres representan solo el 45 % constituye una vulneración al principio de igualdad material y a los compromisos internacionales de Colombia en materia de equidad de género.En la demanda, la entidad también solicitó una medida cautelar para suspender provisionalmente el decreto que nombró a Montealegre, mientras el Tribunal decide de fondo la legalidad del acto.Argumenta la Defensoría que permitir que el funcionario siga en el cargo, pese a la posible ilegalidad de su designación, consolidaría una situación discriminatoria contraria a la Constitución.La Defensoría citó, además, precedentes judiciales, como la decisión del Consejo de Estado en 2022, que anuló el nombramiento de un ministro de Defensa por incumplir la cuota de género vigente entonces, como sustento para pedir la nulidad del decreto.“Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, se ordene al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, hacer un nuevo nombramiento que cumpla con lo enunciado en la Ley de Cuotas, que exige un mínimo del 50 % de participación femenina en los cargos decisorios de los ministerios”, se lee en el concepto.Con este pronunciamiento, la entidad busca que el Gobierno cumpla estrictamente la Ley de Cuotas, fortalecida en 2024 para garantizar que al menos la mitad de los ministerios sean ocupados por mujeres, consolidando así la democracia paritaria en Colombia.
La Procuraduría General de la Nación presentó ante el Congreso su séptimo informe sobre la implementación del acuerdo de paz, en el que alertó sobre rezagos críticos en varios puntos del pacto firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC-EP.Aunque el informe reconoce avances normativos y en algunos programas específicos, advierte que persisten fallas estructurales, falta de coordinación institucional y retrasos presupuestales que ponen en riesgo la consolidación de una paz estable y duradera.Reforma rural integral: tierra aún concentrada en pocas manosEl informe del Ministerio Público señala que, pese a los compromisos de adjudicar tres millones de hectáreas y formalizar otras siete millones, apenas se ha adjudicado el 1,19 % (35.584 hectáreas). Aunque se han formalizado 2,8 millones de hectáreas, la mayoría corresponde a comunidades indígenas y no a campesinos sin tierra. La Procuraduría advirtió que la estructura agraria sigue siendo “altamente inequitativa”, con un índice de Gini de 0,89, reflejando una desigualdad casi absoluta.La seguridad de los miembros de la oposiciónLa Procuraduría en su informe advirtió que persisten falencias estructurales en las garantías de seguridad para los partidos y movimientos que se declaran en oposición, a pesar de los compromisos adquiridos en el acuerdo final de 2016 y de la expedición de nuevas normas como el Decreto 638 de 2025, que creó el Programa de Protección Integral.El informe señala que la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía entregan información fragmentada e incompleta, sin variables clave como afiliación política o pertenencia étnica, lo que impide un diagnóstico real de los riesgos. También se resalta la ausencia de un plan estratégico de seguridad y protección actualizado, con indicadores y lineamientos claros, lo que limita la efectividad de las medidas adoptadas.Uno de los hechos más graves reseñados en ese informe fue el magnicidio contra el senador Miguel Uribe Turbay en junio cuando ya se perfilaba como precandidato presidencial la Procuraduría calificó este hecho como de “alto impacto”, al poner en evidencia los riesgos que enfrentan quienes ejercen oposición política en el país.“Este evento evidenció la fragilidad de los esquemas de protección incluso frente a líderes visibles en el escenario nacional”, se lee en el informe.Recursos para la paz: baja ejecución y rezagos financierosEl informe denunció una baja ejecución de recursos del Presupuesto General de la Nación por $8,4 billones, especialmente en el sector agrícola. Además, de los proyectos aprobados por el OCAD Paz, muchos presentan avances físicos y financieros mínimos. El Fondo Colombia en Paz mantiene $2,7 billones sin programaciónEn sus conclusiones el ente de control advirtió que, tras más de ocho años de firmado el Acuerdo, el país enfrenta un nivel de cumplimiento desigual y que las regiones más golpeadas por el conflicto siguen siendo las más rezagadas.Además enfatiza la Procuraduría en la necesidad de un plan de choque urgente, con acciones articuladas entre Gobierno, entidades territoriales y sociedad civil, para garantizar que los compromisos adquiridos se conviertan en transformaciones reales en los territorios.
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente para garantizar la protección integral del joven activista ambiental Francisco Javier Vera, quien ha sido víctima de hostigamientos, estigmatización y violencia digital al punto de verse obligado a salir del país. Según el organismo, estos ataques vulneran sus derechos fundamentales y desincentivan el liderazgo juvenil en la defensa del ambiente y los derechos humanos.El comunicado advierte que los hostigamientos contra Francisco se expresan principalmente en redes sociales, con acusaciones falsas, montajes y comentarios ofensivos. Además, subraya que no cuenta con un entorno protector para ejercer su liderazgo, lo que agrava el riesgo.La Defensoría exigió a las autoridades competentes adoptar medidas urgentes y coordinadas, entre ellas:Fortalecer mecanismos de protección con enfoque diferencial para jóvenes.Investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la violencia.Desplegar estrategias pedagógicas y culturales que valoren a quienes defienden el ambiente.Regular plataformas digitales para frenar la violencia y las amenazas en línea.El organismo expresó su solidaridad con Francisco Javier y su familia, y reiteró que su liderazgo es una voz necesaria para la construcción de un país más democrático, inclusivo y sostenible.La Defensoría contextualizó que la violencia contra el joven ocurre en medio de un panorama crítico para defensores ambientales en Colombia. Según la ONU, en 2023 fueron asesinados 44 defensores, y hasta septiembre de 2024 ya se habían confirmado 15 homicidios adicionales. Por su parte, el informe de Global Witness (septiembre de 2025) ubicó nuevamente a Colombia como el país más peligroso del mundo para quienes protegen la naturaleza: de los 146 defensores asesinados en 2024, 48 eran colombianos, lo que representa el 33 % del total global.Con este panorama, la Defensoría insistió en que proteger a jóvenes como Francisco Javier es clave para garantizar un futuro sano, digno y respetuoso para toda la sociedad.
El juez encargado del caso contra Enrique Pardo Hasche y Samuel Arturo Sánchez, acusados por fraude procesal y soborno a testigos, negó la solicitud de la defensa de las víctimas de realizar un descubrimiento de material probatorio en la audiencia preparatoria. La acción fue solicitada por el abogado Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, en este proceso ligado al expediente en el que también aparecen el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena.Según el juez, la representación de las víctimas debía realizar la solicitud de descubrimiento de pruebas a través de la Fiscalía, el ente acusador, que ya superó la etapa de revelación de pruebas en la audiencia de acusación.Sin embargo, el abogado Villalba apeló afirmando que este proceso no pudo realizarse previamente, pues no estaban reconocidos como víctimas, lo que impidió que ejercieran sus derechos de descubrimiento de pruebas en esa etapa. La apelación ahora será resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá, que definirá si la representación de víctimas podrá presentar su material probatorio en la etapa preparatoria.En este caso, según la Fiscalía, el abogado Sánchez, en 2017, habría actuado en complicidad con el abogado Diego Cadena para mantener firme al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias 'Víctor', en su decisión de cambiar su versión ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo, de acuerdo con la investigación, era afectar el proceso contra el senador Iván Cepeda y beneficiar al expresidente Uribe.En la acusación se expuso que el abogado Sánchez incluso habría redactado, junto a alias Víctor, una carta que fue entregada a Cadena. En ella se hablaba de supuestos actos ilegales atribuidos a Cepeda, con el fin de desacreditarlo ante el alto tribunal.Por su parte, Enrique Pardo Hasche es acusado de participar en las reuniones sostenidas en la cárcel La Picota en febrero de 2018, entre Cadena y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave en el proceso. Según el fiscal, Pardo habría presionado a Monsalve para que se retractara de sus señalamientos contra el exmandatario Uribe, llegando incluso a decirle que el expresidente era “casi como Dios”.El fiscal aseguró que los beneficios ofrecidos a Monsalve, y de los que supuestamente Pardo tenía conocimiento, incluían su eventual ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mejoras en sus condiciones carcelarias.