Las autoridades capturaron a Mario Antonio Modesti, alias ‘Mil Caras’, señalado de estafar y drogar a más de 50 personas en distintas ciudades del país, principalmente en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. De acuerdo con la investigación, las víctimas eran en su mayoría miembros de la comunidad LGTBQ+, quienes fueron contactados a través de aplicaciones de citas.Según el reporte, Modesti, de nacionalidad venezolana, se presentaba como empresario exitoso o extranjero adinerado, incluso asegurando trabajar en el sector petrolero. Tras generar confianza, acordaba encuentros en hoteles o residencias privadas. Una vez a solas, aprovechaba descuidos para contaminar las bebidas con sustancias tóxicas, dejando a las víctimas en estado de indefensión. En entrevista con Testigo Directo, un ciudadano francés, víctima del hombre, relató que “el último recuerdo concretamente es servir la cerveza, hablar un poco y de ahí la memoria se me fue hasta tres días después”. Otra persona afectada aseguró que permaneció “casi una semana caminando como un zombi” debido a los efectos del narcótico.En ese estado, el presunto delincuente accedía a información personal y financiera, logrando vaciar cuentas bancarias y realizar millonarios retiros. En uno de los casos documentados, el hurto superó los 130 millones de pesos, además de sumas en dólares. Las autoridades también establecieron que alias ‘Mil Caras’ robaba pasaportes y documentos, los cuales modificaba para suplantar identidades y cometer nuevos delitos, una práctica que repetía hasta tres veces por semana mientras se desplazaba por diferentes regiones del país.Tras 60 días de seguimiento, la Policía Metropolitana de Bogotá logró su captura. Las investigaciones indican que Modesti tendría antecedentes por hechos similares desde 2007 en Venezuela.Una de las víctimas advirtió sobre los riesgos del uso de estas plataformas digitales, señalando que “cuando uno pone que es extranjero, para un ladrón uno se pone en la puntería”. Las autoridades continúan recopilando denuncias para establecer la totalidad de los afectados y el monto real del dinero hurtado.
El Ministerio de Justicia se pronunció sobre el pedido de extradición a Reino Unido de Zulma Guzmán, señalada de estar detrás del envenenamiento que causó la muerte de dos menores de edad en Bogotá con talio y quien fue capturada en ese país el pasado martes.Ante esto, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, señaló que Reino Unido aún no da el beneplácito para que Zulma Guzmán sea traída de vuelta al país.“Estamos precisamente esperando que dicho beneplácito se dé esta semana para que ya sea cuestión de coordinación entre las entidades del orden nacional de Colombia y del Reino Unido, porque recuerden que ese tipo de situaciones tienen una coordinación de máximo cinco horas. Si todo sale bien, el Gobierno del Reino Unido ya nos dé la autorización para que sea traída a Colombia”, dijo.Ante la pregunta de si existe la posibilidad de que Zulma Guzmán sea extraditada a Colombia antes de que finalice el año, el ministro de Justicia (e) aseguró que ello depende de si la defensa de ella interpone algún recurso.“Esperaríamos que antes de que termine el año llegara, eso está, por supuesto, al margen de cualquier tipo de recurso legal que interponga; entonces, si no hay recursos legales, eso tendría que materializarse esta semana”, aseveró.Zulma Guzmán Castro es requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.
La Fiscalía General de la Nación avanzó en la recuperación de recursos públicos presuntamente desviados en el escándalo de Centros Poblados al imponer medidas de extinción de dominio sobre 23 inmuebles que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en las irregularidades del contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.Blu Radio conoció el listado de los bienes afectados, avaluados en más de 65.900 millones de pesos, que estarían vinculados a los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados. De acuerdo con la investigación, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación y del anticipo que fue entregado de manera irregular.Entre los bienes cobijados por las medidas cautelares se encuentran cinco inmuebles a nombre de la congresista Saray Robayo, actual esposa de Emilio José Tapia Aldana, uno de los principales vinculados al caso. Dentro de estos activos figuran un penthouse ubicado en un edificio de Coveñas; un lote localizado en el municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba; y el predio conocido como El Chinchorro, en Montería.Las medidas de extinción de dominio también alcanzaron un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen. El bien afectado corresponde a un apartamento ubicado en la ciudad de Barranquilla, sobre el cual la Fiscalía impuso una medida cautelar en atención a decisiones de responsabilidad fiscal proferidas por la Contraloría General de la República en el marco del mismo proceso.Según el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los 23 bienes afectados están distribuidos en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. El portafolio de activos incluye predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias, todos bajo análisis de las autoridades judiciales.Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que parte de estos bienes habría sido adquirida mediante la mezcla de recursos lícitos con dineros de origen ilícito, lo que dio lugar a la aplicación de las causales legales de equivalencia, mezcla y destinación. Además, la investigación estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal Centros Poblados habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.
La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de varios de los presuntos responsables del escándalo de corrupción conocido como el caso Centros Poblados, relacionado con el fallido contrato para llevar internet a escuelas rurales del país.La decisión cobija bienes que pertenecerían a Emilio Tapia, Juan José Laverde, Ottomar Lascarro, Luis Fernando Duque y algunos de sus familiares, todos señalados de haber tenido participación en las irregularidades detectadas en el contrato suscrito entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Unión Temporal Centros Poblados.De acuerdo con el director de Extinción del Derecho de Dominio, José Iván Caro, los bienes afectados superan los 65.900 millones de pesos y se encuentran ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño. Entre los activos objeto de la medida se encuentran predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y participaciones societarias.Según los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, estas propiedades habrían sido adquiridas con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas identificadas en el proceso de contratación, así como del anticipo que fue recibido de manera irregular por la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato tenía como objetivo la instalación de centros digitales en 16 departamentos del país, iniciativa que finalmente no se ejecutó conforme a lo pactado.En el desarrollo de la investigación, el ente acusador determinó que parte de los bienes fueron obtenidos mediante la combinación de recursos de origen lícito con dineros producto de actividades ilícitas, lo que dio lugar a la aplicación de las causales de equivalencia, mezcla y destinación previstas en la legislación de extinción de dominio. Además, se estableció que las sociedades que integraron la Unión Temporal habrían sido utilizadas como instrumento para la comisión de las irregularidades contractuales.De manera adicional, y en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, la Fiscalía también impuso una medida cautelar sobre un inmueble de propiedad de la exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Karen Abudinen, en el marco del mismo proceso.Las medidas fueron adoptadas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, tras establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados en el contrato de Centros Poblados. Con esta actuación, la Fiscalía busca recuperar bienes que, presuntamente, fueron adquiridos con dineros públicos y garantizar su eventual incorporación al patrimonio del Estado, mientras avanzan los procesos judiciales contra los responsables del entramado de corrupción.
La NBA impuso este domingo una multa de 35.000 dólares al entrenador de los Denver Nuggets, David Adelman, por dirigirse a un árbitro con "lenguaje inapropiado", según anunció la liga."Adelman fue multado con 35.000 dólares por dirigirse en lenguaje inapropiado hacia los árbitros y no abandonar la pista de manera inmediata tras su expulsión", informó la NBA.Adelman fue expulsado anoche en el último cuarto del partido en Denver entre los Nuggets y los Houston Rockets tras recibir una segunda técnica tras reclamar una falta sobre Nikola Jokic.Fue la primera expulsión en la NBA de Adelman, que asumió el banquillo de los Nuggets la temporada pasada.Los Rockets se llevaron el partido por 101-115, cortando una racha de seis victorias seguidas de los Nuggets y vengando la derrota que habían encajado también en Denver cinco días antes.El entrenador de los Rockets, Ime Udoka, había recibido una multa de 25.000 dólares por quejas a los árbitros en ese partido.
Regalar algo a una mascota puede parecer fácil, pero la realidad es otra. Muchos dueños se han topado con la frustración de ver que esos detalles que parecían tan geniales terminan acumulando polvo; sin embargo, estas son algunas ideas de regalo para esta Navidad.Juguetes que se rompen en días, accesorios que no encajan con los gustos del animal o elementos que nadie usa. Con el auge de la tecnología el cuidado animal también ha evolucionado, ahora la pregunta clave es ¿esto realmente le sirve y mejora su vida y la mía?La tecnología para mascotas ha ido más allá de simples luces o ruidos llamativos. Hoy existen soluciones conectadas que facilitan tareas diarias, brindan seguridad y reducen la ansiedad de los dueños cuando no están en casa.Cuatro ideas de regalo para su mascota en esta NavidadEstas son algunas ideas útiles que van más allá de un juguete, una prenda o un collar para darle a esos seres que también hacen parte de la familia.1. SeguridadPerder de vista a una mascota es una de las mayores angustias para cualquier dueño. Actualmente, los dispositivos de localización han evolucionado para ofrecer funciones más completas que simplemente “marcar un punto en el mapa”.Por ejemplo, hay rastreadores GPS que no solo muestran la ubicación en tiempo real, sino que también monitorean la actividad física y pueden alertar si el animal de compañía sale de una zona segura. Estos sistemas suelen conectarse a una red celular o usar GPS tradicional y pueden transmitir información directamente al teléfono del dueño.2. HidrataciónLa hidratación es un aspecto que suele descuidarse, especialmente en gatos, que a menudo prefieren agua en movimiento. Los bebederos automáticos y fuentes de agua que mantienen el líquido circulando no solo hacen que el agua sea más apetecible, sino que también reducen la proliferación de bacterias al evitar el estancamiento.Lea también: (El nuevo producto de D1 ideal para las novenas de diciembre; hasta los niños disfrutan).Mantener agua fresca disponible continuamente puede tener beneficios directos en la salud renal y general de la mascota.3. AlimentaciónUno de los problemas más comunes es controlar la alimentación cuando los dueños tienen jornadas largas de trabajo en el día o no están en casa. Los comederos automáticos inteligentes permiten programar porciones y horarios, enviando notificaciones al celular y asegurando que los animales coman de forma regular y equilibrada.Algunos modelos también incorporan cámaras o funciones de interacción remota, lo que ayuda a mantener una rutina más saludable y reducir la ansiedad por dejar sola a la mascota.4. VigilanciaAdemás de dispositivos de alimentación y localización, la tecnología para mascotas se ha expandido a otros ámbitos: cámaras con visión nocturna para vigilar cuando el dueño no está en casa; juguetes interactivos que estimulan mentalmente a los animales; e incluso herramientas que, a través de sensores, pueden analizar patrones de actividad y comportamiento para anticipar problemas de salud.¿Los objetos responden a necesidades reales?La clave para elegir un buen regalo para una mascota no está en lo llamativo o moderno que parezca, sino en cuánto responde a necesidades reales como:La seguridad: un dispositivo que ayuda a localizar y monitorear la actividad de la mascota es bastante útil.Hidratación y alimentación: asegurar la alimentación y el agua adecuada es crucial para que el perro o gato tenga una buena salud intestinal.Vigilancia: si el animal de compañía permanece mucho tiempo solo, un dispositivo de vigilancia es una buena opción para monitorearlo, interactuar y hacer seguimiento desde el celular.Aunque la tecnología ha venido avanzando, hay que recordar que tener una mascota es una responsabilidad, por lo cual no sustituye el cuidado y la atención que se le debe brindar a estos seres; no obstante, pueden ayudar a aliviar cargas, prevenir problemas y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía.
Una extensa y poco habitual rueda de prensa del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reactivó el debate sobre la política exterior estadounidense hacia Colombia y Venezuela, así como el papel del presidente Donald Trump en los procesos electorales de la región. Así lo explicó el analista Juan Camilo Merlano, en entrevista con Sala de Prensa Blu desde Washington, tras participar en el encuentro con la prensa internacional.Merlano calificó el evento como “inédito”, tanto por su duración —más de dos horas— como por su formato. “Fue una rueda de prensa bilingüe, algo que nunca se había visto en un secretario de Estado. Incluso algunos colegas estadounidenses estaban estresados porque no podían entender gran parte del español cubano tan marcado de Marco Rubio”, señaló.Según explicó, Rubio abordó de manera amplia temas clave de América Latina, especialmente la relación con Colombia y el escenario electoral que se avecina en el país.Elecciones en Colombia y postura de Estados UnidosUno de los momentos más comentados fue la pregunta de Merlano sobre una posible interferencia de la administración Trump en las elecciones presidenciales colombianas, un antecedente que, según recordó, ya se ha presentado en otros países de la región.“Le preguntamos si la buena relación con Colombia iba a depender de que el pueblo colombiano escogiera un presidente bien visto por Estados Unidos”, explicó Merlano. De acuerdo con su relato, Rubio respondió que no se trata de una discusión ideológica. “Estados Unidos lo que quiere es un presidente con el que pueda trabajar”, afirmó el secretario de Estado, aunque reconoció que las relaciones con el actual Gobierno colombiano están “muy afectadas”.Rubio añadió que, si el presidente Gustavo Petro cambia su postura, “quizás podríamos hablar con él, pero eso no parece que vaya a ser”, una frase que, según Merlano, deja abierta la incertidumbre de cara a 2026.Venezuela, incautaciones y escalamientoOtro eje central fue Venezuela. Merlano indicó que Washington se muestra satisfecho con la incautación de buques petroleros. “Ya han hecho tres y van a seguir haciéndolo. Creen que esto puede asfixiar aún más al régimen”, afirmó.No obstante, aclaró que, aunque el objetivo sigue siendo la salida de Nicolás Maduro, “no parece que el año vaya a terminar con Maduro por fuera de Miraflores”.Opinión pública y narrativa política en EE. UU.En el plano interno, Merlano destacó que la mayoría de los estadounidenses rechaza una intervención militar directa. “El 70,71 % está en contra de una acción directa para sacar a Maduro”, citó, con base en una encuesta de CBS.Aun así, sostuvo que la administración Trump mantiene un fuerte control del relato público. “Tienen una habilidad muy grande para manejar la narrativa y convertir cualquier situación en una victoria política”, concluyó, en referencia al primer aniversario del actual mandato presidencial.Escuche la entrevista completa acá:
Descubra las recomendaciones más destacadas para disfrutar de una vida plena y equilibrada con Encuentros Blu, este domingo 21 de diciembre de 2025.John Alexander Taborda Giraldo es profesor de la Universidad del MagdalenaInvestigador senior y doctor en Ingeniería Electrónica, profesor de la facultad de ingeniería. Conversa sobre el nuevo programa de ingeniería energética.Sandra Viviana Muñoz, médica de CoomevaHabla sobre los 50 años de la empresa y los productos que ofrece a las personas para mejorar sus vidas como la medicina prepagada.Elkin Vera Rodríguez, director de la fundación CoteinConversa sobre el apoyo que brindan a personas con problemas de adicciones y su prevención, especialmente en el consumo de sustancias psicoactivas (spa) y alcohol.Tatiana Yelena Rodríguez, directora de la fundación SiriusHabla sobre el trabajo por la inclusión social de personas con discapacidad visual y las labores por los derechos humanos, culturales, sexuales y reproductivos de esta población.Escuche el programa completo aquí:
El actor estadounidense James Ransone, de 46 años, fue hallado sin vida el pasado viernes 19 de diciembre de 2025 en una vivienda de Los Ángeles, según confirmaron autoridades locales. De acuerdo con el informe de la oficina del médico forense del condado, la muerte fue clasificada como suicidio.El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) indicó que atendió el caso tras recibir una llamada de emergencia y precisó que no se encontraron indicios de intervención de terceras personas ni señales de un hecho criminal.Ransone, nacido en Baltimore, desarrolló una sólida carrera en cine y televisión, destacándose por su trabajo en papeles secundarios de alto impacto dramático. Fue ampliamente reconocido por su interpretación de Ziggy Sobotka en la serie The Wire (HBO) y por encarnar a la versión adulta de Eddie Kaspbrak en It: Capítulo dos y Su carrera también incluye participaciones en producciones como Generation Kill, Sinister, Tangerine y, más recientemente, El teléfono negro y su secuela, consolidándose como un actor recurrente en el género dramático y de terror.Cabe recordar que el actor había hablado públicamente sobre sus procesos de recuperación frente a la adicción y, en 2021, reveló haber sido víctima de abuso sexual durante su infancia. Tras conocerse su fallecimiento, su esposa Jamie McPhee, con quien tuvo dos hijos, compartió un enlace para recaudar fondos en apoyo a la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI), con el objetivo de promover la prevención y el acompañamiento en temas de salud mental.Las redes sociales de Ransone mostraban una actividad limitada. Su última publicación en Facebook data de 2023, donde compartió una fotografía en blanco y negro junto a un bebé y su mascota.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, información detallada y actualizada sobre el proceso de cesión de la posición contractual en el bloque gasífero Sinú-9, un contrato que ha generado alertas por presuntas irregularidades que incluyen señalamientos de tráfico de influencias, ocultamiento de accionistas y posibles vacíos en la cadena de titularidad de los intereses económicos.El ente de control recordó que el contrato de Exploración y Producción de Hidrocarburos E&P No. 25, correspondiente al área Sinú-9, ha registrado múltiples operaciones desde su adjudicación en 2014. Según la Procuraduría, en este periodo se han presentado diversos negocios jurídicos que involucran compra y venta de participaciones e incrementos en los porcentajes de inversión.El requerimiento fue elevado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, en el marco de actuaciones preventivas relacionadas con la transferencia de la participación mayoritaria del contrato. Actualmente, la multinacional Maurel & Prom (M&P) firmó para adquirir el 61 por ciento de la licencia de exploración y producción del bloque Sinú-9, lo que activó la revisión del órgano de control.El bloque Sinú-9 ha estado en el centro de la atención pública por la mención del inversionista Serafino Iacono, empresario del sector de petróleo y gas, quien también ha sido relacionado con la venta del apartamento 901 a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, un negocio por el cual la Fiscalía ya avanzó con el interrogatorio, para establecer si la compra del apartamento que hizo Roa al empresario Iacono se hizo de manera legal o si detrás de la transacción pudo haber existido una estrategia para comprometer presuntamente contratos de Ecopetrol antes de que Roa asumiera la presidencia de la compañía.Sin embargo, en un comunicado, el empresario Iacono ha señalado que ya no hace parte de la administración de NG Energy, empresa que en 2017 adquirió una participación en Sinú-9 mediante acuerdos con Clean Energy.En la solicitud, la Procuraduría advirtió que en las solicitudes recibidas se exponen presuntas irregularidades asociadas a la titularidad real de los intereses económicos, la sucesión de cesiones contractuales y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato. Por ello, señaló la necesidad de contar con información integral que permita tener un panorama completo de la situación jurídica, contractual y administrativa tanto del contrato como del trámite de cesión en curso.En ese sentido, la Procuraduría solicitó a la ANH un informe detallado que consigne, de manera cronológica, todas las modificaciones en las participaciones de los contratistas del bloque, incluyendo la identificación de cada uno de los inversionistas que han tenido vínculo con el contrato. El requerimiento también abarca a aquellos cuya participación no es visible para el mercado, pero cuyos contratos reposan en los registros de la Agencia.Adicionalmente, el procurador Marcio Melgosa pidió establecer si la ANH ha adelantado actuaciones para verificar el estado procesal actual de los procesos judiciales relacionados con el contrato de Sinú-9, así como las pretensiones formuladas y el posible impacto que podrían tener sobre la cesión de participación actualmente en trámite.La ANH cuenta con un plazo de cinco días hábiles para responder el requerimiento de la Procuraduría. Hasta tanto no se emita un pronunciamiento posterior del órgano de control, la definición sobre la cesión de la participación en el bloque Sinú-9 quedará en suspenso, en un proceso que ahora es objeto de vigilancia preventiva por parte del Ministerio Público.
El caso de Zulma Guzmán Castro se remonta a abril de este año en Bogotá, cuando un regalo terminó convertido en una tragedia. Dos menores de edad, identificadas como Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, de 13, fallecieron tras consumir frambuesas cubiertas con chocolate que fueron enviadas a su vivienda a través de un servicio de mensajería.Las investigaciones establecieron que las frutas contenían talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro, que habría sido introducido de manera intencional. La sustancia no solo causó la muerte de las menores, sino que también afectó la salud de otros dos integrantes de la familia.Según la hipótesis de la Fiscalía, el doble homicidio estaría motivado por una venganza personal, relacionada con una presunta relación sentimental extramatrimonial que la empresaria habría sostenido con el padre de una de las víctimas.Tras la muerte de las niñas, Guzmán Castro abandonó el país y emprendió una huida por varios países de Suramérica y Europa, entre ellos Argentina, Brasil y España, hasta ingresar finalmente al Reino Unido el pasado 11 de noviembre.La ubicación de la sospechosa en Londres se logró gracias a un detalle clave: en una transmisión de video se le observó consumiendo agua embotellada de una marca que solo se comercializa en territorio británico. Días después, cerca del puente de Battersea, fue rescatada del río Támesis por la Policía Metropolitana, tras un presunto intento de suicidio.Actualmente, la Fiscalía General de la Nación formalizó ante el Gobierno británico la solicitud de extradición para que responda en Colombia por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio.De acuerdo con una investigación revelada por el diario El Tiempo, el pasado 6 de abril de 2025, cuando Forero ya había fallecido y la otra niña, De Bedout, permanecía en estado crítico en una clínica, Zulma Guzmán habría comprado nuevos paquetes de frambuesas.El primer pedido se realizó a la 1:53 de la tarde y, dos horas después, habría efectuado un segundo encargo que incluía frambuesas, tomates, cebollas y aguacates, por un valor total de 29.900 pesos.Sobre la recepción de estos pedidos, un detective entrevistado por El Tiempo indicó que Juan De Bedout —quien reconoció haber sostenido una relación extramatrimonial con Guzmán— fue interrogado. “Solo se tienen nombres, no apellidos. El señor manifestó desconocer si las receptoras pertenecen o no a su entorno, aunque admitió conocer al menos a una persona con uno de esos nombres”, señaló el investigador.Cabe recordar que Zulma Guzmán ha asegurado que dichas compras correspondían a su dieta personal y ha negado de manera reiterada cualquier responsabilidad en la muerte de las menores.
Un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en Ciudad de México el pasado 23 de agosto de 2023 volvió a causar conmoción luego de que Pamela Rivera reconstruyera los hechos que terminaron en el asesinato de su madre y su abuela, y con la muerte posterior de su padre, Óscar Rivera, exbeisbolista profesional.Rivera tuvo una destacada trayectoria deportiva, con paso por organizaciones como los Dodgers y la liga mexicana. Sin embargo, tras su retiro del deporte profesional, su situación personal se deterioró progresivamente. Según el testimonio de su hija en el podcast Vos Podés, el ascenso laboral de su esposa, quien comenzó a ocupar cargos directivos, coincidió con una etapa marcada por depresión, consumo desmedido de alcohol y episodios de violencia psicológica y física.La convivencia familiar se agravó durante el confinamiento por la pandemia, periodo en el que, de acuerdo con Pamela, las discusiones constantes y las conductas de control se intensificaron. A pesar del entorno violento, su madre no logró alejarse del agresor, en parte por un sentimiento de compasión. “Mi mamá decía que lo quería dejar pero nunca lo pudo dejar porque decía ‘Ay pobrecito ¿a dónde se va a ir, qué va a hacer de su vida?’”, relató.La mañana del 23 de agosto, Pamela despertó tras escuchar gritos provenientes del interior del apartamento. Al salir de su habitación encontró a su abuela, de 78 años, amarrada con un cinturón y sin conocimiento. Al intentar intervenir, su padre se encerró bajo llave en la habitación principal del inmueble.Mientras las autoridades eran alertadas, Rivera envió un mensaje de texto a su hija, en el que se despedía y daba indicaciones sobre los bienes familiares. Pamela recordó el contenido del mensaje: “Me manda un mensaje larguísimo pidiendo disculpas... ‘perdóname flaquita, lo que hice no es su culpa, ni de mis hermanos. Esto es de ustedes, un terreno, la casa, es de ustedes’”.Cuando la policía logró ingresar a la vivienda, halló sin vida a la madre y a la abuela. De acuerdo con las autoridades, la madre habría sido agredida físicamente antes de recibir un disparo, mientras que la abuela murió tras ser golpeada con la cacha del arma cuando intentó defender a su hija.El agresor fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció en estado vegetal durante siete días. Falleció el 31 de agosto. El hecho dejó a Pamela y a su hermana menor, de nueve años, enfrentando un proceso legal por la sucesión de bienes.Además del impacto emocional, Pamela aseguró haber sido blanco de señalamientos en redes sociales y críticas por parte de familiares que la responsabilizaron por no haber evitado la tragedia. Hoy, afirma que su prioridad es la recuperación emocional y visibilizar la importancia de la atención oportuna en salud mental. “Muchas cosas se hubieran arreglado o calmado si hubieran prestado atención... ¿qué tal si en vez de las drogas y el alcohol hubiera sido la terapia o el amor propio?”, reflexionó.
La Fiscalía solicitó al Ministerio de Justicia tramitar con el gobierno del Reino Unido la extradición de Zulma Guzmán Castro, requerida por la justicia por su presunta responsabilidad en un caso de homicidio agravado que dejó dos niñas muertas y otras dos personas gravemente afectadas, por ingerir frambuesas envenenadas con talio.Guzmán fue detenida esta semana por las autoridades británicas tras la activación de una notificación roja de Interpol. Su localización se produjo en Londres, a orillas del río Támesis, cerca del puente Battersea, luego de un seguimiento internacional que permitió establecer su salida de Colombia y su paso por varios países de América Latina y Europa.La Fiscalía explicó en la solicitud dirigida al ministro de Justicia, Andrés Ibarraga que, tras abandonar el país, la mujer estuvo en Argentina, Brasil y España, antes de ingresar al Reino Unido en noviembre de este año.La investigación penal se originó luego de la muerte de dos niñas que, junto con otros miembros de su entorno familiar, consumieron frambuesas cubiertas de chocolate que estaban contaminadas con talio, un metal pesado altamente tóxico, incoloro e inodoro. El alimento llegó a la vivienda como un supuesto regalo, entregado por un domiciliario, lo que inicialmente generó confusión sobre el origen del envenenamiento y retrasó la identificación de una causa intencional.Según el expediente judicial, los estudios descartaron por completo un accidente o una contaminación fortuita. El talio habría sido incorporado deliberadamente con la intención de causar daño grave o la muerte a quienes los consumieran. La Fiscalía señala a Zulma Guzmán Castro como la persona que habría gestionado el envío de las frambuesas a la vivienda donde se encontraban las víctimas.De acuerdo con la hipótesis del ente acusador, el caso estaría relacionado con un presunto acto de venganza, motivado por una relación sentimental extramatrimonial que Guzmán habría sostenido con el padre de una de las menores fallecidas. Este aspecto, aunque mencionado en el proceso, continúa siendo materia de investigación y análisis probatorio.Tras conocerse la muerte de las niñas, Guzmán salió del país con destino a Argentina, un hecho que reforzó las sospechas en su contra. Posteriormente, la Fiscalía solicitó una orden de captura ante un juez de control de garantías y tramitó la circular roja de Interpol para facilitar su ubicación y detención en el exterior.En el documento de formalización enviado a las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía colombiana expone los hechos, las pruebas recaudadas y los delitos por los cuales es requerida Guzmán, entre ellos homicidio agravado cuando la víctima es menor de edad y tentativa de homicidio. La solicitud se sustenta en tratados de cooperación judicial vigentes entre ambos países.
Gloria Mejía, oriunda de la zona rural de El Concilio, en Salgar, Antioquia, y sobreviviente de los ataques de Carlos Rivera, más conocido como el “monstruo de Tabio”, dio su testimonio en el pódcast Conducta Delictiva, donde relató detalles del ataque que sufrió.La mujer contó que en el pueblo comenzaron a circular rumores sobre hechos extraños relacionados con varias mujeres. “Una mujer de la tercera edad apareció muerta y había sido víctima de violación, ocho días después de que su familia estuviera buscándola”, relató.Según explicó, un año después aumentaron los rumores de ataques sexuales contra mujeres de la zona. Tras registrarse tres casos de muerte con características similares, el pánico se apoderó de la comunidad rural.Cabe recordar que este hombre es señalado de acechar y agredir a más de ocho mujeres en zonas rurales de Colombia entre 2019 y 2024. El sujeto, que solía camuflarse como un trabajador de fincas cafeteras, utilizaba hasta diez identidades falsas para evadir a las autoridades, mientras seleccionaba a sus víctimas —mujeres de diferentes edades— para atacarlas en caminos solitarios durante la madrugada.Gloria relató que aquella madrugada, fue interceptada por un hombre encapuchado que intentó golpearla con un garrote. Sin embargo, tras un forcejeo en el que el agresor cayó al suelo, ella logró huir y alertar a la comunidad.“Él me mandó el garrotazo, pero yo reaccioné de inmediato y con la mano derecha le di un puño, tumbándole el palo que tenía en la mano”, contó.Después del ataque, asumió un rol activo en la búsqueda de justicia, recolectando pruebas como la vestimenta del sospechoso y colaborando en la elaboración de un retrato hablado, el cual fue clave para que los investigadores siguieran su rastro.“Lo cogí del pelo, le quité la camisa y yo pensaba: ‘yo a este lo he visto en alguna parte’. A este hombre yo lo vi sentado en la tienda de la vecina, este hombre fue el que se me fue encima el día de los cumpleaños", recordó.Pese a que el sospechoso fue capturado en 2023 tras un incidente en Tabio, las sobrevivientes denuncian que, aunque presuntamente estaría vinculado a 11 casos de agresiones y feminicidios, actualmente solo estaría cumpliendo condena por un único proceso. Otros expedientes, incluido el de Gloria, habrían sido archivados o descuidados por el ente acusador.
En la tarde de este viernes, 19 de diciembre, fueron legalizadas las capturas de los exministros del gobierno Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, por su presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).Se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura contra los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía, habrían hecho parte de un entramado criminal en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.Bonilla fue capturado minutos después de que finalizara la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá, en donde se conoció que la medida era intramural, es decir, cárcel para ambos exministros del gobierno del presidente Gustavo Petro.Mientras tanto, Luis Fernando Velasco se entregó voluntariamente en Cali, ciudad donde reside actualmente.Durante la diligencia la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría le pidieron a la magistrada Leonor Oviedo, que impartiera legalidad sobre las capturas de Velasco y Bonilla.Asimismo, ambos exministros aseguraron durante la audiencia que al momento de sus capturas les fueron respetadas todas sus garantías procesales.La magistrada Oviedo señaló que los exministros podrían ser traslados a la Cárcel la Picota de Bogotá o al sitio de reclusión que asigne el Inpec.Entre los principales argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Bogotá para imponer medida intramural, está la persistencia del riesgo institucional y el estado en el que se encuentra la actuación procesal. La magistrada Aura Alexandra Rosero consideró que la detención domiciliaria no resulta suficiente para neutralizar los riesgos advertidos, al no impedir de manera eficaz la posibilidad de articulación indirecta, influencia institucional o interferencia funcional, propias ,según indicó, de estructuras criminales que operan desde niveles altos de poder y bajo esquemas de aparente legalidad.
La muerte de la jueza Vivian Polanía sigue rodeada de interrogantes. La funcionaria judicial fue encontrada sin vida el pasado miércoles 17 de diciembre en su apartamento, ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, junto a su hija de apenas dos meses de nacida, quien fue hallada en buen estado de salud.De acuerdo con el primer reporte entregado por las autoridades, el cuerpo de la jueza fue encontrado en su habitación, sobre la cama y cubierto con una cobija. “En la habitación donde residía la jueza la encontramos muerta en su cama, arropada, y al lado se encontraba un bebé de aproximadamente un mes y medio”, explicó el coronel Fabio Ojeda en diálogo con Mañanas Blu.La Policía indicó que, en una primera inspección, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia. No obstante, fue trasladado a Medicina Legal, entidad que deberá establecer con exactitud las causas del fallecimiento. Las autoridades también señalaron que la menor habría permanecido cerca de 12 horas sin recibir alimento antes de ser encontrada.Vivian Polanía contaba con un esquema de protección asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a su labor como jueza. Según se informó, la última comunicación que sostuvo fue alrededor de las 8:00 de la noche del día anterior a su muerte.Mientras avanzan las investigaciones, Luis Alexander Maldonado, abogado y amigo cercano de la jueza, entregó detalles sobre el contexto personal y profesional de Polanía. En sus declaraciones, destacó que la funcionaria había recibido múltiples amenazas por sus decisiones judiciales. “Ella tenía muchas amenazas por ser jueza de procesos contra bandas criminales. Negaba beneficios a integrantes de organizaciones delincuenciales. Por eso tenía esquema de protección. Era una jueza incorruptible”, afirmó.Maldonado también recordó que Polanía fue jueza de garantías en el caso de los responsables del asesinato del periodista Jaime Vásquez, un proceso de alto impacto que reforzó su perfil como funcionaria estricta frente al crimen organizado.El abogado rechazó las versiones que apuntan a un posible suicidio y aseguró que la jueza atravesaba un buen momento personal. “Ella estaba feliz con su bebé. Decir que se suicidó no tiene sentido. Vivía en un conjunto cerrado, al que era muy difícil que alguien ingresara. Será Medicina Legal quien determine realmente qué ocurrió”, señaló.Finalmente, frente a la circulación de unos audios en los que la jueza hablaba de presuntos conflictos con una expareja, Maldonado aclaró que esa situación ya había sido superada. “En las grabaciones se refiere a problemas de convivencia con una expareja, pero entiendo que eso ya se había solucionado”, aseguró en declaraciones a El Tiempo.
La decisión de la JEP hace parte del macrocaso que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por integrantes del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, en el Cesar, entre 2002 y 2005, periodo durante el cual la jurisdicción acreditó la participación de miembros del Ejército en homicidios presentados como bajas en combate.El fallo también incluyó medidas de reparación simbólica dirigidas a las víctimas y a sus familias.Declaración de la defensa:Tras la notificación del fallo, el equipo jurídico del coronel Mejía afirmó que presentará y sustentará el recurso de apelación ante la JEP, al no estar conforme con la decisión de la Sala.“Lo siguiente en el caso del coronel Mejía ante la Jurisdicción Especial para la Paz es la presentación y sustentación del recurso de apelación a la sentencia que hoy nos fue notificada a las partes y al país. Este recurso será interpuesto por la defensa al no encontrarnos conformes con la decisión adoptada por la sala”, indicó la defensa.El abogado reiteró que el oficial no es responsable de los hechos por los cuales fue condenado y aseguró que la defensa acudirá a todos los mecanismos judiciales disponibles para que se le respete el debido proceso y su inocencia.“Tenemos muy claro que si él hubiese sido responsable de las conductas por las que fue condenado, la JEP tiene mecanismos para conceder beneficios a quienes aceptan esa responsabilidad y sin duda hubiese acudido a ellos. Pero reiteramos: él no es responsable y, por consiguiente, seguiremos en ese debate para demostrar su inocencia”, agregó la defensa.Medidas reparativas ordenadas por la JEP:Además de la condena, la sentencia dispuso un conjunto de medidas simbólicas de reparación. Entre ellas, ordenó al Ministerio de Defensa revocar las condecoraciones y felicitaciones otorgadas al coronel Publio Hernán Mejía por los resultados operacionales vinculados con los hechos representativos del patrón de macrocriminalidad probado en la sentencia.Asimismo, la JEP ordenó que, en coordinación con el comandante de la Segunda División del Ejército, se realice un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares, en la ciudad de Valledupar, con la participación de las víctimas indirectas reconocidas en el proceso y la presencia del ministro de Defensa, el comandante del Ejército Nacional, y los comandantes de la Segunda División, la Décima Brigada y el Batallón La Popa.
La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red criminal trasnacional dedicada al almacenamiento y distribución de material sexual explícito de niños, niñas y adolescentes, que operaba a través de plataformas de mensajería instantánea y tenía alcance en varios países de América Latina y Europa.La operación se realizó en coordinación con el Centro Cibernético Policial y la Comunidad de Policías de América y es que de acuerdo con la investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Bogotá, la estructura ilegal utilizaba una aplicación de mensajería en la que participaban cerca de 100 personas ubicadas en España, Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú, Honduras y Colombia.A través de ese canal se compartieron más de 1.275 videos y 539 imágenes que evidencian graves vulneraciones contra menores de entre 5 y 10 años.En las diligencias de registro y allanamiento realizadas en Cali, Medellín y Barranquilla, las autoridades capturaron a tres presuntos integrantes de la red e incautaron dispositivos electrónicos que contienen material probatorio relacionado con abusos sexuales y otras agresiones contra la integridad y formación sexual de menores de edad.Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes y les fue imputado el delito de pornografía con menor de 18 años.Se trata de Óscar Luis Espejo Vanegas, Darwin Steven Lara y Juan José Silva Vásquez, quienes no aceptaron los cargos y deberán estar recluidos en la cárcel mientras avanza el proceso.
El juez encargado del caso contra Enrique Pardo Hasche y Samuel Arturo Sánchez, acusados por fraude procesal y soborno a testigos, negó la solicitud de la defensa de las víctimas de realizar un descubrimiento de material probatorio en la audiencia preparatoria. La acción fue solicitada por el abogado Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda, en este proceso ligado al expediente en el que también aparecen el expresidente Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena.Según el juez, la representación de las víctimas debía realizar la solicitud de descubrimiento de pruebas a través de la Fiscalía, el ente acusador, que ya superó la etapa de revelación de pruebas en la audiencia de acusación.Sin embargo, el abogado Villalba apeló afirmando que este proceso no pudo realizarse previamente, pues no estaban reconocidos como víctimas, lo que impidió que ejercieran sus derechos de descubrimiento de pruebas en esa etapa. La apelación ahora será resuelta por el Tribunal Superior de Bogotá, que definirá si la representación de víctimas podrá presentar su material probatorio en la etapa preparatoria.En este caso, según la Fiscalía, el abogado Sánchez, en 2017, habría actuado en complicidad con el abogado Diego Cadena para mantener firme al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias 'Víctor', en su decisión de cambiar su versión ante la Corte Suprema de Justicia. El objetivo, de acuerdo con la investigación, era afectar el proceso contra el senador Iván Cepeda y beneficiar al expresidente Uribe.En la acusación se expuso que el abogado Sánchez incluso habría redactado, junto a alias Víctor, una carta que fue entregada a Cadena. En ella se hablaba de supuestos actos ilegales atribuidos a Cepeda, con el fin de desacreditarlo ante el alto tribunal.Por su parte, Enrique Pardo Hasche es acusado de participar en las reuniones sostenidas en la cárcel La Picota en febrero de 2018, entre Cadena y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, considerado testigo clave en el proceso. Según el fiscal, Pardo habría presionado a Monsalve para que se retractara de sus señalamientos contra el exmandatario Uribe, llegando incluso a decirle que el expresidente era “casi como Dios”.El fiscal aseguró que los beneficios ofrecidos a Monsalve, y de los que supuestamente Pardo tenía conocimiento, incluían su eventual ingreso a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y mejoras en sus condiciones carcelarias.
Fue en enviado a la cárcel un hombre de 66 años que es responsable de abusar sexualmente a su nieta en repetidas entre 2023 y 2025 en la localidad de Tunjuelito en el sur de Bogotá.De acuerdo con el CTI, los hecho ocurrieron en la vivienda de la menor, cuando tenía 9 años de edad, en la localidad de Tunjuelito cuando estaba bajo el cuidado de su abuelo.La denuncia la realizó la madre de la menor quien confirma que fue en reiteradas ocasiones en las que este sujeto tuvo acciones sexuales en su contra. Por esto mismo, el capturado fue imputado por delitos de acceso carnal violento en menor de 14 años y actos sexual es con menor de 14 años, ambos delitos tipificados en consigas agravadas.Al momento de la captura, el hombre que iba vestido con una camiseta de rayas de colores y fue dejado a disposición de un fiscal.Por esto mismo, el señalado no aceptó los cargos, pero por disposición de un juez, y por el material probatorio, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Procuraduría General de la Nación realizó una visita de inspección a Ecopetrol relacionada a la gestión contractual en el mercado de gas tras la polémica por un supuesto acuerdo para darle un contrato de regasificación a la empresa Gaxi S.A., propiedad del expolicía Juan Guillermo Mancera, quien es amigo del presidente de la compañía Ricardo Roa.El Ministerio Público buscaba recolectar información y en la reunión debía estar presente Ricardo Roa junto con otros directivos de la petrolera.La visita estuvo encabezada por el procurador delegado Marcio Melgosa, quien acudió junto con un equipo técnico encargado de levantar un acta con las evidencias recopiladas.La Procuraduría solicitó la presencia del presidente de la petrolera, Ricardo Roa Barragán, así como de los vicepresidentes y directores de áreas relacionadas con abastecimiento, cumplimiento, auditoría interna y secretaría general, para que respondieran a los requerimientos del órgano de control frente a este contrato de gas.En el auto de visita de la Procuraduría se aclara que la actuación preventiva no implica coadministración ni aval a las decisiones de Ecopetrol, sino que busca anticiparse a riesgos y advertir irregularidades que puedan afectar los recursos públicos y los derechos de los ciudadanos.Respecto a la visita, Ecopetrol emitió un comunicado donde aclara que entregaron toda la información detallada de los procesos y que a la visita de inspección asistió el presidente de Hocol “para dar las aclaraciones correspondientes en el proceso”.
La Fiscalía imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por su presunta participación en la firma de dos contratos con un valor superior a los $78 millones para vincular a la persona que presentó la demanda de nulidad a la elección del mandatario y así persuadirla para que desistiera de sus pretensiones, en el caso fueron vinculadas dos exfuncionarias más.De acuerdo con la investigación, inicialmente en febrero de 2024 se firmó un contrato por 19,8 millones de pesos que no se ejecutó. Posteriormente, a través de la empresa pública Ecovivienda, se suscribió un segundo contrato por 54,2 millones de pesos.La Fiscalía estableció que los trámites comenzaron después de que se instaurara una demanda de nulidad contra la elección del mandatario y concluyeron con el retiro de la acción legal.Por esta razón, el ente acusador imputó al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la directora de Contratación del municipio, Luz Mila Acevedo Galán, y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría, por su presunta responsabilidad en anomalías detectadas en la celebración de ese contrato.Según la Fiscalía, las pruebas apuntan a que Krasnov habría presuntamente amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para que firmara el contrato y expidiera un documento que lo eximía de responsabilidad frente a las irregularidades.Por estos hechos, la Fiscalía imputó al alcalde los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo. Por otro lado, Pedraza y Acevedo G fueron señaladas como cómplice y coautora, respectivamente, del delito de interés indebido en la celebración de contratos.Tanto el alcalde de Tunja como las dos funcionarias seguirán en libertad hasta tanto avance el proceso porque el juez impuso medidas no privativas de la libertad.
La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) expedir, en el plazo máximo de un mes, una circular que precise las condiciones de ingreso de médicos particulares a los establecimientos de reclusión, todo esto para evitar que reclusos sean víctimas de atentados durante un traslado desde la cárcel a un hospital.Lo que señaló el alto tribunal es que exigir una orden judicial para el ingreso de abogados y médicos vulnera los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, en particular al debido proceso y al acceso a la justicia.La Corte Constitucional recordó que los abogados solo necesitan su cédula, tarjeta profesional y autorización escrita del detenido para ingresar y, reiteró lo dispuesto en la sentencia C-163 de 2019, que protege el derecho a recibir atención médica particular en prisión.Lo que también señaló la Corte mediante este fallo de tutela es que los médicos particulares deben poder ingresar a los centros de reclusión sin barreras administrativas ni jurídicas, y que cualquier restricción como la aplicada en Popayán desconoce la Constitución, la jurisprudencia vigente y los propios reglamentos del INPEC.La sentencia que tiene como ponente a la magistrada Natalia Ángel, establece que la circular del Inpec deberá detallar los requisitos de ingreso de los médicos, pero en ningún caso podrá incluir la exigencia de autorización judicial.
La Procuraduría abrió indagación preliminar contra el mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas y el sargento segundo Cristhian Padilla Villanueva, miembros del Ejército Nacional, tras las denuncias de que una civil habría tenido acceso a información reservada sobre la seguridad del presidente de la República.En este caso, el Ministerio Público busca establecer si hubo una presunta extralimitación de funciones y filtración de información a una mujer que se identificaba bajo el nombre de ‘Stephanie Salgado’ y que se hacía pasar por capitán de la Policía.De acuerdo con la denuncia, la mujer manipulaba equipos de inteligencia y accedió, incluso, a computadores con información clasificada relacionada con las rutas del presidente, su familia y la vicepresidenta, lo que habría puesto en riesgo la seguridad nacional. Además, se señala que obtuvo datos sensibles sobre estructuras criminales como el ‘Tren de Aragua’.Ante estos hechos, la Procuraduría dispuso la práctica de pruebas, entre ellas solicitar al Ejército los registros de ingreso de la mujer al batallón, las actas de reuniones en las que participó y la identificación de los oficiales que autorizaron su acceso.Además, el Ministerio Público también pidió a la Fiscalía información sobre posibles procesos penales en curso por esta infiltración.La indagación, adelantada por la Procuraduría Delegada, busca establecer si la conducta de los uniformados constituye una falta disciplinaria y si procede, o no, una sanción disciplinaria.