Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
Hay problemas de cara al inicio de la Liga BetPlay 2026, pues, a través de un comunicado, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) dio a conocer un problema grave que afronta Águilas Doradas en torno a su escenario deportivo debido a un problema con la Alcaldía de Rionegro y el préstamo del estadio Alberto Grisales. "Este hecho se suma a las afectaciones registradas durante el año 2025, derivadas del cierre de la tribuna occidental, situación que generó graves perjuicios operativos y económicos en el desarrollo del torneo, particularmente en materia de ingresos por taquilla. De igual forma, durante el segundo semestre de 2024, Águilas Doradas debió trasladar su localía a la ciudad de Sincelejo, asumiendo costos económicos y logísticos extraordinarios, con el propósito de permitir la ejecución de obras de adecuación en el escenario deportivo, las cuales no se materializaron", indicó.De acuerdo con la Dimayor, Águilas cumplió con todo el calendario deportivo y mantuvo todos sus programas sociales para cumplir con todos los reglamentos. La noticia tampoco cayó bien el equipo y hay una fuerte molestia que, según reveló Gol Caracol, en diálogo con Fernando Salazar, dirigente del club, dijo que están mirando cuáles ciudades podrían recibirlos, pero se conoció una molestía entre las partes."La Dimayor reitera que las decisiones relacionadas con los escenarios deportivos deben adoptarse con planeación, oportunidad y coordinación institucional, garantizando seguridad jurídica y estabilidad para el fútbol profesional colombiano y sus clubes afiliados", añadió la Dimayor sobre la situación.El deseo del equipo es mantenerse en Antioquia y esperan pronto dar solución a la situación, que evite también un traslado de sede por factores externos a la institución.
La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) dispuso una aeronave C-130 Hércules del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) para realizar el traslado de combustible desde el Comando Aéreo de Combate No. 2, ubicado en Apiay, Meta, hacia los municipios de Puerto Inírida, en Guainía, y Mitú, en Vaupés.De acuerdo con la institución, la tripulación del C-130 ha efectuado dos vuelos humanitarios, uno a cada municipio, transportando más de 6.000 galones de combustible mediante el sistema Batt Bulk Aviation Transport Tank (BATT), diseñado para operaciones logísticas en zonas de difícil acceso.La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que en los próximos días continuarán los vuelos hacia Mitú y Puerto Inírida, con el objetivo de mantener el suministro y mitigar la emergencia que afecta a estas poblaciones del suroriente del país."Son dos regiones alejadas que hemos apoyado con apoyo del Ministerio de Minas. Suelen abastecerse vía fluvia y por sequía en este momento no es posible. La FAC apoyó haciéndolo de manera aérea, en un equipo con capacidad de carga de hasta 20 toneladas. En una especie de vejigas se ingresa el combustible y en nuestro destino lo desabastecemos en carrotanques para ser suministrado a la población que lo necesita", señaló el Mayor Víctor Gonzálezm, Piloto C-130 Hércules de CATAM.Esta operación aérea se desarrolla a solicitud y en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Minas y Energía, como respuesta a la crítica situación de desabastecimiento de combustible que enfrentan ambos municipios.Según se explicó, la emergencia se origina por el bajo caudal de los ríos, consecuencia del intenso verano, y por el mal estado de las vías terrestres, factores que han impedido el suministro regular de combustible en la región.El desabastecimiento ha generado riesgos para el funcionamiento de otros servicios públicos esenciales, lo que motivó la activación de este puente aéreo como medida prioritaria para proteger a la población.La Fuerza Aeroespacial Colombiana reiteró que continuará empleando sus capacidades distintivas para cumplir la misión de asistir a la población en cada rincón del país, evitando afectaciones mayores y garantizando el bienestar de las comunidades más vulnerables.
Luego de la primera llamada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump tras las tensiones que se habían generado por la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y que incluyeron amenazas por parte del mandatario estadounidense sobre un posible ataque a Colombia, varias personalidades reaccionaron a la conversación que tuvieron los jefes de Estado y resaltaron la importancia de la diplomacia para desescalar esa crisis entre los gobiernos.En entrevista con Recap Blu, Juan González, exasesor de Joe Biden y exdirector del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, manifestó que Trump, ante la importancia de dar golpes al narcotráfico, puede tener una "mano dura" con quienes considere que no colaboran con EE. UU. en esa labor. En ese sentido, rescató que esta llamada se haya llevado a cabo en beneficios de los intereses de ambos países, pero resaltó que Trump está esperando que llegue el nuevo presidente en Colombia para "revitalizar la relación" entre las naciones."Los intereses bilaterales es algo que beneficia no solo a Colombia, sino a los Estados Unidos, dado los intereses que tenemos. Obviamente el presidente Trump ha designado narcotráfico como una prioridad para él y colaboración con Colombia es clave en eso y ha sufrido un poco esa colaboración. Yo creo que en este momento el presidente Trump, no obstante las amenazas de posiblemente intervenir en Colombia, el enfoque de él, y él lo ha dicho públicamente, es esperar a que el presidente Petro se salga de la Presidencia en agosto de este año", afirmó González.Por otro lado, la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez "celebró" que el mandatario Gustavo Petro haya tenido la iniciativa de llamar a su homólogo Trump para aclarar las diferencias diplomáticas que terminó en la invitación por parte de la Casa Blanca al presidente colombiano en Whasington "próximamente"."Creo que este diálogo entre ellos tiene que servir para restablecer una agenda común de trabajo para acabar el narcotráfico en Colombia y, por supuesto, lograr que en estos seis meses que nos quedan de la administración Petro den lugar a un cambio que permita retomar también el rumbo hacia un sistema democrático de economía de mercado, donde se corrijan fallas que tenía la democracia colombiana, porque eso tampoco lo podemos ocultar, hemos tenido fallas en el funcionamiento de la democracia, pero en eso estábamos realmente avanzando muchísimo", añadió Ramírez.Finalmente, el exembajador de Colombia en Estados Unidos Gabriel Silva Luján calificó la conversación entre los mandatario como un "triunfo para la diplomacia". En ese sentido, manifestó que ojalá ambos gobiernos no pierdan la oportunidad de continuar con dialogos respetuosos y no ideológicos."Es que parte del problema es que el diálogo entre los dos presidentes, y en particular, hay que reconocerlo, el presidente Petro, que ha estado en una actitud de líder antiimperialista desde ya hace muchos meses y eso pues se coge el camino de clase, discursos en privado, al igual que lo hicieron en público. Esa apertura puede fracasar. Hay que actuar pensando en el interés nacional, ni en los intereses electorales del momento, ni en los intereses ideológicos que han caracterizado tanto a Petro", agregó Silva.Por ahora, se espera que se confirme la fecha en la que se produciría ese encuentro en la Casa Blanca entre Trump y Petro tras esa conversación que duró 45 minutos y que, según el mandatario estadounidense, "fue un honor".
El presidente Donald Trump firmó un decreto en el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que "ya no sirven a los intereses" nacionales, anunció la Casa Blanca.La orden involucra a 31 organizaciones de Naciones Unidas y a 35 entidades no pertenecientes a la ONU, señaló en un comunicado en X, sin nombrarlas.Trump ya ha sacado a Washington de varias entidades mundiales en su segundo mandato.Tras su retorno a la Casa Blanca hace casi un año, el presidente republicano está implementando su visión de "Estados Unidos primero".Como en su primer mandato, decidió retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, a la que Washington había vuelto bajo la presidencia de Joe Biden.Además, dio un portazo a la Organización Mundial de la Salud.La administración Trump también recortó ampliamente la ayuda estadounidense en el extranjero, lo cual golpeó los presupuestos de numerosas organizaciones de la ONU que se vieron obligadas a reducir sus actividades sobre el terreno, como la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA).Desde la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, Donald Trump lanzó un ataque frontal contra la ONU, que según él está "muy lejos de alcanzar su potencial".
El 2026 será de transición para algunas figuras del fútbol mundial, entre esas, Lionel Messi que empieza a ver de cerca la posibilidad de retirarse como profesional tras una extensa y exitosa carrera como futbolista desde aquel debut a principios de los 2000s en el FC Barcelona.En diálogo con el canal de streaming LuzuTV, el astro recordó sus inicios y contó algo que sorprendió a más de un argentino: casi termina debutando en el campeonato argentino antes de irse en el FC Barcelona, ya que, por poco, se va a River Plate y fue Newell's Old Boys el que evitó el que eso se hiciera realidad."Hice una prueba, fui por mi cuenta, estuve entrenando y River Plate me dijo que quería que me quede, que se iban a hacer cargo del tratamiento. Después apareció lo del Barcelona, que no estaba en los planes de nadie", dijo, pues en ese momento luchaba con un problema de crecimiento y debía someterse a algunos procedimientos, pero que el club 'millonario' estaba dispuesto a asumir para tener a Messi en el equipo.Fue por Newell's que el astro argentino no terminó con la camiseta de la banda cruzada, pero eso explicó, según hinchas, la afinidad que ha tenido el futbolista con River cuando le ponen a firmar sus camisetas o en las visitas que ha tenido al Más Monumental con la selección de Argentina.En el camino apareció el FC Barcelona, que tampoco dudó en jugársela 100 % por su recuperación y el 16 de octubre de 2003, con apenas 16 años, debutó en el primer equipo en un partido de exhibición contra el FC Porto que llegaba como equipo gala que, incluso, conquistaría esa edición de la UEFA Champions League.Tras ese primer partido, el tiempo se escribió por si solo y ahora es considerado uno de los mejores futbolistas de toda la historia con diversos premios en sus vitrinas.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
Este viernes el presidente Gustavo Petro se reunió con la delegación de diálogos del Gobierno en las negociaciones que se adelantan con el ELN. En este encuentro se acordó que no se suspendería la mesa de diálogos. El encuentro se da tras el homicidio de nueve militares en el Catatumbo tras un ataque de esta guerrilla. El Gobierno reconoció que el proceso atraviesa una crisis, la segunda desde que empezaron las negociaciones, pero recalcó que el encuentro llevó a tres conclusiones clave.En un primer momento la delegación le pidió al ELN que deje si claro si este proceso está siendo utilizado para un fortalecimiento militar o si realmente se está buscando una solución al conflicto armado. Sin embargo, el Gobierno insistió en la necesidad de pactar un cese al fuego bilateral en el tercer ciclo de diálogos que empezará en La Habana, Cuba, en las próximas semanas."En la Mesa, el ELN debe dejar en claro si busca que el proceso sirva para acumular fuerza militar o salir del conflicto armado, y si es una decisión de toda su organización. El tercer ciclo de diálogos en La Habana, Cuba, debe pactar dos acuerdos: cese de fuegos y HOSTILIDADES, así como participación. Para eso se requiere una breve y eficaz reunión previa", señaló el congresista.Por último, el senador Cepeda anunció que el presidente Gustavo Petro se reunirá con las comunidades en diferentes zonas del país que están sufriendo la violencia de los distintos grupos, con el objetivo de escuchar cuáles son sus posiciones frente a los procesos de diálogo y la situación de orden público.Gobierno Petro no descarta trasladar diálogos con el ELN a ColombiaEl jefe del equipo negociador del Gobierno, Otty Patiño , reveló a Blu Radio que se presentó la propuesta a la delegación del ELN para que los diálogos de paz se adelanten en Colombia y no en el exterior.Según Patiño, trasladar las negociaciones al país permitiría facilitar la comunicación entre las partes. Agregó que aún no hay una respuesta oficial de parte de los negociadores del ELN, reveló en entrevista con la periodista Angie Camacho.Este viernes, 31 de marzo, el equipo negociador del Gobierno se reunió con el presidente, Gustavo Petro, para evaluar la situación tras el atentado perpetrado el pasado miércoles y ver la senda a seguir, aunque en un principio no pretenden levantarse de la mesa de negociación, que ya lleva dos rondas, en Caracas y Ciudad de México, y se instalará las próximas semanas en La Habana.Le puede interesar:
La Procuraduría General de la Nación constituyó un grupo especial para intervenir, en calidad de Ministerio Público, en el proceso penal que se inició por el ataque contra una unidad del Ejército en jurisdicción de El Carmen, Norte de Santander, donde murieron nueve militares, dos de ellos suboficiales, y otros ocho resultaron heridos.La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, designó como agente especial al Procurador 90 Judicial II Penal de Cúcuta, quien se encargará de intervenir y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo del caso que generó repudio en el país.Recordemos los uniformados fueron atacados con explosivos y disparos de fusil cuando realizaban operaciones de seguridad a un tramo del oleoducto Caño Limón, Coveñas, en el corregimiento Guamalito, del municipio de El Carmen.Tres de los nueve militares serán sepultados este sábado en horas de la tarde; cinco de ellos fueron sepultados este viernes mientras que el restante tiene previsto que sea sepultado este domingo.Mininterior da ultimátum al ELN para avanzar en negociaciones de pazEl Gobierno nacional exigió este jueves al ELN mostrar su verdadero compromiso frente a las negociaciones de paz al ratificar su condena por el ataque perpetrado por ese grupo ilegal contra un grupo de militares en la región del Catatumbo, Norte de Santander, que dejó como saldo nueve uniformados muertos.El ministro del Interior, Alfonso Prada , aseguró que: “La notificación para el ELN es o tiene gestos de respeto con los colombianos, gestos de paz o es muy difícil sostener un discurso frente a Colombia para mantener un diálogo, pero vamos a intentar mantener incólume la voluntad de paz”.Durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena, el jefe de la cartera política afirmó que “es vergonzoso estar sentado en una mesa de negociación cuando hay semejante atrocidad contra los miembros de la fuerza pública”.Le puede interesar:
Se llevó a cabo este viernes una reunión de emergencia entre la delegación que integra la mesa de diálogos del Gobierno con la guerrilla del ELN y el presidente de la República, Gustavo Petro, tras el ataque de esta guerrilla el pasado miércoles, 29 de marzo, al municipio El Carmen, en Norte de Santander.El Gobierno nacional reconoció, tras esta reunión, que hay una crisis en las negociaciones; pero le pidió al gobierno claridad sobre sus objetivos con este proceso. Este pronunciamiento se conoció luego del hecho que dejó nueve militares muertos en esta población del oriente colombiano."Hay un gran interrogante y una gran interpelación que hay: y es si el ELN está usando las conversaciones para fortalecerse en sus territorios y como organización, o si por el contrario, digamos, su estadía en la mesa significa una real vocación de paz", señaló Otty Patiño, jefe de la delegación de diálogos.En el mismo sentido, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, señaló que el ELN debe generar esperanza en la sociedad colombiana, pues estos hechos causan incertidumbre frente al proceso y la voluntad de paz que pueda tener la guerrilla.Para el funcionario, es importante recordar que no solo se ha registrado este hecho en el Catatumbo, sino otras acciones violentas en departamentos como Arauca, que también se le adjudican a esta guerrilla."En este momento de crisis, es absolutamente pertinente y la pertinencia que toca antes de que comience este tercer ciclo es absolutamente necesaria, una respuesta clara para que sepamos a qué atenernos en las intenciones que tiene el ELN con relación a este proceso de esta manera", dijo Rueda.Le puede interesar:
Este miércoles, 29 de marzo, la Unidad para las Víctimas informó de una nueva decisión histórica; reconocer a integrantes de las centrales sindicales víctimas del conflicto armado colombiano. Según la entidad, durante el conflicto armado interno los integrantes de las centrales sindicales del país fueron víctimas de una violencia sistemática, así lo detallaron: "Así lo determinaron varias herramientas jurídicas, que permitieron una valoración de la Unidad para las Víctimas que anunció este lunes que se encargará de la inclusión del Movimiento Sindical Colombiano en el Registro Único de Víctimas (RUV) como sujeto colectivo". Agregan que el proceso de reparación se intentó realizar tres veces desde 2016, en cumplimiento del Decreto 624 de ese año que determinó la necesidad de compensar a las y los miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE).Dicen que bajo el Gobierno de Gustavo Petro, en el 2022, lograron destrabar el proceso. "Así es como desde el segundo semestre de 2022, la Unidad viene coordinando el proceso de reparación al Movimiento Sindical como un grupo social, bajo el precepto de que sus integrantes han consolidado una red que tiene como fin la defensa y garantía de los derechos humanos", informan desde la Unidad. Explican además, que el Decreto 624 de 2016 y las sentencias T-388 de 2019 y T-015 de 2022 fueron las bases jurídicas para formalizar el proceso de reparación y la creación de la Mesa Permanente de Concertación para la Reparación Colectiva al Movimiento Sindical.Igualmente que las vulneraciones identificadas constituyeron daños a los sindicalistas como afectaciones a sus prácticas colectivas, sus formas organizativas y al autorreconocimiento, mediante hechos como amenazas, homicidios, situaciones de estigmatización y desplazamientos que impidieron movilizaciones sociales, actividades pedagógicas y consolidación de liderazgos, pues a menudo las y los miembros de las centrales sindicales fueron falsamente señalados como integrantes de alguno de los grupos armados al margen de la ley."Con este anuncio se abre paso al proceso de reparación integral del que se encargará el Estado colombiano para reparar los daños sufridos por este Sujeto Colectivo, buscando su dignificación y el restablecimiento de sus derechos", confirman desde la Unidad para las Víctimas. Le puede interesar:
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al coronel en retiro Publio Hernán Mejía a 20 años de prisión por su responsabilidad en 72 casos de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2003, cuando comandaba el Batallón La Popa en Valledupar. Se trata de la primera sentencia con pena de cárcel impuesta por la JEP contra un militar retirado por ejecuciones extrajudiciales, una decisión que marca un precedente en el proceso de justicia transicional.En entrevista exclusiva con Blu Radio, Mejía rechazó de manera categórica la condena de la JEP y negó haber dado órdenes ilegales durante su carrera militar. "Nunca voy a aceptar que actúe de manera irresponsable o ilegal y nunca a cambio de una libertad deshonrosa voy a aceptar lo que no hice. Hasta el último suspiro de mi vida lucharé por la verdad, por mi limpieza como soldado, porque allá se hicieron más de 600 operaciones, todas ordenadas dentro de la legalidad. Jamás emití una orden legal y jamás voy a aceptar lo que no hice, cuésteme lo que me cueste", aseveró Mejía.La sentencia de la JEP señala supuestas alianzas entre miembros del Batallón La Popa y estructuras paramilitares para presentar civiles como bajas en combate. Frente a ello, Mejía negó cualquier vínculo con grupos armados ilegales y aseguró que nunca tuvo acuerdos con paramilitares. Incluso afirmó que en el proceso existen pruebas de planes para asesinarlo por parte de esos mismos grupos, lo que, en su criterio, desvirtúa la tesis de una supuesta alianza."Jamás. Con ningún elemento armado al margen de la ley, con ningún delincuente", afirmó.El coronel retirado también cuestionó los testimonios de militares que estuvieron bajo su mando y que reconocieron su participación en los hechos ante la JEP. Según Mejía, esas declaraciones contradicen versiones entregadas previamente ante otras instancias judiciales y habrían sido acordadas para obtener beneficios. "Una libertad deshonrosa a cambio de beneficios no es digna de un soldado. Yo combatí el terrorismo durante muchos años", añadió.Tras conocer la decisión de la JEP, Mejía anunció que apelará la sentencia. Manifestó una profunda desilusión con la justicia transicional, a la que acusó de “faltarle a la verdad” y de buscar un caso emblemático para presionar reconocimientos de responsabilidad. Acompañado por su equipo jurídico, aseguró que agotará todas las vías legales disponibles con la esperanza de que, en una segunda instancia, “brille la verdad” sobre su actuación como comandante del Batallón La Popa.
Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.