El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.
Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
Uno de los más afectados por la muerte del cantante Yeison Jiménez ha sido Luis Alfonso, quien compartió con él grandes momentos profesionales y personales. Desde que se enteró de la noticia aseguró que “estaba en shock”, pero su momento más difícil lo vivió durante su presentación este 10 de enero en Duitama, Boyacá, en el Festival de la Perla.Minutos antes y al subirse al escenario, Alfonso le dedicó unas palabras a Jiménez y expresó que “nunca pensó vivir algo así”. Agradeció a la gente que estaba presente y todos los que por años apoyaron la carrera del artista de Manzanares.“La verdad estamos vueltos mie*. No es para menos, pero queremos ofrecerles un concierto hermoso, lleno de alegría, de ánimo. Recordando a los parceros con la alegría que los caracterizaba. Me quito el sombrero para un homenaje al gran Yeison Jiménez”, fueron las palabras del artista.Ahí, su banda comenzó a tocar “Ni Tengo Ni Necesito”, una de las canciones más reconocidas del oriundo de Manzanera, pero él no pudo aguantar y rompió en llanto: “No voy a ser capaz. Les va a tocar ayudarme”, dijo, mientras lloraba recordando a uno de sus grandes amigos de la música popular con quien creció como artista durante año.Luis Alfonso recibió cientos de aplausos del público, quien entendió la situación y cantó por él mientras lloraba en mitad del escenario escuchando una de las canciones más exitosas de Jiménez.El ‘Señorazo’ forjó una gran amistad con Yeison. Durante años compartieron sinfín de tarimas y tuvieron su propio concierto juntos en el Movistar Arena en marzo de 2025, además de lanzar la canción “Destino Final”, que, justamente, hablaba de lo que querían cuando alguno de los dos se tuviera que ir del mundo a reunirse nuevamente con Dios. Esta amistad ha sido una de las más conocidas de la música popular y la trágica muerte de Jiménez dejó un fuerte vacío en sus compañeros.
El programa del domingo 11 de enero de 2026 en Blu Jeans contó con las siguientes secciones:En el Tema Central, se habló sobre si aislarse puede ser una señal de alarma. En La máquina de la verdad, se comentaron mitos y realidades sobre los odontólogos. Además, al finalizar, se abordaron algunas situaciones cotidianas que nos pasan a todos.Escuche el programa completo aquí:
La trágica muerte de Yeison Jiménez generó un fuerte luto en Colombia. Miles de personas han lamentado la noticia y han elevado una cadena de buenas energías hacía la familia del artista tras este triste suceso en Paipa, Boyacá, cuando se disponía a movilizarse al departamento de Antioquia.Ahora, Manzanares, Caldas, el lugar que lo vio nacer en 26 de julio de 1991 rinde un sentido homenaje a su memoria y el orgullo que causó llevando la bandera de este municipio a todas partes donde iba, al igual que Jefferson Osorio, manager y amigo del artista.“A lo largo de su trayectoria artística se consolidó como una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, alcanzando reconocimiento a nivel nacional e internacional llevando con orgullo el nombre de Manzanares y del departamento de Caldas a múltiples escenarios y convirtiéndose en un referente cultural para las nuevas generaciones”, expresaron desde la Alcaldía a través de un comunicado.Explicaron que tomarán tres días de lutos, ya decretados, en honor a la memoria y orgullo de dos personas que supieron llevar con orgullo los símbolos del municipio desde el arte y el trabajo duro.“El fallecimiento de ambos ciudadanos ha generado un profundo sentimiento de dolor, consternación y solidaridad en la comunidad manzanareña, que hoy reconoce su legado humano, cultural y artístico. Corresponde a la administración municipal exaltar la memoria de sus ciudadanos ilustres y expresar, mediante actos simbólicos e institucionales, el sentimiento colectivo de duelo y respeto”, añadieron.El artista perdió la vida en la tarde de este sábado, 10 de enero, cuando se movilizaba en su avión hacía el municipio de Marinilla, en donde tenía presentación en la noche. Pero, por desgracia, la aeronave no logró salir del departamento de Boyacá. Este suceso dejó un fuerte vacío en la música colombiana y toda una comunidad de seguidores.
En 2025 se registraron 14 incendios en Antioquia asociados al uso de globos de mecha, según los reportes realizados por los municipios al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), eventos que fueron notificados por los consejos municipales de gestión del riesgo y, en su mayoría, ocurrieron durante el mes de diciembre.De acuerdo con la información consolidada, los incendios estructurales fueron los más frecuentes como consecuencia de la caída de globos, seguidos por los incendios forestales, que también generaron afectaciones en zonas rurales y áreas de cobertura vegetal. Las subregiones más impactadas fueron el Valle de Aburrá, que concentró el mayor número de casos, y el Oriente antioqueño, que ocupó el segundo lugar en afectación.En el detalle por municipios, Envigado reportó cinco incendios relacionados con esta práctica, mientras que Rionegro informó tres casos. Sabaneta registró dos emergencias, y Bello, Itagüí, La Estrella y Copacabana reportaron un incendio cada uno. Sobre el tema se refirió Luis Bernardo Morales, comandante de Bomberos de Envigado y delegado departamental."Tenemos algunos incendios que, si bien es cierto, no tenemos una confirmación certera de que haya sido por globos, y hay una sospecha muy fuerte de que estos hayan tenido como ese origen, por por el tema de cómo se presentó el incendio", dijo Morales.En el caso de Medellín, las cifras indican que durante diciembre de 2025 se atendieron 10 incendios asociados al uso de pólvora y/o globos de mecha, con base en reportes ciudadanos y que para esclarecer las causas de cada hecho se debe adelantar la respectiva investigación por parte de las entidades competentes. "Ya van cuatro incendios que, según la comunidad, fueron causados por pólvora y por globos de mecha. Hacemos un llamado a la corresponsabilidad. Este, el Puente de Reyes, también es importante el autocuidado. Si vamos a salir a zonas boscosas, evitar hacer las mal llamadas quemas controladas", dijo el director del Dagrd, Carlos Quintero.Las autoridades reiteraron la petición a la ciudadanía para evitar el uso de globos y pólvora, especialmente en temporada decembrina, debido al riesgo que representan para la seguridad, el medio ambiente y los bienes materiales.
Cada 10 de enero, el mundo conmemora el Día Mundial de las Aves, una fecha que pone sobre la mesa la importancia de estas especies para el equilibrio de los ecosistemas, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental. En Colombia, uno de los países con mayor diversidad de aves del planeta, la protección de este patrimonio natural sigue siendo un reto permanente frente al avance del tráfico y la comercialización ilegal de fauna silvestre.En ese contexto, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, desplegó una estrategia preventiva y operativa a nivel nacional para enfrentar estos delitos ambientales. Los controles se reforzaron en terminales de transporte, aeropuertos, carreteras nacionales y corredores estratégicos, puntos donde con mayor frecuencia se detecta el traslado ilegal de aves con fines de venta, tenencia como mascotas o envío a mercados nacionales e internacionales.Como resultado de estas acciones, durante la jornada conmemorativa se logró la incautación de 96 aves silvestres, entre ellas dos búhos, un halcón peregrino y cuatro tinguas azules. De acuerdo con las autoridades, estas especies tendrían un valor cercano a los 135 millones de pesos en el mercado ilegal, una cifra que refleja la rentabilidad de este negocio criminal y el impacto que genera sobre la biodiversidad.Uno de los componentes clave de la estrategia ha sido el uso de caninos ecodetectores, entrenados específicamente para la búsqueda de fauna silvestre. Tres de estos perros han sido aliados estratégicos en operativos realizados en aeropuertos, terminales y vías nacionales, permitiendo detectar aves ocultas y evitar que sean comercializadas de forma ilegal.Las cifras acumuladas evidencian la magnitud del problema. Durante 2025, la Policía Nacional incautó 14.460 aves silvestres y logró la recuperación de otras 5.355, las cuales fueron entregadas a las autoridades ambientales para su rehabilitación y posterior reintegración a su hábitat natural. Estas acciones, según la institución, han contribuido a debilitar las redes de tráfico de fauna y a reducir la presión sobre especies vulnerables.Además de los operativos, la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental adelantó jornadas de sensibilización y educación ambiental. Solo en esta fecha, cerca de 2.043 personas fueron impactadas con mensajes orientados a promover la denuncia del tráfico ilegal de fauna y a reforzar la idea de que la protección de las aves es una responsabilidad compartida entre ciudadanos y autoridades.“El tráfico ilegal de aves no solo afecta las economías criminales, también pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas”, señaló el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, quien reiteró que la Policía continuará fortaleciendo sus capacidades operativas para proteger la biodiversidad del país y garantizar la preservación del capital natural para las futuras generaciones.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
Antes de finalizar el 2022, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que, a partir de este primero de enero de 2023, cinco grupos criminales en los que se encuentra el ELN, Clan del Golfo, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y disidencias de las Farc inician un cese al fuego hasta el 30 de junio de 2023.Sin embargo, este cese al fuego tendrá un acompañamiento de organismos internacionales y otros nacionales como es el caso de la Iglesia católica, que fue clara en señalar que su trabajo se centrará en el monitoreo y la verificación estará a cargo de la ONU.“El monitoreo es una labor más de acompañamiento a las comunidades, de ayudar a que las comunidades puedan expresarse, que puedan dar a conocer sus voces de aliento, respaldo, de preocupaciones e inquietudes y la Iglesia hace monitoreo. Los monitoreos son más labores de diálogo de escucha permanente, es una labor de acompañamiento que ayuda a entender, que ayuda a llevar pedagogía a los territorios y ayuda a crear confianza”, detalló monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) para las relaciones Iglesia-EstadoEl representante de la Iglesia fue claro en señalar que la verificación estará a cargo de la ONU que cuenta con un equipo amplio.“Hasta ahora es una labor que ha sido hecha en otros ceses al fuego anteriores, por ejemplo, por las Farc y también con el ELN en el pasado y esas verificaciones fueron hechas por las Naciones Unidas que tiene la capacidad técnica y tiene el personal formado para ello, porque ahí hay que adoptar una serie de medidas que son de carácter técnico”, agregó monseñor Henao en dialogo con Blu Radio.Para Monseñor, el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro beneficia, especialmente, a los pobladores de regiones como Arauca, Norte de Santander, Caquetá, Putumayo, Chocó, Cauca y el nordeste antioqueño, zonas donde la mayor influencia la tienen esos grupos armados y donde hay más delitos y más ataques contra la población civil.
Tras el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro de un cese al fuego bilateral con cinco grupos criminales en los que se encuentra el ELN, Clan del Golfo, Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y las disidencias de las Farc, hasta el 30 de junio de 2023, el cual será verificado, diferentes sectores reaccionaron.Uno de los primeros en responder fue el representante de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, quien señalo lo siguiente desde su cuenta de Twitter:“Saludo el anuncio de cese al fuego bilateral hecho por el presidente @petrogustavo. Naciones Unidas apoya todos los esfuerzos orientados a reducir la violencia en los territorios, a proteger a las comunidades afectadas por el conflicto y a construir paz en Colombia”, expresó Carlos Ruiz Massieu.Por su parte, el senador del Pacto histórico Iván Cepeda también se pronunció y dijo que es un buen mensaje para el inicio del 2023. “Que mejor manera para comenzar el año del 2023 que con un anuncio de alto al fuego con cinco organizaciones armadas. Esa es una demostración práctica de que la paz total no es un sueño; comienza a plasmarse una realidad tangible para Colombia que tanto lo necesita hoy”, subrayó Cepeda.Uno de los actores que estará en la mesa y participará activamente será el Ministerio del Interior y, al respecto, se pronunció desde las redes sociales donde señaló:“Es una decisión que nos llevará con seguridad al inicio de la #PazTotal en los territorios. Se escuchó la voz de las organizaciones sociales y salvará la vida de muchos colombianos y de nuestros soldados, caminamos a la paz total”, escribió en su red social el ministro del Interior, Alfonso Prada.Desde la oposición, la senadora del Centro Democrático explicó que no es muy claro el mensaje del presidente y despierta algunas preocupaciones.“Uno siente una enorme preocupación cuando se habla de cese bilateral porque indica la parálisis de la fuerza legitima del Estado para combatir estas estructuras criminales. Preocupa también porque, hasta el momento, no hemos visto ningún gesto de paz, el cese debería ser unilateral verificable para saber que sí hay voluntad para negociar y una preocupación adicional es que los colombianos hoy no tenemos claro cuál es la agenda, las líneas rojas y bajo qué parámetros se está surtiendo esta negociación”, apuntó la senadora del Centro Democrático Paola Holguín.Le puede interesar:
Álvaro Andrés Duque y Bremmen Hinestroza son dos de los jóvenes a los que el presidente Gustavo Petro nombró voceros de paz para que puedan quedar en libertad, sin embargo, un juez les negó la libertad en las últimas horas por un “enredo” en el proceso, según confirmó el ministro del Interior, Alfonso Prada.“Fue un trámite procesal que creo que se enredó porque antes de ser nombrados voceros de paz por el presidente de la República, las dos personas, a través de sus abogados, habían solicitado el traslado o la sustitución de la medida, esa sustitución de la medida había sido negado y se juntó con esta, de tal manera que ese proceso está empezando el día de hoy, entiendo que se radicó la solicitud de audiencia para que se tome una decisión”, señaló Prada.El ministro del Interior también se refirió a las críticas que hizo la procuradora Margarita Cabello y a la queja que radicó contra los jueces que decretaron la libertad de los jóvenes que fueron designados como voceros de paz por el Gobierno del presidente Gustavo Petro durante los últimos días.La queja disciplinaria fue radicada ante el Consejo Superior de la Judicatura por la no convocatoria de los procuradores judiciales penales a las diligencias donde se decretó la libertad de dos jóvenes de la Primera Línea que serán voceros de paz.Al respecto, el ministro contestó que “en el centro de reparto que tiene el Consejo Superior de la Judicatura, durante los últimos 20 años, se han ordenado las libertades que provienen de facilitadores, de gestores de paz, de gestores de convivencia, ahora de estos voceros de paz, de tal manera que en los últimos 20 años ha sido una instrucción que se acata de manera inmediata porque no interrumpe los procesos”.“Es una solicitud que le hace la señora procuradora y el procurador delegado en el proceso concreto a la instancia judicial que toma las decisiones, no es un cuestionamiento para nada a las facultades del presidente ni al procedimiento de nombramiento de vocería de paz”, concluyó Prada.Le puede interesar:
El embajador de Colombia en Washington, Luis Gilberto Murillo, aseguró que la diplomacia avanza para disipar algunas de las dudas o posibles preocupaciones de algunos sectores en Estados Unidos con respecto a los acercamientos con grupos ilegales."Se entiende por el precedente de la negociación con las antiguas Farc, la necesidad de avanzar en una negociación muy seria con el ELN y con la segunda Marquetalia, porque tienen un origen político; sin embargo, algunos sectores sí han manifestado preocupación en lo que tiene que ver con el sometimiento de grupos de redes criminales de alto impacto en las regiones”, indicó.“Aunque Estados Unidos tiene una experiencia en ese sentido con la ley Rico, necesitamos más conversaciones en los detalles y estamos dialogando con el alto comisionado para la paz (Danilo Rueda) y Otty Patiño, (jefe de diálogos con el ELN) en ese intercambio para poder disipar algunas de las dudas o posibles preocupaciones de algunos sectores en los Estados Unidos, Hay un trabajo que estamos haciendo, es cierto que sobre todo en el Congreso de EEUU, hay ahí algunas manifestaciones de mayor interés en conocer ciertos detalles para garantizar que esto sale bien”, añadió el embajador.Según Murillo, la experiencia dicta que el Gobierno de Estados Unidos se toma tiempo en conocer más detalles y esperar avances para lograr una participación más visible.“El Gobierno de Estados Unidos está considerando esa solicitud, la experiencia nos dice, por el precedente con justicia y paz, así como la negociación con las Farc, que siempre se toman su tiempo en conocer más detalles, en dialogar con diferentes estamentos en Colombia y en EUU para llegar a una decisión cuando hay más avances y recorrido en estos procesos. Esperamos que, hacia futuro, se pueda consolidar esa participación más visible y activa del gobierno de los Estados Unidos”, complementó Murillo.Escuche la entrevista completa:
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.