La crisis humanitaria en el Catatumbo continúa agravándose. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Defensa, desde el 16 de enero del año pasado y hasta la fecha, al menos 87.438 personas han sido desplazadas como consecuencia directa de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.En diálogo con Blu Radio, el secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Cúcuta, Leandro Ugarte Mora, entregó un balance de la situación que enfrenta el municipio ante la llegada constante de familias desplazadas.“Desde el día 22 de diciembre a la fecha han llegado más de 800 familias, eso nos representa más de 2.300 personas individualmente, nuevas, o nuevos desplazamientos o personas que ya habían regresado a sus sitios de origen, y nuevamente se han desplazado”, señaló el funcionario.Ugarte recordó que, aunque las cifras actuales no alcanzan la magnitud del desplazamiento masivo registrado hace un año, el impacto sigue siendo grave. “El año pasado, ya vamos a cumplir básicamente un año del desplazamiento que se inició el 17 de enero, pero en los dos primeros días recibimos casi 5.000 personas”, precisó.Actualmente, las personas que llegan a Cúcuta se encuentran en su mayoría acogidas por familiares o redes de apoyo. Desde la administración municipal, con el respaldo de la Unidad para las Víctimas y cooperación internacional, se han dispuesto kits de alimentación y aseo, además de atención psicosocial.El secretario enfatizó que estos desplazamientos no cesarán mientras no haya una transformación real en el territorio. “Mientras el territorio del Catatumbo no sea consolidado, no haya un perfecto complejo estado social de derechos, pues la gente va a seguir en esos desplazamientos”, advirtió.Finalmente, subrayó que las familias no llegan con la intención de radicarse en la ciudad, sino buscando protección temporal: “Ellos llegan a Cúcuta pensando en que se quieren regresar lo más pronto posible a sus casas fincas, que son, pues, sus sitios donde tienen su vida, su historia, sus propiedades, su propiedad privada; es a donde quieren retornar lo más pronto posible”, aseguró.
Blu Radio conoció la apelación de 351 páginas presentada por la defensa del antiguo secretariado de las Farc contra la sentencia de la JEP a ocho años de sanciones restaurativas. Es decir, que los máximos comandantes de la guerrilla por ese tiempo deberán reparar a las víctimas, sin ir a la cárcel.Los exjefes de la guerrilla presentaron una apelación en la que hacen fuertes críticas a la JEP.En primer lugar aseguran que los magistrados cuestionan en la sentencia el carácter político de las extintas Farc.“Las rebeliones han venido inmanentemente atadas a las exigencias de los pueblos por un nuevo derecho para dar el paso adelante. Las revoluciones liberales y de independencia de los siglos XVIII y XIX, las luchas anticoloniales del siglo XX, los alzamientos revolucionarios patrióticos, las luchas por la paz y la reconciliación de finales del XX y principios de siglo XXI, atestan de este elemento ontológico de las rebeliones.Vale entonces concluir: si bien el derecho internacional no fomenta rebeliones, teniendo cuidado de no molestar mucho el orden estatal interno, tampoco las prohíbe, pues parece reconocer que la rebelión es, sin duda, el derecho más intrínsecamente atado a la realidad de los pueblos, cuando estos hacen aparición como fuerza de la historia. Y no solo no las prohíbe, sino que brinda un marco jurídico para su desarrollo en función de la protección de determinados sujetos y bienes, incluso proporcionando diferentes instancias para su resolución. A menos que la JEP haya decidido renunciar a la caracterización constitucional del conflicto colombiano como un conflicto político, yendo en contra el contenido del Acuerdo mismo, no puede hablarse de reproche al alzamiento; desnaturalizándolo y convirtiéndolo, en la práctica, en un simple concierto para delinquir”, señala el antiguo secretariado.Además, insisten en que la JEP debe emitir una única resolución de conclusiones, para no vulnerar la seguridad jurídica de los comparecientes.Otro de los cuestionamientos llega por la forma en la que la JEP hizo las imputaciones, al señalar que a algunos comparecientes se les imputó por la posición que ocuparon en el grupo armado, pero no por actos cometidos.“Prima una interpretación en la cual la asignación de responsabilidad a los máximos responsables no requiere probar su relación con los hechos adjudicados, se trata de una manifestación contraria a los principios de presunción de inocencia, legalidad y tipicidad. El dolo y la coautoría no son simples “visiones naturalísticas”, sino garantías dogmáticas que delimitan la responsabilidad penal. Relajar la exigencia de probar el acuerdo común o la intención puede derivar en imputaciones basadas en presunciones o sospechas, lo que contradice la función garantista de una Jurisdicción que surge ante los desafueros cometidos contra los rebeldes en la justicia ordinaria”, dice el documento presentando a la JEP.Es por eso que dicen que la sanción máxima se impone no porque se hayan demostrado los hechos, si no por la posición que ocupó la persona en la extinta guerrilla. Es por eso que le piden a la Sección de Apelación tumbar este tipo de imputaciones y realizarlas bajo la verificación de que la decisión tomada por los exjefes de la guerrilla generó el resultado hallado por la jurisdicción.Sobre tortura, esclavitud y tratos cruelesEn otro apartado el antiguo secretariado señala que el proyecto “político y militar de las Farc” no incluyó la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la esclavitud, la violencia sexual ni el desplazamiento como una entrategia militar y social.“La división jerárquica de la organización, así como los miles de guerrilleros, milicianos y colaboradores que hacían parte de las filas, requería un sistema de comandancias a partir del cual se pudiere controlar más y mejor a quienes eran subordinados; cuestión que, como se ha reconocido, no se logró en todos los casos, ni con todas las estructuras, pese a esto, el fenómeno del secuestro tuvo como propósito permanente, intercambiar la libertad de las víctimas por dinero, intercambiarlas por guerrilleros presos, o ejecutarlo en medio nde acciones de seguridad o control propio de una organización irregular en los territorios en los que hacían presencia, más no aprehenderlas con el fin de hacer de ellas instrumentos para torturar, asesinar, desaparecer, esclavizar, violentar sexualmente, entre otras graves conductas”, señalan los exjefes de la guerrilla. Otro de los cuestionamientos llegó por el hallazgo de la JEP según el cual hubo un patrón que se presentó con las víctimas y fue el de malos tratos, pues aseguran que la jurisdicción no les permitió defender la idea de que estos hechos no fueron una práctica o policía de las Farc, sino unos resultados indeseados.Además, los abogados de los comparecientes señalan que la jurisdicción no probó, más allá de toda duda razonable, que los exjefes de la extinta guerrilla conocían los hechos que se estaban produciendo con los secuestrados en razón de mando y control, es decir, por la posición que ocupaban.Sobre la privación de alimentos y medicamentos a los secuestrados, los exjefes de las Farc señalan que estas situaciones se presentaban, supuestamente, por “la política contrainsurgente del Estado”, a través de diferentes acciones.“Si bien las condiciones de vida en el secuestro están al límite humano que supone el hecho de privar de la libertad a una persona, esas condiciones se agudizaron debido al impacto del accionar militarista del Estado contra la insurgencia. Tanto las víctimas como las comisiones de cuidado pueden evidenciar los efectos que generaron las políticas de seguridad y defensa, influenciadas por la presión de resultados tanto en Colombia como en Estados Unidos, especialmente considerando los elevados recursos destinados a la confrontación contra las FARC-EP. La ineficacia del Estado en la guerra y la presión por el éxito tuvo consecuencias dramáticas, como la victimización con los falsos positivos y los intentos fallidos de rescates que terminaron en tragedias”, señala el documento.Dicen, además, que por las acciones militares los secuestrados tenían que ser trasladados, los campamentos eran improvisados y las víctimas eran sometidas a caminatas largas, adjudicándole parte de la responsabilidad de las malas condiciones de los secuestrados al Estado.Piden tumbar la imputación por esclavitudNuevamente, y como lo han hecho a lo largo del proceso en la JEP, los ex comandantes de las Farc señalan que, si bien hubo casos de trabajos forzados a las víctimas, no hubo esclavitud:“Las víctimas no fueron objeto de esclavitud al no cosificarlas y que, la imposición de trabajos forzados, por sí sola, no constituía esclavitud, por lo que era relevante analizar los casos según los indicios de esclavitud que ha desarrollado la CPI”, dice el documento.Agregan que el grupo armado no buscó cosificar a las personas ni ejercer atributos del derecho de propiedad sobre su cuerpo y que en ningún caso se permitió ni se orientó que una persona fuera secuestrada para ser “un servidor derecho la organización bajo coacción, ni con fines de obtener beneficios a favor de esta”.Ante esta situación piden a la JEP desestimar el cargo de esclavitud.Desaparición forzada y asesinatoEn el mismo sentido, se refieren a los casos de secuestro extorsivo en los que no se realizaron los pagos y las personas fueron desaparecidas. Según los excomandantes de la guerrill, aseguran que las desapariciones forzadas fueron hechos excepcionales y no una consecuencia natural o automática de la falta de pago.“La evidencia judicial acumulada demuestra que la falta de pago no fue, ni en términos cuantitativos ni cualitativos, la causa directa o predominante de los asesinatos y desapariciones de secuestrados. La política de financiación mediante secuestros tuvo como eje la obtención de recursos, no la eliminación física de las víctimas. Pretender lo contrario implica desconocer los hallazgos de la propia Jurisdicción Especial para la Paz, que, lejos de confirmar esa supuesta “consecuencia natural”, ha documentado la ausencia de un patrón generalizado que vincule el impago con la ejecución del secuestrado. Por tanto, desde una perspectiva crítica y basada en evidencia, puede afirmarse que la relación entre el no pago y la desaparición o asesinato del cautivo es una inferencia infundada, sostenida más en interpretaciones simplistas del fenómeno que en un análisis riguroso de los hechos”, se lee en la apelación.Control territorialLa apelación también señala que las extintas Farc nunca ejercieron dominio absoluto ni excluyente sobre un territorio, pues siempre estuvieron en disputa con las fuerzas militares o con otros actores armados. Es por eso que consideran que carece de fundamento el hecho de que la JEP haya dicho que hubo algunos casos de secuestro que se dieron con el fin de mantener el control territorial.“Su característica fue la de una organización guerrillera que ejercía la guerra de guerrillas de carácter móvil. La información disponible, tanto en fuentes oficiales como en los relatos de los propios comparecientes, permite constatar la existencia de una presencia armada, móvil, intermitente, estratégica y disputada. Por tanto, la calificación estricta de ciertos secuestros como actos cometidos en ejercicio de un control territorial o incluso bajo la atribución de una suerte de “ejército de ocupación", carece de fundamento factico y jurídico”, argumentan los abogados.Sobre los proyectos de sanciónAl empezar a hablar de las sanciones impuestas por la JEP en la apelación dejan claro que la ausencia de un fallo único genera un riesgo jurídico y es que la jurisdicción mantenga su potestad sancionatoria por un tiempo superior al autorizado, ocho años. Por eso, le piden a la JEP un pronunciamiento en el que quede claro que a los comparecientes no se les van a imponer sanciones después de ese tiempo.Para los exfarc, en la mayoría de territorios donde se cumplirán las sanciones persiste el conflicto, por lo que podrían estar en situación de riesgo.“La decisión apelada, omite la necesidad de contar con un análisis territorializado del riesgo que identifique amenazas específicas en cada zona de cumplimiento, así como la articulación directa con los esquemas de seguridad comunitaria, las organizaciones sociales del territorio y las autoridades locales. Del mismo modo, no establece protocolos operativos diferenciados para responder de manera inmediata ante situaciones de emergencia, ni incorpora mecanismos de participación de los comparecientes en el diseño de las medidas que les afectan, lo cual es esencial para generar confianza y garantizar la eficacia de la protección”, argumentan en el documento.Como no todos los proyectos de sanción están definidos y algunos se irán definiendo durante estos ocho años, los exfarc consideran que eso también vulnera sus derechos.“Al supeditar el contenido final de la sanción a eventos futuros e inciertos como la evaluación posterior de la suficiencia de los proyectos o la eventual imposición de nuevos, la decisión pierde su carácter de acto jurisdiccional definitivo y se convierte en una resolución preliminar sujeta a revisiones permanentes. Esta situación resulta incompatible con la figura de la cosa juzgada, cuyo propósito es conferir a las decisiones judiciales un carácter inmutable, vinculante y definitivo, garantizando así la estabilidad del orden jurídico y la confianza legítima en la administración de justicia. Este asunto es un mal precedente para los Acuerdos de Paz, y socava de manera definitiva la confianza legítima en el Estado Colombiano, pues una vez más, queda demostrado el carácter de perfidia y de clase está adquiriendo esta jurisdicción en algunas de sus decisiones”, dice el documento.Por otro lado, solicitan reorientar el proyecto de búsqueda de desaparecidos, en el de desminado humanitario dicen que se requieren conocimientos técnicos y condiciones físicas, por lo que si bien el proyecto es importante hay que dejar claro qué actividades pueden hacer los comparecientes.“Los siete miembros del último Secretariado de las FARC-EP, no solo por su avanzada edad y la ausencia absoluta de experiencia o formación en labores de desminado humanitario, se encuentran en la imposibilidad material de ejecutar actividades de despeje; además, no hacen parte de los siete operadores acreditados oficialmente en Colombia para desarrollar dicha labor, conforme a lo establecido por la Autoridad Nacional de AICMA”, explican los exfarc.Sobre los derechos políticosPara los comparecientes, la sentencia podría limitar los derechos políticos, en parte, porque los magistrados aseguran que una falta a los compromisos sería que los exfarc incurran en discursos revictimizantes o negacionistas.“La sentencia termina justificando una restricción preventiva y desproporcionada de derechos, que se apoya en una presunción genérica de peligrosidad política, lo cual es contrario al estándar constitucional e interamericano en materia de libertad de expresión y participación democrática. La concordancia práctica entre los derechos de los comparecientes y las finalidades superiores del SIVJRNR exige, que las limitaciones impuestas respondan a una ponderación real y concreta: ¿qué derecho se limita?, ¿qué fin específico se busca alcanzar?, ¿qué medios alternativos menos lesivos existen?, y ¿por qué la medida adoptada es estrictamente necesaria y proporcional en sentido estricto? Estas preguntas propias del test de proporcionalidad no fueron abordadas en la decisión impugnada, lo cual evidencia un déficit de motivación y razonabilidad que compromete la validez constitucional de la restricción”, dice el documento.Es por eso que piden que esta decisión sea revisada y que la participación política sea garantizada en todas sus dimensiones. Además agregan que el hecho de que las víctimas presenten proyectos de sanción no estaba estipulado en el acuerdo.“La inclusión y valoración de proyectos de sanción presentados directamente por las víctimas, así como la habilitación de escenarios de participación no previstos en la normativa vigente, constituyen actuaciones manifiestamente contrarias al marco de competencias establecido en el Acuerdo Final de Paz y en su normativa de desarrollo. Tales decisiones exceden las atribuciones conferidas a la SeRVR, desconociendo los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, al tiempo que comprometen la coherencia e integridad en la implementación del Acuerdo”, advierte la apelación.Situación particular de cada comparecienteEn el mismo sentido se señala que a los siete exjefes del secretariado se les impuso una sanción de ocho años, pero que esto no puede aplicarse de la misma manera a todos los comparecientes, pues algunos de ellos deberían tener menos tiempo de sanción, uno de ellos sería Rodrigo Granda.“Se solicita a la Sección de Apelación que el tiempo de privación de la libertad que han cumplido los comparecientes Rodrigo Granda Escobar y Pablo Catatumbo, de acuerdo con cada caso particular y concreto, sea reconocido y contabilizado como parte del período de ejecución de la sanción propia, en aplicación de los principios de proporcionalidad favorabilidad y justicia material que orientan el derecho sancionatorio transicional”, piden los abogados de los comparecientes.Otra de las solicitudes de los abogados es que la JEP tenga en cuenta las actividades que realizaron los comparecientes desde la dejación de armas y que esas acciones sean tenidas en cuenta como Trabajos, Obras o acciones reparadoras.“No se contabilizaron las actividades que ejecutaron los comparecientes desde el proceso de dejación de armas. Lo anterior, no sólo quebranta la confianza legítima de los comparecientes en el marco del proceso transicional, sino, la estabilidad del proceso de reincorporación y lo pactado en la Habana”, argumenta la defensa de los comparecientes.Vigilancia electrónicaPara el antiguo secretariado de las Farc, el dispositivo electrónico con el cual van a ser monitoreados hace que las sanciones se parezcan más a las de la justicia ordinaria y no a la jurisdicción transicional.“Así se advierte que, la Sentencia objeto de apelación introduce disposiciones atentatorias contra la dignidad humana y contrarias a los principios restaurativos que orientan la justicia transicional, al establecer consideraciones que permiten entender que los sancionados estarán mmonitoreados 24/7, lo que desnaturaliza las sanciones propias y las convierte, en la práctica, en una forma encubierta de restricción punitiva incompatible con el modelo adoptado en el Acuerdo Final de Paz y la Ley Estatutaria de la JEP”, se lee en el texto.Para ellos los mecanismos de monitoreo electrónico son invasivos, por eso creem que se deben aplicar otros mecanismos de seguimiento como informes que deben ser presentados periódicamente y que den cuenta del cumplimiento de la sanción, que la supervisión la hagan entidades encargadas de la reincorporación y que se registren las actividades restaurativas realizadas por los comparecientes.Además dicen que el acuerdo de paz no obliga a los exintegrantes de las Farc a vivir en el mismo espacio donde se ejecuten las sanciones y que de ser así se vulneraría el principio de legalidad.“Esto significa que la ubicación de un proyecto restaurativo no puede obligar a un compareciente a abandonar o poner en riesgo los avances que ha logrado en su arraigo familiar, social o productivo”, argumentan los exfarc.Por eso, para ellos, los proyectos de sanción deben tener en cuenta varias cosas: condiciones de seguridad, arraigo familiar y comunitario, avances en la reincorporación de los comparecientes.Además ellos dicen que ya han cumplido con la restricción efectiva de la libertad desde que firmaron el acuerdo, pues para salir del país deben pedir permiso a la JEP.“La obligación impuesta a los comparecientes del extinto Secretariado de solicitar autorización para la salida del país, ha sido cumplida de manera efectiva durante el período correspondiente. Este cumplimiento debe ser valorado por la Sección de Apelaciones como un elemento relevante al momento de definir el alcance y ejecución de la sanción propia, en la medida en que implicó una restricción real a la libertad de locomoción y evidenció un comportamiento constante de sujeción al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En consecuencia, y conforme a los principios de proporcionalidad, razonabilidad y gradualidad, resulta jurídicamente procedente reconocer dicho período para efectos del cómputo del cumplimiento de la sanción impuesta, evitando así una carga desproporcionada y garantizando la coherencia del régimen sancionatorio de la Jurisdicción Especial para la Paz”, piden los comparecientes.Ante esta situación los exfarc le piden a la JEP que modifique, aclare o revoque algunos puntos de la sentencia relacionada con los temas desarrollados anteriormente.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.
El país continúa sumergido en la tristeza por el trágico accidente aéreo que cobró la vida del cantante de música popular Yeison Jiménez y parte de su equipo de trabajo. En medio del duelo, el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó que ya fueron identificados los cuerpos del artista, así como el resto de integrantes que lo acompañaban en el vuelo que se desplomó este fin de semana, cuando la avioneta despegaba desde Paipa, Boyacá.La confirmación representa un paso clave dentro de los procedimientos forenses y, además, permite que las familias puedan iniciar los actos fúnebres y de despedida. Mientras tanto, el impacto de la tragedia sigue siendo profundo entre seguidores, colegas y la escena musical del país.Medicina Legal identificó a las víctimas del accidente aéreo en PaipaDe acuerdo con la información revelada, los análisis forenses comenzaron desde el pasado domingo en la sede central de Medicina Legal en Bogotá. Un equipo especializado adelantó las necropsias y logró establecer la identidad de las seis víctimas, entre ellas la del intérprete de ‘Aventurero’.Entre los cuerpos identificados se encuentran el del cantante y los de otros integrantes de su equipo de trabajo, incluido el capitán de la aeronave, Fernando Torres, y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora. Los cuerpos estarían siendo preparados para su entrega a los familiares, después de las 6:00 de la tarde de este lunes 12 de enero, mientras avanzan los protocolos correspondientes.El último viaje de Yeison JiménezYeison Jiménez había cumplido una presentación en Málaga, Santander, y tenía previsto desplazarse desde Paipa hasta Medellín para continuar con su agenda artística. Ese mismo sábado debía presentarse en el municipio de Marinilla, en el oriente de Antioquia, concierto que finalmente no pudo realizarse.La muerte del artista, nacido en Manzanares, Caldas, fue confirmada minutos después del accidente por su propio equipo de trabajo. La noticia sacudió al género de música popular, donde Jiménez se había consolidado como una de las figuras más influyentes y reconocidas de los últimos años.¿Cuándo serán los actos fúnebres de Yeison Jiménez?Tras la confirmación de las identidades de las personas fallecidas, la organización de Yeison Jiménez informó que se espera realizar homenajes en memoria de las seis víctimas del siniestro. Sin embargo, hasta el momento no se han definido ni la fecha ni el lugar de estos actos.Aún resta la culminación de los trámites en Medicina Legal para avanzar en la entrega de los cuerpos y, posteriormente, en los actos fúnebres y de homenaje, mientras el país continúa despidiendo a uno de los nombres más representativos de la música popular colombiana.
Apple se ha aliado con Google para impulsar sus funciones de inteligencia artificial (IA) en productos como Siri, a finales de este año, según informaron los dos titanes tecnológicos este lunes."Apple y Google han firmado un acuerdo de colaboración plurianual en virtud del cual la próxima generación de modelos de base de Apple se basará en los modelos Gemini y la tecnología en la nube de Google", anunciaron hoy las empresas en una declaración conjunta.En tanto, según el comunicado, estos modelos impulsarán las futuras funciones de Apple Intelligence, incluida una versión más personalizada de Siri que llegará este año."Tras una evaluación exhaustiva, Apple determinó que la tecnología de IA de Google ofrece la base más sólida para sus modelos de base y está entusiasmada con las innovadoras experiencias que brindará a los usuarios de Apple", anota el texto.Apple Intelligence seguirá funcionando en los dispositivos Apple y en Private Cloud Compute, manteniendo los estándares de privacidad líderes en la industria de Apple.Actualmente, los usuarios de Apple pueden configurar sus dispositivos para permitir que Apple Intelligence se integre con ChatGPT de OpenAI.La noticia, que fue filtrada hoy por CNBC, impulsó las acciones de ambos gigantes tecnológicos, con Alphabet (matriz de Google) superando una capitalización de mercado de cuatro billones de dólares.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó al capitán Juan Escalona como nuevo ministro del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia, y al vicealmirante Aníbal Coronado como ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo. Los cambios en el gabinete ministerial fueron anunciados en su canal oficial vía Telegram, como parte de un proceso de continuidad administrativa para el “desarrollo de los planes del Gobierno Bolivariano”, según la presidenta encargada.Juan Francisco Escalona Camargo es capitán del Ejército Bolivariano de Venezuela y figura militar de larga trayectoria dentro de las estructuras del chavismo. Escalona ha desarrollado gran parte de su carrera en el Ejército y ha sido militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Además de su labor en filas militares, ha sido diputado suplente en la Asamblea Nacional, lo que lo ubica como un actor conocido tanto en el ámbito castrense como en el legislativo.El capitán Escalona es reconocido por haber servido como edecán del expresidente Hugo Chávez y, tras su muerte, como parte del círculo de seguridad de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.Por su parte, Aníbal Eduardo Coronado Millán es vicealmirante de la Infantería de Marina Bolivariana y a lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos dentro de la estructura del Estado. Se desempeñó como Guardia de Honor Presidencial y edecán de Nicolás Maduro, viceministro de Seguimiento e Inspección de Gestión de Gobierno y jefe de Gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda.Coronado, antes de ser designado, se desempeñaba en el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno en Venezuela. El vicealmirante sustituirá a Ricardo Molina, quien había sido designado ministro por Nicolás Maduro, en febrero de 2025. El nuevo ministro asume el cargo con el mandato de impulsar la protección del ambiente y la gestión de recursos naturales.Estos movimientos se producen en un momento de alta relevancia política, orientado, según la presidenta interina, a garantizar la eficiencia en el cumplimiento de los planes de la Revolución Bolivariana.
El Ministerio de Transporte expresó su desacuerdo con el aumento de 350 pesos en la tarifa de TransMilenio, argumentando que el incremento del salario mínimo no es una razón suficiente para trasladar ese ajuste directamente a los usuarios. Según la entidad, el alza equivale a un 10,9 %, un porcentaje que supera la inflación, la que es una referencia habitual para los análisis tarifarios del transporte público urbano.MinTransporte explicó que los costos laborales representan solo una de las variables que influyen en la tarifa y que no pueden evaluarse de manera aislada. De hecho, insistió en la necesidad de un análisis técnico y financiero integral que tenga en cuenta otros factores como la eficiencia operativa, la gestión contractual, los subsidios, los mecanismos de compensación y el impacto sobre la demanda del sistema.Aunque la fijación de las tarifas del transporte público es competencia de los entes territoriales, el ministerio recordó que cuenta con facultades técnicas para revisar y pronunciarse sobre la razonabilidad de incrementos que puedan afectar a los usuarios y la sostenibilidad del sistema, especialmente teniendo en cuenta que el Estado ha cofinanciado históricamente la infraestructura troncal de TransMilenio.En ese contexto, también se mencionó el reciente convenio de cofinanciación de la flota eléctrica para Bogotá y su extensión a Soacha, el cual, aunque no define directamente la tarifa, sí tendrá efectos futuros sobre el Fondo de Estabilización Tarifaria.Por lo anterior, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte solicitarán a TransMilenio S.A. un desglose detallado del análisis que sustenta el aumento, con el objetivo de emitir un concepto técnico que garantice la protección del interés general y de los usuarios.
El juez estadounidense Alvin Hellerstein ordenó este lunes apartar al abogado Bruce Fein de la defensa del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en el caso que afronta en Nueva York, al señalar que no fue contratado por el líder chavista."Si Maduro quiere contratar a Fein, puede hacerlo. Fein no se puede designar él solo como representante de Maduro", indicó el magistrado en una orden publicada hoy en el archivo del caso, en la que aprueba un reclamo del abogado principal de la defensa, Barry Pollack.Fein, un veterano letrado especializado en derecho constitucional, pidió integrarse en el caso bajo la figura legal 'pro hac vice', que permite a un abogado representar a un cliente de manera ocasional y temporal, previa aprobación judicial, sin estar colegiado en la jurisdicción, algo necesario para ejercer.El jueves, Pollack dijo al juez que había hablado con Maduro y este le indicó que no lo había contratado, por lo que lo autorizaba a reclamar que fuera apartado del caso.El juez indicó hoy que Fein "admite que no fue contratado por Maduro, ni por el abogado contratado por Maduro, ni fue designado por el tribunal" y considera que su solicitud para integrarse "no tiene base legal"."Fein basa su solicitud en 'información recibida' de personas que no nombre y que, según dice en una respuesta no jurada, están 'creíblemente' en el 'círculo interno o familia' de Maduro", argumentó Hellerstein.También deniega una moción "llevar a Maduro al tribunal para preguntarle 'in camera' (en privado, según lenguaje legal) si quisiera añadir a Fein a su equipo defensor", y que este entregó el viernes.Pollack representó a Maduro el 5 de enero en su primera comparecencia en un tribunal federal de Nueva York, donde fue acusado de delitos de narcotráfico y corrupción, tras su captura y traslado al país suramericano el sábado 3 de enero en la madrugada.La esposa de Maduro, Cilia Flores, acusada de colaboración en los delitos que se le imputan, tiene un abogado distinto, Mark Donnelly.
Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
El ELN y el Gobierno Nacional, comandado por el presidente, Gustavo Petro, retomarán las negociaciones de paz el próximo mes noviembre, según un acuerdo firmado por las partes en Venezuela, país que actuará como garante en los diálogos, junto a Cuba y Noruega.El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, habló sobre la importancia de la transparencia en estos diálogos, de manera que lo pactado se vaya cumpliendo para generar confianza."El diálogo en sí mismo debe expresar los cambios y esta delegación de paz (del ELN) nos ha expresado y nos ha dado elementos de profunda confianza", aseguró.En Sala de Prensa Blu, la analista Elizabeth Dickinson y el director del CERAC, Jorge Restrepo, hablaron sobre los diálogos de paz que retomarán el ELN y el Gobierno Nacional."Tomar todo el diálogo en Venezuela yo lo considero algo riesgoso por la cercanía del ELN con este gobierno. El acuerdo de paz no está implementado en su totalidad, se tiene que dar confianza no solo a los actores que negocian sino a la misma ciudadanía”, aseveró la analista Elizabeth Dickinson.Según Dickinson, el diálogo de paz no es algo de ideología sino de conocimiento.“No es un trabajo de ideología por parte del equipo elegido sino de conocimiento a una solución que queremos de diálogo. Que el Gobierno de Petro tenga un diálogo con diferentes regiones no le da excusas al ELN para decir que ese acuerdo no incluye a la población”, dijo.Además, la analista aclaró que, es bueno que el Gobierno cuente con personal que conoce los procesos de paz.“El anuncio de paz que hizo el Gobierno es algo esperanzador y tiene grandes pilares que conocen el tema, como el canciller Leyva y el comisionado de Paz Rueda. Ahorita, el ELN tiene que mostrar garantías para que los diálogos no tengan ningún tropiezo”, aseveró.Por otro lado, el director del CERAC, Jorge Restrepo, explicó que el ELN debe demostrar, cada vez más, que está comprometido con el proceso de paz."El ELN debe comprometerse públicamente a no tener secuestros, a desmovilizaciones forzadas ni a ataques terroristas que atenten con la negociación. Es muy importante no negociar todo el tiempo bajo el conflicto. Tener muy claro cuáles son las formas de violencia que son inaceptables en un acuerdo", afirmó.Además, dijo que el ELN tiene un rechazo político por los crímenes que han cometido durante años, como el secuestro."Las guerrillas colombianas cometieron crímenes atroces y eso genera un enorme rechazo político, que es la trampa del conflicto, pues es muy difícil salir de ahí. El ELN ha estado en fuego con varios grupos armados en la zona donde se concentran. Que ejerzan en una zona no significa que tengan control territorial”, aclaró.
El comisionado de Paz, Danilo Rueda, en diálogo con Blu Radio dijo que el Gobierno comprende, pero no justifica la lucha del ELN. Esto al explicar el video que publicó el miércoles en la noche en los que le llama la atención al grupo guerrillero para que no continúe su guerra con las disidencias de las Farc en Arauca.“Estoy afirmando que comprendemos, no estoy diciendo que justificamos, como no podemos justificar el asesinato, la tortura, la desaparición y el desplazamiento forzado. Eso es lo que se dialoga para resolverlo de una vez en Colombia”, explicó.Añadió que ese “comprendemos” implica reconocer que hay un asunto social que no se ha querido reconocer: “Entendemos los problemas de seguridad, entendemos que hay unos problemas de desigualdad social, de crisis ambiental, que llevan a muchas personas a hacer partícipes de la violencia, con distintas motivaciones”.A la pregunta de si estos grupos armados hoy no se dedican al narcotráfico, el comisionado de Paz enfatizó en que los motivos de la lucha son diferentes y que el este es solo uno de ellos.“Hay distintos factores que impulsan, dinamizan la violencia, entre ellos el narcotráfico. Por eso, la política de paz total tiene una dimensión transversal, no se agota en el uso de la fuerza y si la usa lo hace en el marco del derecho internacional”, agregó.El comisionado de Paz insistió en que el ELN sí ha ha respondido con gestos a la propuesta de paz total del Gobierno Nacional y que su video del miércoles se refería a las denuncias de la población civil sobre enfrentamientos con las disidencias, pero no específicamente a asesinatos.“El ELN ha dejado en libertad a personas que tenían en su poder, que tenían retenidas o secuestradas, durante el periodo del presidente Petro. Podemos afirmar que en el propio Arauca y en otras regiones de Colombia, donde ellos tienen presencia armada, hubo desescalamiento de sus actuaciones y por eso esos signos de respuesta los valoramos de manera muy positiva”, puntualizó.Resultó llamativo, en las últimas horas, un mensaje que envió por Twitter el alto comisionado de Paz, prácticamente rogándoles al ELN y a las disidencias de las Farc que cesen los combates que tienen en el departamento de Arauca.Digo que es llamativo el mensaje por el tono suplicante del comisionado, que es comprensible en la medida en que el llamado que hace busca detener las balas y las acciones violentas que están afectando a la población civil.
La Contraloría General de la República realizó un estudio sobre la gestión de la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S. Revisó la productividad y rentabilidad de los recursos del Frisco, el Fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado; responsable de administrar los bienes especiales que se encuentran en proceso o que se les haya decretado la extinción de dominio.La revisión quedó plasmada en un informe de 126 páginas que conoció Mañanas Blu, en el que se desmenuza la gestión de la SAE de 2019 a 2021.El informe, fechado el 22 de Julio de, 2022 concluye algunos puntos preocupantes y más teniendo en cuenta que el gobierno Petro pretende entregarle todos estos bienes a quienes los necesiten; es decir, los bienes incautados hacen parte de la columna vertebral del punto uno del acuerdo de paz.Sobre el tema, se han pronunciado en días recientes la ministra de Agricultura, Cecilia López, quien habló de 7 millones de hectáreas y que se había iniciado con 600.000.También ha hecho referencia el senador Humberto de la Calle, exnegociador de paz con las Farc, así como el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, quien considera que dichos se pueden usar porque es mucha tierra.Sin embargo, el problema surge por una de las conclusiones más contundentes de la Contraloría en el estudio, que por alguna extraña razón permanece guardado bajo llave por así decirlo, porque no se hizo público: es que la entrega del inventario de bienes por parte de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes DNE a la Sociedad de activos especiales SAE, fue de manera formal documental y no real y material, lo cual implica, de acuerdo con la Contraloría, un desconocimiento del total de bienes, su ubicación, su avalúo y sobre todo, el estado físico en el que se encuentran realmente.Sin articulaciónA esto se suma que no existe articulación interinstitucional efectiva porque existen demasiadas entidades que participan en la ejecución de la política de extinción de dominio, esas instituciones del estado no cuentan con un sistema de información centralizado que permita hacer ágil el proceso de verificación de bienes, o por lo menos conocer lo que hacen las demás frente a cada bien.Entonces, cada entidad tiene su propio sistema de información, que no es compatible con las demás. Por ejemplo, la SAE usa SIGMA, la Rama Judicial SIERJU y la Fiscalía General usa el SPOA. Entonces una información es la que usted encuentra en Fiscalía, otra en la rama y otra en la propia SAE.Sin embargo, los líos no paran ahí: La figura de justicia premial, incorporada en el código de extinción de dominio desde 2017, que pretendía que en etapa de juicio el afectado negociara sentencia anticipada a cambio de la entrega efectiva de bienes, estaría siendo subvalorada de acuerdo con el informe, porque poco se aplica, siendo una herramienta útil para disminuir tiempos y costos procesales. Luego de 8 años de su expedición, durante el período 2019-2021 que es el que revisó la Contraloría, o sea en dos años, solo se presentaron 16 sentencias anticipadas.Demoras en procesos y corrupciónEl presidente Petro habló en Villavicencio sobre las demoras de los procesos y la corrupción que hay en muchos casos, pues la Contraloría junto con el Observatorio de Lavado de Activos y Extinción de Dominio de la Universidad del Rosario, promediaron un estimado de un costo procesal promedio para proferir una Sentencia y se encontró con que cada año de proceso le cuesta a los colombianos entre 26 y 60 millones de pesos de acuerdo a la ley por la que lo desarrollen (la 1708 de 2014 o la 793 de 2002) por proceso.Esto, para establecer la magnitud real, debería multiplicarse por los más de 1.000 procesos en curso que se pueden demorar entre 8 y 20 años en ser resueltos.Y como si fuera poco, hay que agregar que el Consejo Superior de la Judicatura de los 37 despachos que debe crear por ley, solo ha creado 15, o sea un 41%, lo que evidentemente limita el acceso a la justicia.Congestión judicialOtro tema importante que se evidencia es la congestión presentada tanto en la Fiscalía que, a corte de diciembre de 2021, estaba en 1.282 procesos activos. En la Rama Judicial para el mismo periodo de tiempo el Índice de Congestión Efectivo alcanzó el 72,07%, un porcentaje superior en 13,81 puntos al presentado por toda la administración de justicia que es del 58,26%. Esos porcentajes evidencian el desequilibrio presentado en relación con la cantidad de funcionarios designados para su trámite, mientras en la FGN se contaba con 78 Fiscales Especializados en Extinción de Dominio a nivel nacional, la Rama Judicial solo contaba con 15 jueces o magistrados, para esa misma especialidad.Sobre la entrega del inventario de bienes por parte de la DNE que desapareció después de que se evidenciara que era el fortín del partido Conservador y pasaron estos bienes a manos de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS el estudio asegura que no correspondió a una entrega real y material, se realizó en forma documental, lo que implicó desconocimiento del total de bienes, su ubicación, avalúo y estado físico. Lo peor que es que aún, ahora, luego de 8 años de haber recibido esos bienes, se siguen presentando casos, en 141 actas revisadas se relacionan 509 bienes sin aclarar.Inventario incompletoActualmente el inventario de los bienes incautados, tienen información incompleta y desactualizada. El 57,5% de los bienes inmuebles (16.283) no reporta estado físico, o sea no se sabe ni dónde ni cómo están.En total, 29.109 registros carecen de avalúo comercial o sea no existe peritazgo del precio en el 48% del total de los inmuebles, pero lo más grave, tampoco tienen depositario según el estudio, lo que conlleva a que no sea confiable la información, se dificulte su control y lo más grave, no se permita una adecuada administración.En resumen, en Colombia no se está cumpliendo el objetivo de que esos bienes sean productivos y rentables o por lo menos evitar su deterioro. Tampoco se puede contribuir con los programas sociales que es el fin último de la política de incautación de bienes, definida por el Gobierno.El presidente Petro afirmó que no hay políticas públicas con estos bienes, y el problema es que si las hay, pero no se aplican y al no existir un inventario real de bienes se concluye que la información de la SAE no es idónea, no aporta elementos reales para la acertada toma de decisiones, así́ como para el ejercicio de un control efectivo de los bienes que administra, lo que obviamente está generando corrupción y el incumplimiento de las principales funciones por las que la SAE fue elegida: “Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes y velar por su correcta administración”.Así las cosas, se ponen en riesgo el cumplimiento del punto uno del acuerdo de La Habana para lograr la llamada paz total que proyecta el Gobierno nacional como su hoja de ruta.
Este martes, el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN anunciaron al país y a la comunidad internacional la reanudación de los diálogos de paz. Blu Radio conoció que habrá cambios en los negociadores del ELN, ya que algunos de los que estuvieron estos años en Cuba se sienten desgastados.La delegación del ELN y el Gobierno anunciaron que los diálogos se retomarán después de la primera semana de noviembre. Además de la reanudación de la "mesa de conversaciones", el texto da cuenta de la decisión de "retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la agenda en marzo 30 de 2016", es decir, los mismos seis puntos que fueron pactados con el gobierno Santos. Anunciamos "el restablecimiento del proceso de diálogos después de la primera semana del mes de noviembre del año 2022", dice el comunicado leído tras una reunión entre representantes de las partes celebrada en Caracas. Las negociaciones de paz se encontraban suspendidas desde 2019 por decisión del expresidente Iván Duque, luego de un atentado terrorista de esa guerrilla contra la escuela de cadetes General Santander de la Policía donde murieron asesinadas 23 personas más el perpetrador.El presidente Gustavo Petro reveló el comunicado conjunto de las partes acerca de la reanudación de los diálogos de paz con el ELN. Los encuentros serán en "sedes rotativas" entre los países garantes: Venezuela, Cuba y Noruega, indicó Antonio García, comandante del ELN durante una rueda de prensa en la capital de Venezuela."Las sedes que se habían acordado eran sedes rotativas… vamos a reiniciar sin modificar lo que está acordado", dijo García a periodistas al aclarar que aún evalúan dónde será el inicio de las conversaciones.El presidente Petro eactivó contactos con el ELN tras asumir el cargo el 7 de agosto, con la mira puesta en retomar las negociaciones interrumpidas en 2019 por el gobierno de Iván Duque después de un ataque contra una escuela policial que dejó 22 muertos, además del agresor.Los delegados del ELN fueron acogidos durante cuatro años en Cuba, país del que salieron rumbo a Venezuela el 2 de octubre para corresponder a las nuevas negociaciones de paz prometidas por el presidente Petro.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.