Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.
La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó que el general Huertas será llamado nuevamente a dar versión voluntaria en el marco de la investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales. En una audiencia anterior en Granada, varios militares bajo su mando afirmaron que Huertas conocía e incluso habría dado instrucciones relacionadas con estos hechos.La JEP explicó que esta convocatoria es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por antiguos miembros del Ejército como de la extinta guerrilla de las Farc. No se requiere ningún acto adicional de suscripción para investigar a Huertas, quien permanece vinculado al proceso.El nombre del general también ha surgido en investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con la estructura de alias Calarcá, según comunicaciones y documentos recopilados por las autoridades. La nueva citación busca esclarecer su responsabilidad en los falsos positivos ocurridos durante su periodo como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez.La fecha exacta para la nueva versión voluntaria aún está en evaluación, y la JEP insiste en que todos los involucrados en crímenes del conflicto deben someterse a esta justicia para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo crítica, según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Durante su visita del 1 al 4 de diciembre, Campbell pudo constatar altos riesgos para los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.La alerta de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta se debe a la expansión de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Sus operativos incrementan la violencia, el desplazamiento forzado y los riesgos para líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas organizaciones no estatales ejercen control territorial, imponen restricciones a la movilidad y amenazan a quienes defienden derechos humanos, ambientales y colectivos, generando un clima de miedo e inseguridad en toda la región.El representante de la ONU denunció asesinatos recientes y atentados contra defensores de derechos humanos. Entre ellos, la muerte de Elizabeth Mojica, profesora y defensora de mujeres, niñas y niños, el 30 de noviembre, y el atentado contra Misael Socarrás, líder ambiental de la comunidad Wayuu, ocurrido el 12 de diciembre. Campbell instó al Estado a investigar, sancionar a los responsables y reforzar la protección de la población civil.Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025 se han documentado cuatro masacres y ocho homicidios de defensores en municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. “La población sufre y teme por su vida ante la acción de grupos armados no estatales y la falta de protección estatal”, indicó Campbell.El representante advirtió sobre las graves violencias contra mujeres indígenas, incluyendo violencia sexual y de género, y urgió la creación de Casas de la Mujer en Cesar, Magdalena y La Guajira, con recursos suficientes para atender a las víctimas. También enfatizó la necesidad de proteger a la niñez del reclutamiento forzado por grupos armados, recordando que se trata de un crimen de guerra.Campbell destacó la labor del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General y recomendó su fortalecimiento y expansión a los tres departamentos de la Sierra Nevada. Asimismo, hizo un llamado a respetar los derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y a garantizar la consulta previa, libre e informada.El representante de la ONU reiteró la urgencia de implementar integralmente la Alerta Temprana 020 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 2 de diciembre, que identifica factores de riesgo y emite recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos.Durante su misión, Campbell se reunió con autoridades civiles y militares, líderes ambientales, mujeres indígenas, representantes de consejos comunitarios afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos. La misión contó con el acompañamiento de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos.ONU Derechos Humanos reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, documentar violaciones, brindar asesoría técnica y exigir al Estado mayores garantías de protección para la vida y los derechos de estas poblaciones.
A esta hora el presidente Gustavo Petro tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de la mesa de negociación de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, proceso que atraviesa su momento más crítico tras la reciente inclusión de ese grupo armado en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.El jefe de la delegación gubernamental, Álvaro Jiménez, se encuentra a la espera de una comunicación y una reunión directa con el mandatario para definir si las conversaciones continúan o si se abre un nuevo escenario de revisión frente al impacto jurídico y político que tiene esta designación internacional.Las negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo —también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia— se adelantan desde septiembre de 2025 en Doha, Catar, con acompañamiento de representantes internacionales y organismos humanitarios. En el más reciente ciclo, concluido el 5 de diciembre, las partes habían logrado acuerdos preliminares sobre las zonas de ubicación temporal, donde se ubicarían los integrantes de la organización como parte de un eventual proceso de desarme y sometimiento colectivo.Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de incluir al Clan del Golfo y a varios de sus líderes en la Lista Clinton, bajo señalamientos de narcotráfico y lavado de activos, ha generado incertidumbre sobre la continuidad del proceso, e incluso podría afectar los alivios jurídicos otorgados a los miembros que actúan como negociadores en el exterior.Actualmente, varios de esos representantes se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, con órdenes de captura suspendidas temporalmente, en virtud del acuerdo humanitario que permitió su participación en los diálogos. Ahora, la Casa de Nariño evalúa los alcances legales y diplomáticos de la medida norteamericana y los efectos que podría tener sobre los compromisos adquiridos en la mesa.La comunidad internacional y los acompañantes del proceso han insistido en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo, advirtiendo que una ruptura abrupta podría agravar la crisis humanitaria en regiones donde el Clan del Golfo mantiene control territorial.El país está a la expectativa de la decisión que adopte el presidente Petro en las próximas horas, decisión que podría marcar el rumbo del proceso de paz más complejo que enfrenta actualmente su gobierno.
En la mañana de este jueves dos de las cabezas de la justicia en Colombia se dieron cita en medio de unas agitadas relaciones entre el Gobierno nacional y la Corte Constitucional. El presidente de la Corte, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez recibió en el Palacio de Justicia al Ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga, allí, se tocaron varios asuntos en especial la conversación giró el torno al Estado de Cosas Inconstitucional sobre los asuntos carcelarios en el país.Y es que el tema no es menor, para la Corte Constitucional resulta preocupante no solo el hacinamiento carcelario que tiene cifras preocupantes sino además los brotes de enfermedades como la tuberculosis que generan un problema de salubridad pública en estaciones de policía, centros transitorios y algunas cárceles de Colombia.Sin embargo, otro de los temas en la agenda de la reunión entre Ibáñez e Idárraga sin duda fue la necesidad de tener nuevos puentes de comunicación por las deterioradas relaciones entre el Gobierno y el alto tribunal, esto por cuenta de los temas que resultan de mayor interés para el presidente Gustavo Petro como por ejemplo la reforma pensional que está pasando por su examen de constitucionalidad.Esta reunión se da luego de que el pasado 10 de diciembre en un evento que organiza anualmente el Consejo Superior de la Judicatura donde se condecoran a los presidentes de las altas cortes en el Teatro Colón, el magistrado Jorge Ibáñez se abstuviera de recibir este reconocimiento que otorgó el propio Idárraga según el presidente de la Corte Constitucional para preservar la separación de poderes y la independencia judicial.“El diálogo franco y transparente, son fundamentales para una colaboración armónica entre las ramas del poder público. Desde el Gobierno nacional reafirmamos nuestro respeto por la independencia de poderes en Colombia”, escribió el Minjusticia luego de la reunión.
El alcalde de Medellin, Federico Gutiérrez, celebró que el Clan del Golfo fuera declarado como una organización terrorista e indicó que Estados Unidos está haciendo lo que Colombia no hace: luchar contra los grupos armados. El mandatario criticó que a pesar de la escalada violenta, el Gobierno nacional siga nombrando gestores de paz.Recientemente Estados Unidos designó al Clan del Golfo como una organización terrorista extranjera por sus actividades de tráfico de cocaína para financiar actividades violentas como diversos atentados terroristas perpetrados en territorio colombiano contra la Fuerza Pública y también la población civil, por ejemplo, en el departamento de Antioquia donde no dieron espera.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional luego de que primero fuera Estados Unidos quien se pronunciara por los hechos delictivos realizados por el Clan del Golfo, mientras que en Colombia se sigue dialogando con el grupo delincuencial, incluso, con zonas de ubicación temporal en el territorio nacional.El mandatario celebró la decisión que se tomó desde Estados Unidos, no sin antes irse nuevamente en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la Paz Total que ha tratado de implementar el Gobierno nacional con diferentes diálogos con grupos delincuenciales como ELN o las disidencias.“Mientras el gobierno de los Estados Unidos declara como organización terrorista el Clan del Golfo, que es lo que son, como el ELN, las Farc y todas las otras organizaciones dedicadas al narcotráfico. Pues entonces, aquí lo que hacen en Colombia, el Gobierno Petro, se dedica a seguir nombrando los gestores de paz y darles garantías y entregarles territorios”, dijo.Gutiérrez aprovechó el momento para referirse a la situación de orden público en el país e indicó que es la respuesta a que el Gobierno nacional no haya querido enfrentar a la delincuencia desde un inicio y en sus palabras, “salió mal para el país, y hoy el país está en manos de las estructuras criminales”.Finalmente, el alcalde de Medellín lamentó la situación que se vive en el Cauca tras los ataques terroristas de las últimas horas y expresó que a menos de ocho meses de que se acabe la presidencia de Gustavo Petro lo que deberá hacer el próximo presidente de la República es enfocar sus esfuerzos en combatir la criminalidad desde el primer momento de su mandato.
Antioquia superó los 70 quemados con pólvora, 22 de ellos menores de edad. En la última jornada, durante la final de la Copa Colombia los asistentes reportaron más de 20 minutos de quema de pirotecnia, dejando el Atanasio Girardot totalmente blanco. El inicio de las novenas navideñas y la final de la Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional, marcada por al menos 20 minutos continuos del uso de pirotecnia por parte de ambas hinchadas, no dejan un buen balance para la ciudad.Antioquia registra 72 personas lesionadas por pólvora en lo que va de la temporada 2025–2026, según el más reciente reporte de vigilancia intensificada de la Gobernación, cifra que representa un aumento del 10.8% frente al mismo periodo del año anterior, cuando se habían notificado 65 casos.De acuerdo con la información consolidada por el Instituto Nacional de Salud (INS), las lesiones incluyen quemaduras de primer y segundo grado, laceraciones, contusiones y, en los casos más graves, amputaciones.El balance departamental indica que 22 de los lesionados son menores de edad y 50 son adultos y que en total, seis personas han sufrido amputaciones, una de las consecuencias más severas asociadas al uso indebido de pólvora. Hidalgo Vélez Sierra, líder de la Unidad de Quemados del Hospital San Vicente Fundación en Medellín, habló de las lesiones que generan una quemadura por pólvora.“Es muy importante recordar que en la época de sembrina las quemaduras por pólvora pueden dejar secuelas gravísimas, por eso la invitación es a no manipular ningún tipo de instrumento que va a contener pólvora, ni siquiera las chispitas mariposa. Siempre que ocurra una quemadura existe una destrucción de alguna de las capas de la piel que tiene un grado variable dependiendo de la profundidad del tejido afectado”, aseguró.Medellín concentra el mayor número de casos reportados en Antioquia, seguida por municipios como Bello, Itagüí, El Bagre, Segovia y otros del Valle de Aburrá y las subregiones del Nordeste, Bajo Cauca y Occidente. En cuanto al tipo de lesiones, las manos, la cara y los miembros superiores figuran entre las partes del cuerpo más afectadas, además de reportes de daño ocular y auditivo. Sobre las implicaciones, esto advirtió el experto.“Cuando las quemaduras son profundas y comprometen todas las capas de la piel, los tiempos de hospitalización se prolongan hasta cuatro, a veces cinco semanas y los pacientes pueden requerir intervenciones quirúrgicas que, dependiendo del tipo de intervención, van a generar secuelas funcionales en algunos pacientes. En algunos casos, la destrucción es tan grave que los pacientes pueden tener algún tipo de daño de uno de los órganos importantes”, dijo.El reporte advierte, además, que la ocupación de las unidades de quemados en Antioquia se encuentra al 100 %, tanto en servicios para adultos como pediátricos, lo que incrementa la preocupación del sector salud frente a un posible aumento de casos en los días previos a Navidad y Año Nuevo.
La Conmebol confirmó los cruces de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026, ronda que se disputará antes del inicio de la fase de grupos del torneo. Esta instancia se jugará a partido único y definirá los equipos clasificados a la siguiente fase de la competencia continental.Rivales de los clubes colombianos en la Copa Sudamericana 2026Colombia tendrá dos llaves en esta fase previa de la Sudamericana 2026, ambas con enfrentamientos entre clubes del mismo país. Atlético Nacional enfrentará a Millonarios, mientras que América de Cali jugará ante Atlético Bucaramanga, según el cuadro oficial publicado por el organismo rector del fútbol sudamericano.El formato de la fase preliminar establece que los ganadores de cada cruce avanzarán directamente a la fase de grupos. Los partidos se disputarán en una sola sede, definida previamente por la Conmebol, y no contemplan encuentros de ida y vuelta.La fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026 incluye cruces entre equipos de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Esta etapa hace parte del calendario inicial del torneo y precede al sorteo de los grupos.Así se jugarán los demás partidos de la fase preliminarEn Bolivia, Bolivia 3 se enfrentará a Bolivia 4 y Bolivia 2 jugará contra Bolivia 1. En Chile, Universidad de Chile se medirá ante Palestino, mientras que Cobresal enfrentará a Audax Italiano.En Ecuador, Ecuador 4 jugará contra Ecuador 2 y Ecuador 1 se medirá ante Ecuador 3. En Paraguay, Nacional enfrentará a Recoleta y Sportivo Trinidense jugará contra Olimpia.En Perú, Alianza Atlético se medirá ante Deportivo Garcilaso y Cienciano enfrentará a Melgar. En Uruguay, Montevideo City Torque jugará contra Defensor Sporting y Boston River enfrentará a Racing.Finalmente, en Venezuela, Academia Puerto Cabello se medirá ante Monagas y Caracas enfrentará a Metropolitanos, completando así el cuadro de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026.
El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Con una amplia trayectoria, este juego matutino forma parte de la rutina diaria de miles de apostadores que comienzan su jornada con expectativa, emoción y la ilusión de que la suerte esté de su lado.Para muchos jugadores, consultar los resultados del chance Dorado Mañana es un verdadero ritual cotidiano, en el que se mezclan la costumbre y la esperanza de ver reflejado su número en el sorteo del día. Aquí puede ver el sorteo en vivo:Número ganador del Dorado Mañana hoyEl número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 18 de diciembre de 2025 es el 3641 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.Número ganador: 3641Dos últimas cifras: 41Tres últimas cifras: 641La quinta: 8Modalidades y premios del Dorado MañanaEl Dorado Mañana ofrece varias modalidades de juego que se ajustan tanto a apostadores frecuentes como a quienes participan de manera ocasional. Esta diversidad permite elegir el nivel de riesgo y el tipo de premio, lo que lo convierte en un sorteo flexible y accesible:4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.4 cifras combinado: multiplica la apuesta por 208.3 cifras directo: entrega 400 veces lo jugado.3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.2 cifras (pata): otorga 50 veces el valor apostado.1 cifra (uña): multiplica por 5 el valor jugado.Gracias a estas opciones, el Dorado Mañana se mantiene como una alternativa atractiva dentro del chance en Colombia, ofreciendo múltiples posibilidades de ganar según la estrategia de cada jugador.¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. Este juego no se lleva a cabo los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores ya tienen este horario marcado como una cita fija en su rutina diaria.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, el ganador debe acudir a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.En conclusión, el Dorado Mañana continúa posicionándose como uno de los sorteos de chance más representativos del país. Su variedad de modalidades, la claridad de sus reglas y la facilidad para reclamar los premios lo convierten en una opción preferida por quienes desean empezar el día con una dosis de emoción y buena fortuna.
El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, emitió una alerta comunitaria denunciando hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos que se registraron desde las 6:00 de la mañana en la cabecera municipal, en inmediaciones de la Estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas cercanas.Los hechos han generado temor, confinamiento y riesgo para decenas de familias del territorio ancestral, quienes se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado.De acuerdo con la comunidad, esta situación constituye una grave violación a los derechos humanos y étnico-territoriales, pues afecta la integridad física y emocional de las familias, limita su libre circulación y amenaza directamente su permanencia en el territorio. “La vida no es posible sin el territorio”, reiteró el Consejo Comunitario en su pronunciamiento.Ante la gravedad de los hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo a la denuncia de la comunidad y anunció que la entidad ya activó las rutas de verificación, prevención y atención humanitaria en la zona, en articulación con las autoridades locales y organismos internacionales de derechos humanos. Marín enfatizó que la Defensoría está “verificando en terreno y exigiendo respeto por la vida, la dignidad y la autonomía de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca”.La institución hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y eviten nuevos hechos de violencia.Esta nueva emergencia se suma al creciente clima de inseguridad que enfrentan los territorios étnicos en el suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.
Los habitantes del corregimiento de Pachelly, en la zona rural de Tibú, fueron despertados en la madrugada de este martes por el estruendo de las botas y los gritos de victoria de un grupo de disidentes del frente 33 de las Farc. Los hombres armados ingresaron hasta el centro del caserío, exhibiendo su poderío bélico y lanzando arengas alusivas a la antigua guerrilla.En varios videos grabados y difundidos por los mismos insurgentes, se escucha cómo los hombres reportan a su comandante, alias ‘Richard Suárez’, el cumplimiento de una supuesta misión.“Lo logramos, comandante. Lo prometido es deuda, camarada”, se oye decir a uno de ellos mientras recorren las calles del corregimiento. Las imágenes muestran a los disidentes sentados en las escaleras del parque principal, tomando gaseosa y burlándose del ambiente navideño del pueblo.“Vea, camarada, cómo se ve bonito Pachelly ahora, decorado en las navidades”, dice uno de los guerrilleros con tono sarcástico, en lo que parecería ser un mensaje dirigido al jefe de la estructura Jorge Briceño.Durante la incursión, los hombres mantuvieron comunicación radial con otros grupos ubicados en zonas altas del corregimiento. En esos audios se les escucha ordenar a los llamados “dronistas” —encargados de operar drones con explosivos— permanecer en alerta ante cualquier eventualidad.Según denuncias difundidas por redes sociales, un habitante del corregimiento habría sido asesinado durante la toma, presuntamente por ser colaborador del ELN. Pachelly es una de las zonas más disputadas del Catatumbo entre las disidencias del frente 33 de las Farc y el ELN, que se enfrentan por el control territorial y las rentas ilegales.
El primer paro se registró en febrero de 2025 en el Chocó, con confinamientos y desplazamientos masivos. En mayo, el grupo insurgente volvió a imponer restricciones en el mismo departamento, mientras que en julio declaró un nuevo paro armado de 48 horas. El más reciente, de alcance nacional, fue anunciado para diciembre y se extendió durante 72 horas, afectando la movilidad y la economía en varias regiones del país.Estos hechos se dan en un contexto en el que el ELN ha sostenido al menos cinco intentos de negociación con diferentes gobiernos colombianos, sin lograr consolidar un acuerdo de paz. Los primeros contactos se remontan al mandato de Alfonso López Michelsen en los años 70; luego vinieron los diálogos de Caracas y Tlaxcala (1991-1992) con César Gaviria; los acercamientos exploratorios de los años 2000; las mesas formales de Quito y La Habana (2017-2019) bajo Juan Manuel Santos; y el más reciente proceso, impulsado por Gustavo Petro desde 2022, que se suspendió en enero de 2025.Para Carlos Arturo Velandia, exmiembro del ELN y actual gestor de paz, la constante frustración de los procesos responde a la línea política interna del grupo armado, que hoy privilegia la confrontación sobre el diálogo.“El ELN no tiene hoy por hoy una estrategia de paz, sino más bien una estrategia de confrontación frontal. No considera a este gobierno de izquierda como progresista ni como un aliado, sino como cualquier otro gobierno de la historia republicana. Eso explica su actual comportamiento, incluido el llamado paro armado, que termina afectando a la población civil y los derechos de los ciudadanos”, explicó Velandia.El excombatiente recordó que el ELN ha estado involucrado en procesos de diálogo “desde el gobierno de César Gaviria Trujillo” y que incluso con la actual administración mantuvo conversaciones hasta agosto de 2024, antes de levantarse de la mesa en enero de este año.“El Gobierno ha mantenido su voluntad de diálogo, pero hoy no hay tiempo ni voluntad por parte del ELN para reiniciar un proceso. El Estado debe cumplir su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, concluyó.Con cuatro paros armados solo en 2025 y más de cinco procesos de paz frustrados en su historia, el ELN se mantiene como el último grupo guerrillero de origen político activo en Colombia, aunque cada vez más definido por el control territorial y las rentas ilegales que por su ideario insurgente.
Más de 3.000 personas permanecen confinadas en el sur del país, mientras se reportan ataques, bloqueos y amenazas en 12 departamentos. La Defensoría alertó sobre graves afectaciones a los derechos humanos y pidió a los grupos armados cesar las acciones que ponen en riesgo a la población civil.Desde el 9 de diciembre, los grupos armados ilegales han ejecutado una serie de acciones coordinadas en distintas regiones del país, afectando la movilidad, el transporte, la economía local y la seguridad de miles de colombianos.El paro decretado por las disidencias de Iván Mordisco continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en Putumayo, donde las comunidades de La Tagua, El Mecaya, Yurilla, Sencella, Umancia y Guaquira permanecen confinadas. Según los reportes de la Defensoría, unas 3.000 personas están bajo restricciones de movimiento. En Caquetá y Amazonas, los bloqueos en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza mantienen aisladas comunidades indígenas del Consejo Regional del Medio Amazonas (CRIMA).El ELN, por su parte, ha ejecutado acciones armadas en al menos 12 departamentos. En Antioquia, se registraron explosiones, la incineración de un bus y cierres viales en municipios como Valdivia y Salgar. En Arauca, un ataque con tatucos bomba al Batallón de Puerto Jordán dejó daños materiales y obligó a suspender el transporte público.En el Cauca, las autoridades confirmaron cinco acciones violentas, entre ellas la instalación de cilindros explosivos en la vía Panamericana y el despliegue de banderas y grafitis del grupo armado. En Cesar, se reportó la quema de maquinaria amarilla en una zona de reincorporación, y en Chocó, el transporte fluvial y terrestre fue suspendido totalmente.La Guajira, el Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander también han registrado ataques, cierres viales y amenazas a transportadores. En La Lizama (Santander), un ataque con explosivos al peaje dejó una funcionaria herida.La Defensoría del Pueblo reiteró que estos llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil. El organismo pidió al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco abstenerse de continuar con estas acciones y solicitó a las autoridades reforzar la protección en los territorios más afectados.Los “paros armados” del ELN y las disidencias dejan a miles de familias en riesgo y reflejan la persistencia del conflicto en regiones históricamente golpeadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo insiste en que la paz no puede construirse desde el miedo ni la intimidación, sino con garantías de vida, libertad y dignidad para la población civil.
El pasado 12 de diciembre, el ELN anunció un paro armado de 72 horas que inició el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes a las 6:00 a. m., afectando gran parte del territorio nacional. Esta medida, definida por la guerrilla como una protesta contra lo que califica de “plan contrainsurgente” y agresión norteamericana, obliga a la población a restringir su movilidad, suspender actividades comerciales y desalentar el transporte entre regiones.El llamado al paro armado ha generado alarma en distintas zonas del país, incluidas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta, donde el Frente de Guerra Urbano del ELN emitió advertencias a la ciudadanía y a empresas de transporte para que acaten la orden de cese de actividades.El efecto de este tipo de acciones ha sido ampliamente criticado por la Defensoría del Pueblo, que advierte que los paros armados pueden agravar la limitación de acceso a servicios esenciales, provocar desabastecimiento y profundizar escenarios de violencia y confinamiento forzado para las comunidades civiles.El Gobierno Nacional ha respondido con un despliegue de seguridad reforzado en puntos críticos, mientras las autoridades llaman a la población a no ceder ante la intimidación y a mantener su vida cotidiana dentro de lo posible.Este anuncio se da en un contexto de escalada de la violencia en varias regiones de Colombia durante 2025. Por ejemplo, en la región del Catatumbo, al noreste del país, se han registrado combates entre el ELN y disidencias de las Farc-EP desde enero, que han generado desplazamientos masivos, secuestros y decenas de víctimas mortales.Además, hace pocas semanas se presentaron ataques simultáneos en distintos municipios durante las festividades, con explosivos y acciones que dejaron heridos y muertos, en un contexto en el que distintos grupos armados buscan controlar territorios y economías ilegales.El presidente de Colombia también ha rechazado el paro armado, haciendo un llamado a la calma y exhortando a los ciudadanos a celebrar la temporada navideña sin miedo ante las amenazas de la guerrilla.La Delegación del Gobierno, en el comunicado difundido este lunes, enfatiza que este tipo de medidas no contribuyen al diálogo ni a la tranquilidad de la población, e insiste en la necesidad de gestos de desescalada, como la liberación de personas retenidas por la organización armada, para recuperar la confianza en las conversaciones de paz.
El Secretario General de las Naciones Unidas , António Guterres, reveló su más reciente informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en el país, correspondiente al periodo entre el 27 de marzo y el 26 de junio de este año.Guterres reconoció los avances alcanzados, pero también expresó su preocupación por la persistente violencia que afecta especialmente a comunidades indígenas y afrocolombianas, niños reclutados, excombatientes y líderes sociales.Tan solo en este periodo, fueron asesinados diez firmantes del Acuerdo, lo que eleva a 470 el total de excombatientes asesinados desde 2016. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos también reportó 34 denuncias de homicidios contra defensores de derechos humanos y 13 denuncias de masacres.El informe advierte que la temporada electoral podría agudizar las tensiones políticas, aunque celebra el consenso entre los partidos para rechazar la violencia política. Para Guterres, erradicar esta violencia y garantizar una participación política inclusiva son metas centrales del Acuerdo de Paz.En materia humanitaria, la situación sigue siendo crítica. Entre enero y junio de 2025, se registraron 67.800 personas víctimas de desplazamiento forzado, especialmente en el Catatumbo, y 98.700 personas en condición de confinamiento. Esto representa un aumento significativo frente al mismo periodo del año anterior.A pesar de este panorama, el informe destaca avances importantes. El 95 % de los más de 11.000 excombatientes activos ya concluyeron sus planes individuales de reincorporación, y cerca del 30 % de estos incluyen formación política, evidenciando el compromiso con la participación democrática. Además, se instaló formalmente el Sistema Nacional de Reincorporación, que articula a más de 30 entidades estatales.En el frente rural, se adjudicaron 40.000 hectáreas de tierra y se formalizaron otras 86.000. Aunque estas cifras representan avances, aún están lejos de las metas del acuerdo: 3 millones de hectáreas adjudicadas y 7 millones formalizadas. Las restricciones presupuestales y los riesgos de seguridad para funcionarios siguen siendo obstáculos importantes.Guterres también hizo énfasis en la necesidad de acelerar la implementación de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como herramienta clave para garantizar justicia transicional, reparación a las víctimas y reconciliación. Instó a los comparecientes a cumplir sus compromisos y a que estas sanciones se traduzcan en acciones restaurativas reales.Por otro lado, el informe reconoce avances en el Capítulo Étnico del Acuerdo, con nuevos decretos que fortalecen la autonomía de los pueblos indígenas. También se espera que en los próximos meses se adopte oficialmente el Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325, referente a mujeres, paz y seguridad.El informe será presentado oficialmente el próximo 18 de julio en Nueva York por Carlos Ruiz Massieu, representante especial del secretario general y jefe de la Misión de Verificación en Colombia.La ONU reitera que, aunque los desafíos son múltiples, el apoyo internacional sigue siendo vital para este proceso liderado por Colombia.
El Ministerio de Defensa Nacional precisó que el bombardeo realizado el pasado lunes 7 de julio de 2025 se llevó a cabo en zona rural de Briceño, al norte del departamento de Antioquia y no en Valdivia; sin embargo, sí fue en un área limítrofe entre los dos municipios.Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, la intervención fue planeada como una acción de precisión dirigida contra integrantes del Clan del Golfo, organización criminal armada con presencia en esa región y con injerencia criminal también en municipios vecinos a Briceño, como Valdivia.De acuerdo con las autoridades, la operación hace parte de un conjunto de acciones focalizadas contra estructuras ilegales que operan en el norte del departamento. Como complemento a la intervención, el Ministerio indicó que se ha fortalecido el dispositivo de control territorial en el área, con presencia permanente de unidades militares y operativas, en coordinación con otras fuerzas del Estado.El Ministerio no entregó detalles sobre capturas, incautaciones u otros resultados derivados de la operación, de la que aún no se conocen resultados concretos, pero señaló que estas acciones hacen parte de los esfuerzos institucionales por mantener la seguridad en zonas rurales donde delinquen grupos armados organizados. “En lo corrido del año, se han neutralizado 1.170 integrantes del Clan del Golfo, lo que representa un incremento del 7 % en comparación con el mismo periodo del año 2024.”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sala de Reconocimiento de Verdad, asumió competencia sobre siete homicidios reconocidos por antiguos integrantes del Secretariado de las Farc-EP en el marco del proceso de Aporte Temprano a la Verdad.Los hechos fueron vinculados a los macrocasos 05 y 10, que abordan crímenes cometidos por esa guerrilla en el conflicto armado colombiano y su accionar en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca.La decisión se tomó después de más de cuatro años de diligencias, recopilación de pruebas y participación de víctimas y comparecientes, el documento de la JEP reconoce que los homicidios fueron cometidos con ocasión del conflicto armado, por lo cual corresponden a la competencia de esa jurisdicción.Los siete casos reconocidosPablo Emilio Guarín (15 de noviembre de 1987)Hernando Pizarro Leongómez (25 de febrero de 1995)Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir (2 de noviembre de 1995)General (r) Fernando Landazábal Reyes (12 de mayo de 1998)Jesús Antonio Bejarano (15 de septiembre de 1999)José Fedor Rey, alias 'Javier Delgado' (30 de junio de 2002)Los comparecientes, entre ellos Rodrigo Londoño (Timoleón Jiménez), Carlos Antonio Lozada, quien actualmente funge como senador de la República, Pablo Catatumbo y Pastor Alape, reconocieron su responsabilidad en estos crímenes y ofrecieron sus testimonios en diligencias realizadas entre 2020 y 2023.El proceso se inició formalmente el 3 de octubre de 2020 con un comunicado público de los exintegrantes del Secretariado, desde entonces la Sala de Reconocimiento adelantó una compleja y prolongada fase probatoria, en donde se practicaron inspecciones judiciales, se solicitaron expedientes a la Fiscalía, se incorporaron entrevistas y documentos.
Eduardo Montealegre aseguró que el próximo 20 de julio, serán presentados los estatutos de la 'paz total' del Gobierno del presidente Gustavo Petro, todo esto en medio del acto de posesión del viceministro de Promoción de la Justicia, Yefferson Mauricio Dueñas Gómez, y de la viceministra de Política Criminal, Olga Lucía Claros.Allí, Montealegre les señaló a los nuevos funcionarios de la cartera de Justicia que la prioridad de ahora en adelante sería la paz total.“Nuestra misión principal es darle desarrollo a la política del Gobierno de paz total, eso implicará señores viceministros que la prioridad de nuestra agenda está cifrada el 20 de julio en presentar los estatutos que desarrolle la Paz Total del presidente Gustavo Petro […] No habrá impunidad para ningún grupo, no se equivoquen”, dijo el ministro de Justicia.Además, el jefe de la cartera se justicia que ha respaldado al presidente en la idea de una Asamblea Nacional Constituyente por iniciativa popular, aseguró que esto no significa impunidad."Un marco para el sometimiento de organizaciones criminales, con colaboración efectiva con la justicia y un marco jurídico para la desmovilización de grupos insurgentes, sin que esto implique impunidad", dijo.El ministro Montealegre también habló de una agenda a la reforma a la justicia, que será coordinada con distintos sindicatos, jueces y fiscales.“No será una reforma que se haga desde la cúspide de la justicia hacia abajo, sino por el contrario, desde las bases hacia las cúspides”.Llama la atención que Yefferson Dueñas, el nuevo viceministro que hará parte del Ministerio de Justicia, fue el abogado del excanciller Álvaro Leyva en la Procuraduría en el juicio disciplinario por la polémica con Thomas Greg & Sons y el lío de los pasaportes.
La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó este miércoles el "paro armado" de 22 días en los departamentos del Caquetá (sur) y Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, decretado por un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.En los paros armados, este grupo armado ilegal suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos; la movilidad de las personas, e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones."Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones", dijo la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.Según ese organismo, el "paro armado" lo ordenó el frente Carolina Ramírez en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre.Ante la situación, la Defensoría dijo que activó sus sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones.Igualmente instó a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas."La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial", concluyó la Defensoría.Control territorialHace una semana Human Rights Watch (HRW) alertó que los grupos armados que operan en el departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona.Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro lado, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que 128 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia entre enero y noviembre de 2025. Entre las víctimas, 44 eran indígenas y 7 afrodescendientes, una muestra del impacto que esta práctica tiene sobre comunidades rurales históricamente olvidadas.Los principales responsables son las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras del Clan del Golfo, que se han expandido territorialmente en departamentos como Meta, Guaviare, Arauca, Cauca, Nariño y el Bajo Cauca antioqueño.Según el informe, estas organizaciones utilizan violencia, amenazas y engaños para captar menores: promesas de dinero, pertenencia o poder, y hasta reclutamiento a través de redes sociales.La ONU advirtió que el fenómeno no solo rompe infancias, sino también destruye el tejido social de pueblos indígenas y afrodescendientes sometidos a control armado. En muchas regiones, los ilegales imponen normas, castigan a la población y reemplazan al Estado, consolidando un dominio que mezcla narcotráfico, extorsión y reclutamiento.El organismo alertó que la expansión de estos grupos refleja la ausencia estatal y el fracaso de las políticas de seguridad. Además, recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra que no prescribe y exige una respuesta urgente del Estado colombiano para proteger a la niñez y garantizar justicia.
De acuerdo con la investigación de la JEP, Benito Osorio Villadiego, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba durante el periodo analizado, fue quien ejecutó las decisiones de la junta directiva orientadas a transformar el propósito del Fondo: de una entidad de fomento ganadero a un mecanismo de adquisición y control territorial.La junta, integrada por Osorio, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat, aprobó un plan para comprar masivamente predios rurales a precios irrisorios, muy por debajo del valor comercial, bajo el argumento de que se trataba de tierras “baratas” y “sin desarrollo productivo”.En ese proceso, Benito Osorio presentó ante la junta a Sor Teresa Gómez, representante de la familia Castaño Gil, como delegada para coordinar la estrategia de compra de tierras. Gómez —vinculada directamente con el paramilitarismo— se convirtió en la pieza clave que conectó al Fondo con los grupos armados ilegales que desalojaron violentamente a comunidades en Urabá y el Bajo Cauca.La investigación judicial reveló que los directivos del Fondo modificaron la razón social de la entidad, pasando de su función de apoyo a los ganaderos a operar como una empresa de expansión territorial que aprovechaba los desplazamientos masivos provocados por la guerra.El encargado de negociar los predios fue Carmelo Esquivia Guzmán, asesor jurídico del Fondo, quien coordinó la legalización y titulación de terrenos —muchos de ellos baldíos o sin registro formal— a nombre de la entidad. Para ello contó con el apoyo de notarios y funcionarios locales, algunos posteriormente condenados por su participación en estos hechos.Según la JEP, los exdirectivos diseñaron un modelo de negocio basado en la violencia, que se sustentó en el terror generado por masacres, asesinatos y desplazamientos ocurridos desde comienzos de los años noventa. Entre 1996 y 1998, una vez consolidado el control paramilitar en la zona, comenzaron las compras sistemáticas de tierras en la región conocida como Tulapas, que abarca municipios como Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.En total, la justicia ordinaria ha identificado al menos 105 predios adquiridos irregularmente por el Fondo Ganadero, aunque las medidas cautelares de la JEP y los registros de la Unidad de Restitución de Tierras indican que el número podría ser mucho mayor.El proceso de apropiación de tierras cambió el paisaje y la estructura social de la región, reemplazando comunidades campesinas por proyectos ganaderos y agroindustriales. Lo que antes era una zona boscosa y de protección ambiental se transformó en extensos hatos y potreros controlados por actores vinculados al Fondo.La JEP concluyó que la actuación de estos directivos no fue accidental ni aislada, sino parte de una asociación criminal que se valió del desplazamiento forzado y del dominio paramilitar para legalizar el despojo y obtener beneficios económicos. Este caso, dentro del Caso 04, ilustra cómo sectores empresariales y civiles fueron determinantes en la consolidación de un modelo de violencia y despojo en el país.
En el departamento del Guaviare se mantiene un bloqueo sobre la vía que comunica con el Meta, protagonizado por cerca de 400 personas, entre ellas campesinos e integrantes de comunidades indígenas Nukak. Aunque el hecho se ha presentado como una protesta social, informes de inteligencia señalan que detrás de la movilización estarían estructuras armadas ilegales asociadas a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', que estarían presionando a la población civil para mantener el cierre de la vía.Según las autoridades, el objetivo de los grupos armados sería obligar al retiro de una base militar ubicada en el cerro Macusito, entre los municipios de El Retorno y San José del Guaviare, una posición estratégica que interfiere con los corredores utilizados para el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.Habitantes de la zona han denunciado amenazas, panfletos intimidatorios y disparos cerca de viviendas, así como la presencia de hombres armados que obligan a las familias a participar en el bloqueo. En algunos casos, los grupos han exigido que varios miembros por hogar estén presentes en la protesta.La vía permanece parcialmente bloqueada, afectando el transporte de personas, alimentos y mercancías hacia el interior del país. Mientras tanto, las autoridades investigan la participación de estructuras criminales detrás del bloqueo y analizan medidas judiciales para restablecer la movilidad y la seguridad en la región.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) como genocidio y imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional, entre ellos los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río Rojas, por haber concebido e implementado una política contrainsurgente que buscó la eliminación del partido político.La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad atribuyó a los exoficiales el crimen de genocidio, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidio en persona protegida, exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. Las conductas se cometieron entre 1984 y 2007, periodo en el que la UP sufrió una campaña de violencia planificada y sostenida para su destrucción.La decisión de la JEP renombra el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica” y determina que este crimen dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias o violencia sexual. Entre las víctimas hubo militantes de base, dirigentes locales y nacionales, incluyendo dos candidatos presidenciales, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales.El tribunal estableció que la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las Farc-EP” fue el primer paso del ataque genocida. Esta narrativa, difundida desde unidades de inteligencia militar, justificó la violencia y el abandono estatal frente a las denuncias de amenazas y asesinatos. Los crímenes se concentraron en regiones donde la UP tuvo éxito electoral, especialmente Urabá, Meta y el Magdalena Medio, siendo Apartadó uno de los epicentros: allí, solo en 1996, se concentró una de cada cuatro víctimas fatales.La investigación judicial, basada en 34 informes, 139 versiones, 135 testimonios y 105 entrevistas a víctimas, comprobó la connivencia entre mandos militares y grupos paramilitares para ejecutar la persecución política. La Sala concluyó que los excomandantes omitieron deliberadamente brindar protección a los militantes de la UP y permitieron el fortalecimiento de las estructuras paramilitares en la región.La JEP identificó tres modalidades de exterminio:Asesinatos y desplazamientos de obreros bananeros y campesinos en zonas rurales vinculadas a la UP.Sicariatos urbanos contra concejales, funcionarios y líderes locales.Masacres y desplazamientos colectivos en territorios con alta presencia del partido, como la masacre de la Cooperativa Balsamar en San José de Apartadó.Los cinco oficiales imputados —Ramírez Quintero, Del Río Rojas, Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez— deberán responder como coautores por sus aportes esenciales, tanto activos como por omisión, en la consolidación del patrón de exterminio.Los comparecientes tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si reconocen responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y el Tribunal para la Paz impondrá sanciones propias, con restricción de libertades de 5 a 8 años. Si no aceptan los cargos, los casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como máximos responsables a ocho exintegrantes de las Farc-EP, 21 exmiembros de la fuerza pública y cinco civiles por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.Esta decisión, dentro del Caso 04, es la primera que vincula simultáneamente a los tres tipos de actores bajo competencia de la JEP: guerrilla, fuerza pública y terceros civiles.La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó tres patrones macrocriminales que reflejan la violencia sistemática en la región:Eliminación por prejuicio enemigo, que incluyó asesinatos, desapariciones forzadas y violencias sexuales perpetradas por las Farc y miembros del Ejército.Vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento, donde participaron militares, paramilitares y civiles ligados a proyectos de ganadería y agroindustria.Control sociocultural y territorial, mediante violencia y cooptación de las comunidades por parte de la guerrilla.La investigación reconoció un impacto diferencial en pueblos indígenas Emberá, Wounaan, Zenú y Guna Dule, así como en comunidades afrocolombianas del Urabá y el Darién. La JEP acreditó más de 54.000 víctimas y recibió 115 informes de víctimas y entidades del Estado, además de 254 versiones voluntarias de 157 comparecientes.Entre los imputados se destacan el general (r) Rito Alejo del Río, el excomandante del Ejército Alejandro Navas y varios exfuncionarios del Fondo Ganadero de Córdoba, como Benito Osorio Villadiego y Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalados de haber facilitado el despojo de tierras en medio del conflicto.Los comparecientes tendrán 60 días hábiles para reconocer o rechazar las imputaciones. Si aceptan responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento; de lo contrario, los casos pasarán a juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.