El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Un aficionado de la grada de animación del Real Madrid, la ‘Grada Fans’, fue expulsado del partido de este miércoles contra el Benfica, correspondiente a la vuelta de la eliminatoria de la fase previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, tras ser captado por las cámaras de la transmisión del partido realizando el saludo nazi.Según pudo saber EFE de fuentes del Real Madrid, los miembros de seguridad privada del club le localizaron, identificaron y procedieron a su expulsión del estadio. Situación que se dio antes del arranque del partido y tras la que, además, se le abrió un expediente disciplinario.El Real Madrid logró la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones tras eliminar al Benfica, al que se impuso 0-1 en la ida y 1-2 en la vuelta disputada este miércoles en el Bernabéu, con goles del francés Aurelien Tchouaméni en el minuto 16 y del brasileño Vinícius Junior en el 80.El Benfica se puso por delante en el partido, con el tanto del portugués Rafa Silva en el minuto 14, pero acabó siendo eliminado.Un encuentro del que Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, se retiró en camilla en el minuto 77 tras un duro golpe en una acción con su compañero, el francés Eduardo Camavinga.
Las opciones de crédito en Colombia son clave cuando se atraviesa un momento financiero retador. Según DataCrédito Experian, siete de cada 10 colombianos han accedido a algún producto crediticio, lo que equivale a 33,2 millones de personas, reflejando su papel en la vida económica del país.De acuerdo con la compañía, el crédito es una herramienta habitual para impulsar proyectos y cubrir necesidades. Sin embargo, cualquier ciudadano puede enfrentar dificultades como cambios laborales, disminución de ingresos o gastos imprevistos que obligan a reorganizar el presupuesto.La DataCrédito señala que la clave para superar estos escenarios está en identificar productos que se ajusten a la situación actual y tomar decisiones basadas en información clara y educación financiera.¿Qué opciones de crédito existen en Colombia?El crédito en Colombia es multisectorial. Bancos, fintech, cooperativas y comercios ofrecen alternativas para distintos perfiles e ingresos.Entre las opciones se encuentran los microcréditos o créditos de bajo monto, diseñados para cubrir necesidades inmediatas con cuotas accesibles y plazos cortos. Son útiles para trabajadores independientes o emprendedores con ingresos variables.También están las compras a crédito en comercios y servicios, que permiten adquirir electrodomésticos, tecnología o planes de telecomunicaciones mediante cuotas fijas.Las fintech ofrecen créditos simplificados, con aprobaciones rápidas y procesos digitales, ideales para cubrir necesidades puntuales de liquidez.Por su parte, las cooperativas y entidades del sector solidario brindan condiciones flexibles y acompañamiento cercano, especialmente para quienes manejan ingresos familiares o mixtos.Educación financiera: ¿cómo elegir el crédito adecuado?DataCrédito destaca que elegir bien comienza por conocer la información financiera personal. Por ejemplo, a través de Midatacrédito.com, los ciudadanos pueden consultar su historial y puntaje, activar alertas contra fraude, acceder a contenidos educativos e incluso negociar obligaciones con entidades aliadas.Además, recomienda entender la capacidad real de pago, comparar condiciones entre alternativas, planear la inclusión del crédito en el presupuesto y mantener hábitos financieros saludables.Con información y planeación, el crédito puede convertirse en un aliado para retomar el equilibrio financiero y enfrentar con mayor tranquilidad los momentos económicos complejos.
La espera terminó y, finalmente, todo listo en Medellín para disputarse el duelo de la fase previa de la Copa Sudamericana entre Atlético Nacional y Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, en una edición de uno de los clásicos más famosos del fútbol profesional colombiano.Precios y localidades boletas Atlético Nacional vs. MillonariosSur: $75.000.Norte: $75.000.Gramilla: $75.000.Oriental Baja: $136.000.Oriental Alta: $150.000.Occidental Baja: $214.000.Occidental Alta: $235.000.Platea: $358.000.Para adquirir las boletas, los hinchas verdolagas deberán ingresar a la página web oficial de Tribuna Verde, portal utilizado por el equipo para la distribución de entradas en este semestre, en este link: https://www.tribunaverde.com/¿Habrá ingreso de hinchada visitante?No. Atlético Nacional llegó a un acuerdo con la Conmebol para no permitir ingreso de hinchas de Millonarios, pese que el reglamento de la competencia obligaba. Esta decisión en pro a cuidar la seguridad del estadio ante el historial de rivalidad de ambos equipos.“Sabemos que es el partido que a los dos nos obsesionado. Por suerte jugamos en el Atanasio y con nuestra gente, es un plus grande. Estamos confiados con la plantilla que tenemos para afrontar ese partido de la mejor manera, que nos salga de la mejor manera. En especial por esta Sudamericana tan linda que se armó este año”, expresó Gustavo Fermani, director deportivo de Atlético Nacional, sobre la necesidad de jugar con la hinchada 100 % verde, en diálogo con Win Sports.Historial Atlético Nacional vs. Millonarios en torneo internacionalesBalance general (partidos con resultado):Millonarios: 6 victoriasAtlético Nacional: 4 victoriasEmpates: 6La serie ha sido pareja, pero Millonarios tiene ventaja en número de triunfos. Sin embargo, en eliminaciones directas, la ventaja es de Atlético Nacional.Series mano a mano disputadas: 5Atlético Nacional: 3 clasificacionesMillonarios: 2 clasificacionesDetalle por torneos:Copa Libertadores 1989 (Cuartos): avanzó Atlético NacionalCopa Libertadores 1995 (Cuartos): avanzó Atlético NacionalCopa Merconorte 1998 (Semifinales): avanzó MillonariosCopa Merconorte 2000 (Final): campeón Atlético NacionalCopa Sudamericana 2007 (Segunda fase): avanzó Millonarios
El chance Paisita Noche sigue siendo uno de los sorteos diarios más esperados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte de la tradición regional. Gracias a su trayectoria y amplio reconocimiento, se mantiene entre los juegos de azar más consultados por quienes buscan una oportunidad de ganar cada noche.Resultado oficial del Paisita Noche – 25 de febrero de 2026En el sorteo realizado el miércoles, 26 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: 9117 - Toro.Número ganador: 9117.Animal: Toro.Dos últimas cifras: 17.Tres últimas cifras: 117.Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha.Quinta balota: más opciones de premio desde 2025Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, una alternativa opcional que permite incrementar el premio cuando el jugador acierta las cuatro cifras exactas en el orden correcto.Esta modalidad adicional no modifica la estructura tradicional del juego ni su dinámica habitual. El sorteo se realiza de la misma manera, pero ahora ofrece una opción extra para quienes desean aumentar el valor potencial de su premio.Cómo funciona el Chance Paisita NocheEl Chance Paisita Noche se caracteriza por su mecánica sencilla y accesible. Para ganar, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada.Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de distintos perfiles de jugadores. Al tratarse de un sorteo diario, genera alta consulta en portales de resultados y puntos autorizados.Horarios del sorteoLunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Modalidades disponiblesEl Paisita Noche ofrece varias formas de jugar:Cuatro cifras directo o superpleno: se aciertan las cuatro cifras en orden exacto.Combinado cuatro cifras: coinciden las cifras sin importar el orden.Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en orden.Combinado tres cifras: sin importar la posición.Dos cifras o pata: coinciden las dos últimas cifras en orden.Una cifra o uña: se acierta únicamente el último número.Chance en línea en Colombia: plataformas autorizadasEl chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo las plataformas autorizadas pueden ofrecer este servicio de manera legal.Operadores como Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75 cuentan con sitios web y aplicaciones móviles donde los usuarios pueden:Registrarse y validar su identidad.Recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales.Elegir el sorteo y confirmar la apuesta.Conservar el comprobante digital es fundamental, ya que funciona como respaldo en caso de resultar ganador.Requisitos para cobrar premios del Paisita NochePara reclamar un premio es obligatorio presentar:El tiquete original en buen estado.Documento de identidad y copia.Los requisitos adicionales dependen del valor ganado, calculado en UVT:Menos de 48 UVT: documentación básica.Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del Formato SIPLAFT.Desde 182 UVT en adelante: certificación bancaria vigente con fecha no mayor a 30 días.Últimos resultados del Paisita NocheEstos han sido los números recientes del sorteo:24 de febrero de 2026: 3891 - Perro.23 de febrero de 2026: 6961 - Tigre22 de febrero de 2026: 2325 – León21 de febrero de 2026: 4095 – DelfínEl Paisita Noche continúa consolidándose como una de las opciones favoritas en Antioquia y otras regiones del país, combinando tradición, facilidad de juego y múltiples modalidades de premio que mantienen viva la expectativa noche tras noche.
Un momento de tensión familiar quedó expuesto ante miles de personas luego de que dos hermanas descubrieran a la pareja de su hermano en una situación comprometedora con otro hombre. La escena, que fue grabada con un teléfono celular, no tardó en viralizarse en redes sociales, donde generó una ola de comentarios por la reacción de las jóvenes y la forma en que decidieron enfrentar el supuesto engaño.En el video, que comenzó a circular ampliamente en distintas plataformas digitales, se observa a la mujer sentada sobre las piernas de un hombre mientras ambos conversaban en una plaza pública de Formosa, en Argentina. La situación fue descubierta por las hermanas, quienes al verla decidieron acercarse sin dudarlo y confrontarla directamente, mientras registraban todo con la cámara de su celular.La reacción fue inmediata. Una de las jóvenes, visiblemente afectada, le reclamó con dureza y le expresó su dolor por lo ocurrido. “Me decepcionaste, yo te quería, vos eras mi amiga. Yo te defendía”, le reprochó en medio de la discusión, dejando en evidencia que la relación entre ambas iba más allá de un simple vínculo familiar.Este es el videoEl reclamo no se limitó a la supuesta infidelidad. Las hermanas también le recordaron el apoyo que, según ellas, le había brindado su familia en el pasado. En medio del fuerte cruce, le exigieron que abandonara la vivienda que compartían con la madre de los jóvenes, al considerar que había traicionado la confianza que le habían dado cuando más lo necesitaba.Otro momento que llamó la atención fue cuando mencionaron que su madre ya había advertido una situación similar anteriormente, pero en ese momento no fue tomada en serio. Según expresaron, ahora comprendían que las sospechas tenían fundamento. La escena se volvió aún más tensa cuando la mujer pidió que no le contaran al hermano sobre lo ocurrido, lo que provocó una nueva reacción de enojo por parte de una de las hermanas, quien insistió en que él tenía derecho a saber la verdad.En un intento por contener la situación, la mujer aseguró que sería ella misma quien hablaría con su pareja para contarle lo sucedido. Sin embargo, el ambiente ya estaba marcado por el enojo, la decepción y el sentimiento de traición que expresaron las jóvenes durante toda la grabación.El video se difundió rápidamente y generó muchos comentarios entre los usuarios. Mientras algunos apoyaron la decisión de las hermanas de confrontar la situación, otros cuestionaron la exposición pública del conflicto y el hecho de que todo haya sido grabado y compartido en redes sociales.Hasta ahora, ninguna de las personas involucradas se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.
Lo que hubiera podido ser una jornada histórica para Colombia, concluyó sin la reconciliación entre Santos y Uribe pese a la directa e inédita mediación del pontífice y el Vaticano. El expresidente Uribe reiteró ante el papa sus duras críticas al acuerdo de paz con las guerrillas de las Farc en pos de poner fin a medio siglo de conflicto. Uribe insistió en pedir más reformas al pacto de paz, cuyas normas aprobadas por el Congreso no pueden ser modificadas por los legisladores. "No nos pueden imponer todo esto, su santidad", lamentó Uribe. Coincidiendo con la visita prevista de Santos a la Santa Sede en el marco de una gira europea, el pontífice argentino convocó por sorpresa a Uribe para una reunión conjunta, en un aparente intento de acercar sus posiciones. El pontífice, que recibió a ambos por separado, y luego juntos, invitó a los dirigentes al diálogo, según indicó en un comunicado el Vaticano. "El papa habló de la 'cultura del encuentro' y señaló la importancia de un diálogo sincero entre todos los actores de la sociedad colombiana en este momento histórico", reza la nota vaticana. Por su parte, el presidente Santos agradeció al pontífice "todos los esfuerzos y gestos que ha tenido para apoyar el proceso de paz" durante el encuentro privado celebrado en la biblioteca del Palacio Apostólico. "El papa me reiteró el apoyo al nuevo acuerdo de paz, me reiteró el apoyo a la pronta implementación del acuerdo", contó Santos en declaraciones a la prensa. "Hemos aprendido estudiando los demás procesos en el mundo que es fundamental acordar los tiempos entre el momento en qué se firman los acuerdos y el momento en que se comienzan a implementar", explicó. Según Naciones Unidas la aplicación de los acuerdos marchan demasiado lento y ello puede generar un peligroso "vacío de poder", según advirtió este viernes el Alto Comisionado de Derechos Humanos. El flamante premio Nobel de la Paz, que se reunió por tercera vez con el papa, le regaló un "balígrafo", una bala convertida en bolígrafo como el que el 24 de noviembre sirvió para sellar la paz con las Farc. También le agradeció al papa "el gesto de haberse prestado" para la reunión con Uribe. "Le dije al ex presidente Uribe que estamos siempre dispuestos, como lo hemos manifestado en ocasiones anteriores, en seguir dialogando (...) que podemos ponernos de acuerdo sobre cosas importantes para el país", contó Santos en un encuentro con la prensa. Uribe continúa oponiéndose al acuerdo refrendado hace dos semanas por el Congreso, a pesar de que el texto fue renegociado con la guerrilla para incluir propuestas de la oposición. El actual mandatario insiste por su parte en "la necesidad de un acuerdo nacional para la implementación del acuerdo de paz" con las Farc, según un portavoz de la presidencia.
El presidente Juan Manuel Santos aseguró en declaraciones tras la reunión con el papa y el expresidente Álvaro Uribe que está dispuesto a continuar dialogando para lograr a un consenso de cómo se va implementar el acuerdo de paz. “Le dije a Uribe que estamos siempre dispuestos a seguir dialogando, entrar a un acuerdo de cómo se va implementar este acuerdo de paz, hay una oportunidad para demostrar que podemos ponernos de acuerdo sobre cosas importantes en el país”, manifestó. En ese mismo sentido, afirmó que “la división a nadie le conviene ni tampoco la paralización. Que mejor poder encontrar un tema como la paz para poder hacer coincidir nuestras opiniones y nuestros puntos de vista”. Sobre el papa dijo que ha sido una persona que desde el comienzo “ha estado apoyando el proceso de paz”. “Tuve la oportunidad de agradecerle todos estos gestos que ha tenido el papa para apoyar el proceso (…), me reiteró ese apoyo al nuevo acuerdo de paz, me reiteró el apoyo a la pronta implementación del acuerdo”, sostuvo. Por su parte el Vaticano emitió un comunicado sobre el balance del encuentro: El Papa recibe al presidente de Colombia Juan Manuel Santos Calderón y al ex presidente, el senador Álvaro Uribe Vélez En la mañana de hoy, viernes, 16 de diciembre de 2016, el Santo Padre Francisco ha recibido en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano, al Presidente de la República de Colombia, Excelentísimo Sr. Juan Manuel Santos Calderón, que sucesivamente encontró a su Eminencia Rev.ma el cardenal Pietro Parolin, Secretario de Estado, a quien acompañaba su Excelencia Rev.ma.el arzobispo Paul Richard Gallagher, Secretario para las Relaciones con los Estados. Las conversaciones se llevaron a cabo en un ambiente de gran cordialidad, confirmando las buenas relaciones existentes entre la Santa Sede y Colombia. Se expresó reconocimiento por el apoyo del Papa al proceso de paz, así como la esperanza de que dicha paz sea estable y duradera. En ese sentido, se puso de relieve, la importancia del encuentro y de la unidad entre las fuerzas políticas colombianas y del compromiso de las FARC-EP, mientras la Iglesia local podrá continuar ofreciendo su contribución a favor de la reconciliación nacional y de la educación al perdón y a la concordia. También se abordaron algunas cuestiones relacionadas con la actualidad regional. El Santo Padre se encontró seguidamente con Su Excelencia el senador Álvaro Uribe Vélez, primero en audiencia privada y luego junto con el presidente Santos. El Papa habló de la "cultura del encuentro" y señaló la importancia de un diálogo sincero entre todos los actores de la sociedad colombiana en este momento histórico.
Luego de la reunión con el papa Francisco y el presidente Juan Manuel Santos, el senador Álvaro Uribe agradeció al sumo pontífice su acogida, pero no mostró ningún cambio en su posición frente a los acuerdos con las Farc. “Le expliqué de nuestras preocupaciones. Después de que ganó el NO hubo unos diálogos, hubo unas modificaciones, pero hay unos temas que subsisten y el Gobierno no ha querido reformarlos. Yo simplemente le dije a su santidad: ‘el tiene su tesis, puede imponer todo esto’ y me atreví a decirle que aflojara un poquito”, dijo. Agregó que le dejó en claro al papa que él es “apenas una de las muchas personas que el 2 de octubre votó por el NO”. “Todas esas personas y yo queremos la paz y tenemos desacuerdos. Debo mencionar que entre esas personas hay colombianos que tienen muy profundas convicciones sobre lo que le conviene a la patria”, dijo. Uribe pidió también reveló que pidió a Santos "apertura" para reformar algunos de los aspectos del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc. Uribe mantuvo una reunión en privado con el papa Francisco después de la que tuvo el pontífice con Santos y posteriormente ambos se encontraron con el pontífice en el palacio apostólico del Vaticano. El expresidente precisó que pidió a Santos que "modificase los acuerdos y temas muy delicados que no él ha querido reformar y le pedí apertura delante de su santidad".
El exministro Gustavo Dájer Chadid habló en Mañanas BLU sobre el viaje del expresidente Uribe al Vaticano para reunirse con el papa Francisco y el primer mandatario Juan Manuel Santos. Dájer Chadid explicó que tuvo una conversación con Fernando Carrillo en la que el nuevo procurador “dijo que consideraba que la única persona que podía mediar entre estas dos personas sería su santidad Francisco”. Dijo que luego de su elección como procurador, Carrillo Flórez “se puso a la tarea para lograr esa mediación”. Reveló que la situación fue consultada con el presidente Juan Manuel Santos quien “se declaró de acuerdo con la situación y lo siguiente fue buscar una reunión personalmente con el expresidente Uribe, que terminó siendo este jueves, para comentarle el tema y que se diera el viaje”. Afirmó que desde el primer momento que supo la noticia, Álvaro Uribe “dijo estar de acuerdo y dijo que n le haría un desaire a su santidad el papa Francisco”. “Vi al presidente Uribe en la mejor voluntad de buscar resultados, esto no puede ser un saludo a la bandera”, afirmó el exministro.
El papa Francisco acudió a saludar al presidente colombiano en la Sala del Tronetto, adyacente a su Biblioteca Privada, con un "bienvenido" y le recordó que era la tercera vez que se veían. Después entraron para la reunión en privado y Santos le dijo al papa: "Necesitamos su ayuda". El encuentro entre el pontífice y Santos estaba previsto después de que se conociese que recibiría en Oslo el Premio Nobel de la Paz, y que emprendería a raíz de ello una gira europea. Pero la reunión con Francisco cobró una mayor importancia después de que el líder de la oposición el ex presidente Álvaro Uribe anunciase ayer que recibió la llamada del secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, invitándole al Vaticano para reunión conjunta con el presidente colombiano y el papa. Santos llegó al Vaticano acompañado por su esposa María Clemencia Rodríguez Múnera y sus tres hijos: Martín, María Antonia y Esteban y los ministros de Exteriores y Comercio y el general colombiano Óscar Naranjo. El presidente colombiano entregó a Francisco como regalo el llamado "balígrafo", una bala de ametralladora convertida en bolígrafo y con el que Santos y el líder de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, "Timochenko", firmaron los acuerdos de paz en Cartagena de Indias. La bala calibre 50 transformada en bolígrafo que se regaló al papa lleva grabada la frase : "Las balas escribieron nuestro pasado". La paz, nuestro futuro", que Santos le dijo a Timochenko cuando las partes firmaron el acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral en La Habana. Otro de los regalos de Santos al pontífice fue una escultura de cerámica que representaba una corona de orquídeas y realizada por una artista colombiana Por su parte, Francisco le regaló un medallón en bronce que simboliza la paz, el discurso para la Jornada Mundial de la Paz en la que invita a los mandatarios a la "no violencia" y los tres libros que ha escrito durante el pontificado.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.