El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
En un momento de alta tensión política y en vísperas de los próximos ciclos electorales, el comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente ha formalizado su proceso ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Armando Wouriyu Valbuena, vocero de dicho comité, defendió e Mañanas Blu la iniciativa como una respuesta a las "leyes de la naturaleza" y a la urgencia de millones de colombianos que buscan ajustes estructurales en el Estado.Descentralización y deuda con los territoriosEl argumento central de Wouriyu Valbuena para justificar una nueva Constitución radica en la descentralización efectiva. Según el vocero, la actual República está diseñada principalmente para beneficiar a las grandes capitales como Bogotá, Medellín y Cali, dejando en la exclusión a los bordes territoriales, las áreas fronterizas y a más de 15 millones de campesinos.A pesar de que la Constitución de 1991 ya contempla la autonomía regional, Wouriyu sostiene que no ha existido voluntad política ni intelectual en el poder legislativo para implementar estos mandatos. Como ejemplo, citó que solo hasta mayo de 2025 se pudo concretar la primera entidad territorial indígena, amparada en facultades de la propia carta del 91 que tardaron décadas en materializarse.El fin del "modernismo europeo" y la ética del EstadoWouriyu asocia el sistema democrático actual con un "modernismo europeo" que considera agotado. Para el vocero, es necesario adecuar la República a un momento "contemporáneo", superando estructuras que, a su juicio, han fomentado una "estética de la corrupción" heredada de siglos atrás.Esta propuesta implica, según sus palabras, realizar ajustes en el sistema de pesos y contrapesos (ramas ejecutiva, legislativa y judicial) para que las instituciones funcionen en favor de la vida y la paz, eliminando obstáculos que han mantenido una deuda pública no resuelta por 207 años.Reelección y el futuro de las institucionesAl ser consultado sobre si esta Constituyente busca facilitar la reelección del presidente Gustavo Petro, Wouriyu calificó estas afirmaciones como "especulaciones periodísticas" y de sectores sociales específicos. No obstante, al profundizar en el tema, señaló que la reelección es algo que "hay que analizar" y que inicialmente no estaba en su consideración, pero que ahora surge en el debate público.Escuche aquí la entrevista:
La violencia vuelve a golpear al gremio de la música regional mexicana tras el asesinato de un reconocido músico, quien fue atacado a tiros mientras se desplazaba en su vehículo por una zona concurrida. El hecho ocurrió el miércoles 25 de febrero y ha generado consternación entre seguidores del género y artistas, quienes lamentan la pérdida de uno de sus colegas. Hasta el momento, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar los responsables y esclarecer los motivos detrás del crimen, que terminó con la vida del artista en el lugar de los hechos.Horas después de conocerse la noticia, se confirmó que la víctima era Julio César Beltrán, acordeonista que formó parte del reconocido Grupo Arraigado. La agrupación confirmó lo sucedido a través de sus redes sociales, donde expresó su dolor por la repentina partida de su compañero. Según los reportes preliminares, el músico fue interceptado mientras conducía por el Malecón Viejo y recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte de forma inmediata.La noticia se difundió rápidamente y provocó una ola de mensajes de despedida. Uno de los pronunciamientos más sentidos fue el del cantante Jorge Santacruz, quien aseguró que el gremio se encuentra profundamente afectado por la pérdida. A lo largo de su trayectoria, el acordeonista también colaboró con el intérprete Diego Rivas, además de participar en distintos proyectos musicales que le permitieron consolidar su nombre dentro del género. Posteriormente, emprendió su camino como solista, etapa en la que lanzó varias canciones que fortalecieron su presencia en la escena regional mexicana y le permitieron conectar con su público.Su última presentación tuvo lugar el pasado 21 de febrero en un reconocido centro nocturno de Los Mochis. Aquella noche, sin saberlo, marcó su despedida de los escenarios, donde durante años demostró su talento y pasión por la música.Un adiós marcado por el dolorEl grupo al que perteneció publicó un mensaje en el que resaltó no solo su talento artístico, sino también sus cualidades humanas. En el comunicado, sus compañeros lo describieron como un hombre de valores, comprometido con su familia y apasionado por el acordeón, instrumento con el que logró expresar su identidad musical.En el mismo mensaje, destacaron que su legado permanecerá vivo en cada interpretación y en el recuerdo de quienes compartieron escenario con él. Sus colegas coincidieron en que era una persona respetuosa, dedicada y ajena a conflictos, lo que ha hecho aún más difícil asimilar su partida.Mientras avanzan las investigaciones, el asesinato ha vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad de los artistas del género regional mexicano. Entre tanto, seguidores y músicos continúan rindiendo homenaje a su memoria, recordándolo como un artista que dejó huella tanto en la música como en la vida de quienes lo conocieron.
El Mazda6e está teniendo una acogida superior a la prevista. La berlina eléctrica que reemplaza al anterior Mazda6 no solo ha sorprendido por su diseño y planteamiento tecnológico, sino que ha obligado a la marca japonesa a ajustar rápidamente su oferta para corregir lo que varios conductores señalaban como su principal punto débil.La cuestión no estaba en la potencia ni en el diseño, sino en la coherencia entre autonomía y tiempos de recarga.¿Qué problema tenía el Mazda6e?Hasta ahora, el modelo se ofrecía con dos configuraciones claramente diferenciadas. La variante con batería LFP de 68 kWh útiles ofrecía hasta 479 kilómetros de autonomía y admitía cargas de hasta 200 kW, permitiendo pasar del 10 % al 80 % en 24 minutos.Por encima se situaba la versión Long Range, con batería de 80 kWh brutos (78 kWh útiles), capaz de homologar hasta 552 kilómetros WLTP. Sin embargo, esa mejora en alcance traía una limitación relevante: la potencia de carga quedaba restringida a 90 kW, lo que prácticamente duplicaba el tiempo necesario para recuperar energía.En la práctica, quien elegía más autonomía debía aceptar una recarga más lenta, un punto sensible en el mercado eléctrico actual.¿Cómo cambia la nueva batería del Mazda6e?Mazda introduce ahora una tercera opción que combina lo mejor de ambas propuestas anteriores. Se trata de una nueva batería LFP con 78 kWh brutos y 77 kWh útiles.Con esta configuración, el Mazda6e alcanza una autonomía máxima de 560 kilómetros WLTP y mantiene una potencia de carga de hasta 200 kW. En cifras, puede recuperar del 10 % al 80 % en 25 minutos, lo que equivale a más de 360 kilómetros adicionales en ese intervalo.El ajuste elimina la contradicción que existía dentro de la gama y sitúa a la berlina en una posición más competitiva frente a rivales directos.¿Qué prestaciones ofrece el Mazda6e?Esta nueva batería se asocia al motor más potente disponible en la gama. Desarrolla 180 kW (258 CV) y 290 Nm de par, con tracción trasera y transmisión automática de una velocidad.Homologa un consumo de 13,8 kWh/100 km, acelera de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 175 km/h, según datos bajo ciclo WLTP.Por el momento, el precio confirmado corresponde al mercado británico, donde ya figura en el configurador oficial. Allí tiene un valor de 38.995 libras esterlinas, equivalente a unos 190 millones de pesos al cambio actual en Colombia.Su posicionamiento queda prácticamente alineado con la anterior versión de gran autonomía de 258 CV, lo que refuerza su atractivo al ofrecer mayor coherencia entre alcance y velocidad de recarga.
Los resultados del Chontico Día se han convertido en una de las consultas más frecuentes entre los apostadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Este tradicional juego de chance mantiene una alta popularidad gracias a sus modalidades variadas y su accesibilidad económica.Número ganador del Chontico Día hoyEl número ganador del chance Chontico Día de este jueves 26 de febrero del 2026 es el 7566 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 7566Dos últimas cifras: 66Tres últimas cifras: 566La quinta: 3Últimos sorteos de Chontico DíaSorteoFechaResultadoChontico Día25 febrero 20262965 - 4Chontico Día24 febrero 20260133 - 2Chontico Día23 febrero 20265243 - 8Chontico Día22 febrero 20264025 - 5Chontico Día20 febrero 20267972 - 8Chontico Día19 febrero 20268976 - 3Chontico Día18 febrero 20261919 - 8Chontico Día17 febrero 20265566 - 5Chontico Día16 febrero 20262254 - 8Chontico Día14 febrero 20269264 - 9Modalidades de juego del Chontico DíaUno de los principales atractivos del Chontico Día es la diversidad de opciones disponibles, lo que permite a cada jugador ajustar su apuesta según su presupuesto y estrategia.Las modalidades son:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Gracias a esta variedad, el sorteo ofrece alternativas tanto para quienes buscan premios mayores como para quienes prefieren opciones más sencillas.Cuánto cuesta jugar Chontico DíaEl valor de las apuestas es otro factor clave en su popularidad. Los montos permitidos son:Apuesta mínima: $500 pesos colombianosApuesta máxima: $25.000 pesos colombianosEste rango facilita la participación de distintos perfiles de jugadores bajo las mismas condiciones del sorteo.Cómo reclamar un premio del Chontico DíaQuienes resulten ganadores deben acercarse a un punto autorizado y presentar:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad con fotocopia legible.Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: solo documento y tiquete.Entre 48 y 181 UVT: documento, tiquete y formulario SIPLAFT diligenciado.Más de 182 UVT: además de los anteriores, certificación bancaria vigente.Este procedimiento garantiza que la entrega de premios se realice de manera segura, legal y transparente, fortaleciendo la confianza de los jugadores que consultan diariamente los resultados del Chontico Día en Colombia.
El sorteo El Paisita Día se consolida como una de las opciones de chance más consultadas del país, especialmente en el departamento de Antioquia, donde cuenta con una amplia base de jugadores que revisan a diario los resultados para conocer si su apuesta fue ganadora.Número ganador de Paisita Día hoy, jueves 26 de febrero de 2026El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 26 de febrero de 2026 es el 8656 - 3 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.Número ganador: 8656Dos últimas cifras: 56Tres últimas cifras: 656La quinta: 3Últimos sorteos de Paisita DíaSorteoFechaResultadoPaisita Día25 febrero 20265809 - 6Paisita Día24 febrero 20262275 - 1Paisita Día23 febrero 20263562 - 4Paisita Día22 febrero 20264479 - 9Paisita Día20 febrero 20268267 - 5Paisita Día19 febrero 20267632 - 5Paisita Día18 febrero 20266536 - 2Paisita Día17 febrero 20266346 - 7Paisita Día16 febrero 20267119 - 8Paisita Día14 febrero 20262071 - 2Paisita Día13 febrero 20266900 - 5Horario del sorteo Paisita DíaUno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad en la publicación de los resultados. El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos, lo que facilita que las personas puedan verificar sus apuestas el mismo día.Los horarios oficiales del sorteo son:Lunes a sábado: 1:00 p. m.Domingos y festivos: 2:00 p. m.Una vez se anuncian los números ganadores, los participantes pueden acercarse a los puntos autorizados o consultar en los canales oficiales habilitados para conocer el resultado.Modalidades de juego disponiblesEl Paisita Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, pensadas para ajustarse a distintos presupuestos y estrategias. Cada modalidad cuenta con probabilidades de acierto y montos de premio que varían según el nivel de precisión requerido.Las opciones disponibles son:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.3 cifras combinado: acertar las cifras en cualquier orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Esta variedad permite que cada jugador elija la alternativa que mejor se adapte a sus expectativas y posibilidades económicas.Cómo reclamar un premio del Paisita DíaLas personas que resulten ganadoras deben acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación. Es indispensable cumplir con los requisitos establecidos y presentar la documentación solicitada.Los documentos básicos requeridos son:Tiquete original, sin daños ni alteraciones.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Dependiendo del valor del premio, pueden exigirse requisitos adicionales:Menos de 48 UVT: únicamente documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT debidamente diligenciado.Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.Con horarios definidos, múltiples modalidades de apuesta y un proceso de pago regulado, El Paisita Día se mantiene como uno de los sorteos de chance más confiables y consultados en Colombia.
En una reunión del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Pública, donde hace presencia Policía, Ejército, Fuerzas Militares, Fuerza Aérea y Armada Nacional, evalúan el tránsito de los guerrilleros a zonas veredales y puntos transitorios. Los más de 5.000 guerrilleros de las Farc empezaron a movilizarse desde este lunes en los departamentos del Cauca y Caquetá, lo que implica que ya se ha puesto en marcha el primer punto de los acuerdos pactados en Habana; de igual forma, empezaría a correr el D + 5. En las últimas horas en una reunión con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se terminaron de ajustar los protocolos para evitar eventualidades o inconvenientes que pongan en riesgo este movimiento. Cabe señalar que en este momento se realizan coordinaciones de comunicación que se da en tiempo real desde la zona hasta la sala estratégica y la comisión tripartita. Los guerrilleros avanzan con protección y vigilancia de Ejército y la Policía Nacional. El tránsito hacia las zonas es por vía terrestre, fluvial y aérea de ser necesario. Una vez lleguen a las zonas iniciará el proceso de desarme y almacenamiento de las mismas en contenedores. Lo acordado Dichas zonas, tienen como objetivo “garantizar el Cese al Fuego y Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de las Armas e iniciar el proceso de preparación para la Reincorporación a la vida civil de las Farc”. Así mismo, se aclaró que estas zonas serán transitorias y tendrán acceso por carretera o vía fluvial, además contarán con la vigilancia de un organismo internacional, en este caso, la misión designada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las zonas estarán ubicadas en los departamentos de Caquetá, Chocó, Santander, Cesar, Guaviare, Meta, Antioquia y Cauca.
La entrada en servicio de la misión española se produce tras dos semanas de instrucción específica en el Cuartel General de la misión ONU en Colombia. Según el departamento de defensa de España, los dieciséis integrantes están preparados para llevar a cabo sus tareas en la sede central, las sedes regionales y en las zonas veredales. En esta fase de instrucción los integrantes de la misión han sido formados para llevar a cabo sus tareas en el "Mecanismo de Monitoreo y Verificación" y en la "Dejación de Armas" de las Farc. De los 16 españoles, 14 pertenecen a las Fuerzas Armadas, que se distribuyen en 7 del Ejército de Tierra, 4 de la Armada y 3 del Ejército del Aire y además, dos componentes del Ministerio de Interior, un teniente de la Guardia Civil y una inspectora del Cuerpo Nacional de Policía. En ese sentido, cuatro de ellos permanecerán en la sede central en Bogotá, tres ocuparán puestos en las sedes regionales de Bucaramanga, Valledupar y San José de Guaviare y los otros nueve se distribuirán en las zonas veredales de Chocó, Popayán, Florencia y Villavicencio.
En el limbo comienza esta semana el futuro del nuevo acuerdo de paz con las Farc, porque la Corte Constitucional aplazó hasta el próximo 12 de diciembre la decisión sobre si avala o no el uso de la vía rápida y las facultades extraordinarias para el presidente Santos con el fin de sacar adelante las reformas legales y constitucionales que le den vida jurídica al fin del conflicto. El limbo se presenta porque sin la certeza de la habilitación del famoso fast track, en medio del estudio de la demanda contra el Acto Legislativo para la Paz interpuesta por el exconstituyente Jesús Pérez González-Rubio, el tiempo comienza a correr contra el Gobierno y la guerrilla y no pueden tramitarse aún los más de 135 proyectos de ley que deben hacer tránsito para viabilizar las modificaciones de fondo en materia de tierras , lucha contra las drogas, justicia especial de paz y otros puntos clave del acuerdo del teatro Colón. Es incierto si la ley de amnistía, que permitirá darle tranquilidad a miles de guerrilleros para movilizarse a las zonas de concentración para dejar las armas, será presentada esta semana ante el Congreso con mensaje de urgencia o el Gobierno esperará el fallo de la Corte, con el agravante de que tendrá que tener una semana más de incertidumbre, además de la presión de las Farc que ya han exigido que comience la excarcelación e indulto de guerrilleros presos al amparo de la ley 418. El presidente Santos, que esta semana viaja a Oslo a recibir el premio Nobel de Paz, ha pedido indirectamente a la Corte Constitucional que avale la vía rápida, porque "en caso contrario se enredaría severamente el trámite de la implementación de los nuevos acuerdos de paz". Santos ha advertido que si se tramitan por vía ordinaria, será inevitable que este tema, el de sacar adelante las normas que den vía jurídica al acuerdo de paz, se conviertan en moneda de cambio electoral para las elecciones presidenciales de 2018. Es tan complejo todo, que en su columna del diario El Espectador, el constitucionalista Rodrigo Uprimny plantea refrendaciones populares por partes y en otras instancias, del acuerdo de paz, a través de cabildos abiertos, o incluso de un plebiscito. Y para completar el difícil panorama, este martes debería comenzar la marcha de las Farc hacia las zonas de concentración y eso aún no está claramente definido.
Las conversaciones con el grupo guerrillero se han estancado por la negativa del ELN de liberar al excongresista Odín Sánchez, una de las condiciones consideradas inamovibles para iniciar diálogos por parte del Gobier.
“El Gobierno respetará cualquier decisión que tome la Corte Constitucional sobre el llamado fast track para tramitar de manera más rápida el nuevo acuerdo de paz en el Congreso de la República, pero no piensan en el plebiscito inclusive si la Corte no da visto bueno al fast track”, dijo. “La verdad, por el momento, el Gobierno no se ha planteado la opción del plebiscito, es demasiado costoso para el país es polarizante para los colombianos y sobre todo, además demoraría demasiado la implementación de los acuerdos de paz que se tienen que implementar en el menor tiempo posible”, agregó. “Esperemos el pronunciamiento de la Corte, no podemos adelantarnos al sentido de la decisión de la honorable Corte, ya han avanzado en la discusión y esperemos que en las próximas sesiones ya tomé la decisión final y sobre esa base el Gobierno emprender el camino para de la implementación. Nosotros vamos a acatar lo que diga el alto tribunal”, añadió. A pesar de la incertidumbre a interior de las FARC, el Ministro Cristo indicó que van a esperar y a tomar una decisión esta semana sobre la ley de amnistía.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.