En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este sábado el "cese inmediato de las hostilidades" y condenó la escalada militar en Oriente Medio tras "el uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como la posterior respuesta iraní en la región".Guterres advirtió en un comunicado de que "la situación pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales", pidió "una desescalada urgente" y dijo que, de no producirse, "existe el riesgo de un conflicto regional más amplio con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad en Oriente Medio".El jefe de la ONU recordó además que "todos los Estados miembros están obligados a respetar el derecho internacional y la Carta de la organización", que "prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier país".Asimismo, instó a todas las partes a "volver de inmediato a la vía diplomática" y subrayó que "no existe alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales conforme al derecho internacional y a la Carta de Naciones Unidas".Guterres reiteró que el respeto a la Carta constituye la base para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y advirtió de que una mayor escalada podría tener consecuencias graves para toda la región.
Un caso que generó conmoción en la capital antioqueña en diciembre de 2024 comienza a ser esclarecido por parte de las autoridades, que en las últimas horas judicializaron a Martín Alonso Gárces Carvajal, de 56 años, como presunto responsable de la tortura y posterior homicidio de una mujer.El hombre es señalado de citar a Luisa María Ramírez Díaz, quien para ese entonces tenía 31 años, para alertarla sobre el supuesto hurto de un teléfono celular en el establecimiento de comercio donde ella trabajaba.Luego de ello, fue visto movilizándola en una motocicleta y tras el seguimiento en cámaras de seguridad, las autoridades evidenciaron que la mujer estuvo bajo el control de Garcés Carvajal durante cuatro días.Ya era 30 de diciembre de ese año cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado desmembrado en una caja, junto con prendas de vestir, un reloj de hombre y una camándula, en vía pública del barrio Campo Valdés, de la comuna cuatro de la ciudad.Según declaraciones de testigos, el señalado agresor habría regresado al lugar de trabajo de la víctima haciendo afirmaciones sobre el crimen e indicando que le faltaban más mujeres por atacar, indicó la Fiscalía.Garcés Carvajal fue capturado en una diligencia de registro y allanamiento realizada en un inmueble del sector San José de la Cima del barrio Manrique.En el procedimiento le incautaron una tarjeta SIM, tres cuerdas de amarre, ropa interior femenina y varias camándulas.Por lo pronto, por estos hechos un fiscal de la Seccional Medellín le imputó los delitos de tortura y homicidio agravado. Aunque el hombre no aceptó los cargos, un juez penal de control de garantías lo envió a la cárcel mientras avanza el proceso judicial en su contra.Piden justiciaHay que recordar que en el mes de agosto pasaron, la familia de Luisa pidió públicamente, a través de medios de comunicación, que haya justicia por este caso, luego de que no se evidenciaran a su juicio avances en la investigación. Incluso, porque narraron que la víctima fue vista por última vez con una mujer y que podría tener información clave del caso.
El presidente estadounidense, Donald Trump, no tiene previsto dar este sábado nuevas declaraciones sobre el ataque a gran escala contra Irán lanzado por Estados Unidos e Israel con el objetivo de derrocar al régimen iraní.Trump dio de madrugada un mensaje a la nación de ocho minutos desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) en el que anunció el lanzamiento del ataque e hizo un llamamiento al pueblo iraní a tomar el control del Gobierno una vez concluyan los bombardeos, que podrían alargarse todo el fin de semana.También tuvo una breve entrevista telefónica con el diario The Washington Post en la que afirmó que la "libertad" de los iraníes es el último objetivo de la operación militar, bautizada por el Pentágono como 'Furia Épica'.Aunque algunos medios publicaron que el presidente podría dar otro nuevo mensaje durante la mañana del sábado, fuentes de la Casa Blanca indicaron que de momento no tiene previsto volver a comparecer.La agenda oficial de Trump de este sábado solo contempla una cena en Palm Beach con una organización de recaudación de fondos para su movimiento político. El mandatario tiene previsto regresar a Washington el domingo.Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque contra objetivos en Teherán y otras ciudades en Irán, que ha respondido lanzando misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región, sin que hasta el momento se hayan reportado cifras de muertos o heridos.
El Dorado Mañana continúa siendo uno de los sorteos de chance que más interés genera entre los apostadores en Colombia. Su frecuencia diaria, junto con un atractivo plan de premios, lo ha convertido en una de las alternativas preferidas por quienes buscan acertar el número ganador y obtener importantes recompensas.Número ganador del Dorado Mañana hoyEl número ganador del chance Dorado Mañana de este sábado 28 de febrero de 2026 es el 8646 - 7 ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 8646Dos últimas cifras: 46Tres últimas cifras: 646La quinta: 7Últimos sorteos de Dorado MañanaSorteoFechaResultadoDorado Mañana27 febrero 20263514 - 1Dorado Mañana26 febrero 20264637 - 1Dorado Mañana25 febrero 20267277 - 3Dorado Mañana23 febrero 20262374 - 0Dorado Mañana22 febrero 20265142 - 5Dorado Mañana21 febrero 20265142 - 5Dorado Mañana20 febrero 20269662 - 3Dorado Mañana19 febrero 20261937 - 5Dorado Mañana18 febrero 20262051 - 2Dorado Mañana17 febrero 20262628 - 5Cuánto paga el Dorado MañanaEl Dorado Mañana cuenta con un plan de premios que varía según el tipo de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son:4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modalidad que amplía las posibilidades de ganar premios adicionales y hace más atractivo el juego para los participantes.Este completo esquema de pagos es uno de los factores que mantiene al Dorado Mañana entre los chances más consultados en el país.Hora del sorteo del Dorado MañanaEl Dorado Mañana se juega en un horario establecido que permite a los apostadores consultar los resultados el mismo día:Lunes a sábado: resultados después de las 11:00 a. m.Domingos y festivos: no se realiza sorteo.Este cronograma facilita que los jugadores planifiquen sus apuestas y verifiquen oportunamente si resultaron ganadores.Cómo reclamar un premio del Dorado MañanaQuienes obtengan un premio deben acudir a un punto autorizado para realizar el proceso de cobro. Según la empresa operadora Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos colombianos deben reclamarse cumpliendo estos requisitos:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original en buen estado y correctamente diligenciado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de pago seguro y transparente.El Dorado Mañana se mantiene como uno de los sorteos más relevantes del mercado de juegos de azar en Colombia. Su transparencia, frecuencia diaria y variedad de premios lo convierten en una opción destacada para quienes siguen de cerca los resultados con la ilusión de acertar el número ganador.
El conteo regresivo para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya se siente en cada esquina, y es que el evento deportivo más grande del mundo mantiene a todos a la expectativa sobre lo que ocurrirá este año y quién se alzará como campeón.Ante esto, como suele suceder, las personas buscan dónde ver los partidos del Mundial de la mejor manera. Muchos quieren una gran pantalla; otros prefieren priorizar la calidad de imagen, por lo que contar con buenas especificaciones se convierte en un detalle determinante.Y es que el Mundial no es un evento común. Son partidos de alta velocidad, repeticiones al detalle y estadios repletos a la espera de cantar gol. Pero para que la experiencia se sienta real en casa, es necesario contar con tecnología adecuada.¿Cómo comprar un televisor en 2026? Clave para elegir el mejorSegún las recomendaciones de tiendas como Alkomprar, hay cinco elementos clave que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un nuevo televisor:Resolución 4K Ultra HD: ofrece cuatro veces más detalle que el Full HD. Permite apreciar mejor los movimientos del balón, las tomas panorámicas y las repeticiones en cámara lenta. Hoy es el estándar recomendado para eventos deportivos.Tamaño acorde al espacio: en salas medianas o grandes, modelos entre 55 y 65 pulgadas logran un equilibrio entre comodidad visual e inmersión. No se trata de comprar el más grande, sino el que mejor se adapte a la distancia de visualización.Frecuencia de 120 Hz: clave para deportes. Reduce el efecto borroso en jugadas rápidas y mantiene la fluidez en cada contraataque o transición.Conectividad completa: puertos HDMI 2.1, compatibilidad con plataformas de streaming y asistentes de voz garantizan que el televisor no quede limitado solo al torneo.Sonido envolvente o barra adicional: el ambiente del estadio, los cánticos y la narración ganan protagonismo cuando el audio acompaña la calidad de imagen.¿Cuánto invertir en un televisor para el Mundial?En el mercado se encuentran televisores 4K desde alrededor de $1.250.000 hasta $2.000.000. Para quienes buscan mayor tamaño, mejor tasa de refresco o tecnologías avanzadas, los precios arrancan desde $2.500.000 en adelante.De hecho, las gamas premium, que incorporan tecnologías como OLED o Mini LED, superan esos valores, pero ofrecen contrastes más profundos y colores más precisos.Más allá del presupuesto, las marcas recomiendan pensar la compra como una inversión a mediano plazo. El televisor no solo será protagonista en la temporada mundialista, sino que también servirá para cine en casa, videojuegos y plataformas digitales.
"Los guerrilleros que están acusados de crímenes de guerra o lesa humanidad no pueden ser cargos electos", afirma el político colombiano en una entrevista publicada hoy en el diario español "La Razón". Pastrana, junto con el también expresidente Álvaro Uribe, fue uno de los abanderados del NO en el referéndum del pasado 2 de octubre sobre los acuerdos de paz firmados en La Habana, opción que fue la ganadora. Tras este resultado, los acuerdos se revisaron y el 12 de noviembre se presentaron los nuevos. Sin embargo, el único de los 57 puntos discutidos en el que no se pudo hacer cambios es en el de la condición de elegibles en las urnas de los jefes guerrilleros. Pastrana afirma que ahora están más cerca de una paz "verdaderamente estable y duradera" y lamenta que antes del referéndum "faltó el consenso nacional". El ex presidente insiste en la relación de las Farc con el narcotráfico y en que "tienen que resarcir a las víctimas. Tienen entregar el dinero (lo cifró entre 10.000 y 20.000 millones de dólares). Si no lo entregan, siguen cometiendo fraude", dice. Pese a la disparidad de criterios, Andrés Pastrana cree que 2017 será el año de la paz definitiva, aunque recuerda que "depende del presidente (Juan Manuel ) Santos. E
“Estamos convencidos que la lectura de todo el documento permite una comprensión integral y genuina de lo acordado, y que los cambios, precisiones y ajustes del nuevo Acuerdo lo fortalecen y responden a las inquietudes y sugerencias hechas por diferentes sectores de la sociedad, preservando a la vez las reformas y transformaciones contenidas en el Acuerdo del 26 de septiembre, que son la base de una paz estable y duradera”, dice un comunicado que acompaña la publicación. Después de anunciar en un acto formal en La Habana el pasado sábado que las delegaciones habían logrado un nuevo acuerdo en el que recogían algunas de las 500 propuestas de los partidarios del no, el jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, señaló ayer en esa red social que los equipos técnicos estaban "ensamblando" los cambios y ajustes en el texto definitivo. Este es el texto del nuevo acuerdo:
Dice Pastrana, del partido Conservador: "Acabo de terminar reunión con Frank Pearl enviado del Presidente Santos quien nos informó sobre nuevo acuerdo de paz. Mañana revisaré textos.” Otros sectores de la oposición como el Centro Democrático, han pedido al presidente Juan Manuel Santos que el nuevo acuerdo de paz con la guerrilla Farc sea presentado a la oposición y a las víctimas del conflicto armado antes de darlo como "definitivo". Está pendiente este nuevo encuentro que se espera sea entre mañana y el martes. Escuche más información en este audio: -La iglesia católica espera conocer el texto del acuerdo final de paz para saber cuáles son los cambios que se le hicieron y saber si sus propuestas fueron tenidas en cuenta. -En Antioquia 38 mil personas se han visto afectadas por las lluvias. Se espera que el fenómeno de la niña no afecte lo que falta del resto de año. Se espera que la temporada de lluvias termine en 3 semanas. -El Hospital Universitario de Santander continúa en crisis y no tendría capacidad de respuesta para atender pacientes por accidentalidad o por fiestas de fin de año y que requieran cirugías. -Cuatro personas resultaron heridas en un choque de dos busetas que aparentemente venían compitiendo por pasajeros por la avenida Murillo en Barranquilla. -Continúa la serie de terremotos en Nueva Zelanda con uno nuevo de 6,2 a 10 kilómetros de profundidad. Este, se une a otros que se han presentado también en Argentina y Chile. -El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que está reconsiderando su idea de designar a un fiscal especial para enjuiciar a Hillary Clinton por el escándalo de los correos, porque no quiere "dañarla" ni a ella ni a su marido, Bill Clinton. -El producto interior bruto (PIB) de Japón creció en el tercer trimestre de 2016 un 2,2 por ciento a ritmo interanual, gracias sobre todo al gasto de los hogares y al aumento de las exportaciones. -El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Ricardo Luna, aseguró que está de acuerdo con su homólogo chileno, Heraldo Muñoz, en afirmar que su país y Chile no tienen temas limítrofes pendientes de solucionar.
“El acuerdo lo que requiere es una implementación inmediata para que rápidamente todos los colombianos podamos comenzar a sentir, todos los sectores, los beneficios de la paz”, expresó Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado de las Farc. Entre tanto, en La Habana se trabaja en el ensamblaje del acuerdo para poder hacerlo público en su totalidad. Escuche en este audio noticias sobre: -El ministro del Interior Juan Fernando Cristo se refirió desde Norte de Santander acerca de la ideología de género en el nuevo acuerdo de paz. -La Organización de Estados Americanos OEA se pronunció también acerca del nuevo acuerdo.-Líderes indígenas del norte del departamento del Cauca celebraron la firma de los nuevos acuerdos entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional. -En las últimas horas fueron asesinados por desconocidos dos policías en el departamento de Casanare, al parecer en medio de un plan pistola por parte del ELN. Uno de los uniformados muertos era oriundo de Caldas donde sus familiares piden que se esclarezca el hecho. -El Ministerio de Transporte reportó normalidad en las operaciones aéreas del país, salvo por 6 vuelos retrasados por culpa de las fuertes lluvias. -América de Cali se acerca a la Primera División. Derrotó por 0-2 al Real Cartagena en partido que fue suspendido por invasión del terreno de juego por parte de los hinchas locales.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, felicitó al Gobierno y las Farc por el acuerdo de paz modificado firmado en La Habana (Cuba) y confió en que sea un nueva oportunidad para avanzar hacia la paz definitiva. En un comunicado distribuido por la oficina del portavoz de la ONU, Ban destacó que el nuevo acuerdo de paz incorpora muchas de las propuestas de los grupos que representan a los que votaron NO en el plebiscito del 2 de octubre. Asimismo, el secretario general expresó su reconocimiento a los grupos y personas de la sociedad colombiana que presentaron propuestas para modificar los textos y que participaron de "manera constructiva" en el proceso de diálogo. "A través de este ejercicio, los colombianos se han escuchado y han reafirmado su deseo colectivo de paz. Ahora tienen una nueva oportunidad para avanzar más unidos que antes en este camino hacia la paz", añadió el diplomático surcoreano. Finalmente, felicitó a las partes por mantener su compromiso con el alto al fuego y el cese de hostilidades, reafirmó el apoyo de la ONU al proceso y confió en que los esfuerzos puedan concentrarse lo más pronto posible en la implementación de un acuerdo final. El nuevo documento, producto de nueve días de intensas negociaciones en La Habana, fue firmado por los jefes negociadores del Gobierno, Humberto de la Calle, y la guerrilla, ‘Iván Márquez’, en presencia del ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez. Las partes renegociaron un total de 57 puntos concretados en las últimas semanas durante el proceso de diálogo político que el Gobierno colombiano abrió con los sectores que defendieron el NO en el plebiscito. Escuche en este audio: -Por lo menos 45 mil personas se encuentran sin suministro de agua en el norte del Valle debido a un derrumbe en una vía del municipio de Bolívar Valle. -Mientras Medellín combate la delincuencia y lucha por encerrar a las bandas criminales, los centros carcelarios los dejan en libertad por congestión y falta de celdas. En lo que va corrido de este mes se han registrado 15 homicidios, 12 menos que en comparación al años anterior. -Dos ancianos resultaron heridos con machete y cuchillo luego de oponerse a un robo en el taller de mecánica donde trabajan como vigilantes. -El presidente venezolano, Nicolás Maduro, descartó este domingo que en el diálogo con la oposición se vaya a negociar un anticipo de elecciones o la reactivación de un referendo revocatorio de su mandato. -El expresidente francés Nicolas Sarkozy pidó a la Unión Europea aplicar medidas si Donald Trump aplica las políticas proteccionistas que ha anunciado e imponga una "tasa de carbono" a los productos importados si incumple el acuerdo sobre el cambio climático. -El Gobierno boliviano comprometió este domingo 700,000 dólares para mejorar los centros oftalmológicos del país que trabajan con la Misión Milagro, un programa cubano para operar de la vista a personas necesitadas en toda América Latina y el Caribe. -Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy para tratar el impacto de la victoria electoral de Donald Trump en los lazos transatlánticos y si complicará las relaciones con una Rusia cada vez más beligerante.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".