En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
Empresas Públicas de Medellín (EPM) aclaró que el embalse de Hidroituango no se encuentra en alerta roja, ni cercano a alcanzar el 100 % de su capacidad de almacenamiento, como se ha informado recientemente. La empresa explicó que esta interpretación surge de una referencia que no corresponde a la capacidad total de la represa.De acuerdo con la compañía, el dato divulgado por XM, como operador del Sistema Interconectado y administrador del Mercado de Energía Mayorista de Colombia, corresponde únicamente al nivel operativo habilitado para la generación de energía, que actualmente se ubica en la cota 409 metros sobre el nivel del mar, pero el embalse puede alcanzar hasta los 420, lo que representa una capacidad adicional de almacenamiento que no está incluida en el nivel operativo reportado públicamente. "Hoy estamos reportando este nivel como el 100% en la cota 409 sobre el nivel del mar porque nos hace falta hacer la poda de la cobertura vegetal que se requiere para poder subir el embalse y operarlo en la condición normal que es la cota 420. Nosotros tenemos capacidad en el embalse para subir de lo que hoy es este 100% otros 11 metros más", explicó el ingeniero Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación Energía EPM.Así las cosas, el tramo comprendido entre las cotas 409 y 420 msnm no se utiliza por ahora debido a trámites ambientales ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entre ellos el retiro de la capa vegetal en esa zona, conforme a lo establecido en la licencia ambiental.Además, EPM indicó que la Resolución ANLA 2306 de 2019 establece que, en esta época del año, el caudal que ingresa al embalse debe descargarse en igual proporción, lo que limita su capacidad de amortiguar crecientes. No obstante, la empresa señaló que cuenta con la capacidad técnica para utilizar la totalidad del embalse si es necesario para proteger a las comunidades ubicadas aguas abajo.Hay que recordar que recientemente y a raíz del incremento de los niveles del río Cauca, en reunión con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se revisaron los niveles del embalse y según confirmó EPM no hay riesgo de rebose en el mismo.Actualmente, la Central Hidroituango opera con cuatro unidades de generación que aportan 1.200 megavatios al sistema eléctrico nacional.
¡Su próxima parada obligatoria en Cartagena de Indias es la Plaza de Variedades, ubicada estratégicamente en el Parque Espíritu del Manglar, a solo unos pasos del Centro Histórico y acariciada por la brisa de la Laguna del Cabrero. Un oasis de 8.000 m² diseñado para el encuentro y la armonía.Este innovador nodo urbano bioclimático lo invita a vivir una experiencia única donde la naturaleza y la modernidad se abrazan. Podrá deleitarse con vistas inigualables desde su deck panorámico, relajarse en sus zonas de terrazas o explorar los sabores más auténticos de la región en sus módulos gastronómicos. Con una inversión de 4.900 millones de pesos, la Plaza de Variedades incluye zonas verdes integradas, una amplia plazoleta para eventos, locales comerciales, áreas de estacionamiento, espacios sociales, así como baños públicos y camerinos. Todo esto conforma un escenario moderno, accesible y pensado para acoger con dignidad y comodidad tanto a artistas como a ciudadanos y visitantes.Es el lugar perfecto para quienes buscan integrar el patrimonio cultural con el natural, en un entorno que prioriza la sostenibilidad y la accesibilidad universal.La Plaza de Variedades no es solo un lugar de paso, sino un escenario vibrante de felicidad donde el arte urbano, el deporte y el cine cobran vida bajo el cielo caribeño. Ya sea un viajero en busca de tesoros locales o un nativo que desea disfrutar en familia, este nuevo atractivo turístico le ofrece el "estilo de Cartagena" en su máxima expresión.
Irán confirmó este domingo la muerte de Alí Jamenei, abatido en la operación estadounidense-israelí lanzada la víspera.Estas son las principales reacciones internacionales a la desaparición del guía supremo iraní.IránVengar al guía supremo es un "deber y derecho legítimo" para la república islámica, afirmó el presidente iraní, Masud Pezeshkian.La muerte de Jamenei constituye una "declaración de guerra contra los musulmanes, y en particular contra los chiitas, en todo el mundo", sostuvo en un comunicado difundido por la televisión estatal.Estados Unidos"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino también para todos los grandes estadounidenses y para las personas de muchos países de todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei y su banda de matones sedientos de sangre", escribió el presidente estadounidense, Donald Trump.Israel"Se ha hecho justicia y el eje del mal ha sufrido un duro revés (...) Seguiremos actuando con firmeza para proteger al Estado de Israel", declaró el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.RusiaEl presidente de Rusia, Vladimir Putin, transmitió a Irán sus "más sinceras condolencias" por el "asesinato" de Jamenei.El fallecido líder iraní "será recordado como un destacado estadista que hizo una enorme contribución personal al desarrollo de las relaciones amistosas ruso-iraníes", señaló Putin en una carta al presidente de Irán, Masud Pezeshkian.ChinaEl gobierno chino "condenó enérgicamente" la muerte de Jamenei.La operación que mató a Jamenei fue "una grave violación de la soberanía y la seguridad de Irán, un atropello a los propósitos y principios de la Carta de la ONU y a las normas básicas de las relaciones internacionales", señaló la Cancillería china en una nota.Unión EuropeaLa muerte de Jamenei marca "un momento determinante en la historia de Irán. Lo que viene después es incierto", señaló en la red X la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas."Ahora existe un camino abierto hacia un Irán diferente, uno que su pueblo pueda tener mayor libertad para moldear", añadió.Kallas agregó que mantenía contactos con "aquellos de la región que cargan con el peso de las acciones militares de Irán, para encontrar medidas prácticas de desescalada".Francia"El mulá Jamenei era un dictador sanguinario que oprimió a su pueblo, humilló a las mujeres, a los jóvenes, a las minorías, y es todavía recientemente responsable de la muerte de miles de civiles en su país y en la región", apuntó una portavoz del gobierno francés, Maud Bregeon."Por tanto, no podemos sino satisfacernos de su desaparición", remató.Reino Unido"Pocas personas llorarán" la muerte de Jamenei, aseguró el secretario británico de Defensa, John Healey, al considerar que "Irán y el régimen que dirigió durante tanto tiempo son una fuente de mal"."La preocupación ahora, por supuesto, es que este régimen está arremetiendo de forma cada vez más indiscriminada y extendida, y la gente estará realmente preocupada porque ya no se trata solo de objetivos militares", agregó.AustraliaLa muerte del guía supremo iraní "no será llorada", reaccionó el primer ministro australiano, Anthony Albanese.Jamenei "fue responsable del programa nuclear y balístico del régimen, del apoyo prestado a grupos armados y de los brutales actos de violencia e intimidación cometidos contra su propio pueblo", dijo Albanese.IrakEl influyente dirigente chiita Muqtada al Sadr anunció tres días de luto en Irak. "Con profunda tristeza e inmenso dolor presentamos nuestras condolencias a todo el mundo islámico por el martirio del líder de la revolución islámica", escribió en X.HamásEl grupo islamista palestino Hamás condenó un "crimen abominable" en un comunicado. EEUU e Israel "tienen plena responsabilidad por esta agresión flagrante y este crimen atroz", consideró.Hijo del sah de Irán"Con su muerte, la república islámica ha llegado de hecho a su fin y pronto será arrojada al basurero de la historia", celebró en X el hijo del difunto sah de Irán, Reza Pahlavi."A las fuerzas armadas, de seguridad y a la policía: todo intento de sostener a un régimen que se está derrumbando está condenado al fracaso", añadió.HezboláEl grupo armado libanés proiraní Hezbolá "enfrentará la agresión" estadounidense-israelí que costó la vida a Jamenei, afirmó el domingo en un comunicado Naim Qasem, líder de esa organización."Cumpliremos con nuestro deber enfrentando la agresión", aseguró, y añadió que "sean cuales sean los sacrificios, no abandonaremos (...) el bando de la resistencia".
El papa León XIV urgió este domingo a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable", y apeló a la "responsabilidad moral" de las potencias implicadas en la crisis."Sigo con profunda preocupación todo lo que está ocurriendo en Oriente Medio y en Irán en estas horas dramáticas. La estabilidad y la paz no se construyen con amenazas recíprocas ni con armas que siembran destrucción, dolor y muerte", dijo el papa estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico tras el Ángelus.La estabilidad, subrayó, "solo" puede construirse "a través de un diálogo razonable, auténtico y responsable".Por eso, llamó a los países implicados en esta crisis, sin citarles expresamente, a adoptar la "responsabilidad moral" de acabar con una escalada bélica.León XIV apela a la diplomacia"Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable", dijo, suscitando el aplauso de los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro.Y agregó: "Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia", para acto seguido pedir oraciones por la paz.El llamamiento del pontífice se produce solo un día después del ataque de Estados Unidos e Israel, que se ha saldado con la muerte, entre otros, del ayatolá Ali Jameneí después de 36 años en el poder de la República Islámica.Desde Teherán, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, advirtió de que responderán a los atacantes con una contundencia "nunca antes experimentada".Continúan los ataques y las amenazasPor su parte, el presidente estadounidense Donald Trump avisó de que atacarán Irán con "una fuerza nunca antes vista" si cumple su amenaza de responder a la ofensiva para vengar al líder asesinado.La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha anunciado ataques contra 27 bases militares de EE.UU. en Oriente Medio y objetivos de Israel en venganza por la muerte del líder supremo israelí.Asimismo, la nación persa ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin, Kuwait y el Kurdistán iraquí, entre otros, aliados de Estados Unidos y donde esa potencia occidental tiene bases militares.Tras la caída de Jameiní se ha nombrado un consejo interinó que rige la nación persa de forma transitoria, y que está compuesto por su presidente, Masud Pezeshkian; por el ayatolá Alireza Arafi y por el jefe del Poder Judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei.
Tres soldados del Ejército Nacional permanecen bajo atención especializada en Bucaramanga, luego de resultar heridos en un ataque con explosivos lanzados desde un dron contra tropas que operaban en la Serranía de San Lucas, en el sur de Bolívar.El ataque habría sido perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mediante drones cargados con explosivos que impactaron tanto el helicóptero que se encontraba en operación como la base militar en la Serranía de San Lucas; modalidad, cada vez más frecuente, que genera preocupación por el riesgo que representa para las tropas y la población.Los uniformados ingresaron hacia las 2:00 de la tarde del sábado al Hospital Universitario de Santander, donde recibieron atención especializada por lesiones de consideración, siendo uno de ellos el caso más delicado.En medio de la emergencia, la aeronave logró aterrizar de forma forzosa en el municipio de Santa Rosa del Sur.De manera paralela, en la base militar San Lucas, un suboficial y tres soldados fueron alcanzados por otro artefacto explosivo cuando se disponían a abordar un helicóptero. En total, el balance preliminar habla de al menos 14 militares lesionados, varios de ellos por esquirlas.Tres de los casos de mayor complejidad fueron remitidos a Bucaramanga para manejo especializado y cirugías correspondientes.Según el parte médico, un soldado presenta múltiples traumas en la cavidad toracoabdominal, comprometiendo parte de sus órganos, por lo que fue sometido a una cirugía de urgencias y permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos; otro tiene lesiones por esquirlas en el abdomen y el tercero sufrió la onda explosiva, cayó al suelo y presenta una lesión en el hombro izquierdo, con fractura de húmero.Los demás uniformados fueron atendidos inicialmente en centros asistenciales del sur de Bolívar, y varios de ellos fueron remitidos al Hospital Militar en Bucaramanga de la Segunda División, donde se encuentran en recuperación.Por ahora, los soldados permanecen bajo observación médica en la capital santandereana, mientras se espera un nuevo parte oficial sobre su evolución.
El jefe negociador de las Farc, Iván Márquez, a través de su cuenta de Twitter reafirmó el compromiso y disposición de fijar lo más pronto posible un nuevo acuerdo de paz como lo tiene presupuestado el Gobierno. “Entrelazados con el anhelo de todos los colombianos, estamos dispuestos a redactar y firmar lo más pronto posible el nuevo acuerdo de paz”, señaló. El jefe del equipo de paz del grupo guerrillero indicó que una vez se pueda concretar el nuevo texto se espera el acompañamiento de sectores religiosos, políticos y sociales para ser garantes de su posterior implementación. “Una vez rubricado el nuevo acuerdo esperamos que las iglesias y todo el movimiento social y político sean los garantes de su implementación”, expresó. Es de recordar que el presidente Juan Manuel Santos desde Reino Unido dijo que dicha renegociación del acuerdo final de paz se debe dar “en materia de días”. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Desde el Reino Unido el presidente Juan Manuel Santos de nuevo se refirió a las negociaciones que se adelantan con los promotores del NO y también con las Farc lo que calificó como una partida de ajedrez en donde de manera estratégica se unifican propuestas para ser llevadas a la mesa de la Habana. -El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas se reunió con su homólogo en Londres para definir estrategias en materia de seguridad.-Durante un foro académico de proceso de paz en Colombia realizado en Tunja el exprocurador general de la nación criticó la postura del presidente Juan Manuel Santos frente a los resultados que le dieron el triunfo al NO. -La defensa de Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe, sustentó apelación de llamado a juicio por nexos con paramilitares.-El ministro de Salud considera que la empresa que adquiera a CafeSalud deberá no solo hacer una buena oferta económica sino además tener experiencia en el campo. -La Asociación de Educadores del Caquetá pidieron a las autoridades agilizar las investigaciones para esclarecer los móviles y autores del presunto secuestro de la profesora Rosalba Ariza Tierradentro ocurrido en Cauca. -En Pereira se han retirado de varios establecimientos de venta las latas de atún que tienen presencia de mercurio. Continúa la revisión en algunos almacenes de cadena. -El Gobierno endureció los controles aduaneros contra el contrabando y la subfacturación de productos importados principalmente de confecciones y calzado. -Los camioneros del país rechazaron alza en los precios de los combustibles... qué más dijeron los conductores.-La excongresista wayuú Orsinia Polanco denunció que en el municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira, se está cometiendo un exterminio por parte de bandas criminales. -El Gobierno venezolano descalificó la propuesta de la oposición de elecciones generales en 2017. Dijeron que el calendario electoral para el próximo año es la elección de gobernadores y alcaldes. -La campaña demócrata en EEUU lanzó una serie de discursos en español para atraer al electorado latino, que será vital para el resultado del próximo 8 de noviembre. El candidato a la vicepresidencia ataca a Donald Trump desde Arizona. -Luego de ocho horas se levantó la protesta de mototaxistas que permanecían frente a la alcaldía de Bucaramanga y en la que se presentaron disturbios. -El viceministro para la Participación del Ministerio del Interior, Luis Ernesto Gómez, presidirá este viernes la Comisión de Seguimiento Electoral que busca garantizar el normal desarrollo de las elecciones atípicas donde se elegirá nuevo Gobernador de La Guajira. -Un suboficial de la Policía fue condenado a 7 años y 5 meses de prisión por transportar armas de fuego de corto y largo alcance para un comando del denominado Clan del Golfo. -Varios municipios de Nariño registran en este momento desabastecimiento de Gas licuado de Petróleo, lo que genera preocupación en los pequeños comerciantes y las amas de casa de la región. -Ante accidente ocurrido en parque de diversiones de Bogotá, autoridades en Cali refuerzan las medidas de seguridad en estos lugares de la capital del Valle. -Quedaron definidos los cuartos de final del Masters 1000 de París, penúltimo torneo de la temporada.
Se habló de un nuevo plebiscito y del Congreso de la República, y ahora comienza a sonar la posibilidad de la refrendación en cabildos abiertos. Santos ahondó en la posibilidad de los cabildos abiertos.“Son unas discusiones que tienen los concejos municipales, abren la discusión, votan sobre el punto que esté sobre la mesa; eso es lo que se denomina un cabildo abierto y si los 1.122 concejos municipales votan sobre algún punto, eso es considerado una consulta popular por nuestra constitución”, explicó el mandatario de los colombianos. Santos aseguró que en este momento lo más importante es ser ágiles en la renegociación del acuerdo e insistió en que es peligroso lo que ocurre para el país en materia de un cese bilateral tan vulnerable.
Diez personas viajaron a La Habana en representación del movimiento LGBTI y se reunieron con la delegación de paz de las Farc para tratar el tema del enfoque de género. "El compromiso que asumieron con nosotros, y que fue firmado ayer en la noche, es que ellos como una parte de la mesa, en las reuniones que empiezan mañana con el gobierno, solicitarán que se mantenga el enfoque de género y que se haga claridad de que cuando se habla de esto se hace referencia a la violencia diferencial sobre hombres, mujeres y personas LGBT", explicó Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, Corporación que defiende y promueve los derechos de esta comunidad. También explicó que para las Farc el enfoque de género permitirá identificar, en la implementación del acuerdo, las afectaciones de la violencia. Luego de la reunión los líderes de la comunidad le entregaron un documento a las Farc con sus peticiones, una de ellas es que el acuerdo de paz no excluya a las personas LGBTI y garantice que sus derechos humanos no sean desconocidos en el texto. La representante a la Cámara de la Alianza Verde, Angélica Lozano, acompañó la reunión en La Habana. "La declaración concluye con la expresión franca y directa: ninguna alusión a la naturaleza de nuestros derechos civiles, políticos o de familia se pueden recortar y ni siquiera mencionar en el acuerdo final de paz", señaló.
Desde Irlanda, durante su visita a Europa, el primer mandatario emitió nuevas instrucciones a su equipo de negociación para que se extiendan los diálogos con los diferentes voceros del NO del Plebsicito por la Paz. “Las instrucciones a los negociadores han sido muy claras: llegar lo más pronto posible a un nuevo acuerdo. Les dije esta mañana que prolongaran uno o dos días más”, dijo. Asimismo, el jefe de Estado dijo que le pidió al comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, que viaje este viernes a Cuba para avanzar con las Farc y a Humberto de la Calle que se quede en Bogotá para seguir en las reuniones con los representantes del NO. Las declaraciones del presidente se dieron desde Belfast, Irlanda del Norte, última escala de la visita de Estado del primer mandatario a Reino Unido.
A través de Twitter el jefe negociador de las Farc, 'Iván Márquez', aseguró que comparten el anhelo de paz de los colombianos y que están dispuestos a firmar un nuevo acuerdo en el menor tiempo posible. “Entrelazados con el anhelo de todos los colombianos, estamos dispuestos a redactar y firmar lo más rápido posible el nuevo acuerdo de paz”, dijo el líder guerrillero. Por su parte, el jefe de la delegación de paz del Gobierno en los diálogos con las Farc, Humberto de la Calle, confirmó que este jueves se firmará el documento final para discutir con la guerrilla, luego de recoger 410 propuestas en las reuniones con los promotores del NO. De acuerdo con de La Calle, esperan tener a partir de este jueves una serie de reuniones productivas con las FARC, luego de aprobar el documento final que llevará el Gobierno a la isla. “Este jueves será la reunión para revisar el documento, con el fin de que sea completamente genuino y me parece que es suficiente”, agregó. No hemos avanzado: Ordóñez El exprocurador Alejandro Ordóñez manifestó que son varios los temas puntuales en los que no se han logrado avances esenciales en medio de la renegociación del Acuerdo Final que se adelanta con el Gobierno Nacional. “No hemos avanzado, no hemos avanzado en los aspectos esenciales, en los aspectos fundamentales, en los aspectos problemáticos, no hemos avanzado en materia de impunidad, en materia de Justicia Transicional, en materia de elegibilidad, de reparación de víctimas y en materia de reparación, esencialmente, sustancialmente, aquí no hemos avanzado”, dijo el procurador. Las afirmaciones del exprocurador son contrarias al tono de Marta Lucía Ramírez y Roy Barreras, quienes señalaron que sí se ha avanzado en diferentes temas y que se ha logrado consenso en temas trascendentales del acuerdo.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".