En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
La reflexión dominical del pastor César Castellanos invita a los creyentes a permanecer vigilantes frente a los ataques espirituales que, según la enseñanza bíblica, buscan debilitar la fe y desviar al ser humano de su propósito. Basado en el pasaje de 1 Pedro 5:8-9, el mensaje enfatiza la necesidad de una actitud consciente y firme: “Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, al cual resistid firmes en la fe”. El pastor también explica el origen simbólico del mal como resultado de la rebelión de un querubín que permitió que el orgullo y la inconformidad nacieran en su corazón. Según la enseñanza, la estrategia del adversario no ha cambiado: sembrar duda en la mente humana. Así ocurrió con la primera pareja en el Edén, cuando la serpiente cuestionó la palabra divina y abrió la puerta a la desobediencia. De este episodio se desprende una lección clave: “Satanás no ha cambiado de estrategia, él pone semillas incorrectas… los dardos de fuego del enemigo vienen envueltos en pensamientos humanos”.Finalmente, el mensaje resalta que el ser humano fue creado con propósito, autoridad y capacidad de vivir en armonía con Dios, no en temor ni en derrota. Sin embargo, advierte que incluso una sola desobediencia puede alejar a la persona de ese propósito, por lo que es fundamental vivir con responsabilidad espiritual.Escuche la reflexión completa aquí:
La explotación sexual de menores de edad por parte de extranjeros en Colombia es una situación a la que las autoridades cada vez le ponen más la lupa. En ciudades como Medellín el registro de este delito por personas que llegan de otros países es amplio y la autoridad no baja la guardia.Durante lo que va corrido de este año 2026, funcionarios de Migración Colombia le han impedido el ingreso al país de 15 extranjeros, quienes estaban reseñados por presuntos delitos sexuales en contra menores de edad. De ese grupo, siete intentaron entrar por el aeropuerto internacional José María Córdoba en Rionegro.El resto de los foráneos fueron inadmitidos mediante otras modalidades de ingreso, por ejemplo, cinco registraron alertas en la plataforma Ángel Watch y dos más fueron rechazados después de presentar su entrevista migratoria. Al respecto Gloria Esperanza Arriero Directora General de Migración Colombia."Ya identificamos una nueva modalidad. Viajeros que pretenden llegar a Medellín para practicar este tipo de turismo intentan ahora ingresar al país por otras ciudades, aprovechando la amplia conectividad aérea de Colombia. Frente a esta situación, reforzamos aún más los controles en distintos puntos de entrada", indicó. Por su parte el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejia, aseguró que los controles en contra de la explotación sexual, son cada día más efectivos ante esta nueva modalidad de vuelos internacionales con escalas en ciudades alternas en Colombia para llegar Medellín y ya tienen sus primeros resultados."Que ni crean que nos van a evadir los controles. De hecho, hace 15 días, aproximadamente 15 días, dos sujetos fueron inadmitidos por migración en El Dorado, en Bogotá, porque hacían escala de Estados Unidos-Bogotá y directamente viajaban a Medellín. Nosotros ya teníamos la alerta de esos viajes y efectivamente se hicieron esas dos inadmisiones de ciudadanos norteamericanos que venían para Medellín, pero que hicieron escala en Bogotá", indicó.De acuerdo con datos oficiales de Migración Colombia durante el año 2025, fueron inadmitidos por las las autoridades a 110 extranjeros por su vinculación a posibles delitos asociados al turismo con fines de explotación sexual. De este total, 80 fueron rechazados a su llegada al aeropuerto internacional José María Córdova en Rionegro.
La reflexión dominical de Rafael de Brigard invita a los fieles a redescubrir el valor de la fe como fuente de luz, esperanza y orientación para la vida. En su mensaje, resalta que la palabra de Dios es un medio privilegiado para encontrar sentido y fortaleza en medio de las dificultades cotidianas: “Siempre que buscamos las cosas de Dios estamos detrás de eso: queremos luz, esperanza, alegría, fortaleza.” Esta invitación a “amanecer en Dios” representa un llamado a comenzar cada día con una actitud espiritual abierta, confiando en que la presencia divina acompaña y sostiene el camino humano.Basándose en el relato de la Transfiguración del Evangelio de Mateo, el monseñor explica que este acontecimiento revela la naturaleza divina de Cristo y ofrece a los creyentes una imagen de la gloria y la luz que Dios quiere compartir con la humanidad. La escena, en la que el rostro de Jesús “resplandecía como el sol”, simboliza la claridad que Dios ofrece frente a las oscuridades de la vida. Ante esta experiencia, el apóstol Pedro expresa una profunda verdad espiritual: “Señor, qué bien se está aquí”. Finalmente, el mensaje subraya que la clave de la vida cristiana está en la cercanía con Dios y en la escucha atenta de su palabra. La voz que se escucha en la Transfiguración lo confirma con claridad: “Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo”. Monseñor De Brigard insiste en que escuchar a Cristo transforma la vida y conduce al creyente hacia la plenitud, pues Dios no busca imponer cargas, sino ofrecer salvación, luz y amor.Escuche la reflexión completa aquí:
En un mercado donde tradicionalmente dominan marcas como AKT y Bajaj, el mayor salto en ventas no vino de ellas. La protagonista del crecimiento más fuerte fue Hero Motos, que cerró 2025 como la marca de mayor expansión en Colombia y proyecta acelerar aún más en 2026.El dato no es menor si se tiene en cuenta que el país superó el millón de motocicletas vendidas en 2025, según cifras de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, consolidándose entre los diez mercados más grandes del mundo.¿Qué tan fuerte fue el crecimiento de Hero en Colombia?Hero comercializó 83.400 motocicletas durante 2025 y alcanzó una participación de mercado del 9,03 %. El crecimiento frente al año anterior fue de 116 %, convirtiéndola en la marca con mayor expansión en el país durante 16 meses consecutivos.La estrategia no se basó únicamente en volumen. La compañía reforzó tres frentes clave: comunicación más directa con el consumidor, ingreso a nuevos segmentos donde no tenía presencia y ampliación agresiva de su red comercial.¿Cuáles fueron las motos Hero más vendidas en 2025?El crecimiento estuvo respaldado por un portafolio que respondió a distintos perfiles de usuario.La familia Hunk fue una de las más dinámicas, con aumentos superiores al 50 %. La Hunk 160 se mantuvo como referente en su categoría, mientras que la Hunk 125 logró ubicarse dentro del top 5 de motos más vendidas del país.La familia Eco, orientada al trabajo diario, creció más del 30 %, y la línea Xpulse ganó terreno en el segmento doble propósito con la Xpulse Rally, que alcanzó el 10 % de participación en su categoría.Las motos de calle continúan siendo preferidas por su versatilidad para trabajo y movilidad diaria, además de beneficios como bajo consumo de combustible, menores costos tributarios, exención de Impoconsumo y un SOAT más económico frente a otros vehículos.¿Dónde fabrica Hero sus motos en Colombia?Así como la mayoría de fabricantes de motos en Colombia, Hero también cuenta con operación industrial local en su planta de Villa Rica, Cauca, la primera instalación de la compañía fuera de India y la única en América Latina.Actualmente, la operación genera más de 900 empleos directos y alrededor de 3.000 indirectos. La planta integra procesos de manufactura sostenible, sistemas de recirculación y tratamiento de agua, así como metodologías de eficiencia energética.La compañía también impulsa programas de formación en seguridad vial, complementando su impacto más allá del ámbito comercial.¿Qué planes tiene Hero para 2026?Tras 11 años en el mercado colombiano, Hero proyecta ampliar su producción anual hasta 150.000 motocicletas en 2026, casi duplicando su capacidad actual. Este objetivo se apoya en la expansión productiva y el fortalecimiento de la red comercial.La meta no solo es crecer en participación, sino aumentar su aporte en empleo y desarrollo regional, manteniendo una oferta enfocada en movilidad eficiente y funcional para el consumidor colombiano.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano anunció este domingo un cese unilateral del fuego del 7 al 10 de marzo con motivo de las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo 8 de marzo en Colombia."El Ejército de Liberación Nacional envía al pueblo colombiano un mensaje claro de respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral realizando un cese al fuego unilateral durante la jornada del 8 de marzo", informó ELN en un comunicado.La guerrilla instó a "toda su fuerza combatiente" a no realizar operaciones militares ofensivas a las Fuerzas Armadas del Estado.La organización especificó que el cese al fuego se iniciará a las 00:00 horas del 7 de marzo y finalizará a las 00:00 horas del 10 de marzo.El Ejército de Liberación Nacional es una organización guerrillera insurgente colombiana de extrema izquierda que opera en Colombia y Venezuela.Según entidades defensoras de los derechos humanos, ha provocado desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por artefactos explosivos, violencia sexual y reclutamiento de menores, principalmente indígenas y afrocolombianos.En términos de desplazamientos, forzaron en 2025 la salida de 89.013 personas de sus hogares en la convulsa región del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, debido a los enfrentamientos que comenzaron en enero del año pasado entre ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, según datos del informe anual de la ONU para los Derechos Humanos.
La declaración la entregó Humberto de la Calle a su salida de la reunión con líderes de la Iglesia Católica, en el Palacio Arzobispa, en la Plaza de Bolívar. De acuerdo con de La Calle, esperan tener a partir de mañana una serie de reuniones productivas con las FARC, luego de aprobar este jueves el documento final que llevará el Gobierno a la isla. “Mañana será la reunión para revisar el documento, con el fin de que sea completamente genuino y me parece que es suficiente”, agregó. Tire y afloje El jefe negociador del Gobierno confirmó que son cerca de 410 propuestas que llevarán a La Habana, algunas repetidas, entre ellas varias que hacen parte del punto de la Jurisdicción Especial para la Paz. “En garantizar la sostenibilidad fiscal, aplicar la regla fiscal hay claridad que no existía antes, pero no tenemos problema en precisar. Sobre el respeto a la propiedad privada y la libertad de mercado en el punto de la reforma rural, también se llegaron a unas precisiones”, agregó de La Calle. Frente a ese documento, Óscar Iván Zuluaga que “allí estarán establecidas claramente las diferencias y las propuestas de los del No y las víctimas. Allí estarán los cambios profundos", agregó Zuluaga. El líder del gobierno en La Habana habló también de los puntos difíciles, como “las inhabilidades electorales para miembros de las Farc. Ese es un tema complejo, difícil. Allí ha habido poco movimiento. También sobre las sanciones restrictivas de la libertad, pero lo que sí es cierto es que se ha hecho un esfuerzo muy grande para nutrir el acuerdo”, explicó. De La Calle aseguró que tiene lógica primero abordar las propuestas del No y luego pensar qué mecanismo de refrendación usarán para ese nuevo acuerdo, pero aceptó que el Gobierno no descarta ninguno. Finalmente, dijo que la situación del cese es frágil y que el preagrupamiento de las Farc es temporal. Mañana, a las 8:30 a.m, se reunirán de nuevo en el Ministerio del Interior el comité técnico para definir el documento que llevarán a La Habana. Por el momento, están confirmados solo los asesores de ambas delegaciones. Sentimientos encontrados Anterior a eso, en la mañana y al medio día, se dieron una serie de comentarios cruzados. Mientras todos han celebrado el ambiente constructivo de las reuniones, con propuestas y avances, Ordóñez aseguró que no han avanzado para nada en puntos claves. "No hemos avanzado en temas esenciales, en los aspecto fundamentales y problemáticos en materia de impunidad, en materia de justicia transicional y elegibilidad política", explicó Ordóñez. El siguiente en hablar fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien habló de las declaraciones del presidente Santos en Londres acerca de la implementación del acuerdo de paz. Explicó que es muy diferente la implementación a la refrendación y que el presidente Santos no descarta un plebiscito. Martha Lucía Ramírez dijo que ya están los insumos para que en La Habana salga un nuevo acuerdo, un acuerdo nacional. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -Empresarios multimillonarios respaldaron en Londres al presidente Juan Manuel Santos en la búsqueda de la paz y destacaron su reconocimiento con el Premio Nobel. -Once congresistas demócratas enviaron una carta al secretario de estado John Kerry, pidiendo sostener el apoyo de Estados Unidos al proceso de paz colombiano. -25 congresistas de la Costa Caribe le exigieron al Gobierno Nacional la intervención de Electricaribe con fines de liquidación. -La petrolera Pacific anunció que dentro del proceso de reestructuración que adelanta, va a cancelar los títulos de quienes tengan menos de 100 mil acciones compradas en la compañía. -En el Huila advierten que el Plan de oxigenación realizado por Emgesa para la hidroeléctrica El Quimbo, no demuestra recuperación alguna en la calidad del agua. -Este miércoles se jugará el partido definitivo de la Serie Mundial de béisbol entre los Indios de Cleveland y los Cachorros de Chicago. -En lo que va corrido del año en Bogotá, la Policía de tránsito ha impuesto más de 120 mil comparendos a conductores que han parqueado en zonas prohibidas y de espacio público.
Al final, Óscar Iván Zuluaga aseguró que mañana se reunirán para estudiar un documento final que llevarán a La Habana. "Ese documento se discutirá antes del viaje de los delegados del Gobierno antes del viaje a La Habana. Allí estarán establecidas claramente las diferencias y las propuestas de los del No y las víctimas. Allí estarán los cambios profundos", agregó Zuluaga. Claudia de Castellanos, quien estuvo en representación de las iglesias cristianas, pidió que en el acuerdo no puede quedar explícito la ideología de género, sino el enfoque de género que deje a la familia como pilar fundamental de la sociedad. Sentimientos encontrados Anterior a eso, en la mañana y al medio día se dieron una serie de comentarios cruzados. Mientras todos han celebrado el ambiente constructivo de las reuniones, con propuestas y avances, Ordóñez aseguró que no han avanzado para nada en puntos claves. "No hemos avanzado en temas esenciales, en los aspecto fundamentales y problemáticos en materia de impunidad, en materia de justicia transicional y elegibilidad política", explicó Ordóñez. El siguiente en hablar fue el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien habló de las declaraciones del presidente Santos en Londres acerca de la implementación del acuerdo de paz. Explicó que es muy diferente la implementación a la refrendación y que el presidente Santos no descarta un plebiscito. Martha Lucía Ramírez dijo que ya están los insumos para que en La Habana salga un nuevo acuerdo, un acuerdo nacional. Finalmente logramos conocer que se llevarán a la Habana cerca de 110 propuestas que hacen parte de ese paquete nuevo porque otras ya las han presentado en La Habana.
De hecho, fue Ordóñez quien abrió las declaraciones. Mientras todos han celebrado el ambiente constructivo con propuestas y avances, Ordóñez aseguró que no han avanzado para nada en puntos claves. "No hemos avanzado en temas esenciales, en los aspecto fundamentales y problemáticos en materia de impunidad, en materia de justicia transicional y elegibilidad política", explicó Ordóñez. Le siguió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, habló de las declaraciones del presidente Santos en Londres acerca de la implementación del acuerdo de paz. Explicó que es muy diferente la implementación a la refrendación y que el presidente Santos no descarta un plebiscito. Martha Lucía Ramírez dijo que ya están los insumos para que en La Habana salga un nuevo acuerdo, un acuerdo nacional. Finalmente logramos conocer que se llevarán a la Habana cerca de 110 propuestas que hacen parte de ese paquete nuevo porque otras ya las han presentado en La Habana.
En su discurso en la Universidad London School of Economics, el presidente Juan Manuel Santos dijo que son muchas las razones que explican el NO en el resultado del plebiscito el pasado 2 de octubre. Sin embargo, el primer mandatario manifestó que eso ya es cosa del pasado y que, por ahora, lo importante es continuar con el proceso de paz. “Podemos encontrar muchas razones para este resultado, preocupaciones legítimas sobre algunos puntos del acuerdo, miedo y rabia, desinformación, falta de comunicación, pero tenemos y debemos avanzar”, manifestó. El presidente también se refirió a la denominada “ideología de género” y dijo que la única frase que hay al respecto en el acuerdo es que en el postconflicto "hombres y mujeres tendrán los mismo derechos”.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó, en entrevista con BLU Radio, que el Gobierno no descarta implementar vía Congreso de la República el acuerdo de paz sin necesidad de una refrendación previa. “La implementación de este nuevo acuerdo y también del anterior siempre debe ser por el Congreso de la República. Una vez se llegue a nuevo acuerdo la discusión que viene es cómo será refrendado, pero la implementación debe ser por el Congreso”, dijo. En cuanto a la refrendación, el ministro recordó que la Corte Constitucional manifestó que el presidente no tiene ninguna obligación de someter el acuerdo de paz a la refrendación popular. “La refrendación de los acuerdos puede ser una refrendación ciudadana. Pueden no refrendarse los acuerdos y comenzar la implementación o puede ser una refrendación de mecanismos distintos contemplados en la Constitución, distinto del plebiscito. La gama de opciones es amplia, va desde la convocatoria del plebiscito hacia mecanismos de refrendación ciudadana contemplados en la Constitución como los cabildos abiertos o mecanismos de democracia representativa como la refrendación a través de una decisión política por parte del propio Congreso de la República”, dijo. En ese sentido, Cristo indicó que la implementación se hará en mayor medida a través del Congreso y de medidas y decretos del propia presidente de la República. De otro lado, y sobre las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en las que dijo que muy pronto tendrá la facultad para implementar los acuerdos con las Farc a través del Congreso de la República, la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez lamentó que el “presidente descalifique a los que votaron por el NO”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".