La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El Carnaval de Barranquilla volverá a llenar los aeropuertos del país. Según proyecciones de la Aeronáutica Civil, más de 107.600 pasajeros se movilizarán por vía aérea hacia y desde la capital del Atlántico durante las festividades, lo que confirma el impacto del evento en el turismo y la conectividad aérea nacional e internacional.El mayor movimiento de viajeros se concentrará entre el viernes 6 y el miércoles 18 de febrero, fechas que coinciden con los actos más representativos del Carnaval, desde la tradicional Guacherna hasta el Entierro de Joselito. Las cifras reflejan que muchos asistentes llegarán con anticipación y regresarán de manera gradual una vez finalicen las celebraciones.El día con mayor tráfico aéreo será el viernes 13 de febrero, cuando se realice la Coronación de los Reyes del Carnaval, con más de 12.000 pasajeros proyectados. Le sigue el viernes 6 de febrero, jornada de la Guacherna, en el que se registró un flujo superior a los 11.700 viajeros.Durante eventos como la Batalla de Flores y las Grandes Paradas, la movilización aérea se mantendrá alta y constante, lo que evidencia una demanda sostenida durante varios días. Para la Aeronáutica Civil, estas cifras ratifican la importancia del Carnaval de Barranquilla no solo como expresión cultural, sino también como motor clave del turismo y la economía del país.La entidad aseguró que mantendrá un seguimiento permanente de la operación aérea y la coordinación con aerolíneas, aeropuertos y autoridades locales para garantizar viajes seguros, eficientes y ordenados durante una de las celebraciones más importantes de Colombia.
En un operativo en el barrio Antioquia de Medellín fueron incautados cerca de siete kilos de marihuana. Las autoridades lograron la captura de un hombre en flagranciaLa Policía Metropolitana de Valle de Aburrá realizó un importante operativo en uno de los barrios donde más se evidencia la comercialización ilegal de sustancias psicoactivas. Las autoridades dieron un contundente golpe a esta actividad ilegal que vulnera la tranquilidad de sus habitantes.Los hechos ocurrieron exactamente en el barrio Antioquia, muy cerca del aeropuerto Olaya Herrera, y hasta allí se desplazaron efectivos de la Policía y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación para llevar a cabo este procedimiento que dejó como resultado cuantiosas incautaciones y hasta un capturado.En medio del allanamiento que los uniformados realizaron a uno de los inmuebles de la zona, lograron hacer efectivo el decomiso de varios kilos de marihuana, un teléfono celular que pasará por un proceso exhaustivo de información y una considerable suma de dinero en efectivo.“Se realizó una diligencia de registro y allanamiento que permitió la captura en flagrancia de un integrante de esta estructura, así como la incautación de marihuana, elementos para dosificación, un teléfono celular, aproximadamente 35 millones de pesos en efectivo”, así lo detalló el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía.Además, el reporte entregado por las autoridades reveló que la vivienda en la que se realizó el allanamiento, presuntamente, estaría siendo utilizado como centro de acopio, desde donde se almacenaban y distribuían cantidades importantes de estupefacientes.El capturado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, quedando a la espera de que un juez de control de garantías defina su situación jurídica.
Para mitigar la situación y el problema de basuras en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que fue prorrogado por dos años el contrato con las cinco empresas que operan en la ciudad.Ante esto, el mandatario local aseguró que con esta firma también viene la innovación, puesto que aseguró que a Bogotá llegarán 35 camiones compactadores para fortalecer la recolección de residuos y así mismo monitorear los puntos críticos en la capital.“Eso en el marco de la orden que dio la Corte Constitucional, también las decisiones de la CRA, que garantizan que le vamos a dar continuidad al manejo de las basuras en Bogotá por los próximos dos años, básicamente. Fortalecimos también las capacidades de seguimiento, de monitoreo, y de esa forma tendremos una interventoría más fuerte”, confirmó el alcalde.Y es que la firma se da después de que la Comisión de Regulación de Agua Potables y Saneamiento (CRA) le diera el aval a Bogotá para la prórroga de contratos hasta noviembre del 2027 a estas cinco empresas, que también incluye la extensión del modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE).Esto además responde al concepto de la Corte Constitucional en el que advertía el vencimiento de los contratos, por lo que se ponía en riesgo la prestación del servicio en la capital.
New England Patriots y Seattle Seahawks se alistan para disputar un Super Bowl que no solo promete emociones en el campo, sino también una inédita presencia latina tanto en el terreno de juego como en el espectáculo musical encabezado por Bad Bunny. Sin embargo, más allá del duelo deportivo, la gran pregunta que ronda cada año a marcas y anunciantes es otra: ¿cuánto vale aparecer durante 30 segundos en el evento televisivo más visto del planeta?La respuesta impresiona. De acuerdo con datos de NBC Universal, cadena encargada de la transmisión, un espacio publicitario de medio minuto para la edición del próximo 8 de febrero puede alcanzar hasta los 10 millones de dólares. La cifra se justifica por el alcance proyectado: más de 150 millones de espectadores en todo el mundo pendientes del partido, del show de medio tiempo y, por supuesto, de los comerciales que muchas veces se convierten en protagonistas culturales.El Super Bowl se consolidó como la vitrina publicitaria más codiciada del año. No se trata solo de visibilidad masiva, sino de impacto global. Las marcas que invierten en este escenario buscan posicionar campañas memorables, lanzar productos o reforzar su identidad frente a una audiencia diversa y atenta. Cada segundo al aire es una apuesta estratégica que combina creatividad, narrativa y millones de dólares en producción y pauta.Pero en un entorno mediático cada vez más fragmentado, la televisión ya no es el único terreno de juego. Karen Carreño, CEO de Match Agency, señala que hoy el público consume el evento mientras interactúa desde su celular, convirtiendo a las redes sociales en una “segunda pantalla” que amplifica lo que sucede en el estadio. Reacciones en tiempo real, memes, análisis y clips virales construyen una conversación paralela que ofrece nuevas oportunidades para las marcas sin necesidad de pagar los millonarios 30 segundos en televisión.“A diferencia de un spot televisivo que ofrece 30 segundos estáticos, una campaña con creadores de contenido permite generar interacción antes, durante y después del partido. Los influencers pueden contextualizar, reaccionar, narrar y viralizar momentos clave, conectándose con sus comunidades de forma auténtica”, explica Carreño. En este modelo, la inmediatez es clave: elegir perfiles capaces de producir contenido ágil y relevante puede posicionar a una marca justo en el instante en que la cultura digital estalla.Así, mientras el Super Bowl mantiene su estatus como el escaparate publicitario más prestigioso del mundo, la batalla por la atención también se libra en las pantallas móviles, donde estrategia y relevancia pueden valer tanto como —o más que— 10 millones de dólares.
Continúan los operativos en el centro de la ciudad contra el comercio ilegal y la invasión del espacio público. Esta vez, 400 uniformados de la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín, adelantaron un megaoperativo en el centro comercial Ópera, donde las autoridades ya han identificado desde años que se da la venta ilegal de celulares.La intervención incluyó diligencias de allanamiento y registro, que se desarrollaron tras labores de inteligencia e investigación y que evidenciaron la existencia de establecimientos utilizados como fachada para la recepción, el desbloqueo y la reventa de equipos móviles robados en diferentes zonas del Valle de Aburrá.Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia por los delitos de receptación, acceso abusivo a sistemas de información y usurpación de derechos de propiedad industrial. Asimismo, fueron incautados 150 celulares con reporte por hurto y cerca de 10.000 accesorios para telefonía móvil destinados a la comercialización ilícita.En uno de los locales intervenidos fue hallada una bodega clandestina que pretendía evadir los controles policiales y ocultar equipos y accesorios ilegales. Así lo explicó el general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana."Esa intervención contó con la participación de peritos designados por las marcas afectadas, debido a la falsificación y comercialización ilegal de mercancías en el sector. Resaltar que se logró ubicar un centro de acopio, donde eran llevados celulares hurtados para ser modificados mediante sistemas conocidos como cajas flachadoras, con el fin de liberarlos y reintroducirlos al sistema comercial", indicó.Por su parte, el secretario de Seguridad Manuel Villa destacó que también se dieron procedimientos contra la ocupación ilegal del espacio público."Se realizaron, además, siete cierres de establecimientos por la violación a la ley dieciocho cero uno. Se verificaron más de cinco mil equipos celulares, se impusieron veintiocho comparendos, se inmovilizaron dieciséis motos y se efectuaron siete incautaciones por ocupación indebida del espacio público. Y ojo, es tan ilegal quien roba, como quien vende y como quien compra lo robado", aseguró.Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía para su judicialización por los delitos imputados, mientras avanzan las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de esta red ilegal.Las autoridades anunciaron que prontamente adelantarán nuevas intervenciones focalizadas en zonas estratégicas del Centro de Medellín.
El Comisionado de Paz, Otty Patiño, generó polémica al afirmar que es necesario evitar que la JEP se prolongue en el tiempo.El presidente de dicha jurisdicción, magistrado Roberto Vidal, pidió respeto por la autonomía del tribunal y afirmó además que el Gobierno no está cumpliendo con su compromiso de entregar los recursos necesarios para que los comparecientes puedan cumplir con las sanciones impuestas por la JEP.Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko' y quien fue el último comandante de las extintas Farc, se refirió al tema, afirmando que la JEP se ha vuelto engorrosa y lenta.“La JEP lleva 6 años con un buen presupuesto en comparación con el resto de los puntos del Acuerdo, alejándose del espíritu y la letra de lo pactado, y volviéndose una justicia lenta, engorrosa, revictimizante y punitiva”, señaló Londoño.Es importante recordar que la JEP se creó tras el acuerdo de paz del 2016 entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno de Santos.“Como signatario del Acuerdo de Paz, he expresado que la JEP decidió, por voluntad de sus magistrados, tomar distancia de la única y principal tarea que se le encomendó: constituirse en un tribunal de cierre para la construcción de una paz estable y duradera. Con sentido de responsabilidad histórica, hago un llamado a la JEP para que no repita la fallida experiencia de Justicia y Paz, y evite convertirse en un tribunal de referencia para los procesos de paz en curso. Es su decisión si contribuyen a la paz o a la reproducción de nuevas violencias”, agregó Londoño.
El presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, manifestó su preocupación por las declaraciones del comisionado de Paz, Otty Patiño, quien se refirió a un posible cierre de dicha jurisdicción.Al mismo tiempo, Vidal pidió al Gobierno respeto por la autonomía de la JEP.“La JEP también manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno nacional en sus obligaciones en materia de presupuesto con el componente restaurativo del Acuerdo Final de Paz. La JEP llama la atención sobre el hecho de que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Este dinero estaba destinado a la implementación de las sanciones, a través de las cuales los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades”, señaló Vidal.En el mismo sentido, el presidente de la jurisdicción advirtió que el Estado debe cumplir con sus obligaciones de investigar y sancionar el conflicto armado; de lo contrario, la Corte Penal Internacional tendría que asumir estas competencias.Vidal dijo que las declaraciones de Patiño “nos hacen temer que el Estado colombiano pudiera incurrir en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, lo cual podría tener un efecto muy negativo y abrir mecanismos como el examen preliminar o, ojalá nunca suceda, que la CPI tuviera que asumir dichas obligaciones ante el incumplimiento del Estado colombiano”, advirtió.
María Alejandra Villamizar, exnegociadora del proceso de paz y analista política, ofreció una reflexión profunda sobre el complejo camino que ha representado negociar con el ELN en Colombia. En una entrevista en Sala de Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, Villamizar analizó las dificultades que han enfrentado diferentes gobiernos para llegar a un acuerdo definitivo con este grupo armado, resaltando la falta de empatía con el pueblo colombiano en cada uno de los intentos de negociación.La trayectoria de un proceso estancadoVillamizar, quien fue parte del equipo negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos entre 2016 y 2017, recordó cómo los procesos con el ELN han sido largos y difíciles, marcados por ataques terroristas y poca consideración hacia las víctimas y las comunidades afectadas. Aunque el Gobierno de Gustavo Petro ha mostrado una disposición generosa para negociar, la analista señaló que el ELN sigue sin mostrar una clara voluntad de abandonar las armas."El ELN a lo largo de todos estos años, ha logrado transformarse y buscar lo que ellos denominan el "espíritu camilista". Este concepto se centra en la transformación de las condiciones de vida de las comunidades en las que están presentes, lo que implica en gran medida hacer política. Su objetivo es que el Estado cumpla con sus obligaciones y brinde los servicios y apoyos necesarios a estas comunidades" dijo.Al ELN, a diferencia de las Farc, no ha planteado su lucha como una búsqueda directa del poder, sino como un esfuerzo por transformar las condiciones de vida de las comunidades en las que operan. Sin embargo, esta falta de concreción política ha impedido avances en la mesa de negociación, manteniendo un ciclo de intentos fallidos que Villamizar describe como "una eterna tragedia".Un nuevo momento históricoVillamizar también destacó que la situación actual es muy diferente a la de décadas pasadas, cuando el hoy presidente Gustavo Petro, que es fruto de un proceso de paz, pudo integrarse a la vida política del país. La analista subrayó que la sociedad colombiana de hoy, especialmente los jóvenes, tienen expectativas muy distintas y esperan resultados concretos en los procesos de paz."Al ELN le sobran las armas, pero no ha sabido cómo transformar su planteamiento armado en una propuesta política que sea negociable. Su enfoque ha permanecido centrado en la lucha armada, sin lograr desarrollar una estrategia política efectiva que facilite el diálogo y la negociación", concluyó.A pesar de los intentos repetidos por alcanzar acuerdos humanitarios y poner fin a las hostilidades del ELN, Villamizar considera que este grupo está "atrapado en sus propias armas". Según ella, el ELN ha aprendido a hacer la guerra, pero no ha encontrado el camino para la paz, lo que perpetúa la violencia y los obstáculos para una verdadera reconciliación en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
Tras una orden de la JEP, la Policía Nacional realizará un acto público de perdón por la desaparición de Tarcisio Medina Charry, quien era estudiante de la Universidad Surcolombiana y fue detenido por la Policía el 19 de febrero de 1988, a pesar de tener su documentación en regla, cuando se dirigía al barrio Cándido Leguízamo, en Neiva. Tenía 20 años y esa fue la última vez que fue visto con vida.“La Universidad Surcolombiana (USCO) de Neiva otorgará un grado póstumo a Tarcisio Medina Charry y la Policía Nacional realizará un acto restaurativo de perdón público por su desaparición. Ambos actos, ordenados por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP, se dan en el marco de la medida cautelar adoptada para proteger los derechos de las víctimas a la memoria”, confirmó la JEP.El joven tenía interés en los temas políticos y se unió a la Unión Patriótica; en la universidad estaba estudiando Lingüística y Literatura.“Más de tres décadas después, aunque se ha esclarecido la responsabilidad en su desaparición, el paradero de su cuerpo sigue sin conocerse. La memoria de Tarcisio Medina Charry permanece viva en su familia y en quienes compartieron sus ideales y sueños de un país mejor. La búsqueda de Tarcisio se convirtió en el bastón de vida de su madre, Marleny Charry, quien falleció durante la pandemia del COVID-19 sin obtener respuestas sobre el paradero de su hijo”, explica la JEP.Este 24 de septiembre, la Universidad Surcolombiana otorgará el grado póstumo y en la misma ceremonia la Policía realizará el acto restaurativo de perdón público por la desaparición.
La Sala de Reconocimiento de la JEP citó al excomandante del Ejército general (r) Mario Montoya y al general (r) Leonardo Gallego para que entregue información sobre algunas operaciones realizadas en la Comuna 13 de Medellín entre los años 2001 y 2003.“La investigación indica que, durante esos periodos, se habrían cometido crímenes por parte de miembros de unidades adscritas tanto a la Cuarta Brigada como a la MEVAL, en el marco de varias operaciones realizadas por la fuerza pública en la Comuna 13 de Medellín, entre los años 2001 y 2003, entre esas la ‘Operación Orión’”, señaló la JEP.Es importante recordar que el general en retiro Mario Montoya fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre los años 2001 y 2006, mientras que Gallego fue comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, entre 2000 y 2003.“La JEP sustenta el llamado a versión de estos oficiales en varios informes de organizaciones de víctimas y en las versiones de otros miembros de la fuerza pública que ya han entregado versión dentro del Caso 08, específicamente, entre noviembre de 2023 y agosto de este año. Las fechas de las diligencias en Medellín y Bogotá serán anunciadas a los comparecientes mediante oficio”, explicó la JEP.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.