La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Leonardo Huerta, precandidato presidencial y abogado con diez títulos académicos, oficializó su participación en la denominada "Consulta de las Soluciones", donde se enfrentará a la exalcaldesa Claudia López el próximo 8 de marzo. Tras recolectar firmas de manera independiente durante siete meses, Huerta se presenta como una alternativa de centro frente a las estructuras políticas tradicionales de Colombia.Quién es Leonardo Huerta y su trayectoria académicaEl aspirante se define como un ciudadano forjado en la educación pública y la academia. "Yo soy un ciudadano que estudió en el INEM de Pereira, que salió adelante estudiando", afirmó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 A.M. Huerta destacó su preparación profesional como una de sus mayores fortalezas para dirigir el país, tras haber aplazado la revisión de su tesis doctoral para enfocarse en la campaña.Además de su faceta como profesor, el precandidato ocupó cargos técnicos como Defensor del Pueblo para el derecho a la salud y Secretario de Educación de Pereira, donde resaltó la entrega de tres instituciones educativas en un solo año.Cómo se financia la campaña de Leonardo HuertaAnte los cuestionamientos sobre el origen de sus recursos, Huerta aclaró que su campaña se sostiene con ahorros personales y la liquidación de su cargo en la Defensoría. "Con esos recursos que suman alrededor de 450 millones de pesos, yo salí a recorrer Colombia", explicó, desmarcándose de las financiaciones de grandes partidos o grupos económicos.Asimismo, aclaró que la reposición de votos no es un beneficio automático ni lucrativo, sino un reembolso de gastos debidamente facturados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).Propuestas de Leonardo Huerta para la PresidenciaUbicado en el centro político, Huerta propone un enfoque de "soluciones inoculpables", alejándose de la polarización entre izquierda y derecha. Su estrategia para ganar la consulta se basa en capitalizar el voto del electorado que busca figuras nuevas. "El outsider es el que nadie conoce. Estoy convencido de que la gente en esta elección va a votar por el outsider", sentenció con optimismo frente a su competencia con López.
Ante la emergencia generada por la primera temporada de lluvias de 2026, el ministro de Educación, Daniel Rojas, solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres activar el Comité Nacional para el Manejo de Desastres con el fin de articular acciones para atender las afectaciones en el sector educativo y asegurar la prestación del servicio.De acuerdo con los reportes oficiales, hasta el momento se registran 426 sedes educativas afectadas en cerca de 15 departamentos por daños en infraestructura y por la interrupción de vías de acceso, lo que ha limitado el desarrollo de las actividades académicas en varias zonas del país.El escenario podría agravarse en los próximos días, según el Boletín 104 del Ideam del 4 de febrero de 2026, que declaró alerta roja por riesgo de crecientes súbitas e inundaciones en las regiones Caribe, Pacífico, Magdalena y Cauca.El Ministerio de Educación orientó a las 97 Entidades Territoriales Certificadas a activar sus Comités Territoriales de Gestión del Riesgo Escolar y las Mesas Territoriales de Gestión Integral del Riesgo Escolar, en el marco de la política de gestión del riesgo en el sector. Entre las medidas impartidas están la identificación de sedes vulnerables, la realización de adecuaciones en infraestructura cuando sea posible, la protección de materiales pedagógicos y la implementación de estrategias de educación en emergencias para dar continuidad a las clases.Debido a la magnitud de la situación, la cartera de Educación planteó la necesidad de desplegar acciones a nivel nacional a través del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y en coordinación con la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias. La activación del comité busca coordinar apoyos interinstitucionales, atender los daños en la infraestructura educativa e iniciar procesos de recuperación para restablecer el servicio en las zonas afectadas.
Conocer el estado de su vida financiera ya no es un lujo, sino una necesidad. En Colombia, cada vez más personas entienden que revisar su historial crediticio y su puntaje les permite tomar mejores decisiones, acceder a oportunidades de crédito y avanzar con mayor tranquilidad hacia sus metas. Por eso, regresa la Feria Midatacrédito 2026, un evento gratuito que busca acercar la información financiera a los ciudadanos y acompañarlos en la construcción de una mejor historia crediticia.Organizada por DataCrédito Experian, esta feria se ha consolidado como uno de los espacios más importantes de educación financiera del país, combinando tecnología, asesoría personalizada y soluciones reales para quienes desean mejorar su perfil financiero.¿Cuándo y dónde será la Feria Midatacrédito 2026?La cuarta edición del evento se llevará a cabo en:Fecha: sábado 7 de febrero de 2026Lugar: Corferias, BogotáHorario: 9:00 a. m. a 5:00 p. m.Este año, los asistentes podrán realizar un preregistro que facilitará el ingreso y permitirá una experiencia más ágil y organizada.Una oportunidad para conocer su puntaje crediticio sin costoActualmente, cerca de un millón de colombianos utilizan activamente la app de Midatacrédito para revisar su perfil financiero, entender su comportamiento crediticio y tomar decisiones más informadas. Gracias a la analítica avanzada y al uso de inteligencia artificial, esta plataforma se ha posicionado como una de las aplicaciones financieras más utilizadas en el país.La feria busca trasladar ese acceso digital a un entorno presencial, donde las personas puedan consultar su historial y su puntaje crediticio gratis, recibir orientación experta y resolver dudas directamente con entidades del sistema financiero.¿Qué podrá hacer en la Feria Midatacrédito 2026?Durante la jornada, los asistentes encontrarán servicios pensados para fortalecer su estabilidad económica y tomar decisiones más conscientes. Entre las actividades disponibles se destacan:Consultar gratuitamente su historial y puntaje crediticio.Participar en espacios de educación financiera sobre hábitos saludables y uso responsable del crédito.Negociar deudas y explorar acuerdos de pago ajustados a su realidad.Conocer ofertas de crédito acordes con su perfil.Recibir asesoría personalizada para mejorar su vida financiera.El evento contará con la participación de 15 organizaciones del sector financiero, cooperativo, Fintech y de telecomunicaciones, entre ellas bancos, cajas de compensación, compañías de financiamiento, empresas de gestión de cartera y entidades distritales, que brindarán soluciones concretas a quienes buscan ponerse al día con sus obligaciones o acceder a nuevas oportunidades.Jacob Sandberg, vicepresidente de Midatacrédito, señaló que el propósito de la feria es empoderar a los ciudadanos con información clara y herramientas útiles. “Cuando las personas entienden su información y reciben orientación, pueden tomar control de su crédito y construir una mejor historia financiera”, afirmó.Además de los servicios financieros, la feria ofrecerá charlas y acompañamiento en temas como endeudamiento, reportes, puntaje crediticio y protección de datos personales. De esta manera, los asistentes no solo saldrán con su información actualizada, sino también con conocimientos prácticos para mejorar su bienestar económico.
Faustino Asprilla recordó en Blog Deportivo las curiosas multas que tuvo que pagar durante su etapa en el Parma de Italia, a propósito del nuevo modelo del técnico Albert Riera en el Eintracht Frankfurt, que incluye una ruleta con castigos económicos y tareas adicionales.El exdelantero colombiano aseguró que fue en Italia donde realmente conoció lo que era un régimen disciplinario estricto. “En el Parma pagué muchísimas multas, pero fue el único equipo. En Newcastle no había, en Brasil tampoco. En Italia sí, había multas por todo”, recordó. Llegar tarde a un entrenamiento, al comedor o a la charla técnica era motivo suficiente. Incluso, patear al arco sin haber calentado podía costar dinero, pues eso era un riesgo y podía terminar en una lesión.Y justamente por ahí empezó una de sus anécdotas más recordadas. Mientras el técnico Nevio Scala organizaba los entrenamientos, Asprilla hacía apuestas con sus compañeros. “Yo les decía que así, frío y todo, desde la mitad de la cancha le pegaba al travesaño. Apostemos: un millón cada uno”, contó entre risas. Siete compañeros aceptaron el reto. El ‘Tino’ pateó, el balón pegó en el travesaño y el entrenador, furioso, preguntó quién había sido. “Fui yo, profe”, respondió. Multa de un millón de liras. Negocio redondo: pagó uno, ganó siete.La multa más costosaLa multa más alta que recuerda fue de tres millones de liras por llegar tarde a un entrenamiento, luego de que cambiaran la cancha sin que él se enterara. Aunque el delantero explicó lo sucedido, "no hubo nada que hacer”. En el Parma, el capitán Lorenzo Minotti era el encargado de llevar el registro en pequeños papeles que luego se convertían en cheques cuando el técnico ordenaba saldar cuentas.Fue ahí cuando Asprilla intentó "avivarse". Mientras buscaba la papeleta de los tres millones entre el montón, decidió desaparecerla de la manera más insólita: “La cogí y me la metí a la boca… me la tragué”. Sin embargo, el plan no salió perfecto. “Me equivoqué. En vez de la de tres millones, me tragué una de 300.000; me faltó un cero”, confesó.Ahora bien, el dinero de estas multas tenía un fin solidario. En diciembre se recogía el saldo y se entregaba a niños que estaban enfermos en hospitales.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó que un hombre en condición de invalidez tiene derecho a recibir la pensión de sobrevivientes que dejó su madre tras fallecer en 2015, y ordenó a Colpensiones reconocerle el pago retroactivo de la prestación.Este fue un pleito jurídico de 3 años, el caso estudiado bajo la ponencia de la magistrada Marjorie Zúñiga, retrata una situación común en Colombia.El demandante, hoy en silla de ruedas y con graves afectaciones de salud mental, dependía económicamente de su mamá, quien era pensionada y asumía sus cuidados, manutención y gastos médicos.Cuando ella murió, la pensión fue sustituida en su totalidad al esposo padre del demandante, quien reclamó como único beneficiario el hijo que para ese momento se encontraba internado en un hospital psiquiátrico, quedó por fuera del reconocimiento.Colpensiones negó inicialmente la solicitud argumentando que no estaba demostrada la dependencia económica respecto de la madre.Sin embargo, tanto un juzgado laboral de Cali como el Tribunal Superior de esa ciudad concluyeron lo contrario y es que las pruebas demostraban que era ella quien se encargaba de su sostenimiento.Testimonios, historias clínicas y la propia declaración del demandante permitieron reconstruir una realidad familiar compleja: un padre ausente y una madre que, hasta su muerte, fue el único soporte económico y emocional de su hijo.La Corte Suprema de Justicia le dio validez ese análisis y dejó claro que la dependencia económica no exige convivencia permanente y que tratándose de personas en condición de discapacidad, basta probar que el apoyo del causante era esencial para su subsistencia.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, emitió una resolución que busca acelerar el Programa de Reincorporación Integral de los firmantes del acuerdo de paz del año 2016.“Un aspecto innovador de esta política pública es su alcance, ya que se centra en la construcción y fortalecimiento de capacidades para las personas y colectivos en proceso de reincorporación. Esto implica dotarlas de herramientas, conocimientos y habilidades que les permitan alcanzar una ciudadanía plena”, señala la ARN.Lo ejes del nuevo programa de firmantes de pazEl Programa de Reincorporación Integral tiene cuatro ejes en los cuales se involucra a los firmantes del acuerdo, sus familias y sus comunidades.Uno de estos ejes es el de la reincorporación comunitaria que busca fortalecer el tejido social y garantizar la participación de las comunidades para lograr la reconciliación, la idea también es lograr la superación de la estigmatización. Por su parte, Reincorporación Económica busca garantizar el acceso al empleo y la sostenibilidad de los proyectos productivos.Asimismo, está la Reincorporación Social que incluye la promoción para el acceso y el goce efectivo de los derechos como salud, educación, hábitat, y el acompañamiento para el bienestar psicosocial. A través de la participación activa."Reincorporación Política: busca la inclusión en la participación política y ciudadana de las personas en proceso de reincorporación en el marco de la democracia colombiana. Este aspecto es vital para la promoción de la participación y la diversidad, a partir del fortalecimiento de liderazgos, apertura en los espacios de planeación a través de la incidencia y el fortalecimiento en las capacidades para la construcción de veedurías”, explica la ARN.
El comisionado de Paz, Otty Patiño, aseguró que el proceso de diálogos con el ELN “está agonizando” y que este grupo criminal desaprovechó la oportunidad de liderar la posibilidad de paz al descalificar las conversaciones del Gobierno con el frente comuneros sur en Nariño. Sin embargo, el funcionario aseguró que no desistirán en las conversaciones de paz.“Está agonizando. Pero ellos son los únicos que pueden ponerle oxígeno, pero no se lo van a meter poniendo bombas de los oleoductos, no se lo pueden poner matando gente”, dijo Patiño.Pero, aunque el Gobierno es consciente de que estas conversaciones están en crisis, no le cierran la puerta a seguir insistiendo en una negociación.“El Gobierno nunca desistirá de ningún camino hacia la paz. Pero desde luego, si la otra parte, digamos, desiste de eso, pues digamos que el Gobierno no puede hacer nada más. Y también, desde luego, pensar que el ELN que no quiso hacerlo, que tuvo la oportunidad de hacerlo y no lo hizo, es la vanguardia de la paz, digamos, en este periodo. Ni siquiera pudieran entender que ellos hubieran podido avanzar y ser los líderes de la paz con comuneros. Prefirieron una extinción, digamos, de comuneros, y una descalificación de ese frente a asumir el liderazgo de la paz en Nariño”, concluyó el comisionado.En este momento los diálogos se encuentran congelados luego de que el ELN asegurara que el Gobierno incumplió con lo pactado. Además, rechazaron los diálogos regionales que comenzaron el frente comuneros sur de Nariño, que el comando central de esa guerrilla considera como una acción que les genera división y que no reconocen.
Una misión humanitaria recibió este jueves a un migrante ecuatoriano que, en su tránsito por el Darién, recibió una engañosa oferta de trabajo de parte del grupo delincuencial Clan del Golfo y luego fue retenido por la guerrilla del ELN, informó la Defensoría del Pueblo.La Defensoría, junto a la iglesia Católica y la Misión de la ONU en Colombia, permitieron la liberación "en un lugar apartado del departamento del Chocó" de Iván Alfredo Merizalde Minchala, indicó en un comunicado compartido a través de su cuenta de X.Según la información compartida por medios locales, tras aceptar la oferta del Clan del Golfo y darse cuenta que era un engaño, el joven se entregó al ELN para salvar su vida después de que ambos grupos armados se enfrentaran.Permaneció privado de su libertad por la guerrilla durante dos meses.La selva del Darién, que ejerce como frontera natural entre Colombia y Panamá, se ha convertido en el paso más frecuente de los migrantes que salen de sus países en una travesía hacia Estados Unidos, donde esperan encontrar una vida mejor.Su peligrosidad natural se suma a la presencia de grupos armados, que se han apoderado de las rutas migratorias y las explotan como un negocio.En Colombia, el grupo paramilitar Clan del Golfo ha expandido sus negocios ilegales más allá del narcotráfico, hacia el tráfico de migrantes.Las autoridades de Panamá estiman que en 2024 unos 320.000 migrantes atravesarán la selva del Darién.
El pasado mes de julio, Édgar de Jesús Orrego Arango, alias 'Firu'; Wenser Yosony Duque, alias 'Oliver González'; Diego Armando Vargas y María Alejandra Ojeda Londoño fueron capturados en Anorí, Antioquia, mientras se movilizaban en una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Los vehículos habían sido asignados a un grupo de disidentes que se encuentran en proceso de paz. Si embargo, las otras 4 personas tenían ordenes de captura vigentes.El presidente Gustavo Petro firmó la resolución que designa como gestores de paz a los 4 disidentes, lo que quiere decir que podrán recuperar la libertad.Tras conocerse esta decisión, 68 asociaciones de la reserva y veteranos de la fuerza pública, entre las que se encuentra Acore, publicaron un comunicado en el que se oponen a la decisión, pues aseguran que estos disidentes son responsables del homicidio de militares y policías, por lo que se está premiando a los victimarios."Estos nombrados gestores de Paz reciben total amparo jurídico ante delito recientes, incluso cometidos en flagrancia, el Gobierno nacional debe evitar este tipo de nombramientos que revictimizan a los colombianos vulnerados por estos criminales. La paz no puede ser construida sobre la impunidad, ni sobre la complicidad con quiénes han cometido crímenes atroces", señala el comunicado.En el mismo sentido, aseguran que rechazan el hecho de que se esté utilizando el tema de la reconciliación como pretexto para otorgar legitimidad a quienes atentan contra la seguridad de los colombianos.“De continuar con la política del Gobierno de premiar como gestores de paz a los terroristas de estos grupos alzados en armas, no haremos camino hacia la paz, por el contrario, estos criminales ven que tienen ventaja y no hay condena o rechazo por estas demenciales actuaciones”, advierten los reservistas.
Juan Carlos Rodríguez, conocido con el alias de 'Zeus', es compareciente ante la JEP en los casos que investigan los falsos positivos y los crímenes cometidos contra el partido de izquierda Unión Patriótica.Rodríguez, según informó la Policía, fue capturado con un arsenal de guerra que transportaba en un vehículo junto a otras personas. Posteriormente, se informó que 'Zeus' se había fugado junto a más de 20 personas. Tras lo sucedido, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, realizaron una rueda de prensa en la que señalaron la presunta responsabilidad de Rodríguez en una banda que hurtaba armamento en bases militares.La JEP decidió expulsarlo por incumplir con sus compromisos ante la jurisdicción, después de escuchar algunos testimonios, como el de los policías que participaron en el operativo de captura. En las últimas horas, Zeus envió un documento a la JEP, por medio de su abogado, en el que su defensa asegura que no está de acuerdo con la decisión, pues considera que las pruebas no fueron contundentes y que no se comprobó el incumplimiento de Rodríguez ante la jurisdicción."Considero que se deben analizar los hechos y las pruebas con plena vigencia de las garantías y los derechos constitucionales, como la presunción de inocencia y el in dubio pro reo, lo cual requiere un estándar que favorezca un análisis probatorio más allá de toda duda razonable. He planteado y reitero que los testimonios y entrevistas aportadas como medios de conocimiento o pruebas para decidir son dudosas, lo que llevaría a descartarlas como medios de convicción y, en consecuencia, por falta de fundamento probatorio, se debería emitir una decisión de no verificación de incumplimiento del Régimen de Condicionalidad", señala el abogado en el escrito.Zeus insiste en que su detención fue supuestamente "ilegal", ya que asegura que se produjo en una tienda y justo después de la requisa en el retén de la fuerza pública, y considera que hay inconsistencias en el relato de los policías que participaron en la captura.Posteriormente, la defensa se refiere a la fuga que realizó desde la estación de Policía de Cúcuta donde se encontraba detenido."La estación de Policía tenía en un espacio de 4 metros por 3.5 metros, dos habitaciones y un pasillo para mantener en promedio 50 reclusos, algunos con enfermedades contagiosas como la tuberculosis, en un grado de hacinamiento tal que no les quedaba espacio para locomocionar. En esas condiciones de indignidad, salir del lugar constituye una prioridad para cualquier ser humano, un auténtico estado de necesidad, para preservar la salud, la vida, entendida como el elemental y simple vivir. En este aspecto, conviene examinar la declaración de los reclusos Johanny Sneider Villabona Medina y Oswaldo Alexander González Subero ante el juzgado 190 de IPM Rad: S-5353, donde además manifiestan que 'Zeus' no tuvo que ver en la planeación de la fuga", se lee en el documento.Es importante recordar que Noticias Caracol reveló algunos detalles de la fuga de Zeus y citó el testimonio de uno de los reclusos, quien aseguró que Rodríguez había pagado por el plan de fuga. También se revelaron imágenes de las cámaras de seguridad. Sin embargo, su defensa afirma que, supuestamente, no fue un hecho planeado."El hacinamiento, siendo una flagrante violación de derechos humanos cometida por el estado colombiano al omitir su deber de ejecutar la privación de la libertad en condiciones de dignidad humana, constituye un auténtico estado de necesidad, una fuerza mayor, como causales de justificación. Es un hecho notorio la cantidad de llamados de los organismos de defensa de los derechos humanos y de la comunidad internacional al estado colombiano, de manera recurrente, frente al hacinamiento carcelario", se lee en el texto presentado por la defensa.Por último, en el documento el abogado asegura que la tesis de que Zeus fue capturado en un lugar diferente y tiempo después de la incautación, y que se trata de un montaje de la Policía, debe ser refutada con pruebas."En lo relacionado con la fuga de presos, considero que las circunstancias de hacinamiento constituyen una causal de estado de necesidad, de la necesidad de sobrevivir y de fuerza mayor. Además, el hacinamiento no fue creado por el compareciente y por dignidad humana le resultaba imposible permanecer en cautiverio", finaliza el documento.Ante la situación, Zeus le pide a la JEP que reemplace la decisión que decretó probado el incumplimiento del Régimen de Condicionalidad e imponga a Rodríguez un Régimen de Condicionalidad estricto.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.