La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
La revocatoria de la lista del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca continúa generando debate jurídico y político. Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anulara esa inscripción, el abogado y ex registrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, le solicitó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil que no permita nuevas inscripciones individuales de los partidos que integraban esa coalición.La petición fue dirigida al registrador nacional, Hernán Penagos, y plantea que el tiempo para inscribir listas ya se cerró, por lo que no puede reabrirse, ni siquiera después de que una lista haya sido revocada.Según el documento, permitir nuevas inscripciones rompería las reglas del proceso electoral, afectaría la igualdad entre los candidatos y pondría en riesgo la seguridad jurídica de las elecciones al Congreso de 2026.Uno de los argumentos centrales de Farfán, es que la lista del Pacto Histórico fue el resultado de una consulta interpartidista, mecanismo cuyos resultados son obligatorios según la Constitución. En ese sentido, el solicitante advierte que permitir que los partidos se separen y se inscriban por su cuenta desconocería la decisión de los votantes.Además, sostiene que la ley solo permite modificar una lista ya inscrita por la misma organización política, pero no autoriza la creación de listas nuevas ni la división de una coalición después de vencido el plazo de inscripción.Es por esto que en la solicitud se le pide a la Registraduría que, si se presentan intentos de inscripción derivados de esta revocatoria, los rechace formalmente, retire al Pacto Histórico del tarjetón electoral en el Valle del Cauca y mantenga intacto el calendario electoral y finalmente, solicita que este mismo criterio se aplique en otros departamentos si se presentan situaciones similares.
Empezó a circular en la opinión pública un video que correspondería al día del atentado contra el esquema de seguridad del senador y candidato al Congreso Jairo Castellanos. En la pieza se pueden observar a los hombres atentando de manera indiscriminada contra el vehículo blindado en Fortul AraucaEn el video se alcanzan a contar al menos cinco hombres y sería una pieza clave para la investigación, porque se alcanza a identificar uno de los rostros de uno de los hombres, que se ve con el fusil en la mano, sonriendo, con camisa y gorra negra. También se alcanza a ver de espaldas a otro de los criminales con camisa naranja y un chaleco verde militar con municiones.Estos hechos se registraron el 5 de febrero, mientras este vehículo y otro con tres asesores del senador se desplazaban hasta Yopal (Casanare) a recoger al congresista, que se encontraba, según se ha narrado, en correrías políticas por la zona.Ese mismo día, además estuvieron retenidos los tres asesores de Castellanos, que fueron liberados esa misma tarde. Será trabajo de las autoridades hacer los cotejos para revisar las identidades de los responsables.Cabe recordar que a través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, dijo que este atentado podría haber sido perpetrado por el ELN y ofreció hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.El ministro aseguró que, por instrucciones del presidente Gustavo Petro, se activó de manera inmediata el trabajo articulado de la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía.Quienes tengan información pueden denunciar a las líneas contra el crimen y del Gaula 107, 157-147 y 165
El presidente Gustavo Petro pidió la renuncia del gerente de la hidroeléctrica Urrá y arremetió contra el sector energético, al que señaló de ser responsable de las inundaciones que afectan a Córdoba, Sucre, Bolívar y Chocó, en medio de un fenómeno climático inusual.A través de X, el mandatario afirmó que las represas estaban llenas y que las generadoras liberaron agua de forma masiva, lo que habría agravado las emergencias. Petro también cuestionó la gestión del sistema energético y el uso del gas. Incluso insinuó posibles intereses económicos en el mercado eléctrico.El presidente anunció además investigaciones inmediatas y pidió la salida del gerente de Urrá.“He ordenado una investigación inmediata a las superintendencias… El gerente de Urrá mantuvo el 27 % de los días los últimos dos meses a un nivel por encima del permitido. Debe renunciar”, afirmó.En este sentido, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, realizó una visita de inspección a la hidroeléctrica Urrá, en Córdoba, para evaluar la situación por las inundaciones en la cuenca del río Sinú. Durante la visita, la Superservicios solicitó información sobre la operación del embalse, la generación de energía, los volúmenes de vertimiento, los precios y las ofertas en bolsa, así como la activación de los protocolos de gestión del riesgo.“Estamos recopilando información sobre las condiciones operativas de la represa, la generación de energía, los vertimientos realizados y los protocolos del plan de gestión de desastres”, explicó Durán, quien agregó que estas inspecciones también se realizan en otras generadoras para verificar una gestión eficiente de los embalses, garantizar precios adecuados para los usuarios y revisar las medidas de prevención del riesgo en medio de la variabilidad climática.Expertos del gremio energético aseguran que la emergencia responde a un evento hidrológico extraordinario y atípico para la temporada seca, con lluvias intensas en la cuenca alta del río Sinú que multiplicaron el caudal por cinco en menos de 36 horas.Datos técnicos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales indican que el embalse recibió aportes equivalentes a más de 16 gigavatios hora diarios, cerca de 1.200 % por encima del promedio histórico, un comportamiento sin precedentes desde que existen registros en la zona.Según la hidroeléctrica Urrá, el aumento de las descargas y la reducción de la generación fueron maniobras controladas para mitigar el riesgo de inundaciones y no evidencian una pérdida de control del embalse. La compañía también reportó que el nivel del río Sinú, para el sábado 7 de febrero, presentó tendencia a la baja y el embalse se mantuvo estable.El fenómeno afecta no solo a Córdoba, sino a otras regiones del Caribe y del país, lo que refuerza la hipótesis de un evento climático regional.
Un paseo familiar en San Andrés terminó en tragedia cuando una mujer sufrió un grave accidente al bajar de una lancha en la playa de Johnny Cay, uno de los destinos más visitados del archipiélago colombiano. El hecho quedó registrado en video y generó preocupación entre turistas y residentes. Según versiones compartidas en redes sociales, el accidente se produjo cuando la mujer intentaba descender de la embarcación mientras el mar estaba agitado por el fuerte oleaje. En ese momento, perdió el equilibrio y fue lanzada con fuerza al agua, impactando de forma brusca contra la superficie.Testigos que presenciaron el incidente acudieron para auxiliar a la víctima, quien fue trasladada a un centro médico donde permanece bajo atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones, que incluirían un trauma en la columna vertebral, según la versión publicada por su hermano en redes socialesEn el mensaje también pidió asistencia e incluso dirigió un mensaje al presidente Gustavo Petro, reclamando respuestas y apoyo frente a la situación. “Señor @petrogustavo, mi hermana necesita ayuda, fractura en espina dorsal. JohnnyCay San Andrés y Prov”, escribió en su cuenta.La publicación también encendió un debate amplio sobre las condiciones en las que se realizan los desembarcos de turistas en Johnny Cay. Usuarios en redes cuestionaron que, a pesar del mal clima y el fuerte oleaje, las operaciones de transporte marítimo continuaron con normalidad. Una testigo publicó imágenes y escribió: “¿Cómo es posible que siendo uno de los mayores atractivos turísticos de San Andrés no exista un control ni un embarcadero adecuado?”. Este tipo de situaciones se presenta en momentos en los que San Andrés enfrenta condiciones climáticas adversas, con un frente frío, lluvias intensas y vientos fuertes que afectan la región insular. Autoridades locales han impuesto restricciones parciales en algunas playas y en el tránsito marítimo, aunque según personas en redes las actividades turísticas seguirían sin mayores controles visibles.Hasta este momento, no hay información oficial sobre investigaciones abiertas por parte de autoridades de turismo o entes reguladores.
Con el cierre de las celebraciones de fin de año, médicos y servicios de urgencias en Colombia han empezado a notar un aumento en las consultas relacionadas con problemas cardiovasculares. Detrás de muchos de estos casos está la hipertensión arterial, una condición que avanza sin causar síntomas evidentes y que, por esa razón, suele detectarse cuando ya ha generado consecuencias graves como infartos o accidentes cerebrovasculares.El doctor Ramiro Cubillos, gerente médico de Laboratorios La Santé, explica que esta patología es considerada una de las más peligrosas precisamente porque “no duele, no avisa y no se siente”. Según el especialista, muchos pacientes llegan tarde al diagnóstico porque confunden la ausencia de molestias con buena salud.Las fiestas y sus efectos en la presión arterialDurante las vacaciones, es común relajar hábitos: se incrementa el consumo de sal, alcohol y comidas ultraprocesadas, mientras disminuye la actividad física. Estas conductas, aunque parezcan inofensivas por unos días, pueden disparar las cifras de tensión arterial y provocar descompensaciones que aparecen justo al iniciar el año.Algunos de los síntomas tempranos que pueden alertar sobre un problema son dolores de cabeza frecuentes, mareos, sangrados nasales, zumbidos en los oídos o palpitaciones. Sin embargo, los médicos insisten en que muchas personas no presentan ninguna señal clara antes de sufrir complicaciones mayores.De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en la región, y la hipertensión está presente en más del 50 % de esos casos. En Colombia, más de cinco millones de personas fueron diagnosticadas en 2024, pero se estima que una cifra similar desconoce que padece esta condición.Los adultos mayores de 65 años, pacientes con diabetes, enfermedad renal o múltiples tratamientos farmacológicos están entre los grupos más vulnerables. Además, factores como el calor extremo, la deshidratación y el alcohol pueden desencadenar caídas abruptas de presión o mareos severos.Recomendaciones clave para proteger el corazón en 2026Especialistas en salud recomiendan retomar rutinas saludables cuanto antes y no bajar la guardia frente a esta enfermedad silenciosa. Entre las principales medidas están:Programar un control médico temprano para evaluar presión arterial y ajustar hábitos.No suspender medicamentos aunque el paciente se sienta bien, sin indicación médica.Medirse la presión a diario y llevar un registro para el seguimiento clínico.Reducir el consumo de sal, alcohol y alimentos ultraprocesados.Mantener actividad física regular e hidratación adecuada.“La hipertensión no se cura, se controla”, enfatiza Cubillos. Por eso, una medición sencilla y oportuna puede marcar la diferencia entre una vida saludable y una complicación irreversible. En este inicio de año, los expertos insisten: escuchar al cuerpo y acudir a chequeos preventivos puede salvar vidas.
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que convoque a cinco generales del ejército para que entreguen o amplíen sus versiones voluntarias sobre las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, investigadas en el macrocaso 03, subcaso Costa Caribe.Los generales en cuestión comandaron unidades adscritas a la Primera División entre 2005 y 2008, ellos son Oscar González ,Justo Peña Forero, Luis Cadena, Hernán Giraldo y Fabricio Cabrera.La Procuraduría argumentó que esta convocatoria es esencial para complementar los esfuerzos de la JEP en esclarecer lo ocurrido con los 'falsos positivos' a nivel táctico y operacional, revelando también las decisiones o omisiones en el nivel estratégico.En este caso, el procurador delegado Jairo Acosta destacó la importancia de establecer claramente las competencias funcionales de cada mando dentro de la jerarquía militar para definir responsabilidades.Por otra parte, se ha solicitado convocar a otros oficiales del Estado Mayor de la Primera División del ejército durante el periodo investigado, así como recopilar documentos que sustentan las operaciones en cuestión. Esta medida busca articular las singularidades ocurridas en las diferentes unidades militares ascendiendo en la línea de mando para una comprensión integral de los hechos.General retirado del Ejército paga su condena por participar en falsos positivos sembrando árbolesEl general retirado Henry Torres Escalante, exintegrante del Ejército Nacional de mayor rango en aceptar haber participado en los denominados falsos positivos, paga su condena sembrando árboles como parte de un programa de justicia restaurativa.En medio de sus labores de sembrado, con las que dejó atrás las insignias y el camuflado militar, el general retirado hoy viste de overol, por lo que fácilmente podría confundirse con un empleado más del común de un vivero en Bogotá.El general retirado Torres Escalante confesó su participación en al menos 196 ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, mientras comandaba la brigada 16 con jurisdicción en Casanare. Esas 196 víctimas tenían entre 18 y 25 años."Me encuentro entre los grupos generadores de violencia, porque usábamos armas. Asumo con vergüenza el señalamiento de título de máximo responsable y autor mediato por los delitos de homicidio en persona protegida", reconoció.
Un jurado federal de Florida (EE.UU.) falló este lunes que la multinacional del banano Chiquita Brands International, acusada de financiar a grupos paramilitares en Colombia que dejaron miles de muertos en ese país, tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas.El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, tras una década de litigios, señala que Chiquita no demostró que "la asistencia que brindó" al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una "amenaza ilegal, inmediata e inminente" por parte de este grupo terrorista.Tampoco logró Chiquita demostrar que "no tenía otra alternativa razonable" que la de "proporcionar asistencia a las AUC", según consta en el veredicto al que tuvo acceso EFE.El histórico fallo señala además que la ayuda de Chiquita a las AUC constituyó "una actividad peligrosa" que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos.Por todo ello, la multinacional es condenada a pagar 38,3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del presente siglo especialmente en la región bananera de Urabá (Colombia).Algunos de los demandantes son Víctor Palencia Gómez, padre de Carlos Arturo Palencia Sibaja, quien percibirá 2,4 millones de dólares de indemnización; o Janeth Rivera Vargas y Nini Johana Molina Rivera, esposa e hija, respectivamente, de Albeiro Antonio Molina Román, quienes recibirán una indemnización de 2,1 millones de dólares, cada una."Este veredicto envía un poderoso mensaje a las corporaciones de todo el mundo: beneficiarse de abusos contra los derechos humanos no quedará impune. Estas familias, víctimas de grupos armados y corporaciones, hicieron valer su poder y prevalecieron en el proceso judicial", dijo en un comunicado Marco Simons, asesor general de la organización EarthRights International.EarthRights International es uno de los grupos que presentaron en 2007 en la Corte Federal de Nueva Jersey una demanda contra Chiquita Brands, a la que acusaron de haber apoyado económicamente a ese grupo de paramilitares en Colombia.La decisión del jurado reafirma lo que esta organización había afirmado durante mucho tiempo: que Chiquita "financió a sabiendas a las AUC, una organización terrorista designada, con el fin de obtener ganancias, a pesar de los atroces abusos contra los derechos humanos de las AUC".El veredicto resalta también que los demandantes "probaron" de forma palmaria que las AUC mataron a las personas que se enumeran en el documento y que Chiquita, "a sabiendas", brindó asistencia sustancial a las AUC en forma de "pagos en efectivo u otros medios de apoyo en un grado suficiente para crear un riesgo previsible de daños a otros", incluidos los familiares de los demandantes."Este fallo histórico marca la primera vez que un jurado estadounidense considera responsable a una importante corporación estadounidense por complicidad en graves abusos contra los derechos humanos en otro país, un hito para la justicia", hizo hincapié EarthRights International.Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa "bajo presión".Los abogados de Chiquita habían señalado que la multinacional no tuvo más opción que pagarle cerca de dos millones de dólares a las AUC para proteger a sus empleados de la violencia.Los familiares de las víctimas sostenían, por el contrario, que la empresa de frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio, no a los trabajadores.Miles de familiares de víctimas presentaron demandas contra Chiquita.Después de una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU., Chiquita se declaró en 2007 culpable de financiar a paramilitares en Colombia, pero no había indemnizado a las familias cuyos seres queridos fueron asesinados por los grupos que financió.En ese entonces, la empresa llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares.
Este lunes, 10 de junio, el jurado de una corte federal en Estados Unidos concluyó que la multinacional Chiquita Brands sí fue responsable de la financiación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La decisión se tomó tras 17 años de un proceso judicial ante la justicia norteamericana."Su decisión confirma acusaciones de vieja data: Chiquita Brands, para mantener sus ganancias, entregó recursos a las AUC aun conociendo los atroces actos cometido por este grupo paramilitar, catalogado como terrorista por el Gobierno de los Estado Unidos. Los más de 1,7 millones de dólares que pagó la multinacional a las AUC, entre 1997 y 2004, contribuyeron a fortalecer su presencia en el Urabá y en el Magdalena y a recrudecer la violencia en la región”, indicó el comunicado emitido por las víctimas y sus representantes.En este caso, y, aunque el proceso se desarrolló en Estados Unidos, la defensa de las víctimas aclaró que “se debe aplicar el código civil colombiano”, por lo que se debería avanzar hacia un proceso de indemnización y de reparación de quienes se vieron afectados por estos delitos."Nueve víctimas, cuyos familiares fueron asesinados por las AUC, participaron en el juicio que inició con la selección del jurado el pasado 24 de abril. No obstante, el proceso legal contra Chiquita incluye a cientos de víctimas cuyos casos podrán ser resueltos en juicios posteriores o mediante un eventual acuerdo”, puntualizó el comunicado de los representantes.
A través de una carta, la Delegación de Paz del Gobierno Nacional con el ELN le pidió al comandante de ese grupo guerrillero, Antonio García, césar la estrategia de ataque y de difamación personal en contra del presidente Gustavo Petro.Lo anterior, en respuesta a las declaraciones del mismo García, quien aseguró que el mandatario había recibido dinero del ELN cuando éste militaba en el M-19.“Efectivamente lo llevamos, y les entregamos un ‘billete’ de un impuesto cobrado. Él y su tropa se gastaron ese ‘billete’ en trago y francachelas, no en la lucha”, había dicho en aquella ocasión el comandante del ELN.Además, hace poco se conoció una columna, publicada por el propio García, en la que se aseguraba que las negociaciones se encontraban en un estado de crisis.Tras esto, la delegación afirmó que lo dicho por el comandante “no aporta al proceso de paz utilizar reclamos externos para zanjar contradicciones internas”, se mencionó en el comunicado.Y se agregó, “De nuevo solicitamos al comandante del ELN renunciar a la estrategia del ataque y la difamación personal e invitamos al conjunto de la organización a trabajar, sin perder el tiempo, en el cumplimiento del acuerdo de la participación, el cese al fuego, la suspensión del secuestro por razones económicas, y las dinámicas humanitarias que reclaman hoy las comunidades del país”.Contrario a esto, y a través de su cuenta de X, el comandante del ELN, Antonio García, afirmó que ya se había advertido que no era correcto seguir conversando si el Gobierno no cumplía con lo acordado.“Se volvió costumbre por parte del gobierno esquivar los acuerdos o incumplirlos dándole interpretaciones sesgadas a través de manejos mediáticos, tratando de hacer creer que era el ELN quien estaba incumpliendo”, dijo García.Esta confrontación se da justo después de haberse firmado el primer punto del acuerdo en el que se ratificaba a la sociedad colombiana como un actor importante en las negociaciones futuras.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a cuatro exgobernadores de Nariño para que declaren sobre la ejecución y repercusiones de la erradicación forzada de cultivos ilícitos mediante fumigación aérea con glifosato en tres municipios. Según informó el alto tribunal este jueves, las audiencias, programadas del 17 al 25 de junio, contarán con la participación de Parmenio Cuéllar (2001-2003), Eduardo Zúñiga (2004-2007), Antonio Navarro Wolff (2008-2011) y Raúl Delgado (2012-2015).Este llamado se enmarca en el Caso 02, que investiga presuntos crímenes cometidos por la desmovilizada guerrilla de las Farc, así como por miembros o exmiembros de la fuerza pública, agentes del Estado no pertenecientes a la fuerza pública y terceros civiles en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, entre 1990 y 2016.La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha identificado en su investigación "más de 400 hechos graves y representativos supuestamente perpetrados por agentes del Estado, incluidos miembros de la Fuerza Pública, de los cuales 98 ocurrieron durante la implementación de la estrategia de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, mediante fumigación aérea con glifosato", según explicó la JEP en un comunicado.Los informes presentados por organizaciones de víctimas, indígenas, afrocolombianas, campesinas y de derechos humanos afirman que estos actos causaron "daños graves, diferenciados y desproporcionados" a la población civil, sus propiedades, el territorio y el medio ambiente.En detalle, se mencionan "daños directos en la salud de las personas y graves impactos ambientales, incluida la destrucción de cultivos de subsistencia, plantas medicinales y contaminación de ríos y arroyos".Además, ante la JEP se ha testimonio sobre desplazamientos forzados y el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades, lo que ha exacerbado su vulnerabilidad y la conflictividad social.La JEP inició el Caso 02 el 10 de julio de 2018, priorizando la grave situación de violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario que afectan principalmente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinas, mujeres y personas LGBTI en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.