El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Cuatro días después de producirse su captura en el occidente de Medellín se produjeron nuevos avances en el proceso de judicialización de una mujer y tres hombres que habrían participado en el crimen de un conductor de plataforma digital.Un juez de control de garantías ya impuso a los procesados identificados como Juan Darío Úsuga Goez, Andrés Grisales Carmona, Kevin Alexander Castro Ramírez y Valeria Isabel Deluque Niño, medida de aseguramiento en centro carcelario tras haberles imputado por parte de la Fiscalía los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas.Según reveló la Fiscalía, estas cuatro personas solicitaron un servicio de transporte desde la capital antioqueña hasta el municipio de San Jerónimo y fue durante el recorrido cuando atacaron y asesinaron con arma cortopunzante a la víctima, de 42 años de edad, para posteriormente dejar su cuerpo abandonado en jurisdicción de la vereda Piedecuesta.Minutos después los cuatro investigados fueron sorprendidos cuando se movilizaban en el vehículo hurtado por el barrio Robledo, de regreso a Medellín. En el automotor las autoridades encontraron, además del arma con el que se habría perpetrado el crimen, los documentos del conductor asesinado.Durante las audiencias concentradas los procesados no aceptaron los cargos y avanzan las acciones de la policía para capturar a una quinta persona, también implicada en el hecho y que escapó a las maniobras desplegadas por parte de la fuerza pública para interceptar a los presuntos responsables.
El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló en Mañanas Blu los pormenores del doble homicidio ocurrido este miércoles 11 de febrero de 2026, hacia las 3:42 p.m., en la esquina de la calle 85 con carrera Séptima. El crimen, calificado como un sicariato de alta precisión, dejó conmocionada a la ciudad y resalta la vulnerabilidad incluso en zonas de alta seguridad.Detalles del ataque sicarialEl empresario José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, reconocido líder del sector arrocero y propietario de la marca Arroz Sonora con operaciones en Tolima y Casanare, salía de un gimnasio Bodytech junto a su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, cuando fueron abordados por el sicario."Como usted lo manifestó, a las 3:42 de la tarde se presenta el hecho sicarial en el cual se evidencia una planeación, una articulación milimétrica para generar este lamentable hecho", explicó el general Cristancho. El atacante, descrito como un "sicario de corbata" por su traje formal —algo inusual en este tipo de crímenes—, esperó al menos 15-20 minutos en las escaleras de acceso al parqueadero, caracterizado para mimetizarse en la zona financiera y residencial de altos ejecutivos.Disparó por la espalda a menos de un metro de distancia, impactando casi en la nuca a Aponte y también al escolta, antes de huir corriendo hacia una motocicleta estacionada en una bomba de gasolina cercana, donde un cómplice lo esperaba para escapar hacia el sur. "Se evidencia que al señor Aponte lo estaban esperando. Este sicario lo está esperando caracterizado, digo caracterizado porque es primera vez que observamos un sicario vestido de traje de corbata", precisó el oficial.Planeación y conocimiento de rutinasLa meticulosidad del crimen apunta a una inteligencia previa exhaustiva. "Sabían las rutinas, sabían la hora, y sabían que a la hora que llegaba, a la hora que salía. Creo que tuvieron que generar una inteligencia para poder determinar cuál era la rutina del señor Aponte. Es decir, que es un sicariato totalmente planeado, no son sicarios o no es una organización que improvisa", afirmó el comandante.El sicario llegó dos minutos antes de las víctimas, en una zona con puestos fijos de policía para protección de dignatarios y altos funcionarios residentes. Aponte contaba ese día con un solo escolta privado —normalmente tenía dos, pero el otro acompañaba a su esposa—, proveniente de una empresa particular, no de la Unidad Nacional de Protección. La familia no reportó amenazas previas, extorsiones ni mensajes de alerta al momento de la entrevista.Fallas en la respuesta inmediataA pesar de la presencia policial cercana, la confusión inicial retrasó la persecución. "Cuando ocurre el hecho fue muy confuso hasta que nadie nos dio datos el cuadrante o la patrulla de vigilancia haya pasado 10 minutos antes", relató Cristancho, quien activó radios para movilizar unidades sin descripciones precisas del atacante o la moto.Un obstáculo clave fue el acceso a cámaras de seguridad: administradores de edificios y estaciones de servicio exigieron órdenes judiciales, demorando hasta 10 minutos la obtención de imágenes cruciales. "No nos dejan ver las cámaras de inmediato. Entonces tienen que llamar al uno, al otro, que ellos no tienen", denunció el general, llamando a reflexionar sobre cambios normativos para agilizar estos procesos en emergencias.El general Cristancho, quien asumió el mando en febrero de 2025 con refuerzos de 500 policías, enfatiza la necesidad de mayor colaboración ciudadana: "Las personas no nos dan características inmediatas, seguramente vamos a poder actuar". Este asesinato, en una zona con esquemas de seguridad para VIP, subraya el impacto económico y social, afectando al sector agroindustrial —Aponte era tercera generación en arroz y ganadería, con fincas como La Angostura y La Alcancía— y programas sociales vía la Fundación Gustavo Aponte Rojas.Avances en la investigaciónLa Policía Judicial, inteligencia y capacidades técnicas ya recolectan evidencias de múltiples cámaras. "Ya tenemos varias cámaras, ya estamos recolectando elementos técnicos también para la investigación [...] Seguramente con todo lo que hemos evidenciado hasta el momento, y vamos a poder dar un resultado", aseguró Cristancho, sin pistas públicas aún pero con énfasis en capturar autores materiales e intelectuales.
El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó que, con corte al 31 de enero de 2026, en Santander se han confirmado ocho casos de tos ferina, todos los cuales requirieron hospitalización. Cuatro de los pacientes son menores de edad, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias del departamento.De acuerdo con el informe, cinco de los casos corresponden a mujeres y tres a hombres. En cuanto a la distribución geográfica, siete se registraron en Bucaramanga y uno en Floridablanca.Sin embargo, de manera paralela, las autoridades de salud confirmaron un brote en población de especial interés. El 29 de enero fue identificado un conglomerado de cinco casos de tos ferina en menores de edad pertenecientes a la comunidad indígena U’wa, en el sector Aguablanca, entre los municipios de Cerrito y Concepción.Los niños afectados tienen edades entre un mes y tres años, con predominio del sexo masculino. Dos de los casos fueron confirmados mediante prueba molecular, mientras que los otros tres permanecen en estudio, aunque presentan síntomas compatibles con la enfermedad.Actualmente, cuatro de estos menores permanecen hospitalizados en diferentes centros asistenciales del país: uno en Villavicencio, dos en Saravena y uno en el Hospital Universitario de Santander. Uno de los pacientes ya fue dado de alta. Hasta el momento no se han reportado fallecimientos.Según la investigación epidemiológica de campo del INS, el caso índice inició síntomas el 28 de diciembre de 2025. El periodo probable de exposición estaría relacionado con actividades comunitarias realizadas desde mediados de diciembre, en el marco de festividades tradicionales del canto indígena, que se extendieron hasta inicios de enero y contaron con la participación de varias comunidades. Durante estos encuentros, al parecer, asistieron personas con síntomas respiratorios.Las autoridades también advirtieron que cuatro de los menores no contaban con el esquema de vacunación acorde a su edad para tos ferina y el restante tenía el esquema incompleto. Uno de los casos presentó antecedente de tuberculosis y otro desnutrición global, factores que pueden aumentar el riesgo de complicaciones.Ante este panorama, el 30 de enero se realizó una Sala de Análisis de Riesgo (SAR) nacional con participación de Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca, con el fin de establecer la procedencia de los casos y definir acciones de prevención y fortalecimiento de la vigilancia en salud pública en los departamentos involucrados.La Secretaría de Salud de Santander reiteró el llamado a padres de familia, cuidadores y a la comunidad en general para reforzar las medidas de prevención, mantener al día los esquemas de vacunación y consultar oportunamente ante síntomas respiratorios inusuales.Entre las principales recomendaciones se encuentra la vacunación, especialmente en la población infantil, como la herramienta más efectiva para prevenir la tos ferina. Recordaron que la vacuna está incluida en el esquema regular de inmunización.Asimismo, indicaron que, ante síntomas como tos persistente, fiebre o dificultad para respirar, se debe acudir de inmediato a un médico o centro asistencial. También recomendaron mantener los espacios ventilados y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas respiratorios, con el fin de reducir el riesgo de contagio.
A esta hora hay caos vehicular en una de las arterias viales más importantes de la ciudad. Una masiva manifestación adelantada por el gremio de recicladores ha provocado un bloqueo total en la calle 26, impidiendo el tránsito hacia el aeropuerto internacional El Dorado. La situación afecta tanto a los carriles para vehículos particulares como a la calzada exclusiva del sistema Transmilenio.Impacto en la movilidad y el transporte masivoEl epicentro de la protesta se ubicó inicialmente a la altura de la carrera 43, frente a la Hemeroteca de la Universidad Nacional. Desde ese punto, el grupo de manifestantes inició un "plan tortuga" que ha colapsado el sentido Oriente-Occidente de la vía. La magnitud del bloqueo es tal que el sistema Transmilenio ha dejado de funcionar en este sector, obligando a cientos de pasajeros a abandonar los buses y continuar su trayecto a pie, cargando maletas para intentar llegar a tiempo a sus vuelos.Los camiones de los recicladores permanecen parqueados sobre la vía, lo que ha generado una tensión entre el derecho a la protesta y el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos que se dirigen hacia la terminal aérea.Las exigencias del gremio al Gobierno NacionalJonathan Rodríguez, uno de los líderes de la manifestación, explicó en Mañanas Blu, que el motivo principal de la movilización es el descontento con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Según los manifestantes, el gobierno nacional está desconociendo la legitimidad de la Mesa Nacional de Recicladores.La petición del gremio es clara: exigen respeto por su labor y que no se realicen acuerdos "por debajo de la mesa" que puedan afectar sus intereses. Rodríguez enfatizó que buscan garantías para su gremio y que la mesa nacional sea un espacio inclusivo para todos los recicladores del país, rechazando cualquier negociación que se perciba como poco transparente.
Indignación en el municipio de Yarumal por un presunto caso de negligencia médica en la que murió un bebé pocas horas después de nacido. Mientras que familiares denuncian que no trasladaron al menor a tiempo a una institución de mayor complejidad, el hospital local aseguró que el caso está en revisión bajo protocolos de auditoría clínica.En una verdadera polémica se ha visto involucrado en las últimas horas el Hospital San Juan de Dios del municipio de Yarumal, luego de que una familia denunciara un presunto caso de negligencia médica que habría producido la muerte de un bebé.Según los familiares, tras el parto el recién nacido registró dificultades respiratorias por las que alcanzaron a preocuparse incluso ofreciéndose para asumir la totalidad de costos para su remisión a un centro asistencial en Medellín, sin embargo, denuncian que no se autorizó porque no lo vieron necesario.Sin embargo, una de las situaciones que ha generado mayor indignación fue el trato que han calificado deshumanizante por parte de un pediatra del centro asistencial que habría asumido el deceso del bebé de forma desconsiderada tras solicitarle claridades sobre lo ocurrido.“Siempre, por estadística, se espera que de 1000 niños se mueran más o menos 15. Saber cuál va a ser es imposible. Generalmente son prematuros. A nosotros se nos muere un bebé por mes de 500 que nacen”, se escucha en el audio.Inclusive, las explicaciones brindadas por el profesional de la salud a los familiares llegaron a ser confusas y contradictorias en algunos momentos de esta conversación.“El bebé nació, el bebé estaba con dificultad respiratoria, se le puso oxígeno y estaba bien ya…()...¿Listo?. Él murió porque se le llenaron los pulmones tanto de sangre como de leche. Se ronco aspiró”, expresó.Tras lo sucedido, a través de un comunicado el hospital de Yarumal indicó que el caso está en revisión bajo los protocolos de auditoría clínica y seguridad del paciente, pero que además durante la presente administración del centro asistencial no han recibido demandas por presunta responsabilidad médica o negligencia.Esto, a propósito de cifras de bebés fallecidos mencionadas por parte del mismo pediatra en la conversación conocida. Aclararon que en el último año la mortalidad neonatal en el hospital ha sido del 0.5%, cifra, que aseguran, está incluso por debajo de las de otros centros asistenciales de igual nivel de complejidad.La familia del menor de edad fallecido sigue solicitando claridades sobre los procedimientos médicos llevados a cabo, por lo que no se descarta una intervención de la Secretaría de Salud departamental en el caso.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
Las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' suspendieron los diálogos con el Gobierno nacional tras algunas tensiones que se generaron por la presencia de tropas del Ejército en El Plateado, Cauca.Este grupo estuvo en consultas para tomar decisiones frente al proceso de paz y, en las últimas horas, Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno con las disidencias, confirmó que se volverán a sentar en la mesa en un nuevo ciclo de conversaciones.“Después de dos semanas de la suspensión o receso que se tomaron que se decretaron el Estado Mayor Central de las Farc para hacer sus consultas para hacer sus consultas y reorganizaciones vamos a retomar las reuniones programadas, particularmente un nuevo ciclo", anunció Camilo González Posso sobre los diálogos.Se espera que las negociaciones se retomen hacia la última semana de noviembre y podrían realizarse dos ciclos de conversaciones antes de que termine el año.“Vamos a abordar otros temas que tienen que ver con pedagogía, con participación, precisiones para la agenda, de modo que entre la próxima ronda y la de final de año tengamos todo un compendio de arquitectura diseñada para este proceso”, explicó González Posso.¿Por qué se suspendieron los diálogos?El pasado domingo, 5 de noviembre, a través de un comunicado, las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' anunciaron la suspensión de diálogos con el Gobierno, porque, según ellos, la falta de seriedad en la implementación de los protocolos acordados por parte del Estado."Los militares deberían salir de las zonas como fue el compromiso; sin embargo, la respuesta ha sido incrementar el pie de fuerza, copando todos los espacios que las partes nos comprometimos en desocupar, demandando en ellos una actuación contraria a los acuerdos adoptados, generando malestar en las comunidades y en la dirección", dijeron el comunicado.Le puede interesar
En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional capturaron a tres miembros del ELN del frente Domingo Laín Sáenz, identificados con los alias de 'Vela' o 'Palma', 'Gomelo' y 'Pateloro' en Fortul, Arauca.Los tres sujetos estarían implicados en el plan para secuestrar a cinco funcionarios de la Empresa Energía Integral Andina, quienes realizaban labores en el Banco Agrario del municipio. En las investigaciones las autoridades descubrieron un entramado de extorsión operado por este grupo ilegal en la región, donde alias 'Vela' era señalado como uno de los encargados de citar a intermediarios y cobrar extorsiones a diferentes establecimientos comerciales.“La investigación pudo determinar que una ferretería pagaba ocho millones al año; cafeterías, entre tres y cuatro millones; tiendas, dos millones; supermercados, entre tres y cinco millones, y tenían la obligación de suministrar productos a la organización”, dice el comunicado del Ejército.Adicionalmente, se logró incautar una suma de dinero en efectivo, alrededor de 106 millones de pesos, recursos que son producto de extorsiones y actividades de testaferrato y el decomiso de una pistola Prieto Beretta, 15 cartuchos calibre 9 milímetros y un proveedor de pistola y material de comunicaciones.Según fuentes del Ejército, los sindicados habrían participado en la afectación del oleoducto Bicentenario de Colombia (OBC), con artefactos explosivos improvisados, a fin de financiar ilícitamente para seguir realizando acciones terroristas en la región.Le puede interesar también: “Hace el proceso más organizado y equitativo”: experta sobre proyecto de impuesto predial
El mayor en retiro Gustavo Soto Bracamonte aceptó su responsabilidad por más de 80 ejecuciones extrajudiciales que se presentaron mientras él comandó el Gaula Militar en el Casanare. Recientemente en una audiencia pública se refirió a estos casos ante las víctimas y posteriormente envió un documento a la JEP ampliando su reconocimiento de verdad, explicando por qué y cómo se presentaron estos crímenes en esa zona del país. A una pregunta que previamente le había trasladado una víctima sobre las razones por las que asesinaron a un civil Soto Bracamonte respondió haciendo referencia a tres generales, incluido el excomandante del Ejército Mario Montoya Uribe."Por las presiones que existían en presentar muertos en combate, presiones que venían desde el comandante del Ejército, General (r) Mario Montoya Uribe, el comandante de la Cuarta División del Ejército, brigadier General Guillermo Quiñonez y también el comandante de la Decimosexta Brigada, coronel Henry Torres Escalante y también por dejarme creer de las manifestaciones del reclutador Eduar Francisco Rosas Burgos, las cuales después pude corroborar que fueron totalmente falsas y que esta persona los entregó al Gaula muy seguramente para ser beneficiado con una muy poca suma de dinero", señaló el documento.En el mismo sentido señala que por las presiones que recibía de sus superiores le daba credibilidad a las versiones que llegaban sobre supuestos auxiliadores de grupos armados, algo que terminó siendo falso, y pone de presente un caso en el que le informaron que en un bingo en Yopal, Casanare, se encontraba una persona que pertenecía a una banda dedicada al narcotráfico y entonces Soto ordenó llevar a cabo una operación, también citó otros casos en los que se llevaron a cabo operaciones sin corroborar la información presentada, lo que llevó al homicidio de varios civiles."Le había comunicado que en un bar muy cerca de las instalaciones del Gaula Militar Casanare se encontraban dos personas que pertenecían a la organización narcoterrorista ELN y me solicitaron que les diera dinero para realizar esa actividad de inteligencia, yo les di una muy poca suma de dinero creo aproximadamente 50.000 pesos y les revelé que me estuvieran informando" estas dos personas fueron sacadas de Yopal por los uniformados encargados de la operación, uno de ellos se alcanzó a escapar y el otro fue asesinado.Por último el mayor en retiro dijo que era falsa la versión del cabo primero Gelver Pérez García, según la cual Soto lo llevó al Gaula Militar Casanare, pues la única persona que tenía la posibilidad de hacer estos traslados era el hoy general en retiro Henry William Torres Escalante, quien comandó la Brigada 16, Pérez García habría llegado a la unidad por su "experiencia para matar"."Fue el comandante de la Brigada Henry Torres Escalante quien lo mandó como agregado a mi unidad y esto se puede verificar en la orden semanal del comando de la Brigada y también en la orden semanal del Gaula Militar Casanare, donde queda plenamente certificado lo que yo he manifestado muchas veces; no sé por qué Gelver no dice la verdad de cómo llegó al Gaula, no tiene razón alguna que yo me vaya a llevar a mi unidad a un suboficial sin conocerlo y aún más que pertenecía a otro Batallón. Todos los oficiales cuando salían de la unidad a cumplir una misión táctica iban dispuestos a presentar o a dar muerte a todas las personas, y mucho más Gelver Pérez, que ya era una persona con experiencia para matar, ya que por esa razón fue que lo agregaron al Gaula", informó Soto.Cabe recordar que la JEP imputó al general en retiro Mario Montoya Uribe por su responsabilidad en más de 100 casos de falsos positivos que se registraron en Antioquia mientras Montoya comandó la Cuarta Brigada, sin embargo, el excomandante del Ejército le pidió a esta jurisdicción anular esa decisión y posteriormente envió otro documento negando su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales.Le puede interesar también: No hemos llegado a ningún acuerdo sobre aumento del precio del diésel: Fedetranscarga
El Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fue comandando por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, tuvo una fuerte presencia en Norte de Santander, y es responsable de masacres, homicidios y desapariciones forzadas.El Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, realizó un informe con 686 exintegrantes de esta estructura y a partir de 96 ejercicios de toma de información a 116 personas que fueron testigos o víctimas, determinando que hubo alianzas con varios sectores políticos e institucionales, desde 1999."El Bloque Catatumbo no solo ejerció un fuerte control social, sino que también estableció relaciones con actores políticos, como con el exalcalde Ramiro Suarez Corso, y recibió dividendos por su participación en la contratación de varios municipios, entre otros casos de participación en política. En Cúcuta, por medio del Frente Fronteras, este grupo cooptó bandas delincuenciales locales, funcionarios del DAS y de la Fiscalía, entre otras instituciones" señala el informe del CNMH.Por medio de hornos crematorios y otras prácticas se habrían incinerado más de 200 víctimas, pero además controlaron economías ilegales y legales por medio del desplazamiento y el despojo de las comunidades."El Bloque Catatumbo tuvo una estrecha relación con el Ejército y la Policía en casos de ejecuciones extrajudiciales. Mandos como Armando Alberto Pérez Betancourt, alias 'Camilo', comandante general, y Diego Fernando Fino Rodríguez, alias 'Marlon', eran exmilitares, y de acuerdo a lo que estableció el CNMH, el 52 % de la muestra tuvo vinculación con algún organismo de seguridad, de los cuales el 43 % perteneció al Ejército" detalla el documento.En el mismo sentido el Centro Nacional de Memoria Histórica señala que el Bloque Catatumbo fue el actor más violento en la región, a pesar de que había presencia de otros grupos armados, pues solo un frente de este Bloque es responsable de al menos 115 masacres entre 1999 y 2004 y más de 5.000 homicidios.Le puede interesar también: Guillermo Francos, asesor de Javier Milei, a Petro: “Barbarie es llevar a un pueblo a un fracaso”
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.