El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Viajar solo sigue ganando adeptos en todo el mundo y, de cara a 2026, un listado elaborado a partir de millones de valoraciones de viajeros destaca 15 ciudades y regiones ideales para recorrer sin compañía. El reconocimiento corresponde a los Travelers’ Choice Awards Best of the Best, de Tripadvisor, que distinguen a los destinos con un volumen sobresaliente de opiniones positivas durante un periodo de 12 meses, situándolos entre el 1 % mejor valorado de más de ocho millones de perfiles en la plataforma.¿Cuáles son las mejores ciudades para viajar solo?Dublín, Irlanda: La capital irlandesa combina tradición literaria, espacios verdes y actividades para hacer solo. Desde paseos por St. Stephen’s Green o Phoenix Park hasta visitas al zoológico, la ciudad ofrece alternativas culturales y de ocio. También es un punto de referencia para quienes siguen la obra de escritores como Yeats y Joyce, además de contar con tiendas de diseño y propuestas gastronómicas locales.Berlín, Alemania: La capital alemana destaca por su identidad contemporánea y su peso histórico. Los restos del Muro de Berlín y el arte urbano que hoy lo cubre conviven con símbolos como el reloj mundial de Alexanderplatz. Restaurantes históricos, entre ellos Zur Letzten Instanz —activo desde el siglo XVI—, forman parte del recorrido urbano.Londres, Reino Unido: La ciudad reúne barrios con identidades marcadas, como Shoreditch, Camden y Portobello Road. Entre palacios, museos, restaurantes con estrella Michelin y pubs tradicionales, la oferta es amplia. Sus calles adoquinadas y monumentos emblemáticos consolidan a la capital británica como un destino versátil.Santiago, Chile: La capital chilena combina historia y modernidad. En barrios como Bellavista se concentran cafés y vida nocturna, mientras que el Parque Forestal alberga espacios culturales. La arquitectura abarca desde iglesias del siglo XVI hasta torres contemporáneas, con centros comerciales y gastronomía local que completan la experiencia.Edimburgo, Reino Unido: Reconocida por su patrimonio y festivales, la capital escocesa integra la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva —ambas Patrimonio de la Humanidad— junto a museos y galerías. Durante el verano y el invierno se celebran eventos culturales que forman parte de su identidad anual.Nueva York, Estados Unidos: Entre los principales atractivos figuran el Empire State Building, la Estatua de la Libertad y Central Park. Museos como el Metropolitan Museum of Art y espacios menos transitados como The Cloisters amplían la oferta. Mercados, bibliotecas y barrios icónicos completan la experiencia urbana.Hanói, Vietnam: La capital vietnamita conserva su Barrio Antiguo, monumentos históricos y arquitectura colonial, junto a desarrollos modernos. Lugares como el Mausoleo de Ho Chi Minh y la prisión Hoa Lo reflejan su pasado. Más de 600 templos y pagodas, además de lagos y bulevares arbolados, forman parte del paisaje.Madrid, España: Edificios de estilo monumental, como el Palacio Real o el Ayuntamiento, caracterizan la capital española. Desde la Puerta del Sol hasta el Parque del Retiro, el recorrido incluye museos y plazas emblemáticas. La gastronomía, con platos tradicionales como la paella, acompaña la experiencia cultural.Bali, Indonesia: La isla ofrece playas de arena blanca, arrecifes de coral y vestigios de la Segunda Guerra Mundial bajo el mar. En tierra firme, templos de piedra y selvas tropicales marcan el entorno. Ubud concentra actividades culturales, talleres artesanales y prácticas de bienestar.Ciudad del Cabo (centro), Sudáfrica Ubicada en el extremo sur del continente africano, combina playas como Blaauwberg con jardines botánicos como Kirstenbosch. La Reserva Natural del Cabo de Buena Esperanza suma rutas de senderismo y vistas panorámicas. Robben Island, antigua prisión de Nelson Mandela, también integra el circuito histórico.Ámsterdam, Países Bajos Canales, casas coloridas y puentes definen la capital neerlandesa. Entre los puntos destacados están la Casa de Ana Frank, el Museo Van Gogh y el mercado flotante de flores. La bicicleta es uno de los medios de transporte más utilizados por residentes y visitantes.Cusco, Perú: La ciudad andina combina herencia inca y arquitectura colonial. El Qoriacancha y la iglesia de Santo Domingo evidencian esta superposición histórica. Festividades, textiles tradicionales y vestigios arqueológicos forman parte de su oferta cultural.Dubái, Emiratos Árabes Unidos: Rascacielos como el Burj Khalifa y espacios culturales como la Ópera de Dubái representan su perfil moderno. Los zocos de oro, especias y textiles contrastan con parques temáticos y experiencias en el desierto, como paseos en globo aerostático.Córcega, Francia: La isla francesa combina ambiente relajado y paisajes montañosos. Bastia es uno de sus principales puertos, mientras que rutas ferroviarias atraviesan pueblos rurales hasta llegar a la costa. Senderos como el GR 20 atraen a aficionados al excursionismo.Lisboa, Portugal: La capital portuguesa alberga museos como el Marítimo y la Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves. Monumentos como el Padrão dos Descobrimentos, el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém —Patrimonio de la Humanidad— forman parte de sus principales atractivos arquitectónicos.
Las autoridades confirmaron que un hombre, señalado como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, fue enviado a la cárcel por un juez de control de garantías. El criminal, de acuerdo con la denuncia, habría abusado de una niña de apenas dos años, por lo que la conducta fue catalogada como agravada por el vínculo de confianza y la edad de la víctima.Los hechos ocurrieron entre la noche del 7 de febrero y la madrugada del 8 de febrero de 2026, en un inmueble ubicado en la localidad de Fontibón. Según el reporte de la Fiscalía, la madre de la menor de dos años, quien convivía con el hoy procesado, descubrió la situación al regresar a su vivienda tras un breve periodo de ausencia.De acuerdo con el relato de las autoridades, la madre de la niña halló a la menor en condiciones de vulnerabilidad extrema y con signos evidentes de violencia física y sexual. Al confrontar al hombre, este intentó disuadirla de dar aviso a las autoridades; sin embargo, la mujer logró contactar a la Policía, permitiendo el ingreso de los uniformados al domicilio donde se produjo la captura en flagrancia.El dictamen pericial del Instituto Nacional de Medicina Legal fue determinante para el proceso, confirmando lesiones graves y recientes que evidencian la magnitud de la agresión sufrida por la infante.Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación formuló la imputación de cargos. Pese a la contundencia del material probatorio presentado. El imputado no aceptó los cargos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado.Este hombre permanecerá bajo custodia carcelaria mientras avanza el proceso penal en su contra. Por su parte, la menor se encuentra bajo el cuidado de las entidades correspondientes para garantizar su restablecimiento de derechos y asistencia médica especializada.
Los dos barcos mexicanos con ayuda humanitaria para Cuba llegaron en la mañana de este jueves al puerto de La Habana con 814 toneladas de alimentos y otros productos para la isla en pleno bloqueo petrolero de Estados Unidos.El primero de los buques de apoyo logístico de la Armada de México entró lentamente por la estrecha bocana de la bahía de La Habana sobre las 8:30 hora local (13:50 GMT), mientras el segundo accedió minutos más tarde.México anunció este envío como un símbolo de "solidaridad y ayuda humanitaria" en medio de sus gestiones para apoyar a Cuba una vez que detuvo sus envíos de crudo a La Habana después de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que amenazaba con aranceles a los países que suministraran petróleo a la isla.El Papaloapan carga unas 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal. El Isla holbox, por su parte, lleva más de 277 toneladas de leche en polvo.La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó este miércoles que su país sigue comprometido con Cuba y que está previsto un segundo envío de ayuda humanitaria a la isla tras el retorno de estos barcos militares a su país.Previamente aclaró que contaban con un reserva de más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol "pendientes de ser enviadas” a Cuba. México ha sostenido programas de cooperación con la isla en los últimos años, en medio de las dificultades económicas que enfrenta el país caribeño, y el nuevo envío forma parte de esa política de asistencia.El Gobierno cubano, por su parte, ha agradecido a México su apoyo en estas circunstancias. "Gracias México. Por la solidaridad, el afecto, el abrazo siempre cálido a Cuba", escribió en redes sociales esta semana el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.Estados Unidos cortó los envíos de petróleo venezolano a Cuba tras la operación militar con la que capturó el pasado 3 de enero al presidente de ese país, Nicolás Maduro, y a finales de enero amenazó con aranceles a los países que proporcionen combustible a la isla.Además de incrementar la presión sobre La Habana, Washington ha asegurado que Cuba tiene “los días contados” por la falta de combustible y ha evidenciado que espera que la crisis conduzca a “un cambio de régimen”.Ante la previsión de un “desabastecimiento agudo de combustible”, el Gobierno cubano puso en marcha un plan de emergencia inspirado en la denominada “opción cero”, una estrategia de supervivencia concebida en caso de ausencia total de combustibles durante el denominado “Periodo Especial” de los años noventa.El paquete incluye desde la paralización de servicios públicos esenciales como el transporte, hasta el cierre de hoteles y la reubicación de los turistas en otras instalaciones.
El fármaco, denominado Neovac-RONTs, fue autorizado para su aplicación en el Centro Nacional de Investigación Médica Oncológica Blojín y está dirigido a pacientes adultos con enfermedad en estadios IIB a IV.La inmunización no se empleará como tratamiento inicial, sino como terapia adyuvante tras la cirugía. Según detalló la cartera sanitaria, podrá administrarse a personas mayores de 18 años a quienes ya se les hayan extirpado todas las lesiones metastásicas. Además, el esquema contempla su uso en combinación con un inhibidor de PD-1, un tipo de medicamento que potencia la respuesta del sistema inmunitario frente al cáncer.El desarrollo de esta vacuna se enmarca en la apuesta rusa por medicamentos oncológicos de nueva generación, especialmente aquellos basados en tecnología de ARN mensajero (ARNm). En los últimos años, el país ha reforzado la investigación en este campo, considerado uno de los más prometedores en la lucha contra distintos tipos de tumores.A diferencia de las terapias convencionales, Neovac-RONTs se fabrica de manera individualizada. El proceso comienza con el análisis genético del tumor extraído de cada paciente. A partir de ese estudio, se identifican las mutaciones específicas del cáncer y se diseña una fórmula única adaptada al perfil molecular del enfermo. Esto permite que el sistema inmunitario sea “entrenado” para reconocer y atacar las células malignas con mayor precisión.El ARNm, base de esta tecnología, es un ácido ribonucleico que transporta la información genética desde el ADN hasta los ribosomas de las células, donde se sintetizan proteínas. En el caso de las vacunas oncológicas, esta molécula se utiliza para enseñar al organismo a identificar proteínas características de las células cancerosas y desencadenar así una respuesta defensiva dirigida.Para lograr ese nivel de personalización, los investigadores desarrollaron un software con inteligencia artificial capaz de procesar grandes volúmenes de datos genéticos. Esta herramienta analiza matemáticamente la información obtenida del tumor, determina su perfil mutacional y genera el diseño específico de la vacuna. Posteriormente, el ARNm sintetizado se encapsula en nanoestructuras lipídicas que facilitan su ingreso en las células humanas.El proyecto cuenta con la participación de destacados centros científicos rusos, entre ellos el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y el Centro Nacional de Investigación Radiológica Médica. En diciembre de 2025, el instituto Gamaleya presentó las tres primeras series experimentales de vacunas oncológicas basadas en ARNm, marcando un hito en el desarrollo de esta plataforma terapéutica.El costo estimado de cada dosis personalizada asciende a 300.000 rublos (aproximadamente 3.900 dólares) para el Estado, según informó Andréi Kaprin, director general del Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología del Ministerio de Salud. No obstante, las autoridades han asegurado que los pacientes recibirán el tratamiento de manera gratuita dentro del sistema sanitario.Con esta autorización, Rusia se suma al reducido grupo de países que avanzan en la aplicación clínica de vacunas oncológicas personalizadas, una estrategia que podría transformar el abordaje del melanoma avanzado y abrir nuevas perspectivas en la medicina de precisión.
La Universidad Externado de Colombia celebrará este domingo sus 140 años de historia con un homenaje que busca reunir a toda su comunidad académica y exaltar su legado en la educación superior del país. Así lo confirmó su rector, Hernando Parra, quien destacó que la conmemoración será “una oportunidad de encuentro” entre generaciones de externadistas.“Vamos a convocar a todas las generaciones, egresados, estudiantes, funcionarios, simplemente estar en nuestro campus. Vamos a desarrollar unas actividades académicas, vamos a reconocer a nuestros profesores que cumplen diferentes periodos de servicio a la universidad, que es parte del país”, afirmó Parra. Añadió que el propósito central es “refrendar nuestro compromiso de servicio a Colombia en la causa de la educación”.La celebración de los 140 años del Externado no solo tendrá un carácter conmemorativo, sino también institucional, en un contexto donde la educación superior enfrenta desafíos estructurales. El rector subrayó que la universidad “sigue comprometida con la preservación de la democracia y con seguir formando nuevas generaciones de colombianos”.El pacto de honor que salvó al Externado en 1923Durante la entrevista, Parra evocó uno de los episodios más significativos en la historia de la Universidad Externado de Colombia. En 1923, en medio de un complejo panorama económico nacional, la institución afrontó una crisis financiera que puso en riesgo su continuidad.“Imagínense ustedes que en el año 1923 el Externado afrontaba grandes problemas, un momento muy difícil para el país en economía”, relató. Según explicó, la universidad “casi no tenía con qué sufragar los gastos de las casas en arriendo que ocupaba”.Ante el anuncio del entonces rector Diego Mendoza Pérez de no abrir en febrero de 1924, los estudiantes suscribieron un “pacto de honor” comprometiéndose a pagar oportunamente sus matrículas. “Pero 15 días más tarde, los profesores se unieron a ese pacto de honor y suscribieron otro acuerdo diciendo: y nosotros entonces, por el primer semestre, no vamos a cobrar ningún salario por nuestro servicio docente”, recordó Parra.Becas y solidaridad: el programa “Soy Imparable”En materia de apoyo estudiantil, el rector destacó que la solidaridad sigue siendo un principio central del Externado. “El Externado tiene incorporada la solidaridad en su corazón”, afirmó.Actualmente, la universidad impulsa el programa de becas “Soy Imparable”, con apoyos del 25 %, 50 % y 75 % para estudiantes con limitaciones económicas. “Nos sentimos muy orgullosos de este programa”, señaló Parra, quien agregó que también se mantiene el premio a la excelencia académica, consistente en la beca completa para los mejores alumnos de cada curso.Escuche la entrevista completa acá:
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
En un operativo de las Fuerzas Militares en Caquetá hallaron una camioneta cargada de fusiles, granadas, munición de diferentes calibres, uniformes militares, morrales de campaña y hasta 8 millones de pesos en efectivo que serían del Frente Iván Díaz de las disidencias de alias “Iván Mordisco”.Los uniformados hallaron el abundante material de guerra en el platón de la camioneta camuflado en maletas de viaje, costales y hasta en la llanta de repuesto del vehículo.En el interior de una camioneta, estos individuos transportaban seis fusiles, siete granadas de mano, una pistola, más de 1.200 cartuchos de munición y cargadores de distintos calibres. Además, llevaban consigo uniformes verde oliva, morrales de campaña, chalecos y camisetas. Entre sus pertenencias se encontraban también dispositivos GPS, radios de comunicación, teléfonos celulares y material identificativo del Frente Iván Díaz del autodenominado Estado Mayor Central de las Disidencias de las Farc.A bordo del carro fueron capturadas tres personas, entre ellos, estaría el tercer cabecilla de finanzas de las disidencias de las FARC, alias 'Mono Didier' y durante esta operación, se logró rescatar a un menor de edad, quien fue posteriormente entregado a la Policía de Infancia y Adolescencia de Florencia para garantizar la restauración de sus derechos. Paralelamente, el equipo y el material detenido fueron entregados a las autoridades competentes, dando paso a la continuación del correspondiente proceso judicial.Con este operativo se afectaron las redes logísticas y criminales de los residuales al mando de “Mordisco” y se frustró los planes de ataques terroristas contra la ciudadanía y la fuerza pública.Le puede interesar también: Instituto Agustín Codazzi defiende proyecto que aumenta el impuesto predial, ¿lo afectará a usted?
El jefe del ELN, alias 'Antonio García', insistió este lunes, 13 de noviembrem en que esa guerrilla no dejará las armas a pesar de que negocia un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano.Así lo aseguró el jefe guerrillero en su cuenta de la red social X (antes Twitter) en el que preguntó: "¿Acaso el Gobierno ya ha solucionado los problemas de Colombia y ha cambiado sus prácticas que originaron el conflicto armado?", para justificar su intención de no desarmarse."Por tanto, no puede pedírsele al ELN que desaparezca o se desarme si aún no existe ningún acuerdo sobre cambios del país, aún todo está por discutirse" , agregó.El Gobierno y el ELN comenzaron en noviembre del año pasado un diálogo de paz y el 3 de agosto último iniciaron un cese el fuego de 180 días, pero el éxito del proceso está en tela de juicio por la negativa de esa guerrilla a dejar de secuestrar, como le reclaman el Gobierno y la sociedad.Esa controversia tomó fuerza luego de que el ELN admitiera el pasado 3 de noviembre que su Frente de Guerra Norte fue el que secuestró, el 28 de octubre en la localidad de Barrancas, en el departamento de La Guajira, al padre del futbolista Luis Díaz, a quien liberó 12 días después.Ahogo económicoAlias 'Antonio García', que no hace parte de la delegación del ELN en la mesa de diálogos, recordó en otro mensaje que "el cese el fuego aún es temporal y sólo sobre operaciones ofensivas, donde las Fuerzas Militares siguen con las manos libres haciendo coordinaciones con todo tipo de bandas paramilitares".Igualmente aseguró que el Estado financia a sus tropas con los impuestos "para continuar haciendo la guerra, mientras pretende imponernos a nosotros el ahogo económico", por lo cual insiste en los secuestros como fuente de financiación alegando que el ELN es una guerrilla "pobre"."Todas las estructuras del ELN tienen la orientación de realizar operaciones militares para conseguir finanzas, pues no nos financiamos con el narcotráfico, somos una organización pobre como la mayoría de los colombianos y no nos avergüenza", indicó.Según el jefe guerrillero, "cumpliendo dicha orientación, los frentes de guerra han enviado varios comandos a realizar operaciones de finanzas", pese a lo cual negó que el Comando Central (Coce) supiera que entre los objetivos del Frente de Guerra Norte "estaba un familiar de Luis Díaz", lo que consideró "un error" y por eso ordenó su liberación".El secuestro de los padres del futbolista del Liverpool y de la selección colombiana, Luis Manuel Díaz Jiménez y Cilenis Marulanda, ésta última dejada en libertad ese mismo día, causó conmoción nacional e internacional."Mane" Díaz fue dejado en libertad el pasado jueves, después de 12 días en cautiverio, y entregado a una comisión humanitaria de Naciones Unidas y la Iglesia católica.Le puede interesar
Colombia de nuevo fue noticia mundial, esta vez por el secuestro del padre de Luis Díaz , Luis Manuel Díaz, que tras doce días de cautiverio fue liberado por la guerrilla del ELN, grupo al margen de la ley con el que el Gobierno nacional esta dialogando.El país reaccionó con indignación ante el plagio de una de las figuras más importantes de la Selección Colombia y no de los referentes del fútbol colombiano a nivel internacional, por eso desde diferentes sectores se pidió por la liberación no solo de Mane Díaz sino de todos los secuestrados del país y fueron tajantes con exigir que pare este aberrante delito.El senador Ariel Ávila habló en Sala de Prensa Blu sobre los casos de secuestro en el país y el aumento de este flagelo en Colombia. Una voz autorizada pues desde hace años conoce las cifras de este delito, una práctica que se creía extinta, pero que en los últimos meses aumentó ."El punto más alto de los secuestros fue a finales de los años 90, con más o menos 3.000 secuestros al año, eso en la época de las pescas milagrosas, tristemente célebres. En este país eso comenzó a bajar, a bajar, a bajar y el punto más bajo fue 2016 y 2017, con más o menos entre 100 a 120 secuestros. El año pasado llegamos a 183 secuestros y este año vamos a estar seguramente sobre los 225, 230", indicó.El congresista se refirió al secuestro de Luis Manuel Díaz e indicó que el hecho no puede pasar inadvertido por parte del Gobierno de Gustavo Petro y menos en un momento en el que se está dialogando con esta guerrilla para un proceso de paz. "El Gobierno no puede hacer como si nada hubiese pasado. Es decir, yo creo que este es un momento para ponerse duro en la mesa y que está muy bien la liberación del señor Luis Díaz, pero que tenemos que empezar a hablar de dos cosas de la liberación de los demás secuestrados y de ponerle punto final al secuestro como práctica de guerra. El viernes pasado. El señor Antonio García, otra vez en esos trinos absurdos y estúpidos, da a entender que eso no está sobre la mesa, que no hay concesiones unilaterales, que que no se hagan ilusiones", resaltó.Y agregó, "Yo creo que ellos van a comenzar a darse cuenta de las repercusiones del secuestro del señor Díaz y al final el Estado no puede volver al próximo ciclo de negociación haciendo de cuenta que nada pasó. Es decir, aquí hay que ponerse un poco duros. Porque no es que nada pasó, digamos yo lo que digo es le corresponde al Estado esta vez plantarse duro e intentar presionar"Finalmente, el senador habló de los cese al fuego y de su importancia en los diálogos de paz. Mencionó , además, de las condiciones de cronograma donde se cumplan ciertas ciertas cosas en determinados tiempos en estos diálogos. Escuche la entrevista completa de Sala de Prensa Blu:
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, confirmó la liberación de dos secuestrados que estaban en poder de las disidencias de las Farc, al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Además de saludar la liberación, el comisionado le hizo una dura advertencia a ese grupo criminal: “no pueden secuestrar a ningún ser humano”.“Hoy en libertad Richard Vargas y Jesús Basante, nuestra alegría con sus familias. Desde el 25 de octubre exigimos a EMC FARC EP (Disidencias) respetar el Derecho Internacional Humanitario. Proscribir esa conducta da certeza a la paz. Ningún grupo armado puede secuestrar a ningún ser humano”, se advierte en la publicación.Liberación en NariñoEl alcalde de los Andes Soto Mayor, Fernando Delgado confirmó la liberación sanos y salvos del exdirector de deportes de la alcaldía Richard Vargas y Jesús Basante, quienes habían sido secuestrados por guerrilleros de la columna franco Benavides de las disidencias de las FarcBlu Radio tuvo conocimiento de que la liberación de las dos personas ocurrió en las primeras horas de este sábado 11 de noviembre, en un sector aún no identificado de la cordillera occidental, hasta donde llegaron familiares de los dos retenidos.La comitiva de familiares, una vez llegó al sitio tras recorrer varias horas por una carretera destapada, se encontró con una gigante pancarta vigilada por cuatro guerrilleros fuertemente armados, donde se leía claramente "Bloque Occidental Jacobo Arenas, seguimos cumpliendo".Frente a esa pancarta estaban el exfuncionario de la alcaldía y un particular, quienes no ocultaron su emoción al ver a la distancia a sus seres queridos.Tras un rápido chequeo e intercambio de palabras entre los familiares y el comandante de esa estructura subversiva, Vargas y Basante se embarcaron en un vehículo particular junto con algunos de sus familiares con rumbo a los Andes Sotomayor.Le puede interesar:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.