El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El fármaco, denominado Neovac-RONTs, fue autorizado para su aplicación en el Centro Nacional de Investigación Médica Oncológica Blojín y está dirigido a pacientes adultos con enfermedad en estadios IIB a IV.La inmunización no se empleará como tratamiento inicial, sino como terapia adyuvante tras la cirugía. Según detalló la cartera sanitaria, podrá administrarse a personas mayores de 18 años a quienes ya se les hayan extirpado todas las lesiones metastásicas. Además, el esquema contempla su uso en combinación con un inhibidor de PD-1, un tipo de medicamento que potencia la respuesta del sistema inmunitario frente al cáncer.El desarrollo de esta vacuna se enmarca en la apuesta rusa por medicamentos oncológicos de nueva generación, especialmente aquellos basados en tecnología de ARN mensajero (ARNm). En los últimos años, el país ha reforzado la investigación en este campo, considerado uno de los más prometedores en la lucha contra distintos tipos de tumores.A diferencia de las terapias convencionales, Neovac-RONTs se fabrica de manera individualizada. El proceso comienza con el análisis genético del tumor extraído de cada paciente. A partir de ese estudio, se identifican las mutaciones específicas del cáncer y se diseña una fórmula única adaptada al perfil molecular del enfermo. Esto permite que el sistema inmunitario sea “entrenado” para reconocer y atacar las células malignas con mayor precisión.El ARNm, base de esta tecnología, es un ácido ribonucleico que transporta la información genética desde el ADN hasta los ribosomas de las células, donde se sintetizan proteínas. En el caso de las vacunas oncológicas, esta molécula se utiliza para enseñar al organismo a identificar proteínas características de las células cancerosas y desencadenar así una respuesta defensiva dirigida.Para lograr ese nivel de personalización, los investigadores desarrollaron un software con inteligencia artificial capaz de procesar grandes volúmenes de datos genéticos. Esta herramienta analiza matemáticamente la información obtenida del tumor, determina su perfil mutacional y genera el diseño específico de la vacuna. Posteriormente, el ARNm sintetizado se encapsula en nanoestructuras lipídicas que facilitan su ingreso en las células humanas.El proyecto cuenta con la participación de destacados centros científicos rusos, entre ellos el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y el Centro Nacional de Investigación Radiológica Médica. En diciembre de 2025, el instituto Gamaleya presentó las tres primeras series experimentales de vacunas oncológicas basadas en ARNm, marcando un hito en el desarrollo de esta plataforma terapéutica.El costo estimado de cada dosis personalizada asciende a 300.000 rublos (aproximadamente 3.900 dólares) para el Estado, según informó Andréi Kaprin, director general del Centro Nacional de Investigación Médica de Radiología del Ministerio de Salud. No obstante, las autoridades han asegurado que los pacientes recibirán el tratamiento de manera gratuita dentro del sistema sanitario.Con esta autorización, Rusia se suma al reducido grupo de países que avanzan en la aplicación clínica de vacunas oncológicas personalizadas, una estrategia que podría transformar el abordaje del melanoma avanzado y abrir nuevas perspectivas en la medicina de precisión.
Audi ajusta su portafolio en Estados Unidos y uno de los movimientos más llamativos es la salida del S6 a gasolina. La marca no ofrecerá una nueva generación de esta versión deportiva sobre el actual A6 con motor de combustión, una decisión que responde a la reorganización interna de la gama y al avance de sus modelos electrificados.Según reportó Edmunds, Audi of America no tiene planes de ofrecer una variante S6 basada en la nueva generación del A6 a combustión.Posteriormente, CarBuzz confirmó la información con un portavoz de la marca, quien aseguró que el S6 a gasolina no estará disponible en el mercado estadounidense para el año modelo 2026. La compañía no emitió comentarios sobre posibles planes posteriores.El modelo también ha dejado de aparecer en listados oficiales recientes del fabricante en ese país.¿Será reemplazado por el nuevo A6?La salida del S6 ocurre en paralelo al lanzamiento del nuevo Audi A6 en Estados Unidos, que ahora se ofrece de serie con un motor V6 turboalimentado de 3.0 litros con sistema híbrido ligero.Este propulsor desarrolla:362 caballos de fuerza406 lb-pie de torqueEn comparación, el S6 saliente incorporaba un motor V6 de 3.0 litros con turbo y sobrealimentador, también asistido por tecnología híbrida, que entregaba:444 caballos de fuerza443 lb-pie de torqueEn cifras oficiales de aceleración:S6 anterior: 0 a 60 mph en 4,4 segundosNuevo A6 V6: 0 a 60 mph en 4,5 segundosUn modelo con más de 30 años dentro de la familia A6El Audi S6 fue introducido hace más de tres décadas como una versión de mayor desempeño sobre el A6 estándar. Durante sus primeros años tuvo ciclos de producción intermitentes, hasta que en 2006 pasó a fabricarse de forma continua.Dentro de la gama, el S6 se ubicaba entre el A6 convencional y el RS6 Avant, la variante de mayor rendimiento.De acuerdo con lo publicado por Motor1, la eliminación del S6 a gasolina forma parte de una reorganización del portafolio, que ahora queda estructurado en:A6 V6 como opción térmica principalS6 e-tron como alternativa deportiva eléctricaRS6 Avant como modelo de alto desempeñoEn términos comerciales, la familia A6 —incluyendo A6, S6 y RS6 Avant— registró 6.897 unidades vendidas en Estados Unidos durante el último año reportado, lo que representó una caída del 19 % frente al periodo anterior.
Un documento titulado “Verificación posible supuesta conspiración contra el señor presidente de la República y el señor ministro” pone bajo análisis el nombre del general Edwin Urrego, en medio de versiones sobre un eventual plan para afectar al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.El informe parte de la revisión de un solo correo remitido por una persona identificada como Andrés Abello, bajo el seudónimo “PACO”, que decía lo siguiente:"En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro armando benedetti por parte del Teniente Coronel Oscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla en el cual con politicos de derecha, como Char, vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. Favor alertar al presidente debido a que ese señor moreno arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo grate de bogotá siendo el enlace", indica textualmente.El documento de inteligencia, en ninguno de sus apartes, menciona que la supuesta conspiración contra el presidente Petro haya sido en el marco o haya tenido relación con la visita del mandatario a la Casa Blanca en la cual se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.Incluso, menciona en sus conclusiones que no se descarta que la información tenga un propósito negativo en contra de los oficiales mencionados, “sugiriendo que las versiones podrían estar motivadas por conflictos internos o denuncias de maltrato a subalternos”.No obstante, sí menciona que no se descarta la posibilidad de que estas personas, incluyendo al general Urrego, pudieran haber sido abordadas por alguna agencia extranjera, con el posible propósito de ser utilizada para determinados fines y que su cercanía con círculos políticos desde el inicio de su carrera policial, pudo haber sido aprovechada para la “eventual realización de hechos de carácter delictivo”.El nombre del general Urrego en el centro del análisis del informeEl documento menciona expresamente al general Edwin Urrego, detallando su trayectoria institucional, cargos desempeñados, entre ellos Subdirector de la Dijín (2023-2024) y Director de Investigación Criminal e Interpol (2024-2025), y su actual responsabilidad como comandante en Barranquilla desde el 12 de mayo de 2025.El informe relaciona procesos judiciales en los que ha sido mencionado como demandado en su calidad de director de la Dijín o comandante, así como consultas en bases de datos donde figura como denunciante en casos de “transferencia no consentida de activos” y “hurto por medios informáticos”, todos en estado inactivo.Uno de los elementos citados en el documento es un artículo de que recuerda que “varios policías, entre ellos el mayor Edwin Mosleider Urrego, brindaron una protección irregular a la pastora María Luisa Piraquive durante su comparecencia ante la Fiscalía en 2014”, hecho que, según el documento, “generó controversia”.El análisis en el informe incluye referencias a denuncias internas, entre ellas, que “desde la llegada de Edwin Masleider Urrego Pedraza como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se denuncia una negativa sistemática al suministro de información a los medios y a la ciudadanía”.También alude a declaraciones de un patrullero de la Policía que identifican como Burbano, sobre “interferencias internas y corrupción en la investigación contra ‘Papá Pitufo’”, así como a investigaciones sobre presuntos vínculos de oficiales con redes de contrabando. En ese contexto, el documento plantea que “se podría verificar si hay alguna conexión laboral o de mayor confianza entre los dos oficiales”, en referencia a relaciones internas dentro de la Dijín.En otro apartado se menciona a la oficial María Paula Cifuentes Rojas, quien “se desempeña actualmente como ayudante del Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza”, y a su esposo, el teniente coronel Óscar Moreno, adscrito también en Barranquilla. El texto señala que Moreno Arroyave “tuvo vínculos con funcionarios del grupo ORAN en la DIJÍN” y recoge versiones según las cuales habría sido señalado por “posibles actos de corrupción relacionados con pagos irregulares de recompensas junto al señor general”, aunque aclara que en verificaciones de antecedentes “no se encontró ningún antecedente vigente”.El documento incluye un capítulo titulado “Las hipótesis detrás del relevo”, donde relaciona operativos policiales en octubre y noviembre de 2025 con la salida intempestiva de Urrego de la Metropolitana de Barranquilla y su posterior designación en otra unidad. Allí se afirma que “la cercanía temporal entre este operativo y el relevo en el cargo fortalece la percepción de que la salida de Urrego obedeció a presiones políticas y no a un cambio rutinario”.“El primero ocurrió el 30 de octubre, cuando disturbios en la Universidad del Atlántico motivaron un operativo policial con sobrevuelo de helicóptero. El segundo episodio ocurrió el 11 de noviembre, cuando se realizó un allanamiento en Lagos del Caujaral autorizado por la Corte Suprema y ejecutado por varias unidades policiales”, destaca el documento, haciendo referencia a la casa del ministro Benedetti que fue allanada.Lo que concluye en informe de inteligencia en contra del general UrregoEn sus consideraciones finales, el informe advierte que: “No se descarta la posibilidad de que estas personas pudieran haber sido abordadas por alguna agencias extranjeras, con el posible propósito de ser utilizada para determinados fines”. Asimismo, señala que “la cercanía del señor oficial con ciertos círculos políticos, desde el inicio de su carrera policial, pudo haber sido aprovechada para la eventual realización de hechos de carácter delictivo”.Sin embargo, el mismo documento también plantea que “no se descarta que la información difundida tenga un propósito negativo en contra de los oficiales”, sugiriendo que las versiones podrían estar motivadas por conflictos internos o denuncias de maltrato a subalternos.
La familia de Álvaro Gómez Hurtado se pronunció tras la decisión de la JEP de mantener la competencia para investigar el magnicidio del líder conservador. Esa jurisdicción va a investigar la versión de los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual ese grupo fue el responsable del homicidio, ocurrido en noviembre de 1995.Es importante recordar que la JEP ratificó la competencia en el caso después de negar una apelación de la familia de Gómez Hurtado que pedía devolver la investigación a la Fiscalía. En un comunicado, los familiares aseguran que las pruebas entregadas por los exfarc no son suficientes ni sólidas."Reiteramos con absoluta claridad que en el proceso adelantado ante la JEP no existe ningún indicio, y mucho menos prueba, que desvirtúe el acervo probatorio acumulado durante años por la justicia ordinaria y que apunta a la hipótesis de un crimen de Estado", señala el comunicado de la familia.Es importante recordar que en el año 2020 los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc enviaron una carta a la JEP en la que se adjudicaban el magnicidio, posteriormente algunos exjefes del grupo se presentaron a la jurisdicción para contar su versión sobre los hechos, sin embargo, esta hipótesis no convence a la familia de Gómez Hurtado."Confiamos en que la aclaración realizada por la Sección de Apelación respecto del alcance exclusivo de su competencia sobre exintegrantes de las FARC-EP no interfiera ni limite los procesos en curso ante la Fiscalía General de la Nación ni ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en relación con la eventual responsabilidad del entonces presidente Ernesto Samper en estos hechos", agregó la familia de Gómez Hurtado
Muchos profesionales llegan a un punto en su carrera en el que sienten que necesitan avanzar, pero no siempre tienen claridad sobre cuál camino tomar. Algunos dudan sobre si hacer una especialización o una maestría; otros, sobre si este es el momento adecuado o si podrán equilibrar trabajo y estudio. La oferta académica es amplia y las decisiones no siempre son sencillas.En Colombia, el interés por cursar estudios de posgrado ha crecido en los últimos años. Cada vez más personas ven en una maestría una oportunidad para mejorar su empleabilidad, fortalecer habilidades y ampliar su red de contactos. Sin embargo, más allá del entusiasmo, los expertos recomiendan tener en cuenta varios factores antes de tomar una decisión definitiva.Cinco aspectos que debe tener en cuenta si va a hacer una maestríaEstos son cinco aspectos esenciales que, según expertos de Westfield Business School, se deben tener en cuenta si se está considerando iniciar una maestría, especialmente un MBA:1. La modalidad del programaActualmente existen programas presenciales, híbridos y 100 % virtuales. La elección debe responder a la realidad profesional y personal de cada aspirante.Es clave evaluar si se cuenta con disponibilidad para asistir a clases presenciales, si el trabajo implica viajes frecuentes o si se requiere mayor flexibilidad. También resulta determinante analizar la disciplina y organización necesarias para estudiar de forma remota.Por ello, elegir la modalidad adecuada puede marcar la diferencia entre una experiencia exitosa y una carga difícil de sostener.2. El enfoque metodológicoNo todas las maestrías se imparten de la misma forma. Más allá del contenido técnico, es fundamental revisar cómo está estructurado el proceso de aprendizaje.Los programas con enfoques integrales que combinan liderazgo, sostenibilidad, rentabilidad y toma de decisiones estratégicas suelen ofrecer herramientas más vigentes frente a los retos actuales del entorno empresarial. Asimismo, conviene valorar el nivel de interacción con docentes y compañeros, así como la implementación de metodologías colaborativas que promuevan el aprendizaje en equipo.3. La proyección internacional y el tipo de titulaciónContar con una titulación con reconocimiento internacional puede convertirse en un diferencial competitivo.Optar por un programa con estándares académicos internacionales puede facilitar el acceso a oportunidades en mercados externos y fortalecer el perfil frente a organizaciones multinacionales. No se trata únicamente del prestigio, sino del alcance real que pueda tener el título en distintos países.4. Diferencias entre International MBA y Executive MBAAunque ambos programas comparten una formación en administración y liderazgo, no están diseñados para el mismo perfil profesional.El International MBA suele dirigirse a profesionales que buscan fortalecer su perfil directivo y profundizar en un área específica del negocio. Está pensado para quienes desean ampliar su visión empresarial y especializarse al mismo tiempo.Por su parte, el Executive MBA está enfocado en ejecutivos con mayor trayectoria y experiencia en liderazgo. Su objetivo es potenciar la visión estratégica y preparar a los participantes para liderar procesos de transformación organizacional desde posiciones de alto nivel.Analizar la experiencia acumulada y las metas profesionales es clave para elegir la opción más adecuada.5. Las experiencias inmersivas internacionalesAlgunas escuelas de negocios incluyen experiencias académicas en ecosistemas empresariales internacionales, lo que permite complementar la formación teórica con una visión práctica del funcionamiento de mercados globales.Estas experiencias pueden aportar una perspectiva más amplia sobre la dinámica empresarial y facilitar la creación de redes de contacto en distintos entornos. Aunque no todos los programas las ofrecen, representan un valor agregado relevante para quienes buscan una formación con enfoque global.En conclusión, elegir un posgrado o una maestría es una decisión que implica analizar objetivos, disponibilidad de tiempo y proyección profesional a mediano y largo plazo. Instituciones internacionales sugieren evaluar estos cinco aspectos con detenimiento antes de dar el paso.Por ello, más que seguir tendencias, la recomendación es identificar qué tipo de formación se alinea con el perfil y las metas que cada profesional desea alcanzar en los próximos años.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
Otty Patiño, jefe negociador del gobierno le respondió al cabecilla del ELN, alias ‘Antonio García’ quien dijo en las últimas horas que esa guerrilla “no cederá” a chantajes, refiriéndose al tema del secuestro, después de que mantuvieran en esa condición a Luis Manuel Díaz casi dos semanas.“Él no es mi interlocutor en la mesa y entrar en controversia con él me parece inútil”, aseguró Patiño quien reiteró que el tema de secuestro es prioritario en la mesa, porque no ha podido ser solucionado en el mecanismo de monitoreo.“Continuar en una práctica sistemática de lo que en el DIH se conoce como toma de rehenes, puede significar un incumplimiento reiterado del DIH”, advirtió Patiño al ELN por práctica del secuestro.Además, el jefe negociador del gobierno también reconoció que el frente del ELN que tenía a Luis Manuel Díaz lo liberó porque es una persona “muy conocida y amada por la gente”, pero lamentó que no sean liberados los secuestrados que no son tan conocidos.“Pero quien que no sea querido, así sea menos conocido, menos estrella, menos amado, merece también estar en libertad”, sostuvo Patiño.Sobre financiación del ELN fue enfático en que lo que se financiará es La Paz y no la guerra, cerrando la puerta a que se den recursos a personas que se mantienen alzadas en armas: “ni de financiar gente que se mantenga en armas sin hacer nada o continuando la guerra, eso sería inadmisible”.Agregó, haciendo referencia al ELN, que “nadie va a entregar las armas, la dejan que es otra cosa”.
La liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, delantero del club inglés Liverpool, tras 12 días de secuestro por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha generado una profunda alegría en Colombia. En una misión humanitaria entre la Iglesia católica y la Misión de Observación de la ONU, fue con la que 'Mane' Díaz logró regresar de un lugar desconocido con su familia.En una imagen que se conoció este jueves, se ve 'Mane' Díaz en el helicóptero, minutos después de su liberación.La liberación de 'Mane' Díaz tuvo lugar en las estribaciones de la serranía de Perijá, cerca de la localidad de Barrancas, en el departamento caribeño de La Guajira, donde había sido secuestrado el 28 de octubre. Una comisión humanitaria de la Misión de la ONU en Colombia y la Iglesia católica participaron en su liberación. Posteriormente, 'Mane' Díaz fue trasladado en helicóptero a Valledupar, capital del departamento del Cesar.La delegación del Gobierno, en medio de las negociaciones de paz con el ELN, aprovechó la ocasión para instar a la guerrilla a tomar decisiones que pongan fin al secuestro de todas las personas en su poder. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) emitió un comunicado expresando su agradecimiento al Gobierno Nacional, a las Fuerzas Militares y de Policía, así como a todas las instituciones y funcionarios que contribuyeron a la liberación de Luis Manuel Díaz. La FCF destacó que el fútbol simboliza valores como el talento, la dedicación, el trabajo en equipo y la unidad, y llamó a que la disciplina deportiva continúe siendo un referente de entretenimiento, sana competencia, unión y alegría en Colombia.El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó su alegría por la liberación al compartir una noticia sobre el suceso en redes sociales y proclamó: "Viva la libertad y la paz".El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también celebró la liberación de 'Mane' Díaz pero recordó que el secuestro es un delito que debe ser condenado por todos. Enfatizó la importancia de abordar el tema del secuestro como práctica, especialmente en el contexto de las conversaciones de paz con el ELN.Le puede interesar:
El obispo de Riohacha, Francisco Ceballos, brindó detalles sobre la liberación de 'Mane' Díaz, papá del futbolista colombiano Luis Díaz. La Iglesia católica desempeñó un papel crucial en el proceso de liberación junto a una delegación de la Misión de Observación de la ONU, que este jueves, acompañó este proceso. Según el obispo, la Iglesia siempre estuvo dispuesta a mediar, acompañar y asistir en la liberación de 'Mane' Díaz. Tras la mediación de la Conferencia Episcopal de Colombia, se logró la entrega del secuestrado en buen estado de salud y sin requerimientos específicos.El obispo reveló que 'Mane' Díaz caminó durante cuatro días cuando fue secuestrado y otros dos días cuando lo iban a entregar. Esta dura travesía dejó al liberado demacrado y cansado. Además, destacó que la guerrilla había solicitado un despeje en la zona debido a la presencia de Fuerzas Militares, lo que dificultó la entrega.Cuando el obispo y otros participantes se encontraron con 'Mane' Díaz en el camino, lo describieron como demacrado y cansado debido a la larga caminata. La Iglesia le dio la bienvenida a la libertad y lo abrazó con emoción. 'Mane' Díaz, un católico que pertenece a la comunidad de Barrancas, había sido confirmado por el obispo el año anterior.La liberación se llevó a cabo en un helicóptero que aterrizó en una montaña, y la operación se desarrolló de manera rápida, en aproximadamente 45 minutos. "La privación de un ser humano es inaceptable, ya sea por motivos financieros o cualquier otro motivo, y debe ser decidida por el Gobierno", el obispo enfatizó que estas acciones violan el derecho internacional.El primer contacto con el guerrillero que liberó a 'Mane' Díaz fue breve y sin intercambio de palabras. La prioridad era rescatar a la persona secuestrada de manera segura y rápida.El obispo describió que el proceso estuvo rodeado de hombres vestidos con la indumentaria propia de la guerrilla, encapuchados. Primeras palabras de 'Mane' Díaz en libertad'Mane' Díaz, el padre del futbolista Luis Díaz, entregó sus primeras palabras luego de ser liberado y de estar ya en Barrancas, La Guajira, con sus familiares."Primero que todo darle gracias a Dios por esta linda oportunidad de regresar a casa, agradecerle a todo el pueblo barrenquero y de La Guajira a ese apoyo que le dieron a mi familia, muchas gracias y pronto se dará la oportunidad de agradecerles y de abrazarlos", dijo Luis Manuel Díaz ya en libertad.Aquí el video:
Después de la liberación de Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, hizo unas exigencias a la guerrilla del ELN, grupo responsable de este caso de secuestro y de algunos paros armados que se han registrado este año en el departamento del Chocó."Esta paz dialogada es sin impunidad de base, todo hecho contra la dignidad humana en cualquier proceso urbano o rural tiene límites. Al ELN le hemos exigido terminar sus paros armados en el Baudó, San Juan y Calima, otra práctica que debe terminar ya", señaló Rueda.Y es que en Alto Baudó, Chocó, el ELN anunció un paro armado el pasado 5 de noviembre por al menos 72 horas, en estos días se han registrado enfrentamientos con el Clan del Golfo y la población civil se ha visto afectada. Rueda también exigió la liberación de los secuestrados."1. Libertad a todos los secuestrados. 2. Proscribir el secuestro en las prácticas de ELN. 3. Discutir los asuntos propios de financiación del ELN, si estamos en el aprestamiento al cese del uso de las armas definitivamente. Todos los secuestrados en libertad, exigencia nacional", señaló la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.Le puede interesar "Petro quiso tener un gesto con quienes lo acompañaron: Eduardo Verano por reunión con gobernadores":
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.