El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Después de la emocionante victoria como local ante el Deportivo Cali (3-2), el Inter de Bogotá reafirma un arranque de campeonato que pocos anticipaban. Líder en las primeras fechas y con una propuesta ofensiva que ha llamado la atención.Sin embargo, su entrenador, el argentino Ricardo Valiño, prefiere frenar la euforia e ir partido a partido, pues hasta ahora se han disputado solo seis fecha del campeonato y falta mucha tela por cortar para los que será la clasificación a cuartos.“No podemos desviar el objetivo ni confundirnos por seis fechas”, advirtió en entrevista con Blog Deportivo.Valiño, con 13 años de experiencia en el fútbol mexicano y pasos por selecciones juveniles de Venezuela y el fútbol español, asumió por primera vez un proyecto en Colombia. Tras cuatro victorias, un empate y solo una derrota, el entrenador insiste en que la meta principal no es el liderato momentáneo, sino estabilizar la tabla del descenso, luego de que el club cerrara los dos torneos anteriores en el último lugar y así salir de la cuarta casilla del descenso.¿Cómo juega el Inter?El argentino describe al Inter como un equipo de presión alta, que intenta posicionarse en campo rival y atacar con decisión. Con volantes de buen pie y delanteros rápidos, el equipo ha mejorado su efectividad en el último tercio, algo que el propio Valiño atribuye a la confianza y al trabajo específico en la toma de decisiones. El caso de Parra es ejemplo de ello: un jugador al que le pidió serenidad en la definición y que hoy muestra números más sólidos en duelos ganados, asistencias y goles. “Nosotros fuimos a Medellín a buscar el partido, no a plantarnos en bloque bajo”, subrayó el técnico sobre el compromiso que terminó ganando 1-2 en el Atanasio Girardot. Pero el buen momento convive con un contexto exigente. Inter cuenta con un plantel corto, combina juventud con experiencia, y enfrenta un calendario apretado, sumado al manejo de datos para evitar posibles lesiones de los jugadores“Es un cóctel explosivo si no lo sabes manejar”, reconoció Valiño, quien se apoya en análisis de GPS para dosificar esfuerzos y evitar lesiones en medio de la seguidilla de partidos.A falta de varios partidos en la sexta fecha, el conjunto bogotano terminará líder y esperará seguir en lo más alto de la tabla de posiciones en el próximo partido contra el Deportivo Pasto, equipo que también tiene 13 unidades, el próximo sábado 14 de febrero a las 8:30 de la noche.
La imagen pública de la colombiana Valentina Forero Álvarez estaba asociada al modelaje, los viajes y una vida rodeada de comodidades en el Eje Cafetero. Sin embargo, detrás de esa fachada, las autoridades estadounidenses la señalan de haber encabezado una red internacional que habría lavado más de 31 millones de dólares provenientes del narcotráfico a través del sistema financiero de ese país.Forero Álvarez, de 33 años y oriunda de Armenia, Quindío, se declaró culpable del delito de conspiración para cometer lavado de dinero ante una corte federal en el Distrito Norte de Georgia. La mujer fue capturada el 23 de noviembre de 2023 en la capital quindiana por agentes del Grupo Especial de Investigación Interagencial de la Dijín e Interpol, y posteriormente extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025.Según el Departamento de Estado, la colombiana lideraba una “sofisticada organización criminal transnacional” que utilizaba mensajeros para movilizar grandes sumas de efectivo en bolsas y cajas de zapatos. El dinero era consignado en cuentas bancarias en Georgia y en al menos otros 14 estados, entre ellos Florida, Texas, Nueva York y California.Entre junio de 2022 y abril de 2023, cerca de 2,9 millones de dólares en efectivo fueron depositados en cuentas vinculadas al esquema solo en el norte de Georgia. De acuerdo con la investigación, los mensajeros actuaban bajo la coordinación directa de Forero, quien además gestionaba trámites de visas de turista para facilitar su ingreso a territorio estadounidense y supervisaba los soportes de cada movimiento financiero.El fiscal federal Theodore S. Hertzberg aseguró que la red “explotó el sistema financiero” para ocultar recursos del narcotráfico y advirtió que quienes intenten esconder sus delitos mediante entramados internacionales serán llevados ante la justicia.Mientras la estructura operaba, Forero llevaba una vida de lujos en Colombia. Las autoridades le incautaron seis inmuebles, tres vehículos y tres establecimientos comerciales ubicados en Armenia, Cali, Sevilla y Jamundí, bienes avaluados en aproximadamente 7.300 millones de pesos.Además, estaría detrás de varias empresas fachada, registradas a nombre de familiares y allegados, entre ellas On Solutions Group LLC, Alberto Cortes Cosmetics and Perfumes Inc., Dems Holdings LLC y RYJ International Group Inc. Para la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, estas compañías eran utilizadas para dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos obtenidos por la venta de estupefacientes en el exterior.Actualmente, Valentina Forero Álvarez permanece bajo custodia federal y será sentenciada el próximo 20 de mayo de 2026 por el juez Steven D. Grimberg. Tras admitir su responsabilidad, podría enfrentar una pena máxima de hasta 20 años de prisión en una cárcel federal de Estados Unidos.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 12 de febrero de 2026:Millonarios consiguió su primera victoria en la Liga BetPlay tras imponerse 1-0 a Águilas Doradas, con un gol de penalti de Radamel Falcao García.Luis Díaz volvió a marcar en la victoria del Bayern Múnich sobre Leipzig por la Copa de Alemania.James Rodríguez fue entrevistado por The New York Times, donde habló sobre su adaptación a las bajas temperaturas en Minnesota.El técnico italiano Fabio Capello se refirió a Cristiano Ronaldo y al debate sobre los mejores futbolistas de la historia.Escuche el programa completo aquí:
El Cholo Simeone volvió a sonreír tras ganarle al Barcelona en la semifinal ida de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid le dio un golpe al conjunto culé (4-0), pues antes del minuto 10 ya iban ganando.La semifinal de vuelta se jugará el 3 de marzo a las 3:00 de la tarde, pero el Barcelona será local en el Camp Nou.Una cantada del cancerbero Joan García, que no controló el balón con el pie tras un pase sencillo de Eric García (7'), significó el primer gol de los hombres del Cholo Simeone.Luego, el francés Antoine Griezmann (14') y el nigeriano Ademola Lookman (33') ampliaron la diferencia en el Metropolitano, antes de que el argentino Julián Álvarez (45+2') volviera a ver portería once partidos después.De manera sorprendente, el VAR revisó durante más de cinco minutos un gol de Pau Cubarsí (52'), que acabó siendo anulado por fuera de juego del polaco Robert Lewandowski.Ya en el último tramo, el conjunto culé se quedó con uno menos por la expulsión por roja directa a Eric García (84') por una entrada a destiempo a Álex Baena.Con este triunfo, el Atlético se adjudicó muchas opciones de jugar la final contra el vencedor de la eliminatoria entre el Athletic Club y la Real Sociedad, con triunfo txuriurdin en la ida en San Mamés.Los pupilos de Diego Simeone zarandearon desde el inicio a un Barça irreconocible que tardó más de media en hora en entrar en el juego.Giuliano Simeone dio el primer aviso en el 3, pero su disparo a bocajarro acabó despejado por el portero azulgrana con brillantez. A partir de ahí, llegó la fiesta rojiblanca.Un error garrafal del arquero catalán supuso el primer revés de los pupilos de Hansi Flick, totalmente superaron en la primera parte.Primero Griezmann definió a la perfección con la zurda en una transición magistral de los colchoneros y, después de varias ocasiones peligrosas, el flamente fichaje, el niegeriano Ademola Lookman, que ya había marcado en cuartos ante el Betis, anotó el tercero de nuevo al contraataque.Ante la avalancha rojiblanca, Hansi Flick movió el banquillo y dio entrada a Lewandowski (37') por Marc Casado, pero el movimiento no dio los frutos deseados.Julián Álvarez rompe su sequíaJusto antes del descanso, Álvarez cortó su sequía goleadora en un nuevo contragolpe en el que Lookman asistió al argentino para que perforara la red.Tras la reanudación, el cuadro barcelonista despertó y llegó la polémica. Cubarsí empujó un balón al fondo de la red después de un rechace que tocó Lewandowski. Al final, el colegiado señaló posición antirreglamentaria del atacante polaco.El Barça no bajó los brazos, pero Lamine Yamal apenas tenía incidencia en el juego y Flick metió al uruguayo Ronald Araujo y al portugués Joao Cancelo por Cubarsí y Alejandro Balde.Fue una noche de pesadilla para el Barça, que recuerda la fragilidad de un equipo que deberá obrar un milagro si quiere conservar sus opciones de revalidar el triplete nacional (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España) logrado la pasada temporada.
El asesinato del empresario del sector arrocero Gustavo Andrés Aponte y su escolta Luis Gabriel Gutiérrez el pasado miércoles en la calle 85 con carrera Séptima, en el norte de Bogotá, conmocionó a los habitantes del sector.No obstante, un detalle particular llamó la atención de los investigadores, que actualmente siguen recopilando información para dar con el paradero de los dos perpetradores del crimen. Uno de los sicarios vestía traje formal y corbata al momento de cometer el asesinato.Lo que se sabe del casoTras analizar más de 50 horas de grabaciones, unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) de Bogotá lograron identificar a uno de los tres delincuentes que participaron en el atentado sicarial.Según la reconstrucción del minuto a minuto, hecha por Noticias Caracol, el empresario llegó a un gimnasio del sector y su escolta permaneció en la puerta. Mientras tanto, un hombre en motocicleta se ubicó frente al establecimiento para alertar cualquier movimiento. En otra esquina, sobre la misma zona, esperaba el sicario (el que vestía de traje) junto a un cómplice que conducía otra motocicleta.Cuando el empresario salió del lugar y se dirigía hacia el vehículo en el que se movilizaba, el atacante disparó. Un impacto acabó con la vida del empresario y dos más con la del escolta. Luego, el sicario corrió unos 15 metros y escapó en la motocicleta que lo esperaba, huyendo por la carrera Séptima hacia el centro de la capital.¿Por qué el sicario iba de traje?De acuerdo con los investigadores, el atuendo formal no fue casual. Se cree que el sicario vestía traje de paño y corbata porque en el sector de la 85 es común la presencia de escoltas y policías, especialmente en horas nocturnas por la actividad comercial y empresarial.Por lo que se presume que vestir de manera formal le permitía pasar desapercibido y no levantar sospechas en una zona donde es habitual ver ejecutivos y personal de seguridad privada. Investigadores creen que esta estrategia habría sido clave para camuflarse mientras esperaba el momento exacto para ejecutar el ataque.Por el momento, las autoridades continúan analizando las grabaciones y recopilando información de testigos y cámaras de seguridad del sector para ubicar a los responsables del crimen.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
"Todos los comparecientes a quienes la Sdsj está llamada a definirles su situación jurídica están obligados a contribuir a los objetivos de la transición, a través de aportes a la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos. Sin embargo, no todos los comparecientes deberán realizar contribuciones de la misma magnitud y grado; por el contrario, los aportes exigibles a cada uno dependerá de las conductas específicas cometidas por ellos, en consonancia con los principios de proporcionalidad, gradualidad e igualdad", señala la JEP.Hay unos factores que se han tenido en cuenta para tomar esta determinación, uno de ellos es la gravedad de las conductas cometidas por la persona, también el nivel de participación o rol desempeñado en estos crímenes, el número de hechos en los que participó y el número de unidades militares diferentes en las cuales cometió conductas delictivas, entre otras características."Resulta relevante determinar si el compareciente (i) tenía mando y control del personal en la ejecución de la conducta punible, (ii) no tenía tal mando o control, pero participó de forma directa en la ejecución de los hechos, o (iii) no participó directamente en la comisión de los hechos, pero jugó un rol secundario consistente, por ejemplo, en contribuir a su encubrimiento. En este sentido, es necesario determinar las acciones u omisiones en las cuales incurrió que sean determinantes en el curso causal, siempre que haya habido dolo o culpa con representación. A mayor mando e incidencia de las acciones u omisiones habrá mayor responsabilidad", explica la Sala de Definición de la JEP.La JEP determinó un grado de responsabilidades entre las personas que no fueron halladas entre los máximos responsables, de acuerdo a estas categorías se determina durante cuánto tiempo deberán cumplir con su "Trabajos, Obras y Actividades que Realiza el compareciente para restaurar o reparar el daño causado", Toar. El primer grado, es el de los comparecientes de mayor responsabilidad, ellos deberán cumplir con acciones restaurativas en un término de seis meses a dos años; el segundo, el de los comparecientes que tienen una responsabilidad media y su sanción será de cuatro meses a un año; y el tercero, los de menor responsabilidad y cuya sanción será de 15 días a cuatro meses máximo."Los comparecientes podrán ser requeridos para su vinculación en uno o varios Toar consistentes en la ejecución de actividades similares o diferentes, particularmente teniendo en cuenta que la duración de estos no es de decisión de la Sdsj sino que depende de factores externos, tales como el presupuesto del programa de reparación, financiación externa o características propias del programa. Igualmente, los comparecientes podrán ser discrecionalmente desvinculados de un Toar por la Sdsj cuando la magistratura considere que existen méritos suficientes para ello. Por último, para efectos de formalizar su vinculación a un Toar, todos los comparecientes deberán suscribir previamente el acta que elaborará la Sdsj para tal fin", explica la JEP.Le puede interesar "Alerta del Invima por dulces peligrosos para los niños y niñas":
Blu Radio conoció que desde hace meses se han realizado encuentros entre varios exjefes paramilitares, sus abogados y delegados de la oficina del alto comisionado para la Paz para explorar las vías que permitan instalar una mesa, con el fin de revisar el proceso de paz con las AUC. Hasta el momento lo que se sabe, es que todas las reuniones han contado con testigos y se han logrado avances tan importantes como que dicha mesa técnica podría instalarse en las próximas semanas.La antesala de estas reuniones fue un encuentro entre varios exjefes paramilitares y el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá. Desde esa zona del país, Rueda dijo en su momento que el Gobierno retomaría el proceso de paz con las AUC.Blu Radio tiene en su poder una carta de siete páginas que los exjefes paramilitares radicaron ante la oficina del alto comisionado para la Paz en la que explican cómo funcionaría la mesa técnica, quiénes serían los delegados de las AUC en los diálogos e incluyen algunas peticiones para poder iniciar el proceso.Justamente, los exjefes paramilitares plantean que la mesa esté integrada por excomandantes de los diferentes bloques regionales de las autodefensas, y en este sentido, entregan una lista de 17 nombres de personas que consideran podrían ser los delegados entre los que aparecen Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’ y ‘El Alemán’.1.- RAMÓN MARÍA ISAZA ARANGO – alias ‘El viejo’2.- ARNUBIO TRIANA MAHECHA3.- HECTOR JOSE BUITRAGO RODRIGUEZ4.- RAMIRO VANOY MURILLO5.- HERNÁN GIRALDO SERNA6.- LUIS EDUARDO CIFUENTES GALINDO7.- MANUEL DE JESÚS PIRABAN8.- JUAN FRANCISCO PRADA9.- JOSÉ BALDOMERO LINARES10.- SALVATORE MANCUSO GÓMEZ11.- CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO12.- DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO13.- HEBERT VELOZA GARCÍA14.- RODRIGO TOVAR PUPO15.- RODRIGO PÉREZ ALZATE16.- FREDY RENDÓN HERRERA17.- EDWAR COBOS TÉLLEZAdemás, señalan que están a la espera de que el Gobierno nombre a sus delegados. Eso sí, aclaran que es importante que las mesas temáticas estén integradas por excomandantes y excombatientes.De acuerdo con el documento, una vez se instale la mesa técnica, se construiría un "informe balance" sobre los resultados, logros, incumplimientos y errores del proceso que se realizó durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez."A partir del informe, actualizar los acuerdos y compromisos adquiridos por las partes en el marco de dicho proceso de negociación, definir una ruta de cumplimiento y suscribir un acuerdo final que cierre satisfactoriamente el Proceso Político de Paz inconcluso entre las autodefensas y el Estado colombiano. El segundo propósito de este documento consiste en formular técnicamente este diálogo, a fin de identificar mecanismos, tiempos y resultados concretos entre el inicio de la elaboración del balance y la firma del acuerdo final", señala la carta.Por otra parte, los exjefes paramilitares le plantean al Gobierno cómo funcionarían la mesa técnica y las mesas temáticas:En cuanto a la mesa técnica, esta tendría una secretaría y cinco mesas temáticas.La mesa jurídica se encargaría de la ley de justicia y paz, los paramilitares que se encuentran en las cárceles y la justicia ordinaria.La mesa temática de políticas de reincorporación se encargaría de "la integración política, económica, social y las garantías de seguridad de los excombatientes", en este punto es importante recordar que los exjefes de las AUC han denunciado que al menos 4.000 personas que hicieron parte de este proceso han sido asesinadas.Otra mesa sería la de "reparación a víctimas y búsqueda de personas dadas por desaparecidas" y se encargaría del cumplimiento del régimen de condicionalidad, la extinción de bienes y los aportes a la verdad.La mesa temática de políticas del desarrollo regional buscaría implementar algunos proyectos productivos en las zonas donde las AUC tuvieron presencia.En la última mesa, llamada agenda de paz, plantean que se traten temas relacionados con los diálogos con las comunidades y un acuerdo nacional, el acompañamiento, proponen en la carta, lo haría la ONU y la MAP OEA."Con respecto a la participación de los exintegrantes de las Autodefensas Campesinas de Colombia, también conocidas como AUC, es preciso advertir que esta mesa técnica tiene una vocación participativa, queremos que los exintegrantes de las autodefensas tengan la oportunidad de aportar sus insumos a las mesas y se sientan parte del proceso. Para este fin es preciso contar con las garantías de participación tanto de las personas en libertad, en el exilio, presos políticos y asesores", señala el documento.Ya refiriéndose al proceso, piden que sea participativo y público, incluso transmitido por los medios, además de implementar una pedagogía sobre el proceso de paz en todo el país, especialmente en las regiones.Finalmente, la carta tiene un apartado en el que hacen unas "solicitudes y requerimientos" y mencionan al menos seis puntos que consideran son importantes para empezar el proceso."Facilitación para que los excomandantes en libertad y los que se encuentren en condición de presos políticos que hagan parte de la mesa técnica, puedan tener reuniones internas como prioridad fundamental para el inicio de las discusiones del trabajo temático a desarrollar", se lee en el documento.En el mismo sentido solicitan la concentración de los exparamilitares que van a participar en el proceso y se encuentran en diferentes cárceles, la idea es que estén en sitios especiales donde puedan reunirse y realizar las labores de la mesa. Otra de las solicitudes es que se destinen los recursos necesarios para el funcionamiento de la mesa y garantizar que los asesores del proceso puedan reunirse con los exAUC en las cárceles.En el documento, se lee la siguiente petición: "Solicitar vía cooperación judicial y conforme a los acuerdos bilaterales vigentes, la conexión de los excomandantes que como presos políticos se encuentran en prisiones de EEUU".En la lista, nuevamente aparecen exjefes paramilitares como alias ‘Cuco Vanoy’, ‘Don Berna’, Salvatore Mancuso y ‘Jorge 40’.1.- RAMIRO VANOY MURILLO - Prisión EEUU2.- DIEGO FERNANDO MURILLO BEJARANO - Prisión EEUU3.- SALVATORE MANCUSO GÓMEZ - Prisión EEUU4.- HÉCTOR JOSÉ BUITRAGO RODRÍGUEZ - Cárcel Picota5.- HERNÁN GIRALDO SERNA - Cárcel de Itagüí6.- CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO - Cárcel de Itagüí7.- HEBERT VELOZA GARCÍA - Cárcel de Itagüí8.- RODRIGO TOVAR PUPO - Cárcel Picaleña" dice el documento.La carta está firmada por varios exAUC, entre los que se encuentran algunos de los jefes de bloque como Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, Hebert Veloza, alias ‘HH’, Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido bajo los alias de ‘Don Berna’, entre algunos otros.Escuche el audio completo aquí:
Los excombatientes de las Farc adelantaron sus proyectos productivos y su proceso de reincorporación en diferentes zonas del país, pero especialmente en cuatro departamentos, 24 municipios y 2 ciudades, donde se podría decir son zonas en las cuales se concentra esta población, especialmente en los espacios de reincorporación conocidos como AETCR.La Fundación Ideas para la Paz, FIP, hizo un análisis en estos departamentos y municipios, así como en Bogotá y en Medellín, con el fin de evaluar 161 planes de gobierno de candidatos a alcaldías y gobernaciones y así determinar quiénes tienen pensado implementar alguna política pública que este enfocada en los firmantes de paz."Al revisar los planes de gobierno, solo 42 de los 161 planes revisados por la FIP mencionan los excombatientes o algún aspecto de la reincorporación. No se abordan aspectos fundamentales de la reincorporación como la seguridad, el acceso a servicios o el enfoque de género. Ningún candidato a la Gobernación de Antioquia menciona la reincorporación. Este es el departamento donde se encuentra la mayor cantidad de AETCR" señaló la fundación.El tema de la seguridad es importante teniendo en cuenta que desde la firma del acuerdo de paz, en el año 2016, casi 400 excombatientes han sido asesinados, pero solo el 2% de los planes de gobierno analizados proponen alguna solución a esta problemática."De los 21 programas que hablan de reincorporación comunitaria, solo 8 contemplan acciones de reconciliación o generación de confianza, un aspecto que debe ser prioritario en los municipios PDET, donde el 87% de la población no confía en los excombatientes y cerca del 80% no se siente cómoda teniéndolos como vecinos" explica la FIP.En ciudades capitales como Medellín hay 500 personas adelantando su proceso de reincorporación y en Bogotá hay al menos 900 firmantes, pero en estas zonas tampoco hay muchos candidatos que expliquen en sus programas las propuestas que tienen para esta población."La reincorporación no es una responsabilidad exclusiva del gobierno o de los exintegrantes de las Farc, sino que pues tiene que tenerse en cuenta justamente a las administraciones locales y ahí es donde está la preocupación y es que el 74% de los planes de gobierno que hoy están en esas regiones no hablan en lo absoluto de la reincorporación hay 42 planes, o sea el 26% sí lo hacen, explicó Miguel Suárez, investigador de la FIP.Solo 11 de los 42 planes se refieren al tema del acceso a los servicios básicos y solo nueve programas mencionan la reincorporación política."El enfoque de género es ampliamente ignorado: solo 4 de 161 programas revisados incluyen propuestas al respecto. Las mujeres en proceso de reincorporación son doblemente vulnerables no solo por su género, sino por ser firmantes. Sin embargo, ningún programa de gobierno revisado lo menciona o establece medidas de protección diferenciales" explicó el informe.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU en la cual se abordaba el tema de los avances en la implementación del acuerdo de paz firmado con las Farc, el canciller Álvaro Leyva señaló que la JEP se estaba "descarrillando" y que limitaba su competencia al no aceptar paramilitares, pues de esta manera, según Leyva, se están viendo afectados los derechos de las víctimas a la verdad.En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, asegurando que el cumplimiento del acuerdo es una obligación del Estado colombiano y que el gobierno Petro tiene el deseo y la voluntad para implementarlo. Sin embargo, también se refirió a la JEP."La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá que tener en cuenta toda la Competencia Personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada. Deberá aplicar la JEP el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal", dijo el presidente Petro en la carta.Estos pronunciamientos generaron la respuesta del presidente de la jurisdicción, el magistrado Roberto Vidal, pidiendo al gobierno respeto y autonomía por la JEP."El hecho de que la JEP haya sido creada en virtud del Acuerdo Final de Paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-Ep no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP", explicó Vidal.El canciller Álvaro Leyva volvió a responder y asegura que las declaraciones de Vidal se estarían dando desde el desconocimiento y citó la frase "In claris non fit interpretatio", que significa "En las cosas claras no se hace interpretación"."Comunicado 123 de la JEP ayer, fruto del desconocimiento de su Presidente del significado de una Declaración Unilateral de Estado ante el Consejo de Seguridad. Pena. Gustavo Petro, jefe de Estado, está obligado a cumplirla y hacerla cumplir. In claris non fit interpretatio" advirtió Leyva.En su pronunciamiento Vidal también había dicho que las instituciones y los comparecientes ante la JEP tienen el derecho de responder a cualquier decisión que tome esta jurisdicción y por esto ninguna persona debe hacer "tutorías" sobre dichas decisiones."Esas opciones siempre han estado abiertas. Esto es muy distinto a que una persona o institución ejerza tutoría sobre las decisiones y el funcionamiento de la Jurisdicción. Respetar el Acuerdo Final de Paz es también respetar la autonomía de la JEP", explicó Vidal.Le puede interesar:
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.